Teresa miraba el cuerpo de su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez tirado en la carretera cerca de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “De la cabeza salía sangre y más sangre”, afirma en entrevista la normalista, quien por razones de seguridad pidió que su identidad real fuera reservada.

Era el 15 de mayo de 2025 y Jesús Alain se había caído de la góndola de una camioneta de estudiantes que era perseguida por dos vehículos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite de la policía estatal de Chiapas conocido como “pakales”.

“En el lugar de los hechos los policías nada más tomaron fotos y se fueron. Había muchos otros estudiantes desesperados. Algunos lloraban, otros marcaban a los hospitales”, dice Teresa. La ambulancia se demoró horas en llegar.

Tensiones en el gabinete de gobierno chiapaneco

El cuerpo de Jesús Alain todavía estaba tirado en la calle cuando Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, apareció públicamente mostrando unas imágenes del C5 donde se ve al joven caer de la camioneta en fuga y a un vehículo de la FRIP esquivar a su cuerpo en el piso.

“Nunca hubo uso de la fuerza, fue un accidente provocado por estas mismas personas”, aseguró aquel día Aparicio Avendaño, que afirmó que la persecución a los normalistas se dio tras un intento de robo de un autobús.

Sin embargo, a principios de diciembre dos agentes de la FRIP —Refugio “N” y Rubicel “N” — fueron detenidos por el delito de uso indebido de funciones públicas, es decir que incumplieron con los protocolos básicos para el uso de la fuerza. Uno de ellos era el chofer de la camioneta que perseguía a los normalistas, el otro estaba al mando de la operación.

“La persecución llevó a la pérdida de la vida del joven y su familia está devastada: no se logra recuperar emocionalmente y tienen temas de salud”, dice el abogado del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña legalmente a la familia de Jesús Alain. “Seguimos en etapa de integración de la carpeta de investigación y, una vez que se haya robustecido, esperamos reclasificar las acusaciones a homicidio”, advierte el representante legal, quien prefirió no decir su nombre.

La detención de los dos pakales generó tensión en el gabinete de gobierno chiapaneco. El 8 de diciembre de 2025, la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, apareció en un video-comunicado señalando irregularidades en la conducta de Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, dijo Rodríguez Ovando. “El gobierno del estado garantiza la legalidad. Se hará justicia conforme a derecho”, agregó.

Mural de Jesús Alain en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

FGE respalda versión de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

Los normalistas de la Mactumactzá pasaron tres días resguardando la escena del crimen: la porción de asfalto donde murió su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez, frente a la Feria Ganadera de Tuxtla Gutiérrez.

“La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no llegaba para recoger las pruebas, así que pusimos ramas para tapar un carril y piedras para marcar las evidencias: había casquillos de bala y de gas lacrimógeno, incluso restos del cerebro del compañero que el polvo iba contaminando. Los peritos de la FGE se tardaron tres días en llegar”, dice Teresa.

Un par de semanas después, durante una entrevista con Milenio el fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó la presencia de casquillos de bala en el lugar de los hechos. “Hasta ahorita no hemos determinado, de acuerdo con lo que llevamos en los actos de investigación, que haya habido disparos de armas de fuego”, dijo.

Llaven Abarca también respaldó la versión de Aparicio Avendaño, al afirmar que la muerte de Jesús Alain se dio por la caída desde la camioneta, como demostraría la necropsia de ley, la cual concluye que la causa fue traumatismo craneoencefálico. “Está totalmente descartado que presentara alguna lesión provocada por arma de fuego, lo señala el dictamen médico. Estamos trabajando de una manera transparente y objetiva con todos los actos de investigación para lograr el establecimiento de los hechos”, dijo durante la entrevista.

Según CDH Minerva Bello, Jesús Alain se cayó por el impacto de una bala de goma

En realidad, de acuerdo con el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, en el lugar de los hechos sí se hallaron cartuchos de arma de fuego y no corresponden con las armas que están en dotación de la FRIP. Las grabaciones no muestran a nadie sembrándolos, y se teme que el cuerpo de élite maneje armas que no son reglamentarias.

El centro duda que Jesús Alain haya sido asesinado por uno de estos proyectiles. Su reconstrucción de los hechos es que el joven, a la par de otros estudiantes que aquella noche se encontraban en la góndola de la camioneta en fuga, habría sido golpeado por una bala de goma, que aturde, pero no mata, y por el impacto habría caído al suelo y perdido la vida.

La muerte de Jesús Alain causó indignación entre los padres de familia de los estudiantes. “Durante años, los normalistas han sido estigmatizados por exigir condiciones dignas para formarse como maestros al servicio del pueblo. Su lucha, lejos de ser violenta, es una resistencia frente al abandono, la marginación y las políticas que buscan desmantelar la educación pública en favor de los intereses privados”, escribieron en un comunicado.

“En días recientes, esta represión ha llegado a su punto más doloroso: uno de sus compañeros ha sido asesinado por fuerzas policiales. Sí, asesinado. No podemos llamarlo de otra forma cuando un estudiante desarmado pierde la vida a manos del Estado, cuya obligación era protegerlo. Su nombre no puede quedar en el olvido, ni su historia ser borrada por versiones oficiales que intentan justificar lo injustificable”, afirma el Comité de Padres de Familia Mactumactzá.

“El 15 de cada mes seguiremos en las calles”

En la Escuela Normal Rural Mactumactzá hay un mural de los perros Rafa y Frank. “Estos dos camaradas nos apoyaron mordiendo a los policías cuando entraron a la escuela, el 6 de agosto de 2023”, dice un estudiante.

Relata que aquel día los policías destrozaron las instalaciones de la escuela e incluso aventaban gases lacrimógenos desde un helicóptero. La normal quedó cerrada seis meses y fue el cuarto intento del gobierno para clausurar esta escuela de jóvenes socialistas hijos de campesinos.

Los muros de la normal están enteramente pintados con imágenes que recuerdan los momentos más álgidos de su historia: hay uno que representa a Jesús Alain, otro que recuerda la represión que los estudiantes sufrieron el 18 de mayo de 2021, cuando 95 de ellos fueron encerrados en la cárcel durante meses y las mujeres, que eran la mayoría, denunciaron acoso sexual por parte de las fuerzas policiacas.

También hay pintas que recuerdan las otras 16 normales rurales que existen en México, que están agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). “Los de Ayotzinapa siempre son los primeros en llegar a nuestras movilizaciones”, dice el estudiante.

En la parte de atrás del terreno que la Mactumactzá ocupa hay sembradíos y criaderos de cerdos, pollos y ganado que los normalistas trabajan. Venden sus productos a buen precio a los habitantes de la colonia Plan de Ayala y piensan que esto, junto con las actividades recreativas que ofrecen a los niños, genera una buena relación con sus vecinos. Saben que, sin embargo, muchos los consideran como vándalos y delincuentes por enfrentarse con la policía durante sus acciones.

En este momento, el mayor esfuerzo de la normal tiene que ver con le exigencia de justicia por la muerte de Jesús Alain. “El 15 de cada mes seguiremos saliendo a las calles para repudiar los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2025, porque sabemos que el compañero fue asesinado a manos del Estado”, afirma en entrevista el portavoz de la escuela.

Mural en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

Normalistas exigen disculpas públicas

Teresa estaba hablando por teléfono cuando, detrás de un vidrio del Hospital Manzur de Tuxtla Gutiérrez, vio al personal de salud intentar revivir a Jesús Alain presionándole el pecho. El joven no se movía. A la estudiante también le tocó ver a un enfermero subir la sábana a la cara de su compañero.

A Teresa la afectó mucho presenciar la llegada de la madre de Jesús Alain: “fue un llanto que, a pesar de que no eras tú la que estabas llorando, sentías el dolor. En los días siguientes sus familiares quedaron muy afectados por lo que salía en redes sociales, donde se decía que era un vándalo y casi parecía que se murió por su misma culpa. El dolor de la familia nadie se los va a poder quitar”.

Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá todos los policías que participaron en la persecución del 15 de mayo tendrían que recibir un castigo. Además, exigen disculpas públicas de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas.

Artículo publicado en Animal Político el 5 de enero de 2026.

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La perrita Luna olfatea la tierra húmeda del rancho Las Pitayas,  en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. Da unas vueltas y luego se sienta en el hoyo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) acaba de abrir con un pico. Allí, se halló el retazo de un informe militar quemado.

“Si hubiera algún cadáver o resto óseo, Luna estaría escarbando. Está entrenada para reconocer el olor de descomposición en el suelo” explica un integrante de Protección Civil de Chiapas. 

El pasado 11 de junio se realizó la cuarta búsqueda que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, la Protección Civil y familiares de personas desaparecidas realizan en este rancho. Durante la primera revisión, el 11 de diciembre de 2024, encontraron restos óseos calcinados.

“En el rancho Las Pitayas y en sus alrededores confluyen los datos telefónicos de muchas personas desaparecidas de Chiapas”, afirma la Colectiva Cereza, que acompaña a familiares de personas desaparecidas. “Desde hace dos años estamos pidiendo a la FGE que realice cateos, pero sólo empezó a hacerlos en diciembre pasado cuando hubo el cambio de gobierno”.

