A unos kilómetros de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, dos escuelas públicas operan en condiciones de exposición a contaminantes que, de acuerdo con mediciones ciudadanas y parámetros internacionales, implican riesgos para la salud. Testimonios de familias y datos de calidad del aire apuntan a una problemática que se ha agravado tras incidentes recientes en el complejo industrial, como el incendio de este martes que dejó cinco personas muertas. 

El jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro colindan con Dos Bocas: sus bardas están casi pegadas a las de la refinería, cuyo mechero quema gas constantemente y domina las instalaciones escolares.

“La escuela no queda en esta zona [del incendio], sino completamente del otro lado”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa mañanera de este miércoles, un día después del accidente que se produjo por una acumulación de residuos de hidrocarburos debido a las lluvias e inundaciones. En realidad, la distancia entre los planteles y el punto del incendio —que habitantes de Paraíso llaman “zona restringida”— es de unos tres kilómetros.

Atrás del jardín de niños, las instalaciones de la refinería. Foto: Orsetta Bellani

“Estamos preocupados por la situación a la que están expuestos nuestros hijos y por esto pedimos la reubicación; no es una cuestión política. La presidenta no está viviendo lo que nosotros”, dice María del Carmen Juárez Martínez, una madre de familia.

Para ella, las dependencias de gobierno “siempre tratan de ocultar las cosas”, igual que ahora con el incendio, del que la población de Paraíso se enteró primero a través de las redes sociales de los trabajadores de Pemex en lugar de por vías oficiales, como ha sucedido antes en otros conatos de incendios dentro de la refinería. 

La Red Ciudadana de Monitoreo de Calidad del Aire instaló un sensor cerca del jardín de niños y de la primaria, el cual muestra que entre julio de 2025 y enero de 2026, durante más de una semana al mes, las alumnas y los alumnos respiraron aire que, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es dañino para la salud.

Madres y padres de familia afirman que a partir de 2024 sus hijos empezaron a presentar síntomas que, de acuerdo con personal médico, en el 66 % de los casos pueden estar asociados a los contaminantes de la refinería: ácido sulfhídrico, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles.

Sin embargo, en la rueda de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que “se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y no salió de que [las escuelas] se requiere reubicar”; aun así —subrayó— se le pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) que lo hiciera.

De acuerdo con María del Carmen Juárez Martínez, antes de que empezara la construcción de la refinería, el entonces presidente López Obrador prometió la reubicación a las familias. “Lo que dijo la presidenta nos da una luz de esperanza, pero también nos pone a pensar que esto no es una petición de ayer, ya lleva años”, afirmó.

Los dos planteles de Paraíso se encuentran en Lázaro Cárdenas, una colonia de clase media que, horas después del accidente, cuando el incendio ya había sido apagado, estaba casi desierta hasta en las horas más frescas.

Aumenta la venta de vivienda en la zona. Foto: Orsetta Bellani

La gente pone a la venta sus casas

Animal Político realizó un recorrido por la colonia y pudo constatar que muchas de las casas ubicadas cerca del complejo industrial —que ocupa más de 700 hectáreas, antes cubiertas en buena parte por vegetación— hoy en día están en renta o en venta.

“Los dueños se han ido por el olor y la contaminación“, dice el trabajador de un Oxxo de Paraíso, con el tono de quien no se fue porque no pudo. 

Una mujer que vende tamales frente a la tienda de conveniencia asegura que el olor que pica constantemente la nariz no se debe al incendio registrado horas antes, sino que a veces es muy fuerte y a veces menos, a veces huele a gas y a veces a otra cosa. Como todo olor: es difícil de describir, pero es fácil entender “que no está bien”.

La contaminación del aire en Paraíso no afecta solo a los habitantes de las colonias más cercanas a la refinería, sino a la población en general, causando dolores de cabeza, mareos y náuseas. El olor es intenso desde la entrada a Paraíso por Puerto Ceiba, donde la carretera turística en sus orillas tiene restaurantes de ceviche y camarones.

