A menudo la familia del padre Marcelo Pérez Pérez visita su tumba. Se encuentra a un costado de la iglesia de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas, pueblo natal del sacerdote tzotzil que acompañaba muchas luchas por la defensa del territorio.

“Cuando estoy allí pido a Dios que llegue la justicia en nuestro Estado”, dice Romeo Pérez Pérez, que tiene el mismo brillo en la mirada que tuvo su hermano y un gesto muy parecido al estrechar la mano. Muestra la fotografía que se tomaron en su casa el 15 de octubre de 2024, cinco días antes del asesinato.

“Yo ya estuviera muerto, pero gracias a Dios estoy vivo”, le dijo el padre Marcelo aquel día, el último que compartieron. Como siempre Romeo se preocupó, pero conocía la temeridad de su hermano. “Tenía claro que su lucha era justa y por esto vivía con una cierta serenidad las amenazas que recibía. Sabía que lo importante era seguir con su trabajo”, dice.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Edgar, el asesino del padre Marcelo

Las grabaciones del 20 de octubre de 2024 de las cámaras ubicadas en la plazuela del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, muestran a una persona que se acerca al carro del padre Marcelo, que recién había salido de oficiar la misa. Es Edgar N, el hombre que dos días después fue detenido y meses más tarde, el 6 de agosto de 2025, fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber disparado al cura.

Edgar es originario de Nuevo León y tiene un pasado como narcomenudista. Llegó a la ciudad chiapaneca, donde fue contratado para asesinar al sacerdote, aproximadamente un mes antes del homicidio.

“No dimensionó la repercusión social y lo vasta que iba a ser la investigación. Lo consideró como un encargo cualquiera y pensaba que, como en muchos otros casos, iba a haber impunidad”, dice el abogado de la familia del padre Marcelo y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que prefiere el anonimato para proteger su seguridad. Explica que por la relevancia del caso —tras el asesinato, hasta el entonces papa Francisco se pronunció en solidaridad con la Iglesia mexicana—, la investigación pronto pasó de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) a la Fiscalía General de la República (FGR).

Caminante del Pueblo Creyente en San Andrés Larrainzar. Foto: Orsetta Bellani

¿Por qué optaron por el juicio abreviado?

La sentencia de 20 años en contra de Edgar N se dio por juicio abreviado, lo cual implica que reconozca los cargos a cambio de una reducción significativa de la pena.

“Aceptamos el juicio abreviado, aunque de esta forma no pudimos solicitar la pena máxima, que era de unos 50 años. Tomamos la decisión para no poner a los familiares en una situación de riesgo ni someterlos al estrés de un juicio, porque algunos son de la tercera edad”, dice el abogado.

El representante legal se dice satisfecho de que, en su sentencia, el juez destacó la importancia que tenía el padre Marcelo no sólo como presbítero, sino también como defensor de derechos humanos y vocero de los pueblos originarios. Además, asegura que la investigación sigue para dar con los autores intelectuales, y comparte que ya existen dos órdenes de aprehensión sin ejecutar: una en contra del hombre que manejaba la motocicleta en la que el asesino huyó, la otra en contra de quien estuvo revisando los movimientos del sacerdote. Los dos hombres son prófugos de la justicia.

Se inconforman ONG por el juicio abreviado 

No toda la sociedad civil chiapaneca aplaudió de lleno la sentencia. El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) la celebró, pero al mismo tiempo manifestó preocupación por el sometimiento a procedimiento abreviado.

“Lo fundamental de este mecanismo es la elusión de un juicio a partir de la autoinculpación del procesado, lo que evita el desahogo de pruebas recabadas”, escribe en un comunicado la organización internacional que acompañó al cura durante casi una década.

“No se conocerán en audiencia pública las pruebas ofrecidas por la FGR, lo que limita la posibilidad de acceder a una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Este aspecto tiene un impacto relevante en el derecho a la verdad en su dimensión colectiva: la sociedad tiene la facultad de conocer qué ocurrió en el asesinato del padre Marcelo”, agregó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) también expresó en un comunicado preocupaciones relacionadas con la estrategia institucional que mantiene la impunidad y la injusticia, “sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz, que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas”.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo.Foto: Orsetta Bellani

El acompañamiento al pueblo de Pantelhó

Personas cercanas al padre Marcelo piensan que su asesinato tiene que ver con el conflicto de Pantelhó, poblado que en el 2021 tras el homicidio del ex presidente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, se levantó en contra de los criminales que controlaban la presidencia municipal.

