El activista mexicano Gustavo Castro fingió estar muerto para que los sicarios no se ensañaran con él. Le sangraba la oreja mientras la imagen del hombre que acababa de dispararle lo atormentaba y, en la otra habitación, resonaban los disparos que mataron a líder indígena lenca Berta Cáceres, de cuya muerte se cumplen diez años.

Castro se encontraba en Honduras para participar en un taller con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres. La noche entre el 1 y el 2 de marzo de 2016 se quedó en casa de su amiga y, antes de retirarse a su habitación y ver la cara del hombre que intentó matarlo, conversó con ella en el porche. De haber vivido dos días más, Berta Cáceres habría cumplido 45 años. Era madre de cuatro hijos.

Cuando se cumplen diez años de su feminicidio, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha revelado las responsabilidades en el crimen de algunas instituciones financieras internacionales y ha afirmado que el Gobierno hondureño conocía el plan para matar a Berta Cáceres dos meses antes de que se ejecutara, pero no hizo nada para evitarlo.

Para Castro, la implicación del Estado hondureño en la muerte de la líder indígena lenca fue evidente desde el comienzo. De inmediato comenzaron el hostigamiento en su contra y los intentos de desviar la investigación. Entonces, el país centroamericano estaba gobernado por el ultraconservador Juan Orlando Hernández, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos y, cinco años después, indultado por su presidente, Donald Trump.

¿Qué pasó justo después de que intentaran matarle?

Yo temía que los autores materiales me quisieran desaparecer para librarse del único testigo ocular del asesinato de Berta. Los compañeros de Copinh siempre me estuvieron cuidando, justo después del crimen me escondieron en una camioneta y, cuando empezó a amanecer, me trasladaron a la casa de una familia que fue muy linda conmigo.

Fue allí adonde llegó un retratista para que usted diera los datos para hacer un retrato. ¿Cómo le fue con él?

Sí, mi abogado no estaba presente. El retratista sacó todos sus colores y su catálogo de narices, ojos y todo eso. Me preguntaba cómo era el sicario que me disparó. Lo había visto porque estaba a metro y medio de mí y no tenía la cara tapada. Yo le decía al retratista: ‘No es así, es asá’. Y él lo borraba, pero volvía a pintar más o menos lo mismo: la cara del ex compañero de Berta, también integrante de Copinh. Mis declaraciones y mi descripción no coincidían en nada con el dibujo.

¿Piensa que las autoridades de Honduras han querido manipularlo para presentar como «pasional» un crimen que ha sido político?

Así es. Los investigadores me preguntaron también si había escuchado un ruido de carro pues ya tenían el coche del excompañero de Berta. Les dije que todo fue silencioso y creo que gracias a mi testimonio lo tuvieron que dejar libre. También me mostraron unas fotos de posibles culpables y me dijeron: ‘A ver, ¿reconoces a alguien?’. Eran puras fotos de integrantes del Copinh. Claro que reconocí a todo el mundo. Pero ninguno de ellos se parecía al sicario que me disparó.

Luego se dirigió al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la intención de tomar un vuelo para regresar a México. ¿Qué pasó en la terminal?

Me detuvieron unos agentes de la Fiscalía de una manera totalmente ilegal, sin mostrar documentos, sin mostrar nada. Estaban escondidos, aparecieron de la nada y me dijeron: ‘Usted no se va’. Iba acompañado por la embajadora mexicana y por el cónsul que, para que no me agarraran, me rodearon con sus brazos y la embajadora dijo: ‘Protección consular’. No pude viajar a México, me llevaron de vuelta a La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y luego de un careo me dijeron que tenía prohibido salir del país durante treinta días.

Considero todo esto como un secuestro de Estado. Otra vez el Copinh estaba ahí afuera cuidándome. ¿Para qué? Para que no me desaparecieran. Observar algunas cosas que viví ayuda a entender la implicación del Estado en el crimen.

¿Siente que el hostigamiento se ha aliviado durante el mes que permanecer obligatoriamente en Honduras?

Seguía con la preocupación de que me quisieran desaparecer. El cónsul mexicano me buscó un hotel en la comunidad de La Esperanza, pero unos policías se quedaron al otro lado de mi puerta para que no me escapara. Y no podía dormir por la preocupación. Al regresar a Tegucigalpa, me acabé instalando en la residencia de la embajadora mexicana. Tenía un cuarto para mí, mas no para mi hermano, que vino a Honduras para apoyarme. Finalmente, él se fue al hotel que la embajadora había reservado para mí, donde fue víctima de un atentado: le envenenaron una botella de agua y tuvieron que llevarlo al hospital para limpiarlo.

Al fin pudo regresar a México. ¿Una vez en su país se sintió más seguro?

El acoso no cesaba y tuve que esconderme en Ciudad de México. Otras fuentes me informaron de que el Ejército fue a buscarme a mi oficina. La policía mexicana pretendía entregarme una citación de las autoridades hondureñas para que me presentara allá y me buscaban en la escuela de mis hijos preguntándoles a los papás: ‘¿Usted es Gustavo Castro?’, a pesar de que conocen bien mi cara. Llegaban en camionetas sin placas y estacionaban frente a la escuela.

Finalmente decidió exiliarse en el Estado español.

Allí me quedé dos años y encontré mucha solidaridad internacional. Me la pasé en universidades y en foros hablando de la lucha de Copinh y de Berta Cáceres. Incluso estando allá me buscaron para intimidarme. Se me acercaron dos mujeres después de una charla en la Universidad de Zaragoza con el pretexto de que las ayudara a hacer un currículum, pero eran del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cómo era Berta Cáceres? ¿Nos puede compartir algún recuerdo significativo con ella?

Berta era como una hermanita para mí y tengo muchos recuerdos con ella. Por ejemplo, cuando protestamos en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante una cumbre de mandatarios en Canadá. Berta se quiso acercar a los policías para gritarles, se nos cayó un chorro de agua encima y hacía muchísimo frío, pero ella quiso acercarse otra vez. Nos gasearon, íbamos con los ojos hinchadísimos.

Así era Berta: tenaz, valiente y coherente, muy internacionalista también. Tenía mucha claridad política y una gran capacidad de análisis sobre el capitalismo, las empresas, la deuda externa; poco a poco incorporó a su discurso también el tema antipatriarcal. Siempre caminaba con su gente, con el pueblo lenca, y creo que no hay que separar Berta del Copinh: ella no es sin su colectivo. En general, prefiero hacer más énfasis en los procesos que en las personas.

La investigación del GIEI no solo reafirma la implicación en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y del Gobierno de Honduras -en parte ya establecidas por las sentencias de los tribunales locales-, sino también revela que el 67% del crédito obtenido del banco holandés FMO, del banco finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca habría sido desviado para generar un clima de violencia en contra del Copinh, que se oponía al megaproyecto, y para pagar a quienes mataron a Berta Cáceres. ¿Cuál considera que ha sido el principal hallazgo del GIEI?

