Antonio González Méndez trabajaba en la tienda cooperativa Arroyo Frío del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Fue allí donde conoció a Juan Regino López Leoporto, que de vez en cuando llegaba para comprar. Antonio no prestó mucha atención a lo que decían sus compañeros, que señalaban a Juan Regino —un muchacho de 17 años— como integrante de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar de afiliación priista que operaba en la zona norte de Chiapas y que tenía una cara pública de asociación civil para poder recibir apoyo oficial. Incluso, en 1997, el gobierno chiapaneco le dio 4 millones 6 mil pesos “para impulsar proyectos agroecológicos y productivos”. 

Era la noche del 18 de enero de 1999 cuando Antonio, indígena ch’ol base de apoyo del EZLN y militante del PRD, salió de su casa con Juan Regino y nunca más regresó. Al día siguiente empezó la búsqueda encabezada por su esposa, Sonia López Juárez, que se ha mantenido firme durante los últimos 24 años. 

Inicialmente, la mujer acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, que buscaron a Antonio en el río y en el monte y llegaron a detener a Juan Regino, a quien pronto soltaron. Luego, Sonia viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez, donde tampoco le hicieron mucho caso: el Ministerio Público tardó casi tres años en pedir una fotografía de Antonio para facilitar su búsqueda.

Al no encontrar respuestas en los tribunales nacionales, en el 2000 Sonia, sus hijas y su hijo, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición presuntamente forzada de Antonio y la falta de investigación de los hechos.

“Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen también a los demás desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias también están sufriendo”, dijo Sonia durante la audiencia que se llevó a cabo ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Que encuentren también a Juan Regino, es el único que sabe dónde está Antonio”. 

En Facebook hay un perfil de un hombre que responde al mismo nombre y es originario de Sabanilla. Dice que Juan Regino López Leoporto vivió por lo menos hasta 2014 en Bellavista, Jalisco, donde trabajaba como pintor de casas. 

Lee: Miles de mujeres de todo el mundo llegan a Chiapas para luchar junto a las zapatistas por sus derechos

La guerra contrainsurgente en Chiapas

Cinco años antes de la desaparición de Antonio González, el EZLN se levantó en armas. Para contener la expansión del proyecto de autonomía que los zapatistas estaban construyendo en muchos municipios de Chiapas, el Estado impulsó una política contrainsurgente moldeada en el manual Plan de Campaña Chiapas 94, donde se afirma la necesidad de organizar “secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”. 

En un principio, en la zona norte de Chiapas, y luego en otras regiones del estado, nació un total de 13 agrupaciones paramilitares: grupos de civiles armados que gozaban del apoyo financiero y logístico del Estado. Su función era hacerle la guerra al EZLN y al mismo tiempo sembrar terror entre la población, de acuerdo con una táctica contrainsurgente llamada “yunque y martillo”, donde el primero es representado por el Ejército, que actúa como contención pasiva a la guerrilla, y el segundo son los grupos paramilitares que operan, de forma clandestina, atacando activamente a sus comunidades.

Por esto, de acuerdo con los peticionarios ante el SIDH, los hechos cometidos por los grupos paramilitares son imputables al Estado y, por lo tanto, desapariciones como la de Antonio se pueden considerar como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Estado ha negado su relación con Desarrollo, Paz y Justicia y con los demás grupos paramilitares que operaban en los años 90. 

En la zona norte de Chiapas, la guerra contrainsurgente fue especialmente dura: tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, 4 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada, 85 fueron asesinadas y 37 siguen desaparecidas, entre ellas Antonio González. 

“Hizo falta acudir a instancias internacionales porque el Estado no se investiga a sí mismo. Vemos necesaria también la conformación de una comisión de la verdad sobre la guerra contrainsurgente en Chiapas y un mecanismo de investigación que sancione a los responsables, tanto intelectuales como directos”, afirma Pedro Faro Navarro, abogado del Frayba. “Se tiene que reconocer que la desaparición de Antonio no fue un hecho aislado, sino parte de una política genocida que se implementó en estos territorios. Hay que abrir estas heridas que nos han hecho como pueblo mexicano, para que no vuelvan a cometerse esos crímenes”.

Hasta el momento, el Estado mexicano no implementó las medidas de no repetición recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia ya no existen como tal pero se atomizaron en varias agrupaciones, donde sus líderes siguen operando. El número de grupos armados en el estado creció en los últimos años, de la mano con el incremento de la violencia. De acuerdo con un comunicado del EZLN de septiembre de 2021, “Chiapas está al borde de una guerra civil”.

Incumplimientos del Estado

En 2019, la CIDH emitió un informe de fondo sobre el caso de Antonio González, donde reconoce la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares en función contrainsurgente. No encontró, sin embargo, la existencia de elementos que prueben la pertenencia de Juan Regino López Leoporto a Desarrollo, Paz y Justicia y, por lo tanto, no considera a la desaparición de Antonio González como forzada. 

El Estado cumplió con algunas medidas de reparación para la familia de Antonio, como una indemnización económica y el ofrecimiento de disculpas públicas. “Este acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano no debe de entenderse como un acto protocolario, pues no venimos a cumplir solamente una resolución de la CIDH, sino a asumir un compromiso para la dignificación y el respeto de los familiares de Antonio González por su lucha”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, en enero de 2022, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Sabanilla. 

Sin embargo, de acuerdo con la familia de Antonio González y el Frayba, la posición oficial es ambigua: de un lado, el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas públicamente, pero por el otro sigue negando su participación y afirma que su única falla ha sido en las investigaciones.

En su informe de fondo, la CIDH exige al Estado mexicano investigar la desaparición de Antonio y buscarlo. Al no hacerlo, el caso pasó a la Corte IDH que emitirá una sentencia en las próximas semanas, vinculante para el Estado mexicano. Se trata del primer caso relacionado con la guerra contrainsurgente que llega a esta instancia internacional. 

“Tenía seis años cuando desaparecieron a mi padre y no me acuerdo mucho de él”, dice Magdalena González López, hija de Antonio. “No lo conocí pero seguiré luchando, aunque sea cansado, sea como sea, hasta que encuentren a sus restos. Y que cumplan todas las promesas que hicieron”.

La familia de Antonio quedó afectada económicamente por su desaparición, ya que era el principal proveedor. Su esposa ya no tiene fuerza para trabajar, le arden los brazos y no puede cargar el machete, y seguido le duele la cabeza. La mujer exige que se brinde atención psicológica para ella, sus hijos y sus nietos. “Pensamos mucho”, dijo ayer durante la audiencia en la Corte IDH.

Artículo publicado en Animal Político el 22 de junio de 2023.

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“Nuestra peregrinación es para revivir la vida de los 45 en nuestros corazones”, dijo un integrante de la mesa directiva de la organización tzotzil al micrófono desde la redila, antes de empezar la marcha de la tijera de Majomut hasta el Centro Ceremonial de Acteal. Allí, los asistentes visitaron a sus mártires y, “con las montañas sagradas como testigas”, celebraron el 30 aniversario del nacimiento de su organización y conmemoraron el 25 de la masacre. Rezaron, leyeron comunicados y, una vez más, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita un informe de fondo para dar seguimiento al caso que presentaron hace 17 años. 

Justo debajo de los pies de los miembros de Las Abejas, de las personas solidarias y de los sacerdotes y monseñores que participaron en las conmemoraciones están sepultadas las 45 personas —nueve eran menores de edad y dos eran bebés— que el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas en la capilla de la comunidad. En aquel momento estaban orando por la paz en la región, donde en los siete meses anteriores unas 6 mil personas habían sido desplazadas por la guerra de contrainsurgencia que la Sedena y grupos paramilitareslibraron en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

La masacre de Las Abejas, organización que comparte las demandas zapatistas pero es contraria a la lucha armada, se dio a plena luz del día y duró siete horas. La mayoría de sus víctimas fueron asesinadas con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Los elementos de Seguridad Pública que se encontraban a dos kilómetros de distancia no llegaron, ni intervinieron los agentes estatales posicionados a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidentes.

