Cada día, Kenia García Chulín se pregunta por qué su familia fue desaparecida. «Mis padres eran taqueros y mi hermano tiene solo 12 años, lo que pasó es que simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado», dice la joven de 20 años que estudia Economía.

En noviembre de 2024, su madre, Rosario; su padre, Luis; y su hermanito, Emmanuel, salieron con otras cuatro personas de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, hacia un poblado ubicado a hora y media de allí para reparar una camioneta descompuesta y pasar el resto del día en un balneario.

Su hija los llamaba y no contestaban, su angustia empezó a crecer y cuando a la noche no regresaron a casa sintió como si le cayera un balde de agua fría encima. «Si yo no busco a mi familia, nadie lo va a hacer. Si no me levanto por ellos, nadie me va a levantar y esto es lo que me da fuerza, es lo que me mantiene aquí», afirma la joven.

En víspera del comienzo del Mundial de Fútbol en México, como muchos otros familiares de personas desaparecidas, Kenia García se pregunta cómo es posible que un país en el que hay más de 134.000 personas desaparecidas y donde hay tanta falta de recursos para la búsqueda e identificación de los ausentes, se invierta tanto dinero en un evento deportivo.

«¿Cómo pueden celebrar el mundial?» 

«A México le está quedando muy grande el Mundial», afirma sin rodeos. Para ella, el problema de fondo es que el Gobierno prioriza la imagen que proyecta hacia afuera mientras ignora lo que ocurre puertas adentro: los desaparecidos, los hospitales que se caen a pedazos, la inseguridad que padecen los propios ciudadanos. «¿Cómo pueden celebrar el Mundial como un logro cuando el país está cayendo a pedazos?», cuestiona.

Las raíces de la crisis de desapariciones forzadas en México se hunden en el periodo de la llamada Guerra Sucia, entre 1965 y 1990, cuando el Estado reprimió a movimientos estudiantiles, campesinos y guerrilleros bajo una lógica contrainsurgente.

«Ahora no es lo mismo que entonces: el Estado ya no está persiguiendo a personas por sus opiniones políticas», dice Patricia Aracil Santos, coordinadora de la Colectiva Cereza, agrupación que brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres que se encuentran en situación de cárcel y a familiares de personas desaparecidas en Chiapas.

«Sin embargo, hoy en día en México seguimos hablando de desapariciones forzadas -que, por definición, implican el involucramiento de agentes del Estado- porque existe acción directa, omisión, aquiescencia o colaboración de las autoridades con la delincuencia organizada. Hay elementos de la seguridad del Estado que incluso actúan como sicarios», asegura.

Las bases de esta emergencia humanitaria las sentó en 2006 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que declaró la guerra al narcotráfico al normalizar la violencia como telón de fondo de la vida cotidiana. A la propagación de esta crisis, que año tras año se ha profundizado, ha contribuido la impunidad de la que gozan los perpetradores y la existencia de «redes de macrocriminalidad», conformadas por estructuras políticas, criminales y empresariales que actúan de manera coordinada a costa de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

A costa de su vida 

En estas dos décadas, las desapariciones forzadas, las masacres y los enfrentamientos se extendieron desde las regiones del centro-norte hasta abarcar todo el territorio mexicano. También en estados del sureste como Chiapas y Quintana Roo comenzaron a surgir colectivos de familiares de personas desaparecidas -hay cientos en todo el país-, integrados principalmente por madres.

Las Madres Buscadoras no solo denuncian y se movilizan ante la inacción del Estado, toman pico y pala y buscan con sus propias manos a sus seres queridos en los lugares donde se presume que el crimen organizado entierra cuerpos -desiertos, bosques, parcelas…-. A veces lo hacen a costa de su propia vida. Según Amnistía Internacional, desde 2011, 35 personas dedicadas a esta labor, 21 de ellas mujeres, han muerto de forma violenta.

Los primeros en considerar la posibilidad de aprovechar la visibilidad internacional que el Mundial de Fútbol dará a México para denunciar la crisis de desapariciones forzadas han sido Ricardo García y Vanessa Gámez. En julio del año pasado, su hija Ana Amelí García Gámez fue a hacer senderismo en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, cerca de la capital mexicana, y desde entonces no se sabe nada de ella. Las investigaciones sobre su caso no registran avances, a pesar de contar con Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una Acción Urgente de las Naciones Unidas.

«El Gobierno mostrará estadios, fuegos artificiales y celebraciones. Nosotros mostraremos la verdad, porque no puede haber fiesta mientras hay luto. Porque no puede haber Mundial mientras México desaparece a su gente. Porque nuestros hijos no merecen ser olvidados para que otros celebren», subrayan en un comunicado los padres de la joven de 20 años.

El matrimonio ha convocado una movilización en todos los accesos al Estadio Azteca de Ciudad de México para mañana 11 de junio, cuando se jugará el partido inaugural del Mundial de Fútbol, con la intención de formar vallas humanas pacíficas y llevar fotografías de sus seres queridos sin impedir el ingreso de los aficionados, ya que su objetivo no es boicotear el evento deportivo, sino visibilizar su dolor ante la opinión pública internacional.