Creo que el mayor aporte a la verdad del informe de los expertos independientes, que se publicó en enero de este año, es justo la investigación minuciosa de todo el entramado financiero que llevó al asesinato de Berta, de todas las transacciones bancarias y llamadas telefónicas que se realizaron.

De acuerdo con el informe del GIEI, usted ha sido «objeto de hostigamiento, criminalización y detención arbitraria por parte de las autoridades hondureñas, que le impidieron salir del país pese a su condición de víctima y testigo protegido», una situación que ha conllevado «secuelas físicas, psicológicas y profesionales». Frente a todo esto, ¿hay alguna reparación que el Estado del país centroamericano le podría ofrecer?

Demandé al Gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la exigencia de que reconozca públicamente los errores, violaciones procesales y la tortura psicológica en mi contra. Si lo hiciera, me daría por reparado.

A finales del pasado mes de enero de 2026 tomó posesión del cargo el nuevo presidente ultraconservador de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por Donald Trump. ¿Cree que dará seguimiento a las recomendaciones hechas por el GIEI en su informe?

Con el cambio de Gobierno temo que estas recomendaciones [entre ellas que el Estado profundice en la investigación de las responsabilidades penales de la élite económica hondureña y de algunos funcionarios públicos] no vayan a tener mucho eco.

Sin embargo, queda un documento que puede dar sustento a la lucha de Copinh por la justicia para Berta Cáceres, puede contribuir a la presión política y mediática, y a que la ola de lucha e indignación se mantenga.

Entrevista publicada en El Gara el 1 de marzo de 2026.

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“La mal llamada Carretera de las Culturas es un proyecto extractivista construido desde los intereses de los más poderosos. Los pobres se volverán más pobres y los ricos más ricos”, afirmó Pascuala Vázquez Aguilar, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), durante el conversatorio “¡Sí a la vida, no al despojo del territorio! El caso de la supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque”, que se llevó a cabo el 28 de febrero en San Cristóbal de Las Casas.

“Sabemos que detrás de la pantalla del turismo hay despojo de nuestro territorio, que no es sólo nuestra parcela, sino también la forma en que vivimos”, añadió la militante tzeltal en respuesta a las afirmaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien asegura que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas, además de que serán beneficiadas con la llegada de turistas.

El proyecto de construir una autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque se lanzó por primera vez en 2009 pero, a pesar de la insistencia de los gobernantes, nunca se realizó a causa de la oposición de las comunidades. Lo que los “gobiernos neoliberales” no pudieron lo logró Morena: en diciembre de 2019 el Congreso de Chiapas aprobó el proyecto con una extensión todavía mayor, es decir de Palenque hasta Pijijiapan, en la costa de Chiapas, y con un ramal de dieciocho kilómetros que conecta con la ciudad de Ocosingo.

Las obras del primer tramo, que de Palenque lleva al municipio de Chilón, arrancaron de forma ilegal, pues el banderazo de comienzo se dio en junio de 2025, pero la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada hasta el mes de octubre.

Modevite denuncia que el gobierno está imponiendo esta infraestructura a través del hostigamiento, del condicionamiento de la entrega de programas sociales como Sembrando Vida, de las amenazas de envío del cuerpo de élite de la Policía Estatal llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de manipulaciones de varios tipos. La organización, que tiene presencia en trece municipios de Chiapas, pone como ejemplos el caso de un ejido donde el comisariado pidió la firma de hojas en blanco, que sucesivamente resultaron ser documentos que autorizaban el paso de la carretera.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), también presente en el conversatorio, estas mismas estrategias de imposición se están usando también con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) ha señalado también otras similitudes con estos megaproyectos: la especulación sobre la tierra que la obra traerá en el largo plazo, las afectaciones ambientales y una MIA hecha “por cachitos”, que no permite entender los impactos cumulativos de la nueva carretera.

“Hay fallas en la MIA que hacen dudar de su validez”, afirmó durante el conversatorio un investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), que denuncia que la autopista funcionará como una barrera para las especies, causando una fragmentación de su hábitat. Además, su trazo pasa cerca o hasta encima de algunos ojos de agua y modifica el drenaje del agua, causando posibles inundaciones o sequías.

Los ponentes, quienes participaron en una caravana de documentación en los territorios afectados por la obra en el norte de Chiapas, denunciaron también que la información que el gobierno compartió a las comunidades ha sido parcial, que la consulta no las involucró, que los ingenieros trabajan en sus parcelas sin permiso y que el megaproyecto está causando división comunitaria y un aumento de la presencia militar en la región.

Artículo publicado en Desinformémonos el 2 de marzo de 2026.

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Desde el 2 de octubre Guatemala está en paro. Las movilizaciones que empezaron hace una semana se transformaron en un paro nacional indefinido, al que cada día más gente se suma. Exigen la salida de la fiscal general, Consuelo Porras, que, según el presidente electo, Bernardo Arévalo, está intentando organizar un golpe de Estado.

En varios departamentos se llevan a cabo bloqueos de carreteras y acciones en contra del acoso del Ministerio Público (MP) al Movimiento Semilla, el partido progresista que ganó las elecciones presidenciales. Los manifestantes que mantienen bloqueados unos 130 puntos y la capital piden la destitución de quienes hostigan a Semilla: Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.

Los consideran responsables de atentar contra la democracia y el resultado electoral. «Hay un grupo de políticos
y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», advirtió Arévalo hace más de un mes. «Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la Justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente», añadió.

Desde hace tiempo, la Fiscalía está poniendo trabas en el camino de Semilla, partido que se formó tras las protestas masivas de 2015 en contra de la corrupción. Su último ataque, el 30 de septiembre, cuando se llevó del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las boletas de la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio. La FECI ha acusado a Semilla de presentar firmas falsas para la constitución del partido y el juez Fredy Orellana ordenó suspender su personalidad jurídica.

Para el pueblo guatemalteco ha sido la gota que ha colmado el vaso. La semana pasada, autoridades indígenas han
bloqueado las carreteras y sus lideres se han instalado frente al MP en Ciudad de Guatemala. «No venimos a representar a ningún partido político, el momento es de defensa a la democracia en representación de los pueblos originarios indígenas», advirtió Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán. «No venimos a pelear, pero si va a ser necesario cerrar el MP, lo vamos a hacer», avisó.

Una semana después, al paro nacional se han sumado más cantones, departamentos y sectores de la sociedad civil. El paro nacional se volvió indefinido: los manifestantes dicen que allí se quedarán hasta que Fredy Orellana, Rafael Curruchiche y Consuelo Porras renuncien. «No renunciarán. Su actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho», respondió la Fiscalía.

La FECI fue establecida en 2006 para investigar más de un centenar de casos de alto impacto, relacionados con organizaciones criminales y redes de corrupción, nacionales e internacionales. Se creó al mismo tiempo que la ONU conformó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicicg), con el propósito de apoyar a la Fiscalía en la desarticulación de esas estructuras criminales.