A partir de mediados de 2021, cuando escaló el conflicto por el control del territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el número de personas desaparecidas en el estado incrementó exponencialmente: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre 2019 y 2024 la cifra cuadriplicó y actualmente los casos son mil 563. En estos años, las fichas de búsqueda empezaron a llenar las redes sociales y una macabra sospecha se insinuó entre la población: en Chiapas también debe de haber fosas clandestinas. 

De acuerdo con datos que la FGE compartió con Animal Político tras una solicitud de acceso a la información, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en la entidad se encontraron 12 fosas clandestinas: una en Emiliano Zapata, Soyaló, Palenque y Suchiate, dos en Tapachula y seis en La Concordia. En algunos entierros se hallaron cadáveres, 25 en total, y en otros restos óseos u osamentas. En marzo las autoridades chiapanecas detuvieron las búsquedas, que se reanudaron este mes.

Uno de estos ranchos del crimen organizado se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. En marzo, las autoridades y el colectivo de buscadoras chiapanecas Madres en Resistencia peinaron el rancho Aurora Buenavista, que se encuentra a sólo diez kilómetros del aeropuerto de la capital chiapaneca, en el municipio de Chiapa de Corzo. En un refugio subterráneo hallaron chalecos tácticos, cascos, droga, armas, cartuchos y cocaína. A pocos kilómetros de allí, se encuentra el rancho Las Pitayas.

Al lado de esta zona árida del centro del estado, que las abundantes lluvias del último mes están reverdeciendo, pasa uno de los tres corredores que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ubica como ruta de trasiego en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”. El corredor empieza en Ciudad Cuauhtémoc, un poblado en la frontera con Guatemala que recientemente fue escenario de un enfrentamiento armado protagonizado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que pasa por Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, desembocando en Veracruz.

Hasta el momento, las autoridades peinaron poco más de la mitad de las 16 hectáreas del rancho Las Pitayas. De acuerdo con Isabel Torres, integrante y fundadora de Madres en Resistencia, durante una revisión del rancho en la que participó, fue evidente que los peritos de la Fiscalía no están bien capacitados en el levantamiento de las evidencias. “Además, la Fiscalía solo llega y ve lo que está a la vista. Nosotras escarbamos absolutamente cada rincón de la casa, cualquier prenda que se encuentre, revisamos las paredes por si alguna persona estuvo ahí y escribió algo”, dice Isabel Torres.

La activista también critica a la FGE por no avanzar con la investigación de los casos que se van acumulando en los estantes de sus oficinas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no brindar apoyo adecuado a las buscadoras chiapanecas. Al mismo tiempo, señala unas mejoras en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que está auxiliando a su colectivo con personal y herramientas tecnológicas. Señala también un logro importante que Madres en Resistencia alcanzó tras años de lucha: a mediados de mayo, el Congreso de Chiapas creó una comisión para avanzar en la conformación del Consejo Ciudadano, órgano que, de acuerdo a la ley, hubiera tenido que crearse en 2019.

“El Consejo Ciudadano permitirá la participación de las familias en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas”, explica Isabel, cuya hija Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, fue desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Se la llevaron de un salón de fiestas durante la boda de Isabel unos hombres armados que llevaban en el pecho las siglas de la FGE. Sucesivamente, el celular de Cassandra fue geolocalizado en el rancho Aurora Buenavista mientras que el de Isabel, que los secuestradores también se llevaron, fue geolocalizado en el rancho Las Pitayas.

Los restos óseos calcinados, que han sido hallados en diciembre de 2024 en una fosa séptica del rancho Las Pitayas, están en tan mal estado que podría ser difícil sacar su perfil genético e identificarlos. Sin embargo, en un primer momento, las autoridades dijeron que se trataba de tres osamentas, de tres personas distintas y los medios afirmaron que pertenecían a los integrantes del grupo de siete personas que desaparecieron el 23 de noviembre de 2024, mientras viajaban en una Urvan que fue encontrada a pocos kilómetros del rancho. En realidad, la Colectiva Cereza tiene dudas de que los restos óseos les pertenezcan, pues la geolocalización de sus celulares no lleva al rancho Las Pitayas, aunque sí estuvieron en la colonia 20 de noviembre, que está cerca de allí.

“Me la pasé muy mal por la noticia que difundieron los medios amarillistas, era de noche y estuve marque y marque a la Fiscalía, pero no me contestaba”, dice Kenia García Chulín, joven de 19 años que desde aquel día busca a sus papás y a su hermanito de 12 años.

Junto con los familiares de otras personas que viajaban en aquella Urvan, el pasado 11 de junio Kenia acompañó la revisión del rancho Las Pitayas. Presionaba a las autoridades para que buscaran minuciosamente, les señalaba pozos, rincones y un punto en el pasto donde había ceniza: allí, encontraron el uniforme militar quemado.

“¿A qué tanta profundidad se pueden encontrar restos?”, le preguntó a un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, que excavaba en el punto quemado indicado por Kenia. “Sesenta-setenta centímetros, no se toman la molestia de excavar más”, le contestó. 

Poco más allá, a lado de la fosa séptica donde se hallaron los restos óseos y de una pochota cuyo tronco está lleno de impactos de bala, la FGE encontró dos tambos de metal que sospecha pudieron haber sido utilizados para quemar cuerpos, y que serán analizados en un laboratorio. 

“No siento que haya mucha transparencia por parte de la FGE. Hay hilitos sueltos en la reconstrucción de los hechos que no ha podido coser: un día nos da una información y al otro día nos da otra, donde salen detalles que no se mencionaron en las anteriores reuniones”, dice Kenia. “Las familias que llevamos siete meses en esta búsqueda pudimos detectar algunos vacíos. Creo que para nosotros y ante las instituciones es muy importante caminar de la mano como familiares, que más que culpables estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos”.

Artículo publicado en Animal Político el 16 de junio de 2025.

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El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reafirmó su rechazo al megaproyecto denominado Ruta de las Culturas Mayas y anunció la presentación de dos amparos que buscan invalidar la consulta pública que se realizó el pasado 23 de marzo y, por ende, la obra. “No queremos la supercarretera San Cristóbal-Palenque porque no representa un beneficio para el pueblo, sino para las empresas”, dijo Vicente López Gómez, coordinador de Modevite, durante una rueda de prensa que se llevó a cabo el 31 de marzo en San Cristóbal de Las Casas.

El sueño de la Secretaria de Turismo (SECTUR) de construir una autopista entre las dos ciudades chiapanecas remonta a 2009 y nunca se realizó por la oposición de las comunidades de esta región, donde viven muchas bases del MODEVITE y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En este entonces el megaproyecto turístico fue denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP)-Cascadas de Agua Azul y formaba parte del Plan Mesoamérica, luego rebautizado Plan Puebla Panamá.

Rueda de prensa de Modevite. Foto: Orsetta Bellani

En el trascurso de estos 16 años reapareció en las declaraciones de los gobernantes y fue hasta diciembre de 2019 que fue aprobado por el Congreso de Chiapas con el nombre “Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque”: un proyecto todavía más ambicioso que el anterior pues conectaría la región Costa de Chiapas con la Selva, pasando por San Cristóbal de Las Casas, funcionando también como enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, que tiene una estación en Palenque.

Tras la toma de protesta del nuevo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar -que ya hace diez años, cuando se desempeñaba como Secretario de Gobierno, era promotor del megaproyecto – fue anunciada la construcción de su primer tramo Palenque-San Cristóbal de Las Casas, que atraviesa 10 municipios con poblaciones tzeltales, tzotziles y mestizas. Tiene una extensión de 153 kilómetros de extensión y contempla también un ramal de 18 kilómetros que conecta con Ocosingo.

De acuerdo con Ramírez Aguilar, la autopista se construirá con recursos públicos y “estará a cargo de una asamblea que se constituirá por un miembro de cada comunidad y las ganancias impactarán directamente en beneficio de las familias de estos ejidos”. Además, afirmó que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas de autoservicio.

Sin embargo Modevite, que está presente en 13 municipios de la región, no cree en las promesas del gobierno y denuncia las irregularidades que se registraron en la consulta del 23 de marzo. “Es una consulta amañada, se realizó en las cabeceras en lugar que en las comunidades afectadas por la obra”, dijo en rueda de prensa Domingo Miranda López. De acuerdo con otro integrante de Modevite, Henry Eugenio Guillén Jiménez, los pobladores vieron una empresa realizar estudios de suelo en sus comunidades sin permiso de la asamblea. Además, denunció que las autoridades locales los amenazan con quitarles servicios de salud, educación, agua y drenaje si no apoyan al megaproyecto.

Pascuala Vázquez Aguilar señaló también otra irregularidad: la población nunca fue informada sobre los impactos de la carretera ni sobre su trazo, y no sabe exactamente cuáles comunidades quedarían afectadas. “Aventaron placas desde una avioneta para marcar el trazo de la autopista, pero no tenemos claro dónde pasará exactamente”, dijo durante la rueda de prensa la también vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón.

Uno de los dos amparos presentados por Modevite se basa justo en la falta de información ambiental a las comunidades, mientras que el otro reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos publicados el 17 de febrero de este año en el periódico oficial del Estado de Chiapas. “Son lineamientos que crean una nueva forma de participación denominada consulta pública y son inconstitucionales”, dijo durante la rueda de prensa la abogada María Fernanda Santos de la Rosa, de la clínica jurídica de la Universidad Iberoamericana. De acuerdo con ella, si el juez reconocerá que la consulta no fue informada y que los lineamientos son inconstitucionales, admitirá la invalidez de la consulta pública y de la construcción del primer tramo de la obra.

