A menudo la familia del padre Marcelo Pérez Pérez visita su tumba. Se encuentra a un costado de la iglesia de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas, pueblo natal del sacerdote tzotzil que acompañaba muchas luchas por la defensa del territorio.

“Cuando estoy allí pido a Dios que llegue la justicia en nuestro Estado”, dice Romeo Pérez Pérez, que tiene el mismo brillo en la mirada que tuvo su hermano y un gesto muy parecido al estrechar la mano. Muestra la fotografía que se tomaron en su casa el 15 de octubre de 2024, cinco días antes del asesinato.

“Yo ya estuviera muerto, pero gracias a Dios estoy vivo”, le dijo el padre Marcelo aquel día, el último que compartieron. Como siempre Romeo se preocupó, pero conocía la temeridad de su hermano. “Tenía claro que su lucha era justa y por esto vivía con una cierta serenidad las amenazas que recibía. Sabía que lo importante era seguir con su trabajo”, dice.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Edgar, el asesino del padre Marcelo

Las grabaciones del 20 de octubre de 2024 de las cámaras ubicadas en la plazuela del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, muestran a una persona que se acerca al carro del padre Marcelo, que recién había salido de oficiar la misa. Es Edgar N, el hombre que dos días después fue detenido y meses más tarde, el 6 de agosto de 2025, fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber disparado al cura.

Edgar es originario de Nuevo León y tiene un pasado como narcomenudista. Llegó a la ciudad chiapaneca, donde fue contratado para asesinar al sacerdote, aproximadamente un mes antes del homicidio.

“No dimensionó la repercusión social y lo vasta que iba a ser la investigación. Lo consideró como un encargo cualquiera y pensaba que, como en muchos otros casos, iba a haber impunidad”, dice el abogado de la familia del padre Marcelo y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que prefiere el anonimato para proteger su seguridad. Explica que por la relevancia del caso —tras el asesinato, hasta el entonces papa Francisco se pronunció en solidaridad con la Iglesia mexicana—, la investigación pronto pasó de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) a la Fiscalía General de la República (FGR).

Caminante del Pueblo Creyente en San Andrés Larrainzar. Foto: Orsetta Bellani

¿Por qué optaron por el juicio abreviado?

La sentencia de 20 años en contra de Edgar N se dio por juicio abreviado, lo cual implica que reconozca los cargos a cambio de una reducción significativa de la pena.

“Aceptamos el juicio abreviado, aunque de esta forma no pudimos solicitar la pena máxima, que era de unos 50 años. Tomamos la decisión para no poner a los familiares en una situación de riesgo ni someterlos al estrés de un juicio, porque algunos son de la tercera edad”, dice el abogado.

El representante legal se dice satisfecho de que, en su sentencia, el juez destacó la importancia que tenía el padre Marcelo no sólo como presbítero, sino también como defensor de derechos humanos y vocero de los pueblos originarios. Además, asegura que la investigación sigue para dar con los autores intelectuales, y comparte que ya existen dos órdenes de aprehensión sin ejecutar: una en contra del hombre que manejaba la motocicleta en la que el asesino huyó, la otra en contra de quien estuvo revisando los movimientos del sacerdote. Los dos hombres son prófugos de la justicia.

Se inconforman ONG por el juicio abreviado 

No toda la sociedad civil chiapaneca aplaudió de lleno la sentencia. El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) la celebró, pero al mismo tiempo manifestó preocupación por el sometimiento a procedimiento abreviado.

“Lo fundamental de este mecanismo es la elusión de un juicio a partir de la autoinculpación del procesado, lo que evita el desahogo de pruebas recabadas”, escribe en un comunicado la organización internacional que acompañó al cura durante casi una década.

“No se conocerán en audiencia pública las pruebas ofrecidas por la FGR, lo que limita la posibilidad de acceder a una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Este aspecto tiene un impacto relevante en el derecho a la verdad en su dimensión colectiva: la sociedad tiene la facultad de conocer qué ocurrió en el asesinato del padre Marcelo”, agregó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) también expresó en un comunicado preocupaciones relacionadas con la estrategia institucional que mantiene la impunidad y la injusticia, “sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz, que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas”.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo.Foto: Orsetta Bellani

El acompañamiento al pueblo de Pantelhó

Personas cercanas al padre Marcelo piensan que su asesinato tiene que ver con el conflicto de Pantelhó, poblado que en el 2021 tras el homicidio del ex presidente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, se levantó en contra de los criminales que controlaban la presidencia municipal.

