No regresarán a Tila. Las familias que desde el 7 de junio tuvieron que abandonar sus casas en este municipio de Chiapas aseguran que no hay condiciones de seguridad mínimas para su retorno.

Lo decidieron el martes pasado, en una asamblea masiva y encendida que se celebró en la cancha de futbol rápido de Yajalón, donde comen y duermen, acompañados por el Ejército y autoridades de Protección Civil del gobierno estatal.

“¡Levanten la mano quienes se van a quedar!”, gritó al micrófono una mujer, recibiendo en respuesta centenares de manos levantadas. Los desplazados piden tener representantes en la mesa interinstitucional que, el lunes, acordó su regreso a Tila, y que les aseguró que las fuerzas de seguridad ya tenían control sobre el municipio.

“Exigimos una mesa de dialogo con participación de los pobladores”, decía una de las pancartas que mostraron durante la asamblea las personas desplazadas, algunas de ellas mestizas, que son dueñas de negocios de la cabecera de Tila, municipio ch’ol donde casi el 99 por ciento de la población vive en pobreza.

Piden a las autoridades garantías jurídicas sobre sus propiedades y que se detengan a los integrantes del grupo que llaman “los autónomos”, y que firma sus comunicados como “ejidatarios”, al que consideran responsable de los actos de violencia que se generaron entre el 4 y el 6 de junio y que, según cifras oficiales, causaron 3 muertos, 4 heridos, 2 mujeres violadas y alrededor de 4 mil personas desplazadas; además de 17 casas y 21 vehículos vandalizados. 

Tila: un conflicto de hace 60 años

Desde los años 60, los ejidatarios ch’oles de Tila mantienen una disputa sobre 130 hectáreas con el municipio, controlado por familias mestizas que están apoyadas por el gobierno del Estado. Sobre esta tierra los ejidatarios ganaron dos amparos, que nunca se han respetado y que quedan sin resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde que este conflicto empezó, las violencias no han parado en este territorio fronterizo con Tabasco, utilizado por grupos criminales como corredor para el tráfico de droga y personas. En Tila existen también intereses ganaderos y relacionados con la siembra de palma aceitera, además, según un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), existen apetitos extractivistas por la supuesta presencia de uranio.

En diciembre de 2015, ejidatarios que se declararon parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) tomaron la cabecera municipal y establecieron un gobierno autónomo. Expulsaron a Limber Gregorio Gutiérrez Gómez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa, que desde 2008 se turnaban en la presidencia. El matrimonio está acusado de tener relación e incluso haber hecho resurgir a Desarrollo, Paz y Justicia, el grupo paramilitar que nació en los años ’90 durante la guerra contrainsurgente hacia el EZLN.

Como ha ocurrido también en otros municipios de Chiapas donde el ayuntamiento ha sido controlado durante décadas por la misma familia, los pobladores de Tila sacaron a los caciques con la fuerza. Sin embargo, a pesar de su expulsión Limber Gregorio Gutiérrez Gómez sigue despachando desde El Limar y en las pasadas elecciones el PVEM arrasó una vez más. El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo instalar 12 casillas en Tila, pero en las demás la participación rebasó el 72% y el candidato a alcalde del PVEM obtuvo más de 23 mil preferencias, superando de unos 18 mil votos al Movimiento Ciudadano (MC), que es el segundo partido.

Versiones distintas del conflicto en Tila, Chiapas

Dos días después de las elecciones del 2 de junio Tila estalló, y hay tantas versiones de los hechos cuantos grupos en disputa. De acuerdo con un comunicado de “los autónomos”, un grupo llamado Karma habría atacado a tres ejidatarios que prestaban guardia, hiriéndolos. El conflicto, según ellos, se habría desatado después del ataque del Karma, con la finalidad de desalojarlo del pueblo.

“Hemos venido denunciando el grupo delincuencial Karma, que es apoyado por el Ayuntamiento Municipal y ha venido actuando impunemente porque han estado matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo el 12 de enero y Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, a quienes primero los señalaron y luego los ejecutaron con toda impunidad”, escriben los ejidatarios en un comunicado del 11 de junio.

Por otro lado, los desplazados que se encuentran en Yajalón aseguran no saber de la existencia del grupo Karma. Afirman que en Tila únicamente existen “los autónomos” y que las múltiples violaciones de la semana pasada no se originan a partir de enfrentamientos entre grupos rivales, sino son agresiones directas de “los autónomos” a los pobladores. Al mismo tiempo, reconocen que muchas familias de este grupo también tuvieron que abandonar Tila.

Una señora propietaria de una tienda de abarrotes relata que el 4 de junio se encontraba con su hija en la calle cuando empezaron los balazos. Tuvo que encerrarse en su casa, de donde salió hasta la madrugada del 7 de junio para abandonar Tila montada en un vehículo militar, tras la entrada a la cabecera de más de 500 elementos de las fuerzas de seguridad. La mujer finca toda responsabilidad de las violencias a “los autónomos” y asegura que las personas refugiadas en la cancha de Yajalón no pertenecen a ninguna organización ni grupo político, y que son puros pobladores.

Según la investigación de Emilio Pérez Pérez y Daniel Villafuerte Solís, en Tila existe un grupo disidente autodenominado “pobladores” que simpatiza con el PVEM y que, tras la expulsión de las autoridades municipales en 2015, ha buscado invalidar el amparo ganado por los ejidatarios.

La crisis humanitaria de Tila sigue. No hay un número exacto para describirla, pues muchos habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares se resguardaron en casa de familiares o amigos, y no son contabilizados en las cifras oficiales. De acuerdo con el presidente municipal de Yajalón, Jorge Luis Hernández Vázquez, unas mil 800 personas se refugiaron en los dos albergues que acondicionó el ayuntamiento, y unas 4 mil más se establecieron a una media hora de allí, en el ejido Petalcingo, municipio de Tila. “No nos dijeron su fecha de salida de Yajalón, pero estamos dispuestos a dar todo el apoyo hasta cuando sea necesario”, asegura el presidente municipal. 

