El activista mexicano Gustavo Castro fingió estar muerto para que los sicarios no se ensañaran con él. Le sangraba la oreja mientras la imagen del hombre que acababa de dispararle lo atormentaba y, en la otra habitación, resonaban los disparos que mataron a líder indígena lenca Berta Cáceres, de cuya muerte se cumplen diez años.

Castro se encontraba en Honduras para participar en un taller con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres. La noche entre el 1 y el 2 de marzo de 2016 se quedó en casa de su amiga y, antes de retirarse a su habitación y ver la cara del hombre que intentó matarlo, conversó con ella en el porche. De haber vivido dos días más, Berta Cáceres habría cumplido 45 años. Era madre de cuatro hijos.

Cuando se cumplen diez años de su feminicidio, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha revelado las responsabilidades en el crimen de algunas instituciones financieras internacionales y ha afirmado que el Gobierno hondureño conocía el plan para matar a Berta Cáceres dos meses antes de que se ejecutara, pero no hizo nada para evitarlo.

Para Castro, la implicación del Estado hondureño en la muerte de la líder indígena lenca fue evidente desde el comienzo. De inmediato comenzaron el hostigamiento en su contra y los intentos de desviar la investigación. Entonces, el país centroamericano estaba gobernado por el ultraconservador Juan Orlando Hernández, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos y, cinco años después, indultado por su presidente, Donald Trump.

¿Qué pasó justo después de que intentaran matarle?

Yo temía que los autores materiales me quisieran desaparecer para librarse del único testigo ocular del asesinato de Berta. Los compañeros de Copinh siempre me estuvieron cuidando, justo después del crimen me escondieron en una camioneta y, cuando empezó a amanecer, me trasladaron a la casa de una familia que fue muy linda conmigo.

Fue allí adonde llegó un retratista para que usted diera los datos para hacer un retrato. ¿Cómo le fue con él?

Sí, mi abogado no estaba presente. El retratista sacó todos sus colores y su catálogo de narices, ojos y todo eso. Me preguntaba cómo era el sicario que me disparó. Lo había visto porque estaba a metro y medio de mí y no tenía la cara tapada. Yo le decía al retratista: ‘No es así, es asá’. Y él lo borraba, pero volvía a pintar más o menos lo mismo: la cara del ex compañero de Berta, también integrante de Copinh. Mis declaraciones y mi descripción no coincidían en nada con el dibujo.

¿Piensa que las autoridades de Honduras han querido manipularlo para presentar como «pasional» un crimen que ha sido político?

Así es. Los investigadores me preguntaron también si había escuchado un ruido de carro pues ya tenían el coche del excompañero de Berta. Les dije que todo fue silencioso y creo que gracias a mi testimonio lo tuvieron que dejar libre. También me mostraron unas fotos de posibles culpables y me dijeron: ‘A ver, ¿reconoces a alguien?’. Eran puras fotos de integrantes del Copinh. Claro que reconocí a todo el mundo. Pero ninguno de ellos se parecía al sicario que me disparó.

Luego se dirigió al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la intención de tomar un vuelo para regresar a México. ¿Qué pasó en la terminal?

Me detuvieron unos agentes de la Fiscalía de una manera totalmente ilegal, sin mostrar documentos, sin mostrar nada. Estaban escondidos, aparecieron de la nada y me dijeron: ‘Usted no se va’. Iba acompañado por la embajadora mexicana y por el cónsul que, para que no me agarraran, me rodearon con sus brazos y la embajadora dijo: ‘Protección consular’. No pude viajar a México, me llevaron de vuelta a La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y luego de un careo me dijeron que tenía prohibido salir del país durante treinta días.

Considero todo esto como un secuestro de Estado. Otra vez el Copinh estaba ahí afuera cuidándome. ¿Para qué? Para que no me desaparecieran. Observar algunas cosas que viví ayuda a entender la implicación del Estado en el crimen.

¿Siente que el hostigamiento se ha aliviado durante el mes que permanecer obligatoriamente en Honduras?

Seguía con la preocupación de que me quisieran desaparecer. El cónsul mexicano me buscó un hotel en la comunidad de La Esperanza, pero unos policías se quedaron al otro lado de mi puerta para que no me escapara. Y no podía dormir por la preocupación. Al regresar a Tegucigalpa, me acabé instalando en la residencia de la embajadora mexicana. Tenía un cuarto para mí, mas no para mi hermano, que vino a Honduras para apoyarme. Finalmente, él se fue al hotel que la embajadora había reservado para mí, donde fue víctima de un atentado: le envenenaron una botella de agua y tuvieron que llevarlo al hospital para limpiarlo.

Al fin pudo regresar a México. ¿Una vez en su país se sintió más seguro?

El acoso no cesaba y tuve que esconderme en Ciudad de México. Otras fuentes me informaron de que el Ejército fue a buscarme a mi oficina. La policía mexicana pretendía entregarme una citación de las autoridades hondureñas para que me presentara allá y me buscaban en la escuela de mis hijos preguntándoles a los papás: ‘¿Usted es Gustavo Castro?’, a pesar de que conocen bien mi cara. Llegaban en camionetas sin placas y estacionaban frente a la escuela.

Finalmente decidió exiliarse en el Estado español.

Allí me quedé dos años y encontré mucha solidaridad internacional. Me la pasé en universidades y en foros hablando de la lucha de Copinh y de Berta Cáceres. Incluso estando allá me buscaron para intimidarme. Se me acercaron dos mujeres después de una charla en la Universidad de Zaragoza con el pretexto de que las ayudara a hacer un currículum, pero eran del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cómo era Berta Cáceres? ¿Nos puede compartir algún recuerdo significativo con ella?

Berta era como una hermanita para mí y tengo muchos recuerdos con ella. Por ejemplo, cuando protestamos en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante una cumbre de mandatarios en Canadá. Berta se quiso acercar a los policías para gritarles, se nos cayó un chorro de agua encima y hacía muchísimo frío, pero ella quiso acercarse otra vez. Nos gasearon, íbamos con los ojos hinchadísimos.

Así era Berta: tenaz, valiente y coherente, muy internacionalista también. Tenía mucha claridad política y una gran capacidad de análisis sobre el capitalismo, las empresas, la deuda externa; poco a poco incorporó a su discurso también el tema antipatriarcal. Siempre caminaba con su gente, con el pueblo lenca, y creo que no hay que separar Berta del Copinh: ella no es sin su colectivo. En general, prefiero hacer más énfasis en los procesos que en las personas.

La investigación del GIEI no solo reafirma la implicación en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y del Gobierno de Honduras -en parte ya establecidas por las sentencias de los tribunales locales-, sino también revela que el 67% del crédito obtenido del banco holandés FMO, del banco finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca habría sido desviado para generar un clima de violencia en contra del Copinh, que se oponía al megaproyecto, y para pagar a quienes mataron a Berta Cáceres. ¿Cuál considera que ha sido el principal hallazgo del GIEI?

Creo que el mayor aporte a la verdad del informe de los expertos independientes, que se publicó en enero de este año, es justo la investigación minuciosa de todo el entramado financiero que llevó al asesinato de Berta, de todas las transacciones bancarias y llamadas telefónicas que se realizaron.

De acuerdo con el informe del GIEI, usted ha sido «objeto de hostigamiento, criminalización y detención arbitraria por parte de las autoridades hondureñas, que le impidieron salir del país pese a su condición de víctima y testigo protegido», una situación que ha conllevado «secuelas físicas, psicológicas y profesionales». Frente a todo esto, ¿hay alguna reparación que el Estado del país centroamericano le podría ofrecer?

Demandé al Gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la exigencia de que reconozca públicamente los errores, violaciones procesales y la tortura psicológica en mi contra. Si lo hiciera, me daría por reparado.

A finales del pasado mes de enero de 2026 tomó posesión del cargo el nuevo presidente ultraconservador de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por Donald Trump. ¿Cree que dará seguimiento a las recomendaciones hechas por el GIEI en su informe?

Con el cambio de Gobierno temo que estas recomendaciones [entre ellas que el Estado profundice en la investigación de las responsabilidades penales de la élite económica hondureña y de algunos funcionarios públicos] no vayan a tener mucho eco.

Sin embargo, queda un documento que puede dar sustento a la lucha de Copinh por la justicia para Berta Cáceres, puede contribuir a la presión política y mediática, y a que la ola de lucha e indignación se mantenga.