Las instituciones creadas en las décadas pasadas para hacer luz sobre la masacre —la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos cometidos en Chenalhó, la Unidad Especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos armados y la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en Acteal— no han entregado a los culpables a la justicia y siguen existiendo 29 órdenes de aprehensión sin ejecutar. 

Los tribunales mexicanos sí abrieron 11 causas penales donde 88 civiles, 14 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el expresidente municipal de Chenalhó fueron procesados y condenados a penas de entre 25 y 40 años; sin embargo, todos fueron poco a poco liberados y regresaron a sus comunidades, donde conviven con los sobrevivientes y familiares de las víctimas. 

La excarcelación de los sentenciados se concedió por fallas al debido proceso, es decir, no se probó su inocencia sino el hecho de que las investigaciones no se hicieron de forma rigurosa. De hecho, el día de la masacre, las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado, no protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. Además, movieron los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, amontonándolos para que los forenses no pudieran recoger las evidencias.

A causa de la impunidad que tuvieron que enfrentar en los tribunales mexicanos, en 2005 Las Abejas presentaron una petición a la CIDH, que fue admitida cinco años después. En ella se afirma que el Estado es responsable por acción y por omisión: “Por acción, porque alegan que la masacre se habría consumado en el contexto de una política de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Por omisión, por la presunta deliberada falta de intervención de la policía de Seguridad Pública durante la consumación de los hechos denunciados”. 

Desde 2010, el caso de Acteal no avanza en la CIDH, que todavía no ha emitido un informe de fondo. “Una justicia tardía puede ya no ser justicia y la dilación procesal en el marco internacional es una violación a los derechos humanos”, afirma Mario Alberto Ortega Gutiérrez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), representante legal de Las Abejas. 

“Las recomendaciones del informe de fondo solicitan al Estado una serie de medidas amplias, por ejemplo, reabrir carpetas de investigación y establecer medidas de reparación integral para víctimas y sobrevivientes. Es una herramienta que te permite tener una gran fortaleza política para reabrir el proceso a nivel local, pues detrás tienes a la CIDH que está supervisando su cumplimiento. Y en caso de que no se haga, el Estado tiene que presentarse frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sentencia es vinculante”.

“A nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos contra la comunidad de Acteal. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, durante un evento que se celebró el 3 de septiembre de 2020 en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Frente a Encinas se encontraba un grupo de víctimas de la masacre de Acteal, ninguna de ellas pertenecientes a Las Abejas, que firmaron un acuerdo de solución amistosa con el Estado mexicano. En total, son 43 las personas que suscribieron el documento, del que se obtuvo una copia a través de una solicitud de información, donde se establecen medidas de reparación simbólicas —como las disculpas públicas por parte del Estado y la instalación de una placa de metal en San Cristóbal de Las Casas— y económicas: se promete la entrega de 20 mil dólares para cada víctima sobreviviente y de 35 mil dólares para la familia de cada víctima fallecida, además de una vivienda para cada una de ellas. 

El acuerdo de solución amistosa ofrece también becas educativas, atención médica y psicológica y obras: electrificación de comunidades, ampliación de su red hidráulica, rehabilitación de planteles educativos, pavimentación de caminos y el mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó.

El día de la firma del convenio, los integrantes de Las Abejas se reunieron en su sede para ver el evento a través de una pantalla. Su decisión fue de no firmar, pero entienden a quienes lo hicieron. “En un principio sentimos como si los demás sobrevivientes estuvieran pactando con el mismo asesino y nos afectó emocionalmente. Luego hemos entendido que su decisión se debe al cansancio que implica esta lucha, la exigencia de una justicia que no llega”, dice Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre. 

“Para nosotros, la masacre es como si hubiera sido ayer, porque no hay justicia”. Con una marcha, habitantes de Chiapas conmemoran el 25 aniversario de la matanza de Acteal.

Video: @orsettabellani pic.twitter.com/t7k4BPxxJB— Animal Político (@Pajaropolitico) December 22, 2022

La militante de Las Abejas afirma que su determinación de no adherirse al convenio se debe a que ven las disculpas públicas como “palabras al aire”, que no señalan responsabilidades claras y no traen verdad ni justicia. 

“Pedimos castigo para el expresidente Zedillo, los demás autores intelectuales y los responsables materiales. Si no hay castigo, los crímenes se pueden repetir, los paramilitares viven en nuestras comunidades y presumen que el gobierno los protege”, dice Vázquez Luna. “Hay mucha inseguridad aquí en Chenalhó y pensamos que en parte sea a causa de toda esta impunidad. Lo que exigimos sobre todo son garantías de no repetición: que haya seguridad, que vivamos tranquilos en nuestro territorio”.

De acuerdo con Ortega Gutiérrez, del Frayba, en muchos casos con las soluciones amistosas el Estado pone el enfoque en las reparaciones económicas, metiendo a un lado las exigencias de verdad y justicia de las víctimas. Según el abogado, este tipo de convenio no “fija la verdad”, ni marca una postura clara por parte del Estado. 

“Por ejemplo, Encinas pidió disculpas públicas por el caso Antonio González Méndez (un zapatista desaparecido por los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia en 1999), que en enero de 2022 la CIDH presentó ante la Corte IDH. Una vez que el caso llegó a la Corte, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que Antonio había sido desaparecido por este grupo paramilitar y la relación que este tenía con el Estado. A casi tres décadas del comienzo de la guerra de contrainsurgencia, como sociedad necesitamos saber la verdad”, afirma Ortega Gutiérrez.

En numerosas intervenciones que se dieron durante la conmemoración del 25 aniversario de la masacre —que se desarrolló alrededor de un altar maya rodeado por las fotos de monseñor Romero, Samuel Ruiz y Simón Pedro Pérez, expresidente de Las Abejas asesinado en julio de 2021—, se habló del lekil chapanel. En tzotzil significa “justicia verdadera”: una justicia capaz de construir memoria del pasado y una vida en paz para el presente, y que dignifique a las víctimas de Acteal.

Artículo publicado en Animal Político el 22.12.202

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Se cumplen 40 años de la llegada a territorio mexicano de las familias refugiadas, sobrevivientes del genocidio del pueblo maya llevado a cabo por el Ejército de Guatemala.

Kixtup, que en castellano sería Cristóbal

Cristóbal Pérez Tadeo aprendió a hablar su idioma a los 17 años. “Ya no quiero comunicarme con ustedes en castilla, quiero conversar en puro chuj”, dijo a sus papás. En aquella época, sí entendía la lengua de su familia, pero todavía no era capaz de hablarla.

Su padre, Yakin Pérez Hernández, y su madre, Elsa Tadeo García, que se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de refugiados guatemaltecos en Chiapas, entendieron su decisión. Desde hace algunos años, ellos también reflexionaban sobre la importancia de rescatar la lengua chuj, que en los 80 el gobierno mexicano les impuso perder. Ellos no la olvidaron, pero decidieron no enseñarla a sus hijos para que no se sintieran marginados por ser guatemaltecos en tierras chiapanecas.

Pero en realidad, a Cristóbal nunca le dieron vergüenza sus orígenes, así que, junto con otros hijos de refugiados guatemaltecos que habían conseguido una beca para cursar su licenciatura, empezó una reflexión sobre la importancia de recuperar y dignificar la lengua y la cultura que las políticas de mestizaje del gobierno mexicano intentaron borrar. 

