Desde entonces, Jorge Verástegui González, hermano de Toño, los busca y pide justicia para sus familiares y las otras 90.000 víctimas de desaparición forzada, y para cada una de las 10 mujeres que a diario son víctima de feminicidio en México, así como para las 340.000 personas desplazadas forzadamente desde el año 2006, cuando el Gobierno impulsó la militarización del país con el supuesto fin de combatir a la criminalidad organizada.

El pasado domingo, Verástegui González y otros 93,5 millones de mexicanos estaban llamados a votar en la primera consulta popular de la historia de México, en la que se preguntó a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con impulsar «acciones pertinentes» para esclarecer crímenes del pasado y «garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas».

Jorge Verástegui González decidió no acudir a las urnas, pues «la consulta ha sido promovida por un grupo de personas cercanas al presidente López Obrador, sin que se diera un proceso previo de diálogo con las numerosas organizaciones de víctimas presentes en México para conocer su opinión».

La pregunta de la consulta –«¿Está de acuerdo con emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados?»– fue muy genérica y dejó espacio a múltiples interpretaciones, pues un proceso de esclarecimiento del pasado puede significar varias cosas. La lectura más común fue que se estuviera consultando sobre la creación de una comisión de la verdad u otros mecanismos de justicia transicional que los Estados implementan para superar épocas de crisis sociales y humanitarias.

«Apostaría más bien a fortalecer la Justicia ordinaria, pues no creo que la justicia transicional funcionaría en México: aunque se crearan buenos mecanismos, no habría voluntad política para su implementación», sostiene Verástegui González. «Además son mecanismos temporales para crear narrativas compartidas o ir en contra de las grandes cabezas, mientras que como familiares de desaparecidos lo que necesitamos es algo muy concreto, y es encontrarlos», añade.

Es indudable que la Justicia ordinaria en México tiene un gran problema, el 92% de los delitos cometidos ni siquiera se investigan. «Es cierto que, sin importar los resultados de la gación de investigar y sancionar a los responsables de cualquier delito o violación a los derechos humanos», subraya Daniela Malpica de la organización Justicia Transicional MX. «Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia reconoció, al analizar la
constitucionalidad de la pregunta, que no hay cauces institucionales que puedan dar respuesta a una cantidad tan grande de solicitudes de verdad y justicia. Por esto se abre la posibilidad de que se establezcan mecanismos extraordinarios».

Solo el 7% del padrón electoral acudió a las urnas y casi el 98% votó por el «sí». Para algunos fue un rotundo fracaso y un desperdicio de dinero público, otros creen que el Gobierno debería de escuchar a los 7 millones de personas que se han movilizado para pedir que se promuevan procesos de esclarecimiento.

Mario Delgado, presidente de Morena, celebró el resultado: «Comienza una nueva etapa contra la impunidad en la que las víctimas estarán en el centro», afirmó, y prometió no sólo apoyar la creación de una comisión de la verdad y de un tribunal del pueblo, sino también de una comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo.

«No creo que el Ejecutivo cumplirá sus promesas», opina Daniela Malpica. «Si tuviera voluntad política de crear una comisión de la verdad ya la hubiera impulsado, porque tiene facultad para hacerlo y, de hecho, la implementación de mecanismos de justicia transicional fue una promesa de campaña».
Sorpresivamente, la consulta fue apoyada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). «Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas», señaló el subcomandante Moisés. «Independientemente de los de arriba, el objetivo es dar paso a una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia».

El zapatismo hizo suya la consulta, yendo más allá del día de votaciones y convocando asambleas en los pueblos indígenas, donde, siguiendo sus usos y costumbres, debaten sobre crímenes de Estado e impunidad. 756 comunidades ya se han pronunciado por el «sí» y los resultados finales de este proceso interno serán compartidos con las familias de las víctimas. El EZLN ha convertido la consulta promovida desde el oficialismo en una plataforma a favor de una Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia.

Artículo publicado en El Gara el 9.08.2021.