Se abrieron juicios que llevaron al banquillo de los acusados a expresidentes como Otto Pérez Molina, a miembros de la élite económica y a la (casi) intocable cúpula militar: hubo juicios por crímenes de lesa humanidad relacionados con las atrocidades cometidas durante la guerra civil que se prolongó durante más de treinta años. En 2013, Guatemala llegó a condenar al general y exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio del pueblo maya ocurrido a principios de los años ‘80. Fue una sentencia histórica, pues ha sido el primer tribunal local en emitir un fallo de este tipo, aunque luego fuera anulado.

Pronto los sectores ultraconservadores guatemaltecos empezaron a reorganizarse. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Cicig, que había empezado a investigar la presunta financiación ilícita de su campaña, con el pretexto de que «puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala». El año anterior, Morales había nombrado a Consuelo Porras como fiscal general y, bajo su mandato, la FECI pasó de perseguir la corrupción a ser un órgano que hostiga judicialmente a fiscales, abogados, jueces y periodistas críticos. Desde su nombramiento, 22 periodistas independientes y 42 magistrados guatemaltecos se tuvieron que exiliar. Juan Francisco Sandoval es uno de ellos y asegura que la democracia está en peligro en su país.

¿Cómo pasó Guatemala de tener una estrategia anticorrupción tan innovadora y reconocida internacionalmente a la situación actual?

El trabajo que desarrolló la Fiscalía, con acompañamiento de la Cicig, permitió descubrir los cuerpos ilegales incrustados en el Estado, la manera en que operan y cómo la élite económica del país es usuaria de ese sistema tan corrupto. El hecho de que el sistema de Justicia comenzara una ruta de fortalecimiento constituyó para las
personas con mayor poder en Guatemala un motivo de preocupación. Estas personas tienen el control de todas las instituciones del Estado y se rearticularon, destinando todas sus energías a desmontar el aparato anticorrupción. Comenzaron sacando abruptamente a la Cicig, después desmantelaron la Fiscalía y luego persiguieron a los funcionarios que descubrimos sus graves actos de corrupción.

¿Cuándo empezó su persecución? ¿Fue por algún caso que estaba investigando?

La persecución en mi contra inició desde el momento en que Consuelo Porras fue designada fiscal general, en mayo de 2018. La atribuyo no a un caso en específico, yo era el encargado de la FECI y mi responsabilidad estaba cimentada sobre la base de todos los casos que gestionaba, incluyendo los que se relacionan con grandes redes político-económicas ilícitas, como el caso Cooptación del Estado, que involucraba el expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que finalmente fueron condenados. Mi trabajo abarcó fenómenos de corrupción en los tres poderes del Estado, también hubo casos que se relacionaban con la manipulación de la elección de las altas cortes de Justicia, con la financiación ilícita de campañas políticas, con lavado del producto del narcotráfico y con organizaciones que tienen alto poder de fuego.

¿De qué forma se está dando esa persecución?

Hay más de cien denuncias en mi contra, son tantas que nilas recuerdo todas, ninguna tiene sustento. Además, tengo seis órdenes de captura en expedientes a los que ni siquiera he podido tener acceso. La primera fue por haber iniciado una pesquisa que se relacionaba con la posible recepción de sobornos por parte del presi-
dente de Guatemala, Alejandro Giammattei; la segunda fue por la investigación del ‘caso Odebrecht’: descubrimos
que unos veinte millones de dólares fueron dados en sobornos a por lo menos ciento ocho integrantes del Congreso de la República para beneficiar a la constructora brasileña. Lejos de continuar con estas investigaciones, la Fiscalía emitió una orden de captura en mi contra. También, recibí múltiples amenazas de atentados, uno de ellos dirigido por el excandidato presidencial Mario Estrada, que actualmente se encuentra cumpliendo prisión en Estados Unidos.

¿Qué ha pasado con los casos que estaba usted investigando en la FECI?

Han sido desmantelados. Lo que está haciendo el Ministerio Público es utilizar esos casos para fundamentar la persecución ilegítima en mi contra y en contra de mis colegas. ¿En qué forma? Pretendiendo, mediante la implantación probatoria o una mala fe, indicar que en los casos que nosotros desarrollamos se cometieron abusos o que hubo errores. Consuelo Porras fue nombrada fiscal general con el propósito de socavar la democracia y proteger a los actores corruptos. Yo ya conocía su manera de operar, pues estuve tres años y cuatro meses tra-
bajando con ella en la Fiscalía.

Este año ganó las elecciones el Movimiento Semilla, un nuevo partido que no representa a la élite política-económica tradicional, pero la oligarquía guatemalteca está intentando ponerle trabas. ¿Qué piensa de la situación actual?

Las fuerzas oscuras que realizaron la persecución en nuestra contra han desarrollado la misma dinámica en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala. En este momento está en riesgo la democracia, no se quiere respetar la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto pasados.

¿Piensa que en un futuro próximo, tras el cambio de Gobierno, tendrá posibilidad de regresar a Guatemala?

Es esperanzador de que haya un nuevo Gobierno electo en Guatemala, pero creo que mi regreso va a ser muy difícil, no hay garantías.

Artículo publicado en El Gara el 12 de octubre de 2013.

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El Tren Maya partirá en dos la casa de María Dolores Olvera Chi. La mujer nunca recibió una notificación oficial, sino que se enteró a principios del año, cuando escuchó un ruido de máquinas frente a su hogar, que se encuentra a unos 15 minutos del centro del pueblo de Bacalar, en Quintana Roo, y vio que estaban tirando árboles. Preguntó a los trabajadores qué estaba pasando y le contestaron que justo allí, a un costado de su casa, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) está construyendo el tramo 6 del Tren Maya, que tendrá una longitud de casi 256 kilómetros y unirá Bacalar con Tulum.

“Mi esposo y yo nos opusimos y decimos que no íbamos a dejar que pase la máquina por aquí, entonces ellos pasaron hacia el otro lado, libraron lo que es mi terreno”, dice María Dolores. Sin embargo, las autoridades ejidales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el encargado de la construcción del tramo 6 del Tren Maya no la están dejando en paz: en la última semana la visitaron varias veces, introduciéndose en su domicilio sin pedir permiso. Con tono amenazante le exigieron que deje su casa. A cambio, le prometieron reponerle su terreno un poco más allá, o comprárselo por 250 pesos por metro cuadro.

“Este pedazo de tierra lo he luchado, me costó trabajo limpiarlo y le invertí dinero, para mí no tiene precio y no me voy a ir”, asegura. Esto, a pesar de que el trazado del Tren Maya pasa en frente al cerco que rodea su propiedad, y que todo el día hay excavadoras tumbando árboles y moviendo tierra, causando ruido y polvo.

Doña Dolores compró el terreno hace 12 años al ejido de Bacalar. Entonces era puro monte: lo chapoteó, lo limpió y lo cercó. Allí, en la mera selva yucateca, construyó su casa.

