Padre Heriberto Cruz Vera acompañó a don Samuel Ruíz García en su visita a unas comunidades de Chiapas. A las más remotas llegaron en avioneta, caballo o cayuco. Comían lo que la gente les daba y dormían en el suelo o acostados en las bancas.

“Don Samuel nunca se disgustaba, ni se enojaba. Hablaba fuerte, pero no agredía ni apresuraba a nadie”, recuerda Padre Heriberto, que se quedó tan marcado por la personalidad del obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas que hace 46 años decidió quedarse en su diócesis.

No le gustaba sólo su sencillez, su estilo de vida tan alejado de los lujos propios de los obispos, sino el camino que marcó para la gente de su diócesis, en su mayoría indígenas tsotsiles, tseltales, choles y tojolabales. “Puso en práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II: su opción era preferencial, aunque no exclusiva, por los pobres. Este fue su gran legado”, dice Padre Heriberto.

En sus recuerdos están los trabajos del Tercer Sínodo Diocesano, que se celebró de 1995 hasta 1999, donde don Samuel impulsó la participación de todas las comunidades de Chiapas. Allí se decidió optar por una Iglesia autóctona, donde la liturgia incorpora a las culturas locales y sus lenguas.

Este jueves, en ocasión del 13 aniversario de la muerte de don Samuel y en el marco de la celebración del año Jubilar por los 100 años de su nacimiento, se realizó una marcha-peregrinación en San Cristóbal de Las Casas. Llegaron unas 4 mil personas procedentes de las 7 regiones que componen su diócesis pero, preocupados por la ausencia de condiciones de seguridad para emprender el viaje, no participaron los feligreses de Frontera Comalapa y Chicomuselo, dos municipios especialmente afectados por los enfrentamientos entre organizaciones criminales. De todos modos en Chicomuselo, donde en las últimas semanas la violencia de los carteles ha causado el desplazamientos de miles de personas, se realizó una peregrinación y se leyó un comunicado.

Las personas que marcharon en San Cristóbal de Las Casas llegaron a la catedral donde, un 25 de enero, Samuel Ruíz fue proclamado obispo en 1969 y sepultado en 2011. Allí se celebró una misa donde se recordó Samuel Ruíz y se pidió paz para Chiapas, que desde hace dos años y medio enfrenta una crisis de inseguridad.

“No es posible seguir negando la realidad y decir que en Chiapas no pasa nada, aquí sucede de todo y no podemos quedarnos callados, al vernos invadidos y gobernados por quienes usan las armas y la violencia”, dijo durante la liturgia el obispo auxiliar, monseñor Luís Manuel López Alfaro. “Reconocemos un incremento de la militarización, pero no vemos resultados. Nos resulta contradictoria la permisividad con que los grupos criminales hacen y deshacen, sin la intervención de quienes deberían garantizar la paz en nuestros pueblos y comunidades”.

Enero de 2024: un mes duro para Chiapas

El nuevo año comenzó violento para Chiapas. El 4 de enero, los enfrentamientos entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación causaron desplazamientos forzados en varias comunidades del municipio de Chicomuselo, con un saldo de 20 muertos, entre ellos 2 civiles. Nuevos desplazamientos se registraron diez días después y, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) son unos 2300 los habitantes de Chicomuselo y de los colindantes municipios de La Concordia y Socoltenango que este mes tuvieron que abandonar sus hogares.

“Se está entregando ayuda a las comunidades afectadas por parte de la diócesis”, dijo en rueda de prensa Padre Miguel Ángel Montoya, Vicario de Justicia y Paz. “Nuestros hermanos y hermanas se encuentran en la zona y están muy preocupados por la situación”.

El 16 de enero, pobladores de la comunidad Nuevo América de Chicomuselo fueron atacados por el ejército, al que estaban impidiendo el paso por considerar que están coludidos con las organizaciones criminales. Enfrentamientos entre pobladores y soldados se registraron también el 22 de enero en otros municipios de la Sierra de Chiapas: El Porvenir, Bellavista, La Grandeza y Siltepec.