“Fíjese que el agua en los charcos de Paraíso es negra y el polvo que se deposita en las hojas de los árboles también”, asegura la vendedora de tamales, mientras prepara una bolsa para un cliente.  No habla del ruido, tan fuerte como el de un cuarto de máquinas, que, a la par del olor, se desprende día y noche de la Refinería Olmeca.

Artículo publicado en Animal Político el 19 de marzo de 2026.

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En los estantes de su sala, el biólogo Roberto Rojo tiene el hueso de una mandíbula de tiburón y unos frascos con murciélagos y serpientes en formol. Los utiliza como material didáctico para concientizar a la población sobre la fauna del mar y de las cavernas de la Península de Yucatán. En el cuarto de al lado guarda todo tipo de equipo de espeleólogo y un folder con los mapas de las cavernas que dibujó con sus compañeros del colectivo Cenotes Urbanos que denuncia las afectaciones por el Tren Maya.

“Las autoridades locales conocían sólo 17 de las más de 300 cuevas que existen en Playa del Carmen y en el área a urbanizar alrededor de la ciudad”, dice al mostrar los planos que representan la contribución de Cenotes Urbanos, colectivo que reúne unas 600 personas, al proceso de mapeo del sistema de cavernas subacuáticas. El mapeo fue realizado a partir de los años ochenta por espeleólogos y buzos, y llevó al conocimiento de una red de más de 1,800 kilómetros de galerías que conforman el acuífero de la Península de Yucatán. Se trata de la única fuente de agua para los animales y pobladores de la región, y se muestra a todo el mundo cuando el suelo -es decir, el techo de una cueva- colapsa formando un cenote.

Roberto Rojo y sus compañeros recorrían habitualmente las cuevas subacuáticas que soportan la península cuando, un día de marzo de 2022, donde antes había selva encontraron excavadoras y concreto. Desde entonces se dedican a denunciar las afectaciones que el megaproyecto del Tren Maya está causando al acuífero yucateco, a través de las redes sociales y acompañando periodistas a conocerlas.

Las cuevas huelen a aceite

Roberto Rojo se adentra en la cueva Oppenheimer, entre Playa del Carmen y Tulum, una de las 122 cavernas impactadas por el Tren Maya sólo en el Tramo 5 Sur.

Camina con los pies sumergidos en el agua prístina de la cueva y en algunos puntos tiene que nadar. Cuida las estalagmitas y estalactitas, tan frágiles que se pueden romper con sólo tocarlas.

De repente huele a aceite y el ruido de las máquinas que construyen el viaducto del Tren Maya arriba de él se vuelve ensordecedor, a pesar de que en enero un tribunal de Yucatán dictó la suspensión de las obras de este tramo hasta que no se presenten los estudios correspondientes. A lado de las estalagmitas aparecen los pilotes, que atraviesan la bóveda de la cueva como si fueran pinchos. Para hacerle espacio, un taladro gigante ha raspado el techo y el suelo de la cueva creando hoyos perfectamente redondos por donde se introduce la camisa de hierro del pilote.

Daño ambiental por Tren Maya en cuevas se extenderá hasta el Mar Caribe: especialista

De acuerdo con Roberto Rojo, la luz que se filtra por estos hoyos modifica el hábitat de organismos que están acostumbrados a vivir en la oscuridad. Además, al perforar, el taladro polvoriza la roca caliza y produce una gran cantidad de partículas que recubren el suelo de la cueva y vuelven turbia el agua. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 Sur no contempla esta eventualidad, ni considera el impacto ecológico de la presencia de los pilotes o de los derrames de cemento, así que no existen estudios que investiguen sus implicaciones para el medio ambiente.

“Las columnas van forradas para que no se contamine el agua con cemento, con concreto, llevan una funda especial. Se hacen estudios para que no se afecten las zonas bajas, ríos, cenotes. Y donde puede haber algún riesgo se corrige”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 29 de febrero de 2024, durante la inauguración del Tramo 5 Norte. “No podemos, no debemos destruir el territorio”.

Sin embargo, cuando Roberto Rojo pasa su mano por la superficie de la camisa oxidada del pilote, se le embarra de aceite.