En junio de 2022, el ejido de Bacalar cedió a Fonatur 56.4 hectáreas para la construcción de la obra, con una indemnización de 2 millones 900 mil pesos por hectárea. La venta incluía también el terreno de doña Dolores, que sin embargo desde hace 12 años ya no pertenece al ejido sino a su familia. “No es legal, pues el ejido de Bacalar vendió dos veces el mismo terreno y dos veces recibió el pago”, afirma doña Dolores.

Bacalar es un pueblo de unos 41 mil habitantes que en los últimos diez años vivió un incremento exponencial en el número de sus visitantes, atraídos por la belleza de su laguna de agua cristalina y su arena blanca. Su orilla oriental está cubierta por el manglar, mientras que la otra ribera está casi totalmente ocupada por hoteles y restaurantes para turistas. Se prevé que la próxima construcción de una estación del Tren Maya en Bacalar y la abertura de la zona arqueológica de Ichkabal a unos 40 kilómetros del poblado causarán un ulterior aumento del número de visitantes.

La mayoría de los habitantes de Bacalar están empleados en el sector turístico y ven con favor el megaproyecto, por las oportunidades de crecimiento económico que representará. Al mismo tiempo, manifiestan su preocupación por las afectaciones ambientales que la obra está causando y que han sido especialmente evidentes a principios de julio cuando, para poner los pilotes del puente donde pasará el Tren Maya, SEDENA empezó a rellenar el estero de Chac, un lugar fundamental para la regulación hidríca del sistema lagunar. Los pobladores temen también que las instituciones no tengan la capacidad de ofrecer servicios públicos -por ejemplo, de drenaje y recolección de basura- capaces de amortiguar el impacto ambiental provocado por un incremento del número de turistas y habitantes. De acuerdo con una investigación de Luisa Falcón Álvarez del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México (UNAM), ya existe un problema causado por el mal manejo de la basura y de las aguas residuales, que ha llegado a modificar el color de la laguna, que tiene cada vez tonos más verdes y cafés.

Hace unos meses, Doña Dolores no sabía mucho sobre el Tren Maya, pero ahora se volvió para ella un tema vital. Está cansada emocionalmente a causa de las presiones que padece y al mismo tiempo está firme en su decisión. “Están tercos de que me quieren quitar mi terreno, quieren entrar con las máquinas para raspar. No se los voy a dar, aquí me quedaré”, asegura.

Artículo publicado por Desinformémonos el 23.08.2023.

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Cinco pobladores tzeltales de San Juan Cancuc, entre ellos, el defensor del territorio Manuel Santiz Cruz, fueron declarados culpables del homicidio de un policía municipal y condenados a 25 años de prisión.

De acuerdo con la jueza, en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los cinco retuvieron al agente Antonio Aguilar Pérez en el barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. Luego, concluyó, frente a sus colegas que llegaron para rescatarlo, lo patearon hasta romperle siete costillas, que perforaron el pulmón derecho y causaron su muerte.

Los sentenciados son Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguezy Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia San Juan Evangelista de Cancuc e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), una organización de inspiración católica. En más de una asamblea, Santiz Cruz ha criticado abiertamente al presidente municipal priista José López López, y se ha opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en San Juan Cancuc y a un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

Rechazo a megaproyectos

La Carretera de las Culturas es una infraestructura que debería enlazar las ciudades de Palenque y Pijijiapan, en la costa de Chiapas. Su primera elaboración se remonta a hace más de 20 años y tenía que entrar en funciones en 2009 con un trazado más corto, que conectaba San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Formaba parte de un plan todavía más ambicioso: el Centro Integralmente Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua Azul, un “proyecto eco-arqueológico” con una extensión de mil 400 hectáreas que para 2020 proyectaba atraer a 14 millones de turistas y alcanzar una oferta hotelera de 8 mil 350 cuartos. Las comunidades indígenas del norte de la entidad se organizaron y la autopista escénica y demás proyectos contemplados por el CIP nunca vieron la luz, a pesar de que el gobierno hizo varios intentos para convencerlas.

El CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul era una de las infraestructuras contempladas por el Plan Puebla Panamá —en 2008, rebautizado como Proyecto Mesoamérica—, que impulsaba la interconexión entre México, Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos. De acuerdo con sus promotores, su finalidad era favorecer el desarrollo económico y el bienestar en la región, mientras que sus detractores lo señalaban como un proyecto al servicio de las empresas transnacionales y encaminado al despojo de los territorios.

La actual administración retomó este sueño que fue de Fox y Calderón, a través de la construcción del Tren Maya en la península yucateca y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Ambas obras están conectadas por una serie de infraestructuras que, de la misma forma que el Plan Puebla Panamá, las enlazan también con Centroamérica. La Carretera de las Culturas es una de estas. 

En diciembre de 2019, el Congreso de Chiapas revivió en parte el finado CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul y aprobó la construcción de la súper carretera. La “estiró” unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca, donde el Corredor Interoceánico prevé el paso de un gasoducto y de una línea de ferrocarril que llegan hasta Guatemala. De esta forma, la autopista permitirá transportar a personas y mercancías desde Centroamérica hasta Palenque, donde habrá una estación del Tren Maya y un aeropuerto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está modernizando. La ciudad de Palenque estará a su vez conectada con la Península de Yucatán a través del Tramo 1 del Tren Maya y al Istmo de Tehuantepec gracias a otra línea de ferrocarril, que lleva al puerto de Coatzacoalcos.

En octubre de 2019, representantes del gobierno de Chiapas llegaron a San Juan Cancuc para promover la construcción de la Carretera de las Culturas y condicionaron la entrega de los programas sociales a la cesión del derecho de vía. Los pobladores se opusieron y tras una segunda visita del gobierno, en diciembre de 2020, en la plaza central del pueblo 45 comunidades ratificaron a mano alzada su rechazo a la autopista.

Manuel Santiz Cruz es uno de los opositores a la Carretera de las Culturas, que no es solo una autopista, sino una infraestructura funcional al plan de interconexión mesoamericana que López Obrador heredó de las administraciones anteriores. Al mismo proyecto se oponen también César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores del territorio tzeltales que la semana pasada fueron encontrados culpables del delito de motín por haber participado en una acción contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, municipio colindante con San Juan Cancuc.

La historia

El caso de los cinco pobladores de San Juan Cancuc es ejemplar de las anomalías del sistema de justicia mexicano. El proceso ha sido lento y con continuas suspensiones —en una ocasión, se aplazó la audiencia porque el juzgado envió a una traductora de lengua tzotzil en lugar que de lengua tzeltal—, y una vez se prohibió de forma arbitraria la entrada a Animal Político, a un representante de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a una observadora del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor). 

La investigación también tuvo irregularidades: el Registro Civil modificó con corrector el acta de defunción de Antonio Aguilar Pérez, el juez de control emitió la orden de aprehensión antes de que la Fiscalía de Justicia Indígena la solicitara y la carpeta de investigación afirma que tres de los cinco detenidos fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, cuando una foto tomada por una cámara de seguridad muestra que la detención se realizó el día anterior en San Juan Cancuc. 

