Ellas saben lo que se siente vivir lejos de sus hijos. Además temían que, entre los niños “enjaulados” en las centros de detención en Estados Unidos, pudieran estar algunos de los que han apoyado en su paso por Tijuana. Por ello, estas Dreamers’ Moms, madres migrantes que fueron separadas de sus hijos tras su deportación de Estados Unidos, decidieron organizar una acción con sus compañeros de Espacio Migrante. 

El 30 de junio se reunieron en El Chaparral —el cruce fronterizo de Tijuana por donde salen los migrantes deportados— cargando mantas y bocinas. Ese día marcharon gritando: “Las familias tienen que estar juntas”. Esta es la principal consigna que desde hace cinco años, cuando fundaron su colectivo, pregonan.

Las historias de las Dreamers’ Moms son muy diversas. Algunas de ellas, tras su deportación, trajeron a sus hijos a México, pero no encontraron condiciones para que los niños se quedaran. Otras optaron por dejarlos en Estados Unidos, pues ahí tenían hecha toda su vida. Otras más no tuvieron siquiera la opción de escoger.

Newsweek en Español presenta los casos de tres madres migrantes que siguen a la espera de volver a reunirse con sus hijas e hijos.

“Tengo cinco años sin ver a mis hijas y más de un año que no sé nada de ellas, absolutamente nada”: Montserrat Galván Godoy

Carolina y Catalina conocen el castellano, pero no perfectamente. Lo pueden hablar, pero no logran escribirlo. En la escuela primaria de Villagrán, en Guanajuato, no se la pasaban bien: por las dificultades que tenían con el idioma participaban en las clases solo como oyentes, y sus compañeros les hacían bullying por su acento, por su historia. Por ser hijas de mexicanos que migraron a Estados Unidos, por ser gringas. Los niños les decían “huérfanas”, pues su papá no vivía con ellas; hasta las maestras las maltrataban. 

La mamá de Carolina y Catalina, Montserrat Galván Godoy, tampoco era feliz en Villagrán, su pueblo natal. A los 14 años migró a Estados Unidos, y en ese país nacieron sus hijas. Sentía que, de alguna forma, Carolina del Norte era su hogar pese a las dificultades que había pasado —dos años atrás había regresado a México para huir de su marido, un hombre violento que le causó un aborto por los golpes y que llegó a ponerle una pistola en la cabeza amenazando con matarla. 

Montserrat decidió entonces regresar a Estados Unidos. Agarró a sus niñas y se fue a Nogales para cruzar la línea, pero la agarraron con una visa que no era suya. Lo intentó también por Mexicali y tampoco lo logró. Después de dos meses esperando el momento oportuno para pasar, Montserrat decidió dejar a las niñas —que tienen nacionalidad estadounidense— con un primo hermano, para que las acompañara a Los Ángeles a encontrarse con su papá, y así evitar el peligro de cruzar la frontera irregularmente. 

“No me dejes, mamá”, le suplicó su hija más chiquita agarrándose de sus piernas. 

Montserrat tenía muy claro que no las quería dejar, sino alcanzarlas lo más pronto posible. Lo intentó por Piedras Negras, pero la Border Patrol la agarró al cruzar el río. La llevaron a un centro de detención en Eagle Pass, Texas. Ahí estuvo detenida durante un mes antes de ser deportada. Llegó a Guanajuato con su familia, traumatizada, enferma y deprimida.

“Como al mes mi marido me habla desde Estados Unidos y me dice: ‘¿Sabes qué? No quiero saber nada de ti, hazle como quieras, no te voy a regresar a tus hijas y hasta aquí se acabó todo’”. 

Montserrat cuenta su historia tomándose su tiempo, perdiéndose en los detalles. Sentada en el comedor de su casa de Tijuana, relata el porqué decidió mudarse a la ciudad norteña, hace cuatro años, a pesar de no conocer a nadie y no tener trabajo. Su única intención es estar cerca de la frontera para poder cruzar otra vez. 

Llevaba dos meses sin tener noticias de sus niñas cuando su marido la obligó a enfrentar un proceso legal vía Skype. El objetivo: quitarle la custodia de sus hijas quienes, en el juicio, declararon en contra de ella, afirmando que tomaba y las golpeaba. “Yo la tengo de ganar porque tengo a tus hijas —le había advertido previamente su marido por teléfono—, yo las puedo manipular a mi manera porque están viviendo conmigo, así que ya te chingaste”.

La rabia y la depresión ganaron una vez más. “No soy feliz; sí sonrío, pero siempre pensando en cómo estarán mis hijas, si comerán, si me extrañarán, si pensarán en mí”. 

En aquella época se sentía un poco más fuerte y menos sola, pues ya participaba en el colectivo The Dreamers’ Moms.

“Yo siempre estaba con la idea de quererme ir, de cruzar la frontera, hasta que mi compañera Yolanda Varona me dijo que no tenía que desesperarme, que tenía que tomar las cosas con más calma. En Estados Unidos sufrí de violencia doméstica y puedo aplicar para la visa tipo U e irme legalmente”, dice Montserrat. 

La visa tipo U es un permiso que puede ser solicitado por víctimas de actos de violencia de cualquier tipo en Estados Unidos, que hayan cooperado con la autoridad para capturar el agresor y que puedan presentar un reporte policiaco. Hay otra figura parecida que se llama VAWA, también creada para combatir agresores en la sociedad. Obtener este permiso es más rápido, pero se puede solicitar solo en caso de haber sufrido violencia doméstica por parte de un esposo que es ciudadano estadounidense o tiene residencia permanente.

Montserrat anhela obtener el permiso que le permita estar en el mismo territorio para acercarse a sus hijas.

“No pude decirle adiós a mi hija, no pude darle un último abrazo ni pedirle una disculpa por lo que fue una irresponsabilidad de mi parte”: Yolanda Varona

A Yolanda le encantaba su vida en El Cajón, en California. Ahí había llegado, procedente de Guerrero, casi dos décadas atrás con sus dos hijos pequeños. Tenía una visa de turista y no tenía planeado quedarse mucho tiempo. Pero la suerte le abrió puertas inesperadas: empezó trabajando de cocinera, luego de cajera y con el tiempo se volvió gerente. Finalmente consiguió ser la encargada de dos tiendas, con un sueldo muy bueno. Se sentía orgullosa de poder darle a sus hijos la vida que les había prometido.

Todos estaban felices. Los domingos los pasaban en la playa de Coronado: llevaban café y sillas, y se sentaban con los pies hundidos en la arena a ver caer el sol detrás del horizonte. Yolanda tenía también un novio, ciudadano estadounidense, y quería casarse con él. 

El 31 de diciembre de 2010, Yolanda salió en carro a México por la garita de Tecate, para acompañar a la abuela de su prometido. Era una cuestión que le tomaría diez minutos: cruzar la frontera, dejar la abuela, y regresar. Pero la revisión de migración fue más atenta de lo que imaginaba y, al descubrir que Yolanda era indocumentada, decidieron deportarla a Tijuana y castigarla de por vida. 

Yolanda nunca regresó a la casa donde sus hijos la esperaban para celebrar juntos el Año Nuevo. “Cuando llegué a Tijuana estuve meses en depresión, solo dormía y lloraba”, recuerda la mujer.

Una noche le rogó a Dios que le indicara lo que podía hacer para salir adelante. Cuando se despertó, se sentó frente a la computadora y buscó si en Tijuana había algún grupo de madres deportadas. No encontró ninguno, pero se contactó con una organización de Los Ángeles que se llama The Dreamers’ Moms, un grupo de madres migrantes indocumentadas que luchan para que no las deporten. 

“¿Por qué no haces un grupo en Tijuana? Así no estás sola y empiezas a luchar desde afuera”, le propusieron. Fue así como Yolanda fundó el grupo Las Madres Soñadoras, en Tijuana. 

Al principio se reunían solo para festejar cumpleaños, navidades, para platicar de cómo se sentían. Luego empezaron a acompañar a mujeres deportadas, con el apoyo de algunos abogados solidarios —como Jesús Grijalva— y también a canalizarlas en los albergues de migrantes, a organizar acciones al lado de la valla fronteriza a la orilla de Tijuana.

El grupo creció rápidamente: “Hubo un momento en que ya no cabíamos en la sala donde nos reuníamos”, recuerda Yolanda. 

De acuerdo con el informe anual “Migración y movilidad internacional de mujeres en México”, de la Secretaría de Gobernación, en 2017, 468 madres mexicanas deportadas dejaron en Estados Unidos a sus hijos y algún familiar. El año previo fueron 1,019 y, en 2015, fueron 1,064.

“Somos miles las mujeres migrantes separadas de nuestros hijos, y no es solo un problema mexicano: hay en muchas partes del mundo”, asegura Yolanda. De acuerdo con la activista, muchas madres hubieran querido traer sus hijos a su país, pero la deportación es súbita, “no te mandan a avisar”. Si al momento de la deportación los niños no se encuentran con la madre, la separación es inmediata. 

“En el caso de las madres solteras, a los niños menores de edad los recoge el servicio social y se los lleva a una casa de cuidado para luego darlos en adopción. La mamá no sabe dónde quedaron sus hijos y pierden inmediatamente comunicación”, explica. 

“Otras veces los niños se quedan con el papá, que en algunos casos al casarse con otra mujer decide cortar la comunicación con su exesposa, y no parece que a la mamá la deportaron, parece que murió. Empiezan a cambiar de números de teléfono, cambian de escuela a los niños, se cambian de domicilio y para la mamá se vuelve muy difícil volver a contactar a sus niños”.

Yolanda Varona es una de las dos Dreamers’ Moms que ya solicitaron una visa tipo U, y que espera tener respuesta dentro de un año. En su tiempo libre le gusta ir a pasear en Playas de Tijuana. 

“Desde el faro puedo ver perfectamente la playa de Coronado, donde caminaba con mis hijos”, cuenta. A veces se imagina que podrían estar justo ahí, en ese mismo momento, que también la estén buscando y que, de pronto, sus miradas se crucen.

“Fue muy difícil para mis hijos vivir en México porque a cada paso que daba me encontraba con una barrera”: Emma Sánchez

Emma Sánchez hojea unas fotografías donde se repiten los rostros de dos niños parecidos, uno pelirrojo y otro de cabello oscuro. Imagen tras imagen, los rasgos de los pequeños se vuelven más delineados hasta que, en otras fotos, aparece un bebé regordete. 

“Aquí es cuando me deportaron”, prosigue Emma, mostrando una imagen de su familia en la que todos se ven sonrientes. “Íbamos felices en el carro de California a Ciudad Juárez, íbamos cantando. A veces nos parábamos para sacar fotos”, cuenta.

Era el 6 de junio de 2006. Emma llevaba seis años viviendo en Estados Unidos, el país donde conoció a su marido Michael Paulsen, un veterano de la Marina, y con quien crió a sus tres hijos. Emma aún no tenía sus papeles en regla y para regularizar su situación tenía que acudir a una cita migratoria en el consulado de Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Decidieron ir todos juntos. En el auto iban haciendo planes para el futuro: con los papeles en regla, por fin podrían viajar por el país —querían llevar a los niños a Disneylandia e ir a Ohio para que Emma conociera a los padres de Michael—. Pero en Ciudad Juárez el oficial de migración estadounidense le dijo a Emma que ya no podía ingresar en el país. “Haz lo que quieras, tu esposa no va a regresar en diez años”, le dijeron a su marido.

“Fue el día más terrible de mi vida, sientes que se te acaba el mundo —recuerda Emma—. Tu mundo queda hecho pedazos en un instante, en un minuto”. 

Su marido decidió regresar a California para no perder su trabajo y Emma viajó hasta Guadalajara con sus tres hijos y una cesárea reciente. De allí se mudó a Los Cabos con su hermano, pero no encontró las condiciones para que sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se pudieran quedar. Entonces, solo los niños mexicanos podían ser inscritos a la escuela pública y ser vacunados; a Emma le  resultaba muy caro pagarles la colegiatura en una escuela particular y los trámites para obtener la doble ciudadanía para los tres pequeños.

Fue así como tomó la decisión más difícil de su vida: mandó a sus hijos a vivir con su marido, quien en el día con día se encontró criando a los tres niños solo. Ella se mudó a Tijuana para estar lo más cerca de su familia: desde hace diez años cruzan la frontera, cada fin de semana, para ir a visitarla.

Nos encontramos con Emma y sus hijos en Friendship Park, en el punto donde la valla pintada con murales, que separa Tijuana de Estados Unidos, acaba en el océano. Es un lugar simbólico: allí cada fin de semana las autoridades de San Diego permiten a los migrantes acercarse a la barrera para, a través de las escisiones, charlar con sus familiares en Tijuana. Alrededor de ellos la gente disfruta del sol, pasea por la playa, come helados y churros —hay una atmósfera alegre que contrasta con todo lo que el muro fronterizo supone.

