No habrá elecciones en dos de los 124 municipios chiapanecos: Chicomuselo y Pantelhó. Además, no se instalarán casillas dispersas en otros municipios del estado: 12 en Tila, 2 en Altamirano, 4 en Amatenango de la Frontera, 8 en Honduras de la Sierra, 2 en Ocozocoautla, 1 en Villaflores y La Concordia.

“Derivado de los eventos presentados en la madrugaba del viernes, no vimos certezas en las condiciones de seguridad y se tomó la determinación de no instalar ninguna casilla en Chicomuselo”, indicó ayer Claudia Rodríguez Sánchez, titular de la Junta Local del INE en Chiapas, tras las sesiones de los consejos distritales de la entidad.

La funcionaria se refirió al incendio de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Chicomuselo, donde resultó quemada la paquetería electoral de este municipio rico en recursos naturales y disputado por dos grupos del crimen organizado, cuyos enfrentamientos causaron el desplazamiento forzado de miles de pobladores en los últimos meses.

En el caso de Pantelhó, explicó la vocal ejecutiva del INE, se debe a las amenazas que el instituto recibió por parte de una de las dos agrupaciones que se pelean el territorio, que puso un bloqueo en la entrada del municipio para impedirles el ingreso.

Una parte de Pantelhó no quiere a los partidos políticos

Ya en marzo de 2024 una parte de la población de Pantelhó había dejado claro que no quería elecciones. “El pueblo de Pantelhó aclara que no está de acuerdo ni aceptará las elecciones populares, ya que el municipio no se encuentra en las mejores condiciones para llevarlas a cabo. Nos oponemos en su totalidad y optaremos por un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres”, declararon entonces los representantes de 86 comunidades, reunidos en asamblea.

Desde hace casi tres años, Pantelhó es gobernado por un Consejo Municipal nombrado por usos y costumbres y reconocido por el Congreso del Estado. Este órgano se constituyó tras la aparición de las autodefensas “El Machete”, que ocurrió a un mes de las elecciones del 6 de junio de 2021, donde fue elegido presidente municipal el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Raquel Trujillo Morales, que nunca tomó posesión.

Tras su levantamiento, “El Machete” sacó del pueblo a los políticos cercanos a la familia Herrera por estar supuestamente vinculados con la criminalidad organizada.

Sin embargo, el alejamiento de los Herrera no trajo paz en este municipio de los Altos de Chiapas. Pronto sus pobladores empezaron a denunciar las violencias cometidas por el mismo “Machete”, que por pugnas internas se fracturó en varios grupos.

La vida para la población de Pantelhó se volvió todavía más difícil hace aproximadamente un año, cuando los Herrera regresaron al municipio para disputar el territorio al Machete. A pesar de la presencia del ejército y de la Guardia Nacional, los enfrentamientos se volvieron frecuentes, los muertos se multiplicaron y seguido la población es obligada a abandonar sus casas.

A través de las redes sociales, los dos grupos armados se lanzan acusaciones recíprocas y la tensión ha subido al acercarse las elecciones, que “El Machete” rechaza y los Herrera hubieran querido celebrar.

El proceso electoral más violento de la historia de Chiapas

De acuerdo con declaraciones del consejero del INE, Martín Faz, en otras entidades las inquietudes relacionadas con la inseguridad están focalizadas en regiones específicas, mientras que en Chiapas son generalizadas. Por esto, el operativo de seguridad será mayor.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Chiapas revelan que, hasta el 28 de mayo, 10 personas candidatas o precandidatas han sido asesinadas en el estado y 37 más han sufrido agresiones armadas. Las víctimas llegan a 103 si se incluyen las que han sido amenazadas, secuestradas o desaparecidas.

En el registro de homicidios de aspirantes que han sido verificados por Animal Político, Chiapas figura entre los estados más violentos, con cinco casos de aspirantes a cargos municipales que fueron asesinados entre septiembre de 2023 y mayo de este año.

“Se trata del proceso electoral más violento de la historia de Chiapas”, afirmó Carmen Villa, directora de esta organización que se dedica a dar seguimiento a la incidencia delictiva en el estado.

“La escalada de violencia que se ha venido dando desde el inicio de este proceso electoral no la hemos visto en 2021. Lo que sí ocurrió en ambos procesos es que entre más nos acercamos al día de las elecciones, más casos de violencia encontramos”, dijo.