Familiares de desaparecidos escarban una fosa clandestina en un rancho llamado La Gallera, en el Estado de Veracruz. Foto: Orsetta Bellani

De forma sucesiva se han multiplicado las convocatorias de este tipo: el día del partido inaugural se llevará a cabo en la capital mexicana una megamanifestación en la que las Madres Buscadoras marcharán a lado de trabajadores de la educación, transportistas, campesinos y de otros sectores.

Han sido varias las movilizaciones realizadas por los familiares de las personas desaparecidas en las semanas previas en el marco del Mundial de Fútbol: movilizaciones frente a la sede donde entrena la selección local, marchas con velas, pegada de carteles y fichas de búsqueda en las calles, y se han organizado partidos de fútbol en la vía pública, en los que los jugadores llevan camisetas con la imagen de alguna persona ausente. Su protesta no es contra el fútbol -aclaran-, sino de la inacción institucional.

Meses antes del Mundial de Fútbol, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas han llevado la crisis de las desapariciones forzadas en México al debate internacional.

En un informe del pasado abril, el CED constata que más de un tercio de las acciones urgentes por este delito a nivel mundial provienen de México y señala el involucramiento de servidores públicos en muchas desapariciones, como en el Estado de Coahuila, donde policías estatales secuestraron a 73 personas y las entregaron al cártel de Los Zetas. La conclusión del grupo de expertos independientes de la ONU es que existen «indicios fundados» de que las desapariciones forzadas en el país constituyen crímenes de lesa humanidad y ha decidido llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU «con carácter urgente».

El Gobierno mexicano rechaza la decisión del CED al considerarla «tendenciosa». La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) la aplaude, al calificarla de «histórica». También están quienes no confían demasiado en la capacidad de la ONU como organismo capaz de generar cambios reales.

Visibilidad internacional 

«En general, no tengo muchas expectativas sobre las Naciones Unidas, aunque es cierto que ante el vacío tan grande que hay en México… la visibilidad internacional es importante y puede ser que envíen más recursos al país; hay una falta muy grande de recursos para la investigación y para la búsqueda de los desaparecidos», dice Patricia Aracil Santos, de la Colectiva Cereza.

Faltan pocos días para el comienzo del Mundial de Fútbol y las Madres Buscadoras ya se han movilizado, bloqueando carreteras y tapizado de fotografías las calles aledañas al Estadio Azteca con fotos de personas ausentes.

Ciudad de México se encuentra a más de mil kilómetros de la casa de Kenia García Chulin, por lo que la joven no participará en las movilizaciones, pero celebra las protestas que ya empiezan a asomar en torno a este evento deportivo: cuantas más voces se alcen, dice, más difícil será seguir vendiendo al exterior una versión de México que no existe. También ha encontrado su propia forma para protestar: un reel con las fotografías de sus familiares y de otras personas desaparecidas de Chiapas con la camiseta de la selección mexicana puesta, como si fueran cromos del álbum de Panini. «El álbum que nadie quiere completar», dice el reel.

Artículo publicado en El Gara el 10 de junio de 2026.

The post Escaparate mundial para la lucha por los desaparecidos first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

La perrita Luna olfatea la tierra húmeda del rancho Las Pitayas,  en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. Da unas vueltas y luego se sienta en el hoyo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) acaba de abrir con un pico. Allí, se halló el retazo de un informe militar quemado.

“Si hubiera algún cadáver o resto óseo, Luna estaría escarbando. Está entrenada para reconocer el olor de descomposición en el suelo” explica un integrante de Protección Civil de Chiapas. 

El pasado 11 de junio se realizó la cuarta búsqueda que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, la Protección Civil y familiares de personas desaparecidas realizan en este rancho. Durante la primera revisión, el 11 de diciembre de 2024, encontraron restos óseos calcinados.

“En el rancho Las Pitayas y en sus alrededores confluyen los datos telefónicos de muchas personas desaparecidas de Chiapas”, afirma la Colectiva Cereza, que acompaña a familiares de personas desaparecidas. “Desde hace dos años estamos pidiendo a la FGE que realice cateos, pero sólo empezó a hacerlos en diciembre pasado cuando hubo el cambio de gobierno”.

A partir de mediados de 2021, cuando escaló el conflicto por el control del territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el número de personas desaparecidas en el estado incrementó exponencialmente: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre 2019 y 2024 la cifra cuadriplicó y actualmente los casos son mil 563. En estos años, las fichas de búsqueda empezaron a llenar las redes sociales y una macabra sospecha se insinuó entre la población: en Chiapas también debe de haber fosas clandestinas. 

De acuerdo con datos que la FGE compartió con Animal Político tras una solicitud de acceso a la información, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en la entidad se encontraron 12 fosas clandestinas: una en Emiliano Zapata, Soyaló, Palenque y Suchiate, dos en Tapachula y seis en La Concordia. En algunos entierros se hallaron cadáveres, 25 en total, y en otros restos óseos u osamentas. En marzo las autoridades chiapanecas detuvieron las búsquedas, que se reanudaron este mes.

