“La mal llamada Carretera de las Culturas es un proyecto extractivista construido desde los intereses de los más poderosos. Los pobres se volverán más pobres y los ricos más ricos”, afirmó Pascuala Vázquez Aguilar, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), durante el conversatorio “¡Sí a la vida, no al despojo del territorio! El caso de la supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque”, que se llevó a cabo el 28 de febrero en San Cristóbal de Las Casas.

“Sabemos que detrás de la pantalla del turismo hay despojo de nuestro territorio, que no es sólo nuestra parcela, sino también la forma en que vivimos”, añadió la militante tzeltal en respuesta a las afirmaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien asegura que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas, además de que serán beneficiadas con la llegada de turistas.

El proyecto de construir una autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque se lanzó por primera vez en 2009 pero, a pesar de la insistencia de los gobernantes, nunca se realizó a causa de la oposición de las comunidades. Lo que los “gobiernos neoliberales” no pudieron lo logró Morena: en diciembre de 2019 el Congreso de Chiapas aprobó el proyecto con una extensión todavía mayor, es decir de Palenque hasta Pijijiapan, en la costa de Chiapas, y con un ramal de dieciocho kilómetros que conecta con la ciudad de Ocosingo.

Las obras del primer tramo, que de Palenque lleva al municipio de Chilón, arrancaron de forma ilegal, pues el banderazo de comienzo se dio en junio de 2025, pero la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada hasta el mes de octubre.

Modevite denuncia que el gobierno está imponiendo esta infraestructura a través del hostigamiento, del condicionamiento de la entrega de programas sociales como Sembrando Vida, de las amenazas de envío del cuerpo de élite de la Policía Estatal llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de manipulaciones de varios tipos. La organización, que tiene presencia en trece municipios de Chiapas, pone como ejemplos el caso de un ejido donde el comisariado pidió la firma de hojas en blanco, que sucesivamente resultaron ser documentos que autorizaban el paso de la carretera.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), también presente en el conversatorio, estas mismas estrategias de imposición se están usando también con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) ha señalado también otras similitudes con estos megaproyectos: la especulación sobre la tierra que la obra traerá en el largo plazo, las afectaciones ambientales y una MIA hecha “por cachitos”, que no permite entender los impactos cumulativos de la nueva carretera.

“Hay fallas en la MIA que hacen dudar de su validez”, afirmó durante el conversatorio un investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), que denuncia que la autopista funcionará como una barrera para las especies, causando una fragmentación de su hábitat. Además, su trazo pasa cerca o hasta encima de algunos ojos de agua y modifica el drenaje del agua, causando posibles inundaciones o sequías.

Los ponentes, quienes participaron en una caravana de documentación en los territorios afectados por la obra en el norte de Chiapas, denunciaron también que la información que el gobierno compartió a las comunidades ha sido parcial, que la consulta no las involucró, que los ingenieros trabajan en sus parcelas sin permiso y que el megaproyecto está causando división comunitaria y un aumento de la presencia militar en la región.

Artículo publicado en Desinformémonos el 2 de marzo de 2026.

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“Chiapas al borde de una guerra civil” es el título de un comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sacó en septiembre de 2021. Más de dos años después, los analistas de la entidad se dividen entre quienes piensan que fue una premonición y quienes la consideran una definición inadecuada. En lo que están de acuerdo todos los chiapanecos, menos el gobernador Rutilio Escandón, es que después de la pandemia de Covid-19 y en el marco de las elecciones estatales de 2021, la entidad cayó en una grave crisis de seguridad que sigue empeorando.

El EZLN se acerca a su 30 aniversario en este contexto. Al invitar a la sociedad civil nacional e internacional a participar en sus festejos, que se llevarán a cabo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, el subcomandante Moisés escribió: “Es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”.

Chiapas destaca por la rapidez con la que incrementó la percepción de inseguridad entre sus habitantes, en 10 años creció en 34%, de acuerdo con el Inegi.