Entrevista publicada en El Gara el 1 de marzo de 2026.

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Desde el 2 de octubre Guatemala está en paro. Las movilizaciones que empezaron hace una semana se transformaron en un paro nacional indefinido, al que cada día más gente se suma. Exigen la salida de la fiscal general, Consuelo Porras, que, según el presidente electo, Bernardo Arévalo, está intentando organizar un golpe de Estado.

En varios departamentos se llevan a cabo bloqueos de carreteras y acciones en contra del acoso del Ministerio Público (MP) al Movimiento Semilla, el partido progresista que ganó las elecciones presidenciales. Los manifestantes que mantienen bloqueados unos 130 puntos y la capital piden la destitución de quienes hostigan a Semilla: Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.

Los consideran responsables de atentar contra la democracia y el resultado electoral. «Hay un grupo de políticos
y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», advirtió Arévalo hace más de un mes. «Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la Justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente», añadió.

Desde hace tiempo, la Fiscalía está poniendo trabas en el camino de Semilla, partido que se formó tras las protestas masivas de 2015 en contra de la corrupción. Su último ataque, el 30 de septiembre, cuando se llevó del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las boletas de la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio. La FECI ha acusado a Semilla de presentar firmas falsas para la constitución del partido y el juez Fredy Orellana ordenó suspender su personalidad jurídica.

Para el pueblo guatemalteco ha sido la gota que ha colmado el vaso. La semana pasada, autoridades indígenas han
bloqueado las carreteras y sus lideres se han instalado frente al MP en Ciudad de Guatemala. «No venimos a representar a ningún partido político, el momento es de defensa a la democracia en representación de los pueblos originarios indígenas», advirtió Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán. «No venimos a pelear, pero si va a ser necesario cerrar el MP, lo vamos a hacer», avisó.

Una semana después, al paro nacional se han sumado más cantones, departamentos y sectores de la sociedad civil. El paro nacional se volvió indefinido: los manifestantes dicen que allí se quedarán hasta que Fredy Orellana, Rafael Curruchiche y Consuelo Porras renuncien. «No renunciarán. Su actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho», respondió la Fiscalía.

La FECI fue establecida en 2006 para investigar más de un centenar de casos de alto impacto, relacionados con organizaciones criminales y redes de corrupción, nacionales e internacionales. Se creó al mismo tiempo que la ONU conformó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicicg), con el propósito de apoyar a la Fiscalía en la desarticulación de esas estructuras criminales.

Se abrieron juicios que llevaron al banquillo de los acusados a expresidentes como Otto Pérez Molina, a miembros de la élite económica y a la (casi) intocable cúpula militar: hubo juicios por crímenes de lesa humanidad relacionados con las atrocidades cometidas durante la guerra civil que se prolongó durante más de treinta años. En 2013, Guatemala llegó a condenar al general y exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio del pueblo maya ocurrido a principios de los años ‘80. Fue una sentencia histórica, pues ha sido el primer tribunal local en emitir un fallo de este tipo, aunque luego fuera anulado.

Pronto los sectores ultraconservadores guatemaltecos empezaron a reorganizarse. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Cicig, que había empezado a investigar la presunta financiación ilícita de su campaña, con el pretexto de que «puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala». El año anterior, Morales había nombrado a Consuelo Porras como fiscal general y, bajo su mandato, la FECI pasó de perseguir la corrupción a ser un órgano que hostiga judicialmente a fiscales, abogados, jueces y periodistas críticos. Desde su nombramiento, 22 periodistas independientes y 42 magistrados guatemaltecos se tuvieron que exiliar. Juan Francisco Sandoval es uno de ellos y asegura que la democracia está en peligro en su país.

¿Cómo pasó Guatemala de tener una estrategia anticorrupción tan innovadora y reconocida internacionalmente a la situación actual?

El trabajo que desarrolló la Fiscalía, con acompañamiento de la Cicig, permitió descubrir los cuerpos ilegales incrustados en el Estado, la manera en que operan y cómo la élite económica del país es usuaria de ese sistema tan corrupto. El hecho de que el sistema de Justicia comenzara una ruta de fortalecimiento constituyó para las
personas con mayor poder en Guatemala un motivo de preocupación. Estas personas tienen el control de todas las instituciones del Estado y se rearticularon, destinando todas sus energías a desmontar el aparato anticorrupción. Comenzaron sacando abruptamente a la Cicig, después desmantelaron la Fiscalía y luego persiguieron a los funcionarios que descubrimos sus graves actos de corrupción.

¿Cuándo empezó su persecución? ¿Fue por algún caso que estaba investigando?

La persecución en mi contra inició desde el momento en que Consuelo Porras fue designada fiscal general, en mayo de 2018. La atribuyo no a un caso en específico, yo era el encargado de la FECI y mi responsabilidad estaba cimentada sobre la base de todos los casos que gestionaba, incluyendo los que se relacionan con grandes redes político-económicas ilícitas, como el caso Cooptación del Estado, que involucraba el expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que finalmente fueron condenados. Mi trabajo abarcó fenómenos de corrupción en los tres poderes del Estado, también hubo casos que se relacionaban con la manipulación de la elección de las altas cortes de Justicia, con la financiación ilícita de campañas políticas, con lavado del producto del narcotráfico y con organizaciones que tienen alto poder de fuego.

¿De qué forma se está dando esa persecución?

Hay más de cien denuncias en mi contra, son tantas que nilas recuerdo todas, ninguna tiene sustento. Además, tengo seis órdenes de captura en expedientes a los que ni siquiera he podido tener acceso. La primera fue por haber iniciado una pesquisa que se relacionaba con la posible recepción de sobornos por parte del presi-
dente de Guatemala, Alejandro Giammattei; la segunda fue por la investigación del ‘caso Odebrecht’: descubrimos
que unos veinte millones de dólares fueron dados en sobornos a por lo menos ciento ocho integrantes del Congreso de la República para beneficiar a la constructora brasileña. Lejos de continuar con estas investigaciones, la Fiscalía emitió una orden de captura en mi contra. También, recibí múltiples amenazas de atentados, uno de ellos dirigido por el excandidato presidencial Mario Estrada, que actualmente se encuentra cumpliendo prisión en Estados Unidos.

¿Qué ha pasado con los casos que estaba usted investigando en la FECI?

Han sido desmantelados. Lo que está haciendo el Ministerio Público es utilizar esos casos para fundamentar la persecución ilegítima en mi contra y en contra de mis colegas. ¿En qué forma? Pretendiendo, mediante la implantación probatoria o una mala fe, indicar que en los casos que nosotros desarrollamos se cometieron abusos o que hubo errores. Consuelo Porras fue nombrada fiscal general con el propósito de socavar la democracia y proteger a los actores corruptos. Yo ya conocía su manera de operar, pues estuve tres años y cuatro meses tra-
bajando con ella en la Fiscalía.

Este año ganó las elecciones el Movimiento Semilla, un nuevo partido que no representa a la élite política-económica tradicional, pero la oligarquía guatemalteca está intentando ponerle trabas. ¿Qué piensa de la situación actual?

Las fuerzas oscuras que realizaron la persecución en nuestra contra han desarrollado la misma dinámica en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala. En este momento está en riesgo la democracia, no se quiere respetar la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto pasados.

¿Piensa que en un futuro próximo, tras el cambio de Gobierno, tendrá posibilidad de regresar a Guatemala?

Es esperanzador de que haya un nuevo Gobierno electo en Guatemala, pero creo que mi regreso va a ser muy difícil, no hay garantías.

Artículo publicado en El Gara el 12 de octubre de 2013.

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Esta caravana avanza en un año especial, pues en 2021 los flujos migratorios hacia el norte se han triplicado, con unas 200.000 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos. Del otro lado del límite fronterizo también se registró un récord: ningún Gobierno mexicano ha arrestado a un número tan grande de migrantes en un año como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. La explicación no es solo que el número de personas que viajan hacia el norte ha aumentado, sino también que las políticas migratorias se han endurecido. 

En una ocasión, América fue detenido por las autoridades mexicanas y deportado a Honduras. Otra vez, cuando se encontraba en el sur de México, fue secuestrado por el grupo criminal Jalisco Nueva Generación. «Son buenas personas: me quitaron el dinero que tenía, pero me dieron comida y cigarrillos, y me llevaron al tren para que pudiera seguir mi viaje», dice América cuando nos encontramos a finales de octubre, en el momento en el que la caravana de migrantes cumplía unos pocos días de camino en el sureño estado de Chiapas.