Cada tercer domingo del mes, en Friendship Park, las Dreamers’ Moms y sus abogados solidarios brindan asesoría legal migratoria gratuita. Fue justo en Friendship Park donde, el 19 de julio de 2015, Emma y Michael celebraron su boda religiosa. “Me pareció una manera excelente de cumplir mi sueño de casarme por lo religioso y, al mismo tiempo, llevar un mensaje a las autoridades migratorias”, dice Emma. “Sentía que nuestra historia era una manera perfecta de demostrar que el amor no tiene fronteras, y sentía también el poder de representar a todas las madres deportadas”.

En la ceremonia participaron amigos y familiares de la pareja, y dos sacerdotes: uno del lado mexicano y otro del lado estadounidense, oficiaron la misa en dos idiomas. 

“El muro separa familias, pero jamás los sentimientos”, afirmó Emma ese simbólico día.

Los diez años de su castigo migratorio ya pasaron. Emma pensó que podría regresar a Estados Unidos de inmediato. No es así: aún falta más tiempo, más dinero, más trámites. 

El 23 de agosto Emma retornará al consulado estadounidense de Ciudad Juárez a que le hagan su última entrevista. Tiene esperanza de que finalmente le otorguen su permiso de residencia permanente. De conseguirlo, se volverá la tercer mujer de las Dreamers’ Moms que logre regresar a Estados Unidos legalmente. 

Artículo publicado en Newsweek en Español el 22.07.2018

The post Dreamers’ moms: tres madres deportadas luchan por regresar a EE. UU. con sus hijos first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Allí lo esperan unos jóvenes que cargan unas mantas que dicen “Bienvenidas FARC a la política” y “Construyamos democracia”. Cuesta imaginar que estos mismos muchachos que ahora brincan entusiastas y aplauden, con toda probabilidad hace unos pocos meses combatían en las montañas, o vivían en clandestinidad en las urbes colombianas.

Timochenko, que a partir de la firma de los acuerdos de paz prefiere presentarse con su verdadero nombre, Rodrigo Londoño, ya habla como un político. Ya no llama a la lucha armada, sino a la lucha en contra de la corrupción, ya ha asimilado las reivindicaciones de los movimientos sociales y habla de tolerancia, diálogo y reconciliación.

“Fueron más de 50 años de resistencia armada, llegados a su fin con la firma de los Acuerdos de La Habana. Dejamos las armas para hacer política por vías pacíficas y legales, queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente”, dice Rodrigo Londoño en su discurso. “Un país en el que en primer término la violencia desaparezca definitivamente del escenario de la política, en el que nadie sea perseguido, asesinado o desaparecido por pensar diferente. Impulsaremos una gran convergencia nacional, la conformación futura de un movimiento de movimientos que agrupe las más diversas propuestas de superación de la gran crisis nacional por medios pacíficos y democráticos”.

Los miles de personas presentes en la plaza central de Bogotá lo escuchan con atención. Difícil saber si llegaron para apoyar el acto público de lanzamiento del partido político de las FARC o si fueron más bien atraídos por la rica oferta musical.

El evento público se dio después de casi una semana de debates adentro del Congreso constitutivo de la agrupación política de las FARC. Allí unos 1,200 delegados entre exguerrilleros, exmilicianos e integrantes del Partido Comunista Clandestino (PC3) decidieron que el símbolo de su partido es una rosa roja con una estrella en el centro y que conserva el nombre FARC, convirtiéndolo en acrónimo de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Una decisión que muchos consideran un error estratégico, siendo que 83 por ciento de la población tiene una imagen negativa de la exguerrilla a causa de los centenares de crímenes que cometió.

“Si van a hacer un partido comunista viejo estilo y cerrado van a tener una presencia muy limitada en el país, pero si van a hacer un partido amplio mirando hacia el futuro, como ha dicho Timochenko, pueden tener un espacio para sus propuestas”, ha afirmado la periodista colombiana Marta Ruiz en la revista Semana, al evidenciar cómo la nueva agrupación podría sacar provecho de la gran crisis de credibilidad de la política y de los partidos tradicionales. Una crisis tan grande que, de acuerdo con los resultados de la encuesta Gallup Poll de agosto, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tiene una opinión favorable de 12 por ciento, dos puntos por encima de los demás partidos políticos.

***

Hay muchas imágenes que describen la nueva Colombia posacuerdos de paz. Unos policías que escoltan a los delegados de las FARC al Congreso de su partido. Un funcionario de Naciones Unidas que comparte con los periodistas el WhatsApp de un comandante de la exguerrilla. Unos marxistas que durante una rueda de prensa afirman haber solicitado un encuentro con el papa Francisco, e invitan a una reunión a su peor enemigo, el expresidente Álvaro Uribe.

Con mucha dificultad la FARC obtendrá una reunión con Uribe o con los integrantes de su partido, el ultraconservador Centro Democrático. El Centro Democrático ha sido el impulsor del No en el plebiscito de octubre de 2016, donde se preguntaba al pueblo colombiano si quería aprobar el texto de los acuerdos de paz. Si el Centro Democrático ganara las elecciones presidenciales de 2018, con toda probabilidad intentará tumbar las partes del acuerdo de paz a las que las negociaciones no pusieron candados muy resistentes.

“El gobierno está haciendo todo lo posible por cumplirle a las FARC, lo que es preocupante porque se montó un nivel de gasto exacerbado. Ahora para el gobierno la prioridad es darle dinero a las FARC, cuando tenemos 26 millones de pobres, más 12 millones en pobreza extrema”, afirma María Fernanda Cabal, diputada del Centro Democrático.

En realidad, según cálculos del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), el dinero que el gobierno prometió a los 6,900 guerrilleros y 1,541 milicianos para su desmovilización —220 dólares mensuales durante dos años más unos 660 dólares de entrada— equivale a los gastos de menos de una semana de guerra.

El acuerdo de paz establece que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenga asegurados diez curules y, como muchos colombianos, Cabal está preocupada también de que el Congreso se llene de criminales, acusación que muchos mueven a los miembros de su partido, especialmente a Álvaro Uribe, que tiene relaciones comprobadas con los grupos paramilitares.

“Me parece terrible que las FARC estén en el Congreso sin antes haberle contado algo de verdad al país. Vamos a ver acá en el Congreso al comandante de las FARC Iván Márquez y a todos los grandes asesinos, antes de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dice la congresista.

La JEP es la entidad que tiene el mandato de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por parte de todos los actores armados. De acuerdo con Diego Martínez, asesor jurídico de la delegación de paz en La Habana y miembro de la comisión jurídica que la creó, como en cualquier proceso de transición está previsto que aquellos que puedan ser sujetos de la JEP puedan participar en política. “La otra posibilidad era aplicar amnistías e indultos generales para todo el mundo, que es lo que hace la comunidad internacional en gran parte de los procesos”, explica Martínez.

***

Tras la firma de los acuerdos de paz, las FARC están promoviendo un gran lavado de imagen. Activísimos en las redes sociales, los cuadros de la organización hablan de paz, de reconciliación, de cuidado del medioambiente y de su capacitad de hablar con transparencia a diferencia de “algunos políticos”.

Los líderes del exgrupo armado circulan videos que muestran el lado humano y amigable de las FARC: guerrilleras dando pecho a sus bebés o guerrilleros sonrientes preparando árboles de Navidad, jugando al futbol, hablando de la importancia de la igualdad de género. En los últimos meses en Facebook aparecieron los rostros de los guerrilleros desmovilizados que se están incorporando a la vida civil, y que antes no tenían acceso a los celulares.

“Muchos cristianos salieron del clóset”, afirma riendo un exmando de las FARC al enseñarme, en la lista de sus amigos de Facebook, las fotos de sus camaradas recién llegados: cruces, parejas abrazadas, corazones, poses sensuales, perritos.

“Con Facebook la comunicación con la familia y con los amigos es más chévere, más cercana. Pero también es un riesgo poner las fotos porque este país está lleno de paramilitares. Nuestra preocupación es que se venga una arremetida y empiecen a matarnos”, dice una mujer que desde que entró en la guerrilla, hace 40 años, se llama Chiqui.

Las preocupaciones de Chiqui tienen fundamento. Entre abril y agosto se han presentado 12 homicidios de excombatientes de las FARC y 11 asesinatos de sus familiares, lo que evidencia la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP) a finales de la década de 1980: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui tiene 50 años —“¿te lo crees?”—, es chaparrita y muy enérgica. Se crio en una familia humilde de Bogotá, su papá militaba en las FARC y a los diez años decidió entrar en el movimiento armado M19. Allí combatió 20 años y, cuando la organización decidió desmovilizarse, pasó a las FARC. “Nunca he creído en las desmovilizaciones. En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan 200 años en el poder. Y no creo que el gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió”.

A Chiqui la encontramos en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Carlos Perdomo, en el Departamento del Cauca, una de las 26 aldeas que el gobierno tenía que construir para las FARC y que al final los guerrilleros tuvieron que edificar por su cuenta. Allí, a partir de enero, se concentraron tras dejar los territorios que ocupaban unos centenares de integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora se aburre, los días pasan lentos y todos parecen iguales. Para ocupar el tiempo, Chiqui prepara ambientadores naturales, o toma tinto [café] en la casa de su amigo Rubencho, una construcción sencilla que, sin embargo, representa la primera casa que el joven tiene desde hace mucho tiempo. A diferencia de la vivienda de Chiqui, la de Rubencho tiene baño y un cuartito que un día podría convertirse en una cocina. “No habiendo más, con mi marido me acuesto”, afirma Chiqui cuando le preguntamos si le gusta su nueva casa.

A Chiqui la encontramos el 13 de agosto pasado, cuando acababan de salir los tráileres de Naciones Unidas con las armas entregadas por los ya exguerrilleros. Desde aquel día, la ZVTN, como las otras 25 presentes en el país, cambió su nombre en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Allí siguen viviendo los excombatientes, preparándose para su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz.

“Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar cláusulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia”, explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz.

“En el acuerdo se establecen también unos principios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica. Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una que han llamado Economías del Común (Ecomun), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen: ‘Nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea, unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de las zonas veredales. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se siguen yendo”, añade Álvarez.

Chiqui está entre las personas que se quieren ir a vivir en otro lado. No tiene pensado dedicarse a ningún trabajo, pues “después de los 30 años nadie te da trabajo en este país”.

A la Zona Veredal, Chiqui trajo su perro Morocho y muchos recuerdos. Algunos muy duros —el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses—, otros bonitos: “Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad”.

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los 40 años que pasó en armas siente nostalgia: “Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la Plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ahora sabemos que no pasará”.

***

Ángel está seguro de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es solo para los comandantes, y que acabará siendo un partido corrupto y clientelar como todos los demás. El joven maneja su nueva moto por las terracerías que rodean el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Carlos Perdomo”. Mientras intenta no perder el control de su moto sobre las piedras lisas de la carretera, cuenta sobre su militancia de diez años en las FARC. Ahora que entregó su arma está decepcionado con los cuadros de la organización porque no lo están apoyando en obtener la amnistía que le permitiría caminar tranquilo por la calle.

“A mí no me interesan los beneficios económicos”, afirma Ángel. “Yo solo quiero los papeles para regresarme a mi casa, quiero criar a mi hijo de dos años, mi mujer me espera. Y quiero seguir estudiando telecomunicaciones”.

La felicidad para Ángel se encuentra cerca de aquí. Tres horas de carreteras de polvo, rodeadas de montañas cultivadas con plátanos, café y marihuana, lo dividen de su familia.

“Por estas montañas antes de los acuerdos de paz había tiroteos a todas las horas del día. Ahora está mucho más calmado, aunque a veces se siguen escuchando disparos por allí”, asegura Ángel.

Ahora que las FARC están quietas y desarmadas la situación está mucho más tranquila en el Cauca, uno de los departamentos donde la guerra ha sido más brutal. Desde hace tiempo en esta región hay tensiones muy fuertes entre la guerrilla marxista y los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos 15 años. Antes las dos organizaciones lograban convivir y a menudo las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

“Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra”, recuerdan unos mayores exgobernadores del Resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona Española arrinconó a los nasas. “La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo”.

Los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los demás grupos armados y las empresas.

“La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares”, afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. “No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados —según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara”.

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de un partido que representa más que nada la “jubilación para los comandantes”, llevó algunos guerrilleros a no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC había fricciones muy fuertes. Se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor”, explica Eduardo Álvarez de la Fundación Ideas para la Paz.

“Creemos —añade— que el gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades”.

Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto, afirma que las comunidades del Cauca están aprovechando este momento de calma aparente, en que la gente sale más de su casa.

Señala con la mano las montañas que nos rodean, que cuando el sol se mete se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembradíos de marihuana, y afirma que allí, antes de la desmovilización de las FARC, los ataques y las balaceras eran diarios. “Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos en otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazalete del ELN y del EPL y nos estamos preparando en un plan para enfrentar lo que viene”, explica Cuetia. “Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 8.09.2017

The post Colombia: el largo y sinuoso camino hacia la paz first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

“En aquel momento me pregunté: ¿a quién le habla? Era la primera vez que yo era negra”, recuerda Medhin. “Además me di cuenta de que esto era motivo de burla, o sea que ser negra no era cualquier cosa. Fue entonces que me cayó el veinte”.