Violencia generalizada en Chiapas

Dos meses antes del comunicado zapatista “Chiapas al borde de una guerra civil”, en julio de 2021, explotó lo que llevaba años gestándose. Tras el asesinato del luchador social y catequista Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, la población de Pantelhó se rebeló y nacieron unas autodefensas. Se volvió visible que en la región los Altos de Chiapas no sólo hay presencia histórica de agrupaciones armadas, que los caciques usan para desplazar gente y acaparrar tierras, sino que operan grupos de la criminalidad organizada procedentes de otros estados de la República.

Los dos fenómenos se fueron hibridando. “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”, explica Mario Ortega del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Esto pasó también con muchas organizaciones que acabaron disolviéndose en supuestas organizaciones sociales creadas e impuestas por la criminalidad organizada.

En julio de 2021, mientras la violencia en Pantelhó estallaba y miles de personas fueron obligadas a desplazarse, en Frontera Comalapa, a unas seis horas de allí, ocurrió algo que no solía pasar en Chiapas: enfrentamientos entre cárteles. La disputa por el territorio se esparció de Comalapa a los demás municipios de la zona fronteriza con Guatemala y de la Sierra Mariscal, llegó hasta la Zona Norte y a la Selva Lacandona.

La prensa local documenta, mes tras mes, cómo nuevos municipios se vuelven parte de la región en disputa. Es común leer notas sobre personas desaparecidas, cuerpos desmembrados y poblados enteros desplazados. La violencia no trajo sólo miedo sino problemas económicos: los campesinos no logran llegar a sus parcelas o comercializar sus productos, en los mercados se volvieron frecuentes los desabastos y a causa de la inseguridad cerraron algunos centros ecoturísticos que daban de comer a comunidades enteras.

El contexto no es fácil de leer y hay muchas zonas grises: es cada vez más difícil entender si los ejidatarios que bloquean una carretera tienen un interés genuino o están obligados por la criminalidad organizada, y se volvió complicado discernir una marcha por la paz espontánea de una impulsada por un cartel para dañar al otro.

La preocupación de los chiapanecos es que los niveles de violencia puedan incrementar al acercarse las próximas elecciones a la gubernatura en 2024. “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde allí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública”, dice Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos. “Sus tráficos implican el control del territorio y su objetivo es dominar cada presidencia municipal”. Ya en 2021, se cancelaron los comicios en seis municipios de Chiapas debido a la inseguridad.

Guerra de desgaste

De acuerdo con Gustavo Castro, a partir de 2000 se empezaron a sentir las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): las medidas impulsadas por el gobierno, entre ellas el programa PROCEDE, causaron una crisis en el campo que debilitó el control territorial del EZLN como de los ejidos y bienes comunales, que fungían como una barrera al ingreso de las organizaciones criminales.

La presencia del EZLN, que en sus comunidades tiene prohibida la siembra de estupefacientes, sigue representando un problema para los planes de expansión territorial de las organizaciones criminales. Sin embargo, no se conoce ningún ataque directo de la criminalidad organizada en contra de las aldeas zapatistas.

Esto no quiere decir que las comunidades rebeldes nos sean victima de agresiones. Según el Frayba ya no se trata del paramilitarismo de los años ’90, cuando la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) entrenaba “secretamente a ciertos sectores de la población civil” para destruir el EZLN, haciéndole el trabajo sucio: sembraban el terror en la población civil, desplazaban miles de personas, cometían masacres. Tras la masacre de Acteal de 1997, el revuelo nacional e internacional fue tan grande que la guerra contrainsurgente cambió de cara y se volvió una “guerra integral de desgaste”. Las acciones llamativas fueron sustituidas por operaciones menos visibles, pero continuas, que desgastan a la población, día tras día: unos balazos en una comunidad, unas familias desplazadas de otra, unos jóvenes encarcelados sin pruebas.

José Díaz Gómez, campesino y base de apoyo del EZLN, fue detenido el 25 de noviembre de 2022 y torturado por la policía, que lo acusó de robo con violencia. Otro zapatista, Manuel Gómez Vázquez, fue acusado del homicidio de un hombre, mientras Manuel se encontraba en su casa con su familia. El 16 de noviembre de 2023, el zapatista de 22 años fue absuelto porque la Fiscalía no pudo presentar pruebas; ya había pasado casi 3 años en prisión preventiva.