El aceite flota también en el agua alrededor de la columna, junto con unas manchitas anaranjadas que se desprenden de su hierro oxidado.

“Calculamos que hay alrededor de 15 mil pilotes como este sólo en el Tramo 5 Sur y puede ser que cada uno de ellos esté generando este mismo daño ambiental”, dice Roberto Rojo.

Lo que más le preocupa es que las afectaciones no quedarán aquí, pues las cuevas de la Península de Yucatán están interconectadas: esta agua se esparcirá por todo el acuífero yucateco, contaminando también el agua potable y el mar, la red de canales drena en el Mar Caribe.

Cemento derramado en cuevas debajo del Tren Maya

Cuando vio un pilote desgarrado debajo del agua a través de su mascara de buceo, Pepe Urbina pensó que se parecía a un monstruo gigante con su caja torácica abierta y las costillas a la vista. Sabía que la columna había sido implantada pocas semanas antes, y se sorprendió muchísimo al encontrarla “abierta”.

“No entendía como había podido suceder algo así: adentro del pilote desgarrado había grava y todo el concreto se había derramado. Luego intuí que las partículas grises que en los días anteriores había visto en el agua, y que llegaron a ser tan densas que me impidieron realizar el buceo, eran cemento”, dice Pepe Urbina.

“Estábamos buceando a unos cien metros de los pilotes y todavía había polvo gris depositado en el fondo, en un estado como gelatinoso. Lo moví un poco y se elevó en el agua formando un muro, literalmente no se veía nada. Luego hundí mi brazo para buscar el suelo natural de la cueva y no lograba alcanzarlo, cuando saqué el brazo, estaba lleno de cemento. No sabemos cuánto ha sido derramado, pero podemos imaginar que lo mismo se está produciendo en otros lugares que no podemos alcanzar”.

Cerca de la cueva donde Pepe Urbina y sus compañeros hallaron los pilotes desgarrados, se puede documentar otros derrames de concreto. En la cueva Dos Balas una parte del suelo está cubierta por una capa gris de un par de centímetros, donde quedaron huellas de animales como mapaches y zarigüeyas que bajan a la caverna en búsqueda de agua. La encuentran contaminada, pues en ella flota algo que se parece a “espuma de concreto”.

Durante un recorrido en la cueva Hoppenheimer, Roberto Rojo explica cómo el cemento llega a derramarse por el acuífero. “Para construir los pilotes que sostienen el viaducto hacen un agujero con una broca gigante, después meten la camisa de metal, luego viene una armadura de varillas y entonces vierten el concreto que va a sellar la columna”, dice.

Muestra unos hoyos en la superficie de algunas camisas de metal y dice que de allí irremediablemente saldrá el concreto una vez que las rellenen. Explica que, en otros casos, el derrame se da porque vierten demasiado concreto en la camisa y éste acaba rebosando por arriba, como cuando el agua escurre de una olla al hervir; o por debajo, que es lo que ocurre cuando la camisa no adhiere perfectamente al suelo de la cueva, como en la cueva Dos Balas.

Roberto Rojo cuenta que en 2021 fue invitado por un amigo a compartir sus preocupaciones y datos sobre las cuevas en las oficinas cancunenses del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que entonces estaba a cargo de las obras.

“¿A qué vienes? ¿Qué es lo que quieres?”, le preguntó con tono arrogante el encargado local de la dependencia, Raúl Bermúdez Arreola.

“Que se conserven todas las cuevas y cenotes de Quintana Roo”, contestó el biólogo.

“Háganles sus pinches congresos a los científicos para que dejen de estar chingando”, dijo Bermúdez Arreola dirigiéndose a su equipo.

Unos meses después el funcionario, que por su actitud prepotente fue bautizado “Lord Fonatur” en las redes sociales, fue separado de su cargo por actos de corrupción y acabó huyendo a Centroamérica tras haber golpeado a su pareja.

Artículo publicado en Animal Político el 4 de abril de 2024.