Medhin es de Ciudad Victoria, su mamá es originaria de Texcoco y su papá nació en Eritrea, África Oriental. El hombre huyó de la guerra de su país, se exilió primero en Estados Unidos y luego en México. Logró estudiar gracias a unas becas y consiguió ser profesor universitario.

A pesar de su acento norteño, a Medhin siempre la han hecho sentir extranjera en su propio país por ser negra. Hace unos pocos años, una inquietud que tenía adentro la llevó a acercarse a las Jornadas de Afromexicanidad y Afrodescendencia, que cada año se celebran en San Cristóbal de las Casas, la ciudad donde vive. Allí conoció a unas mujeres que se asumían como afromexicanas.

“Encontrarlas fue maravilloso. Con ellas podía hablar de estas cosas que con otras amigas no hablo. Me sentí parte de una comunidad afro, de repente sentí pertenencia. Es algo que nunca había sentido más que en mi casa”, explica Medhin, quien desde aquel día empezó a asumirse como afromexicana. “El reconocimiento tardío de mi afromexicanidad corresponde a la invisibilización que la historia ha hecho de los aportes de las personas afrodescendientes en el país. ¿Por qué iba a reconocerme en una identidad que ni siquiera sabía que existía?”.

En varios elementos de la cultura mexicana se pueden individuar aportes de los pueblos africanos que llegaron al país: en algunos platillos, en algunas danzas y en la música, desde la marimba hasta el mariachi y el son jarocho.

“Hay poblaciones afrodescendientes en todo el país, aunque tras siglos de negación muchos no tienen memoria y no se reconocen como tales”, explica María Elisa Velázquez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y vicepresidenta del Comité Científico de la Ruta del Esclavo de la UNESCO. “Las regiones donde hay un mayor reconocimiento son la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, además de los estados de Veracruz y Coahuila, donde viven los mascogos, un grupo que por su historia ha estado más apartado”.

De acuerdo con la investigadora, los mascogos descienden de personas que huyeron de la esclavitud de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Recibieron tierras del gobierno de Benito Juárez, que implementó una política destinada a poblar el norte del país. Los demás afromexicanos son descendientes de las aproximadamente 250,000 personas esclavizadas que, según indican algunos cálculos, llegaron a México a partir del siglo XVI.

“La mayoría de ellas desembarcaron en Veracruz, que era el puerto autorizado para la llegada de mercancías, y las personas esclavizadas eran vistas como objeto. De allí eran trasladadas a la Ciudad de México y, luego, repartidas a las distintas zonas económicas que las requerían, entre ellas, la Costa Chica”, afirma María Elisa Velázquez.

“Otra vía de entrada fue el puerto de Acapulco, siendo que llegaron africanos también de la zona del Índico: de África Oriental y también de Nueva Guinea y de Filipinas. Muchos afrodescendientes llegaron a la Costa Chica a causa del contrabando que se daba por el Pacífico, posiblemente entre los puertos de Perú, Ecuador y algunas zonas de Centroamérica. Además, poblaron la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca las personas esclavizadas que huían de regiones aledañas como Puebla o Morelos. Eran conocidas como cimarrones y habían construido refugios en Huatulco y cerca del camino de la Ciudad de México a Acapulco”.

Solo en 2015 el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reconoció la presencia de poblaciones afrodescendientes en el país. De acuerdo con la Encuesta Intercensal de aquel año, 1.4 millones de personas se asumen como afromexicanas. Entre ellas, hay 705,000 mujeres que el próximo 25 de julio celebrarán el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana y Afrocaribeña.

Medhin Tewolde, que está atravesando un proceso de reflexión sobre su propia identidad afromexicana, decidió viajar a la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca para conocer a algunas de ellas con la intención de producir un documental para contar sus historias.

Foto: O.B.

ORGULLO Y AUTORRECONOCIMIENTO

“¿Cómo valoras haber nacido en una comunidad afromexicana? ¿Alguna vez te sentiste discriminada?”, pregunta Medhin Tewolde a Mónica Morales García, integrante de la Red de Mujeres Afromexicanas. “Te lo pregunto porque la ‘comunidad afro’ donde me crie solo eran mi papá y mis dos hermanos. En la escuela y en el barrio siempre fuimos los únicos negros”.

Mónica está sentada en frente de la videocámara de Medhin en la cocina de su casa, en El Zapotalito, una comunidad de la Costa Chica de Oaxaca que se asoma a la maravillosa Laguna de Chacahua. Cuenta que sufrió los primeros episodios de discriminación cuando, en la época del bachillerato, se mudó a vivir en la casa de sus abuelos, en la comunidad de Nuevo Progreso, para poder estudiar.

“Estudié en un bachillerato indígena y sufrí cierta discriminación. Lloraba porque mis compañeros me decían que era una negra vendepescado, que los negros siempre huelen mal, que son chocos [sucios]. Lo absurdo es que ellos me discriminaban como afro y yo los discriminaba como indígenas, no tenía esta conciencia aún”, recuerda Mónica.

En la Costa Chica, a pesar de que por un lado las poblaciones afromexicanas e indígenas conviven desde hace siglos dando vida a un gran mestizaje cultural, del otro se puede detectar racismo entre los dos grupos.

En un artículo publicado en el semanal Ojarasca, el poeta y escritor guerrerense Hubert Matiúwàa escribe que la rivalidad entre pueblos indígenas y negros ha sido promovida por la Colonia con la finalidad de impedir que se juntaran y se organizaran en contra de sus intereses políticos. Es el clásico “divide y vencerás”, que se concretó en brindar a los afrodescendientes posiciones sociales más importantes. En la Costa Chica, algunos fueron nombrados como capataces de los indígenas en las fincas, y en Chiapas en 1712 la Corona española mandó un ejército de negros y mulatos a reprimir la rebelión indígena de Cancuc.

Mónica tiene padre negro y madre indígena mixteca. La joven empezó a tomar conciencia de su ascendencia africana hace tres años; estudió la historia de su familia y de su región y se incorporó a la Red de Mujeres Afromexicanas.

“Esto cambió todo en mi vida: desde que entré en el movimiento me valoro más como mujer, me siento más orgullosa de lo que soy, de mi raíz, de mis ancestros”, afirma Mónica, quien imparte talleres de identidad en las comunidades de la zona, donde la mayoría de la gente sí se reconoce como negra, pero no como afromexicana.

“No puedes llegar y decirle a alguien: “Eres afro”. Por esto nos acercamos a la gente de distintas formas, por ejemplo, proyectando películas”, explica Mónica. El autorreconocimiento es el primer paso para un pueblo cuya existencia ha sido siempre negada.

Foto: O.B.

IDEOLOGÍA DE MESTIZAJE

A Mónica Morales no le gusta cocinar, pero prepara un caldo de bagre y jaibas con chile guajillo muy rico. Si no se encuentra afuera de la comunidad trabajando para la Red de Mujeres Afromexicanas, apoya a su mamá en el negocio familiar. Crían pollos y tienen, desde que ella estaba en la primaria, un molino donde todo el vecindario acude para moler maíz, café o chile.

Mónica y Medhin no tienen en común solo su ascendencia, sino también la pasión por la videocámara. La joven oaxaqueña ganó una beca del proyecto Ambulante Más Allá para producir un documental sobre una mujer afromexicana, pescadora y madre soltera, de la comunidad de Chacahua: “Siento que de esta forma le voy a poder dar al movimiento del que hago parte un poquito de lo mucho que me ha dado, que me ha enseñado”.

Para llegar a Chacahua desde El Zapotalito hay que cruzar la laguna, y tomar una camioneta que brinca entre los baches de una carretera de terracería. De un lado, un inédito panorama de nopales y manglares, del otro las olas embravecidas del Pacífico. Una chica de piel morena y cabello enrizado se mece en una hamaca en la playa, frente al restaurante El Pulpo Enamorado, esperando a que unos surfistas tengan ganas de comer. En la Costa Chica el cabello muy enrizado típico de los africanos es tan común que le han dado un nombre: cuculuste.

Atrás de los restaurantes de la playa se extiende la comunidad afromexicana de Chacahua. Allí se encuentra la casa de Alma Anaís Alvarado Chávez, una mujer que en alta temporada vende agua de fruta a los turistas, y en los demás periodos del año vive de la pesca. A Alma le encanta ir a pescar sola, sobre todo con el anzuelo. Cuenta de su orgullo por sus raíces negras, y de su activismo para el reconocimiento de los derechos de la población afromexicana, mientras sus hijos juegan alrededor de ella y su papá teje una red de pesca.

“Tú ni siquiera estás prieta, me dijo una vez un muchacho. Me sacan afuera de lo afro por mi color”, cuenta Alma, cuya piel es menos morena que la de muchas personas de la comunidad. “Entre las personas negras se discrimina, si una no es muy negra no te consideran como afro. Siempre me tengo que justificar, pero yo me siento afromexicana”.

Alma es, como la mayoría de la población mexicana, hija del mestizaje que se dio desde el siglo XVI entre los pueblos indígenas, los africanos y los españoles.

“En México, donde llegó desde África un número de personas esclavizadas que no se distancia mucho de las que llegaron a Colombia o a Estados Unidos, ha habido un mayor mestizaje con respeto a estos países por varios motivos. El más importante es el número mayoritario de poblaciones indígenas que desde los primeros tiempos convivieron y se mezclaron con las personas africanas y afrodescendientes. Es importante recordar que no existieron leyes religiosas que impidieran los enlaces entre grupos y que la esclavitud se heredaba a través del vientre materno, por lo tanto, muchos africanos preferían establecer relaciones formales o informales con indígenas para que sus hijos nacieran libres. Recordamos que en Estados Unidos se autorizaron los matrimonios mixtos en 1968”, explica María Elisa Velázquez, del INAH. “En México desde el siglo XIX comenzó a tener mayor importancia la ideología de mestizaje que excluyó de la memoria a las poblaciones afrodescendientes, pues coincidió con el auge de las ideas racistas sobre las poblaciones de origen africano. Desde entonces se empiezan a invisibilizar a los afrodescendientes; invisibilizar a los indígenas hubiera sido imposible siendo que representaban la mayoría de la población del país”.

Foto: O.B.

LUCHA POR DERECHOS

A menudo, en su programa radial, Maribel Santiago Arellanes lee algunas partes de los libros de María Elisa Velázquez. “Con las compañeras de la Red de Mujeres Afromexicanas estamos en un proceso de aprendizaje, y quise compartir lo que aprendí a través de mi programa Conociendo tu identidad afromexicana de la Costa Chica”, afirma la mujer, que desde hace un año transmite desde una radio privada de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero.

Maribel se declara orgullosamente afroamuzga. Se crio en la comunidad indígena de Tlacoachistlahuaca (Guerrero) y es hija de un hombre amuzgo y de una mujer negra.

“Cuando era niña vivíamos retirados del pueblo porque mi mamá era negra y no la querían, fue discriminada durante toda su vida, a pesar de que poco a poco empezó a entender el amuzgo”, recuerda Maribel. “En mi familia fui discriminada tanto de la parte indígena como de la parte negra porque era ‘hija del indito’”.

Maribel piensa que los pueblos indígenas viven en una situación de marginalización económica y social, pero prefirió incorporarse a la lucha por los derechos del pueblo afromexicano porque le parece aún más discriminado: no está reconocido en la Constitución federal y no puede beneficiar de apoyos por parte del gobierno.

El reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos es la principal demanda de las organizaciones que luchan por sus derechos. Estas, impulsadas por el misionero Glyn Jemot Nelson originario de Trinidad y Tobago, han sido creadas en México a partir de 1997.

“Entonces éramos un movimiento muy local, ahora somos un movimiento nacional integrado por más de veinte organizaciones, y estamos vinculados a escala internacional”, explica Sergio Peñaloza Pérez, presidente de la asociación civil México Negro.

Algunas reformas constitucionales locales, como la del estado de Oaxaca en 2013; de Guerrero, en 2014, y de la Ciudad de México, en 2017, llevaron al reconocimiento del pueblo afromexicano. Sin embargo, aún no han sido implementadas las leyes secundarias que permitirían el diseño de políticas públicas específicas para los afromexicanos. “Es como hacer el carro y no ponerle las llantas para caminar”, afirma el activista.

La mayor preocupación del movimiento para los derechos de la población afromexicana es que el Estado mexicano aún no ha acogido la recomendación que la ONU emitió en 2001, tras la Conferencia Mundial Contra el Racismo (CMCR) de Durban, para que los Estados que tienen población afrodescendiente la reconozcan en el ámbito constitucional.

“México como país miembro de la ONU asiste a las reuniones y firma los acuerdos, pero a 16 años de que se ha dado la recomendación aún no ha cumplido”, denuncia Sergio Peñaloza Pérez, quien el pasado 14 de febrero participó en una mesa de trabajo en el Senado para establecer un diálogo sobre el tema. “Nos prometieron informarnos constantemente sobre los avances de dicha iniciativa, pero hasta este momento no se han dignado a informarnos absolutamente nada. Hace cuatro meses solicitamos una segunda mesa de trabajo, pero no hemos tenido respuesta, esto lo traduzco en falta de voluntad y compromiso. Estamos pensando en tomar acciones de protesta mucho más fuertes”.

