El activista mexicano Gustavo Castro fingió estar muerto para que los sicarios no se ensañaran con él. Le sangraba la oreja mientras la imagen del hombre que acababa de dispararle lo atormentaba y, en la otra habitación, resonaban los disparos que mataron a líder indígena lenca Berta Cáceres, de cuya muerte se cumplen diez años.

Castro se encontraba en Honduras para participar en un taller con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres. La noche entre el 1 y el 2 de marzo de 2016 se quedó en casa de su amiga y, antes de retirarse a su habitación y ver la cara del hombre que intentó matarlo, conversó con ella en el porche. De haber vivido dos días más, Berta Cáceres habría cumplido 45 años. Era madre de cuatro hijos.

Cuando se cumplen diez años de su feminicidio, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha revelado las responsabilidades en el crimen de algunas instituciones financieras internacionales y ha afirmado que el Gobierno hondureño conocía el plan para matar a Berta Cáceres dos meses antes de que se ejecutara, pero no hizo nada para evitarlo.

Para Castro, la implicación del Estado hondureño en la muerte de la líder indígena lenca fue evidente desde el comienzo. De inmediato comenzaron el hostigamiento en su contra y los intentos de desviar la investigación. Entonces, el país centroamericano estaba gobernado por el ultraconservador Juan Orlando Hernández, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos y, cinco años después, indultado por su presidente, Donald Trump.

¿Qué pasó justo después de que intentaran matarle?

Yo temía que los autores materiales me quisieran desaparecer para librarse del único testigo ocular del asesinato de Berta. Los compañeros de Copinh siempre me estuvieron cuidando, justo después del crimen me escondieron en una camioneta y, cuando empezó a amanecer, me trasladaron a la casa de una familia que fue muy linda conmigo.

Fue allí adonde llegó un retratista para que usted diera los datos para hacer un retrato. ¿Cómo le fue con él?

Sí, mi abogado no estaba presente. El retratista sacó todos sus colores y su catálogo de narices, ojos y todo eso. Me preguntaba cómo era el sicario que me disparó. Lo había visto porque estaba a metro y medio de mí y no tenía la cara tapada. Yo le decía al retratista: ‘No es así, es asá’. Y él lo borraba, pero volvía a pintar más o menos lo mismo: la cara del ex compañero de Berta, también integrante de Copinh. Mis declaraciones y mi descripción no coincidían en nada con el dibujo.

¿Piensa que las autoridades de Honduras han querido manipularlo para presentar como «pasional» un crimen que ha sido político?

Así es. Los investigadores me preguntaron también si había escuchado un ruido de carro pues ya tenían el coche del excompañero de Berta. Les dije que todo fue silencioso y creo que gracias a mi testimonio lo tuvieron que dejar libre. También me mostraron unas fotos de posibles culpables y me dijeron: ‘A ver, ¿reconoces a alguien?’. Eran puras fotos de integrantes del Copinh. Claro que reconocí a todo el mundo. Pero ninguno de ellos se parecía al sicario que me disparó.

Luego se dirigió al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la intención de tomar un vuelo para regresar a México. ¿Qué pasó en la terminal?

Me detuvieron unos agentes de la Fiscalía de una manera totalmente ilegal, sin mostrar documentos, sin mostrar nada. Estaban escondidos, aparecieron de la nada y me dijeron: ‘Usted no se va’. Iba acompañado por la embajadora mexicana y por el cónsul que, para que no me agarraran, me rodearon con sus brazos y la embajadora dijo: ‘Protección consular’. No pude viajar a México, me llevaron de vuelta a La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y luego de un careo me dijeron que tenía prohibido salir del país durante treinta días.

Considero todo esto como un secuestro de Estado. Otra vez el Copinh estaba ahí afuera cuidándome. ¿Para qué? Para que no me desaparecieran. Observar algunas cosas que viví ayuda a entender la implicación del Estado en el crimen.

¿Siente que el hostigamiento se ha aliviado durante el mes que permanecer obligatoriamente en Honduras?

Seguía con la preocupación de que me quisieran desaparecer. El cónsul mexicano me buscó un hotel en la comunidad de La Esperanza, pero unos policías se quedaron al otro lado de mi puerta para que no me escapara. Y no podía dormir por la preocupación. Al regresar a Tegucigalpa, me acabé instalando en la residencia de la embajadora mexicana. Tenía un cuarto para mí, mas no para mi hermano, que vino a Honduras para apoyarme. Finalmente, él se fue al hotel que la embajadora había reservado para mí, donde fue víctima de un atentado: le envenenaron una botella de agua y tuvieron que llevarlo al hospital para limpiarlo.

Al fin pudo regresar a México. ¿Una vez en su país se sintió más seguro?

El acoso no cesaba y tuve que esconderme en Ciudad de México. Otras fuentes me informaron de que el Ejército fue a buscarme a mi oficina. La policía mexicana pretendía entregarme una citación de las autoridades hondureñas para que me presentara allá y me buscaban en la escuela de mis hijos preguntándoles a los papás: ‘¿Usted es Gustavo Castro?’, a pesar de que conocen bien mi cara. Llegaban en camionetas sin placas y estacionaban frente a la escuela.

Finalmente decidió exiliarse en el Estado español.

Allí me quedé dos años y encontré mucha solidaridad internacional. Me la pasé en universidades y en foros hablando de la lucha de Copinh y de Berta Cáceres. Incluso estando allá me buscaron para intimidarme. Se me acercaron dos mujeres después de una charla en la Universidad de Zaragoza con el pretexto de que las ayudara a hacer un currículum, pero eran del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cómo era Berta Cáceres? ¿Nos puede compartir algún recuerdo significativo con ella?

Berta era como una hermanita para mí y tengo muchos recuerdos con ella. Por ejemplo, cuando protestamos en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante una cumbre de mandatarios en Canadá. Berta se quiso acercar a los policías para gritarles, se nos cayó un chorro de agua encima y hacía muchísimo frío, pero ella quiso acercarse otra vez. Nos gasearon, íbamos con los ojos hinchadísimos.

Así era Berta: tenaz, valiente y coherente, muy internacionalista también. Tenía mucha claridad política y una gran capacidad de análisis sobre el capitalismo, las empresas, la deuda externa; poco a poco incorporó a su discurso también el tema antipatriarcal. Siempre caminaba con su gente, con el pueblo lenca, y creo que no hay que separar Berta del Copinh: ella no es sin su colectivo. En general, prefiero hacer más énfasis en los procesos que en las personas.

La investigación del GIEI no solo reafirma la implicación en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y del Gobierno de Honduras -en parte ya establecidas por las sentencias de los tribunales locales-, sino también revela que el 67% del crédito obtenido del banco holandés FMO, del banco finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca habría sido desviado para generar un clima de violencia en contra del Copinh, que se oponía al megaproyecto, y para pagar a quienes mataron a Berta Cáceres. ¿Cuál considera que ha sido el principal hallazgo del GIEI?

Creo que el mayor aporte a la verdad del informe de los expertos independientes, que se publicó en enero de este año, es justo la investigación minuciosa de todo el entramado financiero que llevó al asesinato de Berta, de todas las transacciones bancarias y llamadas telefónicas que se realizaron.

De acuerdo con el informe del GIEI, usted ha sido «objeto de hostigamiento, criminalización y detención arbitraria por parte de las autoridades hondureñas, que le impidieron salir del país pese a su condición de víctima y testigo protegido», una situación que ha conllevado «secuelas físicas, psicológicas y profesionales». Frente a todo esto, ¿hay alguna reparación que el Estado del país centroamericano le podría ofrecer?

Demandé al Gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la exigencia de que reconozca públicamente los errores, violaciones procesales y la tortura psicológica en mi contra. Si lo hiciera, me daría por reparado.

A finales del pasado mes de enero de 2026 tomó posesión del cargo el nuevo presidente ultraconservador de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por Donald Trump. ¿Cree que dará seguimiento a las recomendaciones hechas por el GIEI en su informe?

Con el cambio de Gobierno temo que estas recomendaciones [entre ellas que el Estado profundice en la investigación de las responsabilidades penales de la élite económica hondureña y de algunos funcionarios públicos] no vayan a tener mucho eco.

Sin embargo, queda un documento que puede dar sustento a la lucha de Copinh por la justicia para Berta Cáceres, puede contribuir a la presión política y mediática, y a que la ola de lucha e indignación se mantenga.

Entrevista publicada en El Gara el 1 de marzo de 2026.

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Teresa miraba el cuerpo de su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez tirado en la carretera cerca de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “De la cabeza salía sangre y más sangre”, afirma en entrevista la normalista, quien por razones de seguridad pidió que su identidad real fuera reservada.