The post “No hay condiciones de seguridad para regresar”, afirman pobladores desplazados de Tila, Chiapas, por la violencia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

El 4 de enero, Juan y su familia pasaron todo el día tirados en el piso de su casa, esperando a que la balacera se calmara. Duró unas 7 horas y fue cuando el enfrentamiento terminó que el ejército entró al ejido Nuevo Morelia, en el municipio de Chicomuselo.

Al día siguiente el campesino -cuyo verdadero nombre no diremos para proteger su seguridad- amaneció preocupado de que los enfrentamientos siguieran, convencido de que había que irse de allí. 

Su familia y sus vecinos estuvieron de acuerdo y el 5 de enero casi todos los 700 habitantes de Nuevo Morelia decidieron salir en caravana. 

Temían que algo pudiera pasar en la carretera y pidieron al ejército ser escoltados fuera de Chicomuselo, pero los soldados se negaron. 

Los pobladores tomaron camino, agarrando lo que pudieron -algo de ropa, unos documentos- y dejando lo que no les era posible llevar: su parcela, sus animales y sus muertos.

De acuerdo con los pobladores, fueron dos los vecinos fallecidos durante los tiroteos y unos veinte los muertos en total. 

Por su parte, la Fiscalía de Chiapas afirmó que “no hay reportes de homicidio por algún tipo de enfrentamiento”, y que “gracias a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, prevalece la tranquilidad y se garantiza la seguridad” de los habitantes de Chicomuselo.

Explotación de la mina de barita

La tensión en Nuevo Morelia subió la semana anterior a los enfrentamientos del 4 de enero, cuando el Cártel de Sinaloa rodeó la comunidad y el Cártel Jalisco Nueva Generación interrumpió sus labores de explotación de la mina de barita que se ubica en el ejido. 

“Quisieron proteger el material”, dice Juan.

La mina La Revancha estaba a cargo de la empresa canadiense Blackfire hasta 2009, cuando fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), tras el asesinato del opositor Mariano Abarca. 

De acuerdo con la respuesta que dio la Secretaría de Economía a una solicitud de información, a partir del año 2000 en Chicomuselo se han otorgado 15 concesiones mineras, sin embargo, después de la clausura de La Revancha los pobladores, que están organizados alrededor de la Iglesia católica, lo habían declarado “municipio libre de minería” y rechazaron las propuestas de explotación de las empresas.

En mayo de 2023, un ingeniero que había recibido una negativa del ejido Nuevo Morelia -en una minuta que se firmó en la delegación de gobierno- se presentó frente a la asamblea con unos hombres armados. Se identificaron como pertenecientes al Maíz, una presunta organización social creada por el CJNG, y afirmaron que se iban a llevar la barita que años atrás había sido extraída por Blackfire. 

Sucesivamente, el mismo Maíz empezó la explotación de la mina y comenzó la rehabilitación de la carretera que la empresa canadiense usaba para llegar al colindante ejido Grecia, en cuyo subsuelo se encuentra la mayor cantidad del mineral.

El cártel entró entonces con maquinaria y camiones pesados, resguardados por hombres armados. 

“Fue allí cuando se desarticuló la resistencia, no nos metimos con esta gente que ofrece armas y muerte. Nuestra lucha siempre ha sido pacífica y estamos totalmente ajenos a una lógica de confrontación armada”, afirma un poblador. 

“Hay camiones que suben y bajan todo el tiempo y no sabemos adónde llevan todo este material, ni quién lo compra”.

¿Qué es la barita y para qué se usa?

La barita es un mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros y es un buen negocio: de acuerdo con la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, hasta 2028 su mercado crecerá un 5.75% cada año.

En un documento de 2020 llamado Perfil del Mercado de Barita, la Dirección General Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía señala que la producción del mineral en México se localiza principalmente en Nuevo León, Sonora y Coahuila, y afirma que en el sector operan 4 empresas productoras y prácticamente un sólo consumidor: la industria del petróleo. 

“No existen contratos de venta, los productores deben responsabilizarse de la logística y llevar el mineral hasta los puntos de consumo. El productor de barita vende (a granel) el sulfato de bario directamente a las empresas contratistas de PEMEX (perforadoras de pozos petroleros)”, dice el documento. 

“Temporalmente, algunos pequeños mineros explotan sus yacimientos y venden el mineral a los medianos mineros con planta de beneficio propia, quienes lo agregan a su producción”.

Desplazamiento masivo de Chicomuselo

El ejército ya abandonó Nuevo Morelia y el CJNG tiene vigilancia permanente en su entrada. 

La mayoría de sus habitantes -como los pobladores de las cercanas comunidades de San Francisco Las Palmas, El Limonar y del barrio La Pinta- ya no viven allí pues se desplazaron a los municipios de Comitán, Jaltenango, Ángel Albino Corzo, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez.

Unos diez días después, otras familias tuvieron que dejar las comunidades de Chicomuselo a causa de los enfrentamientos y de la sucesiva confrontación entre el ejército y los mismos pobladores, que habían construido barricadas para impedir la entrada de los cárteles y rechazaron el ingreso de los soldados, al considerar que están coludidos con los criminales.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas afirma que en los albergues hay 701 personas, pero la mayoría de las familias desplazadas encontraron refugio en casa de familiares y amigos. 

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las personas desplazadas de la Sierra de Chiapas durante enero de 2024 son alrededor de 2 mil 300 y proceden de unas 20 comunidades de Chicomuselo, 7 de La Concordia y 3 de Socoltenango.

Quienes se quedaron en Chicomuselo no sólo viven con miedo y en alerta constante, sino con preocupaciones económicas. Debido al control que las organizaciones criminales tienen sobre el territorio, a los campesinos les cuesta llegar a su parcela o comercializar su cosecha, y a los transportistas viajar en carretera. Por eso hay desabasto de bienes de la canasta básica y los precios han subido.

De todos modos, Juan está convencido de que quiere regresar a Nuevo Morelia. 

