“La guerra en contra de las drogas es el mejor negocio de los narcotraficantes: en la medida en que es más riesgoso, el precio de la droga sube porque cuesta más producirla y transportarla. Es una guerra hecha para que el narcotráfico persista”, dice Marta Ruíz. De acuerdo con la excomisionada, la paz se construye a nivel local, reforzando el tejido social a través de la organización: “la paz se pacta arriba y el conflicto luego se recicla en el territorio, en dinámicas locales”.

Los datos que Guillermo Trejo de la Universidad de Notre Dame presentó durante el foro Construcción de Paz en México le dan la razón: en el país, entre 80 y 90 por ciento de los ataques a candidatos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sacerdotes se dan en contra de personas que trabajan a nivel municipal, y han aumentado de forma exponencial tras la militarización impulsada por el gobierno federal a partir de 2006.

De acuerdo con el académico, históricamente existe una “zona gris” donde se yuxtaponen el Estado y las organizaciones criminales, dando forma a estructuras criminales integradas por sicarios, empresarios, policías, agentes del Ministerio Público y políticos. A partir de la “política de decapitación” de estas estructuras criminales impulsada por Felipe Calderón, en la “zona gris” se formaron unos 200 grupos delincuenciales que tienen conflictos profundos entre sí. Este espacio se ha vuelto entonces más complejo y resulta más difícil entender cuál es el sujeto, la estructura criminal con la que se podría entablar una negociación.

¿Sería ético negociar con los criminales, sentarse a una mesa con ellos?, se le pregunta a Marta Ruíz. “Sí es ético. En Colombia las negociaciones se dieron entre enemigos que han hecho cosas horripilantes e imperdonables. Pero hay que tomar en cuenta que, si estos grupos criminales tienen mucho poder y legitimidad, difícilmente se van a sentar a negociar”, contesta la excomisionada colombiana. “Creo que en México se podrían hacer negociaciones a pesar de los altos niveles de violencia que existen, se podría llegar a treguas y pactos puntuales como se hizo en Colombia y El Salvador. El problema es que estos acuerdos locales no disminuyen realmente el poder del crimen organizado; lo que haría falta en un proceso de negociación es una estrategia integral y de largo plazo”.

Durante la ponencia que presentó en el foro Construcción de Paz en México, el académico y consultor internacional Luis Jorge Garay destacó que en países como México y Colombia hay agentes poderosos de la ilegalidad enquistados en el poder. “Se ha construido una institucionalidad extractivista que busca repartir las rentas a favor de las élites que tienen un poder fáctico. Este rentismo abre la posibilidad de la ilegalidad, que muchas veces se reproduce a través de la violencia”. Para él, el narcotráfico ahora está manejado por cárteles y mafias que pueden tener origen mexicano, pero su carácter es transnacional. “Cuando hablamos de paz no habría que hacerlo sólo por país, si el problema es transnacional hay que crear cooperación entre sociedades”, afirmó el académico.

Durante el foro se recordó que analizar el fenómeno a nivel transnacional no implica dejar de mirar el nivel local, de analizar sus dinámicas a través también de enfoques que hace unas pocas décadas no se tomaban en cuenta. Jenny Pears, de la London School of Economics, destacó la importancia que adquirieron las investigaciones sobre los aspectos psicológicos relacionados con la violencia, las que ponen al centro las emociones y los procesos de construcción de memoria.

Es en el nivel local donde la población padece la violencia y, al mismo tiempo, resiste a ella: de acuerdo con Marta Ruíz es allí donde se puede generar el cambio social capaz de erradicar la exclusión social y el cambio cultural necesario a la construcción de paz. Es en los territorios que se dan los procesos organizativos de los pueblos, como la experiencia autonómica y ecologista de Cherán, en Michoacán, y la resistencia al despojo de las comunidades de Guerrero, señalaron los expositores en el foro.

Artículo publicado en Desinformémonos el 26.10.2022

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“Necesitamos revisar porque a veces hay sicarios entre ellos, los ubicamos porque son de acá”, explica el comandante de El Machete, grupo integrado por unos 500 elementos que tiene el apoyo de 86 comunidades del municipio de Pantelhó. Las autodefensas aparecieron públicamente el 7 de julio de 2021 para expulsar a los Herrera, familia que desde hace dos décadas tenía el control sobre la Presidencia Municipal. La acusaban de estar coludida con el crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores.

