Una pareja de adolescentes se besa en el muelle de Síijil Noh Ha, una de las siete lagunas de la reserva voluntaria de conservación Much Kanan K’aax. El día está despejado, el agua cristalina y no hay otros visitantes que molesten su intimidad. A diferencia de muchas lagunas de Quintana Roo, este cuerpo de agua que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto es visitado sobre todo por habitantes de este municipio en el centro de Quintana Roo. 

Pero desde hace unos meses, a un par de kilómetros de allí pasa el trazado del Tramo 6 del Tren Maya, que unirá Tulum con Chetumal. 

“Es un buen proyecto porque acá no tenemos mucho turismo y el Tren Maya va a traer visitantes a esta zona”, dice Daniel Andrés Reyes Pat, encargado del centro ecoturístico comunitario Síijil Noh Ha. “Hay también desventajas: ya se han destruido muchos árboles y los animales se van a alejar. Además, tememos que el turismo de masa traiga bullicio e inseguridad, y lo que buscan muchas personas que vienen aquí es tranquilidad”.

Hábitat fragmentado y riesgos de colapso

El Tramo 6 tendrá una doble vía —una de pasajeros y otra de carga— y una extensión de más de 255 kilómetros. Su construcción y operación están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como los tramos 5 y 7 del Tren Maya, seis complejos hoteleros que se están edificando a lo largo de la ruta y el nuevo aeropuerto de Tulum, al que estará conectado.

El trazado del Tramo 6 es una franja de 60 metros de ancho que barre la selva en el centro y sur de Quintana Roo, región con la vegetación más alta de toda la península. Viaja paralelamente a la carretera federal 307, a pocos metros de distancia: aparece a la altura de Tulum, corre a un lado de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y llega hasta Chetumal, escondiéndose de vez en cuando detrás de la vegetación. 

De acuerdo con el biólogo Omar Irám Martínez Castillo, de la asociación U’yoolche de Felipe Carrillo Puerto, entre la carretera y el trazado del tren se formó una tierra de nadie de pocos metros de ancho donde se quedaron atrapados unos monos. 

“La fragmentación del hábitat me preocupa más que la deforestación: el tren divide en dos a la selva y para las poblaciones —estamos hablando de jaguares, tapires, monos araña y otros animales— será complicado tener una comunicación que permita la diversidad genética, para que no sean endogámicas y no se reproduzcan entre ellas”, afirma. 

Martínez Castillo manifiesta también preocupación por el rellenado, ocurrido hace un par de meses y finalizado al paso del tren, de una aguada que se encuentra al lado de la carretera federal 307 y que está enlazada con el sistema lagunar de la reserva de Much Kanan K’aax. 

“Este flujo hídrico se conecta también con otros bajos inundables que desembocan en los humedales de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an”, señala. “Siendo que no se han hecho estudios, no sabemos si estarán afectados por la construcción de la obra, ni si habrá implicaciones para el tren, pues se trata de un ecosistema muy poroso y frágil, lleno de cuevas y pequeñas cavernas. La vibración del tren podría causar su colapso, como en el Tramo 5”. 

De hecho, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada en noviembre de 2022 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin haberse realizado los estudios geológicos y geohidrológicos necesarios. De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), la MIA “es anticipada y carente de respaldo técnico. Es obvio que el promovente no puede saber si el trazo proyectado cruzará sobre conductos grandes o cavernas”.

“Hay unos comentarios de unos biólogos en contra del Tren Maya, ellos solamente hablan, pero no son dueños de la tierra. Nosotros los 250 ejidatarios ya le dimos permiso a que pase el tren”, dice Elías Be Cituk, comisario general del ejido Felipe Carrillo Puerto. “Estamos a favor del proyecto porque nos va a beneficiar; van a encarecer nuestros terrenos y ya estamos viendo, ya estamos palpando lo que va a pasar”. 