“Salimos con lágrimas en los ojos y queremos regresar a nuestras tierras porque es nuestro lugar, donde tenemos para vivir y donde estamos adaptados”, dice. “En este momento tenemos poca esperanza, el gobierno nos ha dejado solos”.

Artículo publicado por Animal Político el 24 de enero de 2024.

The post Explotación ilegal de una mina está detrás de los enfrentamientos en Chicomuselo, Chiapas, denuncian pobladores first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Se cumplen 40 años de la llegada a territorio mexicano de las familias refugiadas, sobrevivientes del genocidio del pueblo maya llevado a cabo por el Ejército de Guatemala.

Kixtup, que en castellano sería Cristóbal

Cristóbal Pérez Tadeo aprendió a hablar su idioma a los 17 años. “Ya no quiero comunicarme con ustedes en castilla, quiero conversar en puro chuj”, dijo a sus papás. En aquella época, sí entendía la lengua de su familia, pero todavía no era capaz de hablarla.

Su padre, Yakin Pérez Hernández, y su madre, Elsa Tadeo García, que se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de refugiados guatemaltecos en Chiapas, entendieron su decisión. Desde hace algunos años, ellos también reflexionaban sobre la importancia de rescatar la lengua chuj, que en los 80 el gobierno mexicano les impuso perder. Ellos no la olvidaron, pero decidieron no enseñarla a sus hijos para que no se sintieran marginados por ser guatemaltecos en tierras chiapanecas.

Pero en realidad, a Cristóbal nunca le dieron vergüenza sus orígenes, así que, junto con otros hijos de refugiados guatemaltecos que habían conseguido una beca para cursar su licenciatura, empezó una reflexión sobre la importancia de recuperar y dignificar la lengua y la cultura que las políticas de mestizaje del gobierno mexicano intentaron borrar. 

“A las familias guatemaltecas el gobierno les dijo: ‘Se pueden quedar, pero bajo mis reglas’. No pueden hablar chuj, no pueden llevar sus vestimentas ni practicar su cultura adentro del territorio mexicano”, dice Melina Arredondo Velázquez, egresada del doctorado del Colegio de la Frontera Sur. De acuerdo con la académica, por temor a que sus hijos fueran discriminados, las familias chujes no solo no les transmitieron su cultura, sino tampoco les contaron la experiencia de la guerra.

“Por esto, en 2013 decidimos fundar el colectivo Hakib’al, que significa ‘nuestras raíces’. Vimos la importancia de definir quiénes somos y reivindicar nuestra cultura”, dice el joven que desde aquel momento dejó de llamarse Cristóbal y retomó su nombre chuj: Kixtup. 

Yakin, que en castellano sería Diego

Yakin Pérez Hernández tenía seis años cuando vio a dos hombres caerse del cielo, rotando en el aire como hojas soltadas de un árbol. Habían sido lanzados de un helicóptero por soldados guatemaltecos.

Era 1982 y el niño había encontrado refugio en la colonia Santa Martha, en Chiapas, a unos pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. En aquella época, el Ejército guatemalteco estaba implementando la política de “tierra arrasada” que, con el pretexto de eliminar la base social de la guerrilla, causó la muerte de unas 200 mil personas y barrió con más de 400 comunidades indígenas. 

Unos meses antes de llegar a Santa Martha, en julio de 1982, Yakin se encontraba en la aldea Chibalasun (municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango), cuando se difundió el rumor de que el Ejército acababa de cometer una masacre en la cercana comunidad de Petenac. Los papás y hermanos de Yakin huyeron, mientras que él y su abuela se escondieron debajo de una piedra. 

Los soldados nunca llegaron y tiempo después unos tíos decidieron acompañar al niño a buscar a sus papás. Caminaron tres días en el monte escondiéndose de los militares, sin comida ni agua, hasta llegar a Santa Martha. Allí, entre los centenares de guatemaltecos que deambulaban con los ojos perdidos en el conflicto que habían dejado atrás, Yakin reconoció a su papá, Mekel Diego Sebastián, y a su madre, Matal Hernández Pérez. Por fin se pudieron abrazar, pero su reencuentro no puso fin al miedo: la frontera era tan porosa que las incursiones del Ejército y de los paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) los alcanzaban hasta en territorio mexicano.

Las familias desplazadas se tuvieron entonces que desplazar más adentro, en una geografía donde todavía no existían carreteras internacionales ni combis, caminando entre monte y veredas. “La gente nos recibía con todo en sus casas: pasen, entren, escóndanse”, recuerda Yakin, que hoy tiene 46 años y vive en la comunidad de Nuevo Porvenir, Chiapas.

Fue en Amparo Agua Tinta, a unos 15 kilómetros de la frontera, que los desplazados centroamericanos tuvieron la ilusión de que su peregrinar había terminado: la comunidad les ofreció un terreno en la montaña, en el que construyeron un campamento donde por primera vez recibieron despensas y apoyo: llegó la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y, después de ella, la ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tomaron la coordinación del campamento, donde seguía llegando gente de Guatemala. 

En aquel tiempo, Yakin decidió dejar la escuela porque su maestro lo golpeaba con una vara por hablar chuj en lugar de castellano. Un joven de Amparo Agua Tinta se ofreció entonces a enseñarle a leer y escribir, marcando la vida de Yakin, que a los 14 años ya enseñaba castellano a los niños del campamento. Tiempo después se volvió traductor y lideró a un grupo de familias que no aceptaron dejarse borrar por el gobierno mexicano.

Matal, que en castellano sería Magdalena

Cuando las autoridades mexicanas ordenaron al pueblo chuj de quemar su vestimenta y llevar ropa occidental —para así supuestamente engañar al Ejército y las PAC que los iban buscando—, Matal Hernández Pérez se negó. Puso en una bolsa de plástico su enagua y su huipil de colores con una estrella bordada en el centro, y la enterró. Cuarenta años después, Matal sigue llevando su vestimenta chuj y nunca aprendió a hablar español.