Uno de estos ranchos del crimen organizado se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. En marzo, las autoridades y el colectivo de buscadoras chiapanecas Madres en Resistencia peinaron el rancho Aurora Buenavista, que se encuentra a sólo diez kilómetros del aeropuerto de la capital chiapaneca, en el municipio de Chiapa de Corzo. En un refugio subterráneo hallaron chalecos tácticos, cascos, droga, armas, cartuchos y cocaína. A pocos kilómetros de allí, se encuentra el rancho Las Pitayas.

Al lado de esta zona árida del centro del estado, que las abundantes lluvias del último mes están reverdeciendo, pasa uno de los tres corredores que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ubica como ruta de trasiego en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”. El corredor empieza en Ciudad Cuauhtémoc, un poblado en la frontera con Guatemala que recientemente fue escenario de un enfrentamiento armado protagonizado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que pasa por Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, desembocando en Veracruz.

Hasta el momento, las autoridades peinaron poco más de la mitad de las 16 hectáreas del rancho Las Pitayas. De acuerdo con Isabel Torres, integrante y fundadora de Madres en Resistencia, durante una revisión del rancho en la que participó, fue evidente que los peritos de la Fiscalía no están bien capacitados en el levantamiento de las evidencias. “Además, la Fiscalía solo llega y ve lo que está a la vista. Nosotras escarbamos absolutamente cada rincón de la casa, cualquier prenda que se encuentre, revisamos las paredes por si alguna persona estuvo ahí y escribió algo”, dice Isabel Torres.

La activista también critica a la FGE por no avanzar con la investigación de los casos que se van acumulando en los estantes de sus oficinas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no brindar apoyo adecuado a las buscadoras chiapanecas. Al mismo tiempo, señala unas mejoras en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que está auxiliando a su colectivo con personal y herramientas tecnológicas. Señala también un logro importante que Madres en Resistencia alcanzó tras años de lucha: a mediados de mayo, el Congreso de Chiapas creó una comisión para avanzar en la conformación del Consejo Ciudadano, órgano que, de acuerdo a la ley, hubiera tenido que crearse en 2019.

“El Consejo Ciudadano permitirá la participación de las familias en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas”, explica Isabel, cuya hija Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, fue desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Se la llevaron de un salón de fiestas durante la boda de Isabel unos hombres armados que llevaban en el pecho las siglas de la FGE. Sucesivamente, el celular de Cassandra fue geolocalizado en el rancho Aurora Buenavista mientras que el de Isabel, que los secuestradores también se llevaron, fue geolocalizado en el rancho Las Pitayas.

Los restos óseos calcinados, que han sido hallados en diciembre de 2024 en una fosa séptica del rancho Las Pitayas, están en tan mal estado que podría ser difícil sacar su perfil genético e identificarlos. Sin embargo, en un primer momento, las autoridades dijeron que se trataba de tres osamentas, de tres personas distintas y los medios afirmaron que pertenecían a los integrantes del grupo de siete personas que desaparecieron el 23 de noviembre de 2024, mientras viajaban en una Urvan que fue encontrada a pocos kilómetros del rancho. En realidad, la Colectiva Cereza tiene dudas de que los restos óseos les pertenezcan, pues la geolocalización de sus celulares no lleva al rancho Las Pitayas, aunque sí estuvieron en la colonia 20 de noviembre, que está cerca de allí.

“Me la pasé muy mal por la noticia que difundieron los medios amarillistas, era de noche y estuve marque y marque a la Fiscalía, pero no me contestaba”, dice Kenia García Chulín, joven de 19 años que desde aquel día busca a sus papás y a su hermanito de 12 años.

Junto con los familiares de otras personas que viajaban en aquella Urvan, el pasado 11 de junio Kenia acompañó la revisión del rancho Las Pitayas. Presionaba a las autoridades para que buscaran minuciosamente, les señalaba pozos, rincones y un punto en el pasto donde había ceniza: allí, encontraron el uniforme militar quemado.

“¿A qué tanta profundidad se pueden encontrar restos?”, le preguntó a un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, que excavaba en el punto quemado indicado por Kenia. “Sesenta-setenta centímetros, no se toman la molestia de excavar más”, le contestó. 

Poco más allá, a lado de la fosa séptica donde se hallaron los restos óseos y de una pochota cuyo tronco está lleno de impactos de bala, la FGE encontró dos tambos de metal que sospecha pudieron haber sido utilizados para quemar cuerpos, y que serán analizados en un laboratorio. 

“No siento que haya mucha transparencia por parte de la FGE. Hay hilitos sueltos en la reconstrucción de los hechos que no ha podido coser: un día nos da una información y al otro día nos da otra, donde salen detalles que no se mencionaron en las anteriores reuniones”, dice Kenia. “Las familias que llevamos siete meses en esta búsqueda pudimos detectar algunos vacíos. Creo que para nosotros y ante las instituciones es muy importante caminar de la mano como familiares, que más que culpables estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos”.

Artículo publicado en Animal Político el 16 de junio de 2025.

The post Tras años de omisiones, Chiapas busca a personas desaparecidas en ranchos vinculados al narco; hallan 12 fosas en 3 meses first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.