La sentencia de la corte internacional, que llega después de más de diez años de litigio, afirma que las torturas y las violaciones sexuales han sido cometidas para humillar y castigar a las mujeres de Atenco, y obliga el Estado mexicano a brindar una disculpa pública y a empezar investigaciones “amplias, sistemáticas y minuciosas, que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos”. Entre los responsables del operativo se encuentran los ex presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, que había tachado a las mujeres de mentirosas.

En la noche del 3 de mayo de 2006, unos 2500 agentes de la Policía Municipal, Estatal y Federal entraron en el pueblo ubicado en el Estado de México, tomando a pretexto una riña entre vendedores de flores en el mercado municipal. En realidad, con este operativo de control poblacional el Estado mexicano quiso vengarse de la victoria que el campesinado de Atenco, reunido en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), había registrado en 2002, cuando lograron congelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en su territorio.

Los enfrentamientos entre la población de Atenco y la policía empezaron el 2 de mayo de 2006, y muchas personas acudieron para solidarizarse con el vecindario. Entre ellas Italia Méndez, militante filozapatista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En la noche del 3 de mayo, Méndez se encontraba en una casa particular de Atenco, donde entró un grupo de policías federales y la detuvo a pesar de que no estaba cometiendo ningún delito, no había ninguna orden de aprensión en su contra ni alguna orden de cateo.

La sometieron a interrogatorio y la golpearon, la insultaron y la arrastraron hacia un autobús. En el pasillo habían pilas de personas sometidas y los policías caminaban encima de ellas. Italia Méndez fue depositada en los últimos asientos del autobús, encima de otras personas, como si fuera un bulto de papas.

“Allí empezaron los sofocamientos, los golpes, las amenazas de muerte. Rompieron mi ropa interior y me desnudaron. Me subieron la blusa hasta la cabeza y bajaron mis pantalones hasta los tobillos; permanecí desnuda durante todo el viaje. Utilizaron varios instrumentos que hasta la fecha no puedo decir qué eran, para introducirlos adentro de mi vagina”, recuerda. “Todo esto acompañado por amenazas de muerte, con un lenguaje totalmente misógino sobre mi persona, sobre mi ser mujer. Creo que lo más grave es que estaba escuchando como torturaban a otras personas”, añade.

El autobús se dirigió al penal Santiaguito de Toluca donde no había personal médico, a pesar de que las personas detenidas llegaron muy golpeadas. Según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 202 victimas del operativo padecieron un trato “cruel, inhumano y degradante”, dos estudiantes fueron asesinados – un adolescente de 14 años y un joven de 20 –, y 23 mujeres fueron torturadas sexualmente por la policía.

“La tortura se puede sexualizar hacia hombres o hacia mujeres. Hacia las mujeres siempre lleva una connotación misógina, a través del utilizo de frases, de tocamientos en partes íntimas o sexuales, y atienden a los roles de género que los policías, militares o marinos tienen muy introyectados”, explica Araceli Olivos Portugal, abogada de las demandantes e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH). “Se considera tortura sexual el llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas le gusta esto, que este es su papel. Por ejemplo, en el caso de las compañeras de Atenco, les decían que debían quedarse en su casa haciendo tortillas, que ¿qué hacían de revoltosas?, y que por esto las violaban”, relata.

La lucha de las mujeres de Atenco y su campaña Rompiendo el Silencio visibilizó otros 19 casos de tortura sexual cometidos por agentes del Estado mexicano: policías, militares o marinos. Llevó a la atención pública historias como la de Belinda Garza Melo, detenida en el Estado de Coahuila en 2007 por policías que la torturaron física, sexual y psicológicamente por más de 40 horas. Tres meses después, fue presentada ante los medios de comunicación como integrante del cártel del Golfo. La campaña visibilizó la lucha de otras mujeres como Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa del Estado de Guerrero que en 2002 fueron torturadas sexualmente por militares, delito reconocido por un tribunal local en junio de 2018, cuando condenó a los dos militares imponiéndoles una pena de más de 19 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Las mujeres de Atenco empezaron a denunciar los abusos de los policías ya mientras se encontraban en el penal Santiaguito de Toluca. Tras años de búsqueda de justicia en los tribunales mexicanos, donde el único juicio que llegó a conclusión llevó a una sentencia de absolución, once de ellas decidieron presentar su demanda ante la CIDH: Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Cuevas.