La vida de Matal fue una eterna peregrinación, desde que en 1982 salió de la aldea Chibalasun con su familia, dejando atrás a su hijito Yakin Pérez Hernández. Durante nueve años vivieron en el campamento de Amparo Agua Tinta y en 1991 fueron reubicados en un lugar llamado El Porvenir, cerca de la frontera con Centroamérica, donde vivían unos 2 mil 500 refugiados. Cinco años después, tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el gobierno mexicano les presentó dos opciones: repatriación voluntaria o reubicación en asentamientos de Campeche y Quintana Roo.

En los años 90, más de 22 mil 800 personas aceptaron regresar a Guatemala y unas 18 mil decidieron reubicarse en la península de Yucatán, donde todavía viven. 

Fue hasta 2011 —29 años después de su llegada a México— que Matal y su familia fueron naturalizados, gracias a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. No todos los desplazados guatemaltecos lo son: algunos todavía no tienen su permiso de residencia permanente y hasta sus hijos nacidos en México siguen siendo discriminados por la burocracia mexicana.

Mekel, que en castellano sería Miguel

En ningún momento, Mekel Diego Sebastián quiso irse a vivir a Campeche o Quintana Roo. Llevaba toda la vida desplazándose con sus hijos y su esposa Matal y no quería seguir haciéndolo. Tampoco quería regresar a Guatemala. “Allá tenía poca tierra y aquí en Chiapas estábamos a gusto”, dice Mekel, al recordar el día en que el gobierno mexicano le impuso elegir si repatriarse o reubicarse. Él y su familia decidieron resistir.

Su hijo Yakin, que era representante de un grupo de desplazados, se acercó a un abogado de la ACNUR para pedirle asesoría para comprar tierra. Siendo que ningún refugiado contaba con documentos para adquirirla legalmente, la compraron a nombre de cinco menores de edad que habían nacido en México.

Fue así como en 1998 se fundó la comunidad de Nuevo Porvenir, en el municipio La Trinitaria, donde hoy en día viven 230 chujes. En total, son 12 mil 700 los refugiados guatemaltecos que se quedaron en Chiapas, entre los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, Frontera Comalapa y La Independencia. 

Nuevo Porvenir abarca solo 18 hectáreas; cada familia tiene una parcela muy chiquita y la comida no les alcanza. Por esto, muchos jóvenes acaban migrando a Estados Unidos o a los campos de frambuesa de Jalisco. Las autoridades mexicanas aparecen en la comunidad solo en periodo de campaña electoral y el apoyo del municipio en obras ha sido escaso: en su mayoría fueron construidas por la ONU.

Mekel y su esposa Matal no solían contar la historia de su vida, hasta que su nieto Kixtup le pidió explícitamente hacerlo. Ha sido duro reabrir las heridas, pero les quedó claro que la intención de los jóvenes del colectivo Hakib’al era sanarlas y construir una memoria colectiva. “Admiro mucho la valentía, la fortaleza que tuvieron mi familia y mi pueblo para enfrentar todo esto”, dice Kixtup, que hoy tiene 30 años y está estudiando un doctorado en la UNAM. “Seguido me preguntan si me siento más que guatemalteco o mexicano; yo contesto que me siento chuj”, remarca.

Artículo publicado en Animal Político el 31.10.2022

The post Huir de la guerra para instalarse en otro país: refugiados de Guatemala cumplen 40 años de llegar a México y defender sus raíces first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

“Lo mataron porque no quería involucrarse en desalojar personas y quemar casas”, dice Javier en entrevista con Desinformémonos. Cuenta que su padre fue obligado a invitar refrescos a unos veinte hombres armados que, mientras estaban afuera de la tienda, le dieron con un rifle en la frente. Se cayó en el piso, donde lo golpearon en la espalda, y finalmente le dispararon un balazo en la frente.

La historia de Javier no es la única. En total, son 244 los habitantes de Santa Martha – muchos de ellos niños y niñas– los que tuvieron que abandonar sus hogares el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo armado del mismo sector de Chenalhó atacó a sus casas por un conflicto agrario. Las familias desplazadas aseguran que dejaron atrás unas 100 viviendas quemadas, alrededor de 15 personas desaparecidas, siete personas adultas y tres menores de edad asesinados. El ejército se tardó dos semanas para ingresar al Centro de Santa Martha para patrullar la zona, aunque todavía no ha entrado a las comunidades donde fue el conflicto.
Este 26 de octubre las familias desplazadas marcharon desde Chenalhó hasta San Cristóbal de Las Casas para exigir retorno seguro a sus hogares y la desarticulación del grupo armado. Con los niños y las niñas al frente, pidieron justicia por los ausentes y castigo para los culpables. Acusaron a los agentes y al comisariado de bienes comunales de ser los jefes de la agrupación armada que, de acuerdo con ellos, usaron para despojarlos de las tierras que les pertenecen legítimamente.
La mayoría de las familias desplazadas por el grupo armado se refugiaron en Polhó, una comunidad que también se ubica en Chenalhó, donde empezaron a recibir ayuda humanitaria cinco días después su desplazamiento.

“El alimento no nos alcanza, hacen falta cobijas y medicamentos, hay niños enfermos y no tenemos atención médica”, afirmó hoy Manuel Gómez Velasco en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas, al final de la marcha. “Exigimos a los tres niveles de gobierno que vayan al lugar de los hechos. Exigimos desarme y castigo de los grupos armados y luego un regreso seguro. El gobierno les ha dado más atención a los asesinos que a nosotros”, añadió.

Al concluir la marcha, una delegación de las familias desplazadas se reunió con representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades locales de Chenalhó, quienes les prometieron aplicar justicia a los responsables.

“No confío mucho en su palabra, pues dijeron que van a hablar con el comisariado para que entregue a los culpables y no creo lo hará, siendo que es él quien mandó a matar”, dijo Reynaldo, Pérez del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que acompaña a las familias desplazadas.