El sacerdote ya había recibido amenazas en la época en que era párroco de Chenalhó y acompañaba a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, también cuando desde la parroquia de Simojovel denunciaba a la mafia de los caciques locales. Pero fue al acercarse al pueblo de Pantelhó que las acusaciones en su contra se volvieron más agresivas: fue señalado de ser jefe del Machete, el grupo de autodefensas de Pantelhó, y en julio de 2022 la FGE emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas, ocurrida durante el levantamiento de la agrupación armada.

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre entonces. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”.

Padre Marcelo, al fondo, en la catedral de San Cristóbal de Las Casas tras la peregrinación por la Paz en Chiapas del 6 de julio de 2023. Foto: Orsetta Bellani

Jorge Santiago Santiago, defensor de derechos humanos sancristobalenses de larguísima trayectoria, recuerda que por pelear por los derechos de los pueblos, también a don Samuel Ruiz lo acusaron de ser el responsable del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Es cierto que el padre Marcelo asumió las denuncias de los crímenes que se cometían en Pantelhó, pero esto es muy diferente a dirigir o ser parte del Machete. Marcelo tampoco tenía un papel de mediador —que sí tuvo don Samuel Ruiz en el conflicto entre el EZLN y el gobierno—, sino que hacía un trabajo de búsqueda de justicia y de acompañamiento a las demandas de los pueblos frente a las estructuras de poder”, dice Jorge Santiago.

“Para mí no importa tanto quién lo mató, sino por qué lo mataron. Lo podríamos convertir a una cuestión individual, “lo mató tal persona por esto”, pero se trata más bien de intereses profundos, de defensa de la estructura económica y política. Lo asesinaron porque buscaba alternativas a un sistema y este sistema lo asesinó, por su insistencia, por su no parar”.

El problema de la inseguridad en Chiapas no está resuelto

El asesinato del padre Marcelo ocurrió durante un periodo de crisis de violencia e inseguridad en Chiapas, que empezó a mediados de 2021. Hoy en día, en Chiapas los enfrentamientos ya no son tan generalizados, pero tampoco se han detenido, sobre todo en zonas como la Sierra, la Frailesca y en la región fronteriza con Guatemala, país al que los chiapanecos se siguen desplazando. El 13 de octubre, tras un operativo de las fuerzas de seguridad, en los municipios de Jiquipulas, Cintalapa y Arriaga se registraron narcobloqueos, vehículos calcinados y un helicóptero militar fue agredido desde tierra.

“Cuando asesinaron al padre Marcelo estábamos en el contexto de la transición de gobierno y la población tenía la esperanza de que la nueva administración pudiera atender los problemas de inseguridad”, dice el padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“El gobierno anterior negaba el problema, ahora sí hay un discurso distinto que asegura que las zonas en conflicto serán atendidas. Se hizo una especie de tregua, pero el problema no está resuelto e incluso hay reportes de ciudadanos que denuncian que el nuevo cuerpo de seguridad del Estado, los Pakales, violan derechos humanos y fabrican delitos”.

La población en las calles

En marzo de 2025, durante la presentación del informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, Pedro Faro, del CDH Frayba, afirmó que el asesinato creó un clima de miedo en el estado. Muchos sintieron que si le pasó a un cura que gozaba de la “protección” de una institución como la Iglesia católica, le podía tocar a cualquiera.

Peregrinación que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, a dos semanas del asesinato del padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Al mismo tiempo, tras el asesinato del sacerdote los sujetos colectivos tomaron valor en las calles. Fuera carteles de Chiapas, gritaron miles de personas al acompañar el cortejo fúnebre del padre Marcelo. La misma consigna resonó en varias ocasiones en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, frente a transeúntes y turistas, durante las marchas organizadas por las parroquias.

Feligreses y ciudadanos se reunirán nuevamente en San Andrés Larráinzar este 20 de octubre, en ocasión del primer aniversario del asesinato del sacerdote. Acompañarán a Romeo Pérez Pérez y su familia en la marcha-peregrinación que conmemorará la vida del padre Marcelo en el lugar donde está “sembrado”.

Artículo publicado en Animal Político el 20 de octubre de 2025.

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Una vez más, el Pueblo Creyente marchó en las calles de San Cristóbal de Las Casas para denunciar la inseguridad que se vive en la entidad. “Fuera los cárteles de Chiapas!”, gritaron a gran voz durante su peregrinación que se llevó a cabo el sábado, un día después de que en el municipio de Huehuetán se encontraron cuatro cadáveres en medio de plantaciones de caña, atados de pies y manos y en estado de descomposición.