Era el 15 de mayo de 2025 y Jesús Alain se había caído de la góndola de una camioneta de estudiantes que era perseguida por dos vehículos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite de la policía estatal de Chiapas conocido como “pakales”.

“En el lugar de los hechos los policías nada más tomaron fotos y se fueron. Había muchos otros estudiantes desesperados. Algunos lloraban, otros marcaban a los hospitales”, dice Teresa. La ambulancia se demoró horas en llegar.

Tensiones en el gabinete de gobierno chiapaneco

El cuerpo de Jesús Alain todavía estaba tirado en la calle cuando Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, apareció públicamente mostrando unas imágenes del C5 donde se ve al joven caer de la camioneta en fuga y a un vehículo de la FRIP esquivar a su cuerpo en el piso.

“Nunca hubo uso de la fuerza, fue un accidente provocado por estas mismas personas”, aseguró aquel día Aparicio Avendaño, que afirmó que la persecución a los normalistas se dio tras un intento de robo de un autobús.

Sin embargo, a principios de diciembre dos agentes de la FRIP —Refugio “N” y Rubicel “N” — fueron detenidos por el delito de uso indebido de funciones públicas, es decir que incumplieron con los protocolos básicos para el uso de la fuerza. Uno de ellos era el chofer de la camioneta que perseguía a los normalistas, el otro estaba al mando de la operación.

“La persecución llevó a la pérdida de la vida del joven y su familia está devastada: no se logra recuperar emocionalmente y tienen temas de salud”, dice el abogado del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña legalmente a la familia de Jesús Alain. “Seguimos en etapa de integración de la carpeta de investigación y, una vez que se haya robustecido, esperamos reclasificar las acusaciones a homicidio”, advierte el representante legal, quien prefirió no decir su nombre.

La detención de los dos pakales generó tensión en el gabinete de gobierno chiapaneco. El 8 de diciembre de 2025, la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, apareció en un video-comunicado señalando irregularidades en la conducta de Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, dijo Rodríguez Ovando. “El gobierno del estado garantiza la legalidad. Se hará justicia conforme a derecho”, agregó.

Mural de Jesús Alain en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

FGE respalda versión de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

Los normalistas de la Mactumactzá pasaron tres días resguardando la escena del crimen: la porción de asfalto donde murió su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez, frente a la Feria Ganadera de Tuxtla Gutiérrez.

“La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no llegaba para recoger las pruebas, así que pusimos ramas para tapar un carril y piedras para marcar las evidencias: había casquillos de bala y de gas lacrimógeno, incluso restos del cerebro del compañero que el polvo iba contaminando. Los peritos de la FGE se tardaron tres días en llegar”, dice Teresa.

Un par de semanas después, durante una entrevista con Milenio el fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó la presencia de casquillos de bala en el lugar de los hechos. “Hasta ahorita no hemos determinado, de acuerdo con lo que llevamos en los actos de investigación, que haya habido disparos de armas de fuego”, dijo.

Llaven Abarca también respaldó la versión de Aparicio Avendaño, al afirmar que la muerte de Jesús Alain se dio por la caída desde la camioneta, como demostraría la necropsia de ley, la cual concluye que la causa fue traumatismo craneoencefálico. “Está totalmente descartado que presentara alguna lesión provocada por arma de fuego, lo señala el dictamen médico. Estamos trabajando de una manera transparente y objetiva con todos los actos de investigación para lograr el establecimiento de los hechos”, dijo durante la entrevista.

Según CDH Minerva Bello, Jesús Alain se cayó por el impacto de una bala de goma

En realidad, de acuerdo con el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, en el lugar de los hechos sí se hallaron cartuchos de arma de fuego y no corresponden con las armas que están en dotación de la FRIP. Las grabaciones no muestran a nadie sembrándolos, y se teme que el cuerpo de élite maneje armas que no son reglamentarias.

El centro duda que Jesús Alain haya sido asesinado por uno de estos proyectiles. Su reconstrucción de los hechos es que el joven, a la par de otros estudiantes que aquella noche se encontraban en la góndola de la camioneta en fuga, habría sido golpeado por una bala de goma, que aturde, pero no mata, y por el impacto habría caído al suelo y perdido la vida.

La muerte de Jesús Alain causó indignación entre los padres de familia de los estudiantes. “Durante años, los normalistas han sido estigmatizados por exigir condiciones dignas para formarse como maestros al servicio del pueblo. Su lucha, lejos de ser violenta, es una resistencia frente al abandono, la marginación y las políticas que buscan desmantelar la educación pública en favor de los intereses privados”, escribieron en un comunicado.

“En días recientes, esta represión ha llegado a su punto más doloroso: uno de sus compañeros ha sido asesinado por fuerzas policiales. Sí, asesinado. No podemos llamarlo de otra forma cuando un estudiante desarmado pierde la vida a manos del Estado, cuya obligación era protegerlo. Su nombre no puede quedar en el olvido, ni su historia ser borrada por versiones oficiales que intentan justificar lo injustificable”, afirma el Comité de Padres de Familia Mactumactzá.

“El 15 de cada mes seguiremos en las calles”

En la Escuela Normal Rural Mactumactzá hay un mural de los perros Rafa y Frank. “Estos dos camaradas nos apoyaron mordiendo a los policías cuando entraron a la escuela, el 6 de agosto de 2023”, dice un estudiante.

Relata que aquel día los policías destrozaron las instalaciones de la escuela e incluso aventaban gases lacrimógenos desde un helicóptero. La normal quedó cerrada seis meses y fue el cuarto intento del gobierno para clausurar esta escuela de jóvenes socialistas hijos de campesinos.

Los muros de la normal están enteramente pintados con imágenes que recuerdan los momentos más álgidos de su historia: hay uno que representa a Jesús Alain, otro que recuerda la represión que los estudiantes sufrieron el 18 de mayo de 2021, cuando 95 de ellos fueron encerrados en la cárcel durante meses y las mujeres, que eran la mayoría, denunciaron acoso sexual por parte de las fuerzas policiacas.

También hay pintas que recuerdan las otras 16 normales rurales que existen en México, que están agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). “Los de Ayotzinapa siempre son los primeros en llegar a nuestras movilizaciones”, dice el estudiante.

En la parte de atrás del terreno que la Mactumactzá ocupa hay sembradíos y criaderos de cerdos, pollos y ganado que los normalistas trabajan. Venden sus productos a buen precio a los habitantes de la colonia Plan de Ayala y piensan que esto, junto con las actividades recreativas que ofrecen a los niños, genera una buena relación con sus vecinos. Saben que, sin embargo, muchos los consideran como vándalos y delincuentes por enfrentarse con la policía durante sus acciones.

En este momento, el mayor esfuerzo de la normal tiene que ver con le exigencia de justicia por la muerte de Jesús Alain. “El 15 de cada mes seguiremos saliendo a las calles para repudiar los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2025, porque sabemos que el compañero fue asesinado a manos del Estado”, afirma en entrevista el portavoz de la escuela.

Mural en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

Normalistas exigen disculpas públicas

Teresa estaba hablando por teléfono cuando, detrás de un vidrio del Hospital Manzur de Tuxtla Gutiérrez, vio al personal de salud intentar revivir a Jesús Alain presionándole el pecho. El joven no se movía. A la estudiante también le tocó ver a un enfermero subir la sábana a la cara de su compañero.

A Teresa la afectó mucho presenciar la llegada de la madre de Jesús Alain: “fue un llanto que, a pesar de que no eras tú la que estabas llorando, sentías el dolor. En los días siguientes sus familiares quedaron muy afectados por lo que salía en redes sociales, donde se decía que era un vándalo y casi parecía que se murió por su misma culpa. El dolor de la familia nadie se los va a poder quitar”.

Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá todos los policías que participaron en la persecución del 15 de mayo tendrían que recibir un castigo. Además, exigen disculpas públicas de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas.

Artículo publicado en Animal Político el 5 de enero de 2026.

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“Chiapas al borde de una guerra civil” es el título de un comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sacó en septiembre de 2021. Más de dos años después, los analistas de la entidad se dividen entre quienes piensan que fue una premonición y quienes la consideran una definición inadecuada. En lo que están de acuerdo todos los chiapanecos, menos el gobernador Rutilio Escandón, es que después de la pandemia de Covid-19 y en el marco de las elecciones estatales de 2021, la entidad cayó en una grave crisis de seguridad que sigue empeorando.