Durante sus veinte viajes, América se ha desplazado por México sin tener un rumbo claro, con la vaga idea de querer llegar a Estados Unidos, buscando trabajitos allí donde la suerte lo llevara. Pero a veces lo vencía la nostalgia y regresaba a Honduras para ver a su mamá. Se quedaba allí una temporada y luego emprendía el camino otra vez. «Puedo dormir donde sea: en el suelo, junto a las vías del tren o bajo un aguacero», asegura el adolescente. Tiene acné en las mejillas, un polo de flores y una gorra para protegerse del sol. A su alrededor, los demás migrantes descansan buscando la sombra, esperando a que la tarde apague el sol para emprender otra vez la ruta.

Veinte kilómetros diarios
La Caravana por la Justicia, la Dignidad y la Libertad del Pueblo Migrante en Camino recorre unos 20 kilómetros al día, sin importar si el calor abrasa o la lluvia no da tregua. Uno de sus objetivos es visibilizar las dificultades que vive la población migrante y protestar contra las políticas migratorias de los dos países norteamericanos.

La caravana salió el 26 de octubre de la ciudad chiapaneca de Tapachula y llegó a Ciudad de México el 12 de diciembre, donde las autoridades ofrecieron a sus integrantes una visa por razones humanitarias. Algunos se quedarán en México, pero la mayoría seguirá su viaje hacia Estados Unidos. Cuando salió del sur de México la integraban unas 2.000 personas adultas y centenares de menores. La mayoría de ellos son centroamericanos, pero hay también personas procedentes Haití y Cuba, y hasta algunos de procedencia africana.

Han dormido en las plazas de los pueblos o en los arcenes, cuando los hay, de las carreteras. A veces ayuntamientos, párrocos o pobladores les apoyan suministrándoles agua y comida. En muchos casos no aparece nadie para ofrecerles víveres o desinfectante para curarse las ampollas producidas por las largas caminatas. América no tiene ampollas en los pies ni una meta clara, pero está seguro de que Honduras es demasiado peligroso para vivir.

Durante las ocho semanas y más de 1.100 kilómetros de camino recorrido, la caravana se ha ido deshilando y reconfigurando. Algunas personas se han separado y han seguido el viaje por su cuenta, al mismo tiempo que otras nuevas se han sumado a esta marcha. La mayoría de quienes salieron de Tapachula en caravana llevaban meses varadas en el lugar a la espera de recibir una respuesta a su solicitud de refugio. Esa tardanza se debe a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está saturada: se calcula que antes de terminar el año habrá recibido unas 130.000 solicitudes de asilo, cifra que representa un 46% más que el año anterior. Para intentar aliviar la situación de esta ciudad que muchos migrantes consideran como una cárcel, el Gobierno prometió trasladarlos en autobús a otras regiones de México y ofrecerles una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Desde hace semanas, miles de solicitantes de asilo están acampando en el estadio de Tapachula, a la espera de ser trasladados a otros lugares del país.

Una política migratoria más dura
Este año los flujos migratorios han sido especialmente intensos debido, sobre todo, a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, a los huracanes que azotaron Centroamérica, al terremoto de Haití y a la crisis social que desató el magnicidio de su presidente, Jovenel Moise. También ha influido la falsa ilusión de que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca conllevaría un viraje en las políticas migratorias estadounidenses.

Todo esto ha ocurrido simultáneamente al endurecimiento de la política migratoria del Ejecutivo mexicano: en mayo de 2019, Donald Trump amenazó a López Obrador con subir los aranceles del 5% si no se comprometía a frenar los flujos migratorios, y éste decidió desplegar más efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México con el objetivo específico de detener a las personas migrantes. Los intentos de la Guardia Nacional de desarticular la caravana han sido varios a lo largo de su trayecto. El último, cuando entraba a Ciudad de México y se topó con un muro de policías.

La violencia contra la población migrante por parte de la Guardia Nacional tiene un largo historial, que va desde los intentos de bloquear las caravanas a los tiroteos contra los vehículos que los transportan, que han provocado muertos. Además, en más de una ocasión sus vehículos han tenido accidentes en la carretera.
En noviembre doce personas murieron calcinadas en el interior de dos camionetas tras un choque en Chiapas. Pero el accidente más grave ocurrió el pasado 9 de diciembre, en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), donde volcó un camión en el que viajaban hacinados 166 migrantes, en su mayoría guatemaltecos.
Murieron 56, muchos de ellos aplastados por sus propios compañeros de viaje. Antes de volcar, el camión había pasado junto a tres retenes policiales, pero nadie lo detuvo para revisarlo, lo que levantó la sospecha de la posibilidad de que las autoridades estuvieran encubriendo el tráfico de personas. Se trata de un negocio muy lucrativo: los migrantes habían pagado casi 10 mil euros para ser trasladados desde Chiapas hasta Texas. «Las causas más profundas de accidentes como estos tienen que ver con el recrudecimiento de la política migratoria: está probado que a mayor fortalecimiento de la política de rechazo de personas migrantes, más se fortalecen las redes de tráfico de personas, pues aumenta el beneficio económico», afirma Rita Robles de la ONG Alianza Américas.

«Quédate en México»
Carmen saca de su bolso unos papeles que le entregó un juzgado de El Salvador. «Un tribunal me avala, no tengo sólo mi palabra», dice mientras muestra los documentos. Se trata de la denuncia contra su expareja y unos amigos suyos pandilleros. «Fueron a mi casa diciendo que me daban quince días para que volviera con él, en caso contrario la iba a pagar mi hija de siete años», relata. El miedo no le hizo perder la lucidez. Al día siguiente, Carmen agarró su hija y una maleta y puso rumbo a Estados Unidos. «Tengo que estar lejos de allá para proteger a mi hija. Hay bastantes personas en la caravana que venimos así, huyendo de algo o de alguien», cuenta Carmen, mientras su hija juega con una amiga en la cancha de fútbol del pueblo de Acacoyagua, en Chiapas.

Faltan más de 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos. Aunque llegue hasta allí, a Carmen le tocará pasar un tiempo en alguna ciudad fronteriza de México porque el 6 de diciembre entró nuevamente en vigor el «Quédate en México» (MPP – Migrant Protection Protocols, por sus siglas en inglés), un programa del Gobierno estadounidense que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución a su petición en México, donde se pueden tener que quedar hasta seis meses.

El programa fue creado por Trump y ha dejado a unos 70.000 migrantes varados en la frontera norte de México a la espera de la respuesta de una corte estadounidense. Su cancelación fue una de las promesas electorales
de Biden, que lo ha calificado de «inhumano», pero un tribunal federal de Texas ha ordenado su reimplantación.«La reinstalación de ‘Quédate en México’ ha sido impuesta de forma arbitraria por un tribunal de Estados Unidos y, por jurisdicción no tendríamos que atenderla, es una cuestión de soberanía. Nos regalaron vacunas y bajo ese compromiso lo aceptamos otra vez», afirma Rita Robles.

Carmen tiene miedo de que las pandillas de El Salvador tengan contactos en México para mandarla buscar, y teme la peligrosidad de las ciudades fronterizas del norte del país. Sabe que sólo una vez en Estados Unidos, cuando llegue a casa de su hermana, ella y su hija se sentirán seguras.

Artículo publicado en El Gara el 27.12.2021.

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Desde entonces, Jorge Verástegui González, hermano de Toño, los busca y pide justicia para sus familiares y las otras 90.000 víctimas de desaparición forzada, y para cada una de las 10 mujeres que a diario son víctima de feminicidio en México, así como para las 340.000 personas desplazadas forzadamente desde el año 2006, cuando el Gobierno impulsó la militarización del país con el supuesto fin de combatir a la criminalidad organizada.

El pasado domingo, Verástegui González y otros 93,5 millones de mexicanos estaban llamados a votar en la primera consulta popular de la historia de México, en la que se preguntó a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con impulsar «acciones pertinentes» para esclarecer crímenes del pasado y «garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas».

Jorge Verástegui González decidió no acudir a las urnas, pues «la consulta ha sido promovida por un grupo de personas cercanas al presidente López Obrador, sin que se diera un proceso previo de diálogo con las numerosas organizaciones de víctimas presentes en México para conocer su opinión».

