No regresarán a Tila. Las familias que desde el 7 de junio tuvieron que abandonar sus casas en este municipio de Chiapas aseguran que no hay condiciones de seguridad mínimas para su retorno.

Lo decidieron el martes pasado, en una asamblea masiva y encendida que se celebró en la cancha de futbol rápido de Yajalón, donde comen y duermen, acompañados por el Ejército y autoridades de Protección Civil del gobierno estatal.

“¡Levanten la mano quienes se van a quedar!”, gritó al micrófono una mujer, recibiendo en respuesta centenares de manos levantadas. Los desplazados piden tener representantes en la mesa interinstitucional que, el lunes, acordó su regreso a Tila, y que les aseguró que las fuerzas de seguridad ya tenían control sobre el municipio.

“Exigimos una mesa de dialogo con participación de los pobladores”, decía una de las pancartas que mostraron durante la asamblea las personas desplazadas, algunas de ellas mestizas, que son dueñas de negocios de la cabecera de Tila, municipio ch’ol donde casi el 99 por ciento de la población vive en pobreza.

Piden a las autoridades garantías jurídicas sobre sus propiedades y que se detengan a los integrantes del grupo que llaman “los autónomos”, y que firma sus comunicados como “ejidatarios”, al que consideran responsable de los actos de violencia que se generaron entre el 4 y el 6 de junio y que, según cifras oficiales, causaron 3 muertos, 4 heridos, 2 mujeres violadas y alrededor de 4 mil personas desplazadas; además de 17 casas y 21 vehículos vandalizados. 

Tila: un conflicto de hace 60 años

Desde los años 60, los ejidatarios ch’oles de Tila mantienen una disputa sobre 130 hectáreas con el municipio, controlado por familias mestizas que están apoyadas por el gobierno del Estado. Sobre esta tierra los ejidatarios ganaron dos amparos, que nunca se han respetado y que quedan sin resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde que este conflicto empezó, las violencias no han parado en este territorio fronterizo con Tabasco, utilizado por grupos criminales como corredor para el tráfico de droga y personas. En Tila existen también intereses ganaderos y relacionados con la siembra de palma aceitera, además, según un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), existen apetitos extractivistas por la supuesta presencia de uranio.

En diciembre de 2015, ejidatarios que se declararon parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) tomaron la cabecera municipal y establecieron un gobierno autónomo. Expulsaron a Limber Gregorio Gutiérrez Gómez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa, que desde 2008 se turnaban en la presidencia. El matrimonio está acusado de tener relación e incluso haber hecho resurgir a Desarrollo, Paz y Justicia, el grupo paramilitar que nació en los años ’90 durante la guerra contrainsurgente hacia el EZLN.

Como ha ocurrido también en otros municipios de Chiapas donde el ayuntamiento ha sido controlado durante décadas por la misma familia, los pobladores de Tila sacaron a los caciques con la fuerza. Sin embargo, a pesar de su expulsión Limber Gregorio Gutiérrez Gómez sigue despachando desde El Limar y en las pasadas elecciones el PVEM arrasó una vez más. El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo instalar 12 casillas en Tila, pero en las demás la participación rebasó el 72% y el candidato a alcalde del PVEM obtuvo más de 23 mil preferencias, superando de unos 18 mil votos al Movimiento Ciudadano (MC), que es el segundo partido.

Versiones distintas del conflicto en Tila, Chiapas

Dos días después de las elecciones del 2 de junio Tila estalló, y hay tantas versiones de los hechos cuantos grupos en disputa. De acuerdo con un comunicado de “los autónomos”, un grupo llamado Karma habría atacado a tres ejidatarios que prestaban guardia, hiriéndolos. El conflicto, según ellos, se habría desatado después del ataque del Karma, con la finalidad de desalojarlo del pueblo.

