Chiapas. Resistencia indígena contra el bloque petrolero

Una treintena de pickups y carros de redilas están estacionados a lo largo de la carretera que cruza el pueblo de Chicoasén, en el norte de Chiapas. Están adornados con pancartas y estandartes con la imagen de la Virgen de Guadalupe y de otros santos. “Pueblo zoque rechazo total al proyecto de muerte. No al hidrocarburo”, dice una manta que reproduce la foto del papa Francisco.

Los choferes hunden sus tortillas en tupperwares llenos de frijoles refritos, esperando a que termine el mitin para salir en caravana hacia Tuxtla Gutiérrez. Se sumarán a la marcha-peregrinación convocada por el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite) para protestar en contra de la explotación petrolera de su territorio.

Unos centenares de metros más allá, en el parque central del pueblo, la gente forma un círculo alrededor de algunos integrantes del Zodevite. Hablan de la resistencia que buena parte de los 60,000 hablantes zoques han organizado en su territorio, en el norte del estado, desde que en agosto de 2016 el gobierno lanzó la Ronda 2.2, con la que se pretende licitar dos bloques petroleros en varios estados de la república. Dos de ellos están ubicados en tierras zoques, y abarcan 84,500 hectáreas de tierra y nueve municipios.

A lado del quiosco de este pueblo militarizado por la presencia de una represa, los integrantes del Zodevite se pasan el micrófono y calientan los ánimos. Comentan la sorpresiva decisión de la Secretaría de Energía (Sener), tomada justo el día anterior, de excluir las dos áreas contractuales que se encuentran en territorio zoque de la Ronda 2.2, al fin de prolongar el proceso de consulta con las comunidades indígenas locales. El comunicado de la Sener aclara que, sin embargo, la licitación podría incluirse en futuras convocatorias. Ya en abril pasado el gobierno había modificado la Ronda 2.2 a causa de la resistencia de la población, y decidió ampliar tres meses su plazo.

“La decisión de la Sener muestra que nuestra lucha no es en vano, pero la verdadera victoria será lograr la cancelación del proyecto, porque ahorita solo lo suspendieron temporalmente, pero van a regresar. Tenemos que seguir organizándonos”, afirma Silvia Juárez Juárez, activista zoque del municipio de Tecpatán.

Silvia Juárez es una de las 12 mujeres que el 7 de setiembre de 2016 fueron a interrumpir la reunión que el presidente municipal Armando Pastrana Jiménez, junto con otras autoridades locales, estaban teniendo con el secretario y el subsecretario de Energía del gobierno federal en Tecpatán.

Desde entonces, denuncia la mujer, siempre hay alguien que la vigila en la calle. La persecución en su contra tocó su ápice el pasado 21 de febrero. Se encontraba en Tuxtla Gutiérrez cuando unos hombres vestidos de civiles se le acercaron, la agarraron del cabello y la metieron en un carro blanco. Allí le informaron que tenía una orden de aprehensión por secuestro, motín y daños, y que todo lo que dijera podía ser utilizado en su contra. La llevaron a la cárcel del Amate, donde estuvo encerrada durante 35 días, hasta que logró su excarcelación gracias a la movilización de sus compañeros.

“Y fíjese que el día de la quema de la presidencia municipal, el delito del que se me acusa, yo ni siquiera estaba en Tecpatán. Hay gente que le consta”, asegura Silvia Juárez, que sigue bajo proceso.

El palacio municipal del poblado zoque es hoy un edificio espectral. En la fachada quedan los rastros negros del fuego, hay basura amontonada en la entrada, los vidrios están rotos y los utensilios que se encuentran adentro están tirados en el piso.

“Hubo un incendio”, contestan incomodas algunas transeúntes a las que preguntamos qué ha pasado allí. Pero no se trató solo de un incendio.

De acuerdo con medios como Excélsior y El Financiero, el 13 de febrero un grupo de pobladores de Tecpatán armados con machetes y armas de fuego, destrozaron el interior del edificio y lo quemaron, porque el edil no daba respuesta a sus demandas de infraestructura.