La pregunta de la consulta –«¿Está de acuerdo con emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados?»– fue muy genérica y dejó espacio a múltiples interpretaciones, pues un proceso de esclarecimiento del pasado puede significar varias cosas. La lectura más común fue que se estuviera consultando sobre la creación de una comisión de la verdad u otros mecanismos de justicia transicional que los Estados implementan para superar épocas de crisis sociales y humanitarias.

«Apostaría más bien a fortalecer la Justicia ordinaria, pues no creo que la justicia transicional funcionaría en México: aunque se crearan buenos mecanismos, no habría voluntad política para su implementación», sostiene Verástegui González. «Además son mecanismos temporales para crear narrativas compartidas o ir en contra de las grandes cabezas, mientras que como familiares de desaparecidos lo que necesitamos es algo muy concreto, y es encontrarlos», añade.

Es indudable que la Justicia ordinaria en México tiene un gran problema, el 92% de los delitos cometidos ni siquiera se investigan. «Es cierto que, sin importar los resultados de la gación de investigar y sancionar a los responsables de cualquier delito o violación a los derechos humanos», subraya Daniela Malpica de la organización Justicia Transicional MX. «Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia reconoció, al analizar la
constitucionalidad de la pregunta, que no hay cauces institucionales que puedan dar respuesta a una cantidad tan grande de solicitudes de verdad y justicia. Por esto se abre la posibilidad de que se establezcan mecanismos extraordinarios».

Solo el 7% del padrón electoral acudió a las urnas y casi el 98% votó por el «sí». Para algunos fue un rotundo fracaso y un desperdicio de dinero público, otros creen que el Gobierno debería de escuchar a los 7 millones de personas que se han movilizado para pedir que se promuevan procesos de esclarecimiento.

Mario Delgado, presidente de Morena, celebró el resultado: «Comienza una nueva etapa contra la impunidad en la que las víctimas estarán en el centro», afirmó, y prometió no sólo apoyar la creación de una comisión de la verdad y de un tribunal del pueblo, sino también de una comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo.

«No creo que el Ejecutivo cumplirá sus promesas», opina Daniela Malpica. «Si tuviera voluntad política de crear una comisión de la verdad ya la hubiera impulsado, porque tiene facultad para hacerlo y, de hecho, la implementación de mecanismos de justicia transicional fue una promesa de campaña».
Sorpresivamente, la consulta fue apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). «Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas», señaló el subcomandante Moisés. «Independientemente de los de arriba, el objetivo es dar paso a una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia».

El zapatismo hizo suya la consulta, yendo más allá del día de votaciones y convocando asambleas en los pueblos indígenas, donde, siguiendo sus usos y costumbres, debaten sobre crímenes de Estado e impunidad. 756 comunidades ya se han pronunciado por el «sí» y los resultados finales de este proceso interno serán compartidos con las familias de las víctimas. El EZLN ha convertido la consulta promovida desde el oficialismo en una plataforma a favor de una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia.

Artículo publicado en El Gara el 9.08.2021.

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Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto? 

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos. 

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

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La Fiscalía encontró otros cinco cadáveres junto al de Enrique Chávez Ortega. La asociación Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica –que integra unas 150 familias de personas desaparecidas que se acompañan en la búsqueda de sus seres queridos– subió a su web fotografías de la ropa y de los tatuajes que tenían los cuerpos con la esperanza de que alguien los reconociera.

Era 2019 cuando empezaron a llegar las llamadas de las familias de Xavier, Carlos Enrique, Blanca Rosario, Luis Enrique y José Luis. Las integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica las acompañaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de sus hijos, ya que por miedo aún no lo habían hecho. También estuvieron presentes cuando las autoridades les sacaron muestras de ADN para cotejarlas con el perfil genético de los cadáveres.

El 6 de febrero de 2021, las cinco familias recibieron los restos y pudieron enterrarlos, realizando al fin el duelo en suspenso que causa la desaparición de un ser querido. «Es un día con muchos sentimientos encontrados, pero con la certeza de saber que nuestros familiares vuelven a casa», escribió en Facebook el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica. «Gracias a todas las personas que han hecho posible que este dolor de la ausencia se haya podido convertir en un momento en que podamos volver a abrazarles, no de la manera en que hubiésemos querido, pero ahora tenemos un lugar dónde llorarles», agregó.

Campos clandestinos

El periodo más duro para los veracruzanos ha sido durante el mandato del exgobernador Javier Duarte, quien se encuentra en la cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva. Todavía no ha sido procesado por desaparición forzada, a pesar de que tiene una orden de aprehensión por este delito y de que la Fiscalía está investigando más de 200 desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por policías estatales durante su sexenio (2010-2016).

Fue justo en ese período cuando Los Zetas –una organización criminal integrada por exmilitares de élite– se apoderó de La Gallera, un rancho de seis hectáreas que transformaron en un campo de exterminio donde se torturaba a personas y se incineraban sus cadáveres.

No es el único cementerio clandestino en Veracruz, donde se encuentra Colinas de Santa Fe, la fosa común más grande del país, ubicada en las orillas de la ciudad más poblada del estado, Puerto de Veracruz. Allí el colectivo de familiares de desaparecidos Solecito encontró 298 cráneos y 22.500 restos humanos.

Los hallaron integrantes de esta asociación porque las autoridades mexicanas no buscan a los desaparecidos, ni vivos ni muertos, y sus familiares se vieron obligados a organizarse para hacerlo. Los buscan con vida –en lugares como cárceles u hospitales– y organizan brigadas para entrar en las zonas donde hay señalamientos de la existencia de fosas comunes y para excavarlas. Las brigadas siempre están acompañadas por los peritos de la Fiscalía que, por ley, están encargados del levantamiento de los restos, aunque sin la presión de las familias no hacen su trabajo.

Todo empezó en 2011, cuando miles de supervivientes de la violencia participaron en las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Recorrieron todo México hablando, por primera vez en público, de las violaciones de derechos humanos que habían vivido en carne propia.

«Allí entendimos que este movimiento era un medio, no un fin, y decidimos crear una asociación civil únicamente enfocada en la búsqueda de nuestros familiares», relata Juan Carlos Trujillo, que tiene cuatro hermanos desaparecidos y fundó la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera. «Poco a poco nos dimos cuenta de que el aparato de Justicia en México no existe, que el sistema no funciona o funciona sólo para unos cuantos, desprotegiendo a la mayoría», afirma. Tras fundar Familiares en Búsqueda María Herrera, Trujillo recorrió medio país para impulsar la Red de Enlaces Nacionales, que hoy agrupa a más de 50 asociaciones de familiares de desaparecidos.

«Me marcó la vida»

Desde hace tiempo el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica recibía señalamientos sobre un rancho sospechoso. «Vayan a La Gallera a buscar», decían los pobladores de Tiahuatlán. Algunos aseguraban haber visto gente desnuda huir del rancho.

Era el 1 de febrero de 2017 cuando la Fiscalía General del Estado de Veracruz, acompañada por algunas mujeres integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera, decidió entrar a La Gallera. Encontró una casa de dos pisos con seis habitaciones, rodeada por la maleza. En sus inmediaciones halló tres fosas con el cuerpo de Enrique Chávez Ortega y otras cinco personas cuyos restos recién han sido entregados a sus familiares.

«Ver todo esto me marcó la vida, no lo podía creer: cuerpos desmembrados, se les veía lo que habían sufrido y el daño que les habían hecho», rememora Maricel Torres Melo, madre de un adolescente desaparecido a manos de la Policía Intermunicipal tras salir a cenar a una taquería. «Ver ahí la casa por primera vez: las huellas de las manos en las paredes, el reguero de sangre por donde los arrastraron; observar por todos lados y ver huesos tirados por donde quieras», recuerda.

A un costado de la casa encontraron un gran horno, tal vez en su origen construido para hacer ladrillos, e intuyeron que había sido utilizado por Los Zetas para incinerar cadáveres. «Vimos el horno y nuestra mente empezó a trabajar», dice Torres Melo.

La asociación de Familiares en Búsqueda regresó al rancho La Gallera menos de dos meses después y encontró el cráneo de un niño. También marcó 22 puntos donde suponía que podía haber más cuerpos. En total fueron nueve las veces en que los familiares de los desaparecidos entraron en La Gallera, con picos, palas y cedazos, para excavar fosas y colar las cenizas mezcladas con fragmentos óseos que Los Zetas sacaban del horno y esparcían alrededor del rancho.

