El 17 de enero, tras cinco meses de destierro, 14 de las 17 familias católicas desplazadas de la comunidad decidieron regresar al Ejido Puebla acompañadas por observadores internacionales.

“En abril del 2013 los presbiterianos derrumbaron la ermita que estábamos construyendo y en julio del 2013, sin tener pruebas, el comisariado ejidal del PRI [el gobernante Partido Revolucionario Institucional] Agustín Cruz Gómez acusó a los dos zapatistas del pueblo de haber envenenado el agua del tanque comunal. Desde entonces los priístas empezaron a acosarnos”, explica a Noticias Aliadas Nicolás Cruz Pérez, vocero de los desplazados. “Hoy regresamos a nuestra comunidad, y encontramos a nuestras parcelas y casas saqueadas”.

Las familias desplazadas del Ejido Pueblo —bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), e integrantes del Pueblo Creyente y de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, organizaciones católicas filozapatistas— se refugiaron en la comunidad de Acteal donde en diciembre de 1997 unos 300 indígenas tzotziles de Las Abejas, como popularmente se le conoce, fueron atacados por unos 100 milicianos del grupo Máscara Roja, afiliado al PRI. Asesinaron a 45 personas: 9 hombres, 15 niños y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas.

La región era entonces sacudida por la violencia paramilitar que se desató tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994 en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y los hacendados organizaron grupos de choque para enfrentarlo.

Convivir con asesinos
Según la petición presentada en el 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), admitida recién en noviembre del 2010, efectivos de la Policía de Seguridad Pública se encontraban a 200 m de la ermita y no hicieron nada por impedir la masacre. Además, denunciaron la existencia de una política de Estado —que siempre ha negado su responsabilidad en la masacre, justificando los hechos como el resultado de conflictos religiosos entre grupos indígenas— “encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ejecutados por grupos paramilitares financiados, adiestrados y protegidos por las mismas autoridades nacionales, para debilitar las bases del EZLN y las comunidades que le habrían manifestado su simpatía”.

De los 75 paramilitares de Máscara Roja encarcelados por la masacre de Acteal, 69 fueron liberados a partir de agosto del 2009 por irregularidades en el debido proceso, como haber detenido a los presuntos culpables sin orden de aprehensión. Muchos de ellos han regresado a la zona y, según denuncian Las Abejas, podrían nuevamente atacar.

“Algunos paramilitares que participaron en la masacre de Acteal son originarios del Ejido Puebla. Uno de ellos es Jacinto Arias, que en esa época fue presidente del Municipio de Chenalhó; estuvo en la cárcel 14 años, hoy está libre y regresó a la comunidad”, denuncia a Noticias Aliadas Víctor Hugo López Rodriguez, director del Frayba, quien considera que existe un vínculo entre el regreso de Arias y el desplazamiento de las familias de esa localidad.

También los pobladores de la zona Selva Norte de Chiapas, a unos 200 km al norte de Acteal, deben convivir con los asesinos de sus propios familiares: los paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia que operan en la zona desde la década de 1990. Según el testimonio que Armando Díaz, ex paramilitar de esa agrupación, brindó al Frayba en el 2004, esta milicia irregular se presenta públicamente como una organización de trabajadores agrícolas y por eso recibe subsidios oficiales, que en realidad utiliza para la compra de armas.

Guerra de baja intensidad
Entre el 6 y 7 diciembre del 2013 en la comunidad chiapaneca de Susuclumil se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) —tribunal no gubernamental internacional, cuyo fin es denunciar a los autores de violaciones a los derechos humanos aunque sus decisiones no son vinculantes— en su capítulo dedicado a la guerra de baja intensidad en Chiapas.

En su intervención frente al TPP, el abogado del Frayba Pedro Faro aseguró que entre 1995 y 1999 —periodo en que estas milicias fueron más activas—, Desarrollo, Paz y Justicia y otras agrupaciones paramilitares fueron responsables de 81 ejecuciones extrajudiciales, además de causar la desaparición de 36 personas y el desplazamientos de más de 3,500 pobladores de las comunidades de los alrededores de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, en la parte norte de Chiapas.

Según Faro, el plan contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional llamado “Campaña Chiapas 94” se incubó primero en esta zona y se desarrolló luego en Los Altos de Chiapas, privilegiando “la acción paramilitar con el fin de evitar la influencia expansiva del EZLN, cometiendo ataques sistemáticos contra la población civil.

Los grupos paramilitares, constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al PRI cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, robos, quemas de casas y desplazamientos forzados”.

A partir del 2000, continúa Faro, con la llegada al poder del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la estrategia contrainsurgente cambió y se concentró sobre todo en la implementación de  proyectos asistencialistas gubernamentales que tenían como objetivo dividir las comunidades y comprar a sus dirigentes.