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“Nací a 200 metros del pozo petrolero, me crié en el medio de este desastre que para mí es la normalidad. Sólo cuando me mudé a otro lugar entendí que la vida aquí es diferente”, cuenta Donald Moncayo, originario de Lago Agrio, quien creció cerca de una de las 880 “piscinas” creadas por Texaco a lado de sus pozos, en las provincias de Socumbíos y Orellana.

“La compañía tiró desechos tóxicos en las piscinas”, explica Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. “Vertió alrededor de 68 mil millones de litros de agua tóxica y 680 mil barriles de petróleo que, puesto que las piscinas no están revestidas, se filtraron hasta los ríos y los acuíferos”.

De hecho, las llamadas “piscinas” son simplemente grandes charcos de crudo en plena Amazonía. Cerca de ellas se registran las tasas más altas de cáncer, leucemia infantil y abortos espontáneos del país. Además, el desastre ambiental causó el desplazamiento de los pueblos indígenas de esta parte de la Amazonía y comprometió su identidad e integridad cultural, firmemente asociada con la salud del territorio.

En 1993, un grupo de personas demandó a Texaco ante un tribunal de Nueva York y al año siguiente se creó el Frente de Defensa de la Amazonía, que reúne a cerca de 30 mil personas. La empresa logró trasladar el proceso a Ecuador y logró que, en 1998, el Estado suramericano liberara a Texaco de toda responsabilidad aceptando la forma en que remedió algunas de las piscinas. Donald Moncayo, habitante de la zona, muestra que el remedio consistió en cubrir de tierra los charcos  de crudo: sacó una muestra de tierra de una piscina remediada y la echó en un recipiente lleno de agua. En pocos segundos, ésta se hizo negra y aceitosa como el petróleo.

“En los Estados Unidos Chevron no hizo lo mismo”, denuncia Pablo Fajardo, abogado de los demandantes. “Aquí en el Ecuador se portó de esta forma criminal por ahorro económico y por racismo, porque consideran que la vida de los pueblos indígenas vale menos que la vida de cualquier norteamericano”.

En 2011 llegó la sentencia histórica: un tribunal de la provincia de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar 9. 5 mil millones de dólares y a presentar disculpas públicas por lo ocurrido. Puesto que la empresa no las presentó, el tribunal subió la cifra a 19 mil millones de dólares; es la multa más alta impuesta a una transnacional por compensación de daños ambientales.

“Un juez estableció el embargo de los bienes de Chevron”, explica el abogado Pablo Fajardo. “La compaña no tiene bienes en Ecuador, pero Argentina firmó un tratado que permite que allí se ejecuten las sentencia dictadas en otro país. Un tribunal argentino estableció el embargo del cien por ciento de las acciones y dividendos que la compañía tiene en el país, a favor de una cuenta especial a nombre de los afectados de la Amazonía ecuatoriana. Esperamos seguir de la misma forma en otros países. Está próxima una sentencia en Canadá para ejecutar la sentencia en el país norteamericano”.

Sin embargo, el 4 de junio pasado la Corte Suprema argentina revocó el embargo de las acciones y dividendos de Chevron. Además, el 15 de octubre, en Nueva York, comenzará un nuevo proceso donde la empresa acusa a los demandantes de haber corrompido a los jueces ecuatorianos. “El daño ambiental es tan evidente que no hace falta corromper a ningún juez”, reviró Pablo Fajardo.

Oleoductos y contaminación

Desde Lago Agrio sale el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), una tubería de 530 kilómetros que atraviesa tres provincias y transporta el petróleo desde el lugar de extracción hasta las refinerías de Esmeraldas, en la costa del Pacífico ecuatoriano. Junto con el oleoducto, en los años setentas nació la vía Quito-Lago Agrio, que Texaco construyó justo para levantar el Sote. La carretera permite el enlace entre la capital y la selva, y atraviesa una geografía de ríos y quebradas, de montañas de 3 mil metros de altura y de bosques tropicales. Viajar por esta carretera permite gozar de un paisaje extraordinario, aunque la mayoría de su trayecto está acompañado por el Sote, que está suspendido a menos de un metro del suelo. Según la ley, a 15 metros de cada lado de la tubería está prohibido todo tipo de construcción, pero los colonos colonizaron también la orilla de esta serpiente que corre hacia el océano: el oleoducto fue absorbido en la vida de los habitantes de la zona, que lo utilizan como tendedero para ropa, como asiento en la parada del bus y hasta como calefactor de un gallinero.