El EZLN se acerca a su 30 aniversario en este contexto. Al invitar a la sociedad civil nacional e internacional a participar en sus festejos, que se llevarán a cabo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, el subcomandante Moisés escribió: “Es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”.

Chiapas destaca por la rapidez con la que incrementó la percepción de inseguridad entre sus habitantes, en 10 años creció en 34%, de acuerdo con el Inegi.

Violencia generalizada en Chiapas

Dos meses antes del comunicado zapatista “Chiapas al borde de una guerra civil”, en julio de 2021, explotó lo que llevaba años gestándose. Tras el asesinato del luchador social y catequista Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, la población de Pantelhó se rebeló y nacieron unas autodefensas. Se volvió visible que en la región los Altos de Chiapas no sólo hay presencia histórica de agrupaciones armadas, que los caciques usan para desplazar gente y acaparrar tierras, sino que operan grupos de la criminalidad organizada procedentes de otros estados de la República.

Los dos fenómenos se fueron hibridando. “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”, explica Mario Ortega del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Esto pasó también con muchas organizaciones que acabaron disolviéndose en supuestas organizaciones sociales creadas e impuestas por la criminalidad organizada.

En julio de 2021, mientras la violencia en Pantelhó estallaba y miles de personas fueron obligadas a desplazarse, en Frontera Comalapa, a unas seis horas de allí, ocurrió algo que no solía pasar en Chiapas: enfrentamientos entre cárteles. La disputa por el territorio se esparció de Comalapa a los demás municipios de la zona fronteriza con Guatemala y de la Sierra Mariscal, llegó hasta la Zona Norte y a la Selva Lacandona.

La prensa local documenta, mes tras mes, cómo nuevos municipios se vuelven parte de la región en disputa. Es común leer notas sobre personas desaparecidas, cuerpos desmembrados y poblados enteros desplazados. La violencia no trajo sólo miedo sino problemas económicos: los campesinos no logran llegar a sus parcelas o comercializar sus productos, en los mercados se volvieron frecuentes los desabastos y a causa de la inseguridad cerraron algunos centros ecoturísticos que daban de comer a comunidades enteras.

El contexto no es fácil de leer y hay muchas zonas grises: es cada vez más difícil entender si los ejidatarios que bloquean una carretera tienen un interés genuino o están obligados por la criminalidad organizada, y se volvió complicado discernir una marcha por la paz espontánea de una impulsada por un cartel para dañar al otro.

La preocupación de los chiapanecos es que los niveles de violencia puedan incrementar al acercarse las próximas elecciones a la gubernatura en 2024. “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde allí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública”, dice Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos. “Sus tráficos implican el control del territorio y su objetivo es dominar cada presidencia municipal”. Ya en 2021, se cancelaron los comicios en seis municipios de Chiapas debido a la inseguridad.

Guerra de desgaste

De acuerdo con Gustavo Castro, a partir de 2000 se empezaron a sentir las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): las medidas impulsadas por el gobierno, entre ellas el programa PROCEDE, causaron una crisis en el campo que debilitó el control territorial del EZLN como de los ejidos y bienes comunales, que fungían como una barrera al ingreso de las organizaciones criminales.

La presencia del EZLN, que en sus comunidades tiene prohibida la siembra de estupefacientes, sigue representando un problema para los planes de expansión territorial de las organizaciones criminales. Sin embargo, no se conoce ningún ataque directo de la criminalidad organizada en contra de las aldeas zapatistas.

Esto no quiere decir que las comunidades rebeldes nos sean victima de agresiones. Según el Frayba ya no se trata del paramilitarismo de los años ’90, cuando la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) entrenaba “secretamente a ciertos sectores de la población civil” para destruir el EZLN, haciéndole el trabajo sucio: sembraban el terror en la población civil, desplazaban miles de personas, cometían masacres. Tras la masacre de Acteal de 1997, el revuelo nacional e internacional fue tan grande que la guerra contrainsurgente cambió de cara y se volvió una “guerra integral de desgaste”. Las acciones llamativas fueron sustituidas por operaciones menos visibles, pero continuas, que desgastan a la población, día tras día: unos balazos en una comunidad, unas familias desplazadas de otra, unos jóvenes encarcelados sin pruebas.

José Díaz Gómez, campesino y base de apoyo del EZLN, fue detenido el 25 de noviembre de 2022 y torturado por la policía, que lo acusó de robo con violencia. Otro zapatista, Manuel Gómez Vázquez, fue acusado del homicidio de un hombre, mientras Manuel se encontraba en su casa con su familia. El 16 de noviembre de 2023, el zapatista de 22 años fue absuelto porque la Fiscalía no pudo presentar pruebas; ya había pasado casi 3 años en prisión preventiva.

“En 2000, con el cambio de gobierno, se reestructuran las relaciones de poder y hay un cambio en la estrategia de contrainsurgencia. Se prioriza la cooptación: muchas organizaciones de lucha terminan siendo aliadas del Estado, se corporativizan y reciben beneficios, entre ellos cargos políticos para sus líderes, a nivel municipal o incluso estatal como diputados. Estas organizaciones disputan a otras, como el EZLN, su base social”, dice Mario Ortega del Frayba. “Al mismo tiempo, la violencia armada en contra del EZLN sigue. No existe un impulso directo a nivel federal, pero sí una permisividad, como en el caso de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que es una de las organizaciones corporativistas que fueron cooptadas”.

Desde 2019 a la fecha la ORCAO, que hasta finales de los años 90 y antes de recibir programas sociales estuvo ligada al zapatismo, realizó más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café. Secuestró y torturó a bases de apoyo del EZLN y en mayo de 2023 uno de ellos, Jorge López Santiz, recibió un impacto de bala a la altura del pecho. Estuvo diez días en terapia intensiva y el funcionamiento de su intestino quedó afectado.

En una situación de violencia generalizada como la que existe en Chiapas, los zapatistas son víctimas también de agresiones que no son dirigidas específicamente en contra de ellos. Es el caso de Aldama, víctima durante unos 4 años de ataques constantes de un grupo armado de Chenalhó, que causó 8 muertos, 27 heridos y más de 2 mil desplazados, algunos de ellos zapatistas.

En las últimas semanas, el EZLN emitió una serie de comunicados en los que anunció una reestructuración interna que no estaría completa hasta volver más eficaz y horizontal el gobierno autónomo en sus territorios e incrementar su seguridad.

Explica el subcomandante Moisés: “Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares.  Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida”.

Artículo publicado en Animal Político el 26.12.2013.

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Los habitantes de Paraíso Nuevo, en Campeche, consideran las vías del tren como un elemento de la comunidad, a la par del domo o de los juegos infantiles. Están allí desde mediados del siglo pasado y desde entonces unos vagones de carga las recorren despacio, unas pocas veces al mes. Los pobladores siempre vieron a los rieles nada más como dos piezas de hierro oxidadas y tapadas por la maleza, que les toca cruzar para ir de una parte del poblado a la otra. Las atraviesan continuamente, varias veces al día, pues de un lado de las vías hay unas viviendas, el jardín de niños y la casa de salud; del otro hay más viviendas, el parque y las escuelas primaria y secundaria.

Por eso los vecinos se alertaron cuando supieron que el trazado del Tren Maya, que pronto pasará por allí, estará rodeado por una valla y ya no será posible cruzar las vías una vez que esté en funciones.

Tampoco les agradó la solución encontrada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur): construir un puente, para peatones y vehículos, que los obligará a caminar medio kilómetro más cada vez que quieran pasar de un lado a otro de la comunidad, y que los ancianos y las personas con discapacidad motriz no van a poder subir y bajar. 

El malcontento entre los habitantes explotó cuando los 35 ejidatarios de Paraíso Nuevo recibieron una indemnización del gobierno federal de casi 7 millones de pesos, a pesar de que la mayoría de ellos no vive en Paraíso Nuevo, mientras que no estaba previsto ningún desembolso para los 300 pobladores que serán afectados por la obra en su vida cotidiana.

Fue entonces, en julio de 2021, que decidieron levantar su primer plantón y retener a algunas unidades de transporte y maquinarias necesarias para la construcción del tramo 1 del Tren Maya, una obra que partirá el tejido social de una comunidad que quiere ser una.  

Comunidad de Campeche, el “corazón del Tren Maya”

Paraíso Nuevo se encuentra en el municipio de Candelaria, una región verde y ganadera tan plana que el horizonte siempre está a la vista. El tramo 1 del Tren Maya tiene una longitud de 227 kilómetros y está a cargo del consorcio Lamat, creado por Mota-Engil México y China Construction CC.