En Pantelhó hay muchos rastros de las batallas de julio. En el puesto de control que las autodefensas pusieron la semana pasada en la entrada del pueblo ante la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), hay un edificio vandalizado que tiene todavía sus vidrios rotos. En su fachada, cuelgan dos mantas que recuerdan a los muertos,  a los desaparecidos y los nombres de los responsables de los crímenes: políticos e integrantes del crimen organizado.

El vehículo de la Sedena pasa el puesto de control y le toca al que sigue. El Machete revisará los documentos de todos los militares que se encuentran en las siete camionetas de ejército y Guardia Nacional, además de los carros que trasportan a los representantes de la CNB, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General y del Gobierno de Chiapas, de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Una vez terminadas las verificaciones, la columna de vehículos arrancará su camino en la carretera que conduce al cerro de La Pelona, donde se llevarán acabo labores de búsqueda en una posible fosa clandestina.

Un par de horas antes, el 10 de febrero pasado, hubo una inédita junta en la Presidencia Municipal de Pantelhó, edificio que el 26 de julio fue tomado por la población y donde ahora opera un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres.

Los representantes de la Comisión de Búsqueda y de las demás dependencias gubernamentales se reunieron con El Machete, con un teniente del Ejército y con un mayor de la Guardia Nacional, para platicar sobre las operaciones de búsqueda de desaparecidos que empezaron a llevarse a cabo en Pantelhó la semana pasada, y cuyos resultados todavía no son públicos.

“Para no poner en riesgo las operaciones, pedimos al Machete y a la prensa que no entren a los puntos que vamos a revisar, o nos retiraremos”, advirtió Misael Rojas Mejía de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las autodefensas avisaron que, de todos modos, la carretera que conduce al cerro de La Pelona será resguardada por sus elementos. “No están allí para atacar a la Guardia Nacional o al Ejército, sino para seguridad. Queremos que su trabajo salga”, afirmó el comandante del Machete.

El funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos recordó también que, a pesar de que por protocolo los familiares de los desaparecidos suelen acompañar las actividades de búsqueda, en este caso “no participarán para no aumentar la conflictividad”.

De hecho, hay tensión entre las familias de las 21 personas que la comisión está buscando y El Machete. El 26 de julio de 2021, más de 2 mil pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó. A partir de entonces, ya no se supo nada de 21 ellos y sus parientes aseguran que fueron secuestrados y desaparecidos por El Machete.

Durante seis meses, estas familias estuvieron tocando puertas de dependencias estatales y federales, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos. Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, a la Fiscalía, organizaron bloqueos y plantones, y fue hasta mediados de enero que las autoridades anunciaron su entrada a Pantelhó para buscar a sus parientes desaparecidos.

La caravana de vehículos del gobierno y de las fuerzas de seguridad atraviesan la carretera, en buena parte de terracería, que conecta Pantelhó con el municipio de Simojovel. Aquí es territorio del Machete. Las autodefensas colocaron a sus elementos en tres puntos a lo largo del camino para vigilar el paso del convoy. Están armados y encapuchados, algunos son apenas adolescentes, muchos traen una playera y una gorra azul con estrella roja que dice “el pueblo manda y el gobierno obedece”. La gente sale de sus casas para observar el desfile, los niños saludan.

La caravana pasa en frente al Rancho El Progreso, lugar revisado por la CNB en días anteriores. Se trata de una expropiedad de los Herrera, la familia que de acuerdo con los pobladores controlaba los tráficos ilícitos en la zona y tenía cocodrilos en su laguna para desaparecer cadáveres. El rancho fue expropiado en julio de 2021 por la población insurrecta de Pantelhó, y al mes siguiente allí se celebraron las elecciones por usos y costumbres de su Concejo Municipal, que luego ha sido reconocido por el Congreso local.

Esta vez, la larga caravana de militares y funcionarios federales pasa de largo al Rancho El Progreso y se dirige al cerro de La Pelona, un banco de arena y grava donde se podrían haber dado entierros clandestinos. Desde allí se puede observar, en la orilla del río que corre más abajo, la comunidad de Guadalupe Victoria, otro punto que fue visitado por la CNB la semana pasada.