“Para las demandantes la denuncia no ha sido un fin en sí mismo: se han ido construyendo su propio ideario de justicia, que no es tener a personas en prisión o recibir dinero por parte del Estado – aunque tienen derecho a recibirlo –, sino es todo este caminar de años, el denunciar los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes”, explica Araceli Olivos Portugal.

De acuerdo con las mujeres de Atenco, la sentencia no es en beneficio sólo de ellas, pues crea las condiciones de no repetición y disminuye las posibilidades de que alguien más pase por esto. Afirman que la violencia de los agentes del Estado no es episódica sino que se trata de un problema estructural, y exigen que la agenda sobre derechos humanos del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea guiada por algunos puntos clave contenidos en la sentencia, como la creación de políticas públicas que establezcan controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales.

En sus doce años de lucha, las mujeres de Atenco a menudo encontraron autoridades que hicieron de todo por evadir sus responsabilidades. “De allí radicaba nuestra negativa a tener una solución amistosa con el Estado mexicano y la exigencia de una justicia que fuera integral. Hubiéramos podido presentar una denuncia anónima pero decidimos no hacerlo; nosotras cargamos con el peso del estigma de la violación, con el haber sido mostrada públicamente nuestra sexualidad, y pensamos que mostrar nuestros rostros brinda más fuerza a nuestra lucha”, afirma Italia Méndez. “El Estado tiene que responder, no sólo a nosotras y a nuestras familias, sino a la sociedad misma, de cómo es capaz de utilizar estas estrategias de control social en contra de las organizaciones a través del cuerpo de las mujeres”, añade.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 29.05.2019

The post Torturas sexuales en Atenco: el Estado mexicano, culpable first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Son decenas las familias del Valle de México que viven rodeadas por más 160 minas a cielo abierto que carecen de permisos, donde se explotan tezontle, basalto y materiales pétreos. Las minas contaminan el aire y el agua. Ya son cuatro millones los metros cúbicos de lodos tóxicos que han sido extraídos de la zona de construcción, y las vibraciones hacen vivir a los habitantes de la zona con el temor de que sus casas se derrumben.

Sin embargo, el Gobierno mexicano afirma que el NAICM, cuya construcción fue anunciada en setiembre de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, es una obra ambientalmente sostenible y necesaria, pues el actual aeropuerto Benito Juárez está saturado. El NAICM es la segunda terminal más grande en construcción a nivel mundial y cuadruplicaría la operación aérea para dar servicio a 120 millones de pasajeros al año.

Décadas de resistencia

Al ver tirar las casas de sus vecinos, Nieves Rodríguez Hernández sintió mucha tristeza y pensó que no hubiera permitido a las maquinas tirar los muros de su hogar como si fueran castillos de naipes.

Ella decidió quedarse en su casa a pesar de que la autopista Teotihuacán-Texcoco, una obra complementaria al NAICM, debería de pasar justo por encima. Decidió quedarse con sus cultivos de verdolaga y nopal, vendiendo frascos de conservas preparada con los duraznos de sus arboles, aunque la autopista ya rodea su casa. Está por delante y por atrás: dos tiras de concreto cortadas en el medio por su casa.

Junto a los demás pobladores de San Salvador Atenco llevan 17 años en resistencia en contra de la obra. Ya en 2001, el Gobierno mexicano tenía pensado construir en el Valle de México el nuevo aeropuerto internacional. Una ciudad que parece infinita y que, sin embargo, termina justo allí, donde empieza el vaso del ex lago de Texcoco, una zona de uso rural ubicada en los municipios de Atenco y Texcoco.