De acuerdo con el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, el tramo estará listo en octubre y entonces empezarán las pruebas de los primeros vagones que cruzarán esta llanura que divide la ciudad chiapaneca de Palenque de Escárcega, en Campeche, pasando también por Candelaria.

“En la cabecera municipal de Candelaria el Tren Maya pasará por un puente elevado. Para construirlo están rellenando humedales y contaminando el aire: por el polvo y la cal hubo muchas enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, sobre todo en niños y en adultos mayores”, afirma Sara López González, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIP).

“Además, unas 300 familias que vivían en el derecho de vía fueron obligadas a dejar sus casas, muchas fueron amenazadas, para nosotros son desalojos forzados”, señala.

Según el CRIP, la obra es promocionada sobre todo como un proyecto que va a detonar el turismo, pero se trata también un tren de carga, un “tren neoliberal” funcional al despojo de los territorios y al desarrollo de la agroindustria.

De hecho, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) afirma que la estación que se está construyendo en Escárcega ―que también se usará para dar mantenimiento a los trenes― es a servicio de la agrologistica.

Esta ciudad bochornosa, donde los camiones de volteo del consorcio Lamat se mezclan con el tráfico intenso del centro, es considerada por el gobierno como “el corazón del Tren Maya”, pues en ella confluyen tres tramos de la obra: el 7 que lleva a Bacalar, en Quintana Roo, el 2 que llega al poblado de Calkiní, Campeche, y el 1 que conecta con Palenque. 

El primer ramal del tramo 1 es un terraplén alto que corre casi paralelo a la carretera estatal Candelaria-Escárcega, un camino en muy mal estado por tanto ir y venir de vehículos pesados dedicados a la construcción de la obra.  Seguido a lado de la carretera aparecen, en el medio de la vegetación, grandes hoyos pelones que han sido abiertos para sacar material de construcción, y que así quedarán una vez que las obras terminen.

En esta región hay consenso hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya, pero existen muchas críticas sobre la forma en que se está construyendo y, de vez en cuando, brotan protestas con demandas específicas.

Por ejemplo, a mediados de julio los pobladores del ejido Don Samuel bloquearon el trazado de la obra a la altura de su comunidad impidiendo al consorcio Lamat continuar los trabajos.

Se molestaron cuando se dieron cuenta de que los dos pasos que se habían construido se inundaban cada vez que llovía, además de ser tan bajos como para impedir el tránsito de los carros de redila o de los trailers que diario cruzan la comunidad para llevar víveres y mercancías.

El bloqueo se levantó cuando se alcanzó un acuerdo con Javier May Rodríguez, que prometió la construcción de pasos a ras del piso y más elevados.

Protestas contra el Tren Maya en Pueblo Nuevo

El primer plantón en Paraíso Nuevo fue en julio de 2021 y participaron 130 pobladores. Tenían seis demandas muy claras, eran tan determinados que enviaron una comisión a la Ciudad de México y obtuvieron una visita de Javier May Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Bienestar.

Durante sus reuniones les prometió pavimentar las calles, componer el sistema de agua potable y la casa de salud, se comprometió a entregar antenas de Internet, paneles solares y apoyos de entre 35 mil y 90 mil pesos para las familias que quisieran ampliar o mejorar sus viviendas. 

“Y quienes no tenemos terreno ni casa, ¿cómo le vamos a hacer?”, preguntó una señora a May Rodríguez. 

“Consígase un terreno y les vamos a dar dinero para comprarlo y construir su hogar”, contestó él. “Soy un hombre de palabra y vengo de parte del presidente. Si yo quedo mal, dejo mal al presidente”.

Sin embargo, las 25 familias de Paraíso Nuevo que no tienen vivienda ni terreno jamás recibieron el apoyo económico y por esto el 16 de noviembre de 2022 decidieron levantar otro plantón.

Fue justo tres días antes del supuesto inicio del dialogo con Fonatur, el 9 de enero de 2023, que se llevó a cabo un operativo de desalojo por parte de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Campeche. 

“Se vinieron como si fueran a agarrar al narcotraficante más peligroso del mundo”, dice Perla Rubí Garduza Pablo, que participó en las protestas. “Eran unos 60 policías y empezaron con violencia a quitar mallas”.

Los uniformados se acercaron a Joel Jiménez Morales, pastor de la comunidad, que las autoridades ubicaban como líder de la protesta y a quien, en algún momento, ofrecieron dinero para que parara las movilizaciones. 

“Fonatur ha sido irrespetuosa en los pueblos donde pasa porque simplemente llega, marca y dice “por aquí vamos a pasar”, acusó el pastor durante una entrevista con el medio Versión Informativa Candelaria, en julio de 2022, poco antes de empezar la movilización.

Unos meses atrás, ante un medio local, aclaró: “No estamos en contra del proyecto Tren Maya, estamos en contra del mal manejo de los recursos públicos”.

Varios pobladores se rebelaron cuando se dieron cuenta de que la Guardia Nacional había agarrado el pastor.

“Muchas mujeres corrimos a defenderlo, a mí me aventaron dos veces los judiciales y me lastimaron, se me salió el huesito de la rodilla. Además, agarraron a un niño y lo empujaron, luego lo soltaron porque su mamá les gritó que era menor de edad. A ella también la empujaron“, recuerda Perla Rubí Garduza Pablo. 

Naín Camacho López, un hombre que también llegó para apoyar a Joel Jiménez Morales, fue arrastrado e igualmente detenido. Ambos fueron acusados de obstrucción a las vías federales de comunicación, de oposición a la ejecución de una obra pública y de robo en pandilla, pero la fiscalía nunca pudo presentar pruebas y el 12 de junio se cerraron las investigaciones. Hasta el momento, Fonatur no ha cumplido con las promesas que hizo a las 25 familias sin casa ni terreno.

El parque de los niños militarizado

Durante ocho meses los niños de Paraíso Nuevo dejaron de ir al parque. Fue después del desalojo del segundo plantón, en enero de 2023, pues los militares lo ocuparon con sus camionetas, asustaban a los niños con las armas y a veces se emborrachaban.

Los soldados se posicionaron también en la comisaría y, cuando que terminaban las clases, ocupaban la escuela primaria, dejando los baños de los niños sucios. 

“Nosotros mandamos en la escuela y los militares son cochinos”, dijeron los padres de familia al presidente municipal, que fue enviado a hablar con los soldados. Desde entonces empezaron a dejar más en paz a los niños, pero las tensiones con la población siguieron hasta cuando se retiraron del parque, a principios de agosto, mientras que la Guardia Nacional sigue estacionada a lado de las vías del tren, cerca de una caoba majestuosa. 

“La presencia militar ha llenado de miedo a todos los habitantes”, escribían en enero de 2023 los pobladores de Paraíso Nuevo en un comunicado.

“Un compañero de la comunidad fue interceptado por los militares cuando caminaba al amanecer cerca del parque, le fue arrebatado el teléfono celular y fue amenazado con un arma apuntándole en la ingle. La presencia de los militares y de la Guardia Nacional pretende intimidarnos y evitar cualquier tipo de protesta y organización legitima para la defensa de nuestros derechos”.

El Tren Maya ya causó cambios profundos en Paraíso Nuevo. Los espacios públicos han sido ocupados por hombres armados y uniformados, las excavadoras trabajan a pleno ritmo haciendo polvo y ruido, los pasos peatonales pronto serán cerrados y el puente elevado va tomando cada vez más forma.

No hay zonas arqueológicas ni ojos de agua en la comunidad, así que no habrá un paradero para que los turistas desciendan. Como en otros poblados de la Península, el Tren Maya pasará rápido y ensordecedor como un balazo a un lado de las casas y del parque donde, por lo menos, los niños ya regresaron a jugar.

Artículo publicado en Animal Político el 1 de septiembre de 2023.

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Antonio González Méndez trabajaba en la tienda cooperativa Arroyo Frío del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Fue allí donde conoció a Juan Regino López Leoporto, que de vez en cuando llegaba para comprar. Antonio no prestó mucha atención a lo que decían sus compañeros, que señalaban a Juan Regino —un muchacho de 17 años— como integrante de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar de afiliación priista que operaba en la zona norte de Chiapas y que tenía una cara pública de asociación civil para poder recibir apoyo oficial. Incluso, en 1997, el gobierno chiapaneco le dio 4 millones 6 mil pesos “para impulsar proyectos agroecológicos y productivos”. 

Era la noche del 18 de enero de 1999 cuando Antonio, indígena ch’ol base de apoyo del EZLN y militante del PRD, salió de su casa con Juan Regino y nunca más regresó. Al día siguiente empezó la búsqueda encabezada por su esposa, Sonia López Juárez, que se ha mantenido firme durante los últimos 24 años. 