Por otros rumbos, hacia el municipio de San Juan Cancuc, se encuentra otro lugar revisado por la comisión: la comunidad de Oniltik y la cueva donde al principio de diciembre fueron halladas las osamentas de dos personas. El día después, lo que más destacaron los titulares de los periódicos fue que los restos encontrados no eran de los 21 desaparecidos.

“También nosotros tenemos familiares desaparecidos hace años”, dice el comandante de El Machete, y pide a las autoridades que no busquen solo a los 21 sino a todos los desaparecidos.

“Dicen que El Machete asesinó a los 21. Nosotros no los tenemos, no los vimos. Puede venir la Comisión de Búsqueda, que los busque debajo de las piedras”, dice el líder indígena rodeado por sus elementos, en un retén que las autodefensas tienen frente a la entrada de San José Buenavista Tercero, una comunidad que en las dos décadas de dominio de los Herrera puso muertos, desaparecidos y decenas de desplazados.

Artículo publicado en Animal Político el 15.02.2022

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La insurrección en este poblado de Los Altos de Chiapas empezó el 7 de julio, cuando salió a luz pública El Machete, un grupo de autodefensa que acusó a la alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores y a su esposo Raquel Trujillo Morales – presidente municipal electo el 6 de junio por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) – de formar parte del crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores. Por esto fueron expulsados, junto con otras personas acusadas de pertenecer al grupo criminal de Los Herrera, y fueron retenidos 27 pobladores que están desaparecidos.

“Desde hace dos meses no tenemos noticias de nuestros familiares. Hablamos con las autoridades en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, pero nadie nos da respuesta”, dijo durante una protesta frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas Giovanni Aguilar Moreno, familiar de una de las personas retenidas por El Machete, y asegura que no tiene relación alguna con el presidente municipal electo Raquel Trujillo Morales.

El 9 de agosto los pobladores de Pantelhó nombraron a un concejo municipal que fue luego reconocido legalmente por el Congreso de Chiapas, cuyo periodo de gobierno terminó el 30 de septiembre. Qué iba a pasar después de esta fecha ha sido la gran pregunta, siendo que el concejo municipal quiere seguir gobernando y Raquel Trujillo no está dispuesto a dejar el cargo que, de acuerdo con los pobladores, obtuvo a través de amenazas e irregularidades electorales.

La situación se tensó especialmente cuando el alcalde electo anunció en redes sociales que había regresado a Pantelhó para “liberarlo”, y hasta solicitó a la Secretaría de Gobernación medidas cautelares para entrar al poblado. En Pantelhó creció el temor que su regreso desatara una nueva ola de violencia. 

“Habrá más desplazamientos forzados, narcobloqueos y enfrentamientos entre grupos armados en que la gente inocente queda atrapada con balas perdidas y/o dirigidas con olor a muerte”, advirtió la parroquia de San Pedro Apóstol del municipio de Chenalhó, que colinda con Pantelhó. El miedo era tan grande y el recuerdo de la violencia de julio tan vivo, que unas 90 personas pertenecientes a la Sociedad Civil Las Abejas dejaron Pantelhó y se refugiaron en Acteal para resguardarse de los posibles enfrentamientos.

También las autodefensas El Machete se prepararon frente a la posible llegada del alcalde electo. En un video en lengua tsotsil, donde aparecen unas trecientas personas con el rostro tapado y armas largas, dicen que tras un periodo de repliegue decidieron activarse nuevamente el 28 de septiembre. “Raquel Trujillo a la fuerza quiere entrar el 1 de octubre junto con los sicarios. Pero como autodefensas estamos dispuestos a luchar. No atacaremos a la Guardia Nacional ni a la gente de gobierno, nosotros solo atacamos a los sicarios si acaso llegan a atacar al pueblo de Pantelhó”, afirmaron.

Pero Raquel Trujillo Morales logró evitar el problema. Tras semanas de peregrinaciones entre Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México – donde denunció que desde la aparición de las autodefensas Pantelhó vive en el caos y aseguró tener el respaldo de la población – en lugar que atreverse a regresar a Pantelhó, celebró su toma de protesta en un hotel frente a un notario. “Aquí tienen un amigo y vamos a trabajar de la mano con todas y todos, por un mejor Pantelhó, para la paz, la justicia y el desarrollo”, dijo Trujillo Morales en un video que difundió ayer, donde asegura que se instaló también su sesión de cabildo.