Sentado frente a su escritorio en la Casa Ejidal, el hombre de frente amplia y lentes redondos no esconde su entusiasmo por Andrés Manuel López Obrador. “El señor presidente de la República sí nos está tomando en cuenta”, dice. 

Recuerda también que pronto el gobierno les pagó el precio que ellos mismos establecieron: 1 millón de pesos por hectárea, por un total de 196 hectáreas. “Ese dinero es como una gota que cayó en una piedra así caliente”, afirma. De acuerdo con él, la base de precio para la tierra en Felipe Carrillo Puerto ya se fijó en este monto, hasta 10 veces más alto del que tenía antes de que se planeara que el Tren Maya pasara por aquí.

Una sociedad moldeada para que acepte el turismo de masa

El 6 de septiembre de 2022, se realizó la consulta pública sobre el Tramo 6 del Tren Maya en la Casa Ejidal de X-Hazil, a la que acudieron representantes de algunas instituciones, como Fonatur e INPI, delegados de los ejidos y algunos pobladores. 

“Lo único que el gobierno anunció durante la consulta fue que al fin iba a hacer justicia al sureste, después de años de discriminación y empobrecimiento del pueblo. Fue como una propaganda, nunca se habló de los riesgos o de los impactos negativos a nivel ambiental o cultural. Y conocemos los peligros que conlleva la militarización de nuestro territorio”, afirma Wilma Esquivel Paz, integrante del Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto, un pueblo donde cada casa tiene su solar y en las banquetas se asolean iguanas como perros callejeros.

Para esta organización, el Tren Maya es el segundo megaproyecto en la Península de Yucatán. El primero ha sido el Centro Integralmente Planeado (CIP) de Cancún, que inició operaciones en 1974 con la supuesta intención de alentar un desarrollo económico y turístico sustentable. Resultó ser el CIP más exitoso del país: de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, en 2022 recibió más de 6.7 millones de turistas.

En el mismo año de su fundación, se creó también el estado de Quintana Roo, que entonces estaba poblado casi solo en el centro y sur, donde ancestralmente viven indígenas mayas. La nueva entidad articuló su proyecto de sociedad alrededor de la idea de que el turismo de masa permite el mejor desarrollo económico y social posible. En este sentido, de acuerdo con el Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’ibalo’on, desde su nacimiento la sociedad quintanarroense fue moldeada para que aceptara sin reservas y con entusiasmo megaproyectos como el Tren Maya.

Hoy, Quintana Roo es el estado con la mayor tasa de crecimiento poblacional a nivel nacional: entre 2010 y 2020, sus habitantes se incrementaron en 40.2% y en 50 años Cancún y Playa del Carmen pasaron de ser unas aldeas de pescadores a ciudades de centenares de miles de habitantes. Lo que temen o anhelan los habitantes del centro y sur de la entidad es que la llegada del Tren Maya pueda causar el crecimiento desmedido también de sus poblados.

“¿Cuál es uno de nuestros propósitos? Darle vida y reactivar la economía en cinco estados, incluido Quintana Roo, la parte sur, porque durante el periodo neoliberal esta (zona norte) era lo que crecía en 20, 30 años, y todo lo demás, incluso hasta estando tan cerca Mérida y Yucatán, no había crecimiento”, afirmó el presidente López Obrador en enero. 

Turismo, inseguridad y despojo cultural

“López Obrador es un gran presidente, el primero que realmente se preocupa por nosotros”, afirma Jorge, un taxista que maneja rápido por las avenidas anchas y poco traficadas de Felipe Carrillo Puerto. “El turismo nos va a traer trabajo y desarrollo, aunque es cierto que me preocupa el aumento de la violencia: crece el pueblo, crece la maldad. Es lo que está pasando en Tulum, aquí en Carrillo Puerto vivimos mucho mejor”.

