Padre Heriberto Cruz Vera acompañó a don Samuel Ruíz García en su visita a unas comunidades de Chiapas. A las más remotas llegaron en avioneta, caballo o cayuco. Comían lo que la gente les daba y dormían en el suelo o acostados en las bancas.

“Don Samuel nunca se disgustaba, ni se enojaba. Hablaba fuerte, pero no agredía ni apresuraba a nadie”, recuerda Padre Heriberto, que se quedó tan marcado por la personalidad del obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas que hace 46 años decidió quedarse en su diócesis.

No le gustaba sólo su sencillez, su estilo de vida tan alejado de los lujos propios de los obispos, sino el camino que marcó para la gente de su diócesis, en su mayoría indígenas tsotsiles, tseltales, choles y tojolabales. “Puso en práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II: su opción era preferencial, aunque no exclusiva, por los pobres. Este fue su gran legado”, dice Padre Heriberto.

En sus recuerdos están los trabajos del Tercer Sínodo Diocesano, que se celebró de 1995 hasta 1999, donde don Samuel impulsó la participación de todas las comunidades de Chiapas. Allí se decidió optar por una Iglesia autóctona, donde la liturgia incorpora a las culturas locales y sus lenguas.

Este jueves, en ocasión del 13 aniversario de la muerte de don Samuel y en el marco de la celebración del año Jubilar por los 100 años de su nacimiento, se realizó una marcha-peregrinación en San Cristóbal de Las Casas. Llegaron unas 4 mil personas procedentes de las 7 regiones que componen su diócesis pero, preocupados por la ausencia de condiciones de seguridad para emprender el viaje, no participaron los feligreses de Frontera Comalapa y Chicomuselo, dos municipios especialmente afectados por los enfrentamientos entre organizaciones criminales. De todos modos en Chicomuselo, donde en las últimas semanas la violencia de los carteles ha causado el desplazamientos de miles de personas, se realizó una peregrinación y se leyó un comunicado.

Las personas que marcharon en San Cristóbal de Las Casas llegaron a la catedral donde, un 25 de enero, Samuel Ruíz fue proclamado obispo en 1969 y sepultado en 2011. Allí se celebró una misa donde se recordó Samuel Ruíz y se pidió paz para Chiapas, que desde hace dos años y medio enfrenta una crisis de inseguridad.

“No es posible seguir negando la realidad y decir que en Chiapas no pasa nada, aquí sucede de todo y no podemos quedarnos callados, al vernos invadidos y gobernados por quienes usan las armas y la violencia”, dijo durante la liturgia el obispo auxiliar, monseñor Luís Manuel López Alfaro. “Reconocemos un incremento de la militarización, pero no vemos resultados. Nos resulta contradictoria la permisividad con que los grupos criminales hacen y deshacen, sin la intervención de quienes deberían garantizar la paz en nuestros pueblos y comunidades”.

Enero de 2024: un mes duro para Chiapas

El nuevo año comenzó violento para Chiapas. El 4 de enero, los enfrentamientos entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación causaron desplazamientos forzados en varias comunidades del municipio de Chicomuselo, con un saldo de 20 muertos, entre ellos 2 civiles. Nuevos desplazamientos se registraron diez días después y, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) son unos 2300 los habitantes de Chicomuselo y de los colindantes municipios de La Concordia y Socoltenango que este mes tuvieron que abandonar sus hogares.

“Se está entregando ayuda a las comunidades afectadas por parte de la diócesis”, dijo en rueda de prensa Padre Miguel Ángel Montoya, Vicario de Justicia y Paz. “Nuestros hermanos y hermanas se encuentran en la zona y están muy preocupados por la situación”.

El 16 de enero, pobladores de la comunidad Nuevo América de Chicomuselo fueron atacados por el ejército, al que estaban impidiendo el paso por considerar que están coludidos con las organizaciones criminales. Enfrentamientos entre pobladores y soldados se registraron también el 22 de enero en otros municipios de la Sierra de Chiapas: El Porvenir, Bellavista, La Grandeza y Siltepec.