El sacerdote ya había recibido amenazas en la época en que era párroco de Chenalhó y acompañaba a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, también cuando desde la parroquia de Simojovel denunciaba a la mafia de los caciques locales. Pero fue al acercarse al pueblo de Pantelhó que las acusaciones en su contra se volvieron más agresivas: fue señalado de ser jefe del Machete, el grupo de autodefensas de Pantelhó, y en julio de 2022 la FGE emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas, ocurrida durante el levantamiento de la agrupación armada.

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre entonces. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”.

Padre Marcelo, al fondo, en la catedral de San Cristóbal de Las Casas tras la peregrinación por la Paz en Chiapas del 6 de julio de 2023. Foto: Orsetta Bellani

Jorge Santiago Santiago, defensor de derechos humanos sancristobalenses de larguísima trayectoria, recuerda que por pelear por los derechos de los pueblos, también a don Samuel Ruiz lo acusaron de ser el responsable del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Es cierto que el padre Marcelo asumió las denuncias de los crímenes que se cometían en Pantelhó, pero esto es muy diferente a dirigir o ser parte del Machete. Marcelo tampoco tenía un papel de mediador —que sí tuvo don Samuel Ruiz en el conflicto entre el EZLN y el gobierno—, sino que hacía un trabajo de búsqueda de justicia y de acompañamiento a las demandas de los pueblos frente a las estructuras de poder”, dice Jorge Santiago.

“Para mí no importa tanto quién lo mató, sino por qué lo mataron. Lo podríamos convertir a una cuestión individual, “lo mató tal persona por esto”, pero se trata más bien de intereses profundos, de defensa de la estructura económica y política. Lo asesinaron porque buscaba alternativas a un sistema y este sistema lo asesinó, por su insistencia, por su no parar”.

El problema de la inseguridad en Chiapas no está resuelto

El asesinato del padre Marcelo ocurrió durante un periodo de crisis de violencia e inseguridad en Chiapas, que empezó a mediados de 2021. Hoy en día, en Chiapas los enfrentamientos ya no son tan generalizados, pero tampoco se han detenido, sobre todo en zonas como la Sierra, la Frailesca y en la región fronteriza con Guatemala, país al que los chiapanecos se siguen desplazando. El 13 de octubre, tras un operativo de las fuerzas de seguridad, en los municipios de Jiquipulas, Cintalapa y Arriaga se registraron narcobloqueos, vehículos calcinados y un helicóptero militar fue agredido desde tierra.

“Cuando asesinaron al padre Marcelo estábamos en el contexto de la transición de gobierno y la población tenía la esperanza de que la nueva administración pudiera atender los problemas de inseguridad”, dice el padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“El gobierno anterior negaba el problema, ahora sí hay un discurso distinto que asegura que las zonas en conflicto serán atendidas. Se hizo una especie de tregua, pero el problema no está resuelto e incluso hay reportes de ciudadanos que denuncian que el nuevo cuerpo de seguridad del Estado, los Pakales, violan derechos humanos y fabrican delitos”.

La población en las calles

En marzo de 2025, durante la presentación del informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, Pedro Faro, del CDH Frayba, afirmó que el asesinato creó un clima de miedo en el estado. Muchos sintieron que si le pasó a un cura que gozaba de la “protección” de una institución como la Iglesia católica, le podía tocar a cualquiera.

Peregrinación que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, a dos semanas del asesinato del padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Al mismo tiempo, tras el asesinato del sacerdote los sujetos colectivos tomaron valor en las calles. Fuera carteles de Chiapas, gritaron miles de personas al acompañar el cortejo fúnebre del padre Marcelo. La misma consigna resonó en varias ocasiones en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, frente a transeúntes y turistas, durante las marchas organizadas por las parroquias.

Feligreses y ciudadanos se reunirán nuevamente en San Andrés Larráinzar este 20 de octubre, en ocasión del primer aniversario del asesinato del sacerdote. Acompañarán a Romeo Pérez Pérez y su familia en la marcha-peregrinación que conmemorará la vida del padre Marcelo en el lugar donde está “sembrado”.

Artículo publicado en Animal Político el 20 de octubre de 2025.