De hecho, la semana pasada fue especialmente violenta en Chiapas. El martes, un grupo armado atacó la base de la Policía Estatal Preventiva de Ocozocoautla, causando un muerto y tres heridos.

El mismo día, simpatizantes de Morena y del PVEM se enfrentaron a balazos frente a las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Simojovel y una persona fue asesinada.

La madrugada de ayer en Chicomuselo fue incendiada la sede del Consejo Municipal Electoral y en la tarde se reportaron enfrentamientos armados en El Porvenir. Además, en el transcurso de la semana en varios municipios de Chiapas se registraron agresiones armadas a candidatos, a sus colaboradores y viviendas.

Pantelhó es el municipio donde la tensión preelectoral cobró más víctimas. El pasado domingo, se reportó un muerto tras un enfrentamiento entre “El Machete” y las fuerzas de seguridad. Por otro lado, cuatro de sus integrantes fueron asesinados en la tarde del jueves cuando viajaban en una redila y El Machete finca la responsabilidad a los Herrera y otros grupos criminales.

Preocupaciones por la jornada electoral

“Esperamos que el domingo durante la jornada no estemos experimentando otros procesos de violencia como los vivimos durante las elecciones de 2021”, dice Carmen Villa.

Hace tres años, por “condiciones sociales adversas” se tuvieron que suspender los comicios en 6 municipios de Chiapas. Se reagendaron para abril de 2022, pero en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra no se pudieron celebrar ni siquiera en esta ocasión, y el Congreso del Estado optó por nombrar Consejos Municipales.

Algunos conflictos que estallaron durante el proceso político de 2021 se arrastran hasta el día de hoy, como en Pantelhó y Altamirano.

Desde hace meses, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha expresado preocupaciones por la falta de condiciones de seguridad en Chiapas y por la consecuencias que podrían tener en la transparencia del proceso electoral.

“No se puede solamente simular que hay elecciones cuando hay manipulación, control de grupos, amenazas. Hacemos un llamado a la autoridad para que vea qué condiciones se necesitan para que se den unas elecciones libres”, dijo a finales de enero el obispo auxiliar, monseñor Luís Manuel López Alfaro, durante una rueda de prensa.

Por su parte, la delegada del INE en Chiapas aseguró no tener inquietudes sobre la jornada de mañana en la mayor parte de los municipios chiapanecos.

“Creo que hemos trabajado de manera muy coordinada para garantizar la instalación de las casillas y confío en que la ciudadanía chiapaneca se conduzca en el marco de la ley”, dijo.

Artículo publicado en Animal Político el 1 de junio de 2024.

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“Le dieron la pena mínima, pues en caso de homicidio calificado son de 25 a 50 años de prisión. Espero por lo menos que no pase como con la masacre de Acteal, que años después los autores materiales fueron liberados”, afirma en entrevista Juan Pérez Gómez, padre de Simón Pedro. “Exijo reparaciones integrales y que se sigan investigando con los autores intelectuales: quién dio la orden y por qué motivo. Quiero una justicia que sea verdadera”.

La mañana del 5 de julio de 2021, Simón Pedro salió temprano de la comunidad de Nuevo Israelita, con su padre y su hijo. Estacionaron su carro en el centro de Simojovel y dieron unas vueltas buscando cotizaciones para abrir una carpintería.

“Miren, aquí está Hugo”, dijo Simón Pedro al encontrar a Arévalo Abarca en la calle. Lo reconoció porque era de su misma comunidad y lo conocía desde hacía mucho tiempo. Se sorprendió al verlo allí. 

Cuando se dio cuenta de que Simón Pedro y su familia lo estaban mirando, Hugo siguió hablando por teléfono y aceleró el paso, con su andar característico. El mismo andar que lo acompañaba cuando se acercaba, esposado, al Juzgado Civil de Pichucalco para ser enjuiciado, y que muestra en el video grabado por una cámara de vigilancia puesta frente a la tortillería El Globo de Simojovel el día del asesinato, donde se nota que le cuesta correr tras apretar el gatillo.

