En Atenco siguen luchando y rememorando el «Mayo Rojo»
La de una veintena de agentes aporreando a un hombre configura una de las imágenes más emblemáticas de la brutalidad del operativo policial de hace once años en Atenco. Diez días después de la visita del subcomandante Marcos y de la Otra Campaña zapatista, unos 3.000 policías estatales y federales entraron en el pueblo y dejaron heridas tan profundas que aún duelen.
«Fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública», afirmó años más tarde Enrique Peña Nieto, el ahora presidente del país y que en 2006 ordenó el operativo siendo gobernador del Estado de México.
El 3 de mayo de aquel año, tras el desalojo de unos vendedores de flores del mercado municipal, se originó un enfrentamiento con las fuerzas policiales que duró todo el día y conllevó la muerte de Javier Cortés, un niño de 14 años. Legitimada por una opinión pública manipulada por el duopolio mediático de las emisoras Televisa y TV Azteca, de madrugada la Policía entró al poblado y centenares de casas fueron cateadas [allanadas]. Las personas que las ocupaban fueron detenidas arbitrariamente, maltratadas y heridas. Un mes después, el estudiante Alexis Benhumea falleció en un hospital. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 202 víctimas del operativo fueron sometidas a un trato «cruel, inhumano y degradante» y por lo menos 23 mujeres resultaron torturadas sexualmente por la Policía.
«La tortura se puede sexualizar hacia hombres y mujeres, pero en el segundo caso lleva una connotación de misoginia. Se puede dar a través de tocamientos de partes íntimas o de frases; por ejemplo, la amenaza de violarlas o las humillaciones verbales, incluyendo llamarlas ‘putas’, ‘perras’, insistir en que a ellas les gusta eso, que es su papel. A las mujeres de Atenco les decían que debían de estar en su casa haciendo tortillas, que qué hacían de revoltosas, y que por esto las violaban», explica la abogada Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña a once mujeres de Atenco víctimas de tortura sexual en su demanda en contra del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que se espera emita una sentencia vinculante el próximo año. «Para las demandantes la denuncia no es un fin en sí mismo: se han ido construyendo su propio ideario de justicia, que no es tener a personas en prisión o recibir dinero por parte del Estado, aunque tienen derecho a recibirlo, sino que es todo este caminar de años, el denunciar a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes», apunta Olivos.
La brutalidad de la represión de hace once años en Atenco no fue casual: el Estado quiso cobrar cara la resistencia que, cuatro años antes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) había levantado en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que el Gobierno planeaba construir en su territorio. «No estamos en contra del progreso, pero el proyecto nos desalojaría de las tierras que sembramos para vivir y acabaríamos perdiendo nuestra identidad de pueblo originario que vive en este territorio desde hace 10.000 años», manifiesta Ignacio del Valle, líder del FPDT.
Es la historia de David contra Goliat: los campesinos de Atenco, utilizando todos los recursos legales a su disposición y a través de la movilización en las calles, lograron en 2002 parar la construcción del megaproyecto impulsado por Carlos Hank González, patriarca del Grupo Atlacomulco, una agrupación de presión clandestina cuyos integrantes se apoyan mutuamente para garantizarse la permanencia en el poder. De este grupo es parte también el presidente Peña Nieto, que le demostró fidelidad vengando la victoria campesina a través de la “Operación Rescate”.
La resistencia de los campesinos de Atenco en 2001-2002 logró detener pero no cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que en setiembre de 2014 fue relanzado por Peña Nieto.
El Gobierno mexicano prevé una inversión total de unos 9.000 millones de euros para el segundo aeropuerto más grande en construcción a nivel mundial. Lo promueve como uno de los proyectos más innovadores del planeta, tanto en sus técnicas de construcción como de operación. Abarcaría unas 5.000 hectáreas de superficie y en el momento de su máximo desarrollo recibiría un promedio de 342.000 pasajeros diarios. De acuerdo al Ejecutivo, al finalizar 2017 estará avanzado en un 85% y entrará en operación en 2020.
Se está construyendo en el mismo lugar donde se planeaba desarrollar el proyecto de 2001: el vaso del lago (ahora en proceso de desaparición) de Texcoco, una gran llanura verde que divide la Ciudad de México de San Salvador Atenco. Se encuentra al este del actual aeropuerto internacional de la capital, allí donde por fin acaba la metrópoli que, vista desde arriba, parece no terminar nunca.
Los integrantes del FPDT denuncian que la obra es ilegal, pues la asamblea no ha aproba- do el uso de sus predios, y organizan acciones para expulsar a trabajadores y maquinaria. Siguen luchando contra el megaproyecto que les despojaría de su territorio y que, de campesinos, les convertiría en empleados del aeropuerto. Y recuerdan lo que expertos y académicos alertan desde hace mucho tiempo: el vaso de Texcoco no es un lugar apto para la construcción de una obra de ese tamaño. Es una zona sísmica que cada año baja 20 centímetros y que a menudo se inunda, pues allí antiguamente se encontraba un lago y «el agua tiene memoria y regresa espontáneamente a su viejo cauce».