En 2002, la resistencia de los pobladores reunidos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) logró la congelación del megaproyecto. La represión llegó con cuatro años de retraso. En 2006, el desalojo de unos vendedores de flores del mercado municipal provocó un enfrentamiento y la entrada en Atenco de unos tres mil policías estatales y federales. Fue uno de los mayores crímenes cometidos por el Estado mexicano: 202 victimas del operativo han sido sometidas a un trato «cruel, inhumano y degradante» y por lo menos 23 mujeres han sido torturadas sexualmente por la Policía. Once de ellas llevaron al Estado mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y se espera una sentencia en los próximos meses.

Diferentes posturas

La construcción del NAICM ya ha empezado, pero hay tanta inconformidad alrededor de la obra que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien fue elegido en julio y tomará posesión el 1 de diciembre, ha convocado una consulta pública para decidir sobre su futuro. Su lanzamiento se hizo a pesar de que sólo el aún mandatario Peña Nieto puede hacerlo y de que para que ésta tenga carácter vinculante tiene que ser orga- nizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien se niega a hacerlo en lo que resta de 2018. Sin embargo, López Obrador aseguró que la consulta se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de octubre.

La población será llamada a decidir si continuar con la construcción del NAICM, ampliar la base aérea militar de Santa Lucía o modernizar el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y el que ya existe en Toluca, inversión que se realizará a pesar del resultado de la consulta.

La posición de López Obrador sobre la construcción del NAICM cambió varias veces durante los meses anteriores a las elecciones: «Vamos a construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Dicho de otra forma, se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco», aseguró en abril.

«Texcoco es la mejor opción para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto», afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y algunos expertos aseguran que es un riesgo para la seguridad nacional utilizar la base militar de Santa Lucía como terminal para vuelos civiles.

Por su parte, el FPDT y la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto organizan campañas en redes y foros públicos donde reconocidos expertos hablan de las afectaciones que conlleva la construcción del NAICM. «El Gobierno tiene sus especialistas, nosotros también», afirmó Trinidad Ramírez, lideresa del FPDT, durante el foro “El futuro de la Cuenca de México a Debate”. «No es una lucha sólo de los pueblos de la Cuenca de México sino de todos los mexicanos», subrayó. De acuerdo con los opositores al NAICM, la consulta debería de ser cancelada así como la obra.

El cerro Huatepec afloró del gran lago de Texcoco hace 40.000 años. Aquí llegaron los aztecas a finales del siglo XIII y encontraron la señal que su deidad les había indicado: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Decidieron asentarse y fundar Tenochtitlán, la capital de su imperio.

El montículo de piedras que se encuentra en la cumbre del cerro Huatepec es llamado Silla de Nezahualcóyotl, el hombre que fue rey de Texcoco en el siglo XV. Desde allí se puede apreciar todo el antiguo lago, un área de 14.500 hectáreas que estuvo cubierta por agua y bosques.

Hoy en día, la cuna de la civilización azteca fue en gran parte «comida» por el crecimiento incontrolado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, un área formada por la capital y 60 municipios donde viven más de 22 millones de personas. En la cuenca aún queda una zona verde donde se encuentran 11 ríos y 6 lagos, y es justo allí donde se está edificando el NAICM. A su lado se construirá también la Aerotrópolis, un complejo urbano de lujo que, según sus detractores, pondrá en riesgo el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, que de por sí sufre de este problema.

Algunos expertos están a favor de la obra. Entre ellos el Colegio de Ingenieros Geólo- gos, que sin embargo concluye que no es posible «garantizar la sustentabilidad del funcionamiento de la terminal aérea» por riesgos como «inundación, colapso, hundimiento diferencial, agrietamiento, deslizamiento, alta concentración de biogás».