No fueron los únicos hechos violentos de este enero. En Tila se registró, una vez más, un hecho sangriento, con el asesinato de Carmen López Lugo, miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI). Además el 15 de enero, horas después de que una balacera sin fin perturbara los sueños de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas e hiriera a una transeúnte, fue encontrado un cuerpo degollado en un bolso de basura colgado a un puente vehicular a las puertas de Tuxtla Gutiérrez, acompañado por una manta de uno de los carteles en disputa. El mismo día, el propietario de una gasolinera de La Concordia recibió una hielera con cuatro cabezas.

En el marco de la conmemoración por la muerte de don Samuel Ruíz, el obispo Luís Manuel López Alfaro manifestó preocupación de que la violencia crezca en los próximos meses por la coyuntura electoral, y afirmó que en muchas regiones del estado no hay condiciones para que los comicios se lleven a cabo.

“No se puede solamente simular que hay elecciones cuando hay manipulación, control de grupos, amenazas. Hacemos un llamado a la autoridad para que vea qué condiciones se necesitan para que se den unas elecciones libres”, dijo el monseñor en rueda de prensa. Luego, sin mencionar explícitamente la actitud negacionista de las autoridades mexicanas sobre la violencia en Chiapas, concluyó: “Hay un problema de no querer ver a la situación y esto no ayuda. La paz se construye cuando la verdad se reconoce”.

Samuel Ruíz, un hombre de paz

Durante su episcopado, que terminó en 1999, Samuel Ruíz trabajó a favor de la paz en un Chiapas sacudido por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en 1994 fue mediador entre el gobierno y los recién insurrectos.

“Para él, la paz era un proceso, algo que se alcanza analizando el caminar de la realidad, el contexto que fomenta una dada situación”, afirma la Hermana Mary Wink, que llegó de Estados Unidos a Chiapas en 1975 y nunca más se fue. “Acompañaba el pueblo a buscar soluciones a sus necesidades. No denunciaba a nadie, sino anunciaba lo que no estaba de acuerdo con la enseñanza de Jesús”.

Lo que más admiraba de don Samuel Ruíz era su capacidad de escuchar desde el corazón y trabajar en equipo, su propensión a consultar cada decisión, además de su determinación en abrir la diócesis a la participación de las mujeres y de las personas laicas. La asombraba también la capacidad del ex obispo de permanecer en un proceso de constante conversión. “No en balde lo apodaban “el caminante”, pues no sólo físicamente caminaba sino se daban cambios continuos adentro de él”, dice del obispo emérito, que falleció en la Ciudad de México el 24 enero de 2011, con 86 años.

Padre Heriberto acompañó a Samuel Ruíz también en la muerte. Estaba a su lado cuando falleció y estaba con él también cuando sus restos llegaron a San Cristóbal de Las Casas y fue recibido por una multitud. Padre Heriberto se conmueve al recordar la visita de Papa Francisco a la tumba de don Samuel en 2016, cuando se paró frente a ella e hizo un gesto de reverencia.

Artículo publicado en Animal Político el 25 de enero de 2024.

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No había suficientes bancas para recibir a todas las personas que, en filas ordenadas, entraron ayer a la catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Algunas se sentaron en el piso, otras quedaron paradas frente a la puerta. Eran feligreses de las parroquias de la ciudad y de algunas comunidades indígenas de las afueras. Apoyaron a un lado los estandartes de la Virgen de Guadalupe y las pancartas que cargaron durante la marcha-peregrinación por la verdad, la justicia y la construcción de paz, que acababa de desfilar en el centro. 

En estos días, en otras zonas de Chiapas se llevaron a cabo movilizaciones parecidas, convocadas por las parroquias ante la multiplicación de grupos armados y el incremento de la inseguridad en el estado, algo que la población chiapaneca observa cada día y que alcanzó las portadas de los medios nacionales hace poco más de una semana, con el secuestro por parte de un grupo criminal de 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC).

“Señor, mira a nuestros pueblos que sufren por el narcotráfico, las extorsiones y los abusos. Es triste que cada día son más y más los muertos y no hay una respuesta”, dijo durante la misa en la catedral monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los grupos de pandilleros se enfrentan cada vez más frecuentemente a la luz del día: en las calles traficadas, en los tianguis atiborrados de gente o frente a los supermercados, donde los clientes acaban tirados al piso. 

En los municipios que rodean San Cristóbal de Las Casas, la situación no es más alentadora. Hace un mes, en la comunidad de Polhó, en Chenalhó, hubo una masacre que cobró la vida de siete personas, entre ellas, un niño de tres años. 

