Búsqueda de desaparecidos en el rancho La Gallera, campo de exterminio de una organización criminal mexicana

A Enrique Chávez Ortega lo identificaron pocos meses después de encontrarlo. Su familia lo reconoció por un tatuaje, por la ropa que llevaba y por una bandita amarrada a su pierna. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) había hallado su cadáver desmembrado en febrero de 2017, en un campo de exterminio que la organización criminal de Los Zetas había instalado en un rancho llamado La Gallera, en el municipio de Tiahuatlán, en el estado de Veracruz. Se trata de una región del sur de México que junto con otras cuatro entidades concentra alrededor de la mitad de los más de 84.000 desaparecidos que se registran en el país, víctimas de la militarización del país iniciada en 2006 con el pretexto de combatir a las organizaciones criminales. 

La Fiscalía encontró otros cinco cadáveres junto al de Enrique Chávez Ortega. La asociación Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica –que integra unas 150 familias de personas desaparecidas que se acompañan en la búsqueda de sus seres queridos– subió a su web fotografías de la ropa y de los tatuajes que tenían los cuerpos con la esperanza de que alguien los reconociera.

Era 2019 cuando empezaron a llegar las llamadas de las familias de Xavier, Carlos Enrique, Blanca Rosario, Luis Enrique y José Luis. Las integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica las acompañaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de sus hijos, ya que por miedo aún no lo habían hecho. También estuvieron presentes cuando las autoridades les sacaron muestras de ADN para cotejarlas con el perfil genético de los cadáveres.

El 6 de febrero de 2021, las cinco familias recibieron los restos y pudieron enterrarlos, realizando al fin el duelo en suspenso que causa la desaparición de un ser querido. «Es un día con muchos sentimientos encontrados, pero con la certeza de saber que nuestros familiares vuelven a casa», escribió en Facebook el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica. «Gracias a todas las personas que han hecho posible que este dolor de la ausencia se haya podido convertir en un momento en que podamos volver a abrazarles, no de la manera en que hubiésemos querido, pero ahora tenemos un lugar dónde llorarles», agregó.

Campos clandestinos

El periodo más duro para los veracruzanos ha sido durante el mandato del exgobernador Javier Duarte, quien se encuentra en la cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva. Todavía no ha sido procesado por desaparición forzada, a pesar de que tiene una orden de aprehensión por este delito y de que la Fiscalía está investigando más de 200 desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por policías estatales durante su sexenio (2010-2016).

Fue justo en ese período cuando Los Zetas –una organización criminal integrada por exmilitares de élite– se apoderó de La Gallera, un rancho de seis hectáreas que transformaron en un campo de exterminio donde se torturaba a personas y se incineraban sus cadáveres.

No es el único cementerio clandestino en Veracruz, donde se encuentra Colinas de Santa Fe, la fosa común más grande del país, ubicada en las orillas de la ciudad más poblada del estado, Puerto de Veracruz. Allí el colectivo de familiares de desaparecidos Solecito encontró 298 cráneos y 22.500 restos humanos.

Los hallaron integrantes de esta asociación porque las autoridades mexicanas no buscan a los desaparecidos, ni vivos ni muertos, y sus familiares se vieron obligados a organizarse para hacerlo. Los buscan con vida –en lugares como cárceles u hospitales– y organizan brigadas para entrar en las zonas donde hay señalamientos de la existencia de fosas comunes y para excavarlas. Las brigadas siempre están acompañadas por los peritos de la Fiscalía que, por ley, están encargados del levantamiento de los restos, aunque sin la presión de las familias no hacen su trabajo.

Todo empezó en 2011, cuando miles de supervivientes de la violencia participaron en las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Recorrieron todo México hablando, por primera vez en público, de las violaciones de derechos humanos que habían vivido en carne propia.

«Allí entendimos que este movimiento era un medio, no un fin, y decidimos crear una asociación civil únicamente enfocada en la búsqueda de nuestros familiares», relata Juan Carlos Trujillo, que tiene cuatro hermanos desaparecidos y fundó la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera. «Poco a poco nos dimos cuenta de que el aparato de Justicia en México no existe, que el sistema no funciona o funciona sólo para unos cuantos, desprotegiendo a la mayoría», afirma. Tras fundar Familiares en Búsqueda María Herrera, Trujillo recorrió medio país para impulsar la Red de Enlaces Nacionales, que hoy agrupa a más de 50 asociaciones de familiares de desaparecidos.