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“Mi familia y yo podemos perder la esperanza de encontrar a nuestro familiar vivo, pero no que algún día se haga justicia. Ha habido personas e instituciones que han sido responsables”, afirma Juan Humberto. Tras el hallazgo de las fosas comunes en la base militar de Cobán, el 6 de enero pasado, fueron detenidos 14 ex altos mandos del ejército guatemalteco por desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, supuestamente ocurridos durante el conflicto armado interno de la década de 1980. El 3 de mayo empezará el juicio en contra de 11 de ellos.

Juan Humberto Botzoc Che aún era un niño en febrero de 1982, cuando el ejército desapareció a su tío. Él y su familia habían sido despojados y desplazados por un finquero apoyado por las autoridades, y durante un año vivieron en la montaña a la intemperie. Su tío Marcos decidió regresar un rato a su aldea de origen, para poder cosechar café y cardamomo. Fue en esa ocasión que el ejército se lo llevó, frente a su hija de siete años.

Hoy Juan Humberto, que es maya q’eqchi’, lucha por los derechos de los pueblos indígenas guatemaltecos y es director de la Asociación Maya para el Desarrollo Integral Comunitario (Asomadic). En 2012, el activista presenció la primera fase de la exhumación de las fosas comunes en la ex Zona Militar 21 que hoy, casi sarcásticamente, alberga el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz) de las Naciones Unidas. Entre aquellas osamentas amontonadas, con la cara vendada, las manos y los pies amarrados, Juan Humberto buscaba el recuerdo de su tío Marcos.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS

Viajando por las carreteras de Alta Verapaz, entre los carteles publicitarios de tiendas y fast food, llama la atención el de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG): “¿Tienes un familiar desaparecido? Llama al 1598, con una muestra de tu saliva podemos identificarlo”.

Los pasillos de la FAFG están repletos de cajas de osamentas que no caben en sus almacenes. En sus 25 años de actividad, los forenses independientes encontraron fosas comunes en 41 destacamentos militares, con un total de 1460 personas. En Creompaz han sido exhumadas 565 osamentas, y aunque ya se concluyeron las excavaciones y se identificaron más de 100 individuos, aún no se terminó el análisis genético.

Cada osamenta que llega al laboratorio de la FAFG pasa por los rayos X, luego se limpia, se analiza y su ADN entra en una base de datos, para que se pueda comparar con las muestras de salivas dejadas por las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. El análisis del ADN permite acercarse al grupo familiar de la persona, pero para entender quién era hace falta la memoria de sus seres queridos. En entrevista con antropólogos sociales revelan el sexo del fallecido, edad, estatura, su ocupación, sus enfermedades y si ha tenido accidentes. Todo lo que pueda haber dejado alguna huella en sus huesos.

Una vez identificada la osamenta, la FAFG la devuelve a los familiares. La mayoría son indígenas mayas, que tienen que despedirse de sus muertos de acuerdo a su cosmovisión para permitirles la entrada al xibalbá, el mundo subterráneo.

“Los familiares visten la osamenta como en un velorio, como si fuera un cadáver recién fallecido. Muchas veces organizan funerales de grupo donde los sobrevivientes cargan el ataúd por las calles del pueblo”, explica José Samuel Suasnavar, subdirector de la FAFG. Luego señala un fragmento óseo que una colega está limpiando con una brochita. “Este es todavía un niño”, observa, e indica a otro: “Esto es una cosa aún más pequeña, no sé si llegó a nacer”.

Una vez limpiadas, las osamentas se disponen en la mesa del laboratorio de osteología para analizarlas y sacar una muestra de ADN.

“Creompaz, diciembre de 2015”, dice el cartel al lado de una osamenta, señalando la fecha y el lugar de su hallazgo. Después de más de tres años y medio excavando, en Creompaz se seguían encontrando muertos.