Más recientemente, en Pantelhó, a unos 60 kilómetros de la ciudad, una serie de eventos causó miedo y confusión. Durante el pasado fin de semana, las autodefensas El Machete, que controlan Pantelhó desde hace un par de años y están acusadas de cometer abusos contra la población, se enfrentaron con un grupo armado que este lunes difundió un video, donde afirmaba haber tomado Pantelhó y sacado a las autodefensas y al Concejo Municipal. Sin embargo, al día siguiente, el Concejo Municipal contestó con otro video que muestra un poblado tranquilo, con su tianguis en funciones y el Ejército patrullando las calles. 

El levantamiento popular contra el crimen organizado que dio espacio al ascenso de las autodefensas se originó tras el asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas de Acteal. Era el 5 de julio de 2021 y fue justo ayer, en ocasión del segundo aniversario de su homicidio, que la Iglesia católica de Chiapas se movilizó por la paz en el estado.

“No podemos permitir a la violencia quitarnos espacios de trabajo, hay que mantener la organización y la resistencia de las comunidades y apostarle a la unidad, a pesar de las muchas divisiones existentes, sobre todo en este tiempo preelectoral. Tenemos que seguir impulsando lo que llamamos lekil kuxlejal e ich’el ta muk’, que es el buen vivir con respeto”, dice Estela Barco, de la organización Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas (Desmi), fundada por Samuel Ruiz, exobispo de San Cristóbal de Las Casas. 

“Ahora el futuro se ve confuso, no se observan muchas salidas a causa del discurso del Estado de que no hay inseguridad y que son los medios de comunicación los que exageran. Es muy grave no reconocer lo que pasa en un territorio”. 

Según el gobierno, “hay tranquilidad en Chiapas”

En la mañanera del 23 de junio, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los delitos de alto impacto en Chiapas “van a la baja”. 

“En general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas”, añadió en aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazó la existencia de agresiones generalizadas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de que desde 2019 a la fecha se han registrado más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los ataques son perpetrados por la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), cuyos integrantes reciben programas sociales como Sembrando Vida y participan en el gobierno municipal de Ocosingo, administrado por el PVEM.

Durante la mañanera del 23 de junio, López Obrador aseguró también que su administración está atendiendo la violencia en Chenalhó —de donde centenares de personas se tuvieron que desplazar— y el conflicto en Frontera Comalapa. Allí, la guerra entre grupos de la criminalidad organizada se recrudeció desde julio de 2021, causando desapariciones, muertes y desplazamientos forzados. Los enfrentamientos más recientes en esta zona fronteriza con Guatemala se dieron entre el 22 y el 25 de mayo, cuando comunidades enteras tuvieron que abandonar sus casas. 

Más de 300 personas se refugiaron en el colindante municipio de Chicomuselo, donde también operan grupos armados que acumulan riqueza a través del extractivismo. En 2006, la empresa Caracol empezó a explotar la barita —mineral que se usa en la extracción del petróleo—, presente en el subsuelo de Chicomuselo, y la parroquia inició un trabajo de concientización de las comunidades sobre los riesgos de la minería. Tres años después, el opositor Mariano Abarca fue asesinado y la resistencia creció, hasta conseguir el cierre de la mina. 

Chicomuselo fue declarado libre de minería, pero a principios de este año hombres armados se presentaron en las asambleas ejidales. Aparecieron en el ejido Morelia, de donde se están llevando la barita ya explotada, y en el ejido Santa María incluso reactivaron los trabajos de la mina sin permiso alguno. “En mayo vino la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer una inspección en Santa María y fueron sacados violentamente”, afirma un activista local. 

Negación de la realidad

Ayer, la Iglesia católica se movilizó también en otras zonas de Chiapas como Simojovel, Teopisca, Oxchuc y Ocosingo; en días pasados, marchó en las calles de Frontera Comalapa y Chicomuselo, y en agosto, se manifestará en la región cho’l. 

