Torturas sexuales en Atenco: el Estado mexicano, culpable

Lo de Atenco fue un crimen de Estado. Lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de diciembre de 2018, con una sentencia donde afirma que el Estado mexicano es responsable de las violaciones y torturas sexuales cometidas durante el operativo policial llevado a cabo entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

La sentencia de la corte internacional, que llega después de más de diez años de litigio, afirma que las torturas y las violaciones sexuales han sido cometidas para humillar y castigar a las mujeres de Atenco, y obliga el Estado mexicano a brindar una disculpa pública y a empezar investigaciones “amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos”. Entre los responsables del operativo se encuentran los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, que había tachado a las mujeres de mentirosas.

En la noche del 3 de mayo de 2006, unos 2500 agentes de la Policía Municipal, Estatal y Federal entraron en el pueblo ubicado en el Estado de México, tomando a pretexto una riña entre vendedores de flores en el mercado municipal. En realidad, con este operativo de control poblacional el Estado mexicano quiso vengarse de la victoria que el campesinado de Atenco, reunido en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), había registrado en 2002, cuando lograron congelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en su territorio.

Los enfrentamientos entre la población de Atenco y la policía empezaron el 2 de mayo de 2006, y muchas personas acudieron para solidarizarse con el vecindario. Entre ellas Italia Méndez, militante filozapatista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En la noche del 3 de mayo, Méndez se encontraba en una casa particular de Atenco, donde entró un grupo de policías federales y la detuvo a pesar de que no estaba cometiendo ningún delito, no había ninguna orden de aprensión en su contra ni alguna orden de cateo.

La sometieron a interrogatorio y la golpearon, la insultaron y la arrastraron hacia un autobús. En el pasillo habían pilas de personas sometidas y los policías caminaban encima de ellas. Italia Méndez fue depositada en los últimos asientos del autobús, encima de otras personas, como si fuera un bulto de papas.

“Allí empezaron los sofocamientos, los golpes, las amenazas de muerte. Rompieron mi ropa interior y me desnudaron. Me subieron la blusa hasta la cabeza y bajaron mis pantalones hasta los tobillos; permanecí desnuda durante todo el viaje. Utilizaron varios instrumentos que hasta la fecha no puedo decir qué eran, para introducirlos adentro de mi vagina”, recuerda. “Todo esto acompañado por amenazas de muerte, con un lenguaje totalmente misógino sobre mi persona, sobre mi ser mujer. Creo que lo más grave es que estaba escuchando como torturaban a otras personas”, añade.

El autobús se dirigió al penal Santiaguito de Toluca donde no había personal médico, a pesar de que las personas detenidas llegaron muy golpeadas. Según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 202 victimas del operativo padecieron un trato “cruel, inhumano y degradante”, dos estudiantes fueron asesinados – un adolescente de 14 años y un joven de 20 –, y 23 mujeres fueron torturadas sexualmente por la policía.

“La tortura se puede sexualizar hacia hombres o hacia mujeres. Hacia las mujeres siempre lleva una connotación misógina, a través del utilizo de frases, de tocamientos en partes íntimas o sexuales, y atienden a los roles de género que los policías, militares o marinos tienen muy introyectados”, explica Araceli Olivos Portugal, abogada de las demandantes e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH). “Se considera tortura sexual el llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas le gusta esto, que este es su papel. Por ejemplo, en el caso de las compañeras de Atenco, les decían que debían quedarse en su casa haciendo tortillas, que ¿qué hacían de revoltosas?, y que por esto las violaban”, relata.

La lucha de las mujeres de Atenco y su campaña Rompiendo el Silencio visibilizó otros 19 casos de tortura sexual cometidos por agentes del Estado mexicano: policías, militares o marinos. Llevó a la atención pública historias como la de Belinda Garza Melo, detenida en el Estado de Coahuila en 2007 por policías que la torturaron física, sexual y psicológicamente por más de 40 horas. Tres meses después, fue presentada ante los medios de comunicación como integrante del cártel del Golfo. La campaña visibilizó la lucha de otras mujeres como Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa del Estado de Guerrero que en 2002 fueron torturadas sexualmente por militares, delito reconocido por un tribunal local en junio de 2018, cuando condenó a los dos militares imponiéndoles una pena de más de 19 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Las mujeres de Atenco empezaron a denunciar los abusos de los policías ya mientras se encontraban en el penal Santiaguito de Toluca. Tras años de búsqueda de justicia en los tribunales mexicanos, donde el único juicio que llegó a conclusión llevó a una sentencia de absolución, once de ellas decidieron presentar su demanda ante la CIDH: Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Cuevas.

“Para las demandantes la denuncia no ha sido un fin en sí mismo: se han ido construyendo su propio ideario de justicia, que no es tener a personas en prisión o recibir dinero por parte del Estado – aunque tienen derecho a recibirlo –, sino es todo este caminar de años, el denunciar los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes”, explica Araceli Olivos Portugal.

De acuerdo con las mujeres de Atenco, la sentencia no es en beneficio sólo de ellas, pues crea las condiciones de no repetición y disminuye las posibilidades de que alguien más pase por esto. Afirman que la violencia de los agentes del Estado no es episódica sino que se trata de un problema estructural, y exigen que la agenda sobre derechos humanos del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea guiada por algunos puntos clave contenidos en la sentencia, como la creación de políticas públicas que establezcan controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales.

En sus doce años de lucha, las mujeres de Atenco a menudo encontraron autoridades que hicieron de todo por evadir sus responsabilidades. “De allí radicaba nuestra negativa a tener una solución amistosa con el Estado mexicano y la exigencia de una justicia que fuera integral. Hubiéramos podido presentar una denuncia anónima pero decidimos no hacerlo; nosotras cargamos con el peso del estigma de la violación, con el haber sido mostrada públicamente nuestra sexualidad, y pensamos que mostrar nuestros rostros brinda más fuerza a nuestra lucha”, afirma Italia Méndez. “El Estado tiene que responder, no sólo a nosotras y a nuestras familias, sino a la sociedad misma, de cómo es capaz de utilizar estas estrategias de control social en contra de las organizaciones a través del cuerpo de las mujeres”, añade.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 29.05.2019