El posible incremento de la inseguridad parece ser la mayor preocupación de los carrilloportenses, que ven con inquietud lo que ocurre en el colindante Tulum. Allí, donde la población en 10 años creció 65.3%, los asesinatos y las desapariciones aumentaron conforme el poblado iba sumando nuevas cuadras, se abrían nuevos hoteles y las palapas de su playa se volvían antros. 

En 2021, Quintana Roo registró el mayor deterioro en homicidios con arma de fuego, aumentando su tasa de 2 a 25.3 asesinados por cada 100 mil habitantes. Bajo los ojos de todo el mundo están las balaceras que desbordaron hasta la zona hotelera de Cancún, donde al comienzo de la Semana Santa cuatro cadáveres fueron encontrados en la playa.

“Todo el tiempo estamos escuchando sobre homicidios y feminicidios en el norte de Quintana Roo. Cuando crece un lugar de esa manera y llegan proyectos de esta magnitud, también llegan grandes males como el crimen organizado, la trata, la violencia hacia las mujeres. Cuando se rompe el tejido comunitario, el vínculo con la tierra, cuando nos borran nuestra memoria, también hay daños”, dice Wilma Esquivel Paz.

Desde hace décadas, el artista maya Marcelo Jiménez Santos reflexiona sobre el despojo cultural que la llegada del turismo de masa ha causado a su pueblo.

“Hablan de Tren Maya, Riviera Maya, Mundo Maya, pero la comunidad maya está invitada a incorporarse solo como mano de obra barata. Se promueve al maya prehispánico, a sus vestigios como un producto turístico que se puede ofertar, pero al ‘maya vivo’ no se le considera”, afirma Jiménez Santos. “No creo, sin embargo, que nuestra cultura vaya a desaparecer; tiene capacidad de reacción, como se ha comprobado en 500 años de intentos de exterminio”.

Artículo publicado en Animal Político el 1 de mayo de 2023.

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El Parque Nacional Natural Tayrona es un área espléndidamente conservada de la costa caribeña colombiana. Cada año alrededor de 240,000 turistas visitan el parque para disfrutar de sus largas playas, sus aguas cristalinas y los hermosos caminos que atraviesan su selva.

Hace un par de años, extrañas marcas hechas con pintura amarilla aparecieron en los árboles y en las piedras del parque. Según César, un guía del parque, la transnacional turística tailandesa Six Senses “está poniendo puntos de referencias topográficos para levantar un hotel de lujo. Parecía que la empresa había abandonado el proyecto, pero desde setiembre del 2012 hay nuevos rumores sobre el asunto”.

En setiembre del 2011, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que Six Senses —a través de Arrecifes SA, su representante en Colombia— se disponía a construir un hotel de siete estrellas en el Tayrona, los ambientalistas se movilizaron. El mes siguiente, el entonces ministro de Ambiente Frank Pearl declaró “muerto” el proyecto.

Pearl no mencionó los problemas ambientales relacionados con la construcción de un hotel en un área protegida ni la presencia en la zona de cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada que, según la Constitución colombiana, tienen derecho a ser consultados en las decisiones que se adopten con respecto a la explotación de sus territorios.

Más bien, fue por decisión del Consejo de Ministros de no realizar ningún negocio relacionado con familiares del jefe de Estado, ya que en este proyecto estaban entonces involucrados Felipe Santos, hermano del presidente, y su primo Francisco Santos.

Sin embargo, el pasado 4 de octubre, la representante legal de Arrecifes SA Claudia Dávila reveló al diario colombiano El Espectador que ya se invirtieron US$2 millones en los estudios iniciales para la construcción del hotel y que, una vez obtenida la licencia ambiental, se terminará el proyecto en tres años.

Consecuencias ambientales
La empresa Arrecifes SA se constituyó en marzo del 2011 con el objetivo de desarrollar proyectos ecoturísticos. “Arrecifes SA ya tiene un hotel dentro del parque, pero dicen que manejan ‘alojamientos’ para camuflar la actividad hotelera, que está prohibida”, denuncia Yolima Vargas Garzón, bloguera de El Espectador y activista ambiental colombiana. “Además Arrecifes SA ingresa lanchas y yates al parque, que dañan los arrecifes de coral y contaminan las aguas”.