Con esta foto impresa en una lona, los familiares y compañeros de los cinco se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión de cada audiencia del juicio. Allí contaron la historia: en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los habitantes del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc —entre ellos, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez DomínguezyJuan Velasco Aguilar— encontraron al policía Antonio Aguilar Pérez borracho y avisaron a sus colegas, que llegaron por él. Lo entregaron vivo. Unas horas después, los tres pobladores fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sin que se les explicara el motivo, y fue hasta el día siguiente que sus defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se enteraron de que estaban acusados de posesión de mariguana. Los abogados decidieron entonces llevar a otros pobladores a la fiscalía para declarar a favor de los detenidos. 

Dos días después, los acusados fueron liberados e inmediatamente les fue ejecutada una orden de aprehensión por el homicidio del policía municipal. Luego tocó a dos de los testigos que habían declarado a su favor: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se encontraban frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas cuando llegaron unos vehículos de la Policía Estatal y de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena, de donde bajaron unos 30 hombres armados que se los llevaron presos, acusándolos del asesinato de Antonio Aguilar Pérez.

“El policía municipal se murió cuando estaba bajo custodia de sus colegas”, aseguró el padre José Luis Vargas, párroco de San Juan Cancuc, durante una de las ruedas de prensa que se llevaron a cabo frente al Palacio de Justicia de Los Altos antes del comienzo de las audiencias. “Exigimos el enjuiciamiento de estos policías por omisión de auxilio, omisión de custodia, falsedad de declaración y detención ilegal, porque detuvieron a nuestros compañeros sin orden de aprehensión, y nunca han sido investigados”.

El sacerdote señala además que la Fiscalía de Justicia Indígena presentó al juzgado pruebas contradictorias: los policías municipales aseguraron que a las 5:00 AM los pobladores les entregaron su colega, y después de averiguar su deceso decidieron llevarlo a la casa de su esposa. Sin embargo, un criminalista y un policía de investigación declararon que el cadáver fue hallado a las 10:00 AM en una banqueta de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Durante el juicio, tras escuchar los alegatos de clausura, los cinco imputados tomaron la palabra ante la jueza. “Quiero mi libertad inmediata, soy inocente y ya llevo 11 meses detenido. Sufro y también sufren mi esposa y mis hijos”, dijo Agustín Pérez Domínguez. 

Su mujer se llama Petrona Hernández Pérez. “Agustín se enfermó en la cárcel y me cuesta encontrar dinero para su medicamento. Ni siquiera tenemos para comprar su colchón, en la cárcel no lo entregan y le toca dormir en el piso”, afirmó mientras mostraba una pancarta. “Desde que no está en la casa, mis seis hijos y yo no tenemos comida”. También las demás esposas están preocupadas por sus hijos, pues en sus casas falta quien proveía a la familia. Una de ellas incluso ya tuvo que migrar a Cancún.

Artículo publicado en Animal Político el 18 de mayo de 2023.

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Una pareja de adolescentes se besa en el muelle de Síijil Noh Ha, una de las siete lagunas de la reserva voluntaria de conservación Much Kanan K’aax. El día está despejado, el agua cristalina y no hay otros visitantes que molesten su intimidad. A diferencia de muchas lagunas de Quintana Roo, este cuerpo de agua que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto es visitado sobre todo por habitantes de este municipio en el centro de Quintana Roo. 

Pero desde hace unos meses, a un par de kilómetros de allí pasa el trazado del Tramo 6 del Tren Maya, que unirá Tulum con Chetumal. 

“Es un buen proyecto porque acá no tenemos mucho turismo y el Tren Maya va a traer visitantes a esta zona”, dice Daniel Andrés Reyes Pat, encargado del centro ecoturístico comunitario Síijil Noh Ha. “Hay también desventajas: ya se han destruido muchos árboles y los animales se van a alejar. Además, tememos que el turismo de masa traiga bullicio e inseguridad, y lo que buscan muchas personas que vienen aquí es tranquilidad”.

Hábitat fragmentado y riesgos de colapso

El Tramo 6 tendrá una doble vía —una de pasajeros y otra de carga— y una extensión de más de 255 kilómetros. Su construcción y operación están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como los tramos 5 y 7 del Tren Maya, seis complejos hoteleros que se están edificando a lo largo de la ruta y el nuevo aeropuerto de Tulum, al que estará conectado.

El trazado del Tramo 6 es una franja de 60 metros de ancho que barre la selva en el centro y sur de Quintana Roo, región con la vegetación más alta de toda la península. Viaja paralelamente a la carretera federal 307, a pocos metros de distancia: aparece a la altura de Tulum, corre a un lado de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y llega hasta Chetumal, escondiéndose de vez en cuando detrás de la vegetación. 

De acuerdo con el biólogo Omar Irám Martínez Castillo, de la asociación U’yoolche de Felipe Carrillo Puerto, entre la carretera y el trazado del tren se formó una tierra de nadie de pocos metros de ancho donde se quedaron atrapados unos monos. 

“La fragmentación del hábitat me preocupa más que la deforestación: el tren divide en dos a la selva y para las poblaciones —estamos hablando de jaguares, tapires, monos araña y otros animales— será complicado tener una comunicación que permita la diversidad genética, para que no sean endogámicas y no se reproduzcan entre ellas”, afirma. 

Martínez Castillo manifiesta también preocupación por el rellenado, ocurrido hace un par de meses y finalizado al paso del tren, de una aguada que se encuentra al lado de la carretera federal 307 y que está enlazada con el sistema lagunar de la reserva de Much Kanan K’aax. 

“Este flujo hídrico se conecta también con otros bajos inundables que desembocan en los humedales de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an”, señala. “Siendo que no se han hecho estudios, no sabemos si estarán afectados por la construcción de la obra, ni si habrá implicaciones para el tren, pues se trata de un ecosistema muy poroso y frágil, lleno de cuevas y pequeñas cavernas. La vibración del tren podría causar su colapso, como en el Tramo 5”. 

De hecho, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada en noviembre de 2022 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin haberse realizado los estudios geológicos y geohidrológicos necesarios. De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), la MIA “es anticipada y carente de respaldo técnico. Es obvio que el promovente no puede saber si el trazo proyectado cruzará sobre conductos grandes o cavernas”.

“Hay unos comentarios de unos biólogos en contra del Tren Maya, ellos solamente hablan, pero no son dueños de la tierra. Nosotros los 250 ejidatarios ya le dimos permiso a que pase el tren”, dice Elías Be Cituk, comisario general del ejido Felipe Carrillo Puerto. “Estamos a favor del proyecto porque nos va a beneficiar; van a encarecer nuestros terrenos y ya estamos viendo, ya estamos palpando lo que va a pasar”. 