De acuerdo con el abogado David Daniel Romero Robles, quien acompañó procesos de autonomía indígena como el de Cherán, políticamente la decisión de Raquel Trujillo Morales no es la más correcta, pero constitucionalmente es presidente municipal y va a poder disponer de los recursos, aunque no esté ejerciendo en la cabecera municipal.

“Las tomas de protesta son simbólicas y políticas, para ellas no está establecido un procedimiento específico. La constancia que se recibe del Instituto Electoral de cada Estado brinda validez al ejercicio en función de los presidentes municipales”, afirma David Daniel Romero Robles. “La gente de Pantelhó podría solicitar al Congreso del Estado la desaparición de poderes, que es un argumento constitucional para que se nombre, o ratifique, a un nuevo concejo desde la comunidad”.

Padre Marcelo Pérez, quien acompañó a los pobladores de Pantelhó en unas reuniones que mantuvieron con las autoridades, afirma en entrevista telefónica que al enterarse de la toma de protesta de Raquel Trujillo se comunicó inmediatamente con el gobierno estatal. “Me dijeron que están buscando la manera legal y constitucional para la desaparición de poderes del alcalde electo y para que el Concejo Municipal pueda seguir trabajando. Tengo confianza en que va a ser realidad”, afirma el sacerdote católico.

Artículo publicado en Animal Político el 2.10.2021

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La Fiscalía encontró otros cinco cadáveres junto al de Enrique Chávez Ortega. La asociación Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica –que integra unas 150 familias de personas desaparecidas que se acompañan en la búsqueda de sus seres queridos– subió a su web fotografías de la ropa y de los tatuajes que tenían los cuerpos con la esperanza de que alguien los reconociera.

Era 2019 cuando empezaron a llegar las llamadas de las familias de Xavier, Carlos Enrique, Blanca Rosario, Luis Enrique y José Luis. Las integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica las acompañaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de sus hijos, ya que por miedo aún no lo habían hecho. También estuvieron presentes cuando las autoridades les sacaron muestras de ADN para cotejarlas con el perfil genético de los cadáveres.

El 6 de febrero de 2021, las cinco familias recibieron los restos y pudieron enterrarlos, realizando al fin el duelo en suspenso que causa la desaparición de un ser querido. «Es un día con muchos sentimientos encontrados, pero con la certeza de saber que nuestros familiares vuelven a casa», escribió en Facebook el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica. «Gracias a todas las personas que han hecho posible que este dolor de la ausencia se haya podido convertir en un momento en que podamos volver a abrazarles, no de la manera en que hubiésemos querido, pero ahora tenemos un lugar dónde llorarles», agregó.

Campos clandestinos

El periodo más duro para los veracruzanos ha sido durante el mandato del exgobernador Javier Duarte, quien se encuentra en la cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva. Todavía no ha sido procesado por desaparición forzada, a pesar de que tiene una orden de aprehensión por este delito y de que la Fiscalía está investigando más de 200 desapariciones forzadas presuntamente perpetradas por policías estatales durante su sexenio (2010-2016).

Fue justo en ese período cuando Los Zetas –una organización criminal integrada por exmilitares de élite– se apoderó de La Gallera, un rancho de seis hectáreas que transformaron en un campo de exterminio donde se torturaba a personas y se incineraban sus cadáveres.

No es el único cementerio clandestino en Veracruz, donde se encuentra Colinas de Santa Fe, la fosa común más grande del país, ubicada en las orillas de la ciudad más poblada del estado, Puerto de Veracruz. Allí el colectivo de familiares de desaparecidos Solecito encontró 298 cráneos y 22.500 restos humanos.

Los hallaron integrantes de esta asociación porque las autoridades mexicanas no buscan a los desaparecidos, ni vivos ni muertos, y sus familiares se vieron obligados a organizarse para hacerlo. Los buscan con vida –en lugares como cárceles u hospitales– y organizan brigadas para entrar en las zonas donde hay señalamientos de la existencia de fosas comunes y para excavarlas. Las brigadas siempre están acompañadas por los peritos de la Fiscalía que, por ley, están encargados del levantamiento de los restos, aunque sin la presión de las familias no hacen su trabajo.