“A las familias guatemaltecas el gobierno les dijo: ‘Se pueden quedar, pero bajo mis reglas’. No pueden hablar chuj, no pueden llevar sus vestimentas ni practicar su cultura adentro del territorio mexicano”, dice Melina Arredondo Velázquez, egresada del doctorado del Colegio de la Frontera Sur. De acuerdo con la académica, por temor a que sus hijos fueran discriminados, las familias chujes no solo no les transmitieron su cultura, sino tampoco les contaron la experiencia de la guerra.

“Por esto, en 2013 decidimos fundar el colectivo Hakib’al, que significa ‘nuestras raíces’. Vimos la importancia de definir quiénes somos y reivindicar nuestra cultura”, dice el joven que desde aquel momento dejó de llamarse Cristóbal y retomó su nombre chuj: Kixtup. 

Yakin, que en castellano sería Diego

Yakin Pérez Hernández tenía seis años cuando vio a dos hombres caerse del cielo, rotando en el aire como hojas soltadas de un árbol. Habían sido lanzados de un helicóptero por soldados guatemaltecos.

Era 1982 y el niño había encontrado refugio en la colonia Santa Martha, en Chiapas, a unos pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. En aquella época, el Ejército guatemalteco estaba implementando la política de “tierra arrasada” que, con el pretexto de eliminar la base social de la guerrilla, causó la muerte de unas 200 mil personas y barrió con más de 400 comunidades indígenas. 

Unos meses antes de llegar a Santa Martha, en julio de 1982, Yakin se encontraba en la aldea Chibalasun (municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango), cuando se difundió el rumor de que el Ejército acababa de cometer una masacre en la cercana comunidad de Petenac. Los papás y hermanos de Yakin huyeron, mientras que él y su abuela se escondieron debajo de una piedra. 

Los soldados nunca llegaron y tiempo después unos tíos decidieron acompañar al niño a buscar a sus papás. Caminaron tres días en el monte escondiéndose de los militares, sin comida ni agua, hasta llegar a Santa Martha. Allí, entre los centenares de guatemaltecos que deambulaban con los ojos perdidos en el conflicto que habían dejado atrás, Yakin reconoció a su papá, Mekel Diego Sebastián, y a su madre, Matal Hernández Pérez. Por fin se pudieron abrazar, pero su reencuentro no puso fin al miedo: la frontera era tan porosa que las incursiones del Ejército y de los paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) los alcanzaban hasta en territorio mexicano.

Las familias desplazadas se tuvieron entonces que desplazar más adentro, en una geografía donde todavía no existían carreteras internacionales ni combis, caminando entre monte y veredas. “La gente nos recibía con todo en sus casas: pasen, entren, escóndanse”, recuerda Yakin, que hoy tiene 46 años y vive en la comunidad de Nuevo Porvenir, Chiapas.

Fue en Amparo Agua Tinta, a unos 15 kilómetros de la frontera, que los desplazados centroamericanos tuvieron la ilusión de que su peregrinar había terminado: la comunidad les ofreció un terreno en la montaña, en el que construyeron un campamento donde por primera vez recibieron despensas y apoyo: llegó la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y, después de ella, la ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tomaron la coordinación del campamento, donde seguía llegando gente de Guatemala. 

En aquel tiempo, Yakin decidió dejar la escuela porque su maestro lo golpeaba con una vara por hablar chuj en lugar de castellano. Un joven de Amparo Agua Tinta se ofreció entonces a enseñarle a leer y escribir, marcando la vida de Yakin, que a los 14 años ya enseñaba castellano a los niños del campamento. Tiempo después se volvió traductor y lideró a un grupo de familias que no aceptaron dejarse borrar por el gobierno mexicano.

Matal, que en castellano sería Magdalena

Cuando las autoridades mexicanas ordenaron al pueblo chuj de quemar su vestimenta y llevar ropa occidental —para así supuestamente engañar al Ejército y las PAC que los iban buscando—, Matal Hernández Pérez se negó. Puso en una bolsa de plástico su enagua y su huipil de colores con una estrella bordada en el centro, y la enterró. Cuarenta años después, Matal sigue llevando su vestimenta chuj y nunca aprendió a hablar español.

La vida de Matal fue una eterna peregrinación, desde que en 1982 salió de la aldea Chibalasun con su familia, dejando atrás a su hijito Yakin Pérez Hernández. Durante nueve años vivieron en el campamento de Amparo Agua Tinta y en 1991 fueron reubicados en un lugar llamado El Porvenir, cerca de la frontera con Centroamérica, donde vivían unos 2 mil 500 refugiados. Cinco años después, tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el gobierno mexicano les presentó dos opciones: repatriación voluntaria o reubicación en asentamientos de Campeche y Quintana Roo.

En los años 90, más de 22 mil 800 personas aceptaron regresar a Guatemala y unas 18 mil decidieron reubicarse en la península de Yucatán, donde todavía viven. 

Fue hasta 2011 —29 años después de su llegada a México— que Matal y su familia fueron naturalizados, gracias a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. No todos los desplazados guatemaltecos lo son: algunos todavía no tienen su permiso de residencia permanente y hasta sus hijos nacidos en México siguen siendo discriminados por la burocracia mexicana.

Mekel, que en castellano sería Miguel

En ningún momento, Mekel Diego Sebastián quiso irse a vivir a Campeche o Quintana Roo. Llevaba toda la vida desplazándose con sus hijos y su esposa Matal y no quería seguir haciéndolo. Tampoco quería regresar a Guatemala. “Allá tenía poca tierra y aquí en Chiapas estábamos a gusto”, dice Mekel, al recordar el día en que el gobierno mexicano le impuso elegir si repatriarse o reubicarse. Él y su familia decidieron resistir.

Su hijo Yakin, que era representante de un grupo de desplazados, se acercó a un abogado de la ACNUR para pedirle asesoría para comprar tierra. Siendo que ningún refugiado contaba con documentos para adquirirla legalmente, la compraron a nombre de cinco menores de edad que habían nacido en México.

Fue así como en 1998 se fundó la comunidad de Nuevo Porvenir, en el municipio La Trinitaria, donde hoy en día viven 230 chujes. En total, son 12 mil 700 los refugiados guatemaltecos que se quedaron en Chiapas, entre los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, Frontera Comalapa y La Independencia. 

Nuevo Porvenir abarca solo 18 hectáreas; cada familia tiene una parcela muy chiquita y la comida no les alcanza. Por esto, muchos jóvenes acaban migrando a Estados Unidos o a los campos de frambuesa de Jalisco. Las autoridades mexicanas aparecen en la comunidad solo en periodo de campaña electoral y el apoyo del municipio en obras ha sido escaso: en su mayoría fueron construidas por la ONU.

Mekel y su esposa Matal no solían contar la historia de su vida, hasta que su nieto Kixtup le pidió explícitamente hacerlo. Ha sido duro reabrir las heridas, pero les quedó claro que la intención de los jóvenes del colectivo Hakib’al era sanarlas y construir una memoria colectiva. “Admiro mucho la valentía, la fortaleza que tuvieron mi familia y mi pueblo para enfrentar todo esto”, dice Kixtup, que hoy tiene 30 años y está estudiando un doctorado en la UNAM. “Seguido me preguntan si me siento más que guatemalteco o mexicano; yo contesto que me siento chuj”, remarca.

Artículo publicado en Animal Político el 31.10.2022

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“Lo mataron porque no quería involucrarse en desalojar personas y quemar casas”, dice Javier en entrevista con Desinformémonos. Cuenta que su padre fue obligado a invitar refrescos a unos veinte hombres armados que, mientras estaban afuera de la tienda, le dieron con un rifle en la frente. Se cayó en el piso, donde lo golpearon en la espalda, y finalmente le dispararon un balazo en la frente.