El 31 de mayo 2013, una falla en el Sote causó el derrame de 11 mil 480 barriles de petróleo, con los que se pueden llenar 1.3 piscinas olímpicas. La noticia no es tan sorpresiva: el Ministerio del Ambiente ecuatoriano informa que entre 2000 y 2010, la media de accidentes en los oleoductos del país fue de casi 50 al año. El derrame del 31 de mayo pasado creó una mancha de crudo de unos 400 kilómetros en el río Coca que llegó hasta el Napo, el río que desemboca en el Amazonas pasando por Perú.

Tocando la zona intangible

Con su mancha negra, el Napo bordea al Parque Nacional Yasuní, una magnífica porción de la Amazonía que alncanza el segundo lugar en el mundo en cuanto a biodiversidad. El derrame causado por el Sote no es la única amenaza a este paraíso terrenal: en el parque ya se explotan cinco bloques petroleros, y en su zona “intangible” se encuentran el 20 por ciento de las reservas petroleras del país.

La zona intangible – llamada ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) – es objeto de la innovadora Iniciativa Yasuní-ITT, lanzada por el gobierno de Rafael Correa en 2007. “La lógica de la iniciativa es que, a cambio de que Ecuador deje el petróleo presente en el subsuelo del Parque Yasuní, la comunidad internacional – sean personas individuales, países o colectivos – contribuya con dinero”, explica Osvaldo León, coordinador de la ecuatoriana Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). “El gobierno dice: no explotamos pero necesitamos dinero para los programas de desarrollo. La iniciativa fue acogida muy bien sobre todo en Europa, pero a causa de la crisis económica muchos se echaron para atrás”.

La Iniciativa Yasuní-ITT permitirá mantener en el subsuelo unas reservas de 846 millones de barriles de petróleo a cambio de una inversión por parte de la comunidad internacional de al menos 3 mil 600 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento de los recursos que Ecuador percibiría si opta por la explotación petrolera. Sin embargo, en el mismo mes de marzo del 2007, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con las empresas Petrobras de Brasil, Sinopec de China y Enap de Chile sobre la posible explotación del ITT. De hecho, el proyecto contempla también la “opción B”, que prevé la explotación del campo ITT en el caso en que la iniciativa no alcance el monto de dinero establecido.

El 18 de junio de 2013, durante una entrevista con una agencia alemana, Correa reconoció que la Iniciativa Yasuní-ITT no recaudó lo que se esperaba y anunció que al final de julio, el proyecto será evaluado el proyecto. Los movimientos sociales temen que el gobierno decida hacer a un lado la iniciativa y decidir explotar el crudo presente. “La Amazonía representa más del 30 por ciento del territorio de Ecuador, pero en ella vive menos del 10 por ciento de la población ecuatoriana”, relata Ermel Chávez, del Frente de Defensa de la Amazonía. “Por esto tal vez la mayoría de la gente está a favor de la explotación petrolera, que permite la construcción de obras gracias al dinero que viene de las regalías, pero los que vivimos aquí tenemos todo que perder. La política petrolera del gobierno es confusa: habla de conservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo quiere licitar nuevos bloques diciendo que utilizará tecnología de punta para no afectar al medio ambiente, aunque en la práctica no hay explotación petrolera que no contamine”. Chávez está convencido de que habrá explotación petrolera en el ITT, “aunque para recaudar lo fondos que el gobierno quiere hay otras alternativas: aplicando una tecnología mejorada pueden sacar más petróleo de los campos que ya existen y que están disminuyendo su producción. Otra forma para encontrar dinero es dejar de subsidiar los combustibles a las grandes empresas. La conservación tiene que ser una política de Estado, sin condiciones”, agrega.