“Hemos venido denunciando el grupo delincuencial Karma, que es apoyado por el Ayuntamiento Municipal y ha venido actuando impunemente porque han estado matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo el 12 de enero y Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, a quienes primero los señalaron y luego los ejecutaron con toda impunidad”, escriben los ejidatarios en un comunicado del 11 de junio.

Por otro lado, los desplazados que se encuentran en Yajalón aseguran no saber de la existencia del grupo Karma. Afirman que en Tila únicamente existen “los autónomos” y que las múltiples violaciones de la semana pasada no se originan a partir de enfrentamientos entre grupos rivales, sino son agresiones directas de “los autónomos” a los pobladores. Al mismo tiempo, reconocen que muchas familias de este grupo también tuvieron que abandonar Tila.

Una señora propietaria de una tienda de abarrotes relata que el 4 de junio se encontraba con su hija en la calle cuando empezaron los balazos. Tuvo que encerrarse en su casa, de donde salió hasta la madrugada del 7 de junio para abandonar Tila montada en un vehículo militar, tras la entrada a la cabecera de más de 500 elementos de las fuerzas de seguridad. La mujer finca toda responsabilidad de las violencias a “los autónomos” y asegura que las personas refugiadas en la cancha de Yajalón no pertenecen a ninguna organización ni grupo político, y que son puros pobladores.

Según la investigación de Emilio Pérez Pérez y Daniel Villafuerte Solís, en Tila existe un grupo disidente autodenominado “pobladores” que simpatiza con el PVEM y que, tras la expulsión de las autoridades municipales en 2015, ha buscado invalidar el amparo ganado por los ejidatarios.

La crisis humanitaria de Tila sigue. No hay un número exacto para describirla, pues muchos habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares se resguardaron en casa de familiares o amigos, y no son contabilizados en las cifras oficiales. De acuerdo con el presidente municipal de Yajalón, Jorge Luis Hernández Vázquez, unas mil 800 personas se refugiaron en los dos albergues que acondicionó el ayuntamiento, y unas 4 mil más se establecieron a una media hora de allí, en el ejido Petalcingo, municipio de Tila. “No nos dijeron su fecha de salida de Yajalón, pero estamos dispuestos a dar todo el apoyo hasta cuando sea necesario”, asegura el presidente municipal. 

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Padre Heriberto Cruz Vera acompañó a don Samuel Ruíz García en su visita a unas comunidades de Chiapas. A las más remotas llegaron en avioneta, caballo o cayuco. Comían lo que la gente les daba y dormían en el suelo o acostados en las bancas.

“Don Samuel nunca se disgustaba, ni se enojaba. Hablaba fuerte, pero no agredía ni apresuraba a nadie”, recuerda Padre Heriberto, que se quedó tan marcado por la personalidad del obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas que hace 46 años decidió quedarse en su diócesis.

No le gustaba sólo su sencillez, su estilo de vida tan alejado de los lujos propios de los obispos, sino el camino que marcó para la gente de su diócesis, en su mayoría indígenas tsotsiles, tseltales, choles y tojolabales. “Puso en práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II: su opción era preferencial, aunque no exclusiva, por los pobres. Este fue su gran legado”, dice Padre Heriberto.

En sus recuerdos están los trabajos del Tercer Sínodo Diocesano, que se celebró de 1995 hasta 1999, donde don Samuel impulsó la participación de todas las comunidades de Chiapas. Allí se decidió optar por una Iglesia autóctona, donde la liturgia incorpora a las culturas locales y sus lenguas.

Este jueves, en ocasión del 13 aniversario de la muerte de don Samuel y en el marco de la celebración del año Jubilar por los 100 años de su nacimiento, se realizó una marcha-peregrinación en San Cristóbal de Las Casas. Llegaron unas 4 mil personas procedentes de las 7 regiones que componen su diócesis pero, preocupados por la ausencia de condiciones de seguridad para emprender el viaje, no participaron los feligreses de Frontera Comalapa y Chicomuselo, dos municipios especialmente afectados por los enfrentamientos entre organizaciones criminales. De todos modos en Chicomuselo, donde en las últimas semanas la violencia de los carteles ha causado el desplazamientos de miles de personas, se realizó una peregrinación y se leyó un comunicado.

