Era la noche del 12 de febrero. Alguien tocó la concha para convocar una reunión y, como las demás personas que se encontraban en el Centro de Capacitación CODEDI, Erika acudió al llamado. Allí les informaron que el coordinador general de la organización, Abraham Ramírez Vásquez, había sobrevivido al ataque junto con Emma Martínez, mientras que habían fallecido Alejandro Antonio Díaz Cruz (41 años), Ignacio Basilio Ventura Martínez (17 años) y el cuñado de Erika, Luis Ángel Martínez (18 años).

“Luis Ángel seguía los talleres de mecánica y balconería. Fue aquí que encontró a mi hermana, fueron novios durante un año antes de casarse”, recuerda Erika. “Ahora ella está muy mal y aún no cree que su marido está muerto. ‘Luis Ángel al rato va a regresar, tengo que esperar’, me dice”.

 En este centro autónomo de capacitación para jóvenes indígenas –construido por CODEDI tras recuperar una parte de la ex Finca Alemania, en el Municipio oaxaqueño de Santa María Huatulco– todo el mundo habla en presente cuando recuerda sus tres compañeros asesinados.

“Ignacio no se murió, está aquí con nosotros”, asegura un muchacho que llamaremos Felipe, y que trabajaba con Ignacio en el naranjal. Felipe está dolido: inspira hondo cuando habla de su amigo y, al espirar con la boca, emite un ruido fuerte. Los ojos se le enrojan al recordar que Nacho –al que le decían “el señorón” porque, a pesar de ser joven, era muy trabajador– apoyaba económicamente a su hermanito para que pudiera seguir con sus estudios.

“Nada más quiero saber quién los mató, y sacarme todo este coraje que tengo adentro”, afirma Erika Vásquez Valladares. Pocos días antes de ser asesinado, su cuñado Luis Ángel acarició su panza de 8 meses: “Ojalá que marzo llegue pronto –le dijo– tengo ganas de conocer a tu bebé”.

Cuando empezaron a rafaguear su camioneta, Abraham Ramírez Vásquez abrió la puerta y se dejó rodar en el suelo. Se escondió en el monte unos minutos, escuchando los disparos, hasta que el carro de los sicarios se fue. Al regresar, descubrió que Emma Martínez había sobrevivido por haber estado escondida durante todo el tiempo de la balacera debajo de los asientos. Alejandro, Ignacio y Luis Ángel estaban sin vida.

El grupo iba de regreso de una reunión en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, donde CODEDI había sido citado para hablar de un conflicto poselectoral que surgió en el Municipio de Santiago Xanica.

Después de pasar Miahuatlán, se les emparejó una camioneta Chevrolet verde olivo y empezó a disparar. “Ocuparon R15, unos rifles de alto poder y de uso exclusivo del ejército, esto nos hace pensar que es gente del gobierno. Además, uno de los sicarios llevaba un chaleco antibala del tipo utilizado por la Policía Ministerial”, afirma Abraham Ramírez. Un hombre sentado a su lado añade que son armas tan grandes que no se pueden ocultar, que si viajas por una carretera con ellas tienes que tener protecciones.

Abraham Ramírez enseña una minúscula herida arriba del ojo izquierdo y otra, casi imperceptible, en el vientre. Las únicas consecuencias de un ataque armado que pretendía acabar con su vida. “Salí con vida y con muchas ganas de salir adelante, haremos un trabajo organizativo aún más fuerte en defensa de nuestros pueblos y en defensa de la autonomía y el territorio”, afirma el militante zapoteco, quien estuvo preso durante seis años y tres meses por lo que considera razones políticas.

Del ataque CODEDI responsabiliza no sólo al gobierno, que hasta ahora no se ha pronunciado ni presentado algún avance de la investigación, sino también a los grupos que tienen intereses económicos en las regiones donde opera la organización: Valles Centrales, Sierra Sur, Costa e Istmo del Estado de Oaxaca. De acuerdo con los zapotecos, empresas y gobierno siempre caminaron de la mano.

“Por el trabajo organizativo que llevamos en la región y por construir nuestro centro de capacitación, tenemos muy claro que hemos tocado grandes intereses: mineras, hidroeléctricas y empresas turísticas que operan en Huatulco”, explica Abraham Ramírez. “CODEDI lucha también en contra de la construcción de una Zona Económica Especial (ZEE) en Oaxaca, y de los talamontes ligados al crimen organizado que han venido a saquear nuestros bosques”.

