El 19 de junio 2016, un centenar de agentes de la Policía Estatal, de la Policía Federal y de la Gendarmería llegaron al pueblo de Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca, para quitar la barricada que mantenía cerrada la carretera y que, como en muchos otros lugares del sur de México, había sido colocada por el sindicado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma que abre las puertas a la privatización de la educación. Una vez abierta la carretera que conecta la Ciudad de México con los estados del sur, la Policía se encaminó rumbo al pueblo y empezó la «batalla de Nochixtlán»: en un lado, los uniformados con gases y armas, y en el otro, los pobladores con palos, piedras, machetes y cócteles molotov.

Alertados por el sonido de las campanas, centenares de vecinos de Nochixtlán y de los poblados cercanos se agruparon a la entrada del pueblo. Querían expresar su solidaridad con el profesorado, al tiempo que se declaraban preocupados por la entrada de la Policía en el pueblo. El ataque duró unas diez horas: resultaron heridas más de cien personas y ocho fueron ejecutadas, entre ellas un catequista de 19 años que había llegado para socorrer a los heridos.

A un año de los hechos, ninguna de las víctimas ha obtenido justicia por este crimen de Estado. Ningún agente o mando ha sido castigado y el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio de Nochixtlán afirma que no ha habido avances en la investigación, solo promesas.

Las víctimas del ataque de Nochixtlán, que exigen ser reconocidas como víctimas de un delito de lesa humanidad, siguen siendo blanco de ataques e intimidaciones. Uno de los episodios más graves fue el atentado sufrido por el profesor Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas. Un individuo disparó hasta en seis ocasiones contra su automóvil, hiriendo al maestro en una pierna. Junto a él viajaba el profesor Felipe Montesinos Sánchez, cuya casa fue tiroteada dos semanas después.

El miedo de las víctimas y la desconfianza hacia las instituciones es tal que se han negado a ofrecer su versión de los hechos a las autoridades: en el informe elaborado por el Ministerio Público faltan sus testimonios, además de material audiovisual que no han divulgado por miedo a represalias.

Un médico de Nochixtlán, que pide guardar anonimato, nos mostró el consultorio médico que, a unos meses del ataque, había abierto en la escuela primaria del pueblo, para permitir a los pacientes reservar su identidad. «Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados», explicó. Recordó que el día del ataque, la Policía ocupó el hospital para impedir al personal atender a los civiles, y los heridos eran trasladados a la parroquia.

«Intenté acercarme al hospital, allí afuera estaban los policías y tiraban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar», relata Alejandro que, al escuchar las campanas de la Iglesia, intuyó lo que estaba pasando y se precipitó al hospital comunitario para buscar a su mamá.

«La gente empezó a lanzar piedras en con- tra de los policías, corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, y llegamos hasta el panteón. Allí me apuntaron y escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo», relata el joven, que oculta su verdadero nombre por seguridad.

A un año de aquellos hechos, la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) aún no ha brindado los recursos necesarios para que los heridos puedan recibir la atención médica que requieren. Es una de las demandas de los pobladores de Nochixtlán, que durante todo el pasado fin de semana organizaron actividades para exigir justicia por la represión de hace un año.

«Hasta donde yo alcanzo a observar, las autoridades no quieren ir más allá de lo ya conocido», denuncia Virgilio Caballero Pedraza, diputado e integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a los sucesos ocurridos el 19 de junio de 2016. «No sabemos cuál fue la responsabilidad de los mandos. Quién de ellos ordenó disparar contra los pobladores y por qué continuaron disparando. Yo veo a la autoridad con una actitud de omisión», subraya.

Artículo publicado en El Gara el 20.06.2017.

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Miguel corrió rumbo a la salida del pueblo, por donde pasa la autopista que conecta la Ciudad de México a Oaxaca y a los demás estados del sur. “Intenté acercarme pasando por la parte de atrás del hospital comunitario. Allí afuera estaban los policías y aventaban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar”, recuerda Miguel, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad. “La gente empezó a lanzar piedras en contra de los policías, yo me quede allí observando una media hora, pero llegaron más agentes. Corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, llegué hasta el panteón pero allí no pudimos cruzar porque había un tráiler de pollos que se estaba incendiando”.

Fue allí que unos policías posicionados encima del muro del panteón dispararon a Miguel. “Cuando vi que estaban apuntando, escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo”, relata el joven. Luego me agarra un dedo con su única mano no vendada y lo pasea por su hombro, donde finalmente percibo una pequeña protuberancia: “Toca acá. Es una bala, lleva un mes y medio allí”, dice.

Un médico de Nochixtlán, que prefiere guardar el anonimato, nos contó que en el día del ataque la policía ocupó el hospital para impedir al personal de atender a los civiles, y que los heridos eran trasladados a la parroquia. A pesar de que todas las personas que encontramos en Nochixtlán confirmaron esta versión, en entrevista con el diario La Jornadael director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, la rechazó. “No tengo ningún reporte de que haya sido negado ningún servicio, porque tenemos un protocolo, y cuando se niegan los servicios, ese protocolo se activa y se busca a los afectados”, afirmó el funcionario.

Según el medico de Nochixtlán que atendió a los heridos en la parroquia, el día del ataque llegaron unas 110 personas, todas heridas de balas. Alrededor de 50 eran casos complicados, pero allí no habían herramientas para sacar a los proyectiles. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos llevará una bala clavada en el cuerpo durante toda su vida, pues después de un rato los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.

El doctor creó un consultorio médico adentro de la escuela primaria de Nochixtlán, donde brinda atención básica y permite a los pacientes de guardar su anonimato. “Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados”, explica.

Relata que, después de las primeras negociaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la CNTE, fueron enviadas a Nochixtlán unas unidades médicas, pero no traían los especialistas necesarios para atender a los heridos de gravedad. Sin embargo, en las negociaciones más recientes se acordó trasladar a los heridos del ataque del 19 de junio a la Ciudad de México para ser trasladados y atendidos.

El médico añade que, a pesar de que unas siete personas heridas están tan asustadas que prefirieron no viajar a la Ciudad de México para ser atendidas, muchas de las víctimas del ataque están poco a poco perdiendo el miedo a salir públicamente para denunciar lo ocurrido.

De hecho, los heridos del ataque marcharon en la capital para exigir reparación del daño, justicia y castigo a los responsables, y tienen intención de presentar una demanda colectiva junto con los familiares de los fallecidos. El Comité de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) está preparando un expediente sobre el caso para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o alguna otra instancia internacional durante el mes de septiembre pues, afirma, en el ataque hay una clara responsabilidad del Estado, que no juzgará a si mismo.

Artículo publicado en el Programa de Las Américas el 11.09.2016

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