Artículo publicado en Desinformémonos el 1 de abril de 2025.

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Muchos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, conocen a Rosario del Carmen Chulín Hernández y a Luís García Hidalgo, que de noche vendían tacos en la esquina de uno de los bares más populares del centro. Cuando se enteraron de que la nueva presidencia municipal quería “limpiar” la zona de los ambulantes, se movieron a vender carnitas y chicharrones frente a su casa. 

El 23 de noviembre de 2024 dejaron en su negocio a su hija mayor, Kenia García Chulín, de 19 años, mientras que otro hijo se encontraba en la casa. El más pequeño, Emmanuel de 12 años, viajó con ellos a Emiliano Zapata, un municipio que se encuentra a un par de horas de San Cristóbal de Las Casas. 

La salida fue organizada por una amiga de la familia, Ciria Mariselda González Gabriel, que quería acompañar a Magdalena del Carmen Martínez Ballinas, a arreglar una camioneta descompuesta que tenía estacionada en un rancho en Emiliano Zapata. Invitaron a Luís García Hidalgo para que manejara la Urvan en la que iban a viajar y contrataron al mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz para que arreglara la camioneta. 

El grupo decidió aprovechar el viaje para visitar un balneario en la zona, como suelen hacer los sancristobalenses cuando bajan del frío de Los Altos a tierras más calientes. Fue por esto que finalmente se sumaron a la salida el niño Emmanuel, su madre Rosario del Carmen y otra amiga llamada Patricia Rodríguez Santiz. Desde entonces, las siete personas que viajaban en aquella Urvan están desaparecidas. 

“Me cayó un balde de agua hirviendo”, dice familiar al no hallar a sus papás y hermano desaparecidos en carretera de Chiapas

El 23 de noviembre de 2024, Kenia García Chulín estaba trabajando en el puesto de sus papás frente a la casa, cuando les marcó para preguntarles el precio del kilo de migajas de chicharrón. Eran las 10 de la mañana y la llamada entró, pero no contestaron. Tampoco respondierona las demás llamadas que Kenia hizo durante el día y la joven empezó a tener una extraña sensación en el estómago. 

Al día siguiente, los familiares de una de las demás mujeres que viajaban en la Urvan fueron a Emiliano Zapata para buscar a las siete personas incomunicadas. Dieron con el rancho donde todavía estaba la camioneta descompuesta. Además, encontraron a una persona que dijo haber visto la Urvan donde el grupo viajaba, para regresar de Tuxtla Gutiérrez -donde fueron a buscar unas piezas,- acompañada por cinco camionetas blancas. “Allí fue cuando me cayó un balde de agua hirviendo horrible, me quedé en shock”, dice Kenia.

El caparazón de la Urvan, completamente despojada, fue encontrado a una hora y media de Emiliano Zapata, junto a una carretera de terracería. El nombre de este municipio comenzó a resonar en los medios locales después del hallazgo de una fosa clandestina con fragmentos óseos calcinados en diciembre de 2024.

Exigen una nueva búsqueda en zona donde hallaron la camioneta donde viajaban 7 personas desaparecidas en Chiapas

A solicitud y junto con los familiares, las autoridades –la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y Protección Civil -realizaron una jornada de búsqueda en la zona donde fue encontrada la Urvan: un lugar inhóspito cubierto de pedregales en el municipio de Acala. Cerca de allí encontraron un gran hoyo en el piso, de estos que los campesinos cubren con plásticos para recolectar el agua. Estaba tapado con ramas y en las piedras que lo rodeaban había marcas oscurecidas, como si se hubiera quemado algo. Las autoridades excavaron y cuando llegaron a unos 50 centímetros de profundidad dejaron de hacerlo, pues encontraron piedras.

De acuerdo con la Colectiva Cereza, agrupación que brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres en situación de cárcel y a familiares de desaparecidos, habría que realizar una nueva búsqueda y averiguar qué hay debajo de las piedras. Las activistas, que estuvieron presentes en la jornada, no creen a las autoridades cuando afirman que las marcas en las piedras se deben a la quema de rastrojos de las milpas, pues afirman que los campesinos los suelen guardar para usarlos como abono. Además no les cuadra que el hoyo fuese tapado, siendo que su finalidad es recolectar lluvia.

“La búsqueda no dio resultados, sólo fui a llorar. No sé si encontrarlos hubiera sido bueno o malo”, dijo Kenia tras el día de búsqueda. Pero de algo está segura: “Si yo no los busco nadie lo va a hacer. Si no me levanto por ellos nadie me va a levantar y esto es lo que me da fuerza, es lo que me mantiene aquí”.

Investigación para buscar a 7 personas desaparecidas en Chiapas ha estado “muy abandonada”: Colectiva

Dos personas están detenidas por los hechos y en mayo tendría que empezar la audiencia intermedia. “En estos cuatro meses la investigación ha estado muy abandonada, hace poco empezamos a acompañar el proceso y la estamos reactivando”, dice Patricia Aracil Santos, coordinadora de la Colectiva Cereza, que está estudiando los seis tomos de la carpeta de investigación.

Afirma que la colectiva está considerando la posibilidad de que el grupo de siete personas haya sido dividido, pues los papás de Kenia quedaron incomunicados a partir de la mañana, mientras que dos de sus compañeros siguieron usando sus teléfonos hasta la tarde. Además, está intentando establecer si acaso uno de los seis adultos tuviera una orden de aprehensión y se tratara en realidad un operativo. “En otras causas nos hemos encontrado en esta situación, hay que considerar que también la autoridad utiliza camionetas blancas”, dice.   

Aracil Santos afirma que, contrario a lo que establece el Protocolo Homologado de Búsqueda, la FGE y la CEBP no trabajan de la mano. “En la práctica no colaboran: la FGE suele ser muy reticente en compartir la carpeta de investigación con la CEBP, para que haga su análisis de contexto. Hace no mucho cambió el titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y es una oportunidad para hacer las cosas de forma distinta”, dice la coordinadora de la Colectiva Cereza. Para este viernes 4 de abril está programada una reunión donde por primera vez las dos dependencias trabajarán juntas, con las familias y sus representantes en un plan de búsqueda, para establecer cuál es el punto más importante donde ir a buscar.

“El gobierno no nos ayuda lo suficiente para buscar”, dicen familias ante aumento de desapariciones en Chiapas

El salón de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) de San Cristóbal de Las Casas se llena poco a poco de estudiantes y profesores. De la cátedra cuelga un cartel que dice “los desaparecidos no se juzgan, se buscan”. 

Está a punto de iniciar un foro donde familiares de desaparecidos dialogan con la ciudadanía, algo que no es nada común en Chiapas, estado donde las fichas de búsqueda empezaron a inundar las redes sociales años después que en muchas otras entidades: a partir de mediados de 2021, cuando recrudeció la guerra entre organizaciones criminales por el control del territorio.

Dolores Gonzalo, hermana del mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz, agarra el micrófono: “Es un tiempo difícil, mucha gente está desapareciendo y el gobierno no nos ayuda suficientemente para buscar”, dice. Pasa la palabra a Kenia: “En la primera semana no levanté la ficha de búsqueda porque no sabía qué puerta tocar ni a quién acudir. Estaba en estado de shock y pensaba que mis familiares iban a regresar. Un día estaba bien y otro día me sentía mal y pensaba: “Los han de tener cortando café”, pero viendo lo que pasó en Jalisco me pregunté a qué se estarán enfrentando para poder sobrevivir”.   

Kenia estudia economía en esta Universidad y es la primera vez que cuenta su historia frente a sus compañeros y profesores. “¿Qué podemos hacer?”, pregunta una estudiante. “Acuerpar, escuchar, estar”, se le contesta. Una profesora recuerda que Kenia tiene a su cargo a su hermano de 14 años, que ya no tiene el apoyo económico de sus papás, que la búsqueda implica gastos. Se propone exigir a la UNACH otorgarle una beca y que la institución haga un pronunciamiento, se decide que los estudiantes se pronuncien también. “Kenia esta es tu casa, no estás sola”, le dice un profesor.

Artículo publicado en Animal Político el 3 de abril de 2025.

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Una vez más, el Pueblo Creyente marchó en las calles de San Cristóbal de Las Casas para denunciar la inseguridad que se vive en la entidad. “Fuera los cárteles de Chiapas!”, gritaron a gran voz durante su peregrinación que se llevó a cabo el sábado, un día después de que en el municipio de Huehuetán se encontraron cuatro cadáveres en medio de plantaciones de caña, atados de pies y manos y en estado de descomposición.

Los aproximadamente 10 mil integrantes de este movimiento católico cercano a la teología de la liberación llegaron de todo el Estado, también de los municipios que fueron más golpeados por la violencia que se disparó en la entidad a partir de la campaña electoral de 2021. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, las violencias de estos años llevaron al desplazamiento forzado de unas 20 mil personas.

“Que [las autoridades de los tres niveles de gobierno] caminen en las comunidades, como lo hicieron durante las campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas al término de la peregrinación, organizada en ocasión del cierre del Año Jubilar jTatic Samuel Ruiz.