Los aproximadamente 10 mil integrantes de este movimiento católico cercano a la teología de la liberación llegaron de todo el Estado, también de los municipios que fueron más golpeados por la violencia que se disparó en la entidad a partir de la campaña electoral de 2021. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, las violencias de estos años llevaron al desplazamiento forzado de unas 20 mil personas.

“Que [las autoridades de los tres niveles de gobierno] caminen en las comunidades, como lo hicieron durante las campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas al término de la peregrinación, organizada en ocasión del cierre del Año Jubilar jTatic Samuel Ruiz.

Foto: Orsetta Bellani

Las pancartas y las consignas del Pueblo Creyente también pedían el esclarecimiento del homicidio de Padre Marcelo Pérez, que fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas el 20 de octubre, dejando todavía más evidente el protagonismo y la impunidad con que las organizaciones criminales actúan en la ciudad. “Gobierno, define tu postura, ¿estás con el pueblo o estás con el crimen?”, gritaban los feligreses.

El Pueblo Creyente quiso, además, denunciar las consecuencias económicas de la inseguridad, en especial para los campesinos que no logran entrar a sus parcelas, o que no pueden comercializar sus cosechas a causa de los continuos bloqueos instalados por las organizaciones criminales. Además, se denunció el encarecimiento de los precios que conllevan los problemas de transporte de los alimentos.

“Algunas carreteras han sido liberadas de los bloqueos [de la criminalidad organizada] y muchas familias que habían sido desplazadas están regresando a sus comunidades: están palpando un sentimiento de seguridad y quieren entender si es real. Pero siguen con mucho miedo y no se quieren poner en peligro”, afirmó Padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la marcha-peregrinación. “Hay una gran cantidad de armamento en las comunidades y muchos niños siguen sin tomar clases pues por la inseguridad los profesores no llegan. En este contexto tan fuerte de violencia, nuestros hermanos pastorales están allí trabajando, siguen su misión”, destacó el cura, que también subrayó que Estado e Iglesia están en sintonías distintas, siendo que ésta construye desde la no violencia.

Al contrario, la estrategia del nuevo gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (Morena) ha sido militarizar el territorio y llevar a cabo operativos, que llevaron a la detención de centenares de personas -entre ellos políticos y policías- a la incautación de vehículos y equipos de los grupos criminales y a la destrucción de las cámaras de vigilancias que instalaron en siete municipios.

Foto: Orsetta Bellani

“Se pasó de la actitud de negar los problemas a reconocerlos y enfrentarlos”, dijo el sábado en rueda de prensa monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. “Sin embargo, hay pueblos que tienen mucho temor y ven lo que se hizo como algo aparente, como algo que no es de fondo”.

Durante la rueda de prensa el licenciado Adrián del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que coadyuva en las investigaciones del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, aclaró que, por la secrecía de la investigación complementaria, no es posible ventilar si hubo detenciones después del 22 de octubre, cuando un hombre fue arrestado por el homicidio del cura. “Es por respeto al proceso de investigación y por un tema de seguridad: para las personas que pueden ser detenidas, para quienes dan acompañamiento al caso y para los familiares”, afirmó el representante del CDH Minerva Bello. Añadió que el 23 de enero se tenía que vencerá el término de la investigación complementaria, pero el tiempo se extendió hasta 23 de abril, cuando se harán públicos algunos hallazgos muy importantes.

La eucaristía fue celebrada por el nuncio apostólico monseñor Joseph Spiteri, representante del Vaticano en México, que durante la homilía recordó las palabras del Papa Francisco durante su visita a la ciudad, en febrero de 2016, sobre las injusticias en contra de los pueblos originarios. Aquel día, el Papa rezó frente a la tumba de Samuel Ruíz y hoy es su representante en marchar con el Pueblo Creyente, pidiendo que se haga justicia para otro sacerdote que marcó la historia de Chiapas: Padre Marcelo Pérez.

Foto: Orsetta Bellani

Artículo publicado en Desinformémonos el 29 de enero de 2025.

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No había suficientes bancas para recibir a todas las personas que, en filas ordenadas, entraron ayer a la catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Algunas se sentaron en el piso, otras quedaron paradas frente a la puerta. Eran feligreses de las parroquias de la ciudad y de algunas comunidades indígenas de las afueras. Apoyaron a un lado los estandartes de la Virgen de Guadalupe y las pancartas que cargaron durante la marcha-peregrinación por la verdad, la justicia y la construcción de paz, que acababa de desfilar en el centro. 