A Abraham Ramírez se le ve sereno. No da muestra de nerviosismo o de preocupación. Pero se pone serio y pensativo cuando habla de sus tres compañeros asesinados. “Alejandro Díaz Cruz es cofundador de CODEDI, que creamos en 1998. Le gustaba el teatro, era un compañero de mucho entusiasmo y, junto también con Ignacio Ventura y Luis Ángel Martínez, participó en las brigadas que formó CODEDI tras el sismo de septiembre. Un día Alejandro me dijo: contigo hasta la muerte, al precio que sea”, recuerda Abraham Ramírez, quien recibía amenazas desde hace mucho tiempo.

Fredy García manejaba nervioso en la carretera de terracería, llena de polvo y curvas, que lleva al Centro de Capacitación CODEDI. Era casi la medianoche del 12 de febrero y, poco antes, había recibido una llamada.

–Atacaron a los compas, hay tres muertos.

Fredy no sabía quiénes eran los muertos, ni cómo estaban las demás personas que viajaban en la camioneta. Estaba preocupado. Llegando a la ex Finca Alemania encontró a sus compañeros en alerta, que organizaban turnos de guardia.

Fredy García conformaba el grupo de integrantes de CODEDI que el 19 de abril de 2013 recuperó más de 300 hectáreas de tierra de la finca, tras un acuerdo con el dueño que la tenía improductiva desde hacía mucho tiempo.

“En principio nos instalamos donde está la capillita y armamos unas pequeñas láminas para construir nuestro campamento. Todo era matorrales, caminabas por un lado y veías monte, por el otro igual. Nadie en este momento pensaba que en tan poco tiempo se iba a instalar un proyecto tan grande”, afirma el joven.

Hoy en día, el Centro de Capacitación CODEDI contempla más de 18 talleres –desde panadería hasta corte y confección– y varios proyectos productivos como un criadero de cerdos y de pollos, donde gracias a tres incubadoras se crían unos 900 pollitos al mes, que se reparten entre las comunidades de la organización. Sus instalaciones han sido construidas a través del tequio de los integrantes de la organización, y con los ladrillos que allí mismo se producen.

En el Centro de Capacitación CODEDI existen también escuelas autónomas de cuatro grados de estudio, desde preescolar hasta bachillerato, y el gran sueño de la organización es fundar la Universidad de la Sierra Sur, donde puedan estudiar jóvenes de bajo recursos.

“Hace menos de 4 años, cuando se hizo la toma, CODEDI tenía presencia en menos de 10 comunidades, ahora estamos en 53. Justo en estas semanas nos estamos reuniendo con más comunidades que quieren entrar a la organización”, afirma Marisela García Echevarría. “Somos una piedra en el zapato del gobierno, por esto nos ataca”.

Un hombre hunde su cara en una concha de mar, de la que se desprende un sonido largo y grave. Los muchachos interrumpen su partido y la gente poco a poco se acerca a la cancha de basket del Centro de Capacitación CODEDI, donde Ignacio Ventura jugaba cada tarde con sus compañeros, hasta el día anterior a su asesinato.

Todos se sientan en el suelo, formando un circulo. Una niña hace marometas en su centro, otras corren de un lado al otro. Los jóvenes del Centro de Capacitación hablan uno a uno, buscando palabras para darse ánimo. Hoy reciben la visita de algunos militantes del Nodo Solidale, un grupo que hace parte de la plataforma internacionalista PIRATA, y que vino para solidalizarse con la organización.

Alguien cuenta que una comisión saldrá el día siguiente para Oaxaca de Juárez, donde se instalará un plantón en el zócalo para exigir justicia. Durante nueve días, CODEDI y los demás integrantes del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA) velarán tres cruces que llevan los nombres de sus compañeros caídos.

“Esta noche aquí en el Centro vamos a seguir con los turnos de vigilancia para cuidarnos, pero no tengan miedo. Aquí no nos van a golpear porque estamos unidos, estamos organizados”, dice Fredy García.

“Por esto a los compañeros los atacaron cuando estaban lejos de acá. Nuestros enemigos -sentencia- saben que aquí no pueden”.