Mientras trabajan, las mujeres del colectivo gritan sus consignas: «Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos», «Hijo, escucha, tu madre está en la lucha». Se daban ánimo. No es fácil cuando te encuentras en un campo de exterminio de Los Zetas. Cuando piensas que tu hijo desaparecido pueda haber sido traído allí, encerrado en uno de estos cuartos, torturado, ejecutado e incinerado en un horno. Y tu hijo no es nada más que un estudiante, un campesino o un maestro. Y aunque fuera un criminal, ¿se merecería esto? ¿Se merece su madre estar buscándolo en una fosa clandestina? ¿Colar cenizas pensando que puedan ser el cuerpo calcinado de su hijo?

Las madres de Familiares en Búsqueda regresaron a La Gallera una y otra vez porque no confiaban en que la Fiscalía hubiera realmente realizado una labor de exploración de indicios para agotar su diligencia. De hecho, cada vez que volvieron encontraron más restos: fueron en total dos cráneos y unos 1.200 fragmentos óseos, algunos tan chiquitos que no fue posible sacarles la muestra de ADN para eventualmente poderlos identificar.

«Es un sistema que no opera de manera eficiente, por esto la grave crisis forense de México. Por ejemplo, a los cadáveres que se encontraron en La Gallera en febrero de 2017 las autoridades les tomaron los datos genéticos sólo después de que nuestro colectivo lo solicitó, aunque deberían hacerlo de oficio en el momento del hallazgo», afirma Óscar Espino Vázquez, abogado de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017 establece que la Fiscalía General de la República cree un Banco Nacional de Datos Forenses donde se guarden las muestras de ADN de la totalidad de los 38.891 cuerpos sin identificar que, según datos de Quinto Elemento Lab, se fueron acumulando en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) desde 2006 hasta diciembre de 2019. Estos perfiles de ADN se deberían cotejar con los de las personas que han presentado denuncia ante la autoridad por la desaparición de un familiar, para así poder pasar a la identificación y a la entrega de los restos.

«No todos los perfiles genéticos de las fiscalías de los estados están aportados e este banco nacional», asevera Espino Vázquez. «Además, nadie está revisando de manera permanente si algún cuerpo que ha sido encontrado tiene las características de otro cuya desaparición ha sido denunciado», concluye el abogado.

Artículo publicado en El Gara el 15 de marzo de 2021.

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Aquel día de 2011, las mujeres de Cherán se acercaron a la camioneta de los talamontes, los obligaron a bajar y los retuvieron. Las campanas de la capilla del Calvario empezaron a tocar y la gente salió a la calle; los hombres se sumaron a la revuelta de las mujeres y así empezó a tomar forma una de las experiencias de autogobierno y autodefensa indígena más reconocida de México.

«Todo el pueblo, primero las mujeres y después los hombres, los niños y las personas mayores nos reunimos para frenar a los talamontes», recuerda García Macías. «Somos luchadoras, las mujeres somos muy valientes, lo traemos en la sangre», dice. Tras el levantamiento, la gente de Cherán atravesó troncos y amontonó piedras en las tres entradas del pueblo impidiendo que los integrantes de las organizaciones criminales entraran para rescatar a sus compañeros. Al día siguiente, los cuatro barrios de Cherán que se habían levantado en defensa de su bosque y por la seguridad se reunieron en asamblea: desconocieron a la Policía, a los partidos políticos y a la Presidencia municipal, por su colusión con los criminales.

Además, prohibieron el cultivo de aguacate en su territorio, pues la tala criminal de los bosques no estaba dirigida sólo a vender su preciada madera en el mercado ilegal, sino a «liberar» espacio para implantar este árbol que desertifica la tierra y causa problemas de acceso al agua para la población, al requerir cien metros cúbicos de agua al mes por hectárea, once veces más que el pino.

«Sacamos a los partidos políticos y desde entonces no hubo elecciones en Cherán. Formamos nuestro propio Gobierno, el Concejo Mayor, que elegimos por usos y costumbres», dice María Guadalupe García Macías, que es una de sus doce concejales, llamados k’eris en idioma purépecha.

Su «candidatura» fue propuesta en mayo de 2018 por una fogata de vecinos. Cada noche, cuando el sol se esconde detrás del cerro y el frío abraza la meseta purépecha se prenden fogatas en cada esquina del pueblo para presidiar las calles, compartir atole, café y palabras entre vecinos. Es allí donde se debate sobre los problemas de la comunidad y se hace política. En tiempos de elecciones, por usos y costumbres, las fogatas proponen una lista de nombres de pobladores que se postulan al cargo de k’eri a la asamblea de los barrios de Cherán, que elegirá el nuevo Concejo Mayor. Ser parte de este órgano para los cheranenses no es un privilegio, sino servicio a la comunidad.

«Buscamos retomar y fortalecer instituciones que como pueblo purépecha teníamos antes de la colonia, como el Concejo Mayor de Gobierno», explica el abogado David Daniel Romero, poblador de Cherán.

El Gobierno autónomo purépecha está reconocido por el Estado. El 2 de noviembre de 2011, con base en la Constitución de la República y convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió a favor de los comuneros, reconociendo el derecho de sus 15.000 habitantes de elegir a sus autoridades por usos y costumbres.

La Ronda Comunitaria

La sede del Concejo Mayor es la Casa Comunal de Cherán, un edificio de estilo colonial que en 2011 fue tomado por la población insurrecta. Afuera, en la bella plaza principal del pueblo, las familias pasean y disfrutan de los puestos de comida, las personas ancianas descansan en los bancos y los niños juegan a la pelota hasta en las noches.

Es una de las conquistas de la rebelión de los comuneros. Hasta 2011, Cherán estaba tomado por grupos criminales ligados a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. En los bosques que rodean el pueblo se dedicaban a la tala ilegal y a abrir rudimentales narcolaboratorios para la producción de drogas químicas, al mismo tiempo de que extorsionaban, mataban, desaparecían comuneros y cobraban «cuotas» a los comerciantes. Después de las 9 de la noche, la gente de Cherán no salía de sus casas.

La situación ha sido revertida gracias a la acción de la Ronda Comunitaria, un cuerpo de seguridad autónomo y comunitario integrado por unas 60 personas entre hombres y mujeres. Son elegidas por la asamblea de Cherán, que puede destituirlas de su cargo si no cumplen con su mandato.

La Ronda Comunitaria presidia las tres entradas al pueblo: allí donde en abril de 2011 fueron levantadas las barricadas hoy en día existen puestos fijos de vigilancia. Los «rondines» paran cada carro, preguntan el motivo de la visita, controlan que no entren los criminales, políticos o la propaganda de sus partidos. Tienen uniforme, armas y un sueldo pagado por el Estado, que tuvo que reconocer su función tras la sentencia del Tepjf de 2011.

La rebelión de Cherán expulsó a la Policía Municipal y cerró la oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos acusados de no cumplir con sus funciones y de tener nexos con las redes criminales. La Procuraduría fue sustituida por el Consejo Procuración y Mediación de Justicia, órgano comunitario y autónomo, y en la sede de la Ronda Comunitaria de Cherán existe una pequeña prisión donde se detiene a personas acusadas de delitos menores. Los delitos graves son remitidos a la Agencia del Ministerio Público de Zamora.

Desde la sede de la Ronda Comunitaria salen los «rondines» para patrullar el pueblo varias veces al día. Y cada madrugada, antes de que el sol se asome para calentar el aire frío de la meseta purépecha, salen las camionetas de los guardabosques para cuidar a sus cerros sagrados.

El negocio del «oro verde»

«A todos los que encontraban aquí los agarraban: los desaparecían o los mataban. Solamente ellos eran libres para tumbar arboles», señala Juan Chávez mirando a una cruz que recuerda que allí, entre árboles de pino y encino, el crimen organizado ha matado a un hombre.

Juan Chávez camina por los senderos que rodean Cherán con la agilidad de un joven. Los conoce en detalle pues son sus bosques, pertenecen al pueblo purépecha. Lo acompañan dos guardabosques, un cuerpo de seguridad que acompaña a la Ronda Comunitaria en las tareas de seguridad. Cargan rifles y tienen un uniforme azul oscuro con la bandera purépecha cosida la manga.