Arrecifes SA es una empresa del grupo Daabon, que pertenece en un 10% a la familia Dávila Abondano que está involucrada en varios escándalos: el derrame de aceite de palma ocurrido en 2008 en la bahía de Taganga, cerca de Santa Marta, la construcción de la marina de la misma ciudad, inaugurada en el 2011, que alteró el flujo de las aguas causando inundaciones, y la compra en el 2006 de la Hacienda Las Pavas, cuya tierra estaba en proceso de entrega a campesinos que, en el momento de la adquisición, vivían desplazados por los paramilitares. Además, según el informativo colombiano virtual La Silla Vacía, los Dávila Abondano recibieron 3.9 millardos de pesos colombianos ($2.1millones) por Agro Ingreso Seguro, programa del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) de subsidios a los campesinos.

Además, los Dávila Abondano son propietarios del predio donde se planea construir el hotel.

“Nuestra propiedad fue adquirida desde 1958 a través de adjudicaciones del Ministerio de Agricultura. Es un predio privado en el que la ley permite desarrollos ecoturísticos: en el 2010 nos reunimos con Six Senses y decidimos que ellos eran los indicados para operar el lugar”, afirmó Dávila en entrevista con El Espectador el 5 de octubre.

El Parque Tayrona —a pesar de ser uno de los sitios más conocidos de Colombia en el extranjero y lugar que inspiró al escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, para su obra Cien años de soledad— no pertenece al pueblo colombiano, sino a poderosas familias de la zona, entre ellas los Dávila Abondano, que en 1958 recibieron el terreno del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, poco antes de que la Ley 2 de 1959 obligara el Estado a entregar la tierra a campesinos pobres.

Parque en manos de particulares
Más del 90% del Parque Tayrona pertenece a particulares. Según una investigación del 2008 del abogado Filipo Burgos, sus dueños podrían ser unos 260. No obstante, el 23 de agosto del 2012, después de la revisión de los títulos de propiedad de los predios del parque, el Ministerio de Ambiente reveló que sólo 20 terrenos son legales.

“Entre los predios ilegales se encuentran los de Tequendama CI, empresa de Daabon, que había destinado estos terrenos a la ganadería, actividad prohibida en zonas de reserva. También Arrecifes SA está en proceso de entrega al Estado de algunos terrenos dentro del parque”, relata Vargas Garzón a Noticias Aliadas.

Mientras Arrecifes SA se encuentra a la espera de que el Ministerio de Ambiente defina los términos de referencia del proyecto para pedir la licencia ambiental, los ambientalistas colombianos anhelan que el gobierno expropie los terrenos privados en el Parque Tayrona y tome en cuenta el Decreto 622 de 1977, que prohíbe expresamente la hotelería dentro de los parques naturales nacionales.

Otro obstáculo que la empresa tiene que superar es la resistencia de las comunidades indígenas que viven en el área. Recientemente Arrecifes SA dio a conocer un video grabado los días 20 y 21 de octubre del 2012 en el que líderes de los pueblos koguis, arhuacos y wiwas respaldan el proyecto hotelero.

Para Vargas Garzón, “la firma no tiene ninguna validez porque hace falta un proceso de consulta previa formal. Esto se puede considerar como un acercamiento, aunque ha sido de mala fe: Arrecifes SA ha negociado con líderes que ni siquiera saben hablar español”.

El 28 de octubre del 2012, el pueblo kankuamo —el único de la Sierra Nevada que no participó en la reunión— hizo público un pronunciamiento donde se declara una “posición de intocabilidad e innegociabilidad de los sitios sagrados”, y denuncia que “dicha actividad no fue concertada con los cuatro pueblos de la Sierra, requisito fundamental para avalar un proyecto que afecte sitios sagrados”.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 16.01.2013

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