Foto: Orsetta Bellani

Las pancartas y las consignas del Pueblo Creyente también pedían el esclarecimiento del homicidio de Padre Marcelo Pérez, que fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas el 20 de octubre, dejando todavía más evidente el protagonismo y la impunidad con que las organizaciones criminales actúan en la ciudad. “Gobierno, define tu postura, ¿estás con el pueblo o estás con el crimen?”, gritaban los feligreses.

El Pueblo Creyente quiso, además, denunciar las consecuencias económicas de la inseguridad, en especial para los campesinos que no logran entrar a sus parcelas, o que no pueden comercializar sus cosechas a causa de los continuos bloqueos instalados por las organizaciones criminales. Además, se denunció el encarecimiento de los precios que conllevan los problemas de transporte de los alimentos.

“Algunas carreteras han sido liberadas de los bloqueos [de la criminalidad organizada] y muchas familias que habían sido desplazadas están regresando a sus comunidades: están palpando un sentimiento de seguridad y quieren entender si es real. Pero siguen con mucho miedo y no se quieren poner en peligro”, afirmó Padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la marcha-peregrinación. “Hay una gran cantidad de armamento en las comunidades y muchos niños siguen sin tomar clases pues por la inseguridad los profesores no llegan. En este contexto tan fuerte de violencia, nuestros hermanos pastorales están allí trabajando, siguen su misión”, destacó el cura, que también subrayó que Estado e Iglesia están en sintonías distintas, siendo que ésta construye desde la no violencia.

Al contrario, la estrategia del nuevo gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (Morena) ha sido militarizar el territorio y llevar a cabo operativos, que llevaron a la detención de centenares de personas -entre ellos políticos y policías- a la incautación de vehículos y equipos de los grupos criminales y a la destrucción de las cámaras de vigilancias que instalaron en siete municipios.

Foto: Orsetta Bellani

“Se pasó de la actitud de negar los problemas a reconocerlos y enfrentarlos”, dijo el sábado en rueda de prensa monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. “Sin embargo, hay pueblos que tienen mucho temor y ven lo que se hizo como algo aparente, como algo que no es de fondo”.

Durante la rueda de prensa el licenciado Adrián del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que coadyuva en las investigaciones del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, aclaró que, por la secrecía de la investigación complementaria, no es posible ventilar si hubo detenciones después del 22 de octubre, cuando un hombre fue arrestado por el homicidio del cura. “Es por respeto al proceso de investigación y por un tema de seguridad: para las personas que pueden ser detenidas, para quienes dan acompañamiento al caso y para los familiares”, afirmó el representante del CDH Minerva Bello. Añadió que el 23 de enero se tenía que vencerá el término de la investigación complementaria, pero el tiempo se extendió hasta 23 de abril, cuando se harán públicos algunos hallazgos muy importantes.

La eucaristía fue celebrada por el nuncio apostólico monseñor Joseph Spiteri, representante del Vaticano en México, que durante la homilía recordó las palabras del Papa Francisco durante su visita a la ciudad, en febrero de 2016, sobre las injusticias en contra de los pueblos originarios. Aquel día, el Papa rezó frente a la tumba de Samuel Ruíz y hoy es su representante en marchar con el Pueblo Creyente, pidiendo que se haga justicia para otro sacerdote que marcó la historia de Chiapas: Padre Marcelo Pérez.

Foto: Orsetta Bellani

Artículo publicado en Desinformémonos el 29 de enero de 2025.

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El Hotel Tren Maya de Uxmal está tan escondido en la selva yucateca que muchos en el cercano pueblo de Muna, en Yucatán, piensan que no existe. “¿Qué opina la gente del hotel? La gente no sabe nada”, dice un guía que trabaja en la zona arqueológica. 

El hombre muestra un camino que se desprende de la carretera y asegura que, viajando seis kilómetros selva adentro, se encuentra el hotel que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) está construyendo desde comienzos de 2023 y que fue proyectado para inaugurarse el 7 de septiembre de este año, pero eso no ha ocurrido. Este camino pavimentado, rústicamente tapado con piedras y palos, vigilado por un par de soldados, en un futuro próximo servirá a los turistas que llegarán al paradero del Tren Maya de Calkiní para alcanzar Uxmal y los demás sitios arqueológicos de la Ruta Pu’uc.

“Uxmal es infinitamente más bella que Chichén Itzá“, afirmó en noviembre de 2023 Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El núcleo de este sitio del Periodo Clásico se encuentra en un terreno que, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de 2022, el INAH iba a comprar por 58 mdp a los Barbachano, poderosa familia yucateca que también fue dueña de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. 

Sin embargo, de acuerdo con la Unidad de Transparencia de esta dependencia, la compra todavía no ocurre: “no se tienen registros de ninguna compraventa donde se ubique la ZA de Uxmal en virtud de que el núcleo de dicha zona es propiedad particular”, contestó el INAH a una solicitud de acceso a la información. Animal Político solicitó una entrevista con el director de la zona arqueológica de Uxmal, pero no hubo respuesta.

Camino rumbo al hotel que alista el Ejército en Uxmal, Yucatán. Foto: Orsetta Bellani

Negocia Sedena con línea eléctrica

Fernando Tolosa Casanova, ejidatario de Muna, fue testigo de la existencia del Hotel Tren Maya de Uxmal. Lo visitó hace unos meses, cuando ya estaban pintando sus habitaciones. La oportunidad se presentó porque el Ejército quiso negociar con los ejidatarios el paso de la carretera que conecta el inmueble con la zona arqueológica. La asamblea ejidal aceptó, a condición de que también los campesinos pudieran aprovechar la línea eléctrica instalada por Sedena.

“Fue una inversión de 43 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nunca lo habría hecho. El acuerdo con Sedena nos beneficia pues nos va a permitir resolver nuestros problemas de riego”, dice Fernando Tolosa. Sin embargo, hay también ejidatarios que piensan que Sedena no va a mantener sus compromisos.

El Parque Nacional Nuevo Uxmal es un “corredor turístico”

Cuando visitó el hotel, Don Fernando pudo observar también las obras de construcción del Parque Nacional Nuevo Uxmal, que rodea el Hotel Tren Maya de la misma forma en que el Hotel Tren Maya de Tulum está inmerso en el Parque del Jaguar. Ambos parques son, como los complejos turísticos, de propiedad del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM), que es de Sedena.

La falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Parque de Nuevo Uxmal no permite conocer los pormenores del proyecto, pero su decreto de creación, que la Semarnat publicó el 8 de enero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo describe como un área natural protegida de casi 1700 hectáreas donde están permitidas sólo actividades turísticas “de bajo impacto”. 

Según Fernando Tolosa, se trata de un “corredor turístico” más que de un área natural protegida. “Es un parque muy grande y no es tanto como para preservar la naturaleza, sino para que los turistas entren en contacto con ella”, dice.

Un hotel sin permisos

La información que las autoridades compartieron sobre el Hotel Tren Maya de Uxmal es escasa: se sabe que tiene 160 habitaciones, un estacionamiento para 212 vehículos, alberca, gimnasio, spa y está casi terminado. En una rueda de prensa mañanera de principios de septiembre, se informó de que tenía un avance del 78.30%. 

En febrero de 2024, Animal Político solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de los seis hoteles que el Ejército está construyendo a lo largo de la ruta del Tren Maya, en proximidad de importantes zonas arqueológicas del Sureste. Semarnat compartió sólo la MIA del Hotel Tren Maya de Edzná, en Campeche, y el 21 de abril el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó entregar también las demás. Durante los meses siguientes, la dependencia publicó en la Gaceta Ecológica las MIAs de los inmuebles de Chichén Itzá, Tulum y Calakmul, pero todavía faltan las de Palenque y Uxmal, a pesar de que sus obras están por terminar.

Antes de dejar la presidencia, López Obrador inauguró tres Hoteles Tren Maya: se trata de los complejos de Chichén Itzá, Tulum y Calakmul. Lo hizo a puertas cerradas y sin abrirlos al público, pues todavía no es posible reservar sus cuartos por Internet. En la página web de Hoteles Tren Maya se anuncia que “se espera que en noviembre ya sea posible hacerlo”.

Proyecto Xcaret en Muna, pobladores creen que continuará pese a críticas

También Xcaret manifestó la intención de construir un megaproyecto turístico en Muna, a sólo 5 kilómetros del Parque de Nuevo Uxmal.

Durante el Tianguis Turístico 2021, su director Miguel Quintana Pali anunció dos nuevos parques en Yucatán: uno de ellos llamado Xibalbá, ubicado en Valladolid, cuyas obras fueron suspendidas en 2022 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños a los cenotes, y el otro en el Municipio de Santa Elena.

En realidad, el terreno de 334 hectáreas de propiedad de la familia de Quintana Pali no se encuentra en Santa Elena, sino en el municipio colindante de Muna. “La confusión nace porque Xcaret le paga predial a Santa Elena en lugar que a Muna, por un problema de límites y colindancia, pero en realidad este terreno es parte de Muna”, aclara Gabriel Villareal Rivera, ejidatario de Muna.