En estos días, en otras zonas de Chiapas se llevaron a cabo movilizaciones parecidas, convocadas por las parroquias ante la multiplicación de grupos armados y el incremento de la inseguridad en el estado, algo que la población chiapaneca observa cada día y que alcanzó las portadas de los medios nacionales hace poco más de una semana, con el secuestro por parte de un grupo criminal de 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC).

“Señor, mira a nuestros pueblos que sufren por el narcotráfico, las extorsiones y los abusos. Es triste que cada día son más y más los muertos y no hay una respuesta”, dijo durante la misa en la catedral monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los grupos de pandilleros se enfrentan cada vez más frecuentemente a la luz del día: en las calles traficadas, en los tianguis atiborrados de gente o frente a los supermercados, donde los clientes acaban tirados al piso. 

En los municipios que rodean San Cristóbal de Las Casas, la situación no es más alentadora. Hace un mes, en la comunidad de Polhó, en Chenalhó, hubo una masacre que cobró la vida de siete personas, entre ellas, un niño de tres años. 

Más recientemente, en Pantelhó, a unos 60 kilómetros de la ciudad, una serie de eventos causó miedo y confusión. Durante el pasado fin de semana, las autodefensas El Machete, que controlan Pantelhó desde hace un par de años y están acusadas de cometer abusos contra la población, se enfrentaron con un grupo armado que este lunes difundió un video, donde afirmaba haber tomado Pantelhó y sacado a las autodefensas y al Concejo Municipal. Sin embargo, al día siguiente, el Concejo Municipal contestó con otro video que muestra un poblado tranquilo, con su tianguis en funciones y el Ejército patrullando las calles. 

El levantamiento popular contra el crimen organizado que dio espacio al ascenso de las autodefensas se originó tras el asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas de Acteal. Era el 5 de julio de 2021 y fue justo ayer, en ocasión del segundo aniversario de su homicidio, que la Iglesia católica de Chiapas se movilizó por la paz en el estado.

“No podemos permitir a la violencia quitarnos espacios de trabajo, hay que mantener la organización y la resistencia de las comunidades y apostarle a la unidad, a pesar de las muchas divisiones existentes, sobre todo en este tiempo preelectoral. Tenemos que seguir impulsando lo que llamamos lekil kuxlejal e ich’el ta muk’, que es el buen vivir con respeto”, dice Estela Barco, de la organización Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas (Desmi), fundada por Samuel Ruiz, exobispo de San Cristóbal de Las Casas. 

“Ahora el futuro se ve confuso, no se observan muchas salidas a causa del discurso del Estado de que no hay inseguridad y que son los medios de comunicación los que exageran. Es muy grave no reconocer lo que pasa en un territorio”. 

Según el gobierno, “hay tranquilidad en Chiapas”

En la mañanera del 23 de junio, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los delitos de alto impacto en Chiapas “van a la baja”. 

“En general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas”, añadió en aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazó la existencia de agresiones generalizadas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de que desde 2019 a la fecha se han registrado más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los ataques son perpetrados por la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), cuyos integrantes reciben programas sociales como Sembrando Vida y participan en el gobierno municipal de Ocosingo, administrado por el PVEM.

Durante la mañanera del 23 de junio, López Obrador aseguró también que su administración está atendiendo la violencia en Chenalhó —de donde centenares de personas se tuvieron que desplazar— y el conflicto en Frontera Comalapa. Allí, la guerra entre grupos de la criminalidad organizada se recrudeció desde julio de 2021, causando desapariciones, muertes y desplazamientos forzados. Los enfrentamientos más recientes en esta zona fronteriza con Guatemala se dieron entre el 22 y el 25 de mayo, cuando comunidades enteras tuvieron que abandonar sus casas. 

Más de 300 personas se refugiaron en el colindante municipio de Chicomuselo, donde también operan grupos armados que acumulan riqueza a través del extractivismo. En 2006, la empresa Caracol empezó a explotar la barita —mineral que se usa en la extracción del petróleo—, presente en el subsuelo de Chicomuselo, y la parroquia inició un trabajo de concientización de las comunidades sobre los riesgos de la minería. Tres años después, el opositor Mariano Abarca fue asesinado y la resistencia creció, hasta conseguir el cierre de la mina. 

Chicomuselo fue declarado libre de minería, pero a principios de este año hombres armados se presentaron en las asambleas ejidales. Aparecieron en el ejido Morelia, de donde se están llevando la barita ya explotada, y en el ejido Santa María incluso reactivaron los trabajos de la mina sin permiso alguno. “En mayo vino la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer una inspección en Santa María y fueron sacados violentamente”, afirma un activista local. 