Inicialmente, la mujer acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, que buscaron a Antonio en el río y en el monte y llegaron a detener a Juan Regino, a quien pronto soltaron. Luego, Sonia viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez, donde tampoco le hicieron mucho caso: el Ministerio Público tardó casi tres años en pedir una fotografía de Antonio para facilitar su búsqueda.

Al no encontrar respuestas en los tribunales nacionales, en el 2000 Sonia, sus hijas y su hijo, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición presuntamente forzada de Antonio y la falta de investigación de los hechos.

“Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen también a los demás desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias también están sufriendo”, dijo Sonia durante la audiencia que se llevó a cabo ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Que encuentren también a Juan Regino, es el único que sabe dónde está Antonio”. 

En Facebook hay un perfil de un hombre que responde al mismo nombre y es originario de Sabanilla. Dice que Juan Regino López Leoporto vivió por lo menos hasta 2014 en Bellavista, Jalisco, donde trabajaba como pintor de casas. 

Lee: Miles de mujeres de todo el mundo llegan a Chiapas para luchar junto a las zapatistas por sus derechos

La guerra contrainsurgente en Chiapas

Cinco años antes de la desaparición de Antonio González, el EZLN se levantó en armas. Para contener la expansión del proyecto de autonomía que los zapatistas estaban construyendo en muchos municipios de Chiapas, el Estado impulsó una política contrainsurgente moldeada en el manual Plan de Campaña Chiapas 94, donde se afirma la necesidad de organizar “secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”. 

En un principio, en la zona norte de Chiapas, y luego en otras regiones del estado, nació un total de 13 agrupaciones paramilitares: grupos de civiles armados que gozaban del apoyo financiero y logístico del Estado. Su función era hacerle la guerra al EZLN y al mismo tiempo sembrar terror entre la población, de acuerdo con una táctica contrainsurgente llamada “yunque y martillo”, donde el primero es representado por el Ejército, que actúa como contención pasiva a la guerrilla, y el segundo son los grupos paramilitares que operan, de forma clandestina, atacando activamente a sus comunidades.

Por esto, de acuerdo con los peticionarios ante el SIDH, los hechos cometidos por los grupos paramilitares son imputables al Estado y, por lo tanto, desapariciones como la de Antonio se pueden considerar como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Estado ha negado su relación con Desarrollo, Paz y Justicia y con los demás grupos paramilitares que operaban en los años 90. 

En la zona norte de Chiapas, la guerra contrainsurgente fue especialmente dura: tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, 4 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada, 85 fueron asesinadas y 37 siguen desaparecidas, entre ellas Antonio González. 

“Hizo falta acudir a instancias internacionales porque el Estado no se investiga a sí mismo. Vemos necesaria también la conformación de una comisión de la verdad sobre la guerra contrainsurgente en Chiapas y un mecanismo de investigación que sancione a los responsables, tanto intelectuales como directos”, afirma Pedro Faro Navarro, abogado del Frayba. “Se tiene que reconocer que la desaparición de Antonio no fue un hecho aislado, sino parte de una política genocida que se implementó en estos territorios. Hay que abrir estas heridas que nos han hecho como pueblo mexicano, para que no vuelvan a cometerse esos crímenes”.

Hasta el momento, el Estado mexicano no implementó las medidas de no repetición recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia ya no existen como tal pero se atomizaron en varias agrupaciones, donde sus líderes siguen operando. El número de grupos armados en el estado creció en los últimos años, de la mano con el incremento de la violencia. De acuerdo con un comunicado del EZLN de septiembre de 2021, “Chiapas está al borde de una guerra civil”.

Incumplimientos del Estado

En 2019, la CIDH emitió un informe de fondo sobre el caso de Antonio González, donde reconoce la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares en función contrainsurgente. No encontró, sin embargo, la existencia de elementos que prueben la pertenencia de Juan Regino López Leoporto a Desarrollo, Paz y Justicia y, por lo tanto, no considera a la desaparición de Antonio González como forzada. 

El Estado cumplió con algunas medidas de reparación para la familia de Antonio, como una indemnización económica y el ofrecimiento de disculpas públicas. “Este acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano no debe de entenderse como un acto protocolario, pues no venimos a cumplir solamente una resolución de la CIDH, sino a asumir un compromiso para la dignificación y el respeto de los familiares de Antonio González por su lucha”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, en enero de 2022, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Sabanilla. 

Sin embargo, de acuerdo con la familia de Antonio González y el Frayba, la posición oficial es ambigua: de un lado, el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas públicamente, pero por el otro sigue negando su participación y afirma que su única falla ha sido en las investigaciones.

En su informe de fondo, la CIDH exige al Estado mexicano investigar la desaparición de Antonio y buscarlo. Al no hacerlo, el caso pasó a la Corte IDH que emitirá una sentencia en las próximas semanas, vinculante para el Estado mexicano. Se trata del primer caso relacionado con la guerra contrainsurgente que llega a esta instancia internacional. 

“Tenía seis años cuando desaparecieron a mi padre y no me acuerdo mucho de él”, dice Magdalena González López, hija de Antonio. “No lo conocí pero seguiré luchando, aunque sea cansado, sea como sea, hasta que encuentren a sus restos. Y que cumplan todas las promesas que hicieron”.

La familia de Antonio quedó afectada económicamente por su desaparición, ya que era el principal proveedor. Su esposa ya no tiene fuerza para trabajar, le arden los brazos y no puede cargar el machete, y seguido le duele la cabeza. La mujer exige que se brinde atención psicológica para ella, sus hijos y sus nietos. “Pensamos mucho”, dijo ayer durante la audiencia en la Corte IDH.

Artículo publicado en Animal Político el 22 de junio de 2023.

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Cinco pobladores tzeltales de San Juan Cancuc, entre ellos, el defensor del territorio Manuel Santiz Cruz, fueron declarados culpables del homicidio de un policía municipal y condenados a 25 años de prisión.

De acuerdo con la jueza, en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los cinco retuvieron al agente Antonio Aguilar Pérez en el barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. Luego, concluyó, frente a sus colegas que llegaron para rescatarlo, lo patearon hasta romperle siete costillas, que perforaron el pulmón derecho y causaron su muerte.

Los sentenciados son Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguezy Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia San Juan Evangelista de Cancuc e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), una organización de inspiración católica. En más de una asamblea, Santiz Cruz ha criticado abiertamente al presidente municipal priista José López López, y se ha opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en San Juan Cancuc y a un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

Rechazo a megaproyectos

La Carretera de las Culturas es una infraestructura que debería enlazar las ciudades de Palenque y Pijijiapan, en la costa de Chiapas. Su primera elaboración se remonta a hace más de 20 años y tenía que entrar en funciones en 2009 con un trazado más corto, que conectaba San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Formaba parte de un plan todavía más ambicioso: el Centro Integralmente Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua Azul, un “proyecto eco-arqueológico” con una extensión de mil 400 hectáreas que para 2020 proyectaba atraer a 14 millones de turistas y alcanzar una oferta hotelera de 8 mil 350 cuartos. Las comunidades indígenas del norte de la entidad se organizaron y la autopista escénica y demás proyectos contemplados por el CIP nunca vieron la luz, a pesar de que el gobierno hizo varios intentos para convencerlas.

El CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul era una de las infraestructuras contempladas por el Plan Puebla Panamá —en 2008, rebautizado como Proyecto Mesoamérica—, que impulsaba la interconexión entre México, Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos. De acuerdo con sus promotores, su finalidad era favorecer el desarrollo económico y el bienestar en la región, mientras que sus detractores lo señalaban como un proyecto al servicio de las empresas transnacionales y encaminado al despojo de los territorios.

La actual administración retomó este sueño que fue de Fox y Calderón, a través de la construcción del Tren Maya en la península yucateca y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Ambas obras están conectadas por una serie de infraestructuras que, de la misma forma que el Plan Puebla Panamá, las enlazan también con Centroamérica. La Carretera de las Culturas es una de estas. 

En diciembre de 2019, el Congreso de Chiapas revivió en parte el finado CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul y aprobó la construcción de la súper carretera. La “estiró” unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca, donde el Corredor Interoceánico prevé el paso de un gasoducto y de una línea de ferrocarril que llegan hasta Guatemala. De esta forma, la autopista permitirá transportar a personas y mercancías desde Centroamérica hasta Palenque, donde habrá una estación del Tren Maya y un aeropuerto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está modernizando. La ciudad de Palenque estará a su vez conectada con la Península de Yucatán a través del Tramo 1 del Tren Maya y al Istmo de Tehuantepec gracias a otra línea de ferrocarril, que lleva al puerto de Coatzacoalcos.