Foto: O.B.

El movimiento exige también que el gobierno federal asigne un presupuesto dedicado a las comunidades afromexicanas. “¿Qué queremos después del reconocimiento? Que se implementen políticas públicas a favor del pueblo afromexicano, y que realmente llegue lo que tiene que llegar, que se ejecuten”, afirma Asucena López Ventura, integrante y fundadora de la Red de Mujeres Afromexicanas de Guerrero. Asucena cuenta que en 2010 se incorporó al Movimiento Nacional Afromexicano donde, con el tiempo, llegaron más mujeres. Se dieron cuenta de que no se sentían suficientemente incluidas, y decidieron formar la red.

Las organizaciones sociales piden que los afromexicanos sean integrados en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para así poder recibir los programas del gobierno, o que se cree una dependencia específica para evitar, de esta forma, quitarle posibilidades de apoyo a los indígenas.

“No queremos dividirnos, al contrario, tenemos mucha solidaridad por parte de los pueblos originarios”, afirma Asucena. La mujer cuenta que, en Cruz Grande, el pueblo guerrerense donde vive, a la gente le cuesta reconocerse como afrodescendiente y, a pesar de su fenotipo, prefieren asumirse como indígenas.

“Aquí no hay negros. Yo soy india”, afirma María, la madre de Asucena, entre las risas de su hija y de Medhin. La señora de piel morena y de ojos grandes afirma no tener problema con el hecho de que su hija “ande con los negros”, que ve de buen ojo su activismo, pero ella, a pesar de ser negra de piel, no se siente afromexicana.

Cuando Asucena recita uno de sus poemas en frente a la cámara de Medhin, su madre la mira con orgullo:

“Perdóname usted, mi padre, pero no me debe detener / que esta lucha que he empezado no la debo retroceder. / Porque soy negra, vivo como negra, camino como negra, tengo cuerpo de negra, / hablo como negra, visto como negra y como como negra. / Entonces digo: negra, negra soy / y no solamente de la piel, sino negra, negra del corazón”.

“Lo negro viene en la sangre y en las raíces”, concuerda Fidela Javier del Carmen, una mujer de tez clara y cabello liso que tiene un abuelo afrodescendiente. “Me crie en una comunidad negra y me siento afromexicana”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 21.07.2017

The post Afromexicanos: La lucha contra el olvido first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Los choferes hunden sus tortillas en tupperwares llenos de frijoles refritos, esperando a que termine el mitin para salir en caravana hacia Tuxtla Gutiérrez. Se sumarán a la marcha-peregrinación convocada por el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite) para protestar en contra de la explotación petrolera de su territorio.

Unos centenares de metros más allá, en el parque central del pueblo, la gente forma un círculo alrededor de algunos integrantes del Zodevite. Hablan de la resistencia que buena parte de los 60,000 hablantes zoques han organizado en su territorio, en el norte del estado, desde que en agosto de 2016 el gobierno lanzó la Ronda 2.2, con la que se pretende licitar dos bloques petroleros en varios estados de la república. Dos de ellos están ubicados en tierras zoques, y abarcan 84,500 hectáreas de tierra y nueve municipios.

A lado del quiosco de este pueblo militarizado por la presencia de una represa, los integrantes del Zodevite se pasan el micrófono y calientan los ánimos. Comentan la sorpresiva decisión de la Secretaría de Energía (Sener), tomada justo el día anterior, de excluir las dos áreas contractuales que se encuentran en territorio zoque de la Ronda 2.2, al fin de prolongar el proceso de consulta con las comunidades indígenas locales. El comunicado de la Sener aclara que, sin embargo, la licitación podría incluirse en futuras convocatorias. Ya en abril pasado el gobierno había modificado la Ronda 2.2 a causa de la resistencia de la población, y decidió ampliar tres meses su plazo.

“La decisión de la Sener muestra que nuestra lucha no es en vano, pero la verdadera victoria será lograr la cancelación del proyecto, porque ahorita solo lo suspendieron temporalmente, pero van a regresar. Tenemos que seguir organizándonos”, afirma Silvia Juárez Juárez, activista zoque del municipio de Tecpatán.

Silvia Juárez es una de las 12 mujeres que el 7 de setiembre de 2016 fueron a interrumpir la reunión que el presidente municipal Armando Pastrana Jiménez, junto con otras autoridades locales, estaban teniendo con el secretario y el subsecretario de Energía del gobierno federal en Tecpatán.

Desde entonces, denuncia la mujer, siempre hay alguien que la vigila en la calle. La persecución en su contra tocó su ápice el pasado 21 de febrero. Se encontraba en Tuxtla Gutiérrez cuando unos hombres vestidos de civiles se le acercaron, la agarraron del cabello y la metieron en un carro blanco. Allí le informaron que tenía una orden de aprehensión por secuestro, motín y daños, y que todo lo que dijera podía ser utilizado en su contra. La llevaron a la cárcel del Amate, donde estuvo encerrada durante 35 días, hasta que logró su excarcelación gracias a la movilización de sus compañeros.

“Y fíjese que el día de la quema de la presidencia municipal, el delito del que se me acusa, yo ni siquiera estaba en Tecpatán. Hay gente que le consta”, asegura Silvia Juárez, que sigue bajo proceso.

El palacio municipal del poblado zoque es hoy un edificio espectral. En la fachada quedan los rastros negros del fuego, hay basura amontonada en la entrada, los vidrios están rotos y los utensilios que se encuentran adentro están tirados en el piso.

“Hubo un incendio”, contestan incomodas algunas transeúntes a las que preguntamos qué ha pasado allí. Pero no se trató solo de un incendio.

De acuerdo con medios como Excélsior y El Financiero, el 13 de febrero un grupo de pobladores de Tecpatán armados con machetes y armas de fuego, destrozaron el interior del edificio y lo quemaron, porque el edil no daba respuesta a sus demandas de infraestructura.

“Lo de la presidencia no tenemos nada que ver”, declara Lucas Nañes Castellano del Zodevite, una de las 29 personas que tienen orden de aprehensión por la quema del palacio municipal. Según su versión, los pobladores fueron a solicitar una audiencia con el edil y fueron agredidos verbalmente. De allí se generó tensión entre las dos partes, que terminó con la llegada de un grupo de choque formado por personas del mismo pueblo, cercanas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el mismo del presidente municipal.

“Llegaron con disparos y garrotes en contra de los manifestantes, y después empezó a arder la presidencia”, afirma Lucas Nañes Castellano, un hombre de tez clara y de barba canosa, y que sin embargo afirma sentirse zoque: “Nací en Tecpatán, me crie con los zoques y me siento indígena”.

EL PUEBLO CREYENTE

“Lucharemos hasta la última gota de sangre para la madre tierra”, afirma el padre Marcelo Pérez Pérez. Lleva unos pantalones de mezclilla negros y una playera, y se mueve cuidando de no pisar el cable del micrófono. Detrás de él, un gran abanico gira a toda velocidad para aliviarlo de la humedad del mediodía, que anuncia un aguacero.

Estamos en la iglesia católica del pueblo de Ixtacomitán, en el norte de Chiapas, y no se trata de una misa, sino de una asamblea del pueblo indígena zoque inconforme con la explotación petrolera de su territorio.

Padre Marcelo es un sacerdote diocesano, coordinador de la pastoral social de las tres diócesis de Chiapas y párroco de Simojovel de Allende. El religioso, que por sus denuncias en contra del crimen organizado recibió numerosas amenazas de muerte, recuerda la lucha de Villa y Zapata y advierte sobre la posibilidad de que lleguen a la región zoque representantes de los partidos políticos para cooptar y dividir al movimiento. “Van a llegar con la tentación, pero hay que ser bien firmes”, afirma el sacerdote diocesano, que subraya cómo hasta la palabra “partido” esconde la intención de dividir.

“El proyecto de extracción petrolera es de grandes corporaciones extranjeras que tienen sometidos a los tres niveles de gobierno. Es un Goliat como bien lo decía el padre Marcelo”, afirma un joven. “Esta lucha estratégica para conseguir los recursos naturales del territorio zoque necesita una resistencia estratégica”.

Se debate sobre los detalles de la marcha-peregrinación. Se decide organizar la movilización para el 22 de junio, se establece el itinerario de la marcha y se habla de la reunión con las autoridades que se dará después de la peregrinación en el Palacio de Gobierno del Estado.

Padre Marcelo comparte algunos consejos prácticos, pues él ya acompañó a varias peregrinaciones del Pueblo Creyente. La más reciente ha sido en noviembre de 2016 y ha cruzado las carreteras de medio Chiapas: los integrantes del movimiento caminaron durante 12 días para protestar en contra de los megaproyectos. “Les aconsejo crear una comisión que elija las consignas. Nosotros tenemos una que dice: Jesús Cristo vive, la lucha sigue”, afirma el sacerdote.

“El Pueblo Creyente es el movimiento con más base social que hay en Chiapas. Fue la respuesta política de la diócesis cuando hace el deslinde de la vía armada de las Fuerzas de Liberación Nacional y el EZLN”, explica Gaspar Morquecho, periodista y antropólogo que lleva casi cuarenta años viviendo en la región. “En el Pueblo Creyente hay de todo, hay de zapatistas y de partidos políticos, todas personas que se mueven alrededor de la Iglesia católica y en la lógica de la teología liberación”.

El Pueblo Creyente nació al principio de los años 90 tras la detención de Padre Joel Padrón, que a la par del padre Marcelo era párroco de Simojovel, y está presente en el territorio la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que ocupa un poco más del 50 por ciento del estado. Se vincula también con parroquias que se encuentran en otras diócesis, como en el caso de la región zoque.

“Las peregrinaciones del Pueblo Creyente no son peregrinaciones como comúnmente las conocemos en México, sino tienen una marcada propuesta de defensa de la vida y del territorio desde la fe. Se trata de una fe con causa”, explica Jorge Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), una organización creada al final de la década de 1980 por el entonces obispo Samuel García Ruiz.

Desde la llegada de don Samuel a San Cristóbal de Las Casas, afirma Hernández, la diócesis chiapaneca ha estado comprometida en acompañar los procesos organizativos de las comunidades campesinas e indígenas. El exobispo no veía los pueblos indígenas como un objeto de evangelización y adoctrinamiento, sino como sujetos dueños de su propia historia.

LAS PRISAS DEL GOBIERNO

El recipiente lleno de pozol de cacao frío se acaba pronto, la mujer que lo vendía ya desarma su puesto y se va. El calor ha sido tenaz y el asfalto ha dejado los pies cansados.

Es el 22 de junio y el Pueblo Creyente que marchó durante más de cuatro horas en Tuxtla Gutiérrez busca un poco de sombra debajo de los árboles que rodean el parque central de la ciudad. Otros sacan sus gorras y sombrillas, y se reúnen delante del escenario construido frente al Palacio de Gobierno del estado de Chiapas.

“No tengamos miedo de luchar, está sustentado en la Biblia, no puede quedarse callada nuestra Iglesia. Dios es el primero que levanta la voz denunciando: “No matarás”, y destruir la madre tierra es matar la humanidad”, afirma el padre Marcelo. A su lado, están sentados los párrocos de la región zoque, que cargan un estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Un integrante del Zodevite lee un comunicado. Relata las irregularidades que se cometieron en las anteriores licitaciones de contractos petroleros, como la asignación durante la Ronda 1.3 de un bloque al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que representa uno de los mayores impulsores de la reforma energética de 2013.

En las fases de diseño de los contratos petroleros el investigador del sector energético Omar Escamilla encontró más de cincuenta alteraciones. “Por ejemplo, ha habido casos en que el gobierno pide a las nuevas empresas operadoras una menor cantidad de obligaciones en términos ambientales, sociales y financieros respecto a las publicaciones originales de bases de licitación, y a los modelos de bases de producción. Por ejemplo, en la Ronda 1.4 no pidió a las empresas contratar a un tercero independiente para que pudiera realizar un estudio sobre los impactos sociales y ambientales que pudiera generar la extracción de hidrocarburos”, afirma Escamilla. “Además, las licitaciones se están haciendo de forma muy apresurada, desde que comenzaron las rondas en 2015 se han realizado cinco licitaciones y se tiene programada una más para julio de este año. El objetivo parece que es facilitar que los capitales privados ingresen a extraer recursos, adelgazando los requisitos y normas regulatorias que el estado pide”.

EL APETITO DE LOS PODEROSOS

En el comunicado que leen en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, los zoques afirman que la explotación petrolera no solo afectaría los sitios donde se extrae el crudo, sino también los territorios por donde pasa la red de ductos, que “en caso de romperse generarían una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kilómetros a la redonda”.

Los zoques están muy conscientes de las afectaciones que la explotación petrolera podría generar en su territorio, siendo que desde hace décadas se está perforando la tierra en algunos municipios colindantes. “En el ejido Nuevo Volcán Chichonal hay 15 pozos petroleros, pero ellos viven en la miseria, viven en la desgracia. Nos han contado que tienen problemas de salud, de contaminación, que llueve lluvia de agua negra, las plantas ya no florecen y no hay cosecha. Todo es tristeza”, afirma Tarcisio Gómez Estrada, comisariado ejidal zoque de Chapultenango.