Negación de la realidad

Ayer, la Iglesia católica se movilizó también en otras zonas de Chiapas como Simojovel, Teopisca, Oxchuc y Ocosingo; en días pasados, marchó en las calles de Frontera Comalapa y Chicomuselo, y en agosto, se manifestará en la región cho’l. 

Casi todos estos municipios pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que en 1975 abrazó la “opción preferencial por los pobres”, uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación. En aquella época, el obispo era Samuel Ruiz, cuyo trabajo pastoral dejó una ruta marcada en la diócesis, que desde entonces adquirió una fuerte capacidad de organización y movilización. La instancia diocesana llamada Pueblo Creyente —promotora de las peregrinaciones a favor de la paz de estos días— nació tras las marchas que se dieron en 1992 por la liberación del padre Joel, párroco de Simojovel que había sido encarcelado con falsas acusaciones.

“Escuchamos un discurso de negación de la realidad de la violencia por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero el Estado tiene la responsabilidad de esta violencia que existe a nivel estatal y nacional”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó ayer al cierre de la misa en la catedral de San Cristóbal de Las Casas. “Continuaremos realizando nuestros ayunos, oraciones y peregrinaciones, y a denunciar las injusticias y la impunidad que vivimos como sociedad”. 

Artículo publicado en Animal Político el 6 de julio de 2023.

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Cinco pobladores tzeltales de San Juan Cancuc, entre ellos, el defensor del territorio Manuel Santiz Cruz, fueron declarados culpables del homicidio de un policía municipal y condenados a 25 años de prisión.

De acuerdo con la jueza, en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los cinco retuvieron al agente Antonio Aguilar Pérez en el barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. Luego, concluyó, frente a sus colegas que llegaron para rescatarlo, lo patearon hasta romperle siete costillas, que perforaron el pulmón derecho y causaron su muerte.

Los sentenciados son Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguezy Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia San Juan Evangelista de Cancuc e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), una organización de inspiración católica. En más de una asamblea, Santiz Cruz ha criticado abiertamente al presidente municipal priista José López López, y se ha opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en San Juan Cancuc y a un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

Rechazo a megaproyectos

La Carretera de las Culturas es una infraestructura que debería enlazar las ciudades de Palenque y Pijijiapan, en la costa de Chiapas. Su primera elaboración se remonta a hace más de 20 años y tenía que entrar en funciones en 2009 con un trazado más corto, que conectaba San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Formaba parte de un plan todavía más ambicioso: el Centro Integralmente Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua Azul, un “proyecto eco-arqueológico” con una extensión de mil 400 hectáreas que para 2020 proyectaba atraer a 14 millones de turistas y alcanzar una oferta hotelera de 8 mil 350 cuartos. Las comunidades indígenas del norte de la entidad se organizaron y la autopista escénica y demás proyectos contemplados por el CIP nunca vieron la luz, a pesar de que el gobierno hizo varios intentos para convencerlas.

El CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul era una de las infraestructuras contempladas por el Plan Puebla Panamá —en 2008, rebautizado como Proyecto Mesoamérica—, que impulsaba la interconexión entre México, Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos. De acuerdo con sus promotores, su finalidad era favorecer el desarrollo económico y el bienestar en la región, mientras que sus detractores lo señalaban como un proyecto al servicio de las empresas transnacionales y encaminado al despojo de los territorios.

La actual administración retomó este sueño que fue de Fox y Calderón, a través de la construcción del Tren Maya en la península yucateca y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Ambas obras están conectadas por una serie de infraestructuras que, de la misma forma que el Plan Puebla Panamá, las enlazan también con Centroamérica. La Carretera de las Culturas es una de estas. 

En diciembre de 2019, el Congreso de Chiapas revivió en parte el finado CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul y aprobó la construcción de la súper carretera. La “estiró” unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca, donde el Corredor Interoceánico prevé el paso de un gasoducto y de una línea de ferrocarril que llegan hasta Guatemala. De esta forma, la autopista permitirá transportar a personas y mercancías desde Centroamérica hasta Palenque, donde habrá una estación del Tren Maya y un aeropuerto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está modernizando. La ciudad de Palenque estará a su vez conectada con la Península de Yucatán a través del Tramo 1 del Tren Maya y al Istmo de Tehuantepec gracias a otra línea de ferrocarril, que lleva al puerto de Coatzacoalcos.

En octubre de 2019, representantes del gobierno de Chiapas llegaron a San Juan Cancuc para promover la construcción de la Carretera de las Culturas y condicionaron la entrega de los programas sociales a la cesión del derecho de vía. Los pobladores se opusieron y tras una segunda visita del gobierno, en diciembre de 2020, en la plaza central del pueblo 45 comunidades ratificaron a mano alzada su rechazo a la autopista.