En octubre de 2019, representantes del gobierno de Chiapas llegaron a San Juan Cancuc para promover la construcción de la Carretera de las Culturas y condicionaron la entrega de los programas sociales a la cesión del derecho de vía. Los pobladores se opusieron y tras una segunda visita del gobierno, en diciembre de 2020, en la plaza central del pueblo 45 comunidades ratificaron a mano alzada su rechazo a la autopista.

Manuel Santiz Cruz es uno de los opositores a la Carretera de las Culturas, que no es solo una autopista, sino una infraestructura funcional al plan de interconexión mesoamericana que López Obrador heredó de las administraciones anteriores. Al mismo proyecto se oponen también César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores del territorio tzeltales que la semana pasada fueron encontrados culpables del delito de motín por haber participado en una acción contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, municipio colindante con San Juan Cancuc.

La historia

El caso de los cinco pobladores de San Juan Cancuc es ejemplar de las anomalías del sistema de justicia mexicano. El proceso ha sido lento y con continuas suspensiones —en una ocasión, se aplazó la audiencia porque el juzgado envió a una traductora de lengua tzotzil en lugar que de lengua tzeltal—, y una vez se prohibió de forma arbitraria la entrada a Animal Político, a un representante de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a una observadora del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor). 

La investigación también tuvo irregularidades: el Registro Civil modificó con corrector el acta de defunción de Antonio Aguilar Pérez, el juez de control emitió la orden de aprehensión antes de que la Fiscalía de Justicia Indígena la solicitara y la carpeta de investigación afirma que tres de los cinco detenidos fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, cuando una foto tomada por una cámara de seguridad muestra que la detención se realizó el día anterior en San Juan Cancuc. 

Con esta foto impresa en una lona, los familiares y compañeros de los cinco se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión de cada audiencia del juicio. Allí contaron la historia: en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los habitantes del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc —entre ellos, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez DomínguezyJuan Velasco Aguilar— encontraron al policía Antonio Aguilar Pérez borracho y avisaron a sus colegas, que llegaron por él. Lo entregaron vivo. Unas horas después, los tres pobladores fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sin que se les explicara el motivo, y fue hasta el día siguiente que sus defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se enteraron de que estaban acusados de posesión de mariguana. Los abogados decidieron entonces llevar a otros pobladores a la fiscalía para declarar a favor de los detenidos. 

Dos días después, los acusados fueron liberados e inmediatamente les fue ejecutada una orden de aprehensión por el homicidio del policía municipal. Luego tocó a dos de los testigos que habían declarado a su favor: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se encontraban frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas cuando llegaron unos vehículos de la Policía Estatal y de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena, de donde bajaron unos 30 hombres armados que se los llevaron presos, acusándolos del asesinato de Antonio Aguilar Pérez.

“El policía municipal se murió cuando estaba bajo custodia de sus colegas”, aseguró el padre José Luis Vargas, párroco de San Juan Cancuc, durante una de las ruedas de prensa que se llevaron a cabo frente al Palacio de Justicia de Los Altos antes del comienzo de las audiencias. “Exigimos el enjuiciamiento de estos policías por omisión de auxilio, omisión de custodia, falsedad de declaración y detención ilegal, porque detuvieron a nuestros compañeros sin orden de aprehensión, y nunca han sido investigados”.

El sacerdote señala además que la Fiscalía de Justicia Indígena presentó al juzgado pruebas contradictorias: los policías municipales aseguraron que a las 5:00 AM los pobladores les entregaron su colega, y después de averiguar su deceso decidieron llevarlo a la casa de su esposa. Sin embargo, un criminalista y un policía de investigación declararon que el cadáver fue hallado a las 10:00 AM en una banqueta de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Durante el juicio, tras escuchar los alegatos de clausura, los cinco imputados tomaron la palabra ante la jueza. “Quiero mi libertad inmediata, soy inocente y ya llevo 11 meses detenido. Sufro y también sufren mi esposa y mis hijos”, dijo Agustín Pérez Domínguez. 

Su mujer se llama Petrona Hernández Pérez. “Agustín se enfermó en la cárcel y me cuesta encontrar dinero para su medicamento. Ni siquiera tenemos para comprar su colchón, en la cárcel no lo entregan y le toca dormir en el piso”, afirmó mientras mostraba una pancarta. “Desde que no está en la casa, mis seis hijos y yo no tenemos comida”. También las demás esposas están preocupadas por sus hijos, pues en sus casas falta quien proveía a la familia. Una de ellas incluso ya tuvo que migrar a Cancún.

Artículo publicado en Animal Político el 18 de mayo de 2023.

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José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, dos indígenas tzeltales de Chilón, Chiapas, fueron condenados a dos años de prisión por el delito de motín. De acuerdo con el juez de Ocosingo, el 15 de octubre de 2020 se encontraban al frente de un grupo de personas que estaban bloqueando una carretera para manifestarse en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio y gritaban consignas, llevaban palos y machetes y lanzaban piedras en contra de los policías, causando heridas a dos agentes estatales. 

Tras dar a conocer la sentencia, el juez informó que aceptaría parcialmente los argumentos de la defensa y determinó que los hombres pudieran salir libres después de pagar una multa de poco más de 2 mil pesos. La defensa, en tanto, reclamó que no se reconociera la inocencia de los acusados.

“No hay que confundir el motín con el derecho a protestar y a exigir de manera pacífica, que está reconocido por la Constitución y por tratados internacionales. José Luis y César son víctimas de un sistema de justicia que fabrica culpables y que usa el delito de motín para criminalizar personas inocentes”, dijo en su alegato de clausura Jorge Luis López López, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante legal de César Hernández. 

De acuerdo con el abogado, los dos campesinos se estaban manifestando pacíficamente y la investigación del fiscal ha sido deficiente, pues no hay pruebas como fotografías o grabaciones que comprueben su responsabilidad, sino solo testimonios de los policías involucrados, y no se demostró la calidad de los peritos y los legistas que aportaron los elementos que llevaron a la condena.

Megaproyectos y militarización de la región tzeltal

César y José Luis son campesinos y defensores. Su lucha es en contra de los megaproyectos que afectan al territorio tzeltal, en especial de la Carreteras de las Culturas. Se trata de una obra que conectaría la ciudad costeña de Pijijiapan con Palenque, en la selva Lacandona, pasando por Tuxtla Gutiérrez y la región montañosa de Los Altos, y que funcionaría como infraestructura de enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

El sueño de construir una autopista para impulsar el turismo y el tráfico de mercancías entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque —actualmente enlazados por una carretera llena de curvas y topes, que toma cinco horas cruzar— se remonta a la época del gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012). Fue truncado en 2008 a causa de la oposición de las comunidades de la región, muchas de las cuales son zapatistas o están articuladas alrededor de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El proyecto fue retomado por la actual administración y ampliado en unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca. 

Fue entonces cuando las resistencias se reavivaron y la represión se volvió a activar: en noviembre de 2020 fueron detenidos César y José Luis, y en junio de 2022 le tocó a cinco pobladores de San Juan Cancuc, otra comunidad tzeltal que ha denunciado la militarización de su territorio y se ha declarado en resistencia en contra del paso de la Carretera de las Culturas. Justo en estas semanas, los cinco están enfrentando un juicio por el supuesto homicidio de un policía. 

“Pusieron un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón para intimidarnos”, dice uno de los jóvenes tzeltales que han viajado hasta Ocosingo para apoyar a José Luis y César con rezos y oraciones afuera del juzgado. Está convencido de que las detenciones de sus compañeros buscan inmovilizarlos, mantenerlos con miedo a ser arrestados.

Siete de los 21 cuarteles que hasta el momento se planea construir en Chiapas están ubicados a lo largo de lo que podría ser el trazado de la Carretera de las Culturas: en los municipios de Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya.

“La presencia militar en regiones mayoritariamente indígenas nos preocupa, sobre todo en contextos de conflictos comunitarios que para su resolución ameritan estrategias en una lógica muy distinta a la militarización, y más a resolver las demandas de justicia social de las comunidades”, dice César Contreras León, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que promovió un amparo en contra de la presencia de la Guardia Nacional en Chilón, al argumentar que no existe un diagnóstico que muestre la presencia en este municipio de un índice delictivo tan alto como para erigir un cuartel. 

De acuerdo con los ejidatarios, este amparo que todavía no se resuelve logró parar la inauguración del cuartel pero no su construcción: ya está listo, aunque no está en sus plenas funciones. 