Sentado frente a su escritorio en la Casa Ejidal, el hombre de frente amplia y lentes redondos no esconde su entusiasmo por Andrés Manuel López Obrador. “El señor presidente de la República sí nos está tomando en cuenta”, dice. 

Recuerda también que pronto el gobierno les pagó el precio que ellos mismos establecieron: 1 millón de pesos por hectárea, por un total de 196 hectáreas. “Ese dinero es como una gota que cayó en una piedra así caliente”, afirma. De acuerdo con él, la base de precio para la tierra en Felipe Carrillo Puerto ya se fijó en este monto, hasta 10 veces más alto del que tenía antes de que se planeara que el Tren Maya pasara por aquí.

Una sociedad moldeada para que acepte el turismo de masa

El 6 de septiembre de 2022, se realizó la consulta pública sobre el Tramo 6 del Tren Maya en la Casa Ejidal de X-Hazil, a la que acudieron representantes de algunas instituciones, como Fonatur e INPI, delegados de los ejidos y algunos pobladores. 

“Lo único que el gobierno anunció durante la consulta fue que al fin iba a hacer justicia al sureste, después de años de discriminación y empobrecimiento del pueblo. Fue como una propaganda, nunca se habló de los riesgos o de los impactos negativos a nivel ambiental o cultural. Y conocemos los peligros que conlleva la militarización de nuestro territorio”, afirma Wilma Esquivel Paz, integrante del Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto, un pueblo donde cada casa tiene su solar y en las banquetas se asolean iguanas como perros callejeros.

Para esta organización, el Tren Maya es el segundo megaproyecto en la Península de Yucatán. El primero ha sido el Centro Integralmente Planeado (CIP) de Cancún, que inició operaciones en 1974 con la supuesta intención de alentar un desarrollo económico y turístico sustentable. Resultó ser el CIP más exitoso del país: de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, en 2022 recibió más de 6.7 millones de turistas.

En el mismo año de su fundación, se creó también el estado de Quintana Roo, que entonces estaba poblado casi solo en el centro y sur, donde ancestralmente viven indígenas mayas. La nueva entidad articuló su proyecto de sociedad alrededor de la idea de que el turismo de masa permite el mejor desarrollo económico y social posible. En este sentido, de acuerdo con el Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’ibalo’on, desde su nacimiento la sociedad quintanarroense fue moldeada para que aceptara sin reservas y con entusiasmo megaproyectos como el Tren Maya.

Hoy, Quintana Roo es el estado con la mayor tasa de crecimiento poblacional a nivel nacional: entre 2010 y 2020, sus habitantes se incrementaron en 40.2% y en 50 años Cancún y Playa del Carmen pasaron de ser unas aldeas de pescadores a ciudades de centenares de miles de habitantes. Lo que temen o anhelan los habitantes del centro y sur de la entidad es que la llegada del Tren Maya pueda causar el crecimiento desmedido también de sus poblados.

“¿Cuál es uno de nuestros propósitos? Darle vida y reactivar la economía en cinco estados, incluido Quintana Roo, la parte sur, porque durante el periodo neoliberal esta (zona norte) era lo que crecía en 20, 30 años, y todo lo demás, incluso hasta estando tan cerca Mérida y Yucatán, no había crecimiento”, afirmó el presidente López Obrador en enero. 

Turismo, inseguridad y despojo cultural

“López Obrador es un gran presidente, el primero que realmente se preocupa por nosotros”, afirma Jorge, un taxista que maneja rápido por las avenidas anchas y poco traficadas de Felipe Carrillo Puerto. “El turismo nos va a traer trabajo y desarrollo, aunque es cierto que me preocupa el aumento de la violencia: crece el pueblo, crece la maldad. Es lo que está pasando en Tulum, aquí en Carrillo Puerto vivimos mucho mejor”.

El posible incremento de la inseguridad parece ser la mayor preocupación de los carrilloportenses, que ven con inquietud lo que ocurre en el colindante Tulum. Allí, donde la población en 10 años creció 65.3%, los asesinatos y las desapariciones aumentaron conforme el poblado iba sumando nuevas cuadras, se abrían nuevos hoteles y las palapas de su playa se volvían antros. 

En 2021, Quintana Roo registró el mayor deterioro en homicidios con arma de fuego, aumentando su tasa de 2 a 25.3 asesinados por cada 100 mil habitantes. Bajo los ojos de todo el mundo están las balaceras que desbordaron hasta la zona hotelera de Cancún, donde al comienzo de la Semana Santa cuatro cadáveres fueron encontrados en la playa.

“Todo el tiempo estamos escuchando sobre homicidios y feminicidios en el norte de Quintana Roo. Cuando crece un lugar de esa manera y llegan proyectos de esta magnitud, también llegan grandes males como el crimen organizado, la trata, la violencia hacia las mujeres. Cuando se rompe el tejido comunitario, el vínculo con la tierra, cuando nos borran nuestra memoria, también hay daños”, dice Wilma Esquivel Paz.

Desde hace décadas, el artista maya Marcelo Jiménez Santos reflexiona sobre el despojo cultural que la llegada del turismo de masa ha causado a su pueblo.

“Hablan de Tren Maya, Riviera Maya, Mundo Maya, pero la comunidad maya está invitada a incorporarse solo como mano de obra barata. Se promueve al maya prehispánico, a sus vestigios como un producto turístico que se puede ofertar, pero al ‘maya vivo’ no se le considera”, afirma Jiménez Santos. “No creo, sin embargo, que nuestra cultura vaya a desaparecer; tiene capacidad de reacción, como se ha comprobado en 500 años de intentos de exterminio”.

Artículo publicado en Animal Político el 1 de mayo de 2023.

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Junax Ko’tantik es tal vez el único colectivo de familiares de ausentes del sureste de México y reúne personas que están buscando a migrantes desaparecidos en los estados del país, durante su cruce por el desierto o una vez ya instalados en Estados Unidos. Su trabajo está acompañado por la asociación civil Voces Mesoamericanas y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes en 2012 crearon un Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados, junto con otras instituciones.

“Les exijo a las instituciones públicas que nos escuchen, que se pongan la mano en el corazón y que digan «sí voy a ayudarte a buscar, voy a poner mi granito de arena como funcionario público»”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, durante el foro Desaparición en Chiapas, que se llevó a cabo el lunes 29 de agosto en San Cristóbal de Las Casas.

Durante el evento, Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que algunas familias de la Costa de Chiapas y de la zona fronteriza con Guatemala –de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde se registran enfrentamientos entre presuntos grupos de la criminalidad organizada– se les acercaron para denunciar la desaparición de sus seres queridos.

El Frayba destacó también el registro de decenas de personas ausentes desde la guerra de contrainsurgencia de los años 90 en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Recordó que en la sola zona norte de Chiapas – en los municipios de Tila, Tumbalá y Salto de Agua – entre 1994 y 2000 el grupo paramilitar Paz y Justicia, con el apoyo del estado y del ejército, desapareció a 37 personas, quienes el 30 de agosto fueron conmemoradas en la comunidad Susuclumil, Municipio de Tila, durante un evento convocado por el colectivo Colembij.