“Lo de la presidencia no tenemos nada que ver”, declara Lucas Nañes Castellano del Zodevite, una de las 29 personas que tienen orden de aprehensión por la quema del palacio municipal. Según su versión, los pobladores fueron a solicitar una audiencia con el edil y fueron agredidos verbalmente. De allí se generó tensión entre las dos partes, que terminó con la llegada de un grupo de choque formado por personas del mismo pueblo, cercanas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el mismo del presidente municipal.

“Llegaron con disparos y garrotes en contra de los manifestantes, y después empezó a arder la presidencia”, afirma Lucas Nañes Castellano, un hombre de tez clara y de barba canosa, y que sin embargo afirma sentirse zoque: “Nací en Tecpatán, me crie con los zoques y me siento indígena”.

EL PUEBLO CREYENTE

“Lucharemos hasta la última gota de sangre para la madre tierra”, afirma el padre Marcelo Pérez Pérez. Lleva unos pantalones de mezclilla negros y una playera, y se mueve cuidando de no pisar el cable del micrófono. Detrás de él, un gran abanico gira a toda velocidad para aliviarlo de la humedad del mediodía, que anuncia un aguacero.

Estamos en la iglesia católica del pueblo de Ixtacomitán, en el norte de Chiapas, y no se trata de una misa, sino de una asamblea del pueblo indígena zoque inconforme con la explotación petrolera de su territorio.

Padre Marcelo es un sacerdote diocesano, coordinador de la pastoral social de las tres diócesis de Chiapas y párroco de Simojovel de Allende. El religioso, que por sus denuncias en contra del crimen organizado recibió numerosas amenazas de muerte, recuerda la lucha de Villa y Zapata y advierte sobre la posibilidad de que lleguen a la región zoque representantes de los partidos políticos para cooptar y dividir al movimiento. “Van a llegar con la tentación, pero hay que ser bien firmes”, afirma el sacerdote diocesano, que subraya cómo hasta la palabra “partido” esconde la intención de dividir.

“El proyecto de extracción petrolera es de grandes corporaciones extranjeras que tienen sometidos a los tres niveles de gobierno. Es un Goliat como bien lo decía el padre Marcelo”, afirma un joven. “Esta lucha estratégica para conseguir los recursos naturales del territorio zoque necesita una resistencia estratégica”.

Se debate sobre los detalles de la marcha-peregrinación. Se decide organizar la movilización para el 22 de junio, se establece el itinerario de la marcha y se habla de la reunión con las autoridades que se dará después de la peregrinación en el Palacio de Gobierno del Estado.

Padre Marcelo comparte algunos consejos prácticos, pues él ya acompañó a varias peregrinaciones del Pueblo Creyente. La más reciente ha sido en noviembre de 2016 y ha cruzado las carreteras de medio Chiapas: los integrantes del movimiento caminaron durante 12 días para protestar en contra de los megaproyectos. “Les aconsejo crear una comisión que elija las consignas. Nosotros tenemos una que dice: Jesús Cristo vive, la lucha sigue”, afirma el sacerdote.

“El Pueblo Creyente es el movimiento con más base social que hay en Chiapas. Fue la respuesta política de la diócesis cuando hace el deslinde de la vía armada de las Fuerzas de Liberación Nacional y el EZLN”, explica Gaspar Morquecho, periodista y antropólogo que lleva casi cuarenta años viviendo en la región. “En el Pueblo Creyente hay de todo, hay de zapatistas y de partidos políticos, todas personas que se mueven alrededor de la Iglesia católica y en la lógica de la teología liberación”.

El Pueblo Creyente nació al principio de los años 90 tras la detención de Padre Joel Padrón, que a la par del padre Marcelo era párroco de Simojovel, y está presente en el territorio la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que ocupa un poco más del 50 por ciento del estado. Se vincula también con parroquias que se encuentran en otras diócesis, como en el caso de la región zoque.

“Las peregrinaciones del Pueblo Creyente no son peregrinaciones como comúnmente las conocemos en México, sino tienen una marcada propuesta de defensa de la vida y del territorio desde la fe. Se trata de una fe con causa”, explica Jorge Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), una organización creada al final de la década de 1980 por el entonces obispo Samuel García Ruiz.