Los guardabosques no sólo patrullan a los bosques para asegurarse de que no entren los talamontes, sino que reforestan las áreas que han sido taladas en años pasados. El periodo de despojo más intenso en Cherán fue, de acuerdo con un estudio académico de María Luisa España y Omar Champo, entre 2010 y 2011. En total, fueron deforestadas más de 9.000 hectáreas, «lo que equivale al 71% de la superficie vegetal existente en 2006». Alrededor del 80% ya ha sido reforestado por los guardabosques comunitarios, que gestionan un vivero que tiene capacidad de producir dos millones y medio de plantas por año.

«Tenemos muchos árboles nuevos, los hemos replantado, pero tenemos que seguir reforestando y patrullando para que no entren a talar para sembrar aguacates, que aquí está prohibido», indica Juan Chávez mirando a las montañas que se extienden frente a nosotros. «Miren allá, se ve la diferencia, el bosque cambia de color. A partir de allí, donde termina el Municipio de Cherán, hay aguacates».

Donde antes se sembraba maíz, amaranto, frijol, calabaza, cacao o tomate, hoy en día se extienden largas hileras de monocultivos de «oro verde». Michoacán es el mayor productor de aguacate del mundo. Este fruto rico de vitaminas, grasas nutritivas y fibras deja divisas por unos 1.150 millones de euros y, de acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana, más de 31 millones de euros provienen del Estado Español, cuyo consumo de aguacate michoacano entre 2015 y 2016 creció de más del 140%.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mexicana, en 2019 Michoacán produjo un millón 725.000 toneladas de aguacate, alrededor del 76% de la producción nacional. En marzo de 2019, el gobernador, Silvano Aureoles, afirmó que la mitad de las 200.000 hectáreas de cultivo de «oro verde» que se encuentran en el estado son irregulares. A los productores se les exige una «cuota» por cada hectárea cultivada, a los jornaleros se les cobra para poder trabajar en la cosecha y buena parte de la línea de producción y comercialización acaba enriqueciendo a las organizaciones criminales.

Artículo publicado en El Gara el 15 de enero de 2021.

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No salió ninguna “caravana migrante” de San Pedro Sula, en Honduras, el 30 de octubre. Sólo unas 30 personas acudieron a la cita que se convocó en redes sociales en la terminal de autobuses y no sorprende, pues en los grupos de Facebook donde los migrantes centroamericanos se coordinan para organizar su viaje rumbo a los Estados Unidos muchos compartieron sus dudas. No conviene salir pocos días antes de las elecciones norteamericanas – escribieron algunos migrantes – y a causa de las medidas de prevención al Covid19 ahora es aún más difícil que los dejen transitar en Guatemala y México. “Mejor pasar las navidades con la familia y salir a mediados de enero”, concluyeron varios.

Las “caravanas migrantes” son una formula que se inauguró en octubre de 2018, cuando más de 7 mil centroamericanos tocaron a las puertas de México. Se convocaron en redes sociales y no migraron a escondidas, metiéndose a los cerros para hacerse invisibles, pagando a un pollero (traficante) entre 8 y 13 mil dólares según de la comodidad del viaje, con la constante amenaza de ser interceptados por la policía y las organizaciones criminales, que suelen robar, violar, secuestrar y matar a los migrantes.  

Esta vez migraron en masa y a la luz del día. Se fuerza radicó justo en aparecer descaradamente frente a los carros que transitaban en las carreteras y ante las cámaras de los periodistas de todo el mundo; con sus chanclas, sus mochilas, sus cochecitos llenas de bebés y paquetes. Con la dignidad de quien cruza a una frontera porque tiene derecho de irse de su país.

Aquella vez de hace dos años, los migrantes centroamericanos se congregaron en el puente internacional que divide el poblado guatemalteco de Tecún Umán de la ciudad mexicana de Tapachula, y entre empujones y gases lacrimógenos lograron romper la resistencia de las autoridades mexicanas. Una vez en el país la policía los “escoltó” en su camino, y muchos de ellos llegaron hasta la frontera norte. Algunos cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, otros siguen varados en México a la espera de que se resuelvan los trámites de su asilo en el país norteamericano. 

Desde entonces, se sucedieron una decena de caravanas migrantes y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una política de “puertas abiertas” que fue más que nada una declaración de intentos, siendo que en la práctica consistió sólo en la entrega de unas 15 mil tarjetas de residente por motivos humanitarios.

Sin embargo, en mayo de 2019 las declaraciones de López Obrador cambiaron de tono: Donald Trump amenazó México con subir del 5% los aranceles a sus importaciones si no detenía «el flujo de inmigrantes indocumentados». En respuesta, el presidente mexicano envió unos 6 mil elementos de la Guardia Nacional a su frontera meridional e incrementó del 63% las deportaciones de centroamericanos, que sólo en el primer año llegaron a 124 mil.

Elmer Antonio Rodríguez decidió sumarse a su primera caravana migrante en enero de 2020, pues no vio otra opción que irse de la ciudad hondureña El Progreso: trabajaba en una ferretería en por unos siete euros la semana y no tenía casa. Tras cruzar la frontera mexicana y caminar once kilómetros, la caravana fue interceptada por la Guardia Nacional. Unas 3 mil personas fueron detenidas y encerradas en las estaciones migratorias, tras ser “agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance”, escribe la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado del 29 de octubre de 2020, que destaca la presencia de niños y adolescentes entre las personas agredidas.

Algunos migrantes lograron escapar a la persecución policial. Entre ellos Elmer Antonio Rodríguez, que en unos diez días recorrió todo México para luego lanzarse al desierto que conduce a Estados Unidos. “Caminé una semana entre nopales y rocas, tenía los pies llenos de ampollas. Me agarraron y me regresaron a Honduras”, dice el joven, que intentó la suerte otra vez a principio de octubre pasado, en la que fue la primera caravana desde el comienzo de la pandemia.

Sólo un par de semanas antes Guatemala, país que divide Honduras de México, había abierto sus fronteras después de un cierre de seis meses debido a la pandemia. “En estos meses hubo una baja en los flujos migratorios por el cierre de las fronteras y también por el miedo al contagio de los mismos migrantes”, afirma Marta Sánchez Soler, coordinadora general del Movimiento Migrante Mesoamericano, ong que registró una baja en los flujos migratorios de un 90%. El miedo al contagio sigue entre los migrantes centroamericanos, pero la crisis económica causada por la pandemia es aún más fuerte y los empuja a salir, solos o en caravana, chocando una vez más con las leyes migratorias endurecidas por la pandemia.

“En medio de la emergencia sanitaria actual nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras”, dijo el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei el primero de octubre, al enterarse de que miles de hondureños estaban a punto de tocar las puertas de su país.

Cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala en realidad fue sencillo para Elmer Antonio Rodríguez y los demás integrantes de la caravana migrante, pero las carreteras guatemaltecas estaban llenas de retenes de policía y militares, donde han sido detenidos y deportados.

A Elmer Antonio le tocó en Tecún Umán, poblado que se encuentra en la frontera con México, justo cuando estaba a punto de cruzar la línea. Lo encontré mientras estaba encapsulado por la policía y el ejército guatemalteco con otros cien migrantes que se habían acercado a una estructura gestionada por religiosos para recibir comida. En ningún momento las autoridades que los cercaban los obligaron a regresarse a Honduras, a subirse a unos autobuses de los que colgaba una manta que decía “retorno voluntario”. Sin embargo, la presión los ganó: tras un día entero encapsulados, sin poderse mover y empapados de lluvia, con la certidumbre de que muchos migrantes que iban atrás ya habían sido deportados y no hubieran podido compactarse en la frontera mexicana para cruzarla en caravana, con las amenazas del gobierno mexicano de encarcelarlos por no respetar las medidas de prevención al Covid19 y con muchos albergues de migrantes – estructuras de apoyo gestionados por religiosos – cerrados a causa de la pandemia, Elmer Antonio y buena parte de sus compañeros aceptaron subirse al autobús que los regresó a su país.

“Compadres, ¿son humanos ustedes? ¿Comen o no comen?”, gritó Elmer Antonio a los militares, asomado por la ventanilla. “Lo mismo estamos nosotros, pero tenemos que buscarnos la vida porque no tenemos dinero”.