La historia de Javier no es la única. En total, son 244 los habitantes de Santa Martha – muchos de ellos niños y niñas– los que tuvieron que abandonar sus hogares el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo armado del mismo sector de Chenalhó atacó a sus casas por un conflicto agrario. Las familias desplazadas aseguran que dejaron atrás unas 100 viviendas quemadas, alrededor de 15 personas desaparecidas, siete personas adultas y tres menores de edad asesinados. El ejército se tardó dos semanas para ingresar al Centro de Santa Martha para patrullar la zona, aunque todavía no ha entrado a las comunidades donde fue el conflicto.
Este 26 de octubre las familias desplazadas marcharon desde Chenalhó hasta San Cristóbal de Las Casas para exigir retorno seguro a sus hogares y la desarticulación del grupo armado. Con los niños y las niñas al frente, pidieron justicia por los ausentes y castigo para los culpables. Acusaron a los agentes y al comisariado de bienes comunales de ser los jefes de la agrupación armada que, de acuerdo con ellos, usaron para despojarlos de las tierras que les pertenecen legítimamente.
La mayoría de las familias desplazadas por el grupo armado se refugiaron en Polhó, una comunidad que también se ubica en Chenalhó, donde empezaron a recibir ayuda humanitaria cinco días después su desplazamiento.

“El alimento no nos alcanza, hacen falta cobijas y medicamentos, hay niños enfermos y no tenemos atención médica”, afirmó hoy Manuel Gómez Velasco en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas, al final de la marcha. “Exigimos a los tres niveles de gobierno que vayan al lugar de los hechos. Exigimos desarme y castigo de los grupos armados y luego un regreso seguro. El gobierno les ha dado más atención a los asesinos que a nosotros”, añadió.

Al concluir la marcha, una delegación de las familias desplazadas se reunió con representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades locales de Chenalhó, quienes les prometieron aplicar justicia a los responsables.

“No confío mucho en su palabra, pues dijeron que van a hablar con el comisariado para que entregue a los culpables y no creo lo hará, siendo que es él quien mandó a matar”, dijo Reynaldo, Pérez del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que acompaña a las familias desplazadas.

La raíz del conflicto de Santa Martha está en una disputa agraria. En este sector de Chenalhó hay presencia paramilitar a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 2017 realizan ataques constantes en contra de la población de dos municipios colindantes, con los que Santa Martha mantiene un litigio de tierras: Aldama y Chalchihuitán. Fue aquí donde los ataques causaron, en 2017, el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

A finales de 2020, se firmaron acuerdos con ambos municipios que no llevaron a la paz, pero otorgaron a Santa Martha un total de 50 hectáreas de tierra, y es por el reparto de estas tierras que las tensiones en Santa Martha se recrudecieron, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando explotaron.

Artículo publicado por Desinformémonos el 26.10.2022

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Cada vez que ve a su casa “lastimada de bala”, una mujer zapatista del ejido Moisés Gandhi tiene ganas de llorar. Otra vive con la sensación de que su compañero “ya está muerto”, asesinado con las palabras de un integrante de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que amenazó con matarle y colgarle la tripa en el cuello.

Son algunos de los testimonios de mujeres zapatistas recogidos por la Caravana de Solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi, en el Municipio Autónomo Lucio Cabañas, que se realizó el 29 de octubre del 2020.

De acuerdo con las y los zapatistas de Moisés Gandhi, a inicios del 2020 la ORCAO comenzó una serie de agresiones que fueron escalando durante todo el año: robo y destrucción de cultivos, tala de árboles, destrozos en la escuela secundaria autónoma zapatista, amenazas y agresiones físicas. Los integrantes de la ORCAO cercaron a las comunidades zapatistas e invadieron las parcelas que en 1994 el EZLN recuperó, o sea quitó a los terratenientes para dárselas a sus bases, y de las que la ORCAO se considera propietaria.

El 22 de agosto pasado, la ORCAO llegó a saquear la tienda Arco Iris y dos bodegas de café del EZLN, que luego han sido rociadas con gasolina y quemadas junto con el comedor zapatista Compañera Lucha, ubicados en el crucero de Cuxuljá, unos de los puntos donde la presencia zapatista en la carretera que conecta las ciudades de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas es más visible. Las agresiones en Moisés Gandhi culminaron con el secuestro, el 8 de noviembre, del base de apoyo zapatista Felix López Hernández, torturado por unos 20 integrantes de la ORCAO.

A finales de agosto, mientras las llamas comían las bodegas de café y los balazos retumbaban en el cielo, a pocos centenares de metros una mujer zapatista estaba pariendo. Ella y sus compañeras viven una angustia constante: no pueden ir a sus parcelas por miedo a ser agredidas, sus cosecha se pierden y sus mesas se quedan vacías. Al arroyo para buscar agua se acercan sólo en grupo. Ver video.

“Los niños no saben si dormir con la bota puesta, porque la bala no tiene horario”, dijo Marisol Culej Culej, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), durante el foro “Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas”, que se llevó a cabo en línea el 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento en línea el CDMCH, que participó en la Caravana de Solidaridad que visitó a las comunidades hostigadas por la ORCAO, destacó que las mujeres zapatistas no tienen actitud de víctimas, sino que crearon formas de resistencia a través del trabajo colectivo, en sus talleres de alfarerías o de telar. Denunció también que la ORCAO ocupó las tierras para poder aprovechar del programa del gobierno federal mexicano Sembrando Vida, que otorga 5 mil pesos (unos 250 dólares) para supuestamente incrementar la productividad de zonas rurales, y que la acción de este grupo armado de corte paramilitar “tiene un objetivo primordial que es el desgaste”.

Tras la masacre de Acteal de 1997, la estrategia de guerra del Estado en contra de las comunidades autónomas de Chiapas consiste en agotar a la población con actos violentos, pero poco “llamativos”. Es la llamada “guerra integral de desgaste”. Al mismo tiempo, el gobierno impulsa proyectos asistencialistas para que las familias salgan de la resistencia y las comunidades acaben divididas.

“El gobierno incide individualizando a la persona, dándole un dinero y separandola de esta razón colectiva que le ha hecho frente al Estado mexicano, y a cualquier tipo de proyecto progresista”, ha afirmado la socióloga y antropóloga Margara Millán durante su participación en el foro en línea. “Las mujeres están en el centro de este conflicto y articulan varias luchas, entonces se convierten en un objeto a intimidar, a debilitar, porque nos mostraron que no hay que tener miedo”.

Este esquema de violencia, el “mismo miedo a los balazos”, de acuerdo con Rosy Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas afecta a las familias de Aldama, Chalchihuitán y Chilón; a la comunidad Los Chorros en el Municipio de Chenalhó, a Banavil en Tenejapa y al poblado de Viejo Velasco en Palenque. Y va mucho más allá de las fronteras chiapanecas.

De acuerdo con la antropóloga Aída Hernández Castillo, en distintas partes del mundo se utilizan prácticas de guerra similares, y elige una cita de la antropóloga Carolyn Nordstrom de la Universidad de Notre Dame que respalda su tesis: “Después de conducir investigación de campo en los epicentros de guerra en tres continentes durante más de quince años, he aprendido que el concepto mismo de guerras locales, ya sean centrales o periféricas, es una ficción”, escribe Nordstrom.

“No hay conflictos locales: la industria de guerra internacional está masivamente interconectada y hace posible las guerras en cualquier parte del mundo. He visto los mismos manuales de entrenamiento militar darle la vuelta al mundo, yendo de una guerra a otra. Cuando una nueva técnica de tortura se introduce en un país, la misma técnica puede ser encontrada en todo el mundo a los pocos días”.

Uno de los territorios donde la “industria de guerra internacional” implementa sus estrategias es el Kurdistán. Allí, inspiradas por la lucha de las zapatistas, las mujeres que resisten a la embestida del Estado turco están planteando unir los esfuerzos de las mujeres en lucha de todo el planeta, y crear una organización mundial de mujeres.