“NO HUBO GENOCIDIO”

La Asociación de Viudas y Huérfanos del Ejército de Guatemala (Asovigua), agrupación cercana al actual presidente, Jimmy Morales, se reúne frente al Palacio de Justicia de la capital cada vez que se celebran procesos en contra de militares. Expresan su solidaridad a los enjuiciados con pancartas que dicen “Exigimos libertad para los que nos liberaron del comunismo”, y se indignan de que el Ministerio Público esté persiguiendo a personas que debería premiar por haber hecho de Guatemala “un país libre e independiente”.

Nora Rosales es hija del coronel Gustavo Alonzo Rosales García, que se encuentra en prisión preventiva tras su detención en el marco del caso Creompaz. La mujer recuerda el asombro que la colmó en la mañana del 6 de enero pasado, cuando la policía vino por su anciano padre. “El señor de la policía ofreció disculpas por llevarse a mi papá con grilletes, dijo que sabía quién es”, afirma.

Nora Rosales recuerda haberse mudado con su familia a Cobán cuando era niña, en 1979, y haber vivido allí ocho años mientras que su familiar prestaba servicio en la antigua Zona Militar 21. Asegura que su papá es inocente, que no tiene nada que ver con las fosas comunes y que siempre ayudó a los indígenas.

“Pedimos que las autoridades de justicia dictaminen de acuerdo al derecho, que coloquen jueces imparciales. La jueza Jazmín Barrios ya demostró su parcialidad por el socialismo”, denuncia Nora Rosales. La mujer revela la existencia de un complot de “la izquierda” —grupo supuestamente conformado por exguerrilleros, jueces, ONG, testigos y demandantes—, cuyo objetivo es descalificar al ejército guatemalteco.

—¿Usted afirma que es una mentira que existan fosas comunes en Creompaz? —pregunto.

—Mi teoría es que las osamentas fueron trasladadas desde un cementerio. Las pruebas están manipuladas, han sido sembradas.

Juan Carlos Garavito está de acuerdo con ella. El hijo del coronel Carlos Augusto Garavito Morán, también detenido en el marco del juicio Creompaz, afirma que las ONG y los demandantes llevan 20 años viviendo como parásitos, y que con sus mentiras sólo quieren obtener una indemnización millonaria del Estado. Está convencido de que no tiene sentido celebrar juicios sobre hechos supuestamente ocurridos hace tanto tiempo, que hay que voltear página y dejar en paz a los militares por ser hombres ancianos, además de inocentes. “No hubo genocidio. En Guatemala tuvimos un conflicto armado interno donde seguramente en los dos bandos se dieron violaciones, pero no fue algo que el ejército planificó, como afirma el Ministerio Público. Además, los juicios son sólo en contra de militares, no hay nada en contra de la izquierda”, afirma el hombre.

RECONOCER LA VERDAD Y SANAR LAS HERIDAS DEL PASADO

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada en 1994 tras un acuerdo entre el gobierno, los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y las Naciones Unidas, el 93 por ciento de las más de 200 000 víctimas del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) fueron causadas por el ejército. Con su trabajo, la CEH quiso dar luz sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto guatemalteco y concluyó que, a través de sus agentes, el Estado guatemalteco cometió actos genocidas en contra de población civil.

El periodo más duro del conflicto fue entre 1982 y 1983, cuando el general golpista Efraín Ríos Montt impulsó su política “de tierra arrasada”, para acabar con las guerrillas “quitándole el agua al pez”. Las páginas escritas por la CEH cuentan de aldeas quemadas, cuerpos empalados y bebés estrellados contra las piedras para matarlos. En mayo de 2013, la jueza Jazmín Barrios condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio, pero pronto la Corte Constitucional ordenó la repetición del juicio.

“Fue un hecho lamentable para la justicia nacional, una decisión más política que jurídica”, afirma Iduvina Hernández, de la organización no gubernamental guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem). “La identificación del delito de genocidio quedó plenamente probada en el tribunal, el sistema de justicia, hasta el Tribunal de Mayor Riesgo, estaba convencido de que se trató de genocidio. No es cierto que la sentencia se anuló, se planteó que el caso retrocediera a etapas que ya habían sido superadas, yendo contra toda doctrina de derecho”.