En el pasado las autoridades guatemaltecas nunca habían bloqueado el camino de la caravana de hondureños, también a causa de un acuerdo de libre tránsito llamado Centroamérica-4, firmado por Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el caso de la caravana del principio de octubre de 2020, el pretexto utilizado para ignorar los convenios internacionales e impedir el paso de los migrantes ha sido la falta de la prueba PCR. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, de los aproximadamente 4 mil migrantes que ingresaron al país por la frontera con Honduras, 3.953 han “retornado voluntariamente”.

Los demás se colaron por las mallas no tan estrechas de la frontera meridional de México, que desde Tecún Umán puede ser atravesada cruzando el río Suchiate en balsa, pagando poco más de un euro. Algunos integrantes de la caravana migrante lo lograron, a pesar de los 300 elementos de la Guardia Nacional mexicana desplegados en la orilla del Suchiate. Otros más patrullaban las carreteras internas, que estaban vigiladas también con drones, según declaró el Instituto Mexicano de Migración.

“No es momento de migrar. Quédense en casa, la pandemia no ha terminado”, ha afirmado Mario Adolfo Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México, quien apareció brevemente en la frontera al momento de la llegada de la Guardia Nacional.

De acuerdo con muchos analistas, el muro de Trump se está corriendo siempre más al sur debido a las presiones del ejecutivo norteamericano sobre México y sobre los países centroamericanos. “La administración de Guatemala ha cambiado política porque no es un gobierno que se mande, es un gobierno que le mandan”, afirma Olga Sánchez Martínez, fundadora del Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante de Tapachula, en México. “Siempre hemos sido presionados por Estados Unidos, es político lo que está pasando aquí”, incide.

Artículo publicado en El Gara el 19.11.2020.

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“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, claman los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una agrupación de personas que se reconocen como víctimas – o supervivientes – de la militarización que el gobierno mexicano desplegó a finales de 2006 para, supuestamente, combatir a la criminalidad organizada, y que causó más de 280 mil muertos, unos 61 mil desaparecidos y entre 1 y 8 millones desplazados internos. 

Una crisis humanitaria que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) visibilizó ya en 2011. Las movilizaciones fueron entonces convocadas por el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo Juan, y el pequeño grupo que se congregó a su alrededor fue poco a poco creciendo, hasta convocar una marcha – en 2011 – de Cuernavaca a la Ciudad de México para pedir un alto a la violencia. Miles de personas se sumaron en el camino. Luego se organizaron una caravana que atravesó el centro y el norte del país hasta Ciudad Juárez – entonces “capital de los feminicidios” -, una rumbo al sur y una que recorrió 27 ciudades de los Estados Unidos para visibilizar la violencia que se vive en México y exigir un alto a la exportación de armas.

«En algo andaban»

Por primera vez se logró articular a los colectivos que desde hace tiempo denunciaban la masacre mexicana: las victimas de la violencia y sus historias recorrían juntas las calles y aparecían en los medios. Se fue desmoronando la versión del gobierno de que los asesinatos y las desapariciones ocurrían a personas que “en algo andaban”, y que sólo se registraban algunos “daños colaterales”. 

Magdalena Puente González no participó en las movilizaciones de 2011, pero esta vez viajó más de mil kilómetros para sumarse, pues hace 5 meses asesinaron a su hijo. “Me uno a la marcha para pedir justicia para todas las personas que hemos perdido a un hijo, que es lo más fuerte que te puede pasar en la vida”, afirma la mujer del Estado de Coahuila, mientras algunos coches pitan para dar ánimo a los caminantes que, paso a paso, suben por la empinada autopista Cuernavaca-Ciudad de México. 

“El logro principal de las movilizaciones del MPJD de 2011 no es un botín político, sino el hecho de que los caminantes adquirieron capacitad organizativa, pasaron de ser victimas al ser personas que exigen. Se crearon colectivos en todo el país conformados por personas que no piden sólo la resolución de los casos de sus seres queridos sino el esclarecimiento de todos los demás”, enfatiza Norma Garduño, integrante del MPJD, que sostiene el cordón que rodea la Caminata por la Paz. Como muchos de sus compañeros, Garduño es al mismo tiempo superviviente y militante. Por su lucha en contra de la empresa canadiense Esperanza Silver fue secuestrada con tres de sus hijas, y luego se tuvo que desplazar a otra región del país con toda su familia. Hoy, como siempre, su familia la acompaña en la marcha: su marido, sus hijas adolescentes y su bebé de tres años, que lleva una camiseta que dice “no a la minería”. 

Son muchos los niños que participan en la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad. Hay niños indígenas nahua procedentes de Chilapa, en el Estado de Guerrero, uno de los municipios del país más afectados por la violencia. Hay otros de origen estadounidense que pertenecen a la comunidad mormona LeBarón, asentada en Chihuahua. En noviembre pasado, la familia LeBarón ha sido emboscada por un grupo armado que asesinó 3 mujeres y 6 niños, dos de ellos bebés, de la misma familia.

Fue a raíz de esta masacre que, a 9 años de las caravanas de 2011, Julián LeBaron y Javier Sicilia decidieron convocar una nueva movilización, desde el 23 hasta el 26 de enero de 2020, que ha empezado en Cuernavaca y ha concluido frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano. Una movilización cuyo objetivo ha sido visibilizar la violencia y sobre todo recordar al Gobierno algunos compromisos que tomó sobre la implementación de mecanismos de justicia transicionales, que puedan ayudar el Estado a empezar un proceso de transición hacia un periodo de “post-violencia”, como la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación extraordinario para las víctimas de la violencia.

Principal arma, el diálogo

“Ante el colapso de las instituciones ordinarias, hace varios años se empezaron a trabajar unos mecanismos extraordinarios que se podrían implementar para encontrar verdad y justicia. Se abrió una ventana de oportunidad con este gobierno que empezó a hablar de este tema durante la campaña electoral”, explica Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional y justicia transicional.

Dayán participó en las mesas que, hace más de un año, el recién electo gobierno de López Obrador abrió con algunas organizaciones de la sociedad civil para crear una propuesta de justicia transicional. Un compromiso que ha sido olvidado por López Obrador y que los manifestantes piden se retome.

Julián LeBarón ha sido una de las cabezas más visible de las movilizaciones de 2011, pero luego rompió con Javier Sicilia. Lo criticó por su excesiva disposición al dialogo con el ex presidente Felipe Calderón, a quien llegó a estrechar la mano frente a las camaras. LeBarón pensaba que era necesario dedicarse más a la movilización en las calles, Sicilia estaba convencido de que dialogo y movilización pudieran caminar en paralelo. El domingo, pese a tener posiciones distintas, volvieron a marchar juntos.

“El MPJD nunca se planteó ser un movimiento radical, nunca pensamos destituir al gobierno como tal y reconocemos al Estado y las obligaciones que tiene”, aclara Norma Garduño. “Muchas de nuestras consideraciones están basadas en los principios gandhianos y la principal arma de la no violencia es el dialogo”.

La disposición al dialogo de Sicilia con el gobierno derechista de Calderón causó muchas criticas adentro del MPJD, y más incomodidad fue causada por el verticalismo y el personalismo del movimiento. Las divisiones de entonces se reflejan en las ausencias de hoy. 

Algunos colectivos de victimas han decidido no participar en la Caminata por la Paz a pesar de compartir sus demandas, han destacado la presencia de personas cercanas a partidos derechistas y han afirmado que el objetivo de algunos marchantes no era “necesariamente hacer justicia y apoyar a las victimas, sino encontrar la oportunidad de ir en pos de sus propios intereses”. Además, han criticado la decisión de LeBarón de contratar como su abogado a Abel Murrieta, ex procurador del Estado de Sonora, quien hubiera encubierto a los asesinos del activista Nepomuceno Moreno, muerto por buscar su hijo desaparecido Jorge Mario.

En todo caso, el domingo fueron miles las personas llegadas de todo el país para acompañar en silencio a la Caminata por la Paz hasta el Palacio Nacional. Hay opiniones distintas entre los manifestantes sobre López Obrador: algunos afirman haber votado por él y sentirse decepcionados, otros dicen que nunca lo han apoyado, otros no quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, sino exigirle retomar la agenda de víctimas y las medidas para la pacificación del país que prometió.

Artículo publicado en El Gara el 28.01.2020

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La mirada de Erlinda Ramírez no se mueve de la fila de jóvenes de camiseta anaranjada. Caminan arrastrando sus chanclas y observan las fotos que las mujeres de la XV Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos han puesto en la cancha de baloncesto del penal de Coatzacoalcos, en el sureño Estado de Veracruz. Son imágenes de hombres y mujeres jóvenes, de sus hijos desaparecidos.