“Sin construir una lucha en común no se puede romper el patriarcado”, afirma al cierre del evento Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán.

Para ver más material de la Caravana de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas:https://redajmaq.espora.org/materiales-caravana2020

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 30.11.2020

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Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017

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No habiendo más, con mi marido me acuesto», afirma Chiqui al comentar su nueva casa de paredes de cartón en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, en el departamento colombiano del Cauca. Allí, hoy en día viven unos centenares de exguerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chiqui es una mujer bajita y enérgica de cincuenta años, que ha militado en la guerrilla durante cuarenta: cuando era niña entró en el M19 y, cuando éste se desmovilizó, se incorporó a las FARC. «Nunca he creído en las desmovilizaciones», afirma la excombatiente. «En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan doscientos años en el poder. Y no creo que el Gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió», añade.

Sin embargo, esta vez Chiqui ha aceptado los acuerdos firmados en setiembre de 2016 entre los mandos guerrilleros y el Gobierno colombiano, y ha decidido desmovilizarse. Con su perro Morocho y sus compañeros de la columna móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC, en enero dejó la montaña donde combatía y marchó hasta uno de los veintiséis puntos donde los acuerdos de paz establecían que se concentraran las FARC durante seis meses, para entregar sus armas y desmovilizarse paulatinamente.

Una vez que los combatientes llegaron allí se tuvieron que enfrentar con el primer incumplimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos: en lugar que una estructura para recibirlos, encontraron un terreno lleno de lodo. Con el tiempo llegaron los materiales, y los mismos integrantes de las FARC se encargaron de construir la Carlos Perdomo, que hoy luce como una pequeña aldea equipada con alcantarillado y alumbrado público.

«No diría que el Gobierno no cumplió, sino que no ha cumplido. Hay demoras, retrasos e inconvenientes pero vamos avanzando, porque lo importante es sacar adelante el acuerdo y sentar las bases de la paz. Estamos convencidos de que hay sectores en el Gobierno que están comprometidos con lo que firmaron», afirma Marco León Calarcá, responsable por parte de las FARC de la Comisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. «Otro tema fundamental es el de los presos políticos, todavía no logramos que estén todos libres a pesar de que la Ley de Amnistía se aprobó en diciembre del año pasado».

Inseguridad y falta de trabajo

Chiqui fue presa política «de alta peligrosidad» durante diez años. La Policía la encontró en una casa de Bogotá con un pescado (secuestrado) y se la llevó junto con tres hermanas suyas. Su madre se enteró viendo la televisión. «Me tuvieron por todo el país andando, me sacaban de una cárcel para otra, fue horrible», recuerda la excombatiente.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora que vive en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación se aburre, los días pasan lentos y todos se parecen. Para ocupar el tiempo, prepara ambientadores naturales o toma tinto (café) en la casa de su amigo Rubencho, charlando sobre el tiempo pasado y sobre lo que viene. A la Carlos Perdomo, Chiqui trajo muchos recuerdos. Algunos muy duros –el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses– otros bonitos: «Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad».

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los cuarenta años que pasó en armas siente nostalgia: «Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ya sabemos que no pasará».

Desde que entregó su arma, Chiqui está preocupada por su seguridad y por la de sus compañeros. Sus temores están fundados: entre abril y agosto se han registrado doce homicidios de excombatientes de las FARC y once asesinatos de sus familiares, evidenciando la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el Gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP), a finales de la década de los ochenta: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui quiere irse a vivir a la ciudad, a pesar de que sabe que quedarse en la Carlos Perdomo, rodeada por sus compañeros, sería más seguro. Como todos los 6.900 guerrilleros y 1.541 milicianos desmovilizados, en los próximos dos años la mujer recibirá unos 190 euros mensuales más unos 560 euros de entrada, pero es muy pesimista sobre la posibilidad de tener una ocupación en el futuro: «Después de los treinta años, nadie te da trabajo en este país».

En este momento, en los veintiséis Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se están desarrollando reuniones y talleres para preparar a los excombatientes a su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz. No será fácil garantizar una ocupación estable a las más de 8.400 personas desmovilizadas y el temor es que, al no tener trabajo, acaben integrándose en los grupos delictivos.

Reincorporación a la vida cotidiana.

«Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar clausulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia», explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz, que encontramos pocos días después de la fundación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la agrupación con que la exguerrilla se presentará a las elecciones presidenciales de 2018.

«En el acuerdo se establecen también unos princi- pios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica», añade Eduardo Álvarez. «Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una estrategia que han llamado Economías del Común (ECOMUN), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen ‘nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se sigue yendo».

Sandra Ramírez, exmando de la guerrilla que hoy en día aparece en la lista para el congreso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sabe que es cierto. Mirando desde arriba el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, admite que, una vez amnistiados, los guerrilleros pueden irse adonde quieran y que muchos se están yendo. Sin embargo, según ella, la organización tiene que brindar la posibilidad a los excombatientes de tener una casa y seguir viviendo en comunidad, pues las FARC para muchos representan su única familia.

Por esto, a pesar de que al momento de la firma de los acuerdos de paz los veintiséis puntos donde se concentró la guerrilla fueron concebidos como campamentos transitorios, finalmente se convirtieron en aldeas donde cuando anochece las parejas de los exguerrilleros pasean con sus bebés. «Nunca habíamos tenido una casa antes», afirma Sandra Ramírez.

En su proceso de reincorporación en la vida civil, los farianos tendrán que enfrentarse también con el estigma que cargan los guerrilleros, ya que el 83% de la población colombiana tiene una imagen negativa de ellos.

Teresa, una niña de doce años que vive en la Carlos Perdomo con su madre, estudia en la cercana escuela de Pueblo Nuevo, donde la discriminan por ser hija de una guerrillera. Teresa se crió con su abuela porque su madre la dejó con ella después de parirla, para regresar a la montaña. «Recién mi abuelita me dijo que mi mamá estaba en la guerrilla, y que tenía un permiso para venirme a conocer», cuenta Teresa. «A mi mamá la cogió la Policía mientras que estábamos en una tienda, habían tenido una llamada anónima. Estuvo casi un año presa y cuando salió de la cárcel, tras los acuerdos de paz, nos vinimos a vivir acá. Es la primera vez en mi vida que vivo con ella».

Plátanos, café y marihuana.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo se encuentra en las montañas que rodean la ciudad de Caldono (Cauca), una tierra verde cultivada con plátanos, café y marihuana, en una de las zonas del país donde ha sido más brutal la guerra que durante más de cincuenta años enfrentó las FARC al Ejército y a los grupos paramilitares (ahora oficialmente llamados Grupos Armados Organizados).

Desde hace tiempo, en esta región hay tensiones muy fuertes también entre la guerrilla marxista y los indígenas, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos quince años, antes las dos organizaciones lograban convivir y, a menudo, las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

«Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra», recuerdan unos mayores ex gobernadores del resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona española arrinconó a los nasas. «La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo».

En Toribío, a unos cien kilómetros de Pioyá, en 2012 los indígenas caucanos se levantaron contra el Ejército y las FARC. Aquel día doscientas familias tuvieron que desplazarse del poblado por temor a caer ante el fuego cruzado, justo en la fecha en que marcaba el aniversario del estallido de una chiva-bomba [chiva es una especie de autobús] activada por las FARC enfrente de la estación de Policía y que dejó unas cien casas destruidas, cuatro muertos y ochenta heridos.

«Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa», declaró la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un comunicado: «Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios».