El TPP, cuya próxima audiencia se llevará a cabo en mayo del 2014 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, concluyó que el Estado y las Fuerzas Armadas mexicanas son responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chiapas a partir de 1994, tras el levantamiento del EZLN, por brindar cobertura y apoyo económico a los paramilitares.

Artículo publicado el 21.02.2014 en Noticias Aliadas

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Por su cercanía con Miguel Alemán, base de las operaciones de los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia, la pequeña comunidad maya chol de Susuclumil (Municipio de Tila) ha sido elegida como sede de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su capítulo que está focalizado en la guerra contrainsurgente que se desató en Chiapas después del levantamiento zapatista de 1994. “El TPP es una institución que no tiene jurisdicción pero quiere ser voz de aquellos que han sufrido injusticias por parte del gobierno o de los grupos armados. Llevaremos estas causas a los niveles más altos de justicia internacional”, nos relata el miembro del jurado Guillermo Villaseñor.

La preaudiencia se llevó a cabo el 6 y 7 diciembre de 2013 y concluyó con la declaración de culpabilidad del Estado mexicano por brindar “cobertura, seguridad y apoyo económico a las fuerzas paramilitares”. Además, según los jueces del TPP, el estado no ha garantizado el acceso de las víctimas a la justicia y “existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos”.

Las conclusiones de los jueces se sacaron a partir de los testimonios de los familiares de las víctimas, que por motivos de seguridad prefirieron quedar anónimos. De estos se extrae que los paramilitares nunca atacaron a guerrilleros, sino a la población inerme: bases de apoyo del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), afiliados al PRD (Partido de la Revolución Democrática, agrupación socialdemócrata), integrantes de organizaciones populares que no apoyaban el oficialismo. Y de este modo las personas implicadas cuentan los asesinatos, descuartizamientos, violaciones sexuales, torturas y quemas de casas que vivieron en primera persona. Después de veinte años y las noches de insomnio el recuerdo sigue vivo, el dolor no se ha ido.

Frente a los jurados del TPP una mujer relata de cuando, aún adolescente, vio descuartizar a su padre. Algunos recuerdan el momento en que encontraron a un ser querido asesinado en una emboscada y otros los días difíciles pasados en la montaña a la intemperie, mientras los desplazados huían de la violencia de sus comunidades para encontrar amparo en otros poblados de la región, muchas veces dejando sus parcelas y sus casas quemadas por los paramilitares, con todas sus pertenencias dentro. Un hombre cuenta que en 1995, en la comunidad del Limar, estuvo encerrado quince días con otras personas en una casa rodeada por los grupos armados ilegales, hasta que finalmente algunos lograron huir a la ciudad de Palenque y otros a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Muchas personas afectadas por la violencia paramilitar han acudido a los tribunales de Tuxtla Gutiérrez para pedir justicia. De hecho, se conocen los nombres de quienes mataron y de quienes mandaron matar. Se conocen también sus caras, que los familiares de las víctimas siguen encontrando en las calles o en los palacios del poder, ahora convertidos en alcaldes o diputados, habiendo formado parte de las filas de Desarrollo, Paz y Justicia.

De hecho, los crímenes de los paramilitares siguen impunes. Así ocurrió con la masacre de la comunidad de Viejo Velasco, donde el 13 noviembre de 2006 alrededor de 40 integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), acompañados por unos 300 elementos de la Policía Sectorial, asesinaron a 5 personas, desaparecieron a 2 y desplazaron a 36, que nunca pudieron regresar a sus tierras.

Otro ejemplo de impunidad es el caso de la comunidad de Acteal, en los Altos de Chiapas, donde el 22 diciembre de 1997 un grupo de paramilitares del grupo Máscara Roja, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinó a 45 personas de la asociación Sociedad Civil Las Abejas de Acteal durante una oración. De los 87 paramilitares encarcelados, 51 fueron liberados. “Los liberaron bajo fianza y recibieron dinero, casa y tierra”, denuncia frente al TPP Rosendo Gómez Hernández, presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La asociación denuncia también la manipulación de los líderes comunitarios por parte de las autoridades a través de la entrega de dinero o regalos, que Rosendo Gómez Hernández define “balas de azúcar”.

Además, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la implementación de proyectos asistencialistas gubernamentales es otra etapa, empezada después de 1999, de la guerra de contrainsurgente que las autoridades mexicanas están librando contra las comunidades organizadas chiapanecas, con el objetivo de dividirlas y comprar a sus dirigentes. Sin embargo, aunque con diferente intensidad, la violencia paramilitar no ha terminado: los manuales de contrainsurgencia de los ’90 – “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Chiapas 2000” – se siguen aplicando tanto en la selva Lacandona como en los Altos de Chiapas.

Artículo publicado el 13.01.2014 en Upside Down World

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