La preocupación de los zoques es también que las empresas los obliguen a arriendar sus tierras a través de la figura de la servidumbre legal, y que se las devuelvan contaminadas e incultivables. “La servidumbre legal está regulada en la legislación secundaria de la reforma energética, y por esto es muy fácil de aplicar. Si por ejemplo los ejidos o los dueños de la tierra no están de acuerdo con la oferta de la empresa, esta puede acudir al Estado para pedir que ordene una servidumbre legal, obligándolos a rentar. Muchas veces a las empresas les conviene más rentar la tierra que comprarla, pues la devuelven después de unos años de explotarla y les resulta más barato”, explica Aroa de la Fuente, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. La investigadora afirma también que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat) aún no elabora una evaluación de impacto ambiental del proyecto, siendo que la nueva ley prevé que esta se dé después de la estipulación del contrato de exploración y extracción.

“Nos parece preocupante que se otorguen los contratos sin que se conozcan los impactos ambientales de los proyectos, y nos parece una información fundamental para que la consulta con las comunidades indígenas sea verdaderamente informada. La ley establece también que la Sener elabore una evaluación de impacto social y la obliga a compartirla con las empresas, pero no con las comunidades”.

De acuerdo con Gilberto Hernández Miranda, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, por parte del gobierno no hay una real intención de consultar libremente a las comunidades, sino que más bien se les está intentando imponer el proyecto a través de procedimientos irregulares. Por ejemplo, en el Municipio de Tecpatán se presentó como consulta previa una lista de asistencia firmada únicamente por los agentes municipales, elegidos por el mismo edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Hay dos tipos de consulta que se están manejando en territorio zoque. Una es promovida desde el gobierno y no cumple con todos los requisitos y protocolos requeridos a escala internacional. La otra es una autoconsulta que está siendo impulsada por el mismo pueblo zoque, y que hasta ahora juntó 2,000 firmas en rechazo al proyecto en el municipio de Chapultenango”, explica el abogado.

María Sánchez Álvarez, zoque de Chapultenango, afirma que a través de la autoconsulta la explotación petrolera ya ha sido rechazada. La mujer afirma que no tienen interés en que se dé la consulta del gobierno y que los pobladores no dejarán pasar las empresas. “Hace unos años entró Pemex identificando posibles lugares para la extracción de hidrocarburos, y dejó una marcas. La gente los corrió amenazándolos de amarrarlos, y no volvieron”, afirma.

María tenía casi tres años en marzo de 1982, cuando eructó el Volcán Chichonal. En aquel momento estaba en casa de sus abuelos, que se encontraba a un costado del cráter. La bebé y su familia tuvieron que refugiarse en la Selva Lacandona con otros zoques desplazados por la erupción del volcán, y recuerda con conmoción el día en que las comunidades choles y tzeltales los recibieron en la selva.

“Allí comenzó mi proceso de formación en la lucha. Los choles me enseñaron la importancia de la identidad indígena, y que nunca hay que dejar de ser comunidad”, recuerda María.

Ahora, al lado del Volcán Chichonal, que día y noche permanece despierto y activo, el gobierno planea construir una planta geotérmica. Los zoques la rechazan, junto con los demás proyectos extractivos que pretenden instalarse en su territorio.

De acuerdo con Fermín Ledesma Domínguez, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), originario de Chapultenango y miembro fundador del Centro de Lengua y Cultura Zoque, los proyectos extractivos llegaron a la región zoque hace casi un siglo.

“En 1930, cuando se instala el primer proyecto extractivo que es la ganadería, se deforestan miles de hectáreas de tierra. Un segundo proyecto que empieza alrededor de 1960 son las centrales hidroeléctricas sobre la cuenca del bajo Grijalva; se instalan tres presas que en su conjunto impactan sobre más de 30,000 hectáreas de tierras. Otro proyecto extractivo es la colocación de las empresas mineras: estaríamos hablando en estos 13 municipios de diez concesiones mineras que tienen un estimado de 70,000 hectáreas concesionadas sobre el territorio zoque. De estas diez concesiones solo una está siendo explotada que es la minera Frisco, compañía de Carlos Slim”, explica el académico.

Los integrantes del Zodevite están organizando brigadas que viajan a las comunidades más alejadas para informarlas de los riesgos que comportaría la extracción petrolera. Conocen todas las carreteras y veredas que cruzan los montes de su territorio, y caminan de casa en casa para compartir informaciones.

Nunca pierden la ocasión para concienciar a sus vecinos. “¿Sabe usted que aquí a la orilla del río quieren extraer petróleo? ¿Qué quedaría de todo esto?”, dice un hombre del Zodevite a una señora que, como buena parte de los habitantes de Ixtacomitán, pasa el domingo con su familia disfrutando de las aguas cristalinas del Río Blanco.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 7.07.2017

The post Chiapas. Resistencia indígena contra el bloque petrolero first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

“¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”, preguntaba la papeleta electoral. Más del 62 por ciento de la población no acudió a las urnas y, de los más de 13 millones de votantes que sí lo hicieron, el 50.21 por ciento votó No y el 49.78 por ciento votó Sí.

A Victoria Márquez, una bogotana que no vivió la guerra en carne propia sino la vio reflejada en la mirada de los 350 000 desplazados que pueblan la metrópoli, el resultado electoral le cae como un balde de agua fría. Una amiga se le acerca, se abrazan, lloran. Afuera de la ventana el atardecer empieza a pintar Bogotá, mientras en algunos barrios las bocinas de los carros pitan para celebrar el resultado del plebiscito.

“¿Cómo se puede celebrar que no se acabe una guerra?”, pregunta Victoria. “Yo voté Sí por todas las personas que viven el conflicto armado. ¿Qué le vamos a decir ahora? Los que estaban frente a la puerta con la mochila lista, pensando que desde este momento podía haber otra oportunidad, están sentenciados a una condena de más dolor, de más odio, de seguir en guerra”.

De hecho, el Sí ganó en las regiones más afectadas por el conflicto. De acuerdo con la Fundación Pares, prevaleció en 67 de los 81 municipios donde la guerra cobró más víctimas. En Bojayá, en el Departamento de Chocó, donde en 2002 unos 100 fieles murieron en una iglesia tras el lanzamiento de un cilindro bomba por parte de las FARC, 1966 personas votaron Sí y solo 87 optaron por el No.

En San Vicente del Caguán, donde en las últimas elecciones municipales ganó el derechista Centro Democrático —“la gente votó para punir a la guerrilla que se llevaba los niños al monte”, nos dijo una persona cercana a las FARC— el Sí ganó con el 62 por ciento de los votos.

A pocas cuadras de la casa de Victoria, en la localidad de Chapinero, los simpatizantes del Centro Democrático se reúnen en su sede para festejar el resultado: ya las FARC no dejarán las armas para formar un partido y participar en las elecciones. Despliegan las banderas colombianas, cantan el himno nacional, afirman que Dios intervino para asegurar una victoria que comparan con el esfuerzo de David en contra de Goliat. “Sí se pudo, sí se pudo”, gritan los partidarios del No frente a un templete, donde toman la palabra algunos líderes del partido.

El Centro Democrático y su líder, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, son los triunfadores únicos e inesperados de esta contienda política donde todo el sistema —los partidos, las organizaciones sociales y los principales medios del país— estaba promoviendo la refrendación de los acuerdos de paz.

El partido ultraconservador supo aprovecharse del odio de la población colombiana hacia las FARC, y convencerla de que las diez curules que el acuerdo de paz garantizaban al futuro partido de las FARC habrían traído el “castro-chavismo” en el país. La persuadió diciéndole que los beneficios que los acuerdos prometían a los guerrilleros desmovilizados —el 90 por ciento del salario mínimo durante dos años y financiaciones para sus proyectos productivos— eran exagerados.

“Solo el 10 por ciento de los acuerdos de paz habla de posibles beneficios a las FARC, el otro 90 por ciento tiene que ver con una deuda pendiente que tiene el Estado colombiano para salir de esta brecha de Estado fallido y corrupto, que aún no ha llegado a muchos territorios”, afirma Diego Martínez, asesor legal de la delegación de las FARC en la mesa de negociación de La Habana.

De hecho, los acuerdos de paz incluían un programa de desarrollo rural integral que preveía la titulación y distribución de millones de hectáreas de tierra, además de la obligación, por parte del Estado, de adoptar unas reformas para “profundizar la democracia”. Los acuerdos contemplaban también la creación de una Jurisdicción Especial de Paz donde hubieran podido acudir las víctimas de la guerrilla y de agentes del Estado, y que disponía condenas a penas alternativas. De acuerdo con los promotores del No, este sistema hubiera garantizado total impunidad a los integrantes de las FARC.

“Es cierto que no iba a haber cárcel, pues una de las condiciones de las FARC para sentarse en la mesa fue ‘nada de cárcel’. Pero esto no significa impunidad, ni que no iba a haber reclusión ni otro tipo de pena, como la restricción de libertad de movimiento y algunos tipos de labores sociales. Esta es la justicia restaurativa, no es impunidad”, explica Arlene Tickner, de la Universidad del Rosario.

Los promotores del Sí, al reconocer el fracaso de su estrategia comunicativa, afirman que la población votó de forma emotiva y no racional, que quiso expresar su rechazo a la guerrilla sin tener conocimiento del contenido de los acuerdos de paz. El uribismo supo seducir a la opinión pública colombiana, diciéndole que se puede lograr la paz dando menos concesiones a la guerrilla, y que el acuerdo alcanzado después de cuatro años de negociaciones no es el mejor posible.

“El presidente Juan Manuel Santos nos metió en este plebiscito que no era necesario, hubiera podido asumir la responsabilidad política del acuerdo firmado”, afirmó el senador del Centro Democrático Ernesto Macillas Tobar, a quien Newsweek en Español entrevistó antes del plebiscito. “Si gana el No, se tienen que revisar los acuerdos. Santos dice que no los va a revisar, lo hace por estrategia, porque si dice que lo hace, todo el país va a votar que No”.

En la noche del 2 de octubre, Santos no acudió a la cita en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde estaba previsto su discurso para celebrar los resultados. Allí lo esperaban la prensa y sus seguidores, que llevaban todo el día alistando los festejos. Se presentaron al Tequendama llenos de sonrisas y perdieron su optimismo boletín tras boletín; primero llegó el silencio, luego las lágrimas y, en fin, se volvieron a sus casas incrédulos.

Más tarde Santos apareció en las pantallas de todo el país. Algunos pensaban que iba a presentar su dimisión, pues el presidente colombiano erigió su credibilidad nacional e internacional en el éxito de este proceso de paz. Todo el mundo sabía que el gobierno, que confiaba ciegamente en las encuestas que daban al Sí una ventaja de más de 20 puntos, no tenía un plan B preparado.

Santos no se dio por vencido: reconoció la victoria del No y anunció la abertura de “espacios de diálogos” capaces de incluir todas las fuerzas políticas para dibujar un camino juntos. La invitación estaba dirigida sobre todo a Álvaro Uribe, que hasta el miércoles no acudió a la reunión con Santos.

“No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato”, afirmó Santos. “Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”, le contestó el comandante en jefe de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que recordó también que el plebiscito tiene un valor sólo político, no jurídico.

La noche del 2 de octubre, muchos temían que la guerra habría empezado nuevamente al día siguiente, que las palabras triunfales de Santos después de firmar los acuerdos de paz —“colombianos, cesó la horrible noche”— habían sido solo una falsa promesa. Sin embargo, las FARC y el gobierno han prorrogado el cese al fuego que empezó al final de agosto, y se está planteando la posibilidad de que se sienten nuevamente a dialogar, tomando en consideración también las demandas del Centro Democrático.

“Para las FARC los acuerdos no son renegociables. Solo se puede abrir una nueva negociación con una nueva agenda”, afirma Diego Martínez, asesor legal de las FARC. “Si Uribe abre un punto en la agenda, van a surgir otros puntos por parte de las FARC. Si por ejemplo plantea el tema de la no elegibilidad de los integrantes de las FARC en política, estas van a abrir el tema del juzgamiento de presidentes y expresidentes en el sistema de justicia”. Un punto que podría ser inaceptable para Uribe, acusado de tener estrechos vínculos con los grupos paramilitares.

“Ahora la guerra la verán solo en las películas”, dice el excombatiente de las FARC Leonardo Ilich Rojas, mientras observa un grupo de guerrilleros que ven una cinta de Hollywood debajo de una lona de plástico. “A veces nos reímos mucho, pues en las pelis pasan cosas que en la guerra real nunca pasan”.

Estamos en uno de los campamentos que las FARC construyeron al margen de la X Conferencia Nacional Guerrillera, un evento que se llevó a cabo a mediados de septiembre para que los delegados de cada frente guerrillero aprobaran los acuerdos de paz antes de que su líder los firmara, y debatieran sobre la construcción de su nuevo partido.

