El pasado 26 de setiembre un grupo de normalistas de la localidad de Ayotzinapa, en el estado suroccidental de Guerrero, estaban recaudando fondos en la cercana Iguala para poder viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968.

De regreso a su pueblo, los normalistas ocuparon tres autobuses y fueron víctimas de un ataque de la policía municipal, que disparó en su contra. En seguida llegó un grupo de civiles equipados con armas en apoyo a la policía local, que a su vez disparó. El saldo de la agresión fue de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos, dos de ellos fueron secuestrados a pocos metros de una instalación militar, sin que nadie interviniera.

“Por fin se pone orden”, tituló el día siguiente el Diario de Guerrero.

Fiscalía acusa a responsables
Inicialmente abundaban las especulaciones sobre lo ocurrido en Iguala, entre ellas estaba la versión que cuando los estudiantes ocuparon los autobuses se encontraban cerca de un acto público donde María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estaba presentando un informe de actividad como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio. Por temor a que los normalistas se acercaran a la plaza y pifiaran a su esposa, el alcalde —quien ahora se encuentra prófugo— ordenó a su jefe de seguridad “que los persiguieran, detuvieran y dieran un escarmiento”. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el matrimonio es cercano al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.

Esta versión fue confirmada por la Fiscalía General de México que el 22 de octubre acusó al alcalde Abarca —quien el 17 de octubre fue separado de su cargo por el Congreso del estado de Guerrero—, y su esposa, como presuntos autores intelectuales de los hechos al haber ordenado a la policía municipal que atacara a los estudiantes. La Fiscalía también responsabilizó de los hechos a Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, y ha pedido orden de detención contra Abarca, Pineda y Flores.

“Asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividad [como titular del DIF, el organismo encargado del bienestar de la infancia y la familia]”, indicó el procurador general Jesús Murillo Karam.

Dos integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos —escisión del cártel de los Beltrán Leyva— confesaron el 6 de octubre que la noche del ataque la policía municipal les entregó 17 estudiantes a quienes ejecutaron, quemaron y enterraron en una fosa común. De los demás 26 desaparecidos no hay ninguna noticia. Por lo pronto, han sido detenidos 36 policías y 17 integrantes del cartel, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias Salgado.

Buenas relaciones con la mafia
De acuerdo al libro El Cartel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco, de Diego Osorno, en los años 70 el capo del tráfico de drogas Alberto Sicilia Falcón y un grupo de mandos militares llevaron a Guerrero la siembra de cultivos ilícitos, y las autoridades locales siempre fueron complacientes.

Los normalistas de Ayotzinapa habrían sido víctimas de las buenas relaciones entre mafia, política y militares que hace cuadro décadas instalaron las bases de la impunidad, convirtiendo a Guerrero en un estado sumamente coludido con los cárteles criminales.

“Lo que el gobierno quiere conseguir con esta agresión es asustarnos, y frente al horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo”, dijo a Noticias Aliadas un manifestante que prefirió quedar anónimo, y que participó en una movilización organizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 8 de octubre pasado.

Aquel día, más de 60 ciudades de todo el mundo se movilizaron para pedir justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. En San Cristóbal de Las Casas, 20,000 zapatistas marcharon en filas ordenadas atravesando en silencio el centro de la ciudad colonial, enseñando pancartas que decían “su rabia también es la nuestra”, “su dolor es nuestro dolor”, “no están sol@s”. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sumó también a la convocatoria de movilización nacional en solidaridad con los estudiantes desaparecidos y sus familias del 22 de octubre.

Operaciones de búsqueda
A un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, nada se sabe sobre su paradero. Ante la inacción gubernamental, el 13 de octubre encapuchados prendieron fuego a la sede del gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, capital del estado, y dejaron escrito en una pared: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El 4 de octubre se encontraron cinco fosas comunes cerca de Iguala con 28 cuerpos. Peritos oficiales afirmaron que no pertenecían a los estudiantes, mientras que el independiente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo que no tienen aún los resultados de sus investigaciones.

Conforme avanzan las operaciones de búsqueda se ha multiplicado el hallazgo de fosas clandestinas. Al momento se han hallado 19 y casi cada día se encuentran nuevas. ¿A quiénes pertenecen todos estos restos?

“El padre [Alejandro] Solalinde, director del albergue para migrantes ‘Hermanos en el Camino’, define de forma contundente este país: es una gran fosa común”, comenta a Noticias Aliadas el escritor y periodista independiente mexicano Gaspar Morquecho Escamilla. “En particular, el estado de Guerrero tiene una larga historia de violencia. Hace poco descubrieron lugares donde fueron enterrados guerrilleros de la década de los 70; fue una práctica común desaparecerlos, asesinarlos y enterrar clandestinamente sus cuerpos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió al Estado mexicano adoptar de forma inmediata “todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce” y emprender “una investigación pronta, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Iguala”.