Hugo Rolando Arévalo Abarca sacó la pistola de su cintura. Disparó por lo menos tres tiros en contra del defensor de derechos humanos; dos de ellos hirieron a dos personas que se encontraban frente a la tortillería. Simón Pedro cayó inmediatamente al suelo, su padre y su hijo estaban a unos 15 metros de distancia. Un policía municipal que estaba haciendo su rondín en la zona fue el primero en llegar y sacó una foto del expresidente de Las Abejas de Acteal, que yacía en el piso. “¡Todavía está vivo!”, dijo. Lo subieron a una patrulla y murió poco después en el hospital. Hoy, Simón Pedro Pérez López está enterrado detrás de su casa.

Simón Pedro era un hombre de fe que predicaba la no violencia e incitaba a los feligreses de la parroquia Santa Catalina del municipio de Pantelhó a denunciar las violaciones que se vivían en la región: una zona de los Altos de Chiapas donde el poder de la criminalidad organizada era ejercido por mano de una familia, los Herrera, que la controlaba políticamente. El hartazgo de la población era fuerte y el asesinato de Simón Pedro fue la gota que derramó el vaso: a unos días de su homicidio, el 7 de julio de 2021, la población de Pantelhó se levantó y sacó a los Herrera del pueblo.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas de Acteal siempre afirmaron que su compañero fue asesinato por su labor en defensa de los derechos humanos y su esperanza era que el juez lo reconociera en su sentencia, así como pasó en 2021 con los homicidios de Juan Carrillo Martínez y su hijo Víctor Carrillo Carrillo en Chihuahua. En su caso, se reconoce que el Estado falló en brindar protección a las personas defensoras y determinó una reparación integral del daño a las familias directas de los fallecidos, así como a su comunidad.

En el caso de Simón Pedro Pérez López, la sentencia omite su trabajo en defensa de los derechos humanos y contempla solo medidas de reparación económica. 

“No se dictó una sentencia con perspectiva de derechos humanos, no se reconoce su labor como persona defensora y queda como si fuera un asesinato aislado”, afirma Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que asumió la representación legal de la familia de Simón Pedro. “Exigimos que se investigue a los autores intelectuales del asesinato, que se otorguen medidas de reparación integral y que se ponga atención a la continuidad de la violencia en la región de los Altos de Chiapas. Vemos la necesidad de medidas de no repetición que puedan proteger a la familia de Simón Pedro y a Las Abejas de Acteal”. 

Artículo publicado por Animal Político el 1 de abril de 2023.

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Ayer, un grupo de integrantes de Las Abejas se manifestó en Cintalapa en ocasión de la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas relacionada con el asesinato de su compañero. 

“Venimos hasta aquí para exigirle a la Fiscalía General y al Poder Judicial del estado de Chiapas que lleven a cabo su trabajo en aplicar la justicia, e investiguen no solo al autor material del asesinato, sino también a quienes dieron la orden de matar”, escribió en un comunicado la organización tzotzil, cuyos integrantes viajaron unas cuatro horas en redila para llegar a Cintalapa. 

Leyeron el comunicado frente al Cerss 14 El Amate, donde se encuentra en prisión preventiva el presunto asesino de Simón Pedro, un hombre que vivía en la misma comunidad —Nuevo Israelita, del municipio de Simojovel— y que fue detenido tras las declaraciones de dos testigos oculares.

Don Juan Pérez, padre de Simón Pedro, y su abogado, Jorge Alberto Gómez Hernández, del CDH Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), entraron al Juzgado de Control. Llevaban consigo 14 pruebas que presentaron al juez y que ayer fueron admitidas para el juicio oral. Entre ellas, hay un video del momento del asesinato, que refuerza lo que los testigos oculares manifiestan.

Con estas 14 pruebas, los representantes legales de la familia quieren demostrar que Simón Pedro Pérez López, que como catequista en la parroquia Santa Catalina de Pantelhó denunciaba la violencia en el municipio, fue asesinado por su labor en defensa de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortaron al Estado mexicano a que investigara si este asesinato tenía relación con el trabajo político de Simón Pedro.

“Detrás del homicidio de nuestro compañero está el crimen organizado. Simón Pedro estaba apoyando a los que estaban sufriendo mucha violencia en Pantelhó, su culpa fue defender la vida y los derechos humanos y por esto lo asesinaron”, afirmó Guadalupe Vázquez Luna, de Las Abejas, organización que convirtió esta exigencia de justicia en una de sus principales demandas, junto con la lucha en contra de la impunidad por la masacre de Acteal.  