“En ningún momento el presidente municipal Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo (de Morena) consultó la construcción del cuartel ante los ejidatarios de los dos ejidos que conforman el municipio de Chilón: San Jerónimo y San Sebastián Bachajón. Lo consultó solo con unas pocas personas”, afirma Alejandro Gómez López, agente municipal de San Jerónimo Bachajón. 

Denuncia que el proyecto fue impuesto y generó divisiones entre los pobladores, que ya conocen las consecuencias de la militarización: en los 90, tras el alzamiento zapatista, en Chilón se construyó un cuartel. Los militares se la pasaban borrachos e intimidaban a la gente, violaban a las jóvenes y las embarazaban. En 2007, a través de la movilización, la población de Chilón logró que el cuartel cerrara.

Una sentencia agridulce

El 15 de octubre de 2020, César y José Luis se encontraban frente a la tienda San Jacinto en el crucero de Temó, a lo largo de la carretera que conecta Ocosingo con Palenque, cuando la policía rompió una manta de los ejidatarios y empezaron a volar piedras y palos. En el caos, los dos campesinos fueron golpeados, arrastrados y metidos a la góndola de una patrulla, como muestra un video que circuló entonces en redes sociales y que no fue admitido como prueba durante el juicio. Fue en la góndola donde se conocieron. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los torturaron nuevamente. 

César y José Luis estuvieron dos días incomunicados y sin comida. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a un vehículo donde pasaron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, y las manos cruzadas en la nuca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, dijeron los policías a los dos campesinos, que durante un rato que pareció infinito pensaron que iban a ser desaparecidos. Su destino era, en realidad, el CERSS El Amate, donde permanecieron 16 días, hasta que les fue otorgada la libertad condicional. 

Durante la audiencia intermedia, el juez no admitió a juicio las pruebas de las torturas y afirmó que las lesiones que los dos campesinos presentaban se las habían causado ellos mismos.

La sentencia fue agridulce para José Luis y César: ahora tienen antecedentes penales, pero pudieron regresar a sus comunidades en lugar de ser trasladados a la cárcel. “Me siento tranquilo, aunque esta sentencia no es justa”, dijo José Luis al salir del Juzgado de Control de Ocosingo, luego se conmovió. 

Sabe que regresará con su familia, pero ya nada es como antes: las torturas afectaron tanto a su espalda que no puede trabajar y su milpa está abandonada. También César tiene secuelas: le duele el abdomen cada vez que carga leña y le preocupa todavía más no poder dejar de pensar en lo que le tocó vivir. Al mismo tiempo, sabe que la vida sigue: en un mes tendrá a su bebé y le da fuerza la certeza de poder acompañarlo.

Artículo publicado en Animal Político el de mayo de 2023.

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“Le dieron la pena mínima, pues en caso de homicidio calificado son de 25 a 50 años de prisión. Espero por lo menos que no pase como con la masacre de Acteal, que años después los autores materiales fueron liberados”, afirma en entrevista Juan Pérez Gómez, padre de Simón Pedro. “Exijo reparaciones integrales y que se sigan investigando con los autores intelectuales: quién dio la orden y por qué motivo. Quiero una justicia que sea verdadera”.

La mañana del 5 de julio de 2021, Simón Pedro salió temprano de la comunidad de Nuevo Israelita, con su padre y su hijo. Estacionaron su carro en el centro de Simojovel y dieron unas vueltas buscando cotizaciones para abrir una carpintería.

“Miren, aquí está Hugo”, dijo Simón Pedro al encontrar a Arévalo Abarca en la calle. Lo reconoció porque era de su misma comunidad y lo conocía desde hacía mucho tiempo. Se sorprendió al verlo allí. 

Cuando se dio cuenta de que Simón Pedro y su familia lo estaban mirando, Hugo siguió hablando por teléfono y aceleró el paso, con su andar característico. El mismo andar que lo acompañaba cuando se acercaba, esposado, al Juzgado Civil de Pichucalco para ser enjuiciado, y que muestra en el video grabado por una cámara de vigilancia puesta frente a la tortillería El Globo de Simojovel el día del asesinato, donde se nota que le cuesta correr tras apretar el gatillo.

Hugo Rolando Arévalo Abarca sacó la pistola de su cintura. Disparó por lo menos tres tiros en contra del defensor de derechos humanos; dos de ellos hirieron a dos personas que se encontraban frente a la tortillería. Simón Pedro cayó inmediatamente al suelo, su padre y su hijo estaban a unos 15 metros de distancia. Un policía municipal que estaba haciendo su rondín en la zona fue el primero en llegar y sacó una foto del expresidente de Las Abejas de Acteal, que yacía en el piso. “¡Todavía está vivo!”, dijo. Lo subieron a una patrulla y murió poco después en el hospital. Hoy, Simón Pedro Pérez López está enterrado detrás de su casa.

Simón Pedro era un hombre de fe que predicaba la no violencia e incitaba a los feligreses de la parroquia Santa Catalina del municipio de Pantelhó a denunciar las violaciones que se vivían en la región: una zona de los Altos de Chiapas donde el poder de la criminalidad organizada era ejercido por mano de una familia, los Herrera, que la controlaba políticamente. El hartazgo de la población era fuerte y el asesinato de Simón Pedro fue la gota que derramó el vaso: a unos días de su homicidio, el 7 de julio de 2021, la población de Pantelhó se levantó y sacó a los Herrera del pueblo.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas de Acteal siempre afirmaron que su compañero fue asesinato por su labor en defensa de los derechos humanos y su esperanza era que el juez lo reconociera en su sentencia, así como pasó en 2021 con los homicidios de Juan Carrillo Martínez y su hijo Víctor Carrillo Carrillo en Chihuahua. En su caso, se reconoce que el Estado falló en brindar protección a las personas defensoras y determinó una reparación integral del daño a las familias directas de los fallecidos, así como a su comunidad.

En el caso de Simón Pedro Pérez López, la sentencia omite su trabajo en defensa de los derechos humanos y contempla solo medidas de reparación económica. 

“No se dictó una sentencia con perspectiva de derechos humanos, no se reconoce su labor como persona defensora y queda como si fuera un asesinato aislado”, afirma Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que asumió la representación legal de la familia de Simón Pedro. “Exigimos que se investigue a los autores intelectuales del asesinato, que se otorguen medidas de reparación integral y que se ponga atención a la continuidad de la violencia en la región de los Altos de Chiapas. Vemos la necesidad de medidas de no repetición que puedan proteger a la familia de Simón Pedro y a Las Abejas de Acteal”. 

Artículo publicado por Animal Político el 1 de abril de 2023.

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Ahora, quien da caza al cura tzotzil es la Fiscalía General de Chiapas, que emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas en Pantelhó, aunque familiares hablan de hasta 21 personas retenidas.

Los pobladores del municipio de los Altos de Chiapas están desaparecidos desde hace un año, cuando los habitantes del municipio se levantaron en contra del crimen organizado, sacaron a los políticos supuestamente coludidos y crearon un grupo de autodefensas llamado El Machete. El 26 de julio de 2021, día en que miles de personas tomaron la cabecera municipal, 21 hombres fueron expuestos en el parque central con las manos esposadas y acusados de tener vínculos con la criminalidad organizada. Desde entonces no se sabe nada de ellos. 

Sus familiares afirman que el responsable del delito es El Machete, que siempre rechazó las acusaciones. “Aquel día llegaron miles de personas de los municipios colindantes, todo el mundo iba encapuchado, no fuimos nosotros en retenerlos”, se defendió el comandante de El Machete en febrero, en ocasión de la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Hasta el cierre de edición, el organismo no respondido a este medio las preguntas sobre el caso.

El padre Marcelo ya demostró ante la fiscalía que se encontraba en Simojovel el 26 de julio de 2021, cuando la población de Pantelhó tomó la presidencia municipal. Llegó el día después, para calmar los ánimos y entablar su trabajo de mediación entre el gobierno y los pobladores.

***

El 5 de julio, alrededor de 20 mil integrantes del Pueblo Creyente, un movimiento católico que tiene mucha presencia en Chiapas y enfrenta represión, se movilizaron en unos 10 municipios. Las peregrinaciones se dieron en ocasión del primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que solía alentar a los feligreses de la parroquia de Santa Catalina de Pantelhó a denunciar la presencia del crimen organizado en la zona. Fue justo a unos días de su asesinato que la población organizada de este municipio, harta de tanta violencia, decidió rebelarse. 