La raíz del conflicto de Santa Martha está en una disputa agraria. En este sector de Chenalhó hay presencia paramilitar a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 2017 realizan ataques constantes en contra de la población de dos municipios colindantes, con los que Santa Martha mantiene un litigio de tierras: Aldama y Chalchihuitán. Fue aquí donde los ataques causaron, en 2017, el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

A finales de 2020, se firmaron acuerdos con ambos municipios que no llevaron a la paz, pero otorgaron a Santa Martha un total de 50 hectáreas de tierra, y es por el reparto de estas tierras que las tensiones en Santa Martha se recrudecieron, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando explotaron.

Artículo publicado por Desinformémonos el 26.10.2022

The post Desplazados de Chenalhó exigen desarme de grupos armados y retorno seguro en Chiapas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Fue tras muchas horas de camino que, el domingo antepasado, Margarita se pudo reunir con familias procedentes de distintas comunidades de Santa Martha en un campamento de desplazados que se improvisó en la localidad Majomut, en el colindante municipio de San Juan Chamula. Allí se juntaron 138 personas; entre ellas, hay niñas y niños, dos mujeres embarazadas y algunas enfermas de gravedad. Estuvieron totalmente abandonadas durante cinco días y fue hasta la mañana del viernes que Protección Civil de Chiapas informó haber entregado despensas, colchonetas, agua y pañales a los desplazados. Aseguró que se encuentran albergados con familiares y que se mantiene la posibilidad de activar unos refugios temporales.

“Según mis contactos en Santa Martha, el conflicto que empezó el 29 de septiembre ha cobrado la vida de unas 20 personas y muchas casas fueron quemadas”, dice Reynaldo Pérez, del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que está acompañando a las familias refugiadas en Majomut. “También hay personas desplazadas en San Cristóbal de Las Casas y otras siguen desaparecidas en el monte tras el desplazamiento forzado: hay familias que durante la fuga se tuvieron que dividir y perdieron a sus seres queridos”. 

Reynaldo Pérez desmiente además los rumores que llegan de varias partes, y que acusan a los desplazados de ser parte de uno de los grupos armados que operan en Santa Martha. Se trata de un sector del municipio de Chenalhó donde hay presencia de grupos armados a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las agrupaciones de hoy no son las mismas que entonces y, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), actualmente operan cinco grupos que la población reconoce y nombra por sus vestimentas: les dicen ninjas, exmilicianos, soldados, militares y rambos.

Estos grupos armados mantienen fuertes disputas de tierras con dos municipios colindantes: Aldama y Chalchihuitán, donde a partir de 2017 causaron muertes y el desplazamiento forzado de miles de personas. La población de ambos municipios vive bajo el acoso constante de los balazos de los hombres armados de Santa Martha, que ni los acuerdos que se firmaron en 2020 pudieron apaciguar. Lo que sí hicieron estos convenios fue otorgar tierras a los habitantes de este sector de Chenalhó: el acuerdo de noviembre de 2020 con Aldama les brindó 27.5 hectáreas, el que se firmó el mes anterior los volvió legítimos dueños de 22.5 hectáreas de tierras que anteriormente pertenecían a Emiliano Zapata, en el municipio de Chalchihuitán. 

Según afirman las familias desplazadas, es por el reparto de estas tierras que se recrudecieron las tensiones internas entre los grupos de Santa Martha. “Llevamos años cultivando las 22.5 hectáreas que eran de Emiliano Zapata y que ahora nos corresponden, pero el comisariado y los agentes de bienes comunales se organizaron para sacarnos a balazos y quitarnos el terreno”, dice Vicente Gómez Velasco. 

El campesino ya había tenido que desplazarse por la violencia el 25 de junio pasado, junto con unos 100 hombres más. Luego se abrieron unas mesas de negociación que permitieron su retorno, hasta que la semana pasada escuchó a unos hombres decir en el radio que iban a quemar su casa y asesinar a quienes allí se encontraban. Decidió entonces meterse otra vez al monte, ahora con toda su familia y otras 25 personas. Huyeron hasta llegar al campamento de desplazados, desde donde piden que el gobierno pacifique Santa Martha y desarme a los grupos armados que allí operan.

En la mañana del jueves, un convoy integrado por 14 elementos del Ejército, 12 de la Guardia Nacional y 30 policías estatales y municipales salió de la cabecera municipal de Chenalhó para ir a Santa Martha, donde hasta el momento ninguna autoridad ha ingresado. Sin embargo, a la altura de la comunidad Belisario Domínguez, el convoy hizo marcha atrás.

“Ya allá está tranquilo, ya no hay ningún problema, la gente que se desplazó en estos días regresó a sus viviendas”, dijo el jueves a la prensa Jesús Jiménez Velasco, comisariado ejidal de Santa Martha, antes de subirse al convoy militar. En realidad, ni los soldados todavía se atreven a entrar a la zona.

Artículo publicado en Animal Político el 8.10.2022

The post En Chiapas, militares frenan operativo para entrar en Santa Martha, de donde 138 personas se desplazaron por la violencia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

The post La violencia en Los Altos de Chiapas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017

The post Masacre de Acteal: el Estado mexicano es el responsable first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

En 2009, Villa Saldarriaga le informó a la Fiscalía de Medellín sobre la presencia de unos cincuenta cadáveres enterrados en La Arenera del Agregado San Javier, un sector más conocido como La Escombrera, ubicado en lo alto de la Comuna 13. Allá, presuntamente, fueron a parar los cuerpos de cientos de personas desaparecidas en los años de guerra entre las guerrillas y los paramilitares en Medellín, un enfrentamiento que llegó a su pico el 16 de octubre de 2002 con la Operación Orión.

Ese día, a la Comuna 13 entraron en la madrugada miembros de la Policía, el Ejército, el CTI, el DAS y la Fuerza Aérea, al parecer con el apoyo de grupos paramilitares, con el fin de expulsar del sector a guerrilleros de las Farc, el ELN y los Comandos Armados Populares (CAP).

La operación se extendió por varias semanas y, entre heridos, retenidos arbitrariamente, desplazados y desaparecidos, dejó más de 600 víctimas, según la Corporación Jurídica Libertad. Para 2013, la misma organización registraba a 104 personas desaparecidas forzadamente.

