Miguel corrió rumbo a la salida del pueblo, por donde pasa la autopista que conecta la Ciudad de México a Oaxaca y a los demás estados del sur. “Intenté acercarme pasando por la parte de atrás del hospital comunitario. Allí afuera estaban los policías y aventaban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar”, recuerda Miguel, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad. “La gente empezó a lanzar piedras en contra de los policías, yo me quede allí observando una media hora, pero llegaron más agentes. Corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, llegué hasta el panteón pero allí no pudimos cruzar porque había un tráiler de pollos que se estaba incendiando”.

Fue allí que unos policías posicionados encima del muro del panteón dispararon a Miguel. “Cuando vi que estaban apuntando, escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo”, relata el joven. Luego me agarra un dedo con su única mano no vendada y lo pasea por su hombro, donde finalmente percibo una pequeña protuberancia: “Toca acá. Es una bala, lleva un mes y medio allí”, dice.

Un médico de Nochixtlán, que prefiere guardar el anonimato, nos contó que en el día del ataque la policía ocupó el hospital para impedir al personal de atender a los civiles, y que los heridos eran trasladados a la parroquia. A pesar de que todas las personas que encontramos en Nochixtlán confirmaron esta versión, en entrevista con el diario La Jornadael director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, la rechazó. “No tengo ningún reporte de que haya sido negado ningún servicio, porque tenemos un protocolo, y cuando se niegan los servicios, ese protocolo se activa y se busca a los afectados”, afirmó el funcionario.

Según el medico de Nochixtlán que atendió a los heridos en la parroquia, el día del ataque llegaron unas 110 personas, todas heridas de balas. Alrededor de 50 eran casos complicados, pero allí no habían herramientas para sacar a los proyectiles. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos llevará una bala clavada en el cuerpo durante toda su vida, pues después de un rato los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.

El doctor creó un consultorio médico adentro de la escuela primaria de Nochixtlán, donde brinda atención básica y permite a los pacientes de guardar su anonimato. “Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados”, explica.

Relata que, después de las primeras negociaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la CNTE, fueron enviadas a Nochixtlán unas unidades médicas, pero no traían los especialistas necesarios para atender a los heridos de gravedad. Sin embargo, en las negociaciones más recientes se acordó trasladar a los heridos del ataque del 19 de junio a la Ciudad de México para ser trasladados y atendidos.

El médico añade que, a pesar de que unas siete personas heridas están tan asustadas que prefirieron no viajar a la Ciudad de México para ser atendidas, muchas de las víctimas del ataque están poco a poco perdiendo el miedo a salir públicamente para denunciar lo ocurrido.

De hecho, los heridos del ataque marcharon en la capital para exigir reparación del daño, justicia y castigo a los responsables, y tienen intención de presentar una demanda colectiva junto con los familiares de los fallecidos. El Comité de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) está preparando un expediente sobre el caso para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o alguna otra instancia internacional durante el mes de septiembre pues, afirma, en el ataque hay una clara responsabilidad del Estado, que no juzgará a si mismo.

Artículo publicado en el Programa de Las Américas el 11.09.2016

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El sol del trópico quema sobre el asfalto de la autopista que une las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, mientras unos 8mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) – el sector más rebelde del magisterio mexicano – miran con satisfacción a la Policía Federal abrirles el paso.

Los integrantes de la CNTE caminan rumbo a la caseta de cobro con sus escudos, cascos, palos y máscaras antigás, cantando consignas en contra de la reforma educativa y del presidente Enrique Peña Nieto. Allí se instalan durante unas horas para impedir el paso a los vehículos, una de las formas de protesta más comunes en México.

Con los maestros y el calor del mediodía, aparecen también los vendedores ambulantes: empujan carritos de helados, raspados, fruta fresca. Una señora que ofrece mangos y pepinos intenta convencernos: “Compren antes de que la policía les lance gases”. Algunos manifestantes levantan una valla de escudos y cuerpos para bloquear la autopista, otros se esperan en la sombra.

Desde el 15 de mayo, cuando comenzaron las movilizaciones de la CNTE, muchas carreteras del país están tapadas, causando problemas de desabasto de víveres y gasolina, y obligando a las compañías de autobuses foráneos a cancelar sus carreras.

“Seguiremos manifestando hasta cuando el gobierno abrogará la reforma que abre las puertas a la privatización de la educación”, afirma José Luis, un maestro de la CNTE del Municipio de Ixtapa, que luce el rostro de Che Guevara colgado al cuello y tatuado en el brazo.

Las negociaciones entre el gobierno y la CNTE ya están en curso. El Secretario de la Educación Pública Aurelio Nuño ha asegurado que “la reforma es un proceso que no se va a detener”, y que el diálogo será político y no educativo. Por su parte, el maestro José Luis afirma que no se puede abrir un diálogo que no involucre los contenidos de la reforma, y que lo que quiere el gobierno es desgastar al movimiento esperando que los profesores se cansen de manifestarse. Sin embargo, asegura José Luis, ellos no se cansarán.

Tablets y computadoras

El estado de la educación pública en México es trágico. Diez millones de personas no han acudido a la escuela primaria y existen jóvenes que salen de la preparatoria sabiendo a duras penas leer y escribir. El mismo ex Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, ha reconocido que los libros de textos tienen faltas de ortografía y errores científicos.

De acuerdo a la CNTE, es necesaria una reforma del sector que involucre a los profesores en su diseño y que no sea – como la promulgada por Peña Nieto en 2013 – impuesta por los organismos financieros internacionales cuyo objetivo es privatizar la educación.