Artículo publicado en Animal Político el 22.02.2018

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Aquella mañana Miriam se despertó en la barricada en la autopista y se fue a casa para ducharse. Cuando regresó, la entrada del pueblo se había convertido en un campo de batalla: por el lado de la Policía, gases lacrimógenos y armas de fuego; por el lado de los pobladores, palos, piedras, machetes y bombas molotov. “La Policía Federal, la Estatal y la Gendarmería dicen que vinieron para desmontar la barricada que estaba en la autopista, pero después del desalojo se metieron hasta el pueblo. Eso enfadó a mucha gente», afirma la profesora a Público. Luego señala los hoteles Juquila y Merli, en los flancos de la carretera. “Los francotiradores disparaban desde allí. Yo estaba en frente del hotel Juquila y vi a un compañero caer en el asfalto”, recuerda la maestra.

Al enterarse del ataque, el párroco de Nochixtlán tocó las campanas para convocar a la población. Cuando las escuchó Yalid Jiménez, un padre de familia de 29 años, no se lo pensó dos veces y corrió en apoyo de los profesores. Allí murió acribillado tras recibir cuatro disparos. “Hasta ahora no hemos tenido ningún apoyo del Gobierno, ni siquiera un expediente sobre las circunstancia de su muerte. Sólo promesas y ningún avance”, denuncia Juan Antonio Jiménez Santiago, profesor y padre del joven. Responsabiliza al Ejecutivo federal y estatal del asesinato del hijo y pide justicia con un tono tan firme que parece que la rabia le haya tapado el dolor.

De acuerdo a la CNTE, once personas murieron por impacto de bala tras el desalojo del bloqueo. Entre ellas, un catequista de 19 años que había llegado para socorrer a los heridos. En un primer momento, la Comisión Nacional de Seguridad negó el uso de armas de fuego, pero después tuvo que admitir la evidencia mostrada en las fotografías publicadas en la prensa local. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, afirma que el tiroteo duró unas diez horas y que la Policía Federal llegó a lanzar gases lacrimógenos en la colonia 20 de Noviembre, donde se encontraban sólo mujeres y niños.

El día de la agresión, el cura de Nochixtlán organizó una sala de emergencia en la parroquia de la localidad. “Todos eran heridos de bala. Calculo que llegaron unas 110 personas, los casos más complicados son alrededor de 50”, afirma un doctor que, para preservar su seguridad, prefiere no revelar su nombre. Cuenta que el hospital de Nochixtlán fue ocupado por la Policía, que amenazó a los médicos para que no atendieran a los civiles heridos.

Un muchacho que quiere guardar su anonimato cuenta que aquella mañana, cuando fue intentó llegar al hospital en búsqueda de su madre, fue recibido por la Policía con gases lacrimógenos. Retrocedió hasta la entrada del Panteón, donde le dispararon. “Toca aquí ”, dice, mientras se señala con su única mano no vendada su hombro. Tiene una pequeña protuberancia. “Es una bala. Lleva un mes y medio allí”, asegura. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos del ataque de Nochixtlán llevará una bala incrustada en el cuerpo durante toda su vida. Después de mes y medio ─explica el doctor que los socorrió en la parroquia─ los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.

Casi todos los heridos de Nochixtlán se encuentran hoy en la Ciudad de México, donde están recibiendo atención médica. Algunos han preferido no ir porque tienen miedo, ya que desde el día siguiente al ataque han recibido amenazas para que no denuncien. Ni siquiera entran al hospital de Nochixtlán. Prefieren acudir a un consultorio que el profesorado abrió en la escuela primaria del pueblo, donde pueden conservar el anonimato. Tras las primeras negociaciones, el Gobierno de Enrique Peña Nieto envió a Nochixtlán unidades médicas, pero sin médicos especialistas, necesarios para atender heridos de gravedad. Por la noche los doctores se fueron prometiendo regresar al día siguiente, pero nunca volvieron.

La masacre de Nochixtlán sigue impune. Tras más de un mes y medio, el pueblo oaxaqueño parece tranquilo, aún con los vehículos calcinados que recuerdan el día de la batalla. En un autobús carbonizado cuelgan pancartas que piden justicia para los caídos y acusan a los gobernantes de ser unos asesinos. Un poco más lejos, un cartel turístico que invita a visitar las cascadas de Apoala luce un agujero de bala. A su lado se extiende un prado, donde un hombre y una mujer rezan junto a una cruz. “Allí el 19 de junio murieron dos muchachos”, dice Miriam.