Según el portal colombiano “Verdad Abierta”, en aquella ocasión unas trescientas personas retiraron las trincheras que la Policía tenía instaladas en Toribío, y la Guardia Indígena arrastró a unos militares de pies y manos, expulsándolos de la base del cerro Berlín. Otro grupo de ACIN marchó rumbo a la montaña para hablar con los jefes guerrilleros y exigirles que salieran de sus territorios y, al no ser recibidos por los mandos, destruyeron su campamento.

Otro tipo de guerra.

«Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda», afirma Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto. Señala con la mano las montañas que nos rodean que, cuando el sol se mete, se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembrados de marihuana, y afirma que, desde que las FARC han empezado el proceso de desmovilización, la situación se ha calmado, que la gente sale más de su casa, mientras que antes los ataques y las balaceras eran diarios. «Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos a otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazaletes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y estamos preparando un plan para enfrentar lo que viene», explica Gilberto Cuetia.

De hecho, los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los grupos armados y las empresas. «La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares», afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. «No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados –según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca–. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara».

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que representa más que nada la «jubilación para los comandantes», llevó algunos guerrilleros a decidir no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el ELN y el EPL.

«Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC habían fricciones muy fuertes, se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana, y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el Frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor», explica Eduardo Álvarez de la fundación Ideas para la Paz. «Creemos que el Gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades».

El caso que tal vez más preocupó a la cúpula guerrillera ha sido el de Rodrigo Cadete, exjefe del Frente 27 que operaba en Guaviare, Caquetá y Meta, las regiones más inhóspitas del país. Cadete ya tenía su certificado de abandono de armas cuando, a mediados de setiembre, fue visitado por unos hombres armados mientras que tomaba un refresco en una tienda del Caquetá. Despojaron a los dos guardaespaldas de sus pistolas, y Cadete se esfumó con ellos.

Artículo publicado en Zazpika en octubre de 2017.

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Estamos en las afueras de la ciudad de Corinto, en el departamento del Cauca, viajando rumbo a una minga de liberación de la Madre Tierra. En esta región de Colombia, en 1971, nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), formado por indígenas de diez etnias, en su mayoría nasas. Armando, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad, forma parte del CRIC y es un «liberador de la Madre Tierra», un movimiento que se creó en el seno de esa organización indígena.

Durante las mingas de liberación de la Madre Tierra –minga es la palabra que los nasas utilizan para describir el trabajo colectivo–, los indígenas del Cauca cortan con sus ma- chetes la caña de los ingenios azucareros de la región, reapropiándose de las tierras que ancestralmente les pertenecían y que les fueron arrebatadas en el siglo XVI por los conquistadores españoles. Por esto, en América Latina más que de toma de tierras se habla de recuperación de tierras y los nasas han ido más allá, creando el concepto de «liberación».

«Hablamos de liberar a la Madre Tierra en lugar de recuperarla, porque con nuestra acción la estamos liberando de tanta contaminación ambiental, de tantos químicos, de tanto maltrato», subraya una mujer «liberadora de la Madre Tierra», a la que llamaremos Carmela, pues prefiere no revelar su verdadera identidad para garantizar su propia seguridad.

La conquista empujó a los indígenas caucanos desde las llanuras más fértiles hasta las montañas, donde han construido sus aldeas. Con el tiempo, su población se ha multiplicado, y para los jóvenes ya no queda tierra para cultivar. «Tierra sí hay, pero la tienen las grandes empresas», dicen los nasa de más edad del Resguardo indígena de Pioyá, en el norte del Cauca. Resguardo se refiere a un territorio donde los indígenas tienen un título de propiedad colectiva de la tierra y se gobiernan autónomamente.

Las bases del CRIC ya han liberado dieciséis fincas de la región, donde unas 250.000 hectáreas están sembradas con caña de azúcar destinada a la producción de agrocombustibles. Pertenecen a grandes ingenios azucareros como Incauca, propiedad del industrial colombiano Carlos Ardila Lülle, dueño también de otras grandes empresas como RCN Televisión y la refresquera Postobón, o como Mayagüez, de la familia Holgüin, que es pro- pietaria también de San Carlos, el único inge- nio condenado por su vinculación con los grupos paramilitares.

«Bien colectivo»

«Estas tierras que ahora son monocultivos son un bien colectivo, las queremos cultivar para sembrar alimento para nuestras familias», afirma Carmela, al recordar que después de tantos años de químicos y venenos, la tierra necesita descansar antes de ser sembrada nuevamente. La mujer reconoce también las dificultades que los «liberadores» están encontrando al hacerlo: cuando sembraron maíz en unas 70 hectáreas de tierra liberada, llegó una avioneta a fumigar sus cultivos; cuando plantaron plátanos, la Policía los tumbó.

Carmela vive con sus hijos y otra decena de familias del CRIC en unos cambuches, unas viviendas muy sencillas que construyeron en las orillas de un río que atraviesa un terreno «liberado». Allí se encuentra con sus compañeros antes de ir a tumbar la caña de azúcar de los grandes latifundistas, cada dos semanas.

Desayunan plátanos machos fritos con arroz, y luego se encaminan por los senderos que cruzan los monocultivos. Se despliegan por el campo y cortan la caña con sus machetes, que rebotan en el tronco duro de la planta. Mata tras mata, haciéndose un hueco entre los troncos de las plantas abatidas, moviendo sus pasos en la tierra dura y llena de hoyos de los cañaverales. Luego, los cortadores de caña queman los terrenos liberados.

Carmela es pariente de Daniel Felipe Castro Basto, un muchacho que murió a manos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) el 9 de mayo durante una minga de liberación de la Madre Tierra, dejando a su viuda embarazada de pocos meses.

«En lo que va de la liberación, el Gobierno ya ha asesinado a tres comuneros indígenas y los ataques han dejado más de 250 personas heridas, hechos que comprometen no solo a los agentes del ESMAD, sino a fuerzas privadas de seguridad del ingenio y a grupos armados ilegales», denuncia el CRIC en un comunicado.

A causa de la represión de la fuerza policial y de las guardias de las empresas, las mingas siempre se desarrollan acompañadas por la Guardia Indígena, que cuida las entradas a los terrenos y avisa en caso de que llegue la Policia.

«Siempre hubo guardias en contra de la persecución de los españoles, a pesar de que entonces no se llamaban así», explica Gilberto Cuetia. El hombre carga todo el tiempo un bastón de mando que lleva unos listones rojos y verdes, los colores del CRIC, y forma parte de la Guardia Indígena desde su nacimiento. «La Guardia Indígena nace el 28 de mayo de 2001 en el Resguardo de Caloto, porque los grupos paramilitares y las autoridades mataban a muchos líderes. Se creó con tres objetivos: acompañar las asambleas, las marchas y cuidar a nuestras autoridades. No tenemos armas, solo bastones y piedras para enfrentar al ESMAD», explica.

El CRIC emprende recuperaciones de tierras desde su nacimiento, hace 46 años. De acuerdo con Vilma Rocío Almendra Quiguanás, nasa misak integrante del colectivo Pueblos en Camino y autora del libro “Entre la emancipación y la captura”, estas acciones se pararon a partir de 1991.

«Esencialmente fue por dos hechos. El primero es que en aquel año se aprobó una nueva Constitución que, por primera vez, reconocía los derechos de los pueblos indígenas.

Esto, por un lado, fue una ganancia, pero, por otro, provocó una fragmentación de la lucha. Empezaron a llegar transferencias (de dinero) para los resguardos indígenas y las estructuras organizativas del CRIC y la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, una de las nueve organizaciones que conforman el CRIC) se enfocaron más a administrar ese dinero que a luchar por la tierra», explica la activista. «El segundo hecho que ha paralizado las recuperaciones de tierras fue la masacre de El Nilo de diciembre de 1991, justo seis meses después de la aprobación de la nueva Constitución. Asesinaron a 20 compañeros indígenas durante la recuperación de una finca, y la gente se asustó mucho», recuerda.