“La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares”, señaló la CIDH. “De igual forma, la Comisión considera fundamental adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos estudiantes que sobrevivieron a estos ataques, así como a los familiares de las víctimas de estos hechos, y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias para asegurar la no repetición de hechos similares”.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 23.10.2014

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Profesor Mejía Londoño, ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Juan Manuel Santos para combatir al narcotráfico?

La posición del goberno es prohibicionista, aunque recientemente se ha ido abriendo a un debate internacional sobre la posibilidad que el estado cumpla un papel regulador, más que perseguir la producción. Pero a pesar de ser el país que podría y debería liderar el debate a nivel latinoamericano en torno a la política de drogas, no lo ha hecho esperando a que lo haga el de Guatemala, que es país pequeño que no tiene influencia a nivel regional.

¿Por qué un campesino decide producir coca en lugar de alimentos?

Producir coca es más rentable que producir comida. Además, los campesinos no tienen que sacarla al mercado para venderla, son los compradores que llegan a la puerta de su finca a recogerla. En algunos casos puede ser un tema de presión de los grupos armados ilegales: o cultivas coca o te vas.

¿Qué rol tienen los paramilitares y las guerrillas en el narcotráfico?

Hasta la mitad de la década de los 90, las Farc (Fuerza Armada Revolucionarias de Colombia) se vinculaban al narcotráfico sólo cobrando un impuesto que se llama “gramaje”. Es decir, la guerrilla cobraba al narco una suma por cada kilo de coca producida en el territorio bajo su control. Con la caída del comunismo la organización guerrillera perdió financiación internacional y, aprovechando el vacío de poder creado por el desmantelamiento de los carteles de Medellín y de Cali, entró en el negocio, controlando zonas de cultivos y laboratorios. Las Farc y, más recientemente, el Eln (Ejército de Liberación Nacional) están involucradas sólo en las primeras etapas de la producción, es decir el cultivo de hoja de coca y su transformación en pasta, en algunas zonas llegan hasta producir cocaína, y han establecido alianzas estratégicas con narcotraficantes para sacarla del país. Al contrario, los paramilitares y las Bacrim (Bandas Criminales), que son un reducto de ellos, están vinculados directamente con el narcotráfico, son ellos mismos que llevan la cocaína afuera del país.

Uno de los métodos para acabar con los cultivos de coca es la aspersión aérea con glifosato. ¿Qué consecuencias tiene?

La aspersión ha sido muy dañina en termino de salud y medio ambiente, además de ser inefectiva en termino de reducción de estos tipos de cultivos. Nosotros tomamos una base de datos de todas las visitas medicas de los colombianos al sistema de salud entre 2003 y 2008, son 54 millones de observaciones, y la cruzamos con la base de datos de las aspersiones, haciendo un análisis econométrico. Encontramos que en las zonas de aspersión hay más problemas dermatológicos y una mayor tasa de abortos. Hay otros trabajos que encontraron efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la confianza que las personas que tienen fumigaciones en sus municipios tienen en las instituciones del estado.

Estos problemas no se presentan en los casos en que los cultivos ilícitos son erradicados manualmente. ¿Qué piensa de esta alternativa?

La erradicación manual también tiene un alto costo: muchos erradicadores han muerto por las minas antipersona (land mines) sembradas por las Farc o por los paramilitares. Incluso si fuera una estrategia eficiente, no veo porque deban de morir tantos colombianos para que llegue menos cocaína a los EEUU y a Europa. No es un problema nuestro, están transfiriendo todo el costo a los países productores, cada país tiene pagar sus costos.

¿Cuál es su propuesta para combatir al narcotráfico?

Enfocarse en la demanda con políticas de prevención y tratamiento, hay que tratar el problema de las drogas como un problema de salud publica. El método prohibicionista actual no está funcionando.

Uno de los puntos en la agenda de los diálogos de paz que se están dando entre el gobierno colombiano y las Farc es el narcotráfico. ¿Cree que la decisión que saldrá de la mesa de negociación podrá cambiar la política del gobierno de Santos en el tema de lucha al narcotráfico?

Sí, puede ser que los acuerdos de paz lleven a un cambio en la política de lucha a la droga, pero no deberían. ¿Vamos a cambiarla porque lo piden las Farc, que llevan 50 años asesinando gente, y no porque hay más de 15 años de investigaciones que dicen que es un fracaso?

Entrevista publicada el 7.05.2014 en El Reportero.

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