Manuel Santiz Cruz es uno de los opositores a la Carretera de las Culturas, que no es solo una autopista, sino una infraestructura funcional al plan de interconexión mesoamericana que López Obrador heredó de las administraciones anteriores. Al mismo proyecto se oponen también César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores del territorio tzeltales que la semana pasada fueron encontrados culpables del delito de motín por haber participado en una acción contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, municipio colindante con San Juan Cancuc.

La historia

El caso de los cinco pobladores de San Juan Cancuc es ejemplar de las anomalías del sistema de justicia mexicano. El proceso ha sido lento y con continuas suspensiones —en una ocasión, se aplazó la audiencia porque el juzgado envió a una traductora de lengua tzotzil en lugar que de lengua tzeltal—, y una vez se prohibió de forma arbitraria la entrada a Animal Político, a un representante de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a una observadora del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor). 

La investigación también tuvo irregularidades: el Registro Civil modificó con corrector el acta de defunción de Antonio Aguilar Pérez, el juez de control emitió la orden de aprehensión antes de que la Fiscalía de Justicia Indígena la solicitara y la carpeta de investigación afirma que tres de los cinco detenidos fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, cuando una foto tomada por una cámara de seguridad muestra que la detención se realizó el día anterior en San Juan Cancuc. 

Con esta foto impresa en una lona, los familiares y compañeros de los cinco se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión de cada audiencia del juicio. Allí contaron la historia: en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los habitantes del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc —entre ellos, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez DomínguezyJuan Velasco Aguilar— encontraron al policía Antonio Aguilar Pérez borracho y avisaron a sus colegas, que llegaron por él. Lo entregaron vivo. Unas horas después, los tres pobladores fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sin que se les explicara el motivo, y fue hasta el día siguiente que sus defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se enteraron de que estaban acusados de posesión de mariguana. Los abogados decidieron entonces llevar a otros pobladores a la fiscalía para declarar a favor de los detenidos. 

Dos días después, los acusados fueron liberados e inmediatamente les fue ejecutada una orden de aprehensión por el homicidio del policía municipal. Luego tocó a dos de los testigos que habían declarado a su favor: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se encontraban frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas cuando llegaron unos vehículos de la Policía Estatal y de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena, de donde bajaron unos 30 hombres armados que se los llevaron presos, acusándolos del asesinato de Antonio Aguilar Pérez.

“El policía municipal se murió cuando estaba bajo custodia de sus colegas”, aseguró el padre José Luis Vargas, párroco de San Juan Cancuc, durante una de las ruedas de prensa que se llevaron a cabo frente al Palacio de Justicia de Los Altos antes del comienzo de las audiencias. “Exigimos el enjuiciamiento de estos policías por omisión de auxilio, omisión de custodia, falsedad de declaración y detención ilegal, porque detuvieron a nuestros compañeros sin orden de aprehensión, y nunca han sido investigados”.

El sacerdote señala además que la Fiscalía de Justicia Indígena presentó al juzgado pruebas contradictorias: los policías municipales aseguraron que a las 5:00 AM los pobladores les entregaron su colega, y después de averiguar su deceso decidieron llevarlo a la casa de su esposa. Sin embargo, un criminalista y un policía de investigación declararon que el cadáver fue hallado a las 10:00 AM en una banqueta de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Durante el juicio, tras escuchar los alegatos de clausura, los cinco imputados tomaron la palabra ante la jueza. “Quiero mi libertad inmediata, soy inocente y ya llevo 11 meses detenido. Sufro y también sufren mi esposa y mis hijos”, dijo Agustín Pérez Domínguez. 

Su mujer se llama Petrona Hernández Pérez. “Agustín se enfermó en la cárcel y me cuesta encontrar dinero para su medicamento. Ni siquiera tenemos para comprar su colchón, en la cárcel no lo entregan y le toca dormir en el piso”, afirmó mientras mostraba una pancarta. “Desde que no está en la casa, mis seis hijos y yo no tenemos comida”. También las demás esposas están preocupadas por sus hijos, pues en sus casas falta quien proveía a la familia. Una de ellas incluso ya tuvo que migrar a Cancún.

Artículo publicado en Animal Político el 18 de mayo de 2023.

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En la tarde de ayer, el juez de control decidió otorgar a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena 30 días para reunir más pruebas en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, todos de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc. 