Ramírez tiembla y llora, sus nervios no aguantan. Una joven psicóloga le recomienda respirar hondo y su compañera Eva Ramírez, que como ella integra a la caravana, le acaricia un brazo y la tranquiliza: “Por allí tu hijo tiene que venir en las filas”. 

Hace más de siete años el joven migró de Honduras a Estados Unidos, pero en el sur de México fue detenido y acusado de asesinato, extorsión y violación. En un primer momento llamaba seguido a su familia desde la cárcel de Coatzacoalcos, pero pronto acabó el dinero que las guardias le arrebataban cada vez que quería hacer o recibir llamadas. Desapareció. A veces Erlinda se pensaba con alas, volando encima de las montañas y de las aguas para alcanzarlo. Otras veces imaginaba hacerse invisible para cruzar la frontera de México y encontrarlo.

Luego una mujer que da clases de yoga adentro de la cárcel de Coatzacoalcos llamó al Movimiento Migrante Mesoamericano – la organización que cada año coordina la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos -, quien se encargó de buscar a Erlinda y la invitó a la caravana.

Hoy es justo el día de su rencuentro. Parada en la cancha de baloncesto bajo el sol veracruzano del mediodía, Erlinda Ramírez no despega sus ojos de aquella extraña procesión de detenidos, que observan las fotos para eventualmente brindar pistas para encontrarlos. Cuando por fin su mirada encuentra la de su hijo, en un instante se envuelven en un abrazo. Las demás integrantes de la caravana lloran; de felicidad por el rencuentro de su compañera Erlinda, de tristeza porque a ellas todavía no les ha tocado. 

Los rostros de sus seres queridos, y de los hijos de otras mujeres que no pudieron emprender el viaje, siguen apareciendo sólo en las fotos plastificadas que ordenaron en la cancha del penal. Son imágenes que cargan todo el tiempo durante la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, formada por unas 40 personas – en su mayoría mujeres – de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que en sus propios países integran organizaciones dedicadas a la búsqueda de los migrantes desaparecidos. Llevan las fotos de sus seres queridos colgadas al cuello y no se las quitan ni para comer.

Hasta hoy, las mujeres de la caravana han viajado por quinceava vez por los mismos paisajes que atravesaron sus hijos en su viaje rumbo al norte. Desde el clima tropical de la frontera meridional de México hasta el desierto del Estado de Nuevo León, a un paso de los Estados Unidos. 

Los buscan en los albergues de migrantes (gestionados por religiosos que les brindan hospedaje y comida), en las cárceles, en las vías del tren de carga llamado La Bestia, en cuyo techo viajan los migrantes. Van de casa en casa enseñando las fotos de sus seres queridos, o las exponen en las plazas públicas, con la esperanza que los transeúntes los puedan reconocer y brindar una pista. A veces un pequeño detalle puede abrir un camino que lleva a su localización. 

La búsqueda con vida de los migrantes desaparecidos comienza antes de la salida de la caravana, cuando el MMM recibe las denuncias de desaparición. El activista Rubén Figueroa sigue sus huellas en México a partir de la última llamada que hicieron a sus familias o del último envío de dinero que recibieron, busca sus nombres en las listas de los detenidos de los penales y en Google, para averiguar si la prensa local los reporta como victimas de algún accidente. Una vez recolectados los indicios, Figueroa viaja por México para buscar a los migrantes centroamericanos desaparecidos. Muchas veces los encuentra: en 15 años el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) encontró con vida a más de 310 personas. Sus familiares han sido invitados a participar en la caravana para que se pudieran rencontrar. 

Este año las madres centroamericanas están acompañadas por activistas internacionalistas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, uno de los organizadores de la Caravana Abriendo Fronteras, iniciativa que nació en 2016 y que en julio pasado se dirigió a Andalucía y Ceuta. El colectivo vasco decidió participar junto con el colectivo italiano Carovane Migranti para aprender de la experiencia de sus integrantes y tejer redes de solidaridad y lucha. “Compartimos la concepción estratégica del Movimiento Migrante Mesoamericano sobre la necesidad de crear un movimiento global por el reconocimiento del derecho a migrar y la defensa de los derechos de las personas migrantes, también durante su tránsito hacia los países de destino”, explica Dida Marin Astobieta, activista de Ongi Etorri Errefuxiatuak. “Esta caravana se enfrenta a la negación extrema de estos derechos, desde el secuestro a la desaparición e incluso el asesinato”.

Para que las denuncias de las mujeres centroamericanas lleguen a Europa, cada año dos integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas están invitadas a participar en la caravana europea, que cada vez se realiza en un país distinto. 

En 2019 viajó al Estado Español Ana Enamorado, una mujer hondureña que lleva 7 años sin noticias de su hijo Oscar. Después de su primer viaje con la caravana, Enamorado decidió quedarse en México para trabajar en el MMM y dedicarse completamente a la búsqueda de Oscar. Para ella, la caravana representa un espacio de formación política y de sanación: “cuando una está sola encerrada en casa le parece que no le está pasando a nadie más y no sabe qué hacer con este dolor, pero cuando estás con otras familias aprende que no estás solas”. 

Se calcula que entre 80 mil y 120 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en México durante su viaje rumbo a Estados Unidos. El MMM asegura que son mucho más y que no aparecen ni siquiera en los informes oficiales: las autoridades suelen mencionar sólo a las 40 mil personas desaparecidas de nacionalidad mexicana. “Qué bueno que me recuerdas!”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Karla Quintana a Ana Enamorado, cuando ésta le señaló la falla del gobierno mexicano.  

“Lo que más importa es sensibilizar a la población civil, siendo que nunca vamos a sensibilizar a las autoridades”, afirma la activista. “Son indolentes y viven de nuestro dolor: se han creado muchas dependencias gubernamentales que de esto viven, generaron buenos salarios de nuestro dolor. Por esto jamás van a hacer nada porque se detenga el problema de las desapariciones”.

Las familias de los migrantes desaparecidos no saben si han sido asesinados por las organizaciones criminales mexicanas- que muchas veces operan en conjunto con las autoridades -, si han sido obligados a trabajar para ellas, si entraron en alguna red de trata de personas o si están vivos y libres, pero por algún motivo han perdido contacto con su familia. 

A veces los migrantes dejan de comunicarse con sus seres queridos porque durante el viaje les han robado la cartera donde guardaban los números telefónicos, porque el número cambió, o porque la familia se ha mudado a otra casa. “Muchos migrantes se fueron de Centroamérica cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares, sólo había un teléfono publico a la entrada de la aldea y las calles no tenían nombres”, explica Martha Sánchez Soler, fundadora del MMM. 

La violación sexual es otro factor que en muchos casos lleva las migrantes a interrumpir cada contacto con su familia, por la vergüenza que los abusos hicieron nacer en ellas. 

“Hay muchas cosas por las cuales no quieren que una madre sepa adónde están. A veces si han sufrido violaciones, o si han hecho algo ilícito y lo han agarrado; tal vez a ellos les da vergüenza que su madre sepa. O si han cambiado de sexo, quizá se sienten mal porque una se va a incomodar”, afirma Hilda Luz Rivera, de El Salvador, al notar unas mujeres transgenero entre las detenidas que observan la foto de su hijo René Wilmaris Ramírez Rivera. “Tal vez se sienten como que ya no tienen familia. Pero para una madre no importa lo que hayan hecho y no hay feo ni delincuente; aunque cometan sus errores, una mamá siempre perdona”. 

Erlinda Ramírez no tuvo que perdonar a su hijo, pues está convencida de que no cometió los delitos que se le imputan. Al salir de la cárcel de Coatzacoalcos se siente “descansada”. Su rostro está más relajado, su voz es más firme, ya no tiembla ni llora. Encontró a su hijo en buena salud y sabe que en dos años será otra vez libre y regresará a su casa. Frente a la entrada del penal la esperan las cámaras de los periodistas y su mensaje es para los jóvenes que todavía faltan, y las madres que siguen esperándolos: “Estoy segura de que como apareció mi hijo van a seguir apareciendo los hijos de mis compañeras que están perdidas en este flagelo”. 

Artículo publicado en El Gara el 3 de diciembre de 2019.

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