En Nuevo Israelita, la comunidad de Simón Pedro, unos centenares de personas peregrinaron para conmemorar su vida y su legado. Frente a la casa de su familia, donde se encuentra su tumba, dejaron flores y tocaron música, algunos lloraron.

En San Cristóbal de Las Casas, la peregrinación del Pueblo Creyente del 5 de julio fue sobre todo un acto de solidaridad con el padre Marcelo Pérez. Unas mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, desfilaron por las calles de la ciudad hasta su zócalo, llevando flores e imágenes religiosas. El cura chiapaneco encabezó la movilización; como siempre, llevaba una boina negra y cargaba una bandera blanca con la palabra “paz”.

 “Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre al cierre de la peregrinación. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”. 

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Desde hace meses existían versiones que señalaban una relación entre el padre Marcelo y la desaparición de los pobladores de Pantelhó. “El cura dice que están vivos”, dijo un funcionario público a los familiares de los ausentes que se manifestaban frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, el 30 de septiembre de 2021. 

“Quien dijo esto es un irresponsable, yo no tengo ninguna información sobre las personas desaparecidas”, replicó el sacerdote en entrevista, el día después. 

El funcionario habló detrás de las rejas de un Palacio de Justicia cerrado, al que los manifestantes no tuvieron acceso. Desde hace un año, los familiares de los desaparecidos de Pantelhó, que no paran de tocar puertas de fiscalías y dependencias estatales y federales, acusan a El Machete de la desaparición de sus seres queridos y denuncian el involucramiento del sacerdote tzotzil. 

El 21 de junio, Pedro Cortés López, expresidente del Concejo Municipal de Pantelhó —elegido por usos y costumbres en agosto de 2021 tras el levantamiento popular—, ofreció una rueda de prensa frente al Congreso de Chiapas. Tras su ruptura con las autodefensas, que lo destituyeron por no haber supuestamente cumplido con la Cuenta Pública, Cortés aseguró que El Machete tiene a los secuestrados con vida y que durante la visita de la CNB los mantuvo escondidos. Justo después de la rueda de prensa, el presidente del Concejo Municipal fue detenido con el exregidor concejal Diego Mendoza Cruz por el delito de desaparición cometida por particulares, y se encuentra ahora en prisión preventiva en el penal El Amate de Cintalapa, Chiapas. 

“Empezamos a tener un poco de esperanza y fe en recibir una respuesta alentadora sobre el paradero de nuestros familiares”, escribieron entonces los familiares de los desaparecidos en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Exigimos la detención de los comandantes del grupo paramilitar El Machete por los delitos de secuestro y desaparición forzada de nuestros 21 familiares”.

Fue unos 10 días después que las versiones sobre el supuesto involucramiento del padre Marcelo Pérez se volvieron acusaciones formales.

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Cuando en octubre de 2021 el padre Marcelo Pérez llegó como párroco a la iglesia de la Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, muchos coletos no estuvieron contentos. En varias ocasiones, esta ciudad recibió a sacerdotes que caminaban “al lado de los pobres” (empezando con Fray Bartolomé de Las Casas en el siglo XVI y pasando por Samuel Ruiz en los años 90, cuya predicación puso involuntariamente las bases al nacimiento del EZLN) y algunos feligreses temían la cercanía del padre Marcelo con los movimientos sociales.

El cura tzotzil, originario de San Andrés Larráinzar, fue acompañante de varias peregrinaciones del Pueblo Creyente en contra de la violencia y en defensa del territorio. En marzo de 2015, unas 15 mil personas encabezadas por el padre Marcelo cruzaron las montañas de medio Chiapas para manifestarse en favor de la paz y en contra de las actividades ilícitas en Simojovel. Salieron de la cabecera municipal y caminaron durante cuatro días, cargando cruces y pancartas, hasta llegar exhaustos a la abrasadora capital chiapaneca. 

El sacerdote regresó allí dos años después, cuando la movilización del pueblo zoque acabó en una peregrinación masiva y en la suspensión de la ronda petrolera 2.2. “No tengamos miedo de luchar, está sustentado en la Biblia, no puede quedarse callada nuestra iglesia. Dios es el primero que levanta la voz diciendo: ‘no matarás’. Y destruir la madre tierra es matar la humanidad”, afirmó el cura durante la misa que celebró frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, al cierre de la caminata.  

El padre Marcelo Pérez también acompañó a los sobrevivientes de las masacre de Acteal y a los tzeltales de San Juan Cancuc y Chilón que defienden su territorio y luchan en contra de la militarización. En navidad de 2017, el cura chiapaneco celebró la misa en las montañas de Chalchihuitán, donde más de 5 mil personas llevaban casi dos meses desplazadas tras el ataque de un grupo armado de Chenalhó.

Así que nadie se sorprendió cuando, al llegar a San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los episodios de violencia están creciendo de forma exponencial, el padre Marcelo empezó a hablar de un “movimiento de la vida por la paz de San Cristóbal”. El 16 de junio pasado, en ocasión del Corpus Christi y a dos días de que un grupo de hombres armados tomó durante cinco horas la zona norte de la ciudad, el padre Marcelo y un puñado de feligreses peregrinaron por primera vez por el cese de la violencia en la ciudad chiapaneca.

Artículo publicado en Animal Político el 8.07.2022

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En la tarde de ayer, el juez de control decidió otorgar a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena 30 días para reunir más pruebas en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, todos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. 

Los cinco indígenas tseltales integran el Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación que tiene miles de bases en Chiapas, en su lucha pacífica en contra de la militarización y de los megaproyectos. Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, seguirán detenidos mientras la fiscalía investiga los hechos.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron arrestados el domingo 29 de mayo en San Juan Cancuc por posesión de mariguana —a pesar de que su carpeta de investigación afirma que fueron detenidos el día siguiente en San Cristóbal de Las Casas— y están acusados del asesinato del policía inmediatamente después de que demostraran que no traían ninguna droga. 

Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez fueron capturados el miércoles 1 de junio por un grupo de unos 30 policías armados, algunos de ellos iban de civiles, tras haber atestiguado en favor de sus tres compañeros, y también han sido acusados por el supuesto homicidio del policía.

Durante una audiencia en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, donde no se permitió acceso a la prensa, ayer la fiscalía presentó tres pruebas en contra de los cinco defensores del territorio: dos declaraciones de policías municipales y un reconocimiento médico, que no tiene valor científico. “El médico dice que el policía se murió por una hemorragia en las vísceras y me pregunto cómo pudo determinarlo si nunca revisó sus órganos internos”, afirma Jorge Gómez Hernández, abogado del CDH Frayba, que asumió la defensa legal de los detenidos.

No hay autopsia que compruebe que el policía municipal —que de acuerdo con la defensa fue encontrado borracho en una barranca por los pobladores del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc, rescatado y entregado vivo a sus colegas— fue asesinado. 

“Este es el punto: la nueva ley del sistema penal acusatorio dice que la fiscalía no debe tener corroborada la existencia de un delito, en este caso un homicidio. Para vincular a proceso se puede nada más presumir que se cometió un delito y sospechar que los acusados lo cometieron”, dice el abogado Gómez Hernández . “Es un estándar muy bajo para un sistema penal, donde está en juego la libertad de las personas, y es contrario a parámetros internacionales. ¿Cómo es posible que se pueda tener en la cárcel a una persona sin ni siquiera tener acreditada la existencia de un delito?”.

Durante la audiencia, frente a la puerta del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde el sábado pasado el Pueblo Creyente marchó para pedir la liberación de los cinco defensores del territorio tseltales, ayer se manifestaron personas cercanas al policía Antonio Aguilar Pérez. Sus pancartas señalaban como culpables a los acusados y pedían que la muerte del agente no quede impune.

“Lo golpearon hasta causar su muerte, sin explicar el motivo de su detención. Las personas que asesinaron a mi papá a golpes fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar”, ha afirmado entre sollozos Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del fallecido, en un comunicado que leyó frente a la prensa. “Que no liberen a los asesinos de mi papá, que no se dejen intimidar por grupos de defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes y asesinos. Si no hay justicia por parte del Estado, obliga a que la gente tome la justicia por propia mano”.

La carpeta de investigación no reconoce a los familiares de Antonio Aguilar Pérez como testigos, sino señala que al momento de los hechos estaban presentes algunos policías municipales —dos declararon en contra de los acusados— y pobladores del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Hay miedo entre ellos por ir a declarar, pues todos vieron la magnitud del operativo (tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal) que llevó a la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Y todos saben lo que puede pasar a quienes atestiguan en su favor: el día después de hacerlo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el supuesto homicidio del policía municipal.

Artículo publicado en Animal Político el 7.06.2022

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