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, el NAICM alterará el milenario paisaje de la ciudad sagrada de Teotihuacán, donde existe uno de los más importantes sitios arqueológicos del país. La plataforma afirma también que desde diciembre de 2017 se está secando deliberadamente el lago Nabor Carrillo, para que las 150.000 aves acuáticas que allí encuentran refugio desaparezcan y no choquen con los aviones. La acusación es rechazada por la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Algunos investigadores señalaron también irregularidades y falta de transparencia en el sistema de contratación de empresas por parte del Gobierno. «De 292 contratos sólo 30 fueron otorgados por medio de un concurso público», afirma María Julieta Lamberti, de la organización Proyecto Poder. «El 90% fue otorgado por adjudicación directa e invitación restringida», sostiene.

La persona que más se benefició de estos contratos es el empresario mexicano Carlos Salim Helú, uno de los hombres más ricos del planeta. A través de INBURSA, Slim financia también gran parte del préstamo inicial para la construcción del NAICM, dinero privado que se consiguió vía emisión de bonos de deuda pública. De esta forma, a pesar de que, según la versión oficial, sólo el 36% de los gastos se cubrirán con dinero público, la obra en realidad se pagará en su totalidad con impuestos. Y su costo desde 2014 ya escaló un 68%.

Artículo publicado en El Gara el 23.10.2018.

The post El nuevo aeropuerto de México, a consulta first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Medina Tamariz permaneció detenida 23 días, salió libre bajo caución y el 26 diciembre pasado una jueza estableció que siguiera bajo proceso por delincuencia organizada, portación de granada y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existen pruebas contundentes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Marina contra la mujer, quien fue torturada psicológica, física y sexualmente. Sin embargo, ninguno de sus torturadores ha sido procesado.

El pasado 30 de setiembre, Amnistía Internacional entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) un petitorio de casi 350,000 firmas, procedentes de varios países del mundo, para que realizara una “investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz”, y actualmente su caso está siendo analizado por instancias de las Naciones Unidas.

“La tortura sexual es una forma de tortura que se puede ejercer hacia hombres o mujeres, y que en el caso de las mujeres lleva siempre una connotación de misoginia, a través de frases, tocamientos en partes íntimas y atiende a los roles de género que tienen muy introyectados los policías, militares y marinos”, explica a Noticias Aliadas Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). “La sexualización de la tortura hacia las mujeres incluye llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas les gusta eso, que este es su papel”.

Culpables andan sueltos
Según el Centro Prodh, algunos estados de la federación mexicana, como el estado de México, no tienen información sobre el número de denuncias por tortura hacia mujeres cometidas por agentes del Estado en los últimos cinco años, mientras que los estados de Campeche, Hidalgo, Durango, Jalisco, Morelos y Nuevo León informan no haber recibido alguna. Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro Prodh, indica que esto no hace concluir que no haya problemas, sino al contrario hace cuestionar sobre las condiciones que tienen las mujeres en estos estados.

Los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas que sí declararon haber recibido denuncias por parte de mujeres entre 2010 y mediados de 2014, registraron en total 112 casos y no existe ninguna sentencia condenatoria.

Sin embargo, algunas instancias internacionales están analizando las denuncias de tortura sexual de mujeres mexicanas, y en algunos casos emitieron sentencias. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron torturadas por militares en el 2002, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso de las hermanas González Pérez, víctimas de tortura sexual en Chiapas en 1994.

Además, se está litigando el caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual en el marco del operativo policiaco en San Salvador Atenco, estado de México, ocurrido el 3 y 4 de mayo del 2006. Bajo la justificación de imponer orden tras actos de protesta social realizados por grupos de vendedores de flores, agentes policiales incursionaron en el pueblo. La incursión dejó como saldo dos jóvenes muertos y más de 200 personas detenidas arbitrariamente, incluidas 47 mujeres.

“Les puedo asegurar que cuando estuve en prisión todas las mujeres eran torturadas”, declaró Medina Tamariz frente al público participante al cierre de la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, que se llevó a cabo el 24 de noviembre pasado en las instalaciones del Centro Prodh, en la Ciudad de México.