Todo empezó en 2011, cuando miles de supervivientes de la violencia participaron en las movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Recorrieron todo México hablando, por primera vez en público, de las violaciones de derechos humanos que habían vivido en carne propia.

«Allí entendimos que este movimiento era un medio, no un fin, y decidimos crear una asociación civil únicamente enfocada en la búsqueda de nuestros familiares», relata Juan Carlos Trujillo, que tiene cuatro hermanos desaparecidos y fundó la asociación Familiares en Búsqueda María Herrera. «Poco a poco nos dimos cuenta de que el aparato de Justicia en México no existe, que el sistema no funciona o funciona sólo para unos cuantos, desprotegiendo a la mayoría», afirma. Tras fundar Familiares en Búsqueda María Herrera, Trujillo recorrió medio país para impulsar la Red de Enlaces Nacionales, que hoy agrupa a más de 50 asociaciones de familiares de desaparecidos.

«Me marcó la vida»

Desde hace tiempo el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica recibía señalamientos sobre un rancho sospechoso. «Vayan a La Gallera a buscar», decían los pobladores de Tiahuatlán. Algunos aseguraban haber visto gente desnuda huir del rancho.

Era el 1 de febrero de 2017 cuando la Fiscalía General del Estado de Veracruz, acompañada por algunas mujeres integrantes de Familiares en Búsqueda María Herrera, decidió entrar a La Gallera. Encontró una casa de dos pisos con seis habitaciones, rodeada por la maleza. En sus inmediaciones halló tres fosas con el cuerpo de Enrique Chávez Ortega y otras cinco personas cuyos restos recién han sido entregados a sus familiares.

«Ver todo esto me marcó la vida, no lo podía creer: cuerpos desmembrados, se les veía lo que habían sufrido y el daño que les habían hecho», rememora Maricel Torres Melo, madre de un adolescente desaparecido a manos de la Policía Intermunicipal tras salir a cenar a una taquería. «Ver ahí la casa por primera vez: las huellas de las manos en las paredes, el reguero de sangre por donde los arrastraron; observar por todos lados y ver huesos tirados por donde quieras», recuerda.

A un costado de la casa encontraron un gran horno, tal vez en su origen construido para hacer ladrillos, e intuyeron que había sido utilizado por Los Zetas para incinerar cadáveres. «Vimos el horno y nuestra mente empezó a trabajar», dice Torres Melo.

La asociación de Familiares en Búsqueda regresó al rancho La Gallera menos de dos meses después y encontró el cráneo de un niño. También marcó 22 puntos donde suponía que podía haber más cuerpos. En total fueron nueve las veces en que los familiares de los desaparecidos entraron en La Gallera, con picos, palas y cedazos, para excavar fosas y colar las cenizas mezcladas con fragmentos óseos que Los Zetas sacaban del horno y esparcían alrededor del rancho.

Mientras trabajan, las mujeres del colectivo gritan sus consignas: «Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos», «Hijo, escucha, tu madre está en la lucha». Se daban ánimo. No es fácil cuando te encuentras en un campo de exterminio de Los Zetas. Cuando piensas que tu hijo desaparecido pueda haber sido traído allí, encerrado en uno de estos cuartos, torturado, ejecutado e incinerado en un horno. Y tu hijo no es nada más que un estudiante, un campesino o un maestro. Y aunque fuera un criminal, ¿se merecería esto? ¿Se merece su madre estar buscándolo en una fosa clandestina? ¿Colar cenizas pensando que puedan ser el cuerpo calcinado de su hijo?

Las madres de Familiares en Búsqueda regresaron a La Gallera una y otra vez porque no confiaban en que la Fiscalía hubiera realmente realizado una labor de exploración de indicios para agotar su diligencia. De hecho, cada vez que volvieron encontraron más restos: fueron en total dos cráneos y unos 1.200 fragmentos óseos, algunos tan chiquitos que no fue posible sacarles la muestra de ADN para eventualmente poderlos identificar.