En Guatemala han sido cometidas 626 masacres y una de la más brutales ocurrió el 14 de mayo de 1982 en la aldea de Río Negro, donde la población se oponía a la construcción de una represa. El ejército se llevó a un grupo de mujeres y niños con los helicópteros a un lugar que se desconocía, hasta que en 2012 la FAFG encontró osamentas de la población de Río Negro en las fosas comunes de la antigua Zona Militar 21 de Cobán.

“Los juzgadores expresamos que creemos firmemente que el reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado”, ha declarado la jueza Jazmín Barrios. “La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de derecho en nuestro país, haciendo conciencia de que este tipo de hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas”.

LA MANO DERECHA, EXONERADA

Ríos Montt y Creompaz no son los únicos juicios con que Guatemala está procesando su pasado. El 6 de enero, el mismo día en que fueron detenidos los 18 militares que operaban en la ex Zona Militar 21, otros cuatro mandos del ejército fueron apresados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años, ocurrida en octubre de 1981.

Además, el 1 de febrero, en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala empezó otro juicio a uniformados, llamado Sepur Zarco. Quince mujeres maya q’eqchi’, ya ancianas, acusaron a dos militares de delitos contra la humanidad en su forma de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica. Estaban sentadas en silencio, con los rostros cubiertos por chalinas, mirando a sus verdugos: el exjefe de los comisionados militares Heriberto Valdez Asij y el exteniente Steelmer Reyes Girón.

El 26 de febrero, entre los aplausos del público, desde su estrado la jueza Jazmín Barrios cerró el juicio Sepur Zarco condenando a los dos militares a un total de 360 años de prisión.

Sorprende que en un país como Guatemala, donde la impunidad prevalece y los gobiernos van de la mano con los militares, se celebren procesos de este tipo. Sin embargo, a inicios de 2016, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alfredo Sosa Díaz, planteó un amparo en la Corte Constitucional en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. La norma prevé que los delitos de lesa humanidad, como genocidio y desaparición forzada, sean imprescriptibles. La Corte decidió no suspender la ley y seguir procesando a los uniformados, pero el gesto del general revela la preocupación de la cúpula militar frente a la ola de juicios que está golpeando al ejército.

Una ola que estalla también en contra de personalidades cercanas a Jimmy Morales, político conservador que gobierna Guatemala desde el 14 de enero pasado. Una semana antes de la toma de posesión de Morales, el Ministerio Público presentó un antejuicio en contra de Édgar Ovalle Maldonado, mano derecha del presidente y diputado electo de su partido. El pedido fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia y Ovalle Maldonado no será juzgado.

“Se pidió antejuicio en contra de Ovalle Maldonado en el marco del caso Creompaz, por haber sido oficial de inteligencia durante la época en que se enterraron cadáveres de forma clandestina en el recinto militar de la ex Zona Militar 21 de Cobán. El oficial de inteligencia es el que se encarga del interrogatorio de los prisioneros, es el que dispone sobre su destino, así que Ovalle Maldonado tiene una responsabilidad directa”, explica Hilda Pineda, joven agente fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.

En 2010, con el nombramiento de fiscal general de Claudia Paz y Paz —que hoy integra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que está investigando el caso Ayotzinapa— en Guatemala se creó un clima que favoreció la independencia de los órganos judiciales, aprovechado sobre todo por mujeres, a pesar de que las condiciones políticas no sean favorables.

“En este momento tal vez las condiciones políticas no son las más idóneas, pero hay organismos independientes dentro de la administración de justicia que están dispuestos a que los casos se conozcan”, afirma la fiscal Hilda Pineda. “El Ministerio Público tiene pruebas de que hubo violaciones a los derechos humanos, y los tribunales, con su independencia judicial, están aceptando los casos”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 10.04.2016.

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