El asesinato del expresidente de la mesa directiva de la organización trajo consecuencias en Pantelhó: fue la gota que derramó la paciencia de sus pobladores, que a los pocos días de su muerte presentaron públicamente un grupo de autodefensas llamado El Machete, sacaron a los políticos que según ellos abrieron las puertas al crimen organizado e instauraron un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que fue reconocido por el Congreso del estado.

“Nosotros como organización de Las Abejas siempre hemos caminado por la vía pacífica, nunca hemos estado a favor de las armas”, dijo Guadalupe Vázquez Luna. “Pero tampoco condenamos este acto porque es el reflejo del hartazgo de la gente y de la misma sociedad, que se organiza para defenderse”.

Nuevamente, el cancel del Juzgado de Control de Cintalapa crujió ayer y el padre de Simón Pedro y su representante legal salieron. “La audiencia se canceló, la defensa ha solicitado que se defiera. Se está viendo la posibilidad de que el acusado reconozca su culpabilidad a cambio de que los años de prisión se reduzcan”, expuso frente a los manifestantes Jorge Alberto Gómez Hernández, abogado del Frayba.

La sociedad civil Las Abejas de Acteal recogió sus lonas y subió a sus redilas. El padre de Simón Padre regresará a la comunidad de Nuevo Israelita, donde en 10 días recibirá una propuesta más detallada de procedimiento abreviado por parte de la defensa del presunto asesino de su hijo, donde se puntualizarán los años de prisión que el acusado está dispuesto a cumplir y las reparaciones que propone entregar. Tocará a don Juan y a su familia decidir si aceptan o no sus condiciones. 

Artículo publicado en Animal Político el 29.03.2022

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“Necesitamos revisar porque a veces hay sicarios entre ellos, los ubicamos porque son de acá”, explica el comandante de El Machete, grupo integrado por unos 500 elementos que tiene el apoyo de 86 comunidades del municipio de Pantelhó. Las autodefensas aparecieron públicamente el 7 de julio de 2021 para expulsar a los Herrera, familia que desde hace dos décadas tenía el control sobre la Presidencia Municipal. La acusaban de estar coludida con el crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores.

En Pantelhó hay muchos rastros de las batallas de julio. En el puesto de control que las autodefensas pusieron la semana pasada en la entrada del pueblo ante la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), hay un edificio vandalizado que tiene todavía sus vidrios rotos. En su fachada, cuelgan dos mantas que recuerdan a los muertos,  a los desaparecidos y los nombres de los responsables de los crímenes: políticos e integrantes del crimen organizado.

El vehículo de la Sedena pasa el puesto de control y le toca al que sigue. El Machete revisará los documentos de todos los militares que se encuentran en las siete camionetas de ejército y Guardia Nacional, además de los carros que trasportan a los representantes de la CNB, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General y del Gobierno de Chiapas, de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Una vez terminadas las verificaciones, la columna de vehículos arrancará su camino en la carretera que conduce al cerro de La Pelona, donde se llevarán acabo labores de búsqueda en una posible fosa clandestina.

Un par de horas antes, el 10 de febrero pasado, hubo una inédita junta en la Presidencia Municipal de Pantelhó, edificio que el 26 de julio fue tomado por la población y donde ahora opera un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres.

Los representantes de la Comisión de Búsqueda y de las demás dependencias gubernamentales se reunieron con El Machete, con un teniente del Ejército y con un mayor de la Guardia Nacional, para platicar sobre las operaciones de búsqueda de desaparecidos que empezaron a llevarse a cabo en Pantelhó la semana pasada, y cuyos resultados todavía no son públicos.

“Para no poner en riesgo las operaciones, pedimos al Machete y a la prensa que no entren a los puntos que vamos a revisar, o nos retiraremos”, advirtió Misael Rojas Mejía de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las autodefensas avisaron que, de todos modos, la carretera que conduce al cerro de La Pelona será resguardada por sus elementos. “No están allí para atacar a la Guardia Nacional o al Ejército, sino para seguridad. Queremos que su trabajo salga”, afirmó el comandante del Machete.

El funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos recordó también que, a pesar de que por protocolo los familiares de los desaparecidos suelen acompañar las actividades de búsqueda, en este caso “no participarán para no aumentar la conflictividad”.