En junio de 2024, una sociedad recién creada llamada Alto Comercializadora y Operadora Turística solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto de desarrollo turístico en este terreno, un modus operandi parecido al que Quintana Pali usó para el parque Xibalbá de Valladolid, cuyo proyecto no fue presentado a la autoridad por Xcaret sino por una sociedad llamada Xenotes Mágicos.  

La MIA habla de un proyecto monumental con una inversión de 400 mdp que tiene como “característica particular y excepcional su construcción subterránea”: contempla un hotel de 18 pisos a 36 metros por debajo del nivel del terreno, con una cascada, un cañón con puentes colgantes y la construcción de nueve hoteles para recibir hasta 16 mil 200 huéspedes, una cantidad mayor a la población de todo el Municipio de Muna.

El proyecto de Xcaret contemplaba también la venta de unos 746 mil m2 de lotes residenciales, objetivo en línea con el “Plan Renacimiento Maya” del gobernador electo Joaquín Díaz Mena, que quiere construir desarrollos inmobiliarios en el interior del estado para atenuar la gentrificación que sufre la ciudad de Mérida. 

Sin embargo, ante las críticas de la sociedad civil al proyecto en Muna, el 24 de julio de 2024 el grupo Xcaret negó haber ingresado alguna MIA a Semarnat. Dos días después, la Alto Comercializadora y Operadora Turística desistió del trámite.

“Es una táctica dilatoria, no es la primera empresa que lo hace. Primero ven si hay reacción y luego regresan con otro proyecto ”, afirma Romel González Díaz, poblador de Muna e integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX). 

“Este concepto del desarrollo y del progreso, esta Disneylandia que nos quieren imponer, va en contra de nuestra visión del equilibrio, de los derechos de la naturaleza y de nuestro sistema económico local”. 

De acuerdo con Romel González, la fundación de Cancún en los años ‘70 representó el primer megaproyecto turístico en la Península de Yucatán. Sucesivamente, el modelo de turismo masivo “bajó” hasta Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, y ahora tiene interés en expandirse hacia el interior de la región, apoyado también por el impulso causado por el Tren Maya. El colectivo Geocomunes está de acuerdo con el abogado del Cripx. En su documento “Reestructuración energética en México: subordinación territorial en el noroeste y sureste de México” escribe: “Más que un desarrollo para los pueblos, el Tren Maya servirá a los intereses de los grandes grupos hoteleros que buscan ahora apropiarse de nuevas áreas que les permitan diversificar su oferta turística, al no ofrecer solamente un turismo de “sol y playa”, sino vender varios proyectos de turismo “verde” o “de aventura” hacia “zonas donde se concentran cenotes, zonas de selva todavía bien conservadas y sitios arqueológicos poco visitados”.

El repentino interés de los inversores

Desde el cerro que divide Muna de Uxmal, una de las pocas alturas de la Península de Yucatán, Pedro Ayuso puede ver a lo lejos, como un puntito blanco en una selva infinita, la Pirámide del Adivino, el edificio más imponente del sitio sagrado de Uxmal.“Sentimos su energía cuando respiramos ese viento, ese horizonte”, dice el chamán, que desde hace treinta años está construyendo en este cerro el centro ceremonial y parque ecoturístico El Mirador. Desde allá, el Hotel Tren Maya no se distingue, se pierde en la vegetación.

La Pirámide del Adivino. Foto: O.B.

«A mí me parece extraño que el Ejército tenga negocios que normalmente son de la iniciativa privada”, dice Pedro Ayuso. “También me preocupa no conocer su impacto ambiental, supongo que el hotel consumirá muchísima agua y, si sus drenajes no están bien hechos, va a contaminar subsuelo y cenotes”.Lo que más sorprende a Pedro Ayuso es que Muna, un bochornoso pueblo ubicado en la Reserva Estatal Biocultural del Pu’uc -donde nada más existen dos hoteles sencillos, el Club Med acabó cerrando y el primer Oxxo abrió hace poco más de un mes-, de repente despierte el interés de grandes inversores.

“Me llamó la atención porque nunca le han dado mucha importancia a esta zona, ahora hasta Xcaret quiere meter aquí su proyecto”, dice.Con toda probabilidad, el interés se debe a las expectativas económicas relacionadas con la entrada en funciones del Tren Maya: de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Uxmal pasará de 350 mil visitantes anuales a dos millones. Al momento, en Muna no hay infraestructuras para recibirlos

Artículo publicado en Animal Político el 21 de octubre de 2024

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Los vecinos de la colonia San Damián de Mérida casi no durmieron durante dos años tras enterarse de que los trabajadores que abrían una zanja frente a sus casas, quienes aseguraban estar instalando fibra óptica o tuberías para el agua potable, en realidad estaban poniendo un ducto para llevar gas natural (metano) a una galletera.

«Hay que hacer ruptura de calles para el ingreso de estas tuberías, pero serán molestias temporales para beneficios permanentes. Quienes saldrán ganando serán todos los meridanos”, afirmó en 2019 el exalcalde Renán Barrera Concha.

El proyecto llamado Zona Metropolitana de Mérida preocupó a los vecinos, conscientes de que una fuga de gas en el suelo kárstico en el que Mérida apoya, que es frágil y lleno de cuevas subacuáticas, podría causar un desastre muy grande.

Engie, la empresa que estaba construyendo el gasoducto en su colonia a través de Tractebel GNP, se ha visto involucrada en dos explosiones de ductos en Matamoros, Tamaulipas, que causaron la muerte de dos personas y quemaduras graves a una mujer. La empresa nunca se hizo cargo de las consecuencias, e incluso negó tener alguna relación con los hechos. Además, Engie ni siquiera cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil o de Responsabilidad por Daño Ambiental.

El gobierno, a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), abrió una investigación para determinar si hubo negligencias o fallas en la infraestructura de la empresa.Animal Político contactó a la empresa para una entrevista y pedir postura sobre el tema, pero no recibió respuesta.

La lucha de los vecinos de San Damián

Patricia Velázquez Marvan, quien vive en San Damián desde hace cuarenta años, decidió organizarse con sus vecinos. Despertaban temprano para bloquear las obras con sus carros, iban de casa en casa hablando de suones, rifas para pagar abogados y presentar amparos.

“Fue de 2021 a 2023: dos años de estrés, de agotamiento emocional y físico”, recuerda Patricia

En su cuenta de Facebook, los vecinos de la colonia San Damián de Mérida publican artículos sobre accidentes a gasoductos relacionados de alguna forma a la empresa Engie: dan seguimiento a las explosiones en Matamoros y monitorean nuevos casos, como dos fugas que se registraron durante julio, una en Zapopan y otra en Puebla.

Para detener las obras de Engie, los vecinos de San Damián presentaron cuatro amparos. Están todos fundamentados en las amenazas al medio ambiente que la obra conlleva y en la falta de consulta.

“Nuestros amparos se fundamentan en violación en cuanto al acceso a la información y a la participación pública en asuntos ambientales: la Constitución reconoce que frente a cualquier proyecto que tenga un impacto sobre el ambiente las autoridades tienen que brindar informaciones sobre el proyecto a los afectados, que sean indígenas a no, y garantizar mecanismos de participación donde puedan expresar sus preocupaciones. Además, éstas se tienen que tomar en cuenta”, explica Roberto Sánchez Campos, abogado de Kanan Derechos Humanos, organización que apoyó a los vecinos en la presentación de dos amparos.

La empresa intentó violar la suspensión en varias ocasiones. “Acudimos al lugar para impedir que trabajaran, nos manifestamos con nuestros vehículos y nos paramos frente a ellos”, dice Mario Cupul Aguilar, otro de los vecinos. “No se puede vivir tranquilos con Engie, no se sabe cuándo pueden regresar”.

Peligro de fugas y explosiones

Emiliano Monroy-Ríos, experto en karst, es decir, especializado en el estudio de las formaciones geológicas características de los terrenos kársticos, egresado de la Northwestern University, dice que la construcción de cualquier infraestructura en suelo kárstico conlleva peligros y, en el caso de un gasoducto, hasta el más mínimo hundimiento del terreno podría generar una fuga. “Además, si los ductos entran a contacto con el agua subterránea aumenta la posibilidad de fugas pues, a pesar de ser dulce, esta agua tiene una gran cantidad de iones de sal que pueden corroer la tubería”, explica el académico.

Esto hace necesario que se utilicen métodos de protección catódica en la infraestructura instalada. Los expertos del Virginia Cave Board también afirman que la corrosión de las tuberías podría ser acelerada por la pirita, un mineral que se encuentra en la roca caliza y que puede provocar la producción de ácido sulfúrico, aunque su presencia no ha sido reportada ampliamente en Yucatán.

La presencia de un ambiente kárstico preocupa a los vecinos de la colonia San Damián también porque, en caso de fugas, las cuevas subterráneas se podrían llenar de gas. “El gas podría meterse a las cuevas y caminar por todo el subsuelo. Si encontrara una fuente de ignición causaría una grandísima explosión”, dice Gabriela Reyes Gómez, también vecina.

Las inquietudes de Gabriela tienen una base científica, como las investigaciones del ya citado Virginia Cave Board, cuyos expertos aclaran que la posibilidad de un accidente así no es altísima, sin embargo, si sucediera sería un desastre mayor.