Un evento donde las FARC, por primera vez en la historia, invitaron a los medios para que documentaran lo que entonces se pensaba que habrían sido sus últimos días en armas. Lo hicieron para obligarlos a mostrar al mundo su lado humano, el que normalmente los medios no quieren enseñar, para preparar a la sociedad en la idea de convivir con los guerrilleros desmovilizados y, tal vez, votarlos en las próximas elecciones. Centenares de muchachos y muchachas que pasaron toda la vida en la montaña se encontraron de repente rodeados por periodistas.

Durante la X Conferencia Nacional Guerrillera pudimos compartir comida y cerveza con los combatientes, nos bañamos en el río que atravesaba el campamento, charlamos durante horas, bailamos cumbia frente al gigantesco escenario donde cada noche tocaban artistas locales. Algunos bautizaron “FARCstock” este festival musical, donde desfilaron estrellas del vallenato y de la música llanera en lugar de las estrellas del rock de la década de 1960.

Algunos periodistas y editores estaban molestos por no tener alternativa a la de mostrar la cara humana de las FARC. “Me estás mandando puras imágenes de guerrilleros durmiendo. Así no se ve que son unos delincuentes”, dijo a una colega su jefe.

Durante nuestra semana como embedded en un campamento de las FARC “adaptado” a los periodistas —dormimos en sus cambuches, pero nos dieron colchonetas, sábanas y cobijas— pudimos observar a los combatientes empuñar celosamente los fusiles que se pensaba que hubieran tenido que entregar en los próximos seis meses. “Dejar el arma es lo más duro para uno, porque es la fiel compañera, es la que te defiende la vida. Tengo como un dolor en el alma”, dice Franco García, quien lleva 15 años en las filas del Bloque Sur de las FARC.

“¿Cómo te imaginas la paz? ¿Cómo te imaginas tu futuro?”, preguntamos a la guerrillerada. Algunos respondían que pensaban regresar a cultivar la tierra; otros, que querían estudiar o esperaban tener éxito dentro de las filas del partido.

Leida sentía la libertad tan cercana que los ojos se le prendían al hablar de ella. Con su condena a 60 años de cárcel por rebelión, homicidio y secuestro, y su permiso especial para participar como delegada en la X Conferencia Nacional Guerrillera, la combatiente sabía que tras la implementación de los acuerdos de paz hubiera salido de la cárcel para terminar sus estudios en odontología. En aquel momento pensaba que hubiera sido de allí a pocos meses.

Durante toda la semana, en las entrevistas con los guerrilleros como en las ruedas de prensa de sus líderes, a nadie se le ocurrió mencionar la posibilidad de que el plebiscito popular pudiera ahogar toda esperanza. Si se les preguntaba al respecto, respondían que tenían fe en el pueblo colombiano.

Hasta el 2 de octubre, para los guerrilleros el abandono de las armas y la nueva vida de civil representaban un futuro tan próximo que casi se podía tocar. Ya tenían la mochila en el hombro para desplazarse, a partir del día después del plebiscito, en las 23 zonas de concentración previstas por los acuerdos, que estaban prácticamente listas para recibirlos. Los (ex) guerrilleros hubieran pasado allí seis meses, para entregar paulatinamente sus armas y prepararse a integrarse a la vida civil.

Pero algo salió mal y ahora viven en el limbo… ese mismo sitio donde se encuentra toda Colombia.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 7.10.2016

The post Colombia, en el limbo first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

No todos los estadounidenses que se reconocen como latinos están de acuerdo con María. El 16 por ciento de los 27.3 millones de votantes hispanos tiene una visión favorable sobre Trump, según una encuesta presentada en febrero por The Washington Post y Univision Noticias. Otras encuestas, realizadas más recientemente por Latino Decisions y Los Angeles Times, hablan de menos del 10 por ciento. El porcentaje es muy bajo, sin embargo, llama la atención que por lo menos 2.7 millones de personas tengan una visión favorable, y tal vez voten, a un hombre que los calificó de narcotraficantes y violadores.

Las declaraciones de Trump sobre los latinos son, en realidad, muy contradictorias. El precandidato republicano afirmó también amar a México y tener muchos amigos mexicanos. “Es un oportunismo político, Donald Trump siempre ha sido muy errático en sus declaraciones”, afirma Laura Carlsen, analista política del Center of International Policy, que opina que la victoria de Trump no sería un peligro sólo para México y Estados Unidos, sino para el mundo entero. “Empezó con unas declaraciones muy ofensivas, que provocaron una reacción fuerte en la sociedad mexicana y estadounidense. Supongo que luego sus asesores, sobre todo ahora que es el candidato más probable del Partido Republicano, le estarán diciendo que es imposible ganar la presidencia sin el voto latino”.

El 5 de mayo, Donald Trump publicó en sus redes sociales una foto donde se ve feliz y hambriento frente a un bowl de taco. “¡Feliz 5 de mayo!”, dice el pie de foto. “Los mejores bowls de taco se preparan en el Grill de la Torre Trump. ¡Amo a los hispanos!”.

Entrevistado por la revista People, el chef ejecutivo del restaurante, Christopher Devine, afirmó que desde aquel día se dispararon las ventas de este platillo, supuestamente, mexicano.

******************
“Está cerrado a menudo, van y vienen”, me dice un joven que me ve espiar tras un vidrio de la sede del Partido Republicano del Bronx. Es un pequeño cuarto lleno de banderitas estadounidenses y de sillas ordenadas como si hubiera un mitin. A juzgar por el mobiliario y el piso de moqueta, parece que está cerrado desde la década de 1970.

Antonio Meléndez es republicano y lleva una sudadera con el nombre del Bronx, el distrito donde vive desde toda la vida. Nació en Nueva York de padres puertorriqueños, y a veces su español acaba en inglés. Afirma sentirse muy latino —“soy un nuyorican”, dice riendo— y no tiene dudas de que la mejor persona para gobernar a su país sea Donald Trump. El 19 de abril, cuando el precandidato republicano ganó las primarias del estado de Nueva York, salió a festejar con sus amigos.

Meléndez se queja de que en el Bronx no hay muchos republicanos. Casi el 30 por ciento de los habitantes de este distrito, el más latino de la metrópoli, vive rozando la línea de pobreza, y para Meléndez no votan al partido conservador porque tienen la convicción, según él equivocada, de que no se preocupa de las clases bajas.

“La economía está muy mala aquí y hay que arreglarla, cuando yo era chamaquito no había tanta gente pobre y sin casa. Creo que Trump podría hacer un verdadero cambio en la situación de este país”, explica.

De acuerdo con la encuesta ya mencionada de The Washington Post y Univision Noticias, la economía es el tema que más preocupa a los hispanos y que más influye en sus decisiones de voto. Donald Trump se nutre de la frustración que décadas de políticas neoliberales han dejado en buena parte de la población estadounidense. El virtual candidato republicano es “anticasi todo”: critica a Wall Street, la “política tradicional”, el libre comercio y, en especial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que quisiera cambiar para obligar a las empresas estadounidenses que trasladan su producción al extranjero a pagar sanciones.

Antonio Meléndez asegura que muchos más latinos aprobaban a Trump antes de que se sintieran ofendidos por sus palabras. “A los latinos no les gusta lo que Trump dice de ellos, pero están de acuerdo con que en Estados Unidos no entren los ‘terroristas’ [en realidad, Trump habló de ‘musulmanes’], es una doble moral”, afirma Meléndez.

A pesar de su intención de voto, y de la misma forma que el 74 por ciento de los hispanos-estadounidenses, Meléndez considera ofensivos los comentarios de Trump sobre los mexicanos, le parece absurda la idea de construir un “grande y hermoso” muro en el Río Bravo, y no quiere echar del país a los 11 millones de migrantes indocumentados, en su mayoría hispanos. Meléndez cree, al contrario, que “todos pueden ser ciudadanos, todos tienen el derecho de estar aquí. Estados Unidos se hizo con la idea de que es un país libre donde cualquiera puede venir”.

Casi se podría afirmar que Antonio Meléndez ama a Trump porque está convencido de que no cumpliría con sus amenazas. “Lo que dijo de los mexicanos…”, dice mirando por un instante al techo, con el tono de un padre obligado a justificar las travesuras de su hijo, “tú sabes que él no va a hacer nada de esto, no hay ningún presidente que pueda decir quién se puede ir de este país. A mi él me gusta porque es un hombre firme y fuerte, que no se va pa’ atrás”.

******************
También a Juan Guzmán le gusta Donald Trump. El hombre lleva 25 años viviendo en el Bronx y es dominicano, la nacionalidad más común entre los casi tres millones de latinos —una tercera parte de la población total— que viven en Nueva York.

Conduce su taxi entre los edificios de ladrillos del Bronx quejándose del tránsito, aunque reconoce que en las metrópolis latinoamericanas es peor, y que la contaminación es más tenaz. “Admiro a Trump por ser una persona práctica, por el éxito que tuvo en su vida”, afirma el taxista dominicano, que apreció la decisión del magnate de deslindarse de las corporaciones.

Sin embargo, según Guzmán, Trump “dice demasiado la verdad”. Está de acuerdo con que es necesario controlar el flujo de migrantes, porque “cada uno es dueño en su casa y decide; pero las cosas que dijo sobre los mexicanos y el muro, esas no se pueden decir”.

A pesar de la fascinación que el magnate republicano le causa, Juan Guzmán votará por Hillary Clinton, como la mayoría de los estadounidenses-hispanos. Le parece la persona más adecuada para gobernar el país, por su capacitad de mediación y su larga experiencia política.

Clinton y Trump son los precandidatos que con toda probabilidad llegarán a las presidenciales del 8 de noviembre. Algunas encuestas realizadas en las últimas semanas por los medios estadounidenses muestran que Trump podría ganar. Sin embargo, otros sondeos han arrojado un resultado a favor de la virtual candidata demócrata, como la reciente encuesta de The Washington Post, que le da a Hillary Clinton una ventaja de dos dígitos sobre Trump.

De todos modos, el 60 por ciento de los votantes tiene una opinión negativa de ambos. De acuerdo con HuffPost Politics, el único precandidato que había sido visto positivamente por los estadounidenses es el “demócrata socialista” Bernie Sanders que, de haber superado a Clinton, habría podido ganarle a Trump por diez puntos.

******************
El 8 de octubre de 2015, durante un mitin en Las Vegas, el precandidato republicano invitó a subir al escenario a una mujer, que sacudía con entusiasmo un número de la revista People donde Trump salía en la portada con su familia. Era la colombiana Myriam Witcher, que lo abrazó emocionada y declaró eufórica su amor por él: “Soy hispánica y voto por el señor Trump. Señor Trump, ¡te amamos!”.

El video del mitin se hizo viral y Witcher, que nació en Colombia y se mudó legalmente a Estados Unidos hace 16 años, se volvió el símbolo de los hispanos que apoyan a Trump. “Aquel día fue un día muy grande para mí, nunca lo podré olvidar”, asegura Witcher, que pronto publicará un libro en el que explica por qué adora a Trump. “Muchos periodistas empezaron a llamarme y fue un cambio en mi vida tremendo e inesperado”.

Witcher cuenta haberse quedado dormida, un par de noches antes del evento, con la revista en el pecho, y que soñó con encontrar a Trump y darle la mano para felicitarlo. La pasión de la mujer por el magnate empezó hace 20 años. Los libros de Trump fueron textos fundamentales en su formación profesional, y hoy Witcher se dedica con éxito a exportar café y flores de Colombia.

“Lo que me apasiona es el ser humano maravilloso, su esencia. La gente no lo conoce porque los medios de comunicación dan un mensaje completamente erróneo sobre él, sobre todo los medios en idioma español”, afirma. “Su corazón es tan bello, ayuda con tantas cosas de caridad. Puede llegar a ser el mejor presidente del mundo entero. Hillary Clinton va hacia el camino del comunismo, aquí lo llaman socialismo, pero no es socialismo cuando hay una dictadura”.

En su cuenta de Twitter, Witcher publicó un meme en el que se ve al periodista mexicano Jorge Ramos ahogándose en el Río Bravo. “México no manda lo mejor”, asegura el meme. La mujer afirma que le parte el corazón pensar en todas las personas que pagan con su vida el intento de llegar a Estados Unidos, y que sin embargo hay demasiados violadores que logran cruzar la frontera.

“Esta gente como los violadores no tienen que vivir en ninguna parte del mundo, tenemos que parar con esto, perdimos muchísimos ciudadanos americanos de todas las razas. Sabemos que hay muchísimos seres humanos bellos, pero para el bien de México y de los Estados Unidos, todo el mundo tiene que tener sus papeles”.

De acuerdo con David Ayon, politólogo y colaborador de la encuestadora Latino Decisions, Trump seduce a los votantes haciéndoles creer que tiene éxito en los negocios, que sabe cómo crear empleos. “Podemos ver en la cultura política de Latinoamérica una disposición mayor de apoyar a los hombres fuertes, y él comprueba la idea de que lo es, precisamente atacando a grupos vulnerables como los migrantes indocumentados”, explica Ayon, que subraya cómo mucha gente de origen latinoamericano, incluso una buena parte de los cubanos que son considerados como un grupo conservador, se sintió ofendida por este ataque.