Dos modelos de autonomía indígena

Posteriormente, en 2004, tras el fortalecimiento de espacios de formación política donde se debatía sobre las dinámicas de despojo, no solo en el Cauca sino también en otras regiones de Colombia y de Abya Yala, las comunidades indígenas desde el norte del Cauca pasaron otra vez a la acción para protestar en contra de los incumplimientos del Gobierno, que firmó más 1.282 acuerdos de restitución de tierra que han quedado en pa- pel mojado.

«Desde el año 2004, la gente ha empezado a reflexionar sobre el hecho de que no es suficiente recuperar la tierra, que quitársela al patrón para seguir con su mismo monocultivo es seguir matando la tierra. Entonces se ha empezado a hablar de la necesidad de liberar la Madre Tierra», sostiene Vilma Almendra. «Hoy las y los liberadores se están oponiendo al sistema capitalista y extractivista. Se enfrentan al empresario Ardila Lülle y están confrontando también el autoritarismo interno en la organización: en los últimos años, la dirigencia más visible ha estado muy cercana al Gobierno de Santos. Le apoyaron con votos y le apoyaron en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, a cambio de la promesa del dinero que está llegando a Colombia para financiar el posconflicto. Algunos líderes decían a sus bases que si salían a tomar las fincas iban a entorpecer las mesas de negociación», critica.

Estas dos actitudes frente al Gobierno re- velan dos formas distintas de entender la autonomía indígena. Almendra califica como «radical y emancipatoria» el modelo impulsado por los liberadores de la Madre Tierra, que establecen su prioridades y formas de lucha oponiéndose a la cooptación por parte del Gobierno, y «subordinada» la forma de entender la autonomía de los cuadros del CRIC y la ACIN, que utilizan los recursos que provienen del Estado en la forma que el Ejecutivo impone.

Artículo publicado en El Gara el 19.09.2017.

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En 2009, Villa Saldarriaga le informó a la Fiscalía de Medellín sobre la presencia de unos cincuenta cadáveres enterrados en La Arenera del Agregado San Javier, un sector más conocido como La Escombrera, ubicado en lo alto de la Comuna 13. Allá, presuntamente, fueron a parar los cuerpos de cientos de personas desaparecidas en los años de guerra entre las guerrillas y los paramilitares en Medellín, un enfrentamiento que llegó a su pico el 16 de octubre de 2002 con la Operación Orión.

Ese día, a la Comuna 13 entraron en la madrugada miembros de la Policía, el Ejército, el CTI, el DAS y la Fuerza Aérea, al parecer con el apoyo de grupos paramilitares, con el fin de expulsar del sector a guerrilleros de las Farc, el ELN y los Comandos Armados Populares (CAP).

La operación se extendió por varias semanas y, entre heridos, retenidos arbitrariamente, desplazados y desaparecidos, dejó más de 600 víctimas, según la Corporación Jurídica Libertad. Para 2013, la misma organización registraba a 104 personas desaparecidas forzadamente.

Con base en la información que más tarde dieron varios exparamilitares, se concluyó que muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas y arrojadas a La Escombrera. La insistencia de los familiares de los desaparecidos llevó a la Fiscalía a dar inicio a las excavaciones en el lugar en agosto de 2015. La exhumación duró cinco meses, terminó en diciembre de 2015 y no dio ningún resultado.

Los forenses no encontraron nada. Hoy, 15 años después de Orión, los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 todavía exigen exhumar los dos polígonos de La Escombrera que la Fiscalía aún no ha intervenido. Villa Saldarriaga fue uno de los paramilitares que conoció de cerca lo sucedido en la Operación Orión. Esto nos contó en entrevista exclusiva con ¡Pacifista!.

¡PACIFISTA!: ¿Usted cómo entró en las AUC?

Juan Carlos Villa Saldarriaga: Primero fui soldado, después me retiré del Ejército, y mataron a mi padre, secuestraron a mi madre y a mí me hicieron un atentado y me hirieron con varios impactos de bala. Al mes llegó una carta de un grupo de autodefensa del occidente antioqueño, del corregimiento San Cristóbal en el municipio de Bello, y me dice que yo era una persona estratégica para ingresar a las autodefensas, a una parte de la Comuna 13 de Medellín. Yo les concedí la reunión y fue allí donde me involucré en las autodefensas. Fue más bien por dolido de venganza, rabia e ira contra las milicias y las guerrillas, en especial con los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que mataron a mis familiares.

Explique el papel de las AUC en la Operación Orión.

Éramos los guías de la Operación Orión porque allá no nos dejaron entrar a nosotros. Ese fue el convenio que se hizo entre los comandantes míos con esa gente que entró a la operación.

Al decir “esa gente”, ¿se refiere a agentes del Estado?

Sí. ¿Qué hicieron supuestamente como “guías” de la Fuerza Pública? Se prestaron seis guías que salieron del corregimiento San Cristóbal. Eran exmilicianos [de la guerrilla] que se habían entregado a las autodefensas y que sirvieron para guiar al Ejército y señalar a aquellos líderes de la milicia que vivían allí.

¿Qué relación tenían las AUC con el entonces presidente Álvaro Uribe?

Todo el mundo dice que teníamos un convenio con Uribe. Yo no lo sé. De pronto los mandos altos tendrán más conocimiento de esto. Nosotros como mandos medios nos limitamos a recibir órdenes. ¿Que era claro que la Fuerza Pública no nos atacaba a nosotros? ¿Que ellos pasaban por un lado y nosotros pasábamos por otro? Es lógico que allí había algún vínculo. Varias veces tuvimos que apoyar a la Fuerza Pública en otros puntos fuera de la Comuna 13, cuando la guerrilla los arremetía. Supuestamente fuimos un segundo grupo de la Fuerza Pública para combatir a la guerrilla. Pero más vínculos que yo pueda confirmar, que por ejemplo haya visto al señor Uribe… sobre eso no tengo nada que decir.

Después de sacar a la guerrilla, ¿cuánto tiempo se quedaron en la Comuna 13?

Ya cuando tuvo dominio la Operación Orión, se da la retoma de esta comuna. No habíamos sido capaces de tomarla todavía porque no teníamos la cantidad de hombres para hacerlo. Éramos dieciocho hombres apenas, un grupo especial entre soldados retirados del Ejército y excombatientes del EPL y las Autodefensas de Casa Castaño. Estuvimos allí hasta 2003, cuando se desmovilizó el [Bloque] Cacique Nutibara. Nosotros, paradójicamente, después de que ya se había conciliado un poquito la Operación Orión, pasamos a estorbarles al Gobierno y a la Fuerza Pública y nos mataron al comandante alias El Paisa. Nos vimos obligados a abandonar la zona e ir al oriente antioqueño, donde comenzó una guerra contra el Bloque Metro que manejaba esta zona. Posteriormente se dio la desmovilización de una parte del Cacique Nutibara.

¿Por qué la fuerza pública mató a un comandante de las AUC si colaboraban con ella?

No entendemos, pero teníamos muchas ganas de pelearle al Estado. Pedimos esa autorización de pelea contra ellos y nos dijeron que no podíamos hacerle ni un tiro a la Fuerza Pública.

¿Quiénes eran las personas que ustedes desaparecían?

Guerrilleros. Muchachos seleccionados por sus excompañeros, por milicias que pasaron a trabajar con nosotros. Los sacaban de la Comuna 13 o de otras partes y se daba la orden de matarlos, de desaparecerlos o de sacarles la información.

¿Todas las personas que desaparecían eran guerrilleros?

No, no todas. Había violadores, cuatreros, ladrones de carros o moto. Lo que hacía daño a la sociedad era lo que íbamos desechando en el camino.

El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que integran madres de desaparecidos de la Comuna 13, sostiene que sus hijas y sus hijos no eran guerrilleros ni criminales.