Las personas que marcharon en San Cristóbal de Las Casas llegaron a la catedral donde, un 25 de enero, Samuel Ruíz fue proclamado obispo en 1969 y sepultado en 2011. Allí se celebró una misa donde se recordó Samuel Ruíz y se pidió paz para Chiapas, que desde hace dos años y medio enfrenta una crisis de inseguridad.

“No es posible seguir negando la realidad y decir que en Chiapas no pasa nada, aquí sucede de todo y no podemos quedarnos callados, al vernos invadidos y gobernados por quienes usan las armas y la violencia”, dijo durante la liturgia el obispo auxiliar, monseñor Luís Manuel López Alfaro. “Reconocemos un incremento de la militarización, pero no vemos resultados. Nos resulta contradictoria la permisividad con que los grupos criminales hacen y deshacen, sin la intervención de quienes deberían garantizar la paz en nuestros pueblos y comunidades”.

Enero de 2024: un mes duro para Chiapas

El nuevo año comenzó violento para Chiapas. El 4 de enero, los enfrentamientos entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación causaron desplazamientos forzados en varias comunidades del municipio de Chicomuselo, con un saldo de 20 muertos, entre ellos 2 civiles. Nuevos desplazamientos se registraron diez días después y, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) son unos 2300 los habitantes de Chicomuselo y de los colindantes municipios de La Concordia y Socoltenango que este mes tuvieron que abandonar sus hogares.

“Se está entregando ayuda a las comunidades afectadas por parte de la diócesis”, dijo en rueda de prensa Padre Miguel Ángel Montoya, Vicario de Justicia y Paz. “Nuestros hermanos y hermanas se encuentran en la zona y están muy preocupados por la situación”.

El 16 de enero, pobladores de la comunidad Nuevo América de Chicomuselo fueron atacados por el ejército, al que estaban impidiendo el paso por considerar que están coludidos con las organizaciones criminales. Enfrentamientos entre pobladores y soldados se registraron también el 22 de enero en otros municipios de la Sierra de Chiapas: El Porvenir, Bellavista, La Grandeza y Siltepec.

No fueron los únicos hechos violentos de este enero. En Tila se registró, una vez más, un hecho sangriento, con el asesinato de Carmen López Lugo, miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI). Además el 15 de enero, horas después de que una balacera sin fin perturbara los sueños de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas e hiriera a una transeúnte, fue encontrado un cuerpo degollado en un bolso de basura colgado a un puente vehicular a las puertas de Tuxtla Gutiérrez, acompañado por una manta de uno de los carteles en disputa. El mismo día, el propietario de una gasolinera de La Concordia recibió una hielera con cuatro cabezas.

En el marco de la conmemoración por la muerte de don Samuel Ruíz, el obispo Luís Manuel López Alfaro manifestó preocupación de que la violencia crezca en los próximos meses por la coyuntura electoral, y afirmó que en muchas regiones del estado no hay condiciones para que los comicios se lleven a cabo.

“No se puede solamente simular que hay elecciones cuando hay manipulación, control de grupos, amenazas. Hacemos un llamado a la autoridad para que vea qué condiciones se necesitan para que se den unas elecciones libres”, dijo el monseñor en rueda de prensa. Luego, sin mencionar explícitamente la actitud negacionista de las autoridades mexicanas sobre la violencia en Chiapas, concluyó: “Hay un problema de no querer ver a la situación y esto no ayuda. La paz se construye cuando la verdad se reconoce”.

Samuel Ruíz, un hombre de paz

Durante su episcopado, que terminó en 1999, Samuel Ruíz trabajó a favor de la paz en un Chiapas sacudido por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en 1994 fue mediador entre el gobierno y los recién insurrectos.