El caso de San Salvador Atenco
Las 17 mujeres impulsadoras de la campaña han denunciado la existencia de un patrón de sometimiento contra las mujeres por razones de género por parte de miembros de fuerzas de seguridad. La violencia y la tortura pueden ser cometidas para fabricar culpables en el contexto de la guerra contra el narcotráfico —como en los casos de la propia Medina Tamariz, Verónica Razo Casales, Belinda Garza Melo y Miriam Isaura López Vargas, forzadas a autoinculparse de delitos no cometidos— o para castigar el activismo social, como ocurrió con las mujeres que fueron detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco y torturadas sexualmente por policías durante el traslado al penal.

La campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, fue lanzada el 5 de mayo pasado por las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco, con la idea de hacer conocer a la opinión pública otros casos de mujeres torturadas sexualmente, y de acompañar sus casos.

“Con esta campaña quisimos devolver a otras mujeres la solidaridad que recibimos de muchas partes”, explica a Noticias Aliadas Italia Méndez, una de las mujeres que han denunciado al Estado mexicano por las torturas sexuales cometidas en el 2006 en San Salvador Atenco. “Nuestro objetivo es denunciar que la tortura sexual es una estrategia de Estado, no son casos aislados sino parte de la violencia estructural que se ejerce contra la mujer. Nosotras hubiéramos podido presentar una denuncia anónima pero decidimos no hacerlo; cargamos con el estigma de la violación, del hecho que haya sido expuesta públicamente nuestra sexualidad, y pensamos que mostrando nuestros rostros reivindicamos nuestra lucha, nuestro cuerpo, y esto nos ayuda a sobrepasar el miedo”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 16.01.2015

The post México: La tortura sexual es práctica institucionalizada first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Julio César López Patolzin fue desaparecido por la Policía Municipal de Iguala (Guerrero) el pasado 26 de setiembre, junto con otros 42 estudiantes de la escuela normal rural del pueblo de Ayotzinapa. Sus compañeros hablan de él como de un chico “buena onda” y siempre agradable, calladito y que se junta “nomás con unos pocos con los que se lleva”. 

El 17 de noviembre, desde la explanada de San Salvador Atenco, su padre Rafael recordó el día en que llegó a la escuela y le dijeron que habían balaceado y desaparecidos a los muchachos; no pensó que Julio César podía estar entre los 43 desaparecidos.

“Los militares estaban cerca del lugar de los hechos y no hicieron nada, lo que quiere el gobierno es desaparecer a las escuelas normales”, denunció Rafael López remarcando el papel social del instituto donde los estudiantes se forman como maestros de zonas pobres y rurales.

Durante el encuentro, los pobladores de Atenco manifestaron su solidaridad a los integrantes de la comisión, que aseguraron no aceptar dinero del gobierno para que se queden callados, y recordaron a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que en 2011 fueron asesinados por policías estatales y federales, además de los dos que en enero de 2014 fueron atropellados mientras se encontraban boteando para recabar recursos para diversas actividades.

Al mitin participó también el general José Francisco Gallardo Rodríguez, militar retirado conocido por su lucha a favor de los derechos humanos. El general contextualizó la violencia de que fueron víctimas los estudiantes de Ayotzinapa, considerando que en el estado de Guerrero el pueblo empobrecido vive sentado encima de un territorio rico en recursos naturales.

“Más de una sexta parte del territorio nacional está entregado a las mineras y estas empresas quieren desplazar a la gente y reprimir quienes se oponen a ellas, como los normalistas de Ayotzinapa. El fondo de lo que esta sucediendo en Guerrero tiene que ver con la lucha por los recursos naturales. Hace poco una minera canadiense descubrió en el municipio de Mitla una mina de oro donde calculan poder extraer en 10 años 640 mil millones de toneladas de metal”, denunció el General Gallardo.

Recibiendo a la comisión de Ayotzinapa, América del Valle del FPDT aseveró conmovida: “Esta vileza que les cometieron abre una cloaca en nuestro país y desnuda el sistema podrido en el que vivimos. Este pueblo que tiene el machete en alto es su pueblo”.

La activista recordó la solidaridad que los estudiantes de Ayotzinapa demostraron en 2006, cuando San Salvador Atenco fue victima de una brutal represión. Según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 202 víctimas de la Operación Rescate –que se llevó a cabo en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006- han sido sometidas a un trato “cruel, inhumano y degradante”, y por lo menos 23 mujeres han sido torturadas sexualmente por la policía.

