Ecuador: alerta en las tierras indígenas amazónicas

Nuevo Loja es una ciudad de 30 mil habitantes en el noreste de Ecuador. Todo el mundo llama a esta pequeña ciudad amazónica “Lago Agrio”, traducción de Sour Lake, ciudad de Texas donde empezó la larga historia de la compaña petrolera estadounidense Texaco, que en 2001 se fusionó con Chevron. El motivo es que, como Sour Lake, Lago Agrio se desarrolló alrededor de los pozos petroleros de Texaco: son más de 300 los que la compañía explotó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. Cuando se fue del Ecuador, Texaco dejó un desastre ambiental más grave del que causó British Petroleum en 2010 en el Golfo de México. Y no se trató de un accidente, sino de un desastre intencional. 

“Nací a 200 metros del pozo petrolero, me crié en el medio de este desastre que para mí es la normalidad. Sólo cuando me mudé a otro lugar entendí que la vida aquí es diferente”, cuenta Donald Moncayo, originario de Lago Agrio, quien creció cerca de una de las 880 “piscinas” creadas por Texaco a lado de sus pozos, en las provincias de Socumbíos y Orellana.

“La compañía tiró desechos tóxicos en las piscinas”, explica Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. “Vertió alrededor de 68 mil millones de litros de agua tóxica y 680 mil barriles de petróleo que, puesto que las piscinas no están revestidas, se filtraron hasta los ríos y los acuíferos”.

De hecho, las llamadas “piscinas” son simplemente grandes charcos de crudo en plena Amazonía. Cerca de ellas se registran las tasas más altas de cáncer, leucemia infantil y abortos espontáneos del país. Además, el desastre ambiental causó el desplazamiento de los pueblos indígenas de esta parte de la Amazonía y comprometió su identidad e integridad cultural, firmemente asociada con la salud del territorio.

En 1993, un grupo de personas demandó a Texaco ante un tribunal de Nueva York y al año siguiente se creó el Frente de Defensa de la Amazonía, que reúne a cerca de 30 mil personas. La empresa logró trasladar el proceso a Ecuador y logró que, en 1998, el Estado suramericano liberara a Texaco de toda responsabilidad aceptando la forma en que remedió algunas de las piscinas. Donald Moncayo, habitante de la zona, muestra que el remedio consistió en cubrir de tierra los charcos  de crudo: sacó una muestra de tierra de una piscina remediada y la echó en un recipiente lleno de agua. En pocos segundos, ésta se hizo negra y aceitosa como el petróleo.

“En los Estados Unidos Chevron no hizo lo mismo”, denuncia Pablo Fajardo, abogado de los demandantes. “Aquí en el Ecuador se portó de esta forma criminal por ahorro económico y por racismo, porque consideran que la vida de los pueblos indígenas vale menos que la vida de cualquier norteamericano”.

En 2011 llegó la sentencia histórica: un tribunal de la provincia de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar 9. 5 mil millones de dólares y a presentar disculpas públicas por lo ocurrido. Puesto que la empresa no las presentó, el tribunal subió la cifra a 19 mil millones de dólares; es la multa más alta impuesta a una transnacional por compensación de daños ambientales.

“Un juez estableció el embargo de los bienes de Chevron”, explica el abogado Pablo Fajardo. “La compaña no tiene bienes en Ecuador, pero Argentina firmó un tratado que permite que allí se ejecuten las sentencia dictadas en otro país. Un tribunal argentino estableció el embargo del cien por ciento de las acciones y dividendos que la compañía tiene en el país, a favor de una cuenta especial a nombre de los afectados de la Amazonía ecuatoriana. Esperamos seguir de la misma forma en otros países. Está próxima una sentencia en Canadá para ejecutar la sentencia en el país norteamericano”.

Sin embargo, el 4 de junio pasado la Corte Suprema argentina revocó el embargo de las acciones y dividendos de Chevron. Además, el 15 de octubre, en Nueva York, comenzará un nuevo proceso donde la empresa acusa a los demandantes de haber corrompido a los jueces ecuatorianos. “El daño ambiental es tan evidente que no hace falta corromper a ningún juez”, reviró Pablo Fajardo.