Casi todos estos municipios pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que en 1975 abrazó la “opción preferencial por los pobres”, uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación. En aquella época, el obispo era Samuel Ruiz, cuyo trabajo pastoral dejó una ruta marcada en la diócesis, que desde entonces adquirió una fuerte capacidad de organización y movilización. La instancia diocesana llamada Pueblo Creyente —promotora de las peregrinaciones a favor de la paz de estos días— nació tras las marchas que se dieron en 1992 por la liberación del padre Joel, párroco de Simojovel que había sido encarcelado con falsas acusaciones.

“Escuchamos un discurso de negación de la realidad de la violencia por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero el Estado tiene la responsabilidad de esta violencia que existe a nivel estatal y nacional”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó ayer al cierre de la misa en la catedral de San Cristóbal de Las Casas. “Continuaremos realizando nuestros ayunos, oraciones y peregrinaciones, y a denunciar las injusticias y la impunidad que vivimos como sociedad”. 

Artículo publicado en Animal Político el 6 de julio de 2023.

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En la tarde de ayer, el juez de control decidió otorgar a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena 30 días para reunir más pruebas en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, todos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. 

Los cinco indígenas tseltales integran el Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación que tiene miles de bases en Chiapas, en su lucha pacífica en contra de la militarización y de los megaproyectos. Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, seguirán detenidos mientras la fiscalía investiga los hechos.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron arrestados el domingo 29 de mayo en San Juan Cancuc por posesión de mariguana —a pesar de que su carpeta de investigación afirma que fueron detenidos el día siguiente en San Cristóbal de Las Casas— y están acusados del asesinato del policía inmediatamente después de que demostraran que no traían ninguna droga. 

Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez fueron capturados el miércoles 1 de junio por un grupo de unos 30 policías armados, algunos de ellos iban de civiles, tras haber atestiguado en favor de sus tres compañeros, y también han sido acusados por el supuesto homicidio del policía.

Durante una audiencia en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, donde no se permitió acceso a la prensa, ayer la fiscalía presentó tres pruebas en contra de los cinco defensores del territorio: dos declaraciones de policías municipales y un reconocimiento médico, que no tiene valor científico. “El médico dice que el policía se murió por una hemorragia en las vísceras y me pregunto cómo pudo determinarlo si nunca revisó sus órganos internos”, afirma Jorge Gómez Hernández, abogado del CDH Frayba, que asumió la defensa legal de los detenidos.

No hay autopsia que compruebe que el policía municipal —que de acuerdo con la defensa fue encontrado borracho en una barranca por los pobladores del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc, rescatado y entregado vivo a sus colegas— fue asesinado. 

“Este es el punto: la nueva ley del sistema penal acusatorio dice que la fiscalía no debe tener corroborada la existencia de un delito, en este caso un homicidio. Para vincular a proceso se puede nada más presumir que se cometió un delito y sospechar que los acusados lo cometieron”, dice el abogado Gómez Hernández . “Es un estándar muy bajo para un sistema penal, donde está en juego la libertad de las personas, y es contrario a parámetros internacionales. ¿Cómo es posible que se pueda tener en la cárcel a una persona sin ni siquiera tener acreditada la existencia de un delito?”.

Durante la audiencia, frente a la puerta del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde el sábado pasado el Pueblo Creyente marchó para pedir la liberación de los cinco defensores del territorio tseltales, ayer se manifestaron personas cercanas al policía Antonio Aguilar Pérez. Sus pancartas señalaban como culpables a los acusados y pedían que la muerte del agente no quede impune.

“Lo golpearon hasta causar su muerte, sin explicar el motivo de su detención. Las personas que asesinaron a mi papá a golpes fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar”, ha afirmado entre sollozos Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del fallecido, en un comunicado que leyó frente a la prensa. “Que no liberen a los asesinos de mi papá, que no se dejen intimidar por grupos de defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes y asesinos. Si no hay justicia por parte del Estado, obliga a que la gente tome la justicia por propia mano”.

La carpeta de investigación no reconoce a los familiares de Antonio Aguilar Pérez como testigos, sino señala que al momento de los hechos estaban presentes algunos policías municipales —dos declararon en contra de los acusados— y pobladores del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Hay miedo entre ellos por ir a declarar, pues todos vieron la magnitud del operativo (tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal) que llevó a la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Y todos saben lo que puede pasar a quienes atestiguan en su favor: el día después de hacerlo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el supuesto homicidio del policía municipal.

Artículo publicado en Animal Político el 7.06.2022

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