Artículo publicado en Público el 9.08.2016

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El sol del trópico quema sobre el asfalto de la autopista que une las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, mientras unos 8mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) – el sector más rebelde del magisterio mexicano – miran con satisfacción a la Policía Federal abrirles el paso.

Los integrantes de la CNTE caminan rumbo a la caseta de cobro con sus escudos, cascos, palos y máscaras antigás, cantando consignas en contra de la reforma educativa y del presidente Enrique Peña Nieto. Allí se instalan durante unas horas para impedir el paso a los vehículos, una de las formas de protesta más comunes en México.

Con los maestros y el calor del mediodía, aparecen también los vendedores ambulantes: empujan carritos de helados, raspados, fruta fresca. Una señora que ofrece mangos y pepinos intenta convencernos: “Compren antes de que la policía les lance gases”. Algunos manifestantes levantan una valla de escudos y cuerpos para bloquear la autopista, otros se esperan en la sombra.

Desde el 15 de mayo, cuando comenzaron las movilizaciones de la CNTE, muchas carreteras del país están tapadas, causando problemas de desabasto de víveres y gasolina, y obligando a las compañías de autobuses foráneos a cancelar sus carreras.

“Seguiremos manifestando hasta cuando el gobierno abrogará la reforma que abre las puertas a la privatización de la educación”, afirma José Luis, un maestro de la CNTE del Municipio de Ixtapa, que luce el rostro de Che Guevara colgado al cuello y tatuado en el brazo.

Las negociaciones entre el gobierno y la CNTE ya están en curso. El Secretario de la Educación Pública Aurelio Nuño ha asegurado que “la reforma es un proceso que no se va a detener”, y que el diálogo será político y no educativo. Por su parte, el maestro José Luis afirma que no se puede abrir un diálogo que no involucre los contenidos de la reforma, y que lo que quiere el gobierno es desgastar al movimiento esperando que los profesores se cansen de manifestarse. Sin embargo, asegura José Luis, ellos no se cansarán.

Tablets y computadoras

El estado de la educación pública en México es trágico. Diez millones de personas no han acudido a la escuela primaria y existen jóvenes que salen de la preparatoria sabiendo a duras penas leer y escribir. El mismo ex Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, ha reconocido que los libros de textos tienen faltas de ortografía y errores científicos.

De acuerdo a la CNTE, es necesaria una reforma del sector que involucre a los profesores en su diseño y que no sea – como la promulgada por Peña Nieto en 2013 – impuesta por los organismos financieros internacionales cuyo objetivo es privatizar la educación.

“El gobierno dice que dará tablets y computadoras a los niños, pero donde yo enseño no hay ni siquiera energía eléctrica. Además, si los niños llegan a la escuela sin haber desayunado, ¿cómo se piensa que puedan pagar un libro de texto?”, pregunta un maestro de una zona llamada Altos de Chiapas, donde el 88% de la población vive en la pobreza.

Unos momentos antes, cuando frente a la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas un muro formado por los policías federales intentaba contener la iniciativa de la CNTE, la tensión espesaba el aire. A unos pocos metros de la Federal, dos hileras de profesores enseñaban sus cascos, resorteras y los escudos que habían secuestrado a la policía en las movilizaciones anteriores. Detrás de ellos, miles de sus colegas esperaban que se evitara la violencia.

En aquellos instantes era difícil no pensar en lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca, cuando la policía disparó en contra de los maestros de la CNTE y de los padres de familias que habían organizado el bloqueo de una carretera, matando a 12 personas. Entre ellos Jesús Cadena, un catequista y estudiante de seminario de 19 años, llegado para socorrer a los heridos.

De acuerdo a medios locales, aquel día la policía tomó el control del Hospital General de Nochixtlán para impedir el ingreso de los heridos, mientras que a unos 300 km un periodista fue ejecutado con un balazo a quemarropa cuando estaba cubriendo las movilizaciones en la ciudad de Juchitán. El último asesinado relacionado con las protesta se registró en la madrugada de domingo, cuando se encontró el cuerpo sin vida del periodista y activista Salvador Olmos García de Huajuapan.