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Una vez más, el Pueblo Creyente marchó en las calles de San Cristóbal de Las Casas para denunciar la inseguridad que se vive en la entidad. “Fuera los cárteles de Chiapas!”, gritaron a gran voz durante su peregrinación que se llevó a cabo el sábado, un día después de que en el municipio de Huehuetán se encontraron cuatro cadáveres en medio de plantaciones de caña, atados de pies y manos y en estado de descomposición.

Los aproximadamente 10 mil integrantes de este movimiento católico cercano a la teología de la liberación llegaron de todo el Estado, también de los municipios que fueron más golpeados por la violencia que se disparó en la entidad a partir de la campaña electoral de 2021. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, las violencias de estos años llevaron al desplazamiento forzado de unas 20 mil personas.

“Que [las autoridades de los tres niveles de gobierno] caminen en las comunidades, como lo hicieron durante las campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas al término de la peregrinación, organizada en ocasión del cierre del Año Jubilar jTatic Samuel Ruiz.

Foto: Orsetta Bellani

Las pancartas y las consignas del Pueblo Creyente también pedían el esclarecimiento del homicidio de Padre Marcelo Pérez, que fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas el 20 de octubre, dejando todavía más evidente el protagonismo y la impunidad con que las organizaciones criminales actúan en la ciudad. “Gobierno, define tu postura, ¿estás con el pueblo o estás con el crimen?”, gritaban los feligreses.

El Pueblo Creyente quiso, además, denunciar las consecuencias económicas de la inseguridad, en especial para los campesinos que no logran entrar a sus parcelas, o que no pueden comercializar sus cosechas a causa de los continuos bloqueos instalados por las organizaciones criminales. Además, se denunció el encarecimiento de los precios que conllevan los problemas de transporte de los alimentos.

“Algunas carreteras han sido liberadas de los bloqueos [de la criminalidad organizada] y muchas familias que habían sido desplazadas están regresando a sus comunidades: están palpando un sentimiento de seguridad y quieren entender si es real. Pero siguen con mucho miedo y no se quieren poner en peligro”, afirmó Padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la marcha-peregrinación. “Hay una gran cantidad de armamento en las comunidades y muchos niños siguen sin tomar clases pues por la inseguridad los profesores no llegan. En este contexto tan fuerte de violencia, nuestros hermanos pastorales están allí trabajando, siguen su misión”, destacó el cura, que también subrayó que Estado e Iglesia están en sintonías distintas, siendo que ésta construye desde la no violencia.

Al contrario, la estrategia del nuevo gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (Morena) ha sido militarizar el territorio y llevar a cabo operativos, que llevaron a la detención de centenares de personas -entre ellos políticos y policías- a la incautación de vehículos y equipos de los grupos criminales y a la destrucción de las cámaras de vigilancias que instalaron en siete municipios.

Foto: Orsetta Bellani

“Se pasó de la actitud de negar los problemas a reconocerlos y enfrentarlos”, dijo el sábado en rueda de prensa monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. “Sin embargo, hay pueblos que tienen mucho temor y ven lo que se hizo como algo aparente, como algo que no es de fondo”.

Durante la rueda de prensa el licenciado Adrián del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que coadyuva en las investigaciones del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, aclaró que, por la secrecía de la investigación complementaria, no es posible ventilar si hubo detenciones después del 22 de octubre, cuando un hombre fue arrestado por el homicidio del cura. “Es por respeto al proceso de investigación y por un tema de seguridad: para las personas que pueden ser detenidas, para quienes dan acompañamiento al caso y para los familiares”, afirmó el representante del CDH Minerva Bello. Añadió que el 23 de enero se tenía que vencerá el término de la investigación complementaria, pero el tiempo se extendió hasta 23 de abril, cuando se harán públicos algunos hallazgos muy importantes.

La eucaristía fue celebrada por el nuncio apostólico monseñor Joseph Spiteri, representante del Vaticano en México, que durante la homilía recordó las palabras del Papa Francisco durante su visita a la ciudad, en febrero de 2016, sobre las injusticias en contra de los pueblos originarios. Aquel día, el Papa rezó frente a la tumba de Samuel Ruíz y hoy es su representante en marchar con el Pueblo Creyente, pidiendo que se haga justicia para otro sacerdote que marcó la historia de Chiapas: Padre Marcelo Pérez.

Foto: Orsetta Bellani

Artículo publicado en Desinformémonos el 29 de enero de 2025.

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