De hecho, hay tensión entre las familias de las 21 personas que la comisión está buscando y El Machete. El 26 de julio de 2021, más de 2 mil pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó. A partir de entonces, ya no se supo nada de 21 ellos y sus parientes aseguran que fueron secuestrados y desaparecidos por El Machete.

Durante seis meses, estas familias estuvieron tocando puertas de dependencias estatales y federales, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos. Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, a la Fiscalía, organizaron bloqueos y plantones, y fue hasta mediados de enero que las autoridades anunciaron su entrada a Pantelhó para buscar a sus parientes desaparecidos.

La caravana de vehículos del gobierno y de las fuerzas de seguridad atraviesan la carretera, en buena parte de terracería, que conecta Pantelhó con el municipio de Simojovel. Aquí es territorio del Machete. Las autodefensas colocaron a sus elementos en tres puntos a lo largo del camino para vigilar el paso del convoy. Están armados y encapuchados, algunos son apenas adolescentes, muchos traen una playera y una gorra azul con estrella roja que dice “el pueblo manda y el gobierno obedece”. La gente sale de sus casas para observar el desfile, los niños saludan.

La caravana pasa en frente al Rancho El Progreso, lugar revisado por la CNB en días anteriores. Se trata de una expropiedad de los Herrera, la familia que de acuerdo con los pobladores controlaba los tráficos ilícitos en la zona y tenía cocodrilos en su laguna para desaparecer cadáveres. El rancho fue expropiado en julio de 2021 por la población insurrecta de Pantelhó, y al mes siguiente allí se celebraron las elecciones por usos y costumbres de su Concejo Municipal, que luego ha sido reconocido por el Congreso local.

Esta vez, la larga caravana de militares y funcionarios federales pasa de largo al Rancho El Progreso y se dirige al cerro de La Pelona, un banco de arena y grava donde se podrían haber dado entierros clandestinos. Desde allí se puede observar, en la orilla del río que corre más abajo, la comunidad de Guadalupe Victoria, otro punto que fue visitado por la CNB la semana pasada.

Por otros rumbos, hacia el municipio de San Juan Cancuc, se encuentra otro lugar revisado por la comisión: la comunidad de Oniltik y la cueva donde al principio de diciembre fueron halladas las osamentas de dos personas. El día después, lo que más destacaron los titulares de los periódicos fue que los restos encontrados no eran de los 21 desaparecidos.

“También nosotros tenemos familiares desaparecidos hace años”, dice el comandante de El Machete, y pide a las autoridades que no busquen solo a los 21 sino a todos los desaparecidos.

“Dicen que El Machete asesinó a los 21. Nosotros no los tenemos, no los vimos. Puede venir la Comisión de Búsqueda, que los busque debajo de las piedras”, dice el líder indígena rodeado por sus elementos, en un retén que las autodefensas tienen frente a la entrada de San José Buenavista Tercero, una comunidad que en las dos décadas de dominio de los Herrera puso muertos, desaparecidos y decenas de desplazados.

Artículo publicado en Animal Político el 15.02.2022

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La insurrección en este poblado de Los Altos de Chiapas empezó el 7 de julio, cuando salió a luz pública El Machete, un grupo de autodefensa que acusó a la alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores y a su esposo Raquel Trujillo Morales – presidente municipal electo el 6 de junio por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) – de formar parte del crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores. Por esto fueron expulsados, junto con otras personas acusadas de pertenecer al grupo criminal de Los Herrera, y fueron retenidos 27 pobladores que están desaparecidos.

“Desde hace dos meses no tenemos noticias de nuestros familiares. Hablamos con las autoridades en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, pero nadie nos da respuesta”, dijo durante una protesta frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas Giovanni Aguilar Moreno, familiar de una de las personas retenidas por El Machete, y asegura que no tiene relación alguna con el presidente municipal electo Raquel Trujillo Morales.

El 9 de agosto los pobladores de Pantelhó nombraron a un concejo municipal que fue luego reconocido legalmente por el Congreso de Chiapas, cuyo periodo de gobierno terminó el 30 de septiembre. Qué iba a pasar después de esta fecha ha sido la gran pregunta, siendo que el concejo municipal quiere seguir gobernando y Raquel Trujillo no está dispuesto a dejar el cargo que, de acuerdo con los pobladores, obtuvo a través de amenazas e irregularidades electorales.