También hay estudios que documentan la rapidez con la que el contaminante se propagaría en el agua de las cuevas subterráneas e investigaciones sobre cómo la construcción y operación de oleoductos y gasoductos, sobre todo en zonas kársticas, puede reducir la cantidad y calidad del agua, afectar especies endémicas dentro de las cuevas, alterar la dirección de los flujos e incluso causar la pérdida de fuentes de agua para las poblaciones.

Voracidad de energía

El gasoducto Zona Metropolitana de Mérida, cuyas obras han sido detenidas por los cuatro amparos presentados por los vecinos, se conecta con otro ducto de Engie, llamado Mayakán, igual que otros gasoductos que cruzan la ciudad.Desde 1999, Mayakán transporta metano del centro procesador de gas de Nuevo Pemex, en Tabasco, hasta la ciudad yucateca de Valladolid. En su camino surte cuatro centrales de ciclo combinado que, a través del vapor del gas, generan el 80% de la energía eléctrica que se produce en la Península de Yucatán. Como muestran los frecuentes apagones, las centrales de la región no satisfacen su apetito de energía, especialmente la voracidad de la industria turística quintanarroense, en continua expansión, y el crecimiento poblacional que la acompaña: por sí solas, Cancún y Playa del Carmen cubren alrededor del 35% del consumo eléctrico de toda la Península.

Por esto, de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2023-2037, la Península “importa” de Chiapas unos 4.900 GWh al año y en los próximos 15 años va a querer todavía más, pues según el PRODESEN su consumo eléctrico aumentará del 60%. Con el Tren Maya aumentará considerablemente el consumo eléctrico en la Península, alerta el colectivo Geocomunes en su documento Reestructuración energética en México: subordinación territorial en el noroeste y sureste de México.

De acuerdo con la investigación, este incremento se debe especialmente a que el 44% de la ruta del Tren Maya está electrificada, pero también a la necesidad de sostener los proyectos que el ferrocarril detonará. “Además del aumento en el movimiento de mercancías y de la expansión de complejos industriales-extractivos, el proyecto del Tren Maya fomentará la expansión turística e inmobiliaria en la región”, dice el texto.En el caso del rstado de Yucatán, el “Plan Renacimiento Maya” del gobernador electo Joaquín Díaz Mena establece los pormenores de esta expansión. Entre otras cosas, prevé el impulso a zonas industriales dedicadas a la agroindustria, al sector textil y a la producción de alimentos y bebidas, que serán alimentadas con gas.

Problemas de soberanía energética

“Ya se tiene contratado el gas en Texas, es lamentable que no lo estemos extrayendo en México”, dijo el presidente López Obrador en 2020, al anunciar el Plan Integral de Energía para Yucatán. Para Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Autónoma de México (UNAM), México tiene un problema de soberanía energética.

«Alrededor del 90% del gas que el sector eléctrico consume viene de EU, aunque no tenemos seguridad sobre su abastecimiento en el futuro. Estamos invirtiendo en una enorme infraestructura de transporte de gas y en centrales de ciclo combinado, pero hay analistas independientes que, a diferencia de lo que afirma la Agencia Internacional de Energía (IEA), prevén que ya el próximo año EU tocará su pico de producción”, dice Luca Ferrari. “Además, hay que considerar que el metano es un combustible fósil y no es renovable. Es cierto, como dice el gobierno, que produce menos partículas y emisiones de gases de efecto invernadero que el combustóleo o el carbón, pero sigue contaminando muchísimo”.

Gasoductos y proyectos estrella de la 4T

Los gasoductos actualmente en construcción en el Sureste acompañan a las infraestructuras estrella de la 4T: desde Tuxpan (Veracruz), Puerta al Sureste llega hasta la refinería Dos Bocas y se conecta con otro que va de Jáltipan (Veracruz) a Salina Cruz (Oaxaca), siendo parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desde el Istmo se desprenderá un ducto, llamado Prosperidad, que seguirá otra vía férrea prevista por el mismo megaproyecto: la que del Istmo lleva a Guatemala.

En junio también empezaron las obras de la duplicación de Mayakán, el gasoducto que corre casi paralelo a una parte del ferrocarril Coatzacoalcos- Palenque, que es parte del Corredor Interoceánico, y a los primeros cuatro tramos del Tren Maya.

Con estas obras, López Obrador cumple el sueño que fue del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox y del Proyecto Mesoamérica de Felipe Calderón: construir una red de gasoductos que conectan Estados Unidos, México y Centroamérica.

El gasoducto Cuxtlal II

La duplicación del gasoducto Mayakán, diseñado para transportar hasta 567 millones de pies cúbicos diarios, responde a la necesidad de sostener la creciente demanda turística e industrial en la Península de Yucatán con gas proveniente de Estados Unidos.

Desde 2009, cuando México alcanzó su pico de producción, esta ha caído un 67%. Según el Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 2022-2026, el 80% del metano consumido en México es importado, principalmente de Estados Unidos, donde los precios son bajos debido a un excedente de producción.En 2022, Engie afirmó que, a través de su subsidiaria Energía Mayakán, iba a invertir 1500 millones de dólares en una nueva obra llamada Cuxtal II -denominada también “ampliación de Mayakán”-, cuya construcción empezó este 12 de junio y se prevé que termine en 2027.

El ducto inicia su camino de más de 700 kilómetros en el complejo procesador de Cactus, en Chiapas, y lo terminará en Valladolid. La obra no tiene una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), según contestó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) a una solicitud de información, y CFE prevé que, en una fase sucesiva, llegue hasta Cancún.

A partir de mayo de 2025, Cuxtal II tendría que alimentar a las dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado que, con una inversión total de 1200 millones de dólares, se están construyendo en Yucatán. Una se llama Mérida IV, se encuentra en la homónima ciudad yucateca y tiene capacidad de 499 megawatts. La otra es la central Riviera Maya en Valladolid, que tiene capacidad de 1,020 megawatts.

Los vecinos de San Damián están preocupados porque, sobre todo a causa de la presencia del suelo kárstico, la amenaza no existe sólo en su colonia, sino en cada rincón de Mérida y de la Península de Yucatán que es atravesado por un gasoducto.“Legalmente podemos impedir su paso sólo frente a nuestras propiedades, pero en el resto de la ciudad también nos preocupa: una podría ir a la tienda y explotar”, dice Silvia Reyes Gómez. “Es un riesgo constante y lo que realmente ayudaría es que esté bien legislado”.

Artículo publicado en Animal Político el 7 de octubre de 2024

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No regresarán a Tila. Las familias que desde el 7 de junio tuvieron que abandonar sus casas en este municipio de Chiapas aseguran que no hay condiciones de seguridad mínimas para su retorno.

Lo decidieron el martes pasado, en una asamblea masiva y encendida que se celebró en la cancha de futbol rápido de Yajalón, donde comen y duermen, acompañados por el Ejército y autoridades de Protección Civil del gobierno estatal.

“¡Levanten la mano quienes se van a quedar!”, gritó al micrófono una mujer, recibiendo en respuesta centenares de manos levantadas. Los desplazados piden tener representantes en la mesa interinstitucional que, el lunes, acordó su regreso a Tila, y que les aseguró que las fuerzas de seguridad ya tenían control sobre el municipio.

“Exigimos una mesa de dialogo con participación de los pobladores”, decía una de las pancartas que mostraron durante la asamblea las personas desplazadas, algunas de ellas mestizas, que son dueñas de negocios de la cabecera de Tila, municipio ch’ol donde casi el 99 por ciento de la población vive en pobreza.

Piden a las autoridades garantías jurídicas sobre sus propiedades y que se detengan a los integrantes del grupo que llaman “los autónomos”, y que firma sus comunicados como “ejidatarios”, al que consideran responsable de los actos de violencia que se generaron entre el 4 y el 6 de junio y que, según cifras oficiales, causaron 3 muertos, 4 heridos, 2 mujeres violadas y alrededor de 4 mil personas desplazadas; además de 17 casas y 21 vehículos vandalizados. 

Tila: un conflicto de hace 60 años

Desde los años 60, los ejidatarios ch’oles de Tila mantienen una disputa sobre 130 hectáreas con el municipio, controlado por familias mestizas que están apoyadas por el gobierno del Estado. Sobre esta tierra los ejidatarios ganaron dos amparos, que nunca se han respetado y que quedan sin resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde que este conflicto empezó, las violencias no han parado en este territorio fronterizo con Tabasco, utilizado por grupos criminales como corredor para el tráfico de droga y personas. En Tila existen también intereses ganaderos y relacionados con la siembra de palma aceitera, además, según un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), existen apetitos extractivistas por la supuesta presencia de uranio.

En diciembre de 2015, ejidatarios que se declararon parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) tomaron la cabecera municipal y establecieron un gobierno autónomo. Expulsaron a Limber Gregorio Gutiérrez Gómez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa, que desde 2008 se turnaban en la presidencia. El matrimonio está acusado de tener relación e incluso haber hecho resurgir a Desarrollo, Paz y Justicia, el grupo paramilitar que nació en los años ’90 durante la guerra contrainsurgente hacia el EZLN.