Sin embargo, en Las Vegas y en Nevada, donde los hispanos son el 27 por ciento de la población, en las primarias el 44 por ciento de los latinos republicanos votaron por Donald Trump.

“Hace un par de meses nadie esperaba que ganáramos aquí”, dijo Trump comentando el increíble resultado, y afirmando que habría logrado la nominación republicana antes de lo previsto. De hecho, a dos meses de la Convención Nacional de Cleveland, su candidatura a las presidenciales ya estaba casi asegurada.

************************
“Me cae mal ese payaso [Trump], es una marioneta de las corporaciones. Pero la que me preocupa es Clinton, ella tiene el apoyo de corporaciones dedicadas a los centros de detención de migrantes. Trump nos está haciendo un favor, está sacando del clóset a todos los antimigrantes”, dice Antonia Álvarez.

Encontramos a la mujer en el memorial a Martin Luther King de Washington, D. C., un monumento imponente a la orilla de un lago artificial rodeado de cerezos, cuyas flores rosa explotan en primavera. Antonia Álvarez nació en la Ciudad de México, desde hace 15 años vive en Estados Unidos e integra la Asamblea de Derechos Civiles de Minnesota, una asociación que lucha por los derechos de los migrantes. Viajó más de 20 horas para llegar a la capital y manifestarse frente a la Corte Suprema, que el día siguiente iba a debatir sobre la constitucionalidad de dos órdenes ejecutivas de Obama —llamadas DACA y DAPA—, que permitirían la regularización de unos cinco millones de migrantes indocumentados.

Antonia Álvarez está preocupada porque los latinos son el grupo que menos vota: de acuerdo al Pew Hispanic Center, sólo el 44 por ciento de la población hispana lo hace. “Muchos de nosotros tenemos hijos nacidos en Estados Unidos, pero aquí muchos hijos son apolíticos como sus padres y se abstienen del voto, y eso les da el tiro a sus padres, porque no les da la libertad, porque allá en México de nada sirve votar y aquí no quieren votar”, afirma Antonia.

Sin embargo, según el Departamento de Migración, en 2016 las nacionalizaciones aumentaron el 20 por ciento y algunos analistas opinan que, por parte de la comunidad latina, la decisión ha sido tomada en función anti-Trump. “Tenemos datos duros de que ha habido un aumento de la personas que están solicitando la ciudadanía, y hay muchos mexicanos que están buscando empadronarse para poder votar”, afirma David Ayon de Latino Decisions.

Nunca en la historia de Estados Unidos había habido tantos votantes hispanos, y son muchas las organizaciones que los están animando a ir a las urnas o a empadronarse para detener la avanzada del republicano. Como la campaña “¡Duro contra el muro! Empadrona un mexicano para que vote”, que quiere empujar a los ocho millones de estadounidenses de origen mexicano a registrarse para ejercer su derecho de voto. Aunque la idea de que ninguno de ellos votará por Donald Trump tal vez está un poco equivocada.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 8.07.2016

The post Los latinos que aman a Donald Trump first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

“Mi familia y yo podemos perder la esperanza de encontrar a nuestro familiar vivo, pero no que algún día se haga justicia. Ha habido personas e instituciones que han sido responsables”, afirma Juan Humberto. Tras el hallazgo de las fosas comunes en la base militar de Cobán, el 6 de enero pasado, fueron detenidos 14 ex altos mandos del ejército guatemalteco por desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, supuestamente ocurridos durante el conflicto armado interno de la década de 1980. El 3 de mayo empezará el juicio en contra de 11 de ellos.

Juan Humberto Botzoc Che aún era un niño en febrero de 1982, cuando el ejército desapareció a su tío. Él y su familia habían sido despojados y desplazados por un finquero apoyado por las autoridades, y durante un año vivieron en la montaña a la intemperie. Su tío Marcos decidió regresar un rato a su aldea de origen, para poder cosechar café y cardamomo. Fue en esa ocasión que el ejército se lo llevó, frente a su hija de siete años.

Hoy Juan Humberto, que es maya q’eqchi’, lucha por los derechos de los pueblos indígenas guatemaltecos y es director de la Asociación Maya para el Desarrollo Integral Comunitario (Asomadic). En 2012, el activista presenció la primera fase de la exhumación de las fosas comunes en la ex Zona Militar 21 que hoy, casi sarcásticamente, alberga el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz) de las Naciones Unidas. Entre aquellas osamentas amontonadas, con la cara vendada, las manos y los pies amarrados, Juan Humberto buscaba el recuerdo de su tío Marcos.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS

Viajando por las carreteras de Alta Verapaz, entre los carteles publicitarios de tiendas y fast food, llama la atención el de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG): “¿Tienes un familiar desaparecido? Llama al 1598, con una muestra de tu saliva podemos identificarlo”.

Los pasillos de la FAFG están repletos de cajas de osamentas que no caben en sus almacenes. En sus 25 años de actividad, los forenses independientes encontraron fosas comunes en 41 destacamentos militares, con un total de 1460 personas. En Creompaz han sido exhumadas 565 osamentas, y aunque ya se concluyeron las excavaciones y se identificaron más de 100 individuos, aún no se terminó el análisis genético.

Cada osamenta que llega al laboratorio de la FAFG pasa por los rayos X, luego se limpia, se analiza y su ADN entra en una base de datos, para que se pueda comparar con las muestras de salivas dejadas por las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. El análisis del ADN permite acercarse al grupo familiar de la persona, pero para entender quién era hace falta la memoria de sus seres queridos. En entrevista con antropólogos sociales revelan el sexo del fallecido, edad, estatura, su ocupación, sus enfermedades y si ha tenido accidentes. Todo lo que pueda haber dejado alguna huella en sus huesos.

Una vez identificada la osamenta, la FAFG la devuelve a los familiares. La mayoría son indígenas mayas, que tienen que despedirse de sus muertos de acuerdo a su cosmovisión para permitirles la entrada al xibalbá, el mundo subterráneo.

“Los familiares visten la osamenta como en un velorio, como si fuera un cadáver recién fallecido. Muchas veces organizan funerales de grupo donde los sobrevivientes cargan el ataúd por las calles del pueblo”, explica José Samuel Suasnavar, subdirector de la FAFG. Luego señala un fragmento óseo que una colega está limpiando con una brochita. “Este es todavía un niño”, observa, e indica a otro: “Esto es una cosa aún más pequeña, no sé si llegó a nacer”.

Una vez limpiadas, las osamentas se disponen en la mesa del laboratorio de osteología para analizarlas y sacar una muestra de ADN.

“Creompaz, diciembre de 2015”, dice el cartel al lado de una osamenta, señalando la fecha y el lugar de su hallazgo. Después de más de tres años y medio excavando, en Creompaz se seguían encontrando muertos.

“NO HUBO GENOCIDIO”

La Asociación de Viudas y Huérfanos del Ejército de Guatemala (Asovigua), agrupación cercana al actual presidente, Jimmy Morales, se reúne frente al Palacio de Justicia de la capital cada vez que se celebran procesos en contra de militares. Expresan su solidaridad a los enjuiciados con pancartas que dicen “Exigimos libertad para los que nos liberaron del comunismo”, y se indignan de que el Ministerio Público esté persiguiendo a personas que debería premiar por haber hecho de Guatemala “un país libre e independiente”.

Nora Rosales es hija del coronel Gustavo Alonzo Rosales García, que se encuentra en prisión preventiva tras su detención en el marco del caso Creompaz. La mujer recuerda el asombro que la colmó en la mañana del 6 de enero pasado, cuando la policía vino por su anciano padre. “El señor de la policía ofreció disculpas por llevarse a mi papá con grilletes, dijo que sabía quién es”, afirma.

Nora Rosales recuerda haberse mudado con su familia a Cobán cuando era niña, en 1979, y haber vivido allí ocho años mientras que su familiar prestaba servicio en la antigua Zona Militar 21. Asegura que su papá es inocente, que no tiene nada que ver con las fosas comunes y que siempre ayudó a los indígenas.

“Pedimos que las autoridades de justicia dictaminen de acuerdo al derecho, que coloquen jueces imparciales. La jueza Jazmín Barrios ya demostró su parcialidad por el socialismo”, denuncia Nora Rosales. La mujer revela la existencia de un complot de “la izquierda” —grupo supuestamente conformado por exguerrilleros, jueces, ONG, testigos y demandantes—, cuyo objetivo es descalificar al ejército guatemalteco.

—¿Usted afirma que es una mentira que existan fosas comunes en Creompaz? —pregunto.

—Mi teoría es que las osamentas fueron trasladadas desde un cementerio. Las pruebas están manipuladas, han sido sembradas.

Juan Carlos Garavito está de acuerdo con ella. El hijo del coronel Carlos Augusto Garavito Morán, también detenido en el marco del juicio Creompaz, afirma que las ONG y los demandantes llevan 20 años viviendo como parásitos, y que con sus mentiras sólo quieren obtener una indemnización millonaria del Estado. Está convencido de que no tiene sentido celebrar juicios sobre hechos supuestamente ocurridos hace tanto tiempo, que hay que voltear página y dejar en paz a los militares por ser hombres ancianos, además de inocentes. “No hubo genocidio. En Guatemala tuvimos un conflicto armado interno donde seguramente en los dos bandos se dieron violaciones, pero no fue algo que el ejército planificó, como afirma el Ministerio Público. Además, los juicios son sólo en contra de militares, no hay nada en contra de la izquierda”, afirma el hombre.

RECONOCER LA VERDAD Y SANAR LAS HERIDAS DEL PASADO

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada en 1994 tras un acuerdo entre el gobierno, los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y las Naciones Unidas, el 93 por ciento de las más de 200 000 víctimas del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) fueron causadas por el ejército. Con su trabajo, la CEH quiso dar luz sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto guatemalteco y concluyó que, a través de sus agentes, el Estado guatemalteco cometió actos genocidas en contra de población civil.

El periodo más duro del conflicto fue entre 1982 y 1983, cuando el general golpista Efraín Ríos Montt impulsó su política “de tierra arrasada”, para acabar con las guerrillas “quitándole el agua al pez”. Las páginas escritas por la CEH cuentan de aldeas quemadas, cuerpos empalados y bebés estrellados contra las piedras para matarlos. En mayo de 2013, la jueza Jazmín Barrios condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio, pero pronto la Corte Constitucional ordenó la repetición del juicio.

“Fue un hecho lamentable para la justicia nacional, una decisión más política que jurídica”, afirma Iduvina Hernández, de la organización no gubernamental guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem). “La identificación del delito de genocidio quedó plenamente probada en el tribunal, el sistema de justicia, hasta el Tribunal de Mayor Riesgo, estaba convencido de que se trató de genocidio. No es cierto que la sentencia se anuló, se planteó que el caso retrocediera a etapas que ya habían sido superadas, yendo contra toda doctrina de derecho”.

En Guatemala han sido cometidas 626 masacres y una de la más brutales ocurrió el 14 de mayo de 1982 en la aldea de Río Negro, donde la población se oponía a la construcción de una represa. El ejército se llevó a un grupo de mujeres y niños con los helicópteros a un lugar que se desconocía, hasta que en 2012 la FAFG encontró osamentas de la población de Río Negro en las fosas comunes de la antigua Zona Militar 21 de Cobán.

“Los juzgadores expresamos que creemos firmemente que el reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado”, ha declarado la jueza Jazmín Barrios. “La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de derecho en nuestro país, haciendo conciencia de que este tipo de hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas”.

LA MANO DERECHA, EXONERADA

Ríos Montt y Creompaz no son los únicos juicios con que Guatemala está procesando su pasado. El 6 de enero, el mismo día en que fueron detenidos los 18 militares que operaban en la ex Zona Militar 21, otros cuatro mandos del ejército fueron apresados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años, ocurrida en octubre de 1981.

Además, el 1 de febrero, en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala empezó otro juicio a uniformados, llamado Sepur Zarco. Quince mujeres maya q’eqchi’, ya ancianas, acusaron a dos militares de delitos contra la humanidad en su forma de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica. Estaban sentadas en silencio, con los rostros cubiertos por chalinas, mirando a sus verdugos: el exjefe de los comisionados militares Heriberto Valdez Asij y el exteniente Steelmer Reyes Girón.

El 26 de febrero, entre los aplausos del público, desde su estrado la jueza Jazmín Barrios cerró el juicio Sepur Zarco condenando a los dos militares a un total de 360 años de prisión.

Sorprende que en un país como Guatemala, donde la impunidad prevalece y los gobiernos van de la mano con los militares, se celebren procesos de este tipo. Sin embargo, a inicios de 2016, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alfredo Sosa Díaz, planteó un amparo en la Corte Constitucional en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. La norma prevé que los delitos de lesa humanidad, como genocidio y desaparición forzada, sean imprescriptibles. La Corte decidió no suspender la ley y seguir procesando a los uniformados, pero el gesto del general revela la preocupación de la cúpula militar frente a la ola de juicios que está golpeando al ejército.