La situación se tensó especialmente cuando el alcalde electo anunció en redes sociales que había regresado a Pantelhó para “liberarlo”, y hasta solicitó a la Secretaría de Gobernación medidas cautelares para entrar al poblado. En Pantelhó creció el temor que su regreso desatara una nueva ola de violencia. 

“Habrá más desplazamientos forzados, narcobloqueos y enfrentamientos entre grupos armados en que la gente inocente queda atrapada con balas perdidas y/o dirigidas con olor a muerte”, advirtió la parroquia de San Pedro Apóstol del municipio de Chenalhó, que colinda con Pantelhó. El miedo era tan grande y el recuerdo de la violencia de julio tan vivo, que unas 90 personas pertenecientes a la Sociedad Civil Las Abejas dejaron Pantelhó y se refugiaron en Acteal para resguardarse de los posibles enfrentamientos.

También las autodefensas El Machete se prepararon frente a la posible llegada del alcalde electo. En un video en lengua tsotsil, donde aparecen unas trecientas personas con el rostro tapado y armas largas, dicen que tras un periodo de repliegue decidieron activarse nuevamente el 28 de septiembre. “Raquel Trujillo a la fuerza quiere entrar el 1 de octubre junto con los sicarios. Pero como autodefensas estamos dispuestos a luchar. No atacaremos a la Guardia Nacional ni a la gente de gobierno, nosotros solo atacamos a los sicarios si acaso llegan a atacar al pueblo de Pantelhó”, afirmaron.

Pero Raquel Trujillo Morales logró evitar el problema. Tras semanas de peregrinaciones entre Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México – donde denunció que desde la aparición de las autodefensas Pantelhó vive en el caos y aseguró tener el respaldo de la población – en lugar que atreverse a regresar a Pantelhó, celebró su toma de protesta en un hotel frente a un notario. “Aquí tienen un amigo y vamos a trabajar de la mano con todas y todos, por un mejor Pantelhó, para la paz, la justicia y el desarrollo”, dijo Trujillo Morales en un video que difundió ayer, donde asegura que se instaló también su sesión de cabildo.

De acuerdo con el abogado David Daniel Romero Robles, quien acompañó procesos de autonomía indígena como el de Cherán, políticamente la decisión de Raquel Trujillo Morales no es la más correcta, pero constitucionalmente es presidente municipal y va a poder disponer de los recursos, aunque no esté ejerciendo en la cabecera municipal.

“Las tomas de protesta son simbólicas y políticas, para ellas no está establecido un procedimiento específico. La constancia que se recibe del Instituto Electoral de cada Estado brinda validez al ejercicio en función de los presidentes municipales”, afirma David Daniel Romero Robles. “La gente de Pantelhó podría solicitar al Congreso del Estado la desaparición de poderes, que es un argumento constitucional para que se nombre, o ratifique, a un nuevo concejo desde la comunidad”.

Padre Marcelo Pérez, quien acompañó a los pobladores de Pantelhó en unas reuniones que mantuvieron con las autoridades, afirma en entrevista telefónica que al enterarse de la toma de protesta de Raquel Trujillo se comunicó inmediatamente con el gobierno estatal. “Me dijeron que están buscando la manera legal y constitucional para la desaparición de poderes del alcalde electo y para que el Concejo Municipal pueda seguir trabajando. Tengo confianza en que va a ser realidad”, afirma el sacerdote católico.

Artículo publicado en Animal Político el 2.10.2021

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Veinticuatro años después, a causa de los enfrentamientos que se están dando en el colindante municipio de Pantelhó, Manuel Pérez Pérez y su familia tuvieron que abandonar otra vez su casa y sus animales para refugiarse nuevamente en Acteal, donde la Sociedad Civil Las Abejas dio cobijo a unas 200 de las 2 mil personas que se desplazaron la semana pasada. Unas 400 más se encuentran en un campamento en Yabteclum, Chenalhó, otras se refugiaron en casa de familiares en San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa y San Andrés Larrainzar. 

“No sé para quién están dirigidas las balas, solo sé que tengo miedo”, dice Manuel Pérez Pérez. “Así empezó en 1997, igual lo estoy viviendo ahorita”.