“Para él, la paz era un proceso, algo que se alcanza analizando el caminar de la realidad, el contexto que fomenta una dada situación”, afirma la Hermana Mary Wink, que llegó de Estados Unidos a Chiapas en 1975 y nunca más se fue. “Acompañaba el pueblo a buscar soluciones a sus necesidades. No denunciaba a nadie, sino anunciaba lo que no estaba de acuerdo con la enseñanza de Jesús”.

Lo que más admiraba de don Samuel Ruíz era su capacidad de escuchar desde el corazón y trabajar en equipo, su propensión a consultar cada decisión, además de su determinación en abrir la diócesis a la participación de las mujeres y de las personas laicas. La asombraba también la capacidad del ex obispo de permanecer en un proceso de constante conversión. “No en balde lo apodaban “el caminante”, pues no sólo físicamente caminaba sino se daban cambios continuos adentro de él”, dice del obispo emérito, que falleció en la Ciudad de México el 24 enero de 2011, con 86 años.

Padre Heriberto acompañó a Samuel Ruíz también en la muerte. Estaba a su lado cuando falleció y estaba con él también cuando sus restos llegaron a San Cristóbal de Las Casas y fue recibido por una multitud. Padre Heriberto se conmueve al recordar la visita de Papa Francisco a la tumba de don Samuel en 2016, cuando se paró frente a ella e hizo un gesto de reverencia.

Artículo publicado en Animal Político el 25 de enero de 2024.

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El 4 de enero, Juan y su familia pasaron todo el día tirados en el piso de su casa, esperando a que la balacera se calmara. Duró unas 7 horas y fue cuando el enfrentamiento terminó que el ejército entró al ejido Nuevo Morelia, en el municipio de Chicomuselo.

Al día siguiente el campesino -cuyo verdadero nombre no diremos para proteger su seguridad- amaneció preocupado de que los enfrentamientos siguieran, convencido de que había que irse de allí. 

Su familia y sus vecinos estuvieron de acuerdo y el 5 de enero casi todos los 700 habitantes de Nuevo Morelia decidieron salir en caravana. 

Temían que algo pudiera pasar en la carretera y pidieron al ejército ser escoltados fuera de Chicomuselo, pero los soldados se negaron. 

Los pobladores tomaron camino, agarrando lo que pudieron -algo de ropa, unos documentos- y dejando lo que no les era posible llevar: su parcela, sus animales y sus muertos.

De acuerdo con los pobladores, fueron dos los vecinos fallecidos durante los tiroteos y unos veinte los muertos en total. 

Por su parte, la Fiscalía de Chiapas afirmó que “no hay reportes de homicidio por algún tipo de enfrentamiento”, y que “gracias a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, prevalece la tranquilidad y se garantiza la seguridad” de los habitantes de Chicomuselo.

Explotación de la mina de barita

La tensión en Nuevo Morelia subió la semana anterior a los enfrentamientos del 4 de enero, cuando el Cártel de Sinaloa rodeó la comunidad y el Cártel Jalisco Nueva Generación interrumpió sus labores de explotación de la mina de barita que se ubica en el ejido. 

“Quisieron proteger el material”, dice Juan.

La mina La Revancha estaba a cargo de la empresa canadiense Blackfire hasta 2009, cuando fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), tras el asesinato del opositor Mariano Abarca. 

De acuerdo con la respuesta que dio la Secretaría de Economía a una solicitud de información, a partir del año 2000 en Chicomuselo se han otorgado 15 concesiones mineras, sin embargo, después de la clausura de La Revancha los pobladores, que están organizados alrededor de la Iglesia católica, lo habían declarado “municipio libre de minería” y rechazaron las propuestas de explotación de las empresas.

En mayo de 2023, un ingeniero que había recibido una negativa del ejido Nuevo Morelia -en una minuta que se firmó en la delegación de gobierno- se presentó frente a la asamblea con unos hombres armados. Se identificaron como pertenecientes al Maíz, una presunta organización social creada por el CJNG, y afirmaron que se iban a llevar la barita que años atrás había sido extraída por Blackfire. 