Una ola que estalla también en contra de personalidades cercanas a Jimmy Morales, político conservador que gobierna Guatemala desde el 14 de enero pasado. Una semana antes de la toma de posesión de Morales, el Ministerio Público presentó un antejuicio en contra de Édgar Ovalle Maldonado, mano derecha del presidente y diputado electo de su partido. El pedido fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia y Ovalle Maldonado no será juzgado.

“Se pidió antejuicio en contra de Ovalle Maldonado en el marco del caso Creompaz, por haber sido oficial de inteligencia durante la época en que se enterraron cadáveres de forma clandestina en el recinto militar de la ex Zona Militar 21 de Cobán. El oficial de inteligencia es el que se encarga del interrogatorio de los prisioneros, es el que dispone sobre su destino, así que Ovalle Maldonado tiene una responsabilidad directa”, explica Hilda Pineda, joven agente fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.

En 2010, con el nombramiento de fiscal general de Claudia Paz y Paz —que hoy integra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que está investigando el caso Ayotzinapa— en Guatemala se creó un clima que favoreció la independencia de los órganos judiciales, aprovechado sobre todo por mujeres, a pesar de que las condiciones políticas no sean favorables.

“En este momento tal vez las condiciones políticas no son las más idóneas, pero hay organismos independientes dentro de la administración de justicia que están dispuestos a que los casos se conozcan”, afirma la fiscal Hilda Pineda. “El Ministerio Público tiene pruebas de que hubo violaciones a los derechos humanos, y los tribunales, con su independencia judicial, están aceptando los casos”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 10.04.2016.

The post Guatemala intenta procesar su pasado first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Ahora la situación en el barrio está más tranquila, asegura la anciana, aunque la violencia no ha parado del todo. Durante años, desde sus ventanas los habitantes de la Comuna 13 han visto procesiones de jóvenes empujados rumbo al basurero La Escombrera por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tenían la orden de “matarlos, picarlos, ponerlos en una bolsa, echarles cal, sal, y guardarlos”.

María Rosa Jiménez se dice convencida de que su hijo está enterrado en La Escombrera: “Allí los llevaban a todos”. El muchacho salió a las 7 de la mañana del 18 agosto de 2006 para ir a la escuela junto con dos amigos, y nunca más regresó. Tenía dieciséis años. A los dos meses desapareció también el otro hijo de María Rosa.

Hoy la mujer integra Mujeres Caminando por la Verdad, un grupo de madres de desaparecidos de la Comuna 13. Después de trece años de lucha, el colectivo logró que la Fiscalía General de la Nación ordenara la exhumación de La Escombrera, la fosa común urbana más grande del mundo.

“Ya en 2002 empezamos a denunciar que en el basurero habían cadáveres”, explica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que asesora a las madres de las víctimas. “Nunca nos hicieron caso, incluso hasta 2008 las autoridades negaban que habían desaparecidos. La decisión de excavar no fue un acuerdo tomado en la mesa de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero el contexto nos ayudó. El presidente Juan Manuel Santos quiere mostrar resultados y la excavación de La Escombrera lo es”.

OPERACIÓN ORIÓN

La Comuna 13 se volvió un infierno a partir de la madrugada del 16 de octubre de 2002. Más de mil hombres entre policías, militares, miembros de la Fiscalía y del servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el apoyo del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, entraron en el barrio con artillería pesada y tanquetas. Catearon las casas, ametrallaron las viviendas desde los helicópteros y dispararon contra todo lo que se movía. “Yo vivo en un tercer piso, después de esta tirazón tan horrible de aquella noche el techo tenía como seis hoyos muy grandes, y la pared también tenía hoyos como de fusil. Gracias a Dios que a nosotros no nos cogió. Con mis nietos nos escondimos debajo de la cama, yo me estaba ahogando de estrés”, recuerda Gloria Holguín, de Mujeres Caminando por la Verdad.

La Comuna 13 ya había padecido unas veinte incursiones militares, pero la Operación Orión fue el operativo urbano más grande de la historia del conflicto colombiano. Se trató de una acción ordenada por el expresidente Álvaro Uribe para inaugurar su Política de Seguridad Democrática. Su finalidad era acabar con la presencia de los milicianos de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), que ocupaban la Comuna 13 para poder explotar el viaducto de combustible que la atraviesa y controlar el corredor que une Medellín con los puertos del Atlántico.

Los medios de entonces ignoraron la brutalidad del operativo, que fue padecido sobre todo por los 130 000 habitantes de la comuna. De acuerdo con una investigación de Pablo Emilio Angarita, de la Universidad de Antioquia, en pocos días entre los civiles hubo un muerto, 38 heridos, ocho desaparecidos y 355 detenidos.

El exjefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, desde la cárcel de Estados Unidos donde está detenido afirmó que durante el operativo hubo una coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Esta versión también ha sido confirmada por declaraciones de los mismos pobladores y material fotográfico de aquella época. De esta forma se abrieron investigaciones previas en contra del general Mario Montoya, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, y del general Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana. No obstante, ninguno de los dos ha sido llevado a juicio y hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad política de las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes y después de la Operación Orión.

FUE EL ESTADO

Tras el operativo, un grupo armado fue sustituido por otro. Los milicianos se fueron y los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la ladera de la ciudad. Con ellos llegaron las desapariciones forzadas y el terror. Entre las calles angostas y las escaleras empinadas de la Comuna 13, cualquier persona era considerada sospechosa de colaborar con la guerrilla sólo por haber hablado con los milicianos.

“Los milicianos eran jóvenes de la misma comuna y una los había visto crecer, la gente tenía relaciones con ellos porque los conocía desde toda la vida”, explica Luz Helena Salas, cuyo hijo de veinte años desapareció después de haber salido a fumar un cigarrillo, el 16 enero de 2007. “Los paramilitares sacaban a los jóvenes, los paseaban por todo el barrio y después los mataban. A veces nos tocaba esquivar los muertos, pasar por encima de ellos. Y lo triste es que pensaba que a mis hijos nunca les iba a pasar una cosa así, y resulta que sí, que luego termina pasándole a una. Aunque una vive en medio de la violencia, no piensa que le vaya a pasar”.

Según Luz Helena Salas, quien integra Mujeres Caminando por la Verdad, los atropellos llegaban también por parte de la Fuerza Pública. “Después de la Operación Orión sufrimos mucha violencia también de la policía. Hasta los perros los mataban, nos sentíamos más atropellados por la policía que por cualquier otro grupo”, afirma.

Gloria Holguín está convencida de que fueron los policías quienes desaparecieron a su hijo, que había entrado a la Comuna 13 para visitar a la novia. “Siempre me preguntan quién es responsable de la desaparición de mi hijo. Pues fue el Estado, si entonces en la Comuna 13 estaban la policía y el ejército, ellos tienen la responsabilidad”, comenta la mujer.

TRESCIENTOS CADÁVERES

La excavación de La Escombrera empezó el pasado 27 de julio. El exparamilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, que operaba en la Comuna 13 durante y después de la Operación Orión, señaló desde la cárcel de Bogotá cuatro puntos donde habrían sepultado unos cincuenta cadáveres. Es en esta área que la Fiscalía empezó a buscar, aunque las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad afirman que los cuerpos de sus familiares son unos trescientos, y que la mayoría no están sepultados allí.

“Donde hoy están excavando se llama La Arenera del agregado San Javier”, explica Luz Helena Galeano, vocera del colectivo de mujeres cuyo marido desapareció en 2008. “La verdadera Escombrera es el sector de terrígenos que está en frente, es allí donde están sepultados los trescientos cuerpos”.

La Alcaldía de Medellín afirma que no existe certeza sobre el número de inhumados, pero estima que sean entre ochenta y noventa personas. La montaña de desechos a excavar es alta como un edificio de veinticinco pisos y se prevé que será necesario llegar a una profundidad entre 8 y 10 metros para extraer unos 35 000 metros cúbicos de escombros, tierra y, presuntamente, cadáveres. En esta montaña, que domina el valle de Aburrá, podrían estar enterrados los muertos de todas las guerras que cruzaron Medellín.

“La excavación significa mucho para la ciudad y para el país. En momentos como los actuales, donde las expectativas por la paz y la reconciliación están al orden del día, no podemos pasar por alto el tratar de desenterrar la verdad oculta durante tantos años alrededor de La Escombrera”, afirma Jorge Mejía, consejero para la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. “En este mes, diciembre, esperamos tener los primeros resultados. El problema es que es un terreno de escombros, una masa de tierra que tal vez hoy no está donde estaba hace quince años”.

La masa de detritos en la loma de La Escombrera puede haber bajado de nivel, y los cuerpos ya podrían no encontrarse en los puntos indicados por el jefe paramilitar. Esta posibilidad resulta aún más probable si se toma en cuenta que el basurero está en funcionamiento desde la década de 1990 y, a pesar de las demandas de los familiares de los desaparecidos, nunca fue cerrado. Mientras por un lado se excava buscando cuerpos, del otro se siguen tirando escombros.

“La exhumación es un acto simbólico y mediático que no va a llegar a nada, no van a encontrar a nadie, porque las tres administraciones de la ciudad no pararon de depositar allí toneladas de tierra. ¿Qué va a decir la alcaldía cuando acabe esto? Yo busqué, pero no encontramos”, afirma Juan Diego Restrepo, profesor de la Universidad de Antioquia y columnista de la revista Semana.

LA CIUDAD MÁS INNOVADORA DEL MUNDO

En los últimos veinte años la violencia en Medellín ha bajado sensiblemente. De acuerdo con la organización Seguridad, Justicia y Paz, la ciudad pasó de tener 390 asesinatos por cada 100 000 habitantes en la década de 1990, a los actuales 26.91.

Con una pomposa ceremonia pública, al final de noviembre de 2003, El Bloque Cacique Nutibara de las AUC se desmovilizó; fue el primer grupo paramilitar en dejar las armas en el marco del proceso impulsado por el expresidente Álvaro Uribe. El entonces jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, declaró que el evento fue un montaje. “La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó”, afirmó. Según el diario colombiano El Tiempo, varios supuestos desmovilizados admitieron haber sido recogidos poco antes en barrios populares, donde les habían ofrecido dinero para participar en el espectáculo y hasta prometido borrarles sus antecedentes criminales.

Poco después, de los restos de las AUC surgieron los Urabeños —o Gaitanistas, el grupo narcoparamilitar más grande del país—, y de las cenizas del Cártel de Medellín de Pablo Escobar nació la Oficina del Envigado. De acuerdo con datos de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), estas agrupaciones controlan actualmente el 70 por ciento del territorio de la ciudad.

La misma organización no gubernamental señala que en agosto pasado estos grupos suspendieron el acuerdo de no agresión llamado Pacto del Fusil, firmado en 2013, y que la finalidad de esta decisión sería obstaculizar la búsqueda de los desaparecidos en La Escombrera. De hecho, hoy en día es peligroso acercarse al basurero: “No vayan solas, por allá están disparando”, dicen los pobladores.

En el mismo año en que se firmó el Pacto del Fusil, Medellín fue galardonada con el premio de ciudad más innovadora del mundo, a pesar de que desde 2006 hasta 2014 desaparecieron 4251 personas. Al final, sin cadáveres no hay muertos que llenen las estadísticas sobre homicidios.

Vista de Medellín desde el funicular. Foto: O.B.

El diario The Wall Street Journal y City Group decidieron otorgar el prestigioso reconocimiento no sólo por la repentina baja en la tasa de homicidios, sino también por la visible inversión en infraestructura. En las zonas más afectadas por la violencia, la ciudad paisa edificó el Centro Cultural Moravia y la Biblioteca España, que unen su función social con una arquitectura moderna. La metrópoli es el único centro urbano de Colombia que tiene metro, hiperflamante y eficiente, y además cuenta con unos funiculares que brindan la posibilidad de viajar rápidamente desde los barrios más alejados y populares al centro de la ciudad, cómodamente sentados y gozando de una hermosa vista. También la Comuna 13 se benefició de esta ola innovadora con la construcción de unas escaleras eléctricas que permiten a sus pobladores ahorrarse centenares de peldaños.

“El mismo día en que Medellín fue proclamada ‘la ciudad más innovadora del mundo’, los fusiles traqueteaban en varias comunas. Le dicen innovadora por la reducción de homicidios que se dio después de la desmovilización parcial de los paramilitares, y del comienzo de la época que nosotros llamamos ‘paratranquilidad’”, explica Luis Fernando Quijano, director de Corpades. “¿Pero dónde está el tema de las desapariciones? No se puede hablar de una ciudad en paz si siguen habiendo desapariciones y desplazamientos forzados, si sigue existiendo la vacuna [cuota]. ¿Innovadora es una ciudad que tiene hombres armados que controlan la vida ciudadana, fosas comunes y casas de tortura donde pican a la gente? Usted encuentra una casa de tortura, ¿será la única o podrán haber muchas más? Cuando uno ve hechos como los de La Escombrera, la pregunta es: ¿sólo una?”.

Artículo publicado en Newsweek el 13.12.2015

The post La Escombrera: la fosa común urbana más grande del mundo first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.