Los cinco indígenas tseltales integran el Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación que tiene miles de bases en Chiapas, en su lucha pacífica en contra de la militarización y de los megaproyectos. Los detenidos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, o sea, seguirán detenidos mientras la fiscalía investiga los hechos.

Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron arrestados el domingo 29 de mayo en San Juan Cancuc por posesión de mariguana —a pesar de que su carpeta de investigación afirma que fueron detenidos el día siguiente en San Cristóbal de Las Casas— y están acusados del asesinato del policía inmediatamente después de que demostraran que no traían ninguna droga. 

Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez fueron capturados el miércoles 1 de junio por un grupo de unos 30 policías armados, algunos de ellos iban de civiles, tras haber atestiguado en favor de sus tres compañeros, y también han sido acusados por el supuesto homicidio del policía.

Durante una audiencia en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, donde no se permitió acceso a la prensa, ayer la fiscalía presentó tres pruebas en contra de los cinco defensores del territorio: dos declaraciones de policías municipales y un reconocimiento médico, que no tiene valor científico. “El médico dice que el policía se murió por una hemorragia en las vísceras y me pregunto cómo pudo determinarlo si nunca revisó sus órganos internos”, afirma Jorge Gómez Hernández, abogado del CDH Frayba, que asumió la defensa legal de los detenidos.

No hay autopsia que compruebe que el policía municipal —que de acuerdo con la defensa fue encontrado borracho en una barranca por los pobladores del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc, rescatado y entregado vivo a sus colegas— fue asesinado. 

“Este es el punto: la nueva ley del sistema penal acusatorio dice que la fiscalía no debe tener corroborada la existencia de un delito, en este caso un homicidio. Para vincular a proceso se puede nada más presumir que se cometió un delito y sospechar que los acusados lo cometieron”, dice el abogado Gómez Hernández . “Es un estándar muy bajo para un sistema penal, donde está en juego la libertad de las personas, y es contrario a parámetros internacionales. ¿Cómo es posible que se pueda tener en la cárcel a una persona sin ni siquiera tener acreditada la existencia de un delito?”.

Durante la audiencia, frente a la puerta del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde el sábado pasado el Pueblo Creyente marchó para pedir la liberación de los cinco defensores del territorio tseltales, ayer se manifestaron personas cercanas al policía Antonio Aguilar Pérez. Sus pancartas señalaban como culpables a los acusados y pedían que la muerte del agente no quede impune.

“Lo golpearon hasta causar su muerte, sin explicar el motivo de su detención. Las personas que asesinaron a mi papá a golpes fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Sántiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar”, ha afirmado entre sollozos Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del fallecido, en un comunicado que leyó frente a la prensa. “Que no liberen a los asesinos de mi papá, que no se dejen intimidar por grupos de defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes y asesinos. Si no hay justicia por parte del Estado, obliga a que la gente tome la justicia por propia mano”.

La carpeta de investigación no reconoce a los familiares de Antonio Aguilar Pérez como testigos, sino señala que al momento de los hechos estaban presentes algunos policías municipales —dos declararon en contra de los acusados— y pobladores del barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Hay miedo entre ellos por ir a declarar, pues todos vieron la magnitud del operativo (tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal) que llevó a la detención de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. Y todos saben lo que puede pasar a quienes atestiguan en su favor: el día después de hacerlo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez también fueron detenidos por el supuesto homicidio del policía municipal.

Artículo publicado en Animal Político el 7.06.2022

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Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.   

Tras el rescate de Aguilar Pérez, mucha gente del barrio se congregó en la calle. Entre ellos estaba Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc, colectivo que es parte del Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación. Ahora, él y cuatro compañeros suyos —todos indígenas tseltales— están acusados del asesinato del policía, a pesar de que no hay pruebas en su contra.

En más de una asamblea, Sántiz Cruz se ha opuesto al presidente municipal, José López López (PRI). En algunos casos fue por un conflicto relacionado con la invasión de unos potreros, en otros casos fue por oponerse a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su territorio o por criticar un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

En su primera elaboración, hace unos 20 años, la Carretera de las Culturas quería conectar a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Palenque para beneficio del turismo. La oposición de las comunidades indígenas, preocupadas por la intención de Fonatur de transformar Chiapas en una “nueva Cancún”, llevó al congelamiento del megaproyecto en 2008, pero la actual administración decidió retomarlo y ampliarlo unos 300 kilómetros. Aprobada por el Congreso de Chiapas en diciembre de 2019, la nueva Carretera de las Culturas pretende conectar los balnearios y sitios arqueológicos de la zona de Palenque con las playas de Pijijiapan, y funcionaría como bisagra entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico. 