No le puedo decir si eran buenos o no. ¿Hubo hartos desaparecidos de la comuna? Puede haberlos. Nunca me podrán decir las madres que me vieron con un fusil o una pistola allá metido en la Comuna 13 tumbando una puerta y sacando a un muchacho.

¿Por qué ocultaban los cadáveres?

No sé, eran órdenes directas. Por qué y cómo, no sé. Entre 2001 y 2002 comenzó a llegar la orden de no dejar a nadie por allí tirado en la calle. Antes, donde lo cogías se ejecutaba, y normal. Pero después comenzaron con esta doctrina.

¿Cuántas personas enterraron en La Escombrera?

Yo le hice una marcación a la Fiscalía de entre cuarenta y cincuenta personas. Les marqué tres puntos allí, cerca de donde entonces había un lago. El lago era drenado por un consorcio que lo utilizaba para poder lavar el material de playa en las partes bajas.

Mientras que ustedes enterraban cuerpos, ¿había una empresa trabajando allí?

Claro. [¡PACIFISTA! se abstiene de publicar el nombre de la empresa al no haber podido verificar la información dada por el entrevistado.]

¿Tenían relación con ella? 

De lo que sé… de pronto han tenido [relación] los señores ingenieros con los altos mandos. Es lógico que todo lo que había allí tenía que pagar impuestos a la organización. Esta fue una empresa retomada y quitada a sangre y fuego a la guerrilla, y luego pasó a mano de nosotros. Se hizo reunión en el caserío con la corporación […]. Pero no le podría decir cuánta plata saldría de allí para la organización.

¿Por qué cree que la Fiscalía no encontró ningún cadáver en La Escombrera?

¿Por qué se demoraron tanto en hacer la exhumación siendo que yo venía desde 2009 dándole esta información a la Fiscalía y sabiendo que ya había entregado dieciocho, veinte fosas? Mucha gente dice que de pronto Móvil 8 está mintiendo. Yo sé lo que viví allá y lo que tuve bajo mis manos, qué hice y no hice. Estoy jurando, no buscando mi beneficio. ¿Qué hizo la empresa […] que constantemente tiene su maquinaria allí? ¿Para dónde lo removieron?

¿Está afirmando que los cuerpos han sido sacados de allí? ¿No cree que, si alguien hubiera removido cincuenta cadáveres, al realizar la exhumación los forenses se habrían dado cuenta?

Pudieron haber sido removidos, porque allí tenían que estar. Porque yo sabía y no solamente fui yo. Fui con otros compañeros excombatientes e hicimos las mismas marcaciones.

Entrevista publicada en ¡Pacifista! el 16.10.2017

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En junio del 2013 unos 20,000 cocaleros bloquearon las carreteras durante 53 días, y los choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) causaron la muerte de cuatro campesinos. Los agricultores demandaban al gobierno que financiara soluciones alternativas a la siembra de la coca, una sustitución concertada de las matas y la creación de una Zona de Reserva Campesina, figura jurídica que garantiza importantes derechos a los agricultores, como la formalización de la propiedad de la tierra.

Para los campesinos del Catatumbo cultivar coca es una elección obligatoria. Hasta fines de la década de 1980 muchos sembraban alimentos, pero luego la distancia de las ciudades hizo imposible comercializar sus productos. El pésimo estado de las carreteras hacía que el transporte hasta los mercados costara más que la ganancia esperada de su venta.

El Estado nunca les ofreció otra opción que cultivar coca, cuyos compradores —los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— llegaban hasta la puerta de las fincas.

La situación de los campesinos catatumbenses empeoró con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con Canadá (2011) y EEUU (2012), países que subsidian su sector agrícola permitiendo vender sus productos en el mercado colombiano a un precio inferior que los locales. De hecho, la caída del precio de las hortalizas coincide con el aumento de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Acuerdos incumplidos

Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dado a conocer el pasado 26 de junio, Colombia tiene 48,000 Ha sembradas con coca, la misma cantidad que en el 2012. En algunas regiones su cultivo ha bajado y en algunas otras hubo un incremento, como es el caso del Catatumbo, donde el aumento fue de 41.6%. De acuerdo con la UNODC, el área productiva estimada en la región es de 5,604 Ha y la producción promedio de hoja de coca fresca, que en el 2009 era de 13.8 TM, en el 2013 subió a 30.8 TM.

A causa del incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos tomados con la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) después de la movilización de junio del 2013, los cocaleros de la región decidieron sumarse al paro agrario que en mayo pasado fue convocado en todo el territorio nacional.

“El 9 de mayo se realizó una nueva movilización masiva para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno”, relata a Noticias Aliadas Leonardo Rojas Díaz, representante de ASCAMCAT en la mesa de interlocución con el gobierno. “Logramos presionarlo para que se abriera un espacio nacional que permita avanzar en la discusión de la problemática campesina”.

Los campesinos cocaleros no sólo son los que perciben la menor ganancia en la cadena desde la producción hasta la venta al menudeo de la cocaína, sino pueden también ser encarcelados por la ley 30 de 1986 —que tipifica como delito la siembra de los cultivos de uso ilícito—, y están expuestos a las consecuencias de las aspersiones aéreas con el glifosato Roundup Ultra, un herbicida producido por Monsanto que se utiliza para acabar con las matas de coca. La fumigación está prevista por el Plan Colombia, el acuerdo bilateral con EEUU para la lucha contra el narcotráfico vigente desde el 2000.

Colombia es el único país en el mundo que fumiga los cultivos de usos ilícitos en una superficie que anualmente comprende más de 100,000 Ha. La práctica persiste a pesar de que una sentencia del Consejo de Estado del 11 de diciembre del 2013 establece que las aspersiones violan el principio de precaución que prevé la suspensión de las actividades humanas cuyos riesgos están probados.

“Hace 14 años fumigaron mi terreno con los aviones, después de la tercera vez que pasaron dejé de sembrar coca”, cuenta a Noticias Aliadas Romaira G., campesina cocalera del Catatumbo. “Una se siente mal después de la fumigación, me picaba todo el cuerpo”.

Atacar la oferta pero no la demanda

Los problemas dermatológicos causados por las aspersiones han sido demostrados en una investigación realizada en el 2012 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, en Bogotá, estudio que estuvo a cargo de los catedráticos Daniel Mejía Londoño, director del CESED, y Adriana Camacho. El estudio revela también que en las zonas de aspersión hay una mayor tasa de abortos, mientras que otros trabajos encontraron efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la confianza en las instituciones de las personas que tienen fumigaciones en sus municipios.

Otra estrategia utilizada para acabar con los cultivos de coca es su erradicación manual, que en el 2012 se realizó en más de 30,000 Ha.

“La erradicación manual tiene un alto costo, muchos erradicadores murieron por las minas antipersona sembradas por las FARC o por los paramilitares”, denuncia Mejía Londoño a Noticias Aliadas. “Incluso si fuera una estrategia eficiente, no veo por qué deban de morir tantos colombianos para que llegue menos cocaína a los EEUU y a Europa. Están transfiriendo todo el costo a los países productores”.

El 16 de mayo pasado, el presidente Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron la firma, en el marco de las conversaciones de paz, de un acuerdo sobre los cultivos de uso ilícito, que será efectivo sólo si se llega a un consenso sobre los demás puntos en agenda.

“En las elecciones presidenciales del 25 de mayo Santos fue elegido porque está en un proceso de paz, por ello los sectores demócratas lo apoyaron”, explica Rojas Díaz. “Santos es el representante de la derecha tradicional colombiana, lo trágico de este momento es que era preferible él al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga. Mi única esperanza es que el pueblo colombiano tenga la capacidad de presionar para que concluya de forma coherente este proceso de paz”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 10.07.2014

In italiano

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