El operativo fue ordenado por el entonces gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la república, que los padres de los jóvenes desaparecidos consideran responsable de la agresión que se llevó a cabo en Iguala.

“Sabemos que en México la justicia no existe y Atenco es un ejemplo de ello, siendo que ninguno de los autores intelectuales fue procesado. Peña Nieto está confeso cuando dijo que ordenó el operativo, y que lo volvería a hacer”, recuerda Adán Espinoza del FPDT. “El sistema quiere eliminar a las escuelas rurales que dan luz académica en el campo y en las montañas. Quiere que no tengamos ningún conocimiento y vivamos en la ignorancia para que nos pueda engañar y despojar, esto no lo vamos a permitir”.

El FPDT aseguró que seguirá luchando a lado de los padres y estudiantes de Ayotzinapa y anunció su participación en el paro nacional del 20 de noviembre, cuando todo el país marchará exigiendo justicia por los desaparecidos y la renuncia de Peña Nieto. El éxito de la movilizaciones dependerá de la capacidad del movimiento de enfrentar la represión del estado, siendo que el 15 de noviembre el presidente Peña Nieto advirtió que está legítimamente facultado para usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismos para restablecer el orden”.

Otro reto del movimiento será lidiar con el olvido de sus propios integrantes. En este momento México es un hervidero de marchas, bloqueos y actos públicos, y una de las tareas de los padres de los normalistas y de los estudiantes es lograr que no baje la movilización social y la atención de la opinión publica.

“Puede ser que quienes ahora se amontonan encima de ustedes para usarlos en beneficio propio, los abandonen y corran a otro lado a buscar otra moda, otro movimiento, otra movilización”, advirtió el subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) Moisés, al recibir una de las tres caravanas que el 13 de noviembre salieron de Ayotzinapa.

Rafael López llegó en Atenco con una comisión de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mientras que tres caravanas de estudiantes y padres de los desaparecidos estaban recorriendo buena parte de México para pedir justicia por los hechos del 26 de setiembre. La comisión fue recibida a la entrada del poblado por los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con flores y abrazos de las niñas y niños de San Salvador Atenco, y juntos marcharon con machete en mano rumbo a la explanada central, donde se llevó a cabo un mitin.

Artículo publicado por el Programa de Las Américas el 20.11.2014

The post Ayotzinapa en Atenco first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Esta zona es el lecho del antiguo lago de Texcoco, un trozo de campo que divide la capital federal del municipio de San Salvador Atenco, en el céntrico estado de México. Es una zona sísmica donde el suelo tiene problemas de firmeza y que a menudo se inunda; expertos y académicos advierten que no es apta para la construcción de infraestructuras.

Sin embargo, ya se tomó le decisión. El pasado 3 de setiembre el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en el área de Texcoco. Será el tercer aeródromo más grande del mundo, con seis pistas por donde transitarían 120 millones de personas al año. La inversión está calculada en más de US$12 millardos y la primera etapa de las obras, que incluye tres pistas de operación simultánea, se iniciará en octubre próximo y culminará en el 2020. Sin embargo, no se tiene fecha de cuándo estarán operativas las seis pistas.

La Secretaría de Comunicación y Transportes mencionó un “Programa Hidráulico” para proteger al aeropuerto de las inundaciones, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aún no presentó la manifestación de impacto ambiental.

Ya en el 2000 el gobierno mexicano había considerado el área de Texcoco como apto a la cimentación del nuevo aeropuerto de la capital debido a que el actual se encuentra saturado. La implementación del proyecto incluía la expropiación en el Municipio de San Salvador Atenco de las tierras ejidales, de propiedad colectiva, que las familias reciben en usufructo y cuyos derechos pueden ser cedidos sólo por decisión de la asamblea. Los ejidatarios, que no querían dejar de cultivar sus parcelas, crearon el FPDT y lucharon en los tribunales y en las calles hasta el 1 de agosto de 2002, cuando obtuvieron la abrogación del decreto expropiatorio y la cancelación del proyecto.