En el foro que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, la directora general de Melel Xojobal AC, Jennifer Haza, presentó datos sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, que contrastan con los del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). De acuerdo con la asociación civil, 476 menores de edad que han desaparecido en los últimos 4 años en el Estado aún no han sido localizados, tratándose en su mayoría de mujeres adolescentes. Haza destacó que la lucha de las familias y de la sociedad civil llevó a la aprobación, hace poco más de un año, de un Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescente (PABNNA).

A pesar de la invitación, al Foro Desaparición en Chiapas no acudió ningún representante de la Fiscalía ni del Congreso del estado, pero participó Alejandra Rovelo Cruz. Sólo la directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Víctimas de Chiapas (CEEAV) se presentó.

“Aunque no se encuentre mi ser querido desaparecido, ya es ganancia que se encuentren a uno, dos, tres al día y si se puede más. Esta es mi exigencia el día de hoy ante las autoridades”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, madre de un joven chiapaneco desaparecido en el WalMart de Nuevo Laredo, Tamaulipas. “A mis compañeras y compañeros les pido que no nos cansemos y sigamos la búsqueda. Yo sé que es difícil, porque de tanta desesperación una cae en depresión, pero tenemos que secarnos estas lágrimas, llorar hasta donde podamos y seguir adelante”, concluyó.

Artículo publicado en Desinformémonos el 1.09.2022

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Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Tras el rescate de Aguilar Pérez, mucha gente del barrio se congregó en la calle. Entre ellos estaba Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc, colectivo que es parte del Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación. Ahora, él y cuatro compañeros suyos —todos indígenas tseltales— están acusados del asesinato del policía, a pesar de que no hay pruebas en su contra.

En más de una asamblea, Sántiz Cruz se ha opuesto al presidente municipal, José López López (PRI). En algunos casos fue por un conflicto relacionado con la invasión de unos potreros, en otros casos fue por oponerse a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su territorio o por criticar un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

En su primera elaboración, hace unos 20 años, la Carretera de las Culturas quería conectar a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Palenque para beneficio del turismo. La oposición de las comunidades indígenas, preocupadas por la intención de Fonatur de transformar Chiapas en una “nueva Cancún”, llevó al congelamiento del megaproyecto en 2008, pero la actual administración decidió retomarlo y ampliarlo unos 300 kilómetros. Aprobada por el Congreso de Chiapas en diciembre de 2019, la nueva Carretera de las Culturas pretende conectar los balnearios y sitios arqueológicos de la zona de Palenque con las playas de Pijijiapan, y funcionaría como bisagra entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico. 

Ante esto, 45 comunidades de San Juan Cancuc se declararon en resistencia civil en contra de la autopista y en muchos municipios de Chiapas la resistencia al megaproyecto se ha revitalizado, al mismo tiempo que se ha reactivado la represión en su contra.

“Es preocupante la situación de los defensores comunitarios, lo que está pasando en San Juan Cancuc lo podemos vincular con la situación de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano de Chilón”, afirma Victórico Gálvez Pérez del Centro de Derechos Humanos Frayba (CDH Frayba).

Se refiere al caso de otros dos defensores tseltales que también se oponen al paso de la Carretera de las Culturas en sus comunidades, ubicadas en el municipio de Chilón, y que fueron detenidos en octubre de 2020 durante una manifestación en contra de la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

La mañana después del accidente con el policía, a las 7:00 horas del domingo 29 de mayo, un operativo conjunto de tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal detuvo en San Juan Cancuc a Manuel Sántiz Cruz. Con él fueron arrestados Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, también integrantes del Pueblo Creyente. 

Durante 24 horas, los tres hombres estuvieron desaparecidos e incomunicados y, cuando sus abogados lograron dar con su paradero, obtuvieron una carpeta de investigación donde la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena relata una detención por posesión de mariguana que supuestamente ocurrió en la mañana del lunes 30 de mayo, en el barrio San Diego de San Cristóbal de Las Casas. Sus defensores buscaron testigos que declararan que la detención había ocurrido el día antes y en San Juan Cancuc, y finalmente los tres detenidos quedaron en libertad. Fueron liberados en la misma noche del martes 31 de mayo e inmediatamente arrestados por el homicidio del policía de San Juan Cancuc.

“La Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, escribe el Frayba en un comunicado. “Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”.

El martes 31 de mayo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez atestiguaron que sus tres compañeros habían sido detenidos el domingo en San Juan Cancuc, y no el lunes en San Cristóbal de Las Casas, como señalaba su carpeta de investigación. Al día siguiente, los dos se encontraban en una camioneta frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, junto con los familiares de los tres detenidos y dos acompañantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), esperando a que sus abogados salieran del juzgado.

Tres camionetas de la policía estatal y tres vehículos particulares con integrantes de la Policía Especializada de la Fiscalía Indígena, que iban de civiles, se estacionaron a su lado. Unos 30 hombres armados bajaron y, entre jalones y gritos, detuvieron a los dos campesinos. 

“Soy su abogado y me tienen que notificar adónde se los llevan”, les dijo su representante legal, aterrado por la desmesura del operativo. 

“Tienen orden de aprehensión y los llevamos”, le contestó un policía, que le mostró un documento sin darle tiempo para leerlo.

Las seis camionetas arrancaron rumbo a San Cristóbal de Las Casas, y los dos detenidos aparecieron horas después donde se los habían llevado, en el Juzgado de Control. 

Hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Cancuc, que se encuentran resguardados en sus comunidades. Ahora, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez están detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, con sus tres compañeros Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. 

Esto, a pesar de que las acusaciones en su contra están basadas sobre los señalamientos de un solo policía y que no existe una autopsia que compruebe científicamente la causa de muerte. Solo existe una valoración médica donde se habla de “fallecimiento por paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico”. Están acusados del homicidio de un hombre sin que haya prueba de que fue asesinado. 

El sábado, el Pueblo Creyente abrazó a sus cinco compañeros detenidos en el CERSS número 5. Lo hizo con una peregrinación: una marcha que rodeó los muros del penal. Personas expusieron pancartas que pedían libertad para los cinco y cantaron letanías leves, que en parte sonaban a rezo y en parte a lucha. “No es posible encerrar la verdad”, decía una. 

La peregrinación dibujó un anillo alrededor de la cárcel y concluyó frente al portón de entrada, donde los peregrinos prendieron copal y velas blancas a lado de una Biblia en tzeltal. Leyeron salmos y gritaron consignas, mientras una joven pastaba ovejas a su alrededor, los policías del otro lado de las rejas les sacaban fotos y los carros transitaban en la carretera como si nada estuviera pasando. 

“Estamos aquí para exigir justicia para nuestros hermanos presos y por esto decimos: los miramos de enfrente porque caminamos con la verdad”, dijo el padre José Luis de San Juan Cancuc, que como sus compañeros está en espera de la audiencia. La tarde de este lunes, un juez decidirá si vincular a los cinco detenidos a proceso y dejarlos en prisión preventiva, o no vincularlos y ponerlos en libertad.