Desde la llegada de don Samuel a San Cristóbal de Las Casas, afirma Hernández, la diócesis chiapaneca ha estado comprometida en acompañar los procesos organizativos de las comunidades campesinas e indígenas. El exobispo no veía los pueblos indígenas como un objeto de evangelización y adoctrinamiento, sino como sujetos dueños de su propia historia.

LAS PRISAS DEL GOBIERNO

El recipiente lleno de pozol de cacao frío se acaba pronto, la mujer que lo vendía ya desarma su puesto y se va. El calor ha sido tenaz y el asfalto ha dejado los pies cansados.

Es el 22 de junio y el Pueblo Creyente que marchó durante más de cuatro horas en Tuxtla Gutiérrez busca un poco de sombra debajo de los árboles que rodean el parque central de la ciudad. Otros sacan sus gorras y sombrillas, y se reúnen delante del escenario construido frente al Palacio de Gobierno del estado de Chiapas.

“No tengamos miedo de luchar, está sustentado en la Biblia, no puede quedarse callada nuestra Iglesia. Dios es el primero que levanta la voz denunciando: “No matarás”, y destruir la madre tierra es matar la humanidad”, afirma el padre Marcelo. A su lado, están sentados los párrocos de la región zoque, que cargan un estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Un integrante del Zodevite lee un comunicado. Relata las irregularidades que se cometieron en las anteriores licitaciones de contractos petroleros, como la asignación durante la Ronda 1.3 de un bloque al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que representa uno de los mayores impulsores de la reforma energética de 2013.

En las fases de diseño de los contratos petroleros el investigador del sector energético Omar Escamilla encontró más de cincuenta alteraciones. “Por ejemplo, ha habido casos en que el gobierno pide a las nuevas empresas operadoras una menor cantidad de obligaciones en términos ambientales, sociales y financieros respecto a las publicaciones originales de bases de licitación, y a los modelos de bases de producción. Por ejemplo, en la Ronda 1.4 no pidió a las empresas contratar a un tercero independiente para que pudiera realizar un estudio sobre los impactos sociales y ambientales que pudiera generar la extracción de hidrocarburos”, afirma Escamilla. “Además, las licitaciones se están haciendo de forma muy apresurada, desde que comenzaron las rondas en 2015 se han realizado cinco licitaciones y se tiene programada una más para julio de este año. El objetivo parece que es facilitar que los capitales privados ingresen a extraer recursos, adelgazando los requisitos y normas regulatorias que el estado pide”.

EL APETITO DE LOS PODEROSOS

En el comunicado que leen en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, los zoques afirman que la explotación petrolera no solo afectaría los sitios donde se extrae el crudo, sino también los territorios por donde pasa la red de ductos, que “en caso de romperse generarían una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kilómetros a la redonda”.

Los zoques están muy conscientes de las afectaciones que la explotación petrolera podría generar en su territorio, siendo que desde hace décadas se está perforando la tierra en algunos municipios colindantes. “En el ejido Nuevo Volcán Chichonal hay 15 pozos petroleros, pero ellos viven en la miseria, viven en la desgracia. Nos han contado que tienen problemas de salud, de contaminación, que llueve lluvia de agua negra, las plantas ya no florecen y no hay cosecha. Todo es tristeza”, afirma Tarcisio Gómez Estrada, comisariado ejidal zoque de Chapultenango.

La preocupación de los zoques es también que las empresas los obliguen a arriendar sus tierras a través de la figura de la servidumbre legal, y que se las devuelvan contaminadas e incultivables. “La servidumbre legal está regulada en la legislación secundaria de la reforma energética, y por esto es muy fácil de aplicar. Si por ejemplo los ejidos o los dueños de la tierra no están de acuerdo con la oferta de la empresa, esta puede acudir al Estado para pedir que ordene una servidumbre legal, obligándolos a rentar. Muchas veces a las empresas les conviene más rentar la tierra que comprarla, pues la devuelven después de unos años de explotarla y les resulta más barato”, explica Aroa de la Fuente, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. La investigadora afirma también que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermanat) aún no elabora una evaluación de impacto ambiental del proyecto, siendo que la nueva ley prevé que esta se dé después de la estipulación del contrato de exploración y extracción.