«Me marcó la vida»

Desde hace tiempo el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica recibía señalamientos sobre un rancho sospechoso. «Vayan a La Gallera a buscar», decían los pobladores de Tiahuatlán. Algunos aseguraban haber visto gente desnuda huir del rancho.

Era el 1 de febrero de 2017 cuando la Fiscalía General del Estado de Veracruz, acompañada por algunas mujeres integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera, decidió entrar a La Gallera. Encontró una casa de dos pisos con seis habitaciones, rodeada por la maleza. En sus inmediaciones halló tres fosas con el cuerpo de Enrique Chávez Ortega y otras cinco personas cuyos restos recién han sido entregados a sus familiares.

«Ver todo esto me marcó la vida, no lo podía creer: cuerpos desmembrados, se les veía lo que habían sufrido y el daño que les habían hecho», rememora Maricel Torres Melo, madre de un adolescente desaparecido a manos de la Policía Intermunicipal tras salir a cenar a una taquería. «Ver ahí la casa por primera vez: las huellas de las manos en las paredes, el reguero de sangre por donde los arrastraron; observar por todos lados y ver huesos tirados por donde quieras», recuerda.

A un costado de la casa encontraron un gran horno, tal vez en su origen construido para hacer ladrillos, e intuyeron que había sido utilizado por Los Zetas para incinerar cadáveres. «Vimos el horno y nuestra mente empezó a trabajar», dice Torres Melo.

La asociación de Familiares en Búsqueda regresó al rancho La Gallera menos de dos meses después y encontró el cráneo de un niño. También marcó 22 puntos donde suponía que podía haber más cuerpos. En total fueron nueve las veces en que los familiares de los desaparecidos entraron en La Gallera, con picos, palas y cedazos, para excavar fosas y colar las cenizas mezcladas con fragmentos óseos que Los Zetas sacaban del horno y esparcían alrededor del rancho.

Mientras trabajan, las mujeres del colectivo gritan sus consignas: «Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos», «Hijo, escucha, tu madre está en la lucha». Se daban ánimo. No es fácil cuando te encuentras en un campo de exterminio de Los Zetas. Cuando piensas que tu hijo desaparecido pueda haber sido traído allí, encerrado en uno de estos cuartos, torturado, ejecutado e incinerado en un horno. Y tu hijo no es nada más que un estudiante, un campesino o un maestro. Y aunque fuera un criminal, ¿se merecería esto? ¿Se merece su madre estar buscándolo en una fosa clandestina? ¿Colar cenizas pensando que puedan ser el cuerpo calcinado de su hijo?

Las madres de Familiares en Búsqueda regresaron a La Gallera una y otra vez porque no confiaban en que la Fiscalía hubiera realmente realizado una labor de exploración de indicios para agotar su diligencia. De hecho, cada vez que volvieron encontraron más restos: fueron en total dos cráneos y unos 1.200 fragmentos óseos, algunos tan chiquitos que no fue posible sacarles la muestra de ADN para eventualmente poderlos identificar.

«Es un sistema que no opera de manera eficiente, por esto la grave crisis forense de México. Por ejemplo, a los cadáveres que se encontraron en La Gallera en febrero de 2017 las autoridades les tomaron los datos genéticos sólo después de que nuestro colectivo lo solicitó, aunque deberían hacerlo de oficio en el momento del hallazgo», afirma Óscar Espino Vázquez, abogado de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017 establece que la Fiscalía General de la República cree un Banco Nacional de Datos Forenses donde se guarden las muestras de ADN de la totalidad de los 38.891 cuerpos sin identificar que, según datos de Quinto Elemento Lab, se fueron acumulando en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) desde 2006 hasta diciembre de 2019. Estos perfiles de ADN se deberían cotejar con los de las personas que han presentado denuncia ante la autoridad por la desaparición de un familiar, para así poder pasar a la identificación y a la entrega de los restos.

«No todos los perfiles genéticos de las fiscalías de los estados están aportados e este banco nacional», asevera Espino Vázquez. «Además, nadie está revisando de manera permanente si algún cuerpo que ha sido encontrado tiene las características de otro cuya desaparición ha sido denunciado», concluye el abogado.

Artículo publicado en El Gara el 15 de marzo de 2021.