Con base en la información que más tarde dieron varios exparamilitares, se concluyó que muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas y arrojadas a La Escombrera. La insistencia de los familiares de los desaparecidos llevó a la Fiscalía a dar inicio a las excavaciones en el lugar en agosto de 2015. La exhumación duró cinco meses, terminó en diciembre de 2015 y no dio ningún resultado.

Los forenses no encontraron nada. Hoy, 15 años después de Orión, los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 todavía exigen exhumar los dos polígonos de La Escombrera que la Fiscalía aún no ha intervenido. Villa Saldarriaga fue uno de los paramilitares que conoció de cerca lo sucedido en la Operación Orión. Esto nos contó en entrevista exclusiva con ¡Pacifista!.

¡PACIFISTA!: ¿Usted cómo entró en las AUC?

Juan Carlos Villa Saldarriaga: Primero fui soldado, después me retiré del Ejército, y mataron a mi padre, secuestraron a mi madre y a mí me hicieron un atentado y me hirieron con varios impactos de bala. Al mes llegó una carta de un grupo de autodefensa del occidente antioqueño, del corregimiento San Cristóbal en el municipio de Bello, y me dice que yo era una persona estratégica para ingresar a las autodefensas, a una parte de la Comuna 13 de Medellín. Yo les concedí la reunión y fue allí donde me involucré en las autodefensas. Fue más bien por dolido de venganza, rabia e ira contra las milicias y las guerrillas, en especial con los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que mataron a mis familiares.

Explique el papel de las AUC en la Operación Orión.

Éramos los guías de la Operación Orión porque allá no nos dejaron entrar a nosotros. Ese fue el convenio que se hizo entre los comandantes míos con esa gente que entró a la operación.

Al decir “esa gente”, ¿se refiere a agentes del Estado?

Sí. ¿Qué hicieron supuestamente como “guías” de la Fuerza Pública? Se prestaron seis guías que salieron del corregimiento San Cristóbal. Eran exmilicianos [de la guerrilla] que se habían entregado a las autodefensas y que sirvieron para guiar al Ejército y señalar a aquellos líderes de la milicia que vivían allí.

¿Qué relación tenían las AUC con el entonces presidente Álvaro Uribe?

Todo el mundo dice que teníamos un convenio con Uribe. Yo no lo sé. De pronto los mandos altos tendrán más conocimiento de esto. Nosotros como mandos medios nos limitamos a recibir órdenes. ¿Que era claro que la Fuerza Pública no nos atacaba a nosotros? ¿Que ellos pasaban por un lado y nosotros pasábamos por otro? Es lógico que allí había algún vínculo. Varias veces tuvimos que apoyar a la Fuerza Pública en otros puntos fuera de la Comuna 13, cuando la guerrilla los arremetía. Supuestamente fuimos un segundo grupo de la Fuerza Pública para combatir a la guerrilla. Pero más vínculos que yo pueda confirmar, que por ejemplo haya visto al señor Uribe… sobre eso no tengo nada que decir.

Después de sacar a la guerrilla, ¿cuánto tiempo se quedaron en la Comuna 13?

Ya cuando tuvo dominio la Operación Orión, se da la retoma de esta comuna. No habíamos sido capaces de tomarla todavía porque no teníamos la cantidad de hombres para hacerlo. Éramos dieciocho hombres apenas, un grupo especial entre soldados retirados del Ejército y excombatientes del EPL y las Autodefensas de Casa Castaño. Estuvimos allí hasta 2003, cuando se desmovilizó el [Bloque] Cacique Nutibara. Nosotros, paradójicamente, después de que ya se había conciliado un poquito la Operación Orión, pasamos a estorbarles al Gobierno y a la Fuerza Pública y nos mataron al comandante alias El Paisa. Nos vimos obligados a abandonar la zona e ir al oriente antioqueño, donde comenzó una guerra contra el Bloque Metro que manejaba esta zona. Posteriormente se dio la desmovilización de una parte del Cacique Nutibara.

¿Por qué la fuerza pública mató a un comandante de las AUC si colaboraban con ella?

No entendemos, pero teníamos muchas ganas de pelearle al Estado. Pedimos esa autorización de pelea contra ellos y nos dijeron que no podíamos hacerle ni un tiro a la Fuerza Pública.

¿Quiénes eran las personas que ustedes desaparecían?

Guerrilleros. Muchachos seleccionados por sus excompañeros, por milicias que pasaron a trabajar con nosotros. Los sacaban de la Comuna 13 o de otras partes y se daba la orden de matarlos, de desaparecerlos o de sacarles la información.

¿Todas las personas que desaparecían eran guerrilleros?

No, no todas. Había violadores, cuatreros, ladrones de carros o moto. Lo que hacía daño a la sociedad era lo que íbamos desechando en el camino.

El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que integran madres de desaparecidos de la Comuna 13, sostiene que sus hijas y sus hijos no eran guerrilleros ni criminales.

No le puedo decir si eran buenos o no. ¿Hubo hartos desaparecidos de la comuna? Puede haberlos. Nunca me podrán decir las madres que me vieron con un fusil o una pistola allá metido en la Comuna 13 tumbando una puerta y sacando a un muchacho.

¿Por qué ocultaban los cadáveres?

No sé, eran órdenes directas. Por qué y cómo, no sé. Entre 2001 y 2002 comenzó a llegar la orden de no dejar a nadie por allí tirado en la calle. Antes, donde lo cogías se ejecutaba, y normal. Pero después comenzaron con esta doctrina.

¿Cuántas personas enterraron en La Escombrera?

Yo le hice una marcación a la Fiscalía de entre cuarenta y cincuenta personas. Les marqué tres puntos allí, cerca de donde entonces había un lago. El lago era drenado por un consorcio que lo utilizaba para poder lavar el material de playa en las partes bajas.

Mientras que ustedes enterraban cuerpos, ¿había una empresa trabajando allí?

Claro. [¡PACIFISTA! se abstiene de publicar el nombre de la empresa al no haber podido verificar la información dada por el entrevistado.]