Sucesivamente, el mismo Maíz empezó la explotación de la mina y comenzó la rehabilitación de la carretera que la empresa canadiense usaba para llegar al colindante ejido Grecia, en cuyo subsuelo se encuentra la mayor cantidad del mineral.

El cártel entró entonces con maquinaria y camiones pesados, resguardados por hombres armados. 

“Fue allí cuando se desarticuló la resistencia, no nos metimos con esta gente que ofrece armas y muerte. Nuestra lucha siempre ha sido pacífica y estamos totalmente ajenos a una lógica de confrontación armada”, afirma un poblador. 

“Hay camiones que suben y bajan todo el tiempo y no sabemos adónde llevan todo este material, ni quién lo compra”.

¿Qué es la barita y para qué se usa?

La barita es un mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros y es un buen negocio: de acuerdo con la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, hasta 2028 su mercado crecerá un 5.75% cada año.

En un documento de 2020 llamado Perfil del Mercado de Barita, la Dirección General Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía señala que la producción del mineral en México se localiza principalmente en Nuevo León, Sonora y Coahuila, y afirma que en el sector operan 4 empresas productoras y prácticamente un sólo consumidor: la industria del petróleo. 

“No existen contratos de venta, los productores deben responsabilizarse de la logística y llevar el mineral hasta los puntos de consumo. El productor de barita vende (a granel) el sulfato de bario directamente a las empresas contratistas de PEMEX (perforadoras de pozos petroleros)”, dice el documento. 

“Temporalmente, algunos pequeños mineros explotan sus yacimientos y venden el mineral a los medianos mineros con planta de beneficio propia, quienes lo agregan a su producción”.

Desplazamiento masivo de Chicomuselo

El ejército ya abandonó Nuevo Morelia y el CJNG tiene vigilancia permanente en su entrada. 

La mayoría de sus habitantes -como los pobladores de las cercanas comunidades de San Francisco Las Palmas, El Limonar y del barrio La Pinta- ya no viven allí pues se desplazaron a los municipios de Comitán, Jaltenango, Ángel Albino Corzo, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez.

Unos diez días después, otras familias tuvieron que dejar las comunidades de Chicomuselo a causa de los enfrentamientos y de la sucesiva confrontación entre el ejército y los mismos pobladores, que habían construido barricadas para impedir la entrada de los cárteles y rechazaron el ingreso de los soldados, al considerar que están coludidos con los criminales.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas afirma que en los albergues hay 701 personas, pero la mayoría de las familias desplazadas encontraron refugio en casa de familiares y amigos. 

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las personas desplazadas de la Sierra de Chiapas durante enero de 2024 son alrededor de 2 mil 300 y proceden de unas 20 comunidades de Chicomuselo, 7 de La Concordia y 3 de Socoltenango.

Quienes se quedaron en Chicomuselo no sólo viven con miedo y en alerta constante, sino con preocupaciones económicas. Debido al control que las organizaciones criminales tienen sobre el territorio, a los campesinos les cuesta llegar a su parcela o comercializar su cosecha, y a los transportistas viajar en carretera. Por eso hay desabasto de bienes de la canasta básica y los precios han subido.

De todos modos, Juan está convencido de que quiere regresar a Nuevo Morelia. 

“Salimos con lágrimas en los ojos y queremos regresar a nuestras tierras porque es nuestro lugar, donde tenemos para vivir y donde estamos adaptados”, dice. “En este momento tenemos poca esperanza, el gobierno nos ha dejado solos”.

Artículo publicado por Animal Político el 24 de enero de 2024.

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Juana y su esposo, Pedro Jiménez Méndez, junto con otras 5 familias de Las Abejas, se refugiaron en la comunidad de Acteal el 10 de agosto de 2019. Durante los primeros meses que transcurrieron en esta comunidad fría de los Altos de Chiapas fueron otras familias de Las Abejas quienes les entregaron su maíz y su frijol. Luego tuvieron apoyo de la parroquia de Chenalhó y del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM).