No fueron los únicos hechos violentos de este enero. En Tila se registró, una vez más, un hecho sangriento, con el asesinato de Carmen López Lugo, miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI). Además el 15 de enero, horas después de que una balacera sin fin perturbara los sueños de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas e hiriera a una transeúnte, fue encontrado un cuerpo degollado en un bolso de basura colgado a un puente vehicular a las puertas de Tuxtla Gutiérrez, acompañado por una manta de uno de los carteles en disputa. El mismo día, el propietario de una gasolinera de La Concordia recibió una hielera con cuatro cabezas.

En el marco de la conmemoración por la muerte de don Samuel Ruíz, el obispo Luís Manuel López Alfaro manifestó preocupación de que la violencia crezca en los próximos meses por la coyuntura electoral, y afirmó que en muchas regiones del estado no hay condiciones para que los comicios se lleven a cabo.

“No se puede solamente simular que hay elecciones cuando hay manipulación, control de grupos, amenazas. Hacemos un llamado a la autoridad para que vea qué condiciones se necesitan para que se den unas elecciones libres”, dijo el monseñor en rueda de prensa. Luego, sin mencionar explícitamente la actitud negacionista de las autoridades mexicanas sobre la violencia en Chiapas, concluyó: “Hay un problema de no querer ver a la situación y esto no ayuda. La paz se construye cuando la verdad se reconoce”.

Samuel Ruíz, un hombre de paz

Durante su episcopado, que terminó en 1999, Samuel Ruíz trabajó a favor de la paz en un Chiapas sacudido por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en 1994 fue mediador entre el gobierno y los recién insurrectos.

“Para él, la paz era un proceso, algo que se alcanza analizando el caminar de la realidad, el contexto que fomenta una dada situación”, afirma la Hermana Mary Wink, que llegó de Estados Unidos a Chiapas en 1975 y nunca más se fue. “Acompañaba el pueblo a buscar soluciones a sus necesidades. No denunciaba a nadie, sino anunciaba lo que no estaba de acuerdo con la enseñanza de Jesús”.

Lo que más admiraba de don Samuel Ruíz era su capacidad de escuchar desde el corazón y trabajar en equipo, su propensión a consultar cada decisión, además de su determinación en abrir la diócesis a la participación de las mujeres y de las personas laicas. La asombraba también la capacidad del ex obispo de permanecer en un proceso de constante conversión. “No en balde lo apodaban “el caminante”, pues no sólo físicamente caminaba sino se daban cambios continuos adentro de él”, dice del obispo emérito, que falleció en la Ciudad de México el 24 enero de 2011, con 86 años.

Padre Heriberto acompañó a Samuel Ruíz también en la muerte. Estaba a su lado cuando falleció y estaba con él también cuando sus restos llegaron a San Cristóbal de Las Casas y fue recibido por una multitud. Padre Heriberto se conmueve al recordar la visita de Papa Francisco a la tumba de don Samuel en 2016, cuando se paró frente a ella e hizo un gesto de reverencia.

Artículo publicado en Animal Político el 25 de enero de 2024.

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No había suficientes bancas para recibir a todas las personas que, en filas ordenadas, entraron ayer a la catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Algunas se sentaron en el piso, otras quedaron paradas frente a la puerta. Eran feligreses de las parroquias de la ciudad y de algunas comunidades indígenas de las afueras. Apoyaron a un lado los estandartes de la Virgen de Guadalupe y las pancartas que cargaron durante la marcha-peregrinación por la verdad, la justicia y la construcción de paz, que acababa de desfilar en el centro. 

En estos días, en otras zonas de Chiapas se llevaron a cabo movilizaciones parecidas, convocadas por las parroquias ante la multiplicación de grupos armados y el incremento de la inseguridad en el estado, algo que la población chiapaneca observa cada día y que alcanzó las portadas de los medios nacionales hace poco más de una semana, con el secuestro por parte de un grupo criminal de 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC).