¿Tenían relación con ella? 

De lo que sé… de pronto han tenido [relación] los señores ingenieros con los altos mandos. Es lógico que todo lo que había allí tenía que pagar impuestos a la organización. Esta fue una empresa retomada y quitada a sangre y fuego a la guerrilla, y luego pasó a mano de nosotros. Se hizo reunión en el caserío con la corporación […]. Pero no le podría decir cuánta plata saldría de allí para la organización.

¿Por qué cree que la Fiscalía no encontró ningún cadáver en La Escombrera?

¿Por qué se demoraron tanto en hacer la exhumación siendo que yo venía desde 2009 dándole esta información a la Fiscalía y sabiendo que ya había entregado dieciocho, veinte fosas? Mucha gente dice que de pronto Móvil 8 está mintiendo. Yo sé lo que viví allá y lo que tuve bajo mis manos, qué hice y no hice. Estoy jurando, no buscando mi beneficio. ¿Qué hizo la empresa […] que constantemente tiene su maquinaria allí? ¿Para dónde lo removieron?

¿Está afirmando que los cuerpos han sido sacados de allí? ¿No cree que, si alguien hubiera removido cincuenta cadáveres, al realizar la exhumación los forenses se habrían dado cuenta?

Pudieron haber sido removidos, porque allí tenían que estar. Porque yo sabía y no solamente fui yo. Fui con otros compañeros excombatientes e hicimos las mismas marcaciones.

Entrevista publicada en ¡Pacifista! el 16.10.2017

The post “Fuimos los guías de la Operación Orión” first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Por su cercanía con Miguel Alemán, base de las operaciones de los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia, la pequeña comunidad maya chol de Susuclumil (Municipio de Tila) ha sido elegida como sede de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su capítulo que está focalizado en la guerra contrainsurgente que se desató en Chiapas después del levantamiento zapatista de 1994. “El TPP es una institución que no tiene jurisdicción pero quiere ser voz de aquellos que han sufrido injusticias por parte del gobierno o de los grupos armados. Llevaremos estas causas a los niveles más altos de justicia internacional”, nos relata el miembro del jurado Guillermo Villaseñor.

La preaudiencia se llevó a cabo el 6 y 7 diciembre de 2013 y concluyó con la declaración de culpabilidad del Estado mexicano por brindar “cobertura, seguridad y apoyo económico a las fuerzas paramilitares”. Además, según los jueces del TPP, el estado no ha garantizado el acceso de las víctimas a la justicia y “existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos”.

Las conclusiones de los jueces se sacaron a partir de los testimonios de los familiares de las víctimas, que por motivos de seguridad prefirieron quedar anónimos. De estos se extrae que los paramilitares nunca atacaron a guerrilleros, sino a la población inerme: bases de apoyo del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), afiliados al PRD (Partido de la Revolución Democrática, agrupación socialdemócrata), integrantes de organizaciones populares que no apoyaban el oficialismo. Y de este modo las personas implicadas cuentan los asesinatos, descuartizamientos, violaciones sexuales, torturas y quemas de casas que vivieron en primera persona. Después de veinte años y las noches de insomnio el recuerdo sigue vivo, el dolor no se ha ido.

Frente a los jurados del TPP una mujer relata de cuando, aún adolescente, vio descuartizar a su padre. Algunos recuerdan el momento en que encontraron a un ser querido asesinado en una emboscada y otros los días difíciles pasados en la montaña a la intemperie, mientras los desplazados huían de la violencia de sus comunidades para encontrar amparo en otros poblados de la región, muchas veces dejando sus parcelas y sus casas quemadas por los paramilitares, con todas sus pertenencias dentro. Un hombre cuenta que en 1995, en la comunidad del Limar, estuvo encerrado quince días con otras personas en una casa rodeada por los grupos armados ilegales, hasta que finalmente algunos lograron huir a la ciudad de Palenque y otros a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Muchas personas afectadas por la violencia paramilitar han acudido a los tribunales de Tuxtla Gutiérrez para pedir justicia. De hecho, se conocen los nombres de quienes mataron y de quienes mandaron matar. Se conocen también sus caras, que los familiares de las víctimas siguen encontrando en las calles o en los palacios del poder, ahora convertidos en alcaldes o diputados, habiendo formado parte de las filas de Desarrollo, Paz y Justicia.

De hecho, los crímenes de los paramilitares siguen impunes. Así ocurrió con la masacre de la comunidad de Viejo Velasco, donde el 13 noviembre de 2006 alrededor de 40 integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), acompañados por unos 300 elementos de la Policía Sectorial, asesinaron a 5 personas, desaparecieron a 2 y desplazaron a 36, que nunca pudieron regresar a sus tierras.

Otro ejemplo de impunidad es el caso de la comunidad de Acteal, en los Altos de Chiapas, donde el 22 diciembre de 1997 un grupo de paramilitares del grupo Máscara Roja, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinó a 45 personas de la asociación Sociedad Civil Las Abejas de Acteal durante una oración. De los 87 paramilitares encarcelados, 51 fueron liberados. “Los liberaron bajo fianza y recibieron dinero, casa y tierra”, denuncia frente al TPP Rosendo Gómez Hernández, presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La asociación denuncia también la manipulación de los líderes comunitarios por parte de las autoridades a través de la entrega de dinero o regalos, que Rosendo Gómez Hernández define “balas de azúcar”.

Además, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la implementación de proyectos asistencialistas gubernamentales es otra etapa, empezada después de 1999, de la guerra de contrainsurgente que las autoridades mexicanas están librando contra las comunidades organizadas chiapanecas, con el objetivo de dividirlas y comprar a sus dirigentes. Sin embargo, aunque con diferente intensidad, la violencia paramilitar no ha terminado: los manuales de contrainsurgencia de los ’90 – “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Chiapas 2000” – se siguen aplicando tanto en la selva Lacandona como en los Altos de Chiapas.