“En 2000, con el cambio de gobierno, se reestructuran las relaciones de poder y hay un cambio en la estrategia de contrainsurgencia. Se prioriza la cooptación: muchas organizaciones de lucha terminan siendo aliadas del Estado, se corporativizan y reciben beneficios, entre ellos cargos políticos para sus líderes, a nivel municipal o incluso estatal como diputados. Estas organizaciones disputan a otras, como el EZLN, su base social”, dice Mario Ortega del Frayba. “Al mismo tiempo, la violencia armada en contra del EZLN sigue. No existe un impulso directo a nivel federal, pero sí una permisividad, como en el caso de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que es una de las organizaciones corporativistas que fueron cooptadas”.

Desde 2019 a la fecha la ORCAO, que hasta finales de los años 90 y antes de recibir programas sociales estuvo ligada al zapatismo, realizó más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café. Secuestró y torturó a bases de apoyo del EZLN y en mayo de 2023 uno de ellos, Jorge López Santiz, recibió un impacto de bala a la altura del pecho. Estuvo diez días en terapia intensiva y el funcionamiento de su intestino quedó afectado.

En una situación de violencia generalizada como la que existe en Chiapas, los zapatistas son víctimas también de agresiones que no son dirigidas específicamente en contra de ellos. Es el caso de Aldama, víctima durante unos 4 años de ataques constantes de un grupo armado de Chenalhó, que causó 8 muertos, 27 heridos y más de 2 mil desplazados, algunos de ellos zapatistas.

En las últimas semanas, el EZLN emitió una serie de comunicados en los que anunció una reestructuración interna que no estaría completa hasta volver más eficaz y horizontal el gobierno autónomo en sus territorios e incrementar su seguridad.

Explica el subcomandante Moisés: “Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares.  Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida”.

Artículo publicado en Animal Político el 26.12.2013.

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José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, dos indígenas tzeltales de Chilón, Chiapas, fueron condenados a dos años de prisión por el delito de motín. De acuerdo con el juez de Ocosingo, el 15 de octubre de 2020 se encontraban al frente de un grupo de personas que estaban bloqueando una carretera para manifestarse en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio y gritaban consignas, llevaban palos y machetes y lanzaban piedras en contra de los policías, causando heridas a dos agentes estatales. 

Tras dar a conocer la sentencia, el juez informó que aceptaría parcialmente los argumentos de la defensa y determinó que los hombres pudieran salir libres después de pagar una multa de poco más de 2 mil pesos. La defensa, en tanto, reclamó que no se reconociera la inocencia de los acusados.

“No hay que confundir el motín con el derecho a protestar y a exigir de manera pacífica, que está reconocido por la Constitución y por tratados internacionales. José Luis y César son víctimas de un sistema de justicia que fabrica culpables y que usa el delito de motín para criminalizar personas inocentes”, dijo en su alegato de clausura Jorge Luis López López, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante legal de César Hernández. 

De acuerdo con el abogado, los dos campesinos se estaban manifestando pacíficamente y la investigación del fiscal ha sido deficiente, pues no hay pruebas como fotografías o grabaciones que comprueben su responsabilidad, sino solo testimonios de los policías involucrados, y no se demostró la calidad de los peritos y los legistas que aportaron los elementos que llevaron a la condena.

Megaproyectos y militarización de la región tzeltal

César y José Luis son campesinos y defensores. Su lucha es en contra de los megaproyectos que afectan al territorio tzeltal, en especial de la Carreteras de las Culturas. Se trata de una obra que conectaría la ciudad costeña de Pijijiapan con Palenque, en la selva Lacandona, pasando por Tuxtla Gutiérrez y la región montañosa de Los Altos, y que funcionaría como infraestructura de enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

El sueño de construir una autopista para impulsar el turismo y el tráfico de mercancías entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque —actualmente enlazados por una carretera llena de curvas y topes, que toma cinco horas cruzar— se remonta a la época del gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012). Fue truncado en 2008 a causa de la oposición de las comunidades de la región, muchas de las cuales son zapatistas o están articuladas alrededor de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El proyecto fue retomado por la actual administración y ampliado en unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca. 