Históricamente en los Altos de Chiapas hay presencia de grupos armados. Empezaron a proliferar a partir de 1994, para intentar ahogar el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y siguen existiendo en la actualidad. Hoy son grupos distintos con distintas características, pero como entonces operan en total impunidad y, de acuerdo con los pobladores, trabajan con el apoyo de las presidencias municipales. 

La existencia de grupos armados en esta región se hizo más visible a partir de octubre de 2017, cuando se dieron desplazamientos forzados masivos en municipios colindante con Chenalhó: en Chalchihuitán se tuvieron que desplazar 5,023 personas y, pocos meses después, en Aldama empezaron los desplazamientos intermitentes de unas 2 mil personas. “En aquel momento pensamos que se estaba dando un proceso de ‘reparamilitarización’ de la zona”, dice Ana Cristina Vázquez Carpizo de Cáritas de San Cristóbal de Las Casas. “Luego nos dimos cuenta de que se trata de algo nuevo, o sea de la configuración de grupos de sicarios del crimen organizado, que vienen incluso de otros estados. Las consecuencias para las comunidades son similares, pero es otro nivel de violencia”.     

La violencia en Pantelhó se recrudeció hace aproximadamente un mes, cuando empezaron a registrarse enfrentamientos en las comunidades colindantes con Chenalhó. En Tzajalchén, 700 personas se están resguardando desde entonces en sus casas: viven aisladas y reciben alimentos solo gracias al apoyo de Cáritas.  

La situación estalló a las 4 de la madrugada del miércoles 7 de julio. Un grupo denominado Autodefensas del Pueblo El Machete irrumpió en la cabecera municipal de Pantelhó, dos días después del asesinato por parte de un sicario de Simón Pedro Pérez López, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quien denunciaba la presencia del crimen organizado en Pantelhó y su relación con políticos locales.

“Entramos no para atacar al pueblo, sino para expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y al crimen organizado”, pues “no queremos más muertes para los pobres campesinos tzeltales y tzotziles”, afirman las autodefensas El Machete en un video que difundieron el sábado, donde aparecen cinco hombres armados. Denuncian que la presidencia municipal perredista de Pantelhó abrió las puertas al crimen organizado y que el Ministerio Público hace oídos sordos a sus denuncias.

 “Como autodefensas del pueblo nos retiramos, porque no buscamos el poder ni el dinero”, aseguran, y afirman dejar a Pantelhó “en manos de los agentes y comisariados de cada comunidad para que elijan a sus autoridades desde nuestros usos y costumbres, no por partidos políticos que han dividido y confrontado al pueblo y traído muchos muertos”.

Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército entraron a Pantelhó el mismo miércoles. Nosotros llegamos dos días después y nos encontramos en un pueblo fantasma. En la carretera de unos 7 kilómetros que une Acteal con Pantelhó, las casas están abandonadas: las puertas quedaron entreabiertas, los perros ladran y los pollos se buscan la vida en los patios. El silencio es casi total y los negocios están cerrados.

A la altura de La Esperanza, unos tres kilómetros antes de la cabecera municipal, centenares de casquillos de bala regados en el suelo y dos patrullas de la Policía Estatal quemadas recuerdan la emboscada que las fuerzas de seguridad sufrieron el jueves, cuando seis policías y tres soldados resultaron heridos. Más tarde, dos vehículos de la Guardia Nacional que se dirigían a Pantelhó para apoyar a sus colegas fueron retenidos a la altura de Majomut, Municipio de Chenalhó, donde un grupo armado llamado “Autodefensas de Chenalhó” les robaron armamento: fusiles, cartuchos, chalecos antibalas y hasta una ametralladora.

Una calle en la entrada de Pantelhó tiene huellas de la batalla del día anterior: laminas, llantas, vidrios, piedras y hoyos en las paredes de las casas vacías. Encontramos gente sólo en el parque central de Pantelhó, donde un par de tiendas venden refrescos a decenas de agentes y soldados que lo ocupan. Algunos pobladores se juntan en las bancas y esquinas, pero el temor los tiene callados. “Pedimos el resguardo permanente del Ejército y Guardia Nacional, para la seguridad de nuestro pueblo”, dice un comunicado que nos entrega un grupo de pobladores. Un coronel de Infantería se nos acerca y asegura: “Tenemos el control del pueblo. Hasta el momento”.

Artículo publicado en Animal Político el 13.07.2021

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