“El gobierno dice que dará tablets y computadoras a los niños, pero donde yo enseño no hay ni siquiera energía eléctrica. Además, si los niños llegan a la escuela sin haber desayunado, ¿cómo se piensa que puedan pagar un libro de texto?”, pregunta un maestro de una zona llamada Altos de Chiapas, donde el 88% de la población vive en la pobreza.

Unos momentos antes, cuando frente a la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas un muro formado por los policías federales intentaba contener la iniciativa de la CNTE, la tensión espesaba el aire. A unos pocos metros de la Federal, dos hileras de profesores enseñaban sus cascos, resorteras y los escudos que habían secuestrado a la policía en las movilizaciones anteriores. Detrás de ellos, miles de sus colegas esperaban que se evitara la violencia.

En aquellos instantes era difícil no pensar en lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca, cuando la policía disparó en contra de los maestros de la CNTE y de los padres de familias que habían organizado el bloqueo de una carretera, matando a 12 personas. Entre ellos Jesús Cadena, un catequista y estudiante de seminario de 19 años, llegado para socorrer a los heridos.

De acuerdo a medios locales, aquel día la policía tomó el control del Hospital General de Nochixtlán para impedir el ingreso de los heridos, mientras que a unos 300 km un periodista fue ejecutado con un balazo a quemarropa cuando estaba cubriendo las movilizaciones en la ciudad de Juchitán. El último asesinado relacionado con las protesta se registró en la madrugada de domingo, cuando se encontró el cuerpo sin vida del periodista y activista Salvador Olmos García de Huajuapan.

El saldo de la represión cuenta también numerosos heridos, desaparecidos y detenidos, entre ellos los líderes de la CNTE Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos. Están acusados de lavado de dinero y robo de libros de texto, y las autoridades han asegurado que su detención no es política.

«Abriremos cuando haya justicia»

Oaxaca es el Estado donde se están dando las movilizaciones más fuertes. Los medios que lograron superar los bloqueos para viajar a Nochixtlán desde la capital del Estado, famosa por su arquitectura colonial y su sabrosa comida, describen carreteras interrumpidas por barricadas con autos, camiones y autobuses quemados a sus orillas. “Turista, Oaxaca está temporalmente cerrada. Abriremos tan pronto como haya justicia”, se lee en un muro del centro de la ciudad.

El 11 de junio, la capital de Oaxaca ha visto un fantasma de su pasado. La policía reprimió una movilización de la CNTE que, apoyada por la población, construyó barricadas y empezó una batalla con la policía.

En aquellos días se cumplían justo 10 años del desalojo de los maestros de la CNTE de junio 2006, cuando la represión fue tan brutal que la población se sumó a las movilizaciones y se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La APPO bloqueó el acceso a la ciudad, echó a los partidos políticos y la población oaxaqueña promovió una experiencia de autogobierno, que ha sido llamada Comuna de Oaxaca.

“No creo que la APPO haya cambiado al país, pero sí dejó una gran lección al movimiento social y le envió un mensaje al poder: no necesitamos sus instituciones y sus fuerzas del orden. Podemos decidir, organizarnos y cuidarnos a nosotros mismos”, afirma en entrevista Montserrat Sanmartín Cruz, integrante de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), que desde el 4 de junio se está movilizando con el magisterio. La joven participó también en las protestas de hace 10 años: en las marchas, en las barricadas y en la toma de Canal 9, la televisora de Estado que un grupo de mujeres logró ocupar para establecer y transmitir su propia programación.

El plantón de la CNTE en el centro de Tuxtla Gutiérrez ha sido instalado a mediados de mayo, y crece día a día. Los maestros de Chiapas mudaron sus vidas debajo de estas lonas de plástico, levantadas con palos de madera: allí pusieron sus colchones, radios, ollas y cocinas. Establecieron turnos para cocinar, limpiar y tienen asambleas que duran hasta la madrugada, donde deciden sus actividades cotidianas de protesta. Desde hace más de un mes viven aquí, a pesar del calor tenaz de las tardes chiapanecas y de los aguaceros improvisos típicos de esta temporada.

Los maestros se turnan para vivir en el plantón, donde transcurren cinco días y luego regresan tres días a sus casas. Muchos vienen de zonas remotas de esta región de montañas y selva, donde las carreteras no tienen asfalto y a las escuelas les falta piso firme y paredes de cemento.

Buena parte de la comida que consumen es regalada por la población de Tuxtla Gutiérrez, una ciudad donde la protesta social nunca floreció mucho, y que sin embargo parece haberse despertado. Todo comenzó diez días después del comienzo de las movilizaciones, cuando la policía reprimió con brutalidad los maestros, causando una reacción opuesta a la esperada: miles de ciudadanos que vieron la violencia de sus ventanas, salieron a marchar con la CNTE.

“Creo que la única forma de evitar otra masacre disfrazada de un supuesto «orden público» es salir a las calles y hacerse presente, hacer protesta pacífica con organización y cultura”, afirma en entrevista Julieta Albores González, arquitecta y escultora de Tuxtla Gutiérrez. “Creo que la solidaridad espontánea que ha surgido en el pueblo chiapaneco se debe sobretodo a un hartazgo general, pues desde el sexenio pasado la crisis económica y social va de mal en peor, las instituciones están en bancarrota y la iniciativa privada atraviesa una crisis como nunca”.

Desde las regiones del sur, la movilización de los maestros y de la población mexicana se está expandiendo hacia los estados del norte, históricamente más conservadores. Como en las ciudades de Monterrey y Durango, donde miles de personas han salido a las calles.

Un paro de los profesores que se está transformando en una insurrección popular, que crece e involucra los empleados del sector salud, universitarios, una parte de la Iglesia y la ciudadanía en general.

 Artículo publicado en El Gara el 30.06.2016.

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