«Es un sistema que no opera de manera eficiente, por esto la grave crisis forense de México. Por ejemplo, a los cadáveres que se encontraron en La Gallera en febrero de 2017 las autoridades les tomaron los datos genéticos sólo después de que nuestro colectivo lo solicitó, aunque deberían hacerlo de oficio en el momento del hallazgo», afirma Óscar Espino Vázquez, abogado de Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017 establece que la Fiscalía General de la República cree un Banco Nacional de Datos Forenses donde se guarden las muestras de ADN de la totalidad de los 38.891 cuerpos sin identificar que, según datos de Quinto Elemento Lab, se fueron acumulando en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) desde 2006 hasta diciembre de 2019. Estos perfiles de ADN se deberían cotejar con los de las personas que han presentado denuncia ante la autoridad por la desaparición de un familiar, para así poder pasar a la identificación y a la entrega de los restos.

«No todos los perfiles genéticos de las fiscalías de los estados están aportados e este banco nacional», asevera Espino Vázquez. «Además, nadie está revisando de manera permanente si algún cuerpo que ha sido encontrado tiene las características de otro cuya desaparición ha sido denunciado», concluye el abogado.

Artículo publicado en El Gara el 15 de marzo de 2021.

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Era la noche del 12 de febrero. Alguien tocó la concha para convocar una reunión y, como las demás personas que se encontraban en el Centro de Capacitación CODEDI, Erika acudió al llamado. Allí les informaron que el coordinador general de la organización, Abraham Ramírez Vásquez, había sobrevivido al ataque junto con Emma Martínez, mientras que habían fallecido Alejandro Antonio Díaz Cruz (41 años), Ignacio Basilio Ventura Martínez (17 años) y el cuñado de Erika, Luis Ángel Martínez (18 años).

“Luis Ángel seguía los talleres de mecánica y balconería. Fue aquí que encontró a mi hermana, fueron novios durante un año antes de casarse”, recuerda Erika. “Ahora ella está muy mal y aún no cree que su marido está muerto. ‘Luis Ángel al rato va a regresar, tengo que esperar’, me dice”.

 En este centro autónomo de capacitación para jóvenes indígenas –construido por CODEDI tras recuperar una parte de la ex Finca Alemania, en el Municipio oaxaqueño de Santa María Huatulco– todo el mundo habla en presente cuando recuerda sus tres compañeros asesinados.

“Ignacio no se murió, está aquí con nosotros”, asegura un muchacho que llamaremos Felipe, y que trabajaba con Ignacio en el naranjal. Felipe está dolido: inspira hondo cuando habla de su amigo y, al espirar con la boca, emite un ruido fuerte. Los ojos se le enrojan al recordar que Nacho –al que le decían “el señorón” porque, a pesar de ser joven, era muy trabajador– apoyaba económicamente a su hermanito para que pudiera seguir con sus estudios.

“Nada más quiero saber quién los mató, y sacarme todo este coraje que tengo adentro”, afirma Erika Vásquez Valladares. Pocos días antes de ser asesinado, su cuñado Luis Ángel acarició su panza de 8 meses: “Ojalá que marzo llegue pronto –le dijo– tengo ganas de conocer a tu bebé”.

Cuando empezaron a rafaguear su camioneta, Abraham Ramírez Vásquez abrió la puerta y se dejó rodar en el suelo. Se escondió en el monte unos minutos, escuchando los disparos, hasta que el carro de los sicarios se fue. Al regresar, descubrió que Emma Martínez había sobrevivido por haber estado escondida durante todo el tiempo de la balacera debajo de los asientos. Alejandro, Ignacio y Luis Ángel estaban sin vida.

El grupo iba de regreso de una reunión en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, donde CODEDI había sido citado para hablar de un conflicto poselectoral que surgió en el Municipio de Santiago Xanica.

Después de pasar Miahuatlán, se les emparejó una camioneta Chevrolet verde olivo y empezó a disparar. “Ocuparon R15, unos rifles de alto poder y de uso exclusivo del ejército, esto nos hace pensar que es gente del gobierno. Además, uno de los sicarios llevaba un chaleco antibala del tipo utilizado por la Policía Ministerial”, afirma Abraham Ramírez. Un hombre sentado a su lado añade que son armas tan grandes que no se pueden ocultar, que si viajas por una carretera con ellas tienes que tener protecciones.

Abraham Ramírez enseña una minúscula herida arriba del ojo izquierdo y otra, casi imperceptible, en el vientre. Las únicas consecuencias de un ataque armado que pretendía acabar con su vida. “Salí con vida y con muchas ganas de salir adelante, haremos un trabajo organizativo aún más fuerte en defensa de nuestros pueblos y en defensa de la autonomía y el territorio”, afirma el militante zapoteco, quien estuvo preso durante seis años y tres meses por lo que considera razones políticas.