En Acteal, la pareja de poco más de 20 años perdió dos bebés. La diarrea y los vómitos empezaron para su hija María Angélica a pocos meses del desplazamiento. “Ella siente lo que ustedes sufren, su angustia hace que su hija se enferme”, dijo un curandero al matrimonio. La niña murió antes de cumplir el año. En aquel momento Juana ya estaba embarazada de María del Carmen, que falleció a los seis meses por las condiciones del desplazamiento.

“Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones hizo que ella se enfermara”, escriben en su blog Las Abejas de Acteal.

El pasado 20 de mayo, las seis familias desplazadas de Los Chorros llenaron cajas y costales con sus pocas pertenencias y las subieron a unas redilas. Viajaron en caravana hacia Los Chorros, acompañadas por otros integrantes de Las Abejas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Una vez llegadas a la entrada del ejido, siguieron el trayecto hacia su comunidad caminando y cantando, dándose ánimo.

Acoso paramilitar desde 1997

La violencia en Los Chorros no es cosa nueva. El ejido ha sido uno de los laboratorios donde la Sedena implementó su manual Plan de Campaña Chiapas 94, que contemplaba el adiestramiento de civiles armados para la guerra contrainsurgente.

“Los Chorros es la cuna del paramilitarismo de los años ’90. Aquí se ha formado un grupo armado priista cuyos vínculos con el Estado se han comprobado y que participó en la masacre de Acteal”, afirma Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba). “El grupo que opera hoy en día no está formado por las mismas personas que operaban en los años ‘90. Tampoco tiene las mismas armas o la misma estrategia, pero se trata del mismo ambiente, de la misma escuela que usa el miedo y el terror para controlar a la población”.

Hay varios grupos armados que operan en Chenalhó, atacando a la población del mismo municipio y de los territorios colindantes. De acuerdo con varias fuentes que consultamos, son financiados por la presidencia municipal. “El gobierno federal da mucho más dinero a los municipios indígenas de los Altos de Chiapas que a otros más grandes, como el de San Cristóbal de Las Casas. Con este dinero se arman estos grupos, que son manejados por las “dinastías” que se han formado en las presidencias municipales”, afirma el antropólogo experto en paramilitarismo Arturo Lomelí, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Sin duda Abraham Cruz Gómez, que ha sido presidente municipal de Chenalhó hasta que tuvo que dejar su cargo para dedicarse a la campaña electoral de 2021, pertenece a esta dinastía. Cruz Gómez es originario de Puebla, otro ejido donde se han formado los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal. Es hijo de Agustín Cruz, pastor presbiteriano que bendijo las armas utilizadas en la matanza, y es yerno de Jacinto Arias Cruz, quien en 1997 era presidente municipal de Chenalhó y ha sido señalado por la entonces PGR como el principal responsable de la masacre de Acteal.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) excarceló a Jacinto Arias Cruz por faltas al debido proceso – o sea por errores cometidos por parte del mismo Estado – junto con la mayoría de las personas sentenciadas por su participación en la masacre de Acteal. Poco después de que el ex presidente municipal de Chenalhó regresara al ejido Puebla, empezaron los ataques en contra de las bases de apoyo zapatista y de Las Abejas, hasta que 17 familias tuvieron que desplazarse.

Las elecciones de 2015 mostraron una vez más la cantidad de armas que existen en Chenalhó. Grupos priistas se enfrentaron con partidarios de Rosa Pérez Pérez del PVEM, cuyos hombres armados desplazaron unas 250 personas del ejido Puebla. En 2018, la presidencia municipal de Chenalhó pasó al tesorero de Rosa Pérez Pérez, el ya citado Abraham Cruz Gómez, cuyo rostro enmarcado por un sombrero tradicional tsotsil está en los afiches del PVEM para la campaña electoral de 2021.

De rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos

El 20 de mayo de 2021, mientras las familias desplazadas de Los Chorros regresaban a sus hogares, a menos de 20 kilómetros de distancia un campesino era herido en la mano por otro grupo armado de Chenalhó. Ocurrió en la comunidad de Ch’ivit, Aldama, municipio que mantiene una disputa sobre 60 hectáreas de tierra con Chenalhó. La víctima se llama Marcelino Santiz y se encontraba en su parcela cuando lo alcanzó una bala disparada desde Santa Martha, comunidad de Chenalhó donde opera un grupo armado que los presidentes municipales se han ido heredando. 

Se sabe muy poco de esta agrupación de corte paramilitar. De acuerdo con el CDH Frayba, está formada por cinco grupos que actúan de forma conjunta en contra de las comunidades. Los pobladores los ubican como rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos, según la forma en que visten.

A partir de febrero de 2018, cotidianamente y constantemente, este grupo dispara en contra de los pobladores de Aldama mientras se encuentran en sus casas, en sus parcelas o viajan en carro. En estos tres años asesinaron a 7 personas y 24 resultaron heridas. A causa de las balaceras, más de 2 mil pobladores de Aldama están obligados a desplazarse de forma intermitente: abandonan sus hogares y regresan cuando la intensidad de los disparos baja.

Unos meses antes de que el conflicto en Aldama recrudeciera, este grupo armado incursionó también en Chalchihuitán, que mantiene otra disputa de tierra con Chenalhó. Entre octubre y noviembre de 2017, desplazó a 5023 personas de este municipio tsotsil, que como Aldama es de los más míseros del país: de acuerdo con Coneval, más del 99% de su población vive en situación de pobreza.

Tras el desplazamiento forzado masivo, durante un mes el grupo armado de Chenalhó cerró las carreteras para que no entrara la ayuda humanitaria para los desplazados de Chalchihuitán. Once personas, entre ellos dos bebés, murieron de hambre y frío en el monte. Por falta de condiciones de seguridad, 1237 personas siguen desplazadas.

Las Abejas negociaron durante meses con las autoridades locales las condiciones de seguridad para el regreso de las seis familias desplazadas de Los Chorros. “Creo que se respetarán los acuerdos y podremos convivir con los partidistas de la comunidad, aunque tengo un poco de preocupación”, afirma Pedro Jiménez Méndez, esposo de Juana.

El joven estaba en una reunión para ultimar los detalles del acuerdo para el regreso, cuando su esposa Juana Ramírez Pérez caminaba con las demás familias desplazadas rumbo a su comunidad. Los pobladores de Los Chorros observaban la peregrinación de de Las Abejas, mientras unos músicos los acompañaban con guitarras y trompetas, cantando de la masacre de Acteal y de otras: Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tlatlaya. 

Fue justo el revuelo internacional que despertó la masacre de Acteal – donde la responsabilidad del Estado fue comprobada – que obligó a un replanteamiento en la estrategia contrainsurgente. Se dio prioridad a los programas asistencialistas y se sustituyeron las acciones llamativas con operaciones menos visibles pero continuas, que desgastan y quiebran psicológicamente a la población: unos balazos en Chalchihuitán, un herido en Aldama, unas niñas de Los Chorros muertas durante su desplazamiento. Cada día, día tras día. Acciones que no llaman mucho la atención y se vuelven nota para pocos medios. Por esto la fase actual del conflicto chiapaneco es llamada “guerra integral de desgaste”.

Juana, Pedro y su hijita se quedarán en la casa de los padres de él durante sus primeras semanas en Los Chorros, pues la suya está sin techo ni paredes. Las láminas han sido destruidas y las tablas de madera despegadas por los miembros del PVEM que los atacaron. La pareja regresa a su comunidad con esperanzas, pero sabiendo que como vecinos tendrán a las mismas personas que los desplazaron.

Artículo publicado en Pie de Página el 30.05.2021

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