“Señor, mira a nuestros pueblos que sufren por el narcotráfico, las extorsiones y los abusos. Es triste que cada día son más y más los muertos y no hay una respuesta”, dijo durante la misa en la catedral monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los grupos de pandilleros se enfrentan cada vez más frecuentemente a la luz del día: en las calles traficadas, en los tianguis atiborrados de gente o frente a los supermercados, donde los clientes acaban tirados al piso. 

En los municipios que rodean San Cristóbal de Las Casas, la situación no es más alentadora. Hace un mes, en la comunidad de Polhó, en Chenalhó, hubo una masacre que cobró la vida de siete personas, entre ellas, un niño de tres años. 

Más recientemente, en Pantelhó, a unos 60 kilómetros de la ciudad, una serie de eventos causó miedo y confusión. Durante el pasado fin de semana, las autodefensas El Machete, que controlan Pantelhó desde hace un par de años y están acusadas de cometer abusos contra la población, se enfrentaron con un grupo armado que este lunes difundió un video, donde afirmaba haber tomado Pantelhó y sacado a las autodefensas y al Concejo Municipal. Sin embargo, al día siguiente, el Concejo Municipal contestó con otro video que muestra un poblado tranquilo, con su tianguis en funciones y el Ejército patrullando las calles. 

El levantamiento popular contra el crimen organizado que dio espacio al ascenso de las autodefensas se originó tras el asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas de Acteal. Era el 5 de julio de 2021 y fue justo ayer, en ocasión del segundo aniversario de su homicidio, que la Iglesia católica de Chiapas se movilizó por la paz en el estado.

“No podemos permitir a la violencia quitarnos espacios de trabajo, hay que mantener la organización y la resistencia de las comunidades y apostarle a la unidad, a pesar de las muchas divisiones existentes, sobre todo en este tiempo preelectoral. Tenemos que seguir impulsando lo que llamamos lekil kuxlejal e ich’el ta muk’, que es el buen vivir con respeto”, dice Estela Barco, de la organización Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas (Desmi), fundada por Samuel Ruiz, exobispo de San Cristóbal de Las Casas. 

“Ahora el futuro se ve confuso, no se observan muchas salidas a causa del discurso del Estado de que no hay inseguridad y que son los medios de comunicación los que exageran. Es muy grave no reconocer lo que pasa en un territorio”. 

Según el gobierno, “hay tranquilidad en Chiapas”

En la mañanera del 23 de junio, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los delitos de alto impacto en Chiapas “van a la baja”. 

“En general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas”, añadió en aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazó la existencia de agresiones generalizadas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de que desde 2019 a la fecha se han registrado más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los ataques son perpetrados por la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), cuyos integrantes reciben programas sociales como Sembrando Vida y participan en el gobierno municipal de Ocosingo, administrado por el PVEM.

Durante la mañanera del 23 de junio, López Obrador aseguró también que su administración está atendiendo la violencia en Chenalhó —de donde centenares de personas se tuvieron que desplazar— y el conflicto en Frontera Comalapa. Allí, la guerra entre grupos de la criminalidad organizada se recrudeció desde julio de 2021, causando desapariciones, muertes y desplazamientos forzados. Los enfrentamientos más recientes en esta zona fronteriza con Guatemala se dieron entre el 22 y el 25 de mayo, cuando comunidades enteras tuvieron que abandonar sus casas. 

Más de 300 personas se refugiaron en el colindante municipio de Chicomuselo, donde también operan grupos armados que acumulan riqueza a través del extractivismo. En 2006, la empresa Caracol empezó a explotar la barita —mineral que se usa en la extracción del petróleo—, presente en el subsuelo de Chicomuselo, y la parroquia inició un trabajo de concientización de las comunidades sobre los riesgos de la minería. Tres años después, el opositor Mariano Abarca fue asesinado y la resistencia creció, hasta conseguir el cierre de la mina. 

Chicomuselo fue declarado libre de minería, pero a principios de este año hombres armados se presentaron en las asambleas ejidales. Aparecieron en el ejido Morelia, de donde se están llevando la barita ya explotada, y en el ejido Santa María incluso reactivaron los trabajos de la mina sin permiso alguno. “En mayo vino la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer una inspección en Santa María y fueron sacados violentamente”, afirma un activista local. 