Oleoductos y contaminación

Desde Lago Agrio sale el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), una tubería de 530 kilómetros que atraviesa tres provincias y transporta el petróleo desde el lugar de extracción hasta las refinerías de Esmeraldas, en la costa del Pacífico ecuatoriano. Junto con el oleoducto, en los años setentas nació la vía Quito-Lago Agrio, que Texaco construyó justo para levantar el Sote. La carretera permite el enlace entre la capital y la selva, y atraviesa una geografía de ríos y quebradas, de montañas de 3 mil metros de altura y de bosques tropicales. Viajar por esta carretera permite gozar de un paisaje extraordinario, aunque la mayoría de su trayecto está acompañado por el Sote, que está suspendido a menos de un metro del suelo. Según la ley, a 15 metros de cada lado de la tubería está prohibido todo tipo de construcción, pero los colonos colonizaron también la orilla de esta serpiente que corre hacia el océano: el oleoducto fue absorbido en la vida de los habitantes de la zona, que lo utilizan como tendedero para ropa, como asiento en la parada del bus y hasta como calefactor de un gallinero.

El 31 de mayo 2013, una falla en el Sote causó el derrame de 11 mil 480 barriles de petróleo, con los que se pueden llenar 1.3 piscinas olímpicas. La noticia no es tan sorpresiva: el Ministerio del Ambiente ecuatoriano informa que entre 2000 y 2010, la media de accidentes en los oleoductos del país fue de casi 50 al año. El derrame del 31 de mayo pasado creó una mancha de crudo de unos 400 kilómetros en el río Coca que llegó hasta el Napo, el río que desemboca en el Amazonas pasando por Perú.

Tocando la zona intangible

Con su mancha negra, el Napo bordea al Parque Nacional Yasuní, una magnífica porción de la Amazonía que alncanza el segundo lugar en el mundo en cuanto a biodiversidad. El derrame causado por el Sote no es la única amenaza a este paraíso terrenal: en el parque ya se explotan cinco bloques petroleros, y en su zona “intangible” se encuentran el 20 por ciento de las reservas petroleras del país.

La zona intangible – llamada ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) – es objeto de la innovadora Iniciativa Yasuní-ITT, lanzada por el gobierno de Rafael Correa en 2007. “La lógica de la iniciativa es que, a cambio de que Ecuador deje el petróleo presente en el subsuelo del Parque Yasuní, la comunidad internacional – sean personas individuales, países o colectivos – contribuya con dinero”, explica Osvaldo León, coordinador de la ecuatoriana Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). “El gobierno dice: no explotamos pero necesitamos dinero para los programas de desarrollo. La iniciativa fue acogida muy bien sobre todo en Europa, pero a causa de la crisis económica muchos se echaron para atrás”.

La Iniciativa Yasuní-ITT permitirá mantener en el subsuelo unas reservas de 846 millones de barriles de petróleo a cambio de una inversión por parte de la comunidad internacional de al menos 3 mil 600 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento de los recursos que Ecuador percibiría si opta por la explotación petrolera. Sin embargo, en el mismo mes de marzo del 2007, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con las empresas Petrobras de Brasil, Sinopec de China y Enap de Chile sobre la posible explotación del ITT. De hecho, el proyecto contempla también la “opción B”, que prevé la explotación del campo ITT en el caso en que la iniciativa no alcance el monto de dinero establecido.

El 18 de junio de 2013, durante una entrevista con una agencia alemana, Correa reconoció que la Iniciativa Yasuní-ITT no recaudó lo que se esperaba y anunció que al final de julio, el proyecto será evaluado el proyecto. Los movimientos sociales temen que el gobierno decida hacer a un lado la iniciativa y decidir explotar el crudo presente. “La Amazonía representa más del 30 por ciento del territorio de Ecuador, pero en ella vive menos del 10 por ciento de la población ecuatoriana”, relata Ermel Chávez, del Frente de Defensa de la Amazonía. “Por esto tal vez la mayoría de la gente está a favor de la explotación petrolera, que permite la construcción de obras gracias al dinero que viene de las regalías, pero los que vivimos aquí tenemos todo que perder. La política petrolera del gobierno es confusa: habla de conservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo quiere licitar nuevos bloques diciendo que utilizará tecnología de punta para no afectar al medio ambiente, aunque en la práctica no hay explotación petrolera que no contamine”. Chávez está convencido de que habrá explotación petrolera en el ITT, “aunque para recaudar lo fondos que el gobierno quiere hay otras alternativas: aplicando una tecnología mejorada pueden sacar más petróleo de los campos que ya existen y que están disminuyendo su producción. Otra forma para encontrar dinero es dejar de subsidiar los combustibles a las grandes empresas. La conservación tiene que ser una política de Estado, sin condiciones”, agrega.