Artículo publicado el 13.01.2014 en Upside Down World

The post El Tribunal Permanente de los Pueblos y la guerra de contrainsurgencia en Chiapas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

En el 2006, un grupo de mujeres campesinas desplazadas de San Cayetano, una comunidad de la zona Montes de María en la región del Caribe colombiano, constituyeron la Asociación Femenina Agropecuaria de San Cayetano (AFASAN).

Gracias al apoyo económico de la organización no gubernamental local Corporación Desarrollo Solidario (CDS) lograron comprar a privados 9.5 Ha de tierra que hoy sustentan a 16 familias.

“Sembramos hortalizas, tenemos ganados, un proyecto de apicultura y uno de piscicultura. Nuestros maridos nos apoyan en el trabajo, pero somos las mujeres que tomamos las decisiones”, explicó Duvis Ballestero, presidenta de AFASAN durante el Foro de la Tierra América Latina y el Caribe 2012, evento regional sobre el derecho a la tierra que se llevó a cabo el 27 y 28 de noviembre del 2012 en Cartagena de Indias. “Hoy nuestra finca se autosustenta y queremos ampliar la producción”.

A pesar del robo de cabezas de ganado y de las amenazas que sus integrantes recibieron por parte de los grupos armados ilegales, AFASAN se ha consolidado como un proyecto exitoso en una tierra difícil: Montes de María ha sido una de las zonas que más han sufrido las consecuencias del conflicto colombiano. Según datos oficiales, casi el 50% de su población ha sido desplazada por los actores armados que operan en el área: la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas en 1998.

A unos 20 minutos de San Cayetano se encuentra San Basilio de Palenque, donde se desplazaron los habitantes de la comunidad La Bonga.

“El 5 de abril del 2001, en La Bonga llegaron unos señores de las AUC repartiendo panfletos que decían que teníamos que desocupar la comunidad en 48 horas, y que de no hacerlo nos echarían”, relató Primitivo Pérez, de La Bonga. “Así que nos desplazamos y reubicamos en San Basilio de Palenque, donde pudimos construir nuestras casas gracias al apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales, mientras no tuvimos ayuda por parte del gobierno. La mayoría de nosotros sigue trabajando su parcela en La Bonga, recorriendo 12 km diarios. Un día se presentaron unos funcionarios del INCODER [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] para ofrecernos terrenos aún más lejos de aquí. Les dijimos que los recursos que tienen podrían invertirlos para que podamos trabajar la tierra que ya tenemos, pero ellos se fueron. Luego llegaron algunos empresarios y nos ofrecieron comprar nuestras parcelas; sólo un campesino aceptó. En abril del 2012 obtuvimos la titulación colectiva de nuestra tierra, así que nadie pueda vender”.

Un episodio aún más trágico lo vivió Luis Alfredo Torres, de El Salado, comunidad de los Montes de María donde las AUC cometieron unas de sus acciones más sanguinarias: en febrero del 2000, una incursión paramilitar dejó 66 víctimas y provocó el desplazamiento de más de 600 familias.

“En esta época en toda la región de Montes de María asistimos a desplazamientos que son despojos disimulados: por miedo y presiones la gente vende su tierra a bajo precio a las grandes empresas”, manifestó Torres.

Presión de los bancos
Un elemento de presión fue representado por las deudas que los campesinos de Montes de María tenían con los bancos. Éstas fueron causadas por la crisis de la venta de arroz ocurrida al principio de la década pasada, cuyo cultivo había sido impulsado por el gobierno durante la fracasada reforma agraria de los años 1960. Cuando el mercado colombiano se abrió al arroz estadunidense y chino, el negocio quebró y los campesinos, que no producían nada más que arroz, empezaron a endeudarse.

Tras la desmovilización de los paramilitares en el 2004 y la muerte en el 2007 de Gustavo Rueda Díaz, conocido como Martín Caballero, jefe del Frente 37 adscrito al Bloque Caribe de las FARC, la violencia se redujo en los Montes de María. Sin embargo, no se paró la compra de tierras de forma masiva a campesinos deudores.

En octubre del 2010, el legislador Iván Cepeda pidió información al Ministerio de Agricultura sobre la compra masiva de 37,273 Ha de tierras en Montes de María, denunciando que estas formas aparentemente legales de adquisición se dan en una zona donde fueron desplazadas más de 120,000 personas.

Según el informativo La Silla Vacía, el resultado de la investigación de la Superintendencia de Notariado y Registro fue que los 133 títulos que escogieron para el análisis están en manos de unas pocas empresas interesadas en el agronegocio, en la reforestación y en la exploración petrolífera, todas administradas por tres fideicomisos.

De todos modos, en una entrevista al diario El Tiempo, el empresario Álvaro Ignacio Echeverría declaró que “de esas hectáreas unas 1,000 eran de parceleros y nadie los presionó. Todo es legal”. Sin embargo, el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro ha denunciado también casos de irregularidades que permitieron la concentración de tierra, como la falsificación de documentos o la compraventa de una Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Montes de María es una Zona de Reserva Campesina (ZRC) —actualmente en Colombia hay siete—, figura establecida con la Ley 160 de 1994 que determina la existencia de áreas geográficamente delimitadas donde los campesinos sólo tendrían que poseer una UAF y donde, en acuerdo con el gobierno, tendrían que concertar un plan de desarrollo sustentable.

“En las ZRC se crean UAF que determinan la extensión máxima de tierra que puede pertenecer a una familia en una determinada zona. Ninguna familia puede tener más de una UAF y así se evita la concentración de la tierra. Admitimos que en muchos casos la Ley 160 se ha violado, estamos investigando sobre esto”, explicó Jennifer Mojica, del INCODER, durante el Foro de la Tierra.

“Esta ley se viola de manera permanente”, denunció César Jerez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), en el mismo foro. “El modelo del gobierno colombiano es agroexportador, y esto requiere de tierras. Tenemos que concertar un nuevo modelo de desarrollo, hacen falta soluciones estructurales”.

Artículo publicado el 23.01.2013 en Noticias Aliadas

The post Colombia: Campesinos sin tierra por acaparamiento first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.