Como ha ocurrido también en otros municipios de Chiapas donde el ayuntamiento ha sido controlado durante décadas por la misma familia, los pobladores de Tila sacaron a los caciques con la fuerza. Sin embargo, a pesar de su expulsión Limber Gregorio Gutiérrez Gómez sigue despachando desde El Limar y en las pasadas elecciones el PVEM arrasó una vez más. El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo instalar 12 casillas en Tila, pero en las demás la participación rebasó el 72% y el candidato a alcalde del PVEM obtuvo más de 23 mil preferencias, superando de unos 18 mil votos al Movimiento Ciudadano (MC), que es el segundo partido.

Versiones distintas del conflicto en Tila, Chiapas

Dos días después de las elecciones del 2 de junio Tila estalló, y hay tantas versiones de los hechos cuantos grupos en disputa. De acuerdo con un comunicado de “los autónomos”, un grupo llamado Karma habría atacado a tres ejidatarios que prestaban guardia, hiriéndolos. El conflicto, según ellos, se habría desatado después del ataque del Karma, con la finalidad de desalojarlo del pueblo.

“Hemos venido denunciando el grupo delincuencial Karma, que es apoyado por el Ayuntamiento Municipal y ha venido actuando impunemente porque han estado matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo el 12 de enero y Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, a quienes primero los señalaron y luego los ejecutaron con toda impunidad”, escriben los ejidatarios en un comunicado del 11 de junio.

Por otro lado, los desplazados que se encuentran en Yajalón aseguran no saber de la existencia del grupo Karma. Afirman que en Tila únicamente existen “los autónomos” y que las múltiples violaciones de la semana pasada no se originan a partir de enfrentamientos entre grupos rivales, sino son agresiones directas de “los autónomos” a los pobladores. Al mismo tiempo, reconocen que muchas familias de este grupo también tuvieron que abandonar Tila.

Una señora propietaria de una tienda de abarrotes relata que el 4 de junio se encontraba con su hija en la calle cuando empezaron los balazos. Tuvo que encerrarse en su casa, de donde salió hasta la madrugada del 7 de junio para abandonar Tila montada en un vehículo militar, tras la entrada a la cabecera de más de 500 elementos de las fuerzas de seguridad. La mujer finca toda responsabilidad de las violencias a “los autónomos” y asegura que las personas refugiadas en la cancha de Yajalón no pertenecen a ninguna organización ni grupo político, y que son puros pobladores.

Según la investigación de Emilio Pérez Pérez y Daniel Villafuerte Solís, en Tila existe un grupo disidente autodenominado “pobladores” que simpatiza con el PVEM y que, tras la expulsión de las autoridades municipales en 2015, ha buscado invalidar el amparo ganado por los ejidatarios.

La crisis humanitaria de Tila sigue. No hay un número exacto para describirla, pues muchos habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares se resguardaron en casa de familiares o amigos, y no son contabilizados en las cifras oficiales. De acuerdo con el presidente municipal de Yajalón, Jorge Luis Hernández Vázquez, unas mil 800 personas se refugiaron en los dos albergues que acondicionó el ayuntamiento, y unas 4 mil más se establecieron a una media hora de allí, en el ejido Petalcingo, municipio de Tila. “No nos dijeron su fecha de salida de Yajalón, pero estamos dispuestos a dar todo el apoyo hasta cuando sea necesario”, asegura el presidente municipal. 

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“Allá está el hotel de Sedena, lo van a inaugurar pronto”, dice una mujer que trabaja en el puesto de vigilancia ubicado frente a las obras de uno de los accesos del Parque del Jaguar, un proyecto destinado a la preservación y conservación de este felino en Tulum, Quintana Roo, donde el Ejército construye uno de los seis hoteles Tren Maya.

Al final de un camino lleno de edificios en construcción donde va tomando forma el esqueleto del museo de la cultura maya, la mujer señala el espacio que está detrás de ella y que corresponde a la zona de amortiguamiento del parque, un espacio de 282 hectáreas que debería de rodear las 1,967 hectáreas de zona núcleo para mitigar posibles impactos. Sin embargo, las dos áreas están a más de 10 kilómetros de distancia y ni siquiera están conectadas.

Dentro del parque Nacional del Jaguar, a 2.6 kilómetros de la zona arqueológica de Tulum, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) edifica el más grande de los seis complejos turísticos que administrará a lo largo de la ruta del ferrocarril.

Se trata de un edificio con 352 habitaciones, un estacionamiento para 392 vehículos, una alberca, piscinas, spa y temazcal, además de bar, tiendas y gimnasio. El render que aparece en la página hotelestrenmaya.mx muestra un complejo de cuatro edificios de concreto conectados por tres grandes palapas. 

El Hotel Tren Maya estará conectado con la estación del Tren Maya, que también está en construcción, y con el Aeropuerto Internacional de Tulum, que a la par del hotel es operado por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM).

La empresa de propiedad del ejército también administra el Parque del Jaguar.

No se pueden calcular los impactos ambientales del hotel en la zona, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha compartido la MIA, pese a que se le solicitó a través de una solicitud de información. La dependencia federal se limitó a responder la petición con el documento de otro de los hoteles del Tren Maya, el de Edzná, Campeche, que fue presentado ante la Semarnat en septiembre de 2023, cuando el edificio ya tenía un avance de 25%.

En un principio, para el Parque del Jaguar se estimó una inversión pública de 1,600 millones de pesos (mdp), pero a finales de febrero de 2024, la gobernadora Mara Lezama (Morena) habló de más de 2 mil mdp. El nuevo proyecto incluirá el Parque Nacional de Tulum y la zona arqueológica, a los que estará conectado a través de un puente.

De acuerdo con el decreto de creación del Parque del Jaguar, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de julio de 2022, en la zona de amortiguamiento se tendrían que desarrollar sólo actividades de “turismo de bajo impacto”, pero además del museo y el hotel de Sedena, se están construyendo oficinas administrativas, un centro de visitantes, una central para autobuses eléctricos y 46 módulos comerciales.

Biólogos y ambientalistas advierten que Parque del Jaguar sólo incentiva el turismo y no la defensa del felino

Algunos biólogos y defensores del medio ambiente afirman que el gobierno sostiene la necesidad de abrir el parque para preservar al felino y “detener el crecimiento urbano desmedido de Tulum”, pero en los hechos se está impulsando un nuevo proyecto al servicio del turismo masivo en un territorio ya saturado. 

“Me parece un parque que sirve para la recreación, para el turismo, y del jaguar sólo tiene el nombre”, dice Raúl Padilla Borja del Jaguar Wildlife Center.

“Ojalá que el decreto de creación del área natural protegida funcione para frenar el crecimiento urbano desmedido de Tulum y para conservar su vegetación. Sin embargo, un espacio tan chiquito no sirve para la conservación del jaguar como especie, pues los grandes carnívoros requieren de grandes territorios: necesitan moverse para encontrar una pareja que les permita un intercambio genético, para que el futuro de su especie siga siendo próspero”. 

El Parque del Jaguar se está construyendo en una superficie de 2 mil 249 hectáreas a pesar de que, al momento de anunciar su creación en enero de 2022, el gobierno habló de más de 250 mil hectáreas. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del parque afirma que el proyecto tiene el doble objetivo de proteger el felino y desarrollar el turismo, pero de acuerdo con el presidente del Jaguar Wildlife Center, los dos propósitos no son compatibles.

“No se puede preservar al jaguar en un lugar con tanta actividad humana, con tanto ruido, con instalaciones e inmuebles que fragmentan el espacio y arrinconan al felino”, dice Raúl Padilla Borja. 

Opacidad en las obras

La MIA del Parque del Jaguar fue presentada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) después del comienzo de las obras, el 30 de junio de 2023, y todavía no ha sido aprobada.

El documento sólo menciona la presencia del hotel de Sedena en el parque y no da ningún tipo de especificación sobre el inmueble, que no aparece en ninguno de sus mapas.

El complejo hotelero del ejército tampoco existe en los videos promocionales que muestran las maravillas del Parque del Jaguar, ni en el decreto de julio de 2022 que declara a “la región conocida como Jaguar” como “área natural protegida”. Sólo un año después, cuando pasó bajo tutela del GAFSAOMM, el hotel de Sedena ha sido mencionado en un comunicado del gobierno como obra integrada al parque. 

El Hotel Tren Maya de Tulum existe, pero su presencia es opaca y las autoridades no contestaron a la solicitud de una entrevista. Se trata de la directora del Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar, María del Carmen Morales Pérez, y de Fernando Orozco Ojeda, director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quien en 2020 había sido destituido por señalamientos de corrupción y extorsión a empresarios. 

Desde hace meses, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama anunció que el Parque del Jaguar está a punto de inaugurarse. Todavía no hay fecha, pero el gobierno afirma que en 2023 recibió a más de 600 mil visitantes.

Crecimiento desordenado en Tulum

Pablo Suárez Dávila se mudó a Tulum, en Quintana Roo, cuando tenía 15 años. Era finales de los años ’90 y el pueblito caribeño que se desarrollaba alrededor de una única cuadra, era visitado únicamente por mochileros. 

“En el mar había vida, ahora es un desierto. En la playa había dunas antes de que empezaran a construir sobre ellas, y existían sólo un par de rentas de cabañas. Hoy los hoteles crearon una barrera que impide casi por completo el acceso público a la playa”, dice Pablo Suárez, que trabaja en sistemas de captación de lluvia y tratamiento de aguas residuales.