Negación de la realidad

Ayer, la Iglesia católica se movilizó también en otras zonas de Chiapas como Simojovel, Teopisca, Oxchuc y Ocosingo; en días pasados, marchó en las calles de Frontera Comalapa y Chicomuselo, y en agosto, se manifestará en la región cho’l. 

Casi todos estos municipios pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que en 1975 abrazó la “opción preferencial por los pobres”, uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación. En aquella época, el obispo era Samuel Ruiz, cuyo trabajo pastoral dejó una ruta marcada en la diócesis, que desde entonces adquirió una fuerte capacidad de organización y movilización. La instancia diocesana llamada Pueblo Creyente —promotora de las peregrinaciones a favor de la paz de estos días— nació tras las marchas que se dieron en 1992 por la liberación del padre Joel, párroco de Simojovel que había sido encarcelado con falsas acusaciones.

“Escuchamos un discurso de negación de la realidad de la violencia por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero el Estado tiene la responsabilidad de esta violencia que existe a nivel estatal y nacional”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó ayer al cierre de la misa en la catedral de San Cristóbal de Las Casas. “Continuaremos realizando nuestros ayunos, oraciones y peregrinaciones, y a denunciar las injusticias y la impunidad que vivimos como sociedad”. 

Artículo publicado en Animal Político el 6 de julio de 2023.

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“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, claman los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una agrupación de personas que se reconocen como víctimas – o supervivientes – de la militarización que el gobierno mexicano desplegó a finales de 2006 para, supuestamente, combatir a la criminalidad organizada, y que causó más de 280 mil muertos, unos 61 mil desaparecidos y entre 1 y 8 millones desplazados internos. 

Una crisis humanitaria que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) visibilizó ya en 2011. Las movilizaciones fueron entonces convocadas por el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo Juan, y el pequeño grupo que se congregó a su alrededor fue poco a poco creciendo, hasta convocar una marcha – en 2011 – de Cuernavaca a la Ciudad de México para pedir un alto a la violencia. Miles de personas se sumaron en el camino. Luego se organizaron una caravana que atravesó el centro y el norte del país hasta Ciudad Juárez – entonces “capital de los feminicidios” -, una rumbo al sur y una que recorrió 27 ciudades de los Estados Unidos para visibilizar la violencia que se vive en México y exigir un alto a la exportación de armas.

«En algo andaban»

Por primera vez se logró articular a los colectivos que desde hace tiempo denunciaban la masacre mexicana: las victimas de la violencia y sus historias recorrían juntas las calles y aparecían en los medios. Se fue desmoronando la versión del gobierno de que los asesinatos y las desapariciones ocurrían a personas que “en algo andaban”, y que sólo se registraban algunos “daños colaterales”. 

Magdalena Puente González no participó en las movilizaciones de 2011, pero esta vez viajó más de mil kilómetros para sumarse, pues hace 5 meses asesinaron a su hijo. “Me uno a la marcha para pedir justicia para todas las personas que hemos perdido a un hijo, que es lo más fuerte que te puede pasar en la vida”, afirma la mujer del Estado de Coahuila, mientras algunos coches pitan para dar ánimo a los caminantes que, paso a paso, suben por la empinada autopista Cuernavaca-Ciudad de México. 

“El logro principal de las movilizaciones del MPJD de 2011 no es un botín político, sino el hecho de que los caminantes adquirieron capacitad organizativa, pasaron de ser victimas al ser personas que exigen. Se crearon colectivos en todo el país conformados por personas que no piden sólo la resolución de los casos de sus seres queridos sino el esclarecimiento de todos los demás”, enfatiza Norma Garduño, integrante del MPJD, que sostiene el cordón que rodea la Caminata por la Paz. Como muchos de sus compañeros, Garduño es al mismo tiempo superviviente y militante. Por su lucha en contra de la empresa canadiense Esperanza Silver fue secuestrada con tres de sus hijas, y luego se tuvo que desplazar a otra región del país con toda su familia. Hoy, como siempre, su familia la acompaña en la marcha: su marido, sus hijas adolescentes y su bebé de tres años, que lleva una camiseta que dice “no a la minería”. 

