El EZLN se acerca a su 30 aniversario en medio de crisis de seguridad en Chiapas

Orsetta Bellani, Animal Político

“Chiapas al borde de una guerra civil” es el título de un comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sacó en septiembre de 2021. Más de dos años después, los analistas de la entidad se dividen entre quienes piensan que fue una premonición y quienes la consideran una definición inadecuada. En lo que están de acuerdo todos los chiapanecos, menos el gobernador Rutilio Escandón, es que después de la pandemia de Covid-19 y en el marco de las elecciones estatales de 2021, la entidad cayó en una grave crisis de seguridad que sigue empeorando.

El EZLN se acerca a su 30 aniversario en este contexto. Al invitar a la sociedad civil nacional e internacional a participar en sus festejos, que se llevarán a cabo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, el subcomandante Moisés escribió: “Es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”.

Chiapas destaca por la rapidez con la que incrementó la percepción de inseguridad entre sus habitantes, en 10 años creció en 34%, de acuerdo con el Inegi.

Violencia generalizada en Chiapas

Dos meses antes del comunicado zapatista “Chiapas al borde de una guerra civil”, en julio de 2021, explotó lo que llevaba años gestándose. Tras el asesinato del luchador social y catequista Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, la población de Pantelhó se rebeló y nacieron unas autodefensas. Se volvió visible que en la región los Altos de Chiapas no sólo hay presencia histórica de agrupaciones armadas, que los caciques usan para desplazar gente y acaparrar tierras, sino que operan grupos de la criminalidad organizada procedentes de otros estados de la República.

Los dos fenómenos se fueron hibridando. “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”, explica Mario Ortega del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Esto pasó también con muchas organizaciones que acabaron disolviéndose en supuestas organizaciones sociales creadas e impuestas por la criminalidad organizada.

En julio de 2021, mientras la violencia en Pantelhó estallaba y miles de personas fueron obligadas a desplazarse, en Frontera Comalapa, a unas seis horas de allí, ocurrió algo que no solía pasar en Chiapas: enfrentamientos entre cárteles. La disputa por el territorio se esparció de Comalapa a los demás municipios de la zona fronteriza con Guatemala y de la Sierra Mariscal, llegó hasta la Zona Norte y a la Selva Lacandona.

La prensa local documenta, mes tras mes, cómo nuevos municipios se vuelven parte de la región en disputa. Es común leer notas sobre personas desaparecidas, cuerpos desmembrados y poblados enteros desplazados. La violencia no trajo sólo miedo sino problemas económicos: los campesinos no logran llegar a sus parcelas o comercializar sus productos, en los mercados se volvieron frecuentes los desabastos y a causa de la inseguridad cerraron algunos centros ecoturísticos que daban de comer a comunidades enteras.

El contexto no es fácil de leer y hay muchas zonas grises: es cada vez más difícil entender si los ejidatarios que bloquean una carretera tienen un interés genuino o están obligados por la criminalidad organizada, y se volvió complicado discernir una marcha por la paz espontánea de una impulsada por un cartel para dañar al otro.

La preocupación de los chiapanecos es que los niveles de violencia puedan incrementar al acercarse las próximas elecciones a la gubernatura en 2024. “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde allí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública”, dice Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos. “Sus tráficos implican el control del territorio y su objetivo es dominar cada presidencia municipal”. Ya en 2021, se cancelaron los comicios en seis municipios de Chiapas debido a la inseguridad.

Guerra de desgaste

De acuerdo con Gustavo Castro, a partir de 2000 se empezaron a sentir las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): las medidas impulsadas por el gobierno, entre ellas el programa PROCEDE, causaron una crisis en el campo que debilitó el control territorial del EZLN como de los ejidos y bienes comunales, que fungían como una barrera al ingreso de las organizaciones criminales.

La presencia del EZLN, que en sus comunidades tiene prohibida la siembra de estupefacientes, sigue representando un problema para los planes de expansión territorial de las organizaciones criminales. Sin embargo, no se conoce ningún ataque directo de la criminalidad organizada en contra de las aldeas zapatistas.

Esto no quiere decir que las comunidades rebeldes nos sean victima de agresiones. Según el Frayba ya no se trata del paramilitarismo de los años ’90, cuando la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) entrenaba “secretamente a ciertos sectores de la población civil” para destruir el EZLN, haciéndole el trabajo sucio: sembraban el terror en la población civil, desplazaban miles de personas, cometían masacres. Tras la masacre de Acteal de 1997, el revuelo nacional e internacional fue tan grande que la guerra contrainsurgente cambió de cara y se volvió una “guerra integral de desgaste”. Las acciones llamativas fueron sustituidas por operaciones menos visibles, pero continuas, que desgastan a la población, día tras día: unos balazos en una comunidad, unas familias desplazadas de otra, unos jóvenes encarcelados sin pruebas.

José Díaz Gómez, campesino y base de apoyo del EZLN, fue detenido el 25 de noviembre de 2022 y torturado por la policía, que lo acusó de robo con violencia. Otro zapatista, Manuel Gómez Vázquez, fue acusado del homicidio de un hombre, mientras Manuel se encontraba en su casa con su familia. El 16 de noviembre de 2023, el zapatista de 22 años fue absuelto porque la Fiscalía no pudo presentar pruebas; ya había pasado casi 3 años en prisión preventiva.

“En 2000, con el cambio de gobierno, se reestructuran las relaciones de poder y hay un cambio en la estrategia de contrainsurgencia. Se prioriza la cooptación: muchas organizaciones de lucha terminan siendo aliadas del Estado, se corporativizan y reciben beneficios, entre ellos cargos políticos para sus líderes, a nivel municipal o incluso estatal como diputados. Estas organizaciones disputan a otras, como el EZLN, su base social”, dice Mario Ortega del Frayba. “Al mismo tiempo, la violencia armada en contra del EZLN sigue. No existe un impulso directo a nivel federal, pero sí una permisividad, como en el caso de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que es una de las organizaciones corporativistas que fueron cooptadas”.

Desde 2019 a la fecha la ORCAO, que hasta finales de los años 90 y antes de recibir programas sociales estuvo ligada al zapatismo, realizó más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café. Secuestró y torturó a bases de apoyo del EZLN y en mayo de 2023 uno de ellos, Jorge López Santiz, recibió un impacto de bala a la altura del pecho. Estuvo diez días en terapia intensiva y el funcionamiento de su intestino quedó afectado.

En una situación de violencia generalizada como la que existe en Chiapas, los zapatistas son víctimas también de agresiones que no son dirigidas específicamente en contra de ellos. Es el caso de Aldama, víctima durante unos 4 años de ataques constantes de un grupo armado de Chenalhó, que causó 8 muertos, 27 heridos y más de 2 mil desplazados, algunos de ellos zapatistas.

En las últimas semanas, el EZLN emitió una serie de comunicados en los que anunció una reestructuración interna que no estaría completa hasta volver más eficaz y horizontal el gobierno autónomo en sus territorios e incrementar su seguridad.

Explica el subcomandante Moisés: “Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares.  Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida”.

Artículo publicado en Animal Político el 26.12.2013.