Artículo publicado en Animal Político el 6.06.2022

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Cesar guardó el pozol en su morral mientras observaba la lluvia de piedras que los policías lanzaban en contra de los manifestantes, e intentó resguardarse en la tiendita. No lo hizo a tiempo: una macana lo golpeó y un grupo de policías lo arrastró, pateó y subió a la góndola de una patrulla. Luego lo trasladaron a otra, donde el campesino y catequista, militante de la organización Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), conoció a José Luis Gutiérrez Hernández, otro ejidatario que había sido detenido. Tenía una herida profunda en la cabeza. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los acusaron de motín. Pronto las torturas empezaron otra vez.

“¡Eres el líder de Modevite!”, gritaban los policías mientras lo golpeaban con una macana, detrás de la reja de su celda.

“No hay líderes en Modevite”, respondía él ante los golpes.

“Estás mintiendo, cabrón”, y llegaba otra golpiza.

César y José Luis estuvieron dos días sin comer ni tener contacto alguno con el externo. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a una urvan blanca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, los amenazaron los policías.

“Está bueno, después de nosotros van ustedes”, contestó César.

Estuvieron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, las manos cruzadas en la nuca. “Parecía una desaparición forzosa, pero no tenía miedo pues tenía fe en Dios”, dice César Hernández. 

Fue llegando al CERSS “El Amate” que la tristeza empezó a asomarse. Las pesadillas espantaban sus noches y las marcas en su cuerpo no paraban de recordarle los golpes. Le costaba caminar y para pararse de pie tenía que escalar la pared con las manos. Hasta hoy en día, César no puede cargar mucha leña porque el abdomen le arde. 

Consecuencias de militarización

Los habitantes de Chilón conocen las consecuencias de la militarización. En 1995, tras el levantamiento del EZLN, Sedena construyó un cuartel en esta zona de la Selva Lacandona poblada por indígenas tseltales, que fue cerrado en 2007 justo a causa de la oposición de la población.

“La presencia de los militares nos afectó mucho, sobre todo a las muchachas. En vez de ir a la escuela iban con los soldados, muchas se quedaron embarazadas y los militares no se hicieron cargo de sus hijos. Por esto no queremos el cuartel de la Guardia Nacional”, dice Pascuala Vázquez Aguilar, integrante de Modevite y concejala del Gobierno Comunitario de Chilón.

Se trata de un órgano de autogobierno tseltal impulsado por Modevite, que justo este 20 de noviembre celebró su cuarto aniversario. Fue elegido por usos y costumbres, trabaja de forma paralela al gobierno municipal partidista y pide una consulta para que se le reconozca su derecho a gobernar sobre su territorio de forma exclusiva.

El Gobierno Comunitario de Chilón se opone a los megaproyectos y a la presencia del cuartel de la Guardia Nacional, que ya ha sido construido por orden de Sedena –en lugar que de una instancia civil, como lo prevé la Constitución- a pesar de que no hubo consulta previa, libre e informada. Quienes aprobaron su instalación fueron únicamente el comisariado municipal y el presidente municipal, que entregaron el territorio a la Guardia Nacional con un contrato de comodato -o sea sin realizar ningún cobro- de 30 años prorrogable por otros 30 años.

“Las cifras de violencia e inseguridad en Chilón no justifican la imposición de un cuartel y la presencia castrense en este territorio”, afirma en rueda de prensa César Contreras del Centro Prodh, que junto con el Centro de Derechos Humanos Frayba asumió la defensa legal de César Hernández y José Luis Gutiérrez, y el acompañamiento jurídico de las comunidades tseltales. “La pregunta es: ¿cuáles son entonces los objetivos de la instalación de este cuartel? ¿A quiénes o a qué proyectos está cuidando?”.

De acuerdo con el gobierno comunitario de Chilón, los megaproyectos en juego son varios. “El comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anda diciendo en las asambleas que la empresa Coca Cola llegará para explotar un ojo de agua para producir refrescos”, afirma la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

Chilón sería además atravesado por la Carreteras de las Culturas, infraestructura que es parte de un megaproyecto que retoma la ambición que Fonatur tiene desde 2000 de construir una autopista entre las ciudades turísticas de San Cristóbal de Las Casas y Palenque, para transformar Chiapas en una “nueva Cancún”. 

El proyecto carretero se congeló en 2008 por la oposición de las comunidades, pero la actual administración decidió ampliarlo de unos 300 km, hasta la ciudad costeña de Pijijiapan. La autopista permitiría a los turistas viajar ágilmente de las playas chiapanecas a los sitios arqueológicos y balnearios de la Selva Lacandona, y funcionaría como enlace entre el Corredor Transístmico y el Tren Maya. A lo largo de esta carretera habría siete cuarteles de la Guardia Nacional: en Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya. 

Los autores y autoras del documento “Militarización del Sureste Mexicano” del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica expresan una fuerte preocupación por el crecimiento del poder de los militares – y de la Guardia Nacional, que por el 76% está compuesta por elementos de las fuerzas armadas- durante este sexenio. “Cuando dentro de tres años este Gobierno terminará, los militares ya habrán ocupado regiones enteras del país”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM y coautora del documento. “No sé quién va a poder desmontar ese poder, o a regresarlo a sus niveles anteriores, que tampoco era poco”.

De acuerdo con el Centro Prodh, en Chiapas ya fueron erigidos –sin consulta– 10 cuarteles de la Guardia Nacional y se planea construir 21 de los 300 cuarteles que en unos años tendremos en todo el territorio nacional.

“El cuartel de Chilón es el único que todavía no se inauguró en Chiapas, pensamos que nuestro amparo está frenando su entrada en funciones”, dice Victorico Gálvez Pérez del CDH Frayba. Junto con el Centro Prodh, en noviembre de 2020 el Frayba interpuso un amparo, que todavía no se resolvió, en contra de la presencia del cuartel en territorio tzeltal y en contra del despliegue de actividades militares en general. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron en la investigación de las torturas que César y José Luis sufrieron, y el Ministerio Público llegó a afirmar que las lesiones fueron producidas por ellos mismos.

Los dos indígenas tseltales están firmes en su lucha y en su exigencia de que el proceso judicial en su contra cese inmediatamente. César Hernández celebra el cambio de medidas cautelares que obtuvo hace un año, pero viajar cada dos semanas hasta Ocosingo para firmar en el Juzgado de Control le resulta muy caro y la prohibición de salir de su municipio lo hace sentir enjaulado. Los días pasan lentos entre el trabajo en la milpa y su casa. 

“Cuando estoy aquí sentado me viene a la mente todo lo que me pasó y me pongo a llorar”, dice César. Ni siquiera aquí, en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, donde con su esposa sembró flores violetas y naranjas, halla paz.

Artículo publicado en Pie de Página el 25.11.2021

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Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto? 

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos. 

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

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