Fue entonces cuando las resistencias se reavivaron y la represión se volvió a activar: en noviembre de 2020 fueron detenidos César y José Luis, y en junio de 2022 le tocó a cinco pobladores de San Juan Cancuc, otra comunidad tzeltal que ha denunciado la militarización de su territorio y se ha declarado en resistencia en contra del paso de la Carretera de las Culturas. Justo en estas semanas, los cinco están enfrentando un juicio por el supuesto homicidio de un policía. 

“Pusieron un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón para intimidarnos”, dice uno de los jóvenes tzeltales que han viajado hasta Ocosingo para apoyar a José Luis y César con rezos y oraciones afuera del juzgado. Está convencido de que las detenciones de sus compañeros buscan inmovilizarlos, mantenerlos con miedo a ser arrestados.

Siete de los 21 cuarteles que hasta el momento se planea construir en Chiapas están ubicados a lo largo de lo que podría ser el trazado de la Carretera de las Culturas: en los municipios de Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya.

“La presencia militar en regiones mayoritariamente indígenas nos preocupa, sobre todo en contextos de conflictos comunitarios que para su resolución ameritan estrategias en una lógica muy distinta a la militarización, y más a resolver las demandas de justicia social de las comunidades”, dice César Contreras León, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que promovió un amparo en contra de la presencia de la Guardia Nacional en Chilón, al argumentar que no existe un diagnóstico que muestre la presencia en este municipio de un índice delictivo tan alto como para erigir un cuartel. 

De acuerdo con los ejidatarios, este amparo que todavía no se resuelve logró parar la inauguración del cuartel pero no su construcción: ya está listo, aunque no está en sus plenas funciones. 

“En ningún momento el presidente municipal Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo (de Morena) consultó la construcción del cuartel ante los ejidatarios de los dos ejidos que conforman el municipio de Chilón: San Jerónimo y San Sebastián Bachajón. Lo consultó solo con unas pocas personas”, afirma Alejandro Gómez López, agente municipal de San Jerónimo Bachajón. 

Denuncia que el proyecto fue impuesto y generó divisiones entre los pobladores, que ya conocen las consecuencias de la militarización: en los 90, tras el alzamiento zapatista, en Chilón se construyó un cuartel. Los militares se la pasaban borrachos e intimidaban a la gente, violaban a las jóvenes y las embarazaban. En 2007, a través de la movilización, la población de Chilón logró que el cuartel cerrara.

Una sentencia agridulce

El 15 de octubre de 2020, César y José Luis se encontraban frente a la tienda San Jacinto en el crucero de Temó, a lo largo de la carretera que conecta Ocosingo con Palenque, cuando la policía rompió una manta de los ejidatarios y empezaron a volar piedras y palos. En el caos, los dos campesinos fueron golpeados, arrastrados y metidos a la góndola de una patrulla, como muestra un video que circuló entonces en redes sociales y que no fue admitido como prueba durante el juicio. Fue en la góndola donde se conocieron. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los torturaron nuevamente. 

César y José Luis estuvieron dos días incomunicados y sin comida. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a un vehículo donde pasaron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, y las manos cruzadas en la nuca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, dijeron los policías a los dos campesinos, que durante un rato que pareció infinito pensaron que iban a ser desaparecidos. Su destino era, en realidad, el CERSS El Amate, donde permanecieron 16 días, hasta que les fue otorgada la libertad condicional. 

Durante la audiencia intermedia, el juez no admitió a juicio las pruebas de las torturas y afirmó que las lesiones que los dos campesinos presentaban se las habían causado ellos mismos.

La sentencia fue agridulce para José Luis y César: ahora tienen antecedentes penales, pero pudieron regresar a sus comunidades en lugar de ser trasladados a la cárcel. “Me siento tranquilo, aunque esta sentencia no es justa”, dijo José Luis al salir del Juzgado de Control de Ocosingo, luego se conmovió. 

Sabe que regresará con su familia, pero ya nada es como antes: las torturas afectaron tanto a su espalda que no puede trabajar y su milpa está abandonada. También César tiene secuelas: le duele el abdomen cada vez que carga leña y le preocupa todavía más no poder dejar de pensar en lo que le tocó vivir. Al mismo tiempo, sabe que la vida sigue: en un mes tendrá a su bebé y le da fuerza la certeza de poder acompañarlo.

Artículo publicado en Animal Político el de mayo de 2023.

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