El conflicto con los vendedores de flores

El mayor promotor de la construcción del nuevo aeropuerto de la capital era Carlos Hank González, patriarca del llamado Grupo Atlacomulco —asociación clandestina presuntamente conformada por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigida a apoyarse recíprocamente para ocupar los principales cargos políticos del país, incluyendo la gobernación del estado de México, presidencias municipales, cargos relevantes en las cámaras de Diputados y Senadores, y hasta la presidencia de la República—, al cual estaría vinculado Peña Nieto.

En mayo del 2006, el desalojo por parte de policías locales de vendedores de flores de un mercado en Atenco devino en un enfrentamiento que se acrecentó con la mayor represión ejercida por policías federales. Este uso excesivo de la fuerza de seguridad tuvo lugar cuando el actual mandatario era gobernador del estado de México.

Fue un operativo violento, las imágenes del 3 y 4 de mayo del 2006 son terroríficas. Las personas fueron detenidas casa por casa y sin orden de aprehensión, centenares resultaron heridos y dos jóvenes murieron.

“En el autobús que nos llevó al penal de Toluca me depositaron como si fuera un bulto encima de otras personas. Allí comenzaron los sofocamientos, los golpes, las amenazas de muerte, me desnudaron e introdujeron varios instrumentos en mi vagina”, relata a Noticias Aliadas Italia Méndez, que había llegado a Atenco desde la Ciudad de México para solidarizarse con el FPDT.

Junto con otras 10 mujeres, Méndez es peticionaria ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por tortura sexual y otros delitos. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos, 26 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y 202 personas fueron sometidas a un tratamiento “cruel, inhumano y degradante”.

El 14 de marzo del 2013, el Estado mexicano admitió en audiencia ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su responsabilidad por las agresiones sexuales a que fueron sometidas las mujeres tras ser detenidas en enfrentamientos con efectivos policiales, aunque nunca presentó una disculpa formal, como había prometido durante la audiencia.

Ambicioso proyecto

La reactivación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto preocupó a los integrantes del ejido Atenco, aunque el gobierno aseguró que no se expropiarán tierras y que las 4,430 Ha (11 acres) que serían ocupadas por la obra son terrenos federales contiguos al actual aeropuerto de la capital, sin especificar con exactitud su ubicación. Para los pobladores de Atenco, esta ambigüedad se debe a que las autoridades no quieren admitir que el aeropuerto se construirá en las tierras ejidales.

“Sabemos que lo que dice el presidente no es la realidad”, denunció a Noticias Aliadas Ignacio del Valle, líder del FPDT. “El gobierno quiere nuestras tierras y no sólo para construir el aeropuerto. Tiene un proyecto mucho más ambicioso que se llama Ciudad Futura y comprende corredores industriales, residenciales y turísticos”.

Algunas excavadoras, que oficialmente están realizando trabajos de nivelación de bordes de un canal, ya están operando en las tierras de Atenco. El 1 de junio pasado, en una asamblea donde votaron personas que, según el FPDT, no pertenecen al ejido, se aprobó el cambio de uso del suelo con el fin de vender las tierras. Ya en el 2009, se había empezado el cambio de uso y venta de tierras en otros ejidos que se encuentran en el municipio de Atenco.

El FPDT ha denunciado que la compra de terrenos por parte del gobierno ha sido ilegal, ya que son tierras ejidales y pueden ser cedidas —no vendidas— sólo con el consenso de la asamblea. El 8 de setiembre, los pobladores del ejido Atenco se concentraron frente al Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, exigiendo se pronuncie sobre el recurso de amparo en el que han solicitado la anulación de la asamblea del 1 de junio. La próxima audiencia será el 15 de octubre.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 19.09.2014

Sullo stesso argomento in italiano: http://www.sobreamericalatina.com/?p=1398

The post México: gobierno reflota proyecto de aeropuerto first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.