Ante esto, 45 comunidades de San Juan Cancuc se declararon en resistencia civil en contra de la autopista y en muchos municipios de Chiapas la resistencia al megaproyecto se ha revitalizado, al mismo tiempo que se ha reactivado la represión en su contra.

“Es preocupante la situación de los defensores comunitarios, lo que está pasando en San Juan Cancuc lo podemos vincular con la situación de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano de Chilón”, afirma Victórico Gálvez Pérez del Centro de Derechos Humanos Frayba (CDH Frayba).

Se refiere al caso de otros dos defensores tseltales que también se oponen al paso de la Carretera de las Culturas en sus comunidades, ubicadas en el municipio de Chilón, y que fueron detenidos en octubre de 2020 durante una manifestación en contra de la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

La mañana después del accidente con el policía, a las 7:00 horas del domingo 29 de mayo, un operativo conjunto de tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal detuvo en San Juan Cancuc a Manuel Sántiz Cruz. Con él fueron arrestados Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, también integrantes del Pueblo Creyente. 

Durante 24 horas, los tres hombres estuvieron desaparecidos e incomunicados y, cuando sus abogados lograron dar con su paradero, obtuvieron una carpeta de investigación donde la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena relata una detención por posesión de mariguana que supuestamente ocurrió en la mañana del lunes 30 de mayo, en el barrio San Diego de San Cristóbal de Las Casas. Sus defensores buscaron testigos que declararan que la detención había ocurrido el día antes y en San Juan Cancuc, y finalmente los tres detenidos quedaron en libertad. Fueron liberados en la misma noche del martes 31 de mayo e inmediatamente arrestados por el homicidio del policía de San Juan Cancuc.

“La Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, escribe el Frayba en un comunicado. “Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”.

El martes 31 de mayo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez atestiguaron que sus tres compañeros habían sido detenidos el domingo en San Juan Cancuc, y no el lunes en San Cristóbal de Las Casas, como señalaba su carpeta de investigación. Al día siguiente, los dos se encontraban en una camioneta frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, junto con los familiares de los tres detenidos y dos acompañantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), esperando a que sus abogados salieran del juzgado.

Tres camionetas de la policía estatal y tres vehículos particulares con integrantes de la Policía Especializada de la Fiscalía Indígena, que iban de civiles, se estacionaron a su lado. Unos 30 hombres armados bajaron y, entre jalones y gritos, detuvieron a los dos campesinos. 

“Soy su abogado y me tienen que notificar adónde se los llevan”, les dijo su representante legal, aterrado por la desmesura del operativo. 

“Tienen orden de aprehensión y los llevamos”, le contestó un policía, que le mostró un documento sin darle tiempo para leerlo.

Las seis camionetas arrancaron rumbo a San Cristóbal de Las Casas, y los dos detenidos aparecieron horas después donde se los habían llevado, en el Juzgado de Control. 

Hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Cancuc, que se encuentran resguardados en sus comunidades. Ahora, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez están detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, con sus tres compañeros Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar. 

Esto, a pesar de que las acusaciones en su contra están basadas sobre los señalamientos de un solo policía y que no existe una autopsia que compruebe científicamente la causa de muerte. Solo existe una valoración médica donde se habla de “fallecimiento por paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico”. Están acusados del homicidio de un hombre sin que haya prueba de que fue asesinado. 

El sábado, el Pueblo Creyente abrazó a sus cinco compañeros detenidos en el CERSS número 5. Lo hizo con una peregrinación: una marcha que rodeó los muros del penal. Personas expusieron pancartas que pedían libertad para los cinco y cantaron letanías leves, que en parte sonaban a rezo y en parte a lucha. “No es posible encerrar la verdad”, decía una. 

La peregrinación dibujó un anillo alrededor de la cárcel y concluyó frente al portón de entrada, donde los peregrinos prendieron copal y velas blancas a lado de una Biblia en tzeltal. Leyeron salmos y gritaron consignas, mientras una joven pastaba ovejas a su alrededor, los policías del otro lado de las rejas les sacaban fotos y los carros transitaban en la carretera como si nada estuviera pasando. 

“Estamos aquí para exigir justicia para nuestros hermanos presos y por esto decimos: los miramos de enfrente porque caminamos con la verdad”, dijo el padre José Luis de San Juan Cancuc, que como sus compañeros está en espera de la audiencia. La tarde de este lunes, un juez decidirá si vincular a los cinco detenidos a proceso y dejarlos en prisión preventiva, o no vincularlos y ponerlos en libertad.

Artículo publicado en Animal Político el 6.06.2022

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