Contaminación del tejido social

La explotación del ITT no causará sólo daños ambientales, puesto que la presión de las empresas que ya explotan al Yasuní es la causa principal del conflicto que desde 2003 sangra al parque. Desde que las compañías petroleras se instalaron ahí, empujaron a los pueblos indígenas hacia nuevos territorios a causa de la contaminación y del ruido, que les dificultan la caza y la pesca. Mientras algunos pueblos waoranis -como los taromenane y tagaeri- decidieron vivir en aislamiento voluntario como forma de resistencia para preservar su cultura-, otros waoranis aceptaron la presencia de las transnacionales petroleras. Napoleón Saltos, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, señala que una parte de ellos respalda los intereses de las compañas hasta el punto de realizar convenios de colaboración; incluso algunos jefes se vendieron.

El 5 de marzo de 2013, un grupo de taromenanes atropellaron a una pareja de waoranis con sus lanchas. Después de unas semanas, un grupo de waoranis armados con lanchas y rifles – proporcionados por las mismas empresas, de acuerdo con información del periódico digital El Sol de Pando– incendiaron y dispararon contra una cabaña de taromenanes. Treinta personas murieron y dos niñas fueron raptadas.

El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, estudioso de los pueblos indígenas del Yasuní, denuncia que el gobierno es el responsable de las “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, establecidas en abril del 2007. Afirma que el gobierno debe respetar el artículo 57 de la Constitución de Ecuador, que afirma: “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva”.

La explotación del oro negro amenaza a otros pueblos indígenas ecuatorianos. Con la XI Ronda Petrolera, cuyo término está previsto para el 16 de julio de 2013, el gobierno suramericano quiere licitar 13 bloques en el suroriente del país, en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago, a través de contratos que serán firmados durante el último trimestre del año. La oferta fue presentada en Colombia, Estados Unidos, Francia, Canadá y China, principal socio comercial de Ecuador y país con que tiene una deuda de cerca de 9 mil 600 millones de dólares.

Osvaldo León, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), considera que las negociaciones tienen características nuevas con respecto a los gobiernos anteriores. “Con Correa cambió la orientación en el manejo económico, que quiere fortalecer las relaciones sur-sur”, explica. “Se privilegian los acuerdos con empresas de países del sur con mayor participación estatal, y por esto algunas transnacionales petroleras interpusieron demandas de reclamo al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones,institución del Banco Mundial nacida para resolver conflictos en materia de inversiones extranjeras). Cuando hay un concurso, las empresas con mayoría estatal tienen un nivel preferencial en la medida en que garantizan transferencia de know-how, mientras que los contratos de antes no preveían ninguna transferencia de conocimiento tecnológico”, señala. Agrega que una de las relaciones clave del gobierno ecuatoriano es con la empresa petrolera brasileña Petrobras, que pertenece al estado en un 51 por ciento. “Es una relación muy estratégica, puesto que el país carioca tiene un gran peso especifico en la región: el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil tiene más del 55 por ciento de las inversiones en desarrollo de América del Sur”, abunda.

El periódico gubernamental El Ciudadano reportó que las empresas que obtendrán la licencia de explotación de los nuevos bloques deberán realizar una inversión obligatoria mínima (en total, 115 millones de dólares) para el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas en esas áreas. Este dinero no será manejado por las compañías petroleras, sino entregado al Estado, que lo invertirá en los proyectos acordados con las comunidades.

Las nacionalidades indígenas ecuatorianas no creen que las obras prometidas compensen de verdad las afectaciones, ni que la explotación petrolera se pueda desarrollar sin afectar gravemente al medio ambiente. A través de su presidente Cristóbal Jimpikit, la Federación Shuar de Pastaza se declaró en pie de lucha: “Decidimos no permitir el ingreso de las empresas para realizar actividades de extracción en nuestro territorio. Declaramos el estado de máxima alerta frente a los planes de las empresas de ingresar a nuestras comunidades”.

Reportaje publicado en octubre de 2013 en Desinformémonos

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