Son muchos los niños que participan en la Caminata por la Paz, la Justicia y la Verdad. Hay niños indígenas nahua procedentes de Chilapa, en el Estado de Guerrero, uno de los municipios del país más afectados por la violencia. Hay otros de origen estadounidense que pertenecen a la comunidad mormona LeBarón, asentada en Chihuahua. En noviembre pasado, la familia LeBarón ha sido emboscada por un grupo armado que asesinó 3 mujeres y 6 niños, dos de ellos bebés, de la misma familia.

Fue a raíz de esta masacre que, a 9 años de las caravanas de 2011, Julián LeBaron y Javier Sicilia decidieron convocar una nueva movilización, desde el 23 hasta el 26 de enero de 2020, que ha empezado en Cuernavaca y ha concluido frente al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano. Una movilización cuyo objetivo ha sido visibilizar la violencia y sobre todo recordar al Gobierno algunos compromisos que tomó sobre la implementación de mecanismos de justicia transicionales, que puedan ayudar el Estado a empezar un proceso de transición hacia un periodo de “post-violencia”, como la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad y un Modelo de Reparación extraordinario para las víctimas de la violencia.

Principal arma, el diálogo

“Ante el colapso de las instituciones ordinarias, hace varios años se empezaron a trabajar unos mecanismos extraordinarios que se podrían implementar para encontrar verdad y justicia. Se abrió una ventana de oportunidad con este gobierno que empezó a hablar de este tema durante la campaña electoral”, explica Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional y justicia transicional.

Dayán participó en las mesas que, hace más de un año, el recién electo gobierno de López Obrador abrió con algunas organizaciones de la sociedad civil para crear una propuesta de justicia transicional. Un compromiso que ha sido olvidado por López Obrador y que los manifestantes piden se retome.

Julián LeBarón ha sido una de las cabezas más visible de las movilizaciones de 2011, pero luego rompió con Javier Sicilia. Lo criticó por su excesiva disposición al dialogo con el ex presidente Felipe Calderón, a quien llegó a estrechar la mano frente a las camaras. LeBarón pensaba que era necesario dedicarse más a la movilización en las calles, Sicilia estaba convencido de que dialogo y movilización pudieran caminar en paralelo. El domingo, pese a tener posiciones distintas, volvieron a marchar juntos.

“El MPJD nunca se planteó ser un movimiento radical, nunca pensamos destituir al gobierno como tal y reconocemos al Estado y las obligaciones que tiene”, aclara Norma Garduño. “Muchas de nuestras consideraciones están basadas en los principios gandhianos y la principal arma de la no violencia es el dialogo”.

La disposición al dialogo de Sicilia con el gobierno derechista de Calderón causó muchas criticas adentro del MPJD, y más incomodidad fue causada por el verticalismo y el personalismo del movimiento. Las divisiones de entonces se reflejan en las ausencias de hoy. 

Algunos colectivos de victimas han decidido no participar en la Caminata por la Paz a pesar de compartir sus demandas, han destacado la presencia de personas cercanas a partidos derechistas y han afirmado que el objetivo de algunos marchantes no era “necesariamente hacer justicia y apoyar a las victimas, sino encontrar la oportunidad de ir en pos de sus propios intereses”. Además, han criticado la decisión de LeBarón de contratar como su abogado a Abel Murrieta, ex procurador del Estado de Sonora, quien hubiera encubierto a los asesinos del activista Nepomuceno Moreno, muerto por buscar su hijo desaparecido Jorge Mario.

En todo caso, el domingo fueron miles las personas llegadas de todo el país para acompañar en silencio a la Caminata por la Paz hasta el Palacio Nacional. Hay opiniones distintas entre los manifestantes sobre López Obrador: algunos afirman haber votado por él y sentirse decepcionados, otros dicen que nunca lo han apoyado, otros no quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, sino exigirle retomar la agenda de víctimas y las medidas para la pacificación del país que prometió.

Artículo publicado en El Gara el 28.01.2020

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