El saldo de la represión cuenta también numerosos heridos, desaparecidos y detenidos, entre ellos los líderes de la CNTE Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos. Están acusados de lavado de dinero y robo de libros de texto, y las autoridades han asegurado que su detención no es política.

«Abriremos cuando haya justicia»

Oaxaca es el Estado donde se están dando las movilizaciones más fuertes. Los medios que lograron superar los bloqueos para viajar a Nochixtlán desde la capital del Estado, famosa por su arquitectura colonial y su sabrosa comida, describen carreteras interrumpidas por barricadas con autos, camiones y autobuses quemados a sus orillas. “Turista, Oaxaca está temporalmente cerrada. Abriremos tan pronto como haya justicia”, se lee en un muro del centro de la ciudad.

El 11 de junio, la capital de Oaxaca ha visto un fantasma de su pasado. La policía reprimió una movilización de la CNTE que, apoyada por la población, construyó barricadas y empezó una batalla con la policía.

En aquellos días se cumplían justo 10 años del desalojo de los maestros de la CNTE de junio 2006, cuando la represión fue tan brutal que la población se sumó a las movilizaciones y se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La APPO bloqueó el acceso a la ciudad, echó a los partidos políticos y la población oaxaqueña promovió una experiencia de autogobierno, que ha sido llamada Comuna de Oaxaca.

“No creo que la APPO haya cambiado al país, pero sí dejó una gran lección al movimiento social y le envió un mensaje al poder: no necesitamos sus instituciones y sus fuerzas del orden. Podemos decidir, organizarnos y cuidarnos a nosotros mismos”, afirma en entrevista Montserrat Sanmartín Cruz, integrante de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), que desde el 4 de junio se está movilizando con el magisterio. La joven participó también en las protestas de hace 10 años: en las marchas, en las barricadas y en la toma de Canal 9, la televisora de Estado que un grupo de mujeres logró ocupar para establecer y transmitir su propia programación.

El plantón de la CNTE en el centro de Tuxtla Gutiérrez ha sido instalado a mediados de mayo, y crece día a día. Los maestros de Chiapas mudaron sus vidas debajo de estas lonas de plástico, levantadas con palos de madera: allí pusieron sus colchones, radios, ollas y cocinas. Establecieron turnos para cocinar, limpiar y tienen asambleas que duran hasta la madrugada, donde deciden sus actividades cotidianas de protesta. Desde hace más de un mes viven aquí, a pesar del calor tenaz de las tardes chiapanecas y de los aguaceros improvisos típicos de esta temporada.

Los maestros se turnan para vivir en el plantón, donde transcurren cinco días y luego regresan tres días a sus casas. Muchos vienen de zonas remotas de esta región de montañas y selva, donde las carreteras no tienen asfalto y a las escuelas les falta piso firme y paredes de cemento.

Buena parte de la comida que consumen es regalada por la población de Tuxtla Gutiérrez, una ciudad donde la protesta social nunca floreció mucho, y que sin embargo parece haberse despertado. Todo comenzó diez días después del comienzo de las movilizaciones, cuando la policía reprimió con brutalidad los maestros, causando una reacción opuesta a la esperada: miles de ciudadanos que vieron la violencia de sus ventanas, salieron a marchar con la CNTE.

“Creo que la única forma de evitar otra masacre disfrazada de un supuesto «orden público» es salir a las calles y hacerse presente, hacer protesta pacífica con organización y cultura”, afirma en entrevista Julieta Albores González, arquitecta y escultora de Tuxtla Gutiérrez. “Creo que la solidaridad espontánea que ha surgido en el pueblo chiapaneco se debe sobretodo a un hartazgo general, pues desde el sexenio pasado la crisis económica y social va de mal en peor, las instituciones están en bancarrota y la iniciativa privada atraviesa una crisis como nunca”.

Desde las regiones del sur, la movilización de los maestros y de la población mexicana se está expandiendo hacia los estados del norte, históricamente más conservadores. Como en las ciudades de Monterrey y Durango, donde miles de personas han salido a las calles.

Un paro de los profesores que se está transformando en una insurrección popular, que crece e involucra los empleados del sector salud, universitarios, una parte de la Iglesia y la ciudadanía en general.

 Artículo publicado en El Gara el 30.06.2016.

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