“En términos de infraestructura y servicios el municipio no estaba ni está preparado para recibir toda la gente que llegó después. Los residuos sólidos son amontonados en tiraderos a cielo abierto y la planta de tratamiento funciona sólo para una pequeña parte de la población. Las demás aguas residuales se vierten al suelo y contaminan el acuífero y los cenotes”.

De acuerdo con la Sedatu, Tulum es uno de los cinco municipios con mayor crecimiento a nivel nacional y la llegada de un millón y 800 mil visitas al año es el detonante de esta caótica expansión.

El gobierno asegura que la recién entrada en funciones del Aeropuerto Internacional de Tulum y tras la próxima inauguración de la estación del Tren Maya el número de turistas incrementará aún más. Para 2053, se prevé la llegada de más de 2 millones 400 mil personas al año.

El ejército mexicano será uno de los beneficiarios del crecimiento turístico desordenado de Tulum.

Artículo publicado en Animal Político el 23 de mayo de 2024.

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Cada día dos mujeres arman un puesto de comida en la carretera rumbo a la zona arqueológica de Palenque, a unos tres kilómetros de su entrada. Llegan al amanecer y venden pollo y costillas asadas hasta después de la puesta del sol, bajo un techito que alivia un poco los 40 grados que aquejan a la selva Lacandona.

Detrás del puesto hay un muro de concreto y basalto de cuarenta metros de longitud y más de dos metros de altura, que oculta un terreno que se adentra profundamente en la selva, abarcando seis hectáreas y media. Allí trabajan los principales clientes de las dos vendedoras de comida: los albañiles que construyen uno de los seis hoteles de lujo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está edificando a lo largo de la ruta del Tren Maya, cerca de los más importantes sitios arqueológicos del Sureste.

¿Cómo será el hotel Tren Maya de Palenque que construye el Ejército? 

La construcción del Hotel Tren Maya de Palenque es custodiada por la Guardia Nacional. El edificio no es visible, pero en enero de 2023, durante la rueda de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció que ofrecerá a sus huéspedes 160 habitaciones tipo master bedroom y un estacionamiento para 212 vehículos, por un costo de unos 960 millones de pesos. El hotel tendrá además spa, cafetería, bar, una tienda de recuerdos y un gimnasio.

Según la página Hoteles Tren Maya, el inmueble será de tres pisos, con una palapa central y una alberca rodeada de palmeras, una especie de árbol que no es endémica.

INAI ordena a Semarnat entregar informes de impacto ambiental de hoteles Tren Maya

No se sabe cuánta selva está siendo talada para construir el hotel. Se solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) de los seis Hoteles Tren Maya, los demás se están construyendo en Tulum, Quintana Roo; en Calakmul y Edzná, Campeche; en Chichén Itzá y Uxmal, Yucatán.

La dependencia contestó enviando nada más el documento del proyecto de Edzná, que fue presentado ante la Semarnat en septiembre de 2023, cuando el edificio ya tenía un avance de 25%.

El 21 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Semarnat contestar a la solicitud de información y entregar las demás MIAs, pero hasta el momento eso no ha ocurrido y se está a la espera de que confirmen la existencia o la inexistencia.

“Solo con documentos como los requeridos, a través de la solicitud de información, será posible conocer con precisión la afectación que los hoteles Tren Maya generarían en el medio ambiente, así como las medidas de mitigación que deben cumplirse”, afirmó Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente, durante la sesión ordinaria del pleno del INAI, luego que esta reportera interpusiera un recurso de revisión.

El instituto señala que Semarnat no turnó la solicitud a todas las unidades competentes, como sus representaciones en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán; “lo que hace evidente que no atendió el principio de exhaustividad”.

Hotel y un aeropuerto: Los negocios del Ejército en Palenque

Las obras de los Hoteles Tren Maya empezaron en enero de 2023 y el gobierno aseguró que se iban a inaugurar el 30 de noviembre del mismo año. Los militares son los únicos encargados de su construcción y, de acuerdo con la respuesta de Sedena a una solicitud de información, “bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas”.

Los seis complejos serán administrados el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), una empresa de participación estatal mayoritaria creada en abril de 2022, cuyas acciones son por el 99% de Sedena y por el restante 1% de Banjercito.

En su página, la paraestatal presume administrar once centros de combustibles, once aeropuertos -cuatro de ellos en la ruta del Tren Maya: los de Palenque, Campeche, Tulum y Chetumal-, y un amplio abanico de servicios turísticos. Además de los hoteles, GAFSACOMM administra el Museo del Mamut, en el Estado de México, y tres parques: el de La Plancha, en la ciudad de Mérida, y los parques que el ejército está construyendo alrededor de los hoteles Tren Maya de Tulum y Uxmal.

“Los Hoteles Tren Maya enriquecerán las experiencias de viaje en el tren y ofrecerán estancias únicas en el mundo por su cercanía a las zonas arqueológicas”, dijo Javier May Rodríguez, ex director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a principios de 2023, antes de irse a la campaña electoral para la gubernatura de Tabasco.

Algún día, el hotel de Palenque estará conectado con la estación del Tren Maya, una obra moderna e imponente que tiene la forma de la máscara de Pakal, el rey que llevó la ciudad a su mayor esplendor. El edificio todavía está en construcción, tanto en su interior como en los pasillos exteriores, y está a unos diez minutos en carro del rancho La Chingada del presidente López Obrador.

Frente a la estación del tren se encuentra otro negocio del ejército en la ciudad: el Aeropuerto Internacional de Palenque, que ha sido reestructurado y nuevamente inaugurado en enero de 2024. Allí únicamente opera Mexicana de Aviación, la aerolínea de Sedena, con cuatro vuelos al día que van y vienen de Ciudad de México. Hasta el momento, trasladan a Palenque un promedio de poco más de 30 personas al día.

“Lo que necesitamos para el turismo es que se acabe la inseguridad en Chiapas”

El nuevo Centro de Atención al Visitante (CATVI) se encuentra frente al Hotel Tren Maya de Palenque. Foto: Orsetta Bellani

El Hotel Tren Maya se está construyendo mientras Palenque registra una baja en el número de visitantes. En los últimos años, los ingresos a la zona arqueológica han disminuido considerablemente: de acuerdo con el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas (CEIEG), en enero de este año el sitio recibió a 30,939 turistas nacionales e internacionales, mientras que en enero de 2020 fueron 109,507 -más del triple- y en los años anteriores nunca bajaron de los 60 mil.

La situación tiene impactos en la economía local. Un hombre lacandón, con su vestimenta tradicional blanca y un bastón de madera del que cuelgan artesanías, se acerca a un grupo de turistas frente a la entrada principal de la zona arqueológica de Palenque. Nadie le compra. “Hay muy pocos visitantes, así está la cosa”, dice señalando el espacio, casi desierto, frente a la entrada de la zona arqueológica. “La gente no llega por lo que se lee en las noticias”.

También de acuerdo con un guía tzeltal, que descansa con sus compañeros en espera de que alguien le ofrezca trabajo, la llegada de turistas ha bajado tras la pandemia y el comienzo de la guerra entre grupos del crimen en Chiapas. “Este año no nos fue bien ni siquiera en Semana Santa, creo que es por los enfrentamientos que hubo cerca de Tuxtla Gutiérrez”, afirma. Dice estar de acuerdo con el megaproyecto Tren Maya, pero que su entrada en funciones no incidió en el número de visitantes.

De acuerdo con declaraciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el comienzo de operaciones del tren habría traído unos 5 mil turistas diariamente al sitio arqueológico chiapaneco. Sin embargo, un elemento de la Guardia Nacional que escolta el Tren Maya asegura que trae menos de 100 turistas al día, y que uno de los dos viajes diarios desde Cancún se canceló por falta de pasajeros.

“Para captar turismo en Palenque no necesitamos un tren, necesitamos que se acabe la inseguridad en el estado. Me han cancelado una gran cantidad de tours a los sitios arqueológicos de Yaxchilán y Bonampak, y en la carretera rumbo a San Cristóbal de Las Casas cada rato hay conflictos y bloqueos. Realmente necesitamos que el gobierno atienda todo esto”, dice la guía turística Mildred Lucas García.

Hasta el momento, el incremento de la presencia del ejército no ha mejorado la seguridad en Chiapas. En Palenque, hasta el Parque Nacional donde se encuentra la zona arqueológica ha sido militarizado: la Guardia Nacional está estacionada en la entrada, patrulla los caminos y pasea entre las pirámides. Está presente también afuera del parque, custodiando las obras de construcción del Hotel Tren Maya.

A las cinco de la tarde, muchos de sus trabajadores salen del recinto y se forman frente al puesto de costillas y pollo asado. En diciembre de 2023, tomaron la decisión de bloquear esta carretera que lleva a la entrada del Parque Nacional para protestar ante la falta de pago de aguinaldo y otras irregularidades, denuncias que fueron levantadas también por un grupo de trabajadoras del Hotel Tren Maya de Tulum.

Algunos albañiles se suben a sus motos, otros montan en unas combis que los esperan frente a la entrada. Otros más siguen adentro: el ruido de las excavadoras continúa en este pedazo de selva donde el ejército planea vender paquetes turísticos.

Artículo publicado en Animal Político el 22 de mayo de 2014.

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