Contaminación del tejido social

La explotación del ITT no causará sólo daños ambientales, puesto que la presión de las empresas que ya explotan al Yasuní es la causa principal del conflicto que desde 2003 sangra al parque. Desde que las compañías petroleras se instalaron ahí, empujaron a los pueblos indígenas hacia nuevos territorios a causa de la contaminación y del ruido, que les dificultan la caza y la pesca. Mientras algunos pueblos waoranis -como los taromenane y tagaeri- decidieron vivir en aislamiento voluntario como forma de resistencia para preservar su cultura-, otros waoranis aceptaron la presencia de las transnacionales petroleras. Napoleón Saltos, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, señala que una parte de ellos respalda los intereses de las compañas hasta el punto de realizar convenios de colaboración; incluso algunos jefes se vendieron.

El 5 de marzo de 2013, un grupo de taromenanes atropellaron a una pareja de waoranis con sus lanchas. Después de unas semanas, un grupo de waoranis armados con lanchas y rifles – proporcionados por las mismas empresas, de acuerdo con información del periódico digital El Sol de Pando– incendiaron y dispararon contra una cabaña de taromenanes. Treinta personas murieron y dos niñas fueron raptadas.

El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, estudioso de los pueblos indígenas del Yasuní, denuncia que el gobierno es el responsable de las “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, establecidas en abril del 2007. Afirma que el gobierno debe respetar el artículo 57 de la Constitución de Ecuador, que afirma: “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva”.

La explotación del oro negro amenaza a otros pueblos indígenas ecuatorianos. Con la XI Ronda Petrolera, cuyo término está previsto para el 16 de julio de 2013, el gobierno suramericano quiere licitar 13 bloques en el suroriente del país, en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, a través de contratos que serán firmados durante el último trimestre del año. La oferta fue presentada en Colombia, Estados Unidos, Francia, Canadá y China, principal socio comercial de Ecuador y país con que tiene una deuda de cerca de 9 mil 600 millones de dólares.

Osvaldo León, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), considera que las negociaciones tienen características nuevas con respecto a los gobiernos anteriores. “Con Correa cambió la orientación en el manejo económico, que quiere fortalecer las relaciones sur-sur”, explica. “Se privilegian los acuerdos con empresas de países del sur con mayor participación estatal, y por esto algunas transnacionales petroleras interpusieron demandas de reclamo al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones,institución del Banco Mundial nacida para resolver conflictos en materia de inversiones extranjeras). Cuando hay un concurso, las empresas con mayoría estatal tienen un nivel preferencial en la medida en que garantizan transferencia de know-how, mientras que los contratos de antes no preveían ninguna transferencia de conocimiento tecnológico”, señala. Agrega que una de las relaciones clave del gobierno ecuatoriano es con la empresa petrolera brasileña Petrobras, que pertenece al estado en un 51 por ciento. “Es una relación muy estratégica, puesto que el país carioca tiene un gran peso especifico en la región: el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil tiene más del 55 por ciento de las inversiones en desarrollo de América del Sur”, abunda.

El periódico gubernamental El Ciudadano reportó que las empresas que obtendrán la licencia de explotación de los nuevos bloques deberán realizar una inversión obligatoria mínima (en total, 115 millones de dólares) para el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas en esas áreas. Este dinero no será manejado por las compañías petroleras, sino entregado al Estado, que lo invertirá en los proyectos acordados con las comunidades.

Las nacionalidades indígenas ecuatorianas no creen que las obras prometidas compensen de verdad las afectaciones, ni que la explotación petrolera se pueda desarrollar sin afectar gravemente al medio ambiente. A través de su presidente Cristóbal Jimpikit, la Federación Shuar de Pastaza se declaró en pie de lucha: “Decidimos no permitir el ingreso de las empresas para realizar actividades de extracción en nuestro territorio. Declaramos el estado de máxima alerta frente a los planes de las empresas de ingresar a nuestras comunidades”.

Reportaje publicado en octubre de 2013 en Desinformémonos

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