“Nos parece preocupante que se otorguen los contratos sin que se conozcan los impactos ambientales de los proyectos, y nos parece una información fundamental para que la consulta con las comunidades indígenas sea verdaderamente informada. La ley establece también que la Sener elabore una evaluación de impacto social y la obliga a compartirla con las empresas, pero no con las comunidades”.

De acuerdo con Gilberto Hernández Miranda, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, por parte del gobierno no hay una real intención de consultar libremente a las comunidades, sino que más bien se les está intentando imponer el proyecto a través de procedimientos irregulares. Por ejemplo, en el Municipio de Tecpatán se presentó como consulta previa una lista de asistencia firmada únicamente por los agentes municipales, elegidos por el mismo edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Hay dos tipos de consulta que se están manejando en territorio zoque. Una es promovida desde el gobierno y no cumple con todos los requisitos y protocolos requeridos a escala internacional. La otra es una autoconsulta que está siendo impulsada por el mismo pueblo zoque, y que hasta ahora juntó 2,000 firmas en rechazo al proyecto en el municipio de Chapultenango”, explica el abogado.

María Sánchez Álvarez, zoque de Chapultenango, afirma que a través de la autoconsulta la explotación petrolera ya ha sido rechazada. La mujer afirma que no tienen interés en que se dé la consulta del gobierno y que los pobladores no dejarán pasar las empresas. “Hace unos años entró Pemex identificando posibles lugares para la extracción de hidrocarburos, y dejó una marcas. La gente los corrió amenazándolos de amarrarlos, y no volvieron”, afirma.

María tenía casi tres años en marzo de 1982, cuando eructó el Volcán Chichonal. En aquel momento estaba en casa de sus abuelos, que se encontraba a un costado del cráter. La bebé y su familia tuvieron que refugiarse en la Selva Lacandona con otros zoques desplazados por la erupción del volcán, y recuerda con conmoción el día en que las comunidades choles y tzeltales los recibieron en la selva.

“Allí comenzó mi proceso de formación en la lucha. Los choles me enseñaron la importancia de la identidad indígena, y que nunca hay que dejar de ser comunidad”, recuerda María.

Ahora, al lado del Volcán Chichonal, que día y noche permanece despierto y activo, el gobierno planea construir una planta geotérmica. Los zoques la rechazan, junto con los demás proyectos extractivos que pretenden instalarse en su territorio.

De acuerdo con Fermín Ledesma Domínguez, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), originario de Chapultenango y miembro fundador del Centro de Lengua y Cultura Zoque, los proyectos extractivos llegaron a la región zoque hace casi un siglo.

“En 1930, cuando se instala el primer proyecto extractivo que es la ganadería, se deforestan miles de hectáreas de tierra. Un segundo proyecto que empieza alrededor de 1960 son las centrales hidroeléctricas sobre la cuenca del bajo Grijalva; se instalan tres presas que en su conjunto impactan sobre más de 30,000 hectáreas de tierras. Otro proyecto extractivo es la colocación de las empresas mineras: estaríamos hablando en estos 13 municipios de diez concesiones mineras que tienen un estimado de 70,000 hectáreas concesionadas sobre el territorio zoque. De estas diez concesiones solo una está siendo explotada que es la minera Frisco, compañía de Carlos Slim”, explica el académico.

Los integrantes del Zodevite están organizando brigadas que viajan a las comunidades más alejadas para informarlas de los riesgos que comportaría la extracción petrolera. Conocen todas las carreteras y veredas que cruzan los montes de su territorio, y caminan de casa en casa para compartir informaciones.

Nunca pierden la ocasión para concienciar a sus vecinos. “¿Sabe usted que aquí a la orilla del río quieren extraer petróleo? ¿Qué quedaría de todo esto?”, dice un hombre del Zodevite a una señora que, como buena parte de los habitantes de Ixtacomitán, pasa el domingo con su familia disfrutando de las aguas cristalinas del Río Blanco.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 7.07.2017