Del ataque CODEDI responsabiliza no sólo al gobierno, que hasta ahora no se ha pronunciado ni presentado algún avance de la investigación, sino también a los grupos que tienen intereses económicos en las regiones donde opera la organización: Valles Centrales, Sierra Sur, Costa e Istmo del Estado de Oaxaca. De acuerdo con los zapotecos, empresas y gobierno siempre caminaron de la mano.

“Por el trabajo organizativo que llevamos en la región y por construir nuestro centro de capacitación, tenemos muy claro que hemos tocado grandes intereses: mineras, hidroeléctricas y empresas turísticas que operan en Huatulco”, explica Abraham Ramírez. “CODEDI lucha también en contra de la construcción de una Zona Económica Especial (ZEE) en Oaxaca, y de los talamontes ligados al crimen organizado que han venido a saquear nuestros bosques”.

A Abraham Ramírez se le ve sereno. No da muestra de nerviosismo o de preocupación. Pero se pone serio y pensativo cuando habla de sus tres compañeros asesinados. “Alejandro Díaz Cruz es cofundador de CODEDI, que creamos en 1998. Le gustaba el teatro, era un compañero de mucho entusiasmo y, junto también con Ignacio Ventura y Luis Ángel Martínez, participó en las brigadas que formó CODEDI tras el sismo de septiembre. Un día Alejandro me dijo: contigo hasta la muerte, al precio que sea”, recuerda Abraham Ramírez, quien recibía amenazas desde hace mucho tiempo.

Fredy García manejaba nervioso en la carretera de terracería, llena de polvo y curvas, que lleva al Centro de Capacitación CODEDI. Era casi la medianoche del 12 de febrero y, poco antes, había recibido una llamada.

–Atacaron a los compas, hay tres muertos.

Fredy no sabía quiénes eran los muertos, ni cómo estaban las demás personas que viajaban en la camioneta. Estaba preocupado. Llegando a la ex Finca Alemania encontró a sus compañeros en alerta, que organizaban turnos de guardia.

Fredy García conformaba el grupo de integrantes de CODEDI que el 19 de abril de 2013 recuperó más de 300 hectáreas de tierra de la finca, tras un acuerdo con el dueño que la tenía improductiva desde hacía mucho tiempo.

“En principio nos instalamos donde está la capillita y armamos unas pequeñas láminas para construir nuestro campamento. Todo era matorrales, caminabas por un lado y veías monte, por el otro igual. Nadie en este momento pensaba que en tan poco tiempo se iba a instalar un proyecto tan grande”, afirma el joven.

Hoy en día, el Centro de Capacitación CODEDI contempla más de 18 talleres –desde panadería hasta corte y confección– y varios proyectos productivos como un criadero de cerdos y de pollos, donde gracias a tres incubadoras se crían unos 900 pollitos al mes, que se reparten entre las comunidades de la organización. Sus instalaciones han sido construidas a través del tequio de los integrantes de la organización, y con los ladrillos que allí mismo se producen.

En el Centro de Capacitación CODEDI existen también escuelas autónomas de cuatro grados de estudio, desde preescolar hasta bachillerato, y el gran sueño de la organización es fundar la Universidad de la Sierra Sur, donde puedan estudiar jóvenes de bajo recursos.

“Hace menos de 4 años, cuando se hizo la toma, CODEDI tenía presencia en menos de 10 comunidades, ahora estamos en 53. Justo en estas semanas nos estamos reuniendo con más comunidades que quieren entrar a la organización”, afirma Marisela García Echevarría. “Somos una piedra en el zapato del gobierno, por esto nos ataca”.

Un hombre hunde su cara en una concha de mar, de la que se desprende un sonido largo y grave. Los muchachos interrumpen su partido y la gente poco a poco se acerca a la cancha de basket del Centro de Capacitación CODEDI, donde Ignacio Ventura jugaba cada tarde con sus compañeros, hasta el día anterior a su asesinato.

Todos se sientan en el suelo, formando un circulo. Una niña hace marometas en su centro, otras corren de un lado al otro. Los jóvenes del Centro de Capacitación hablan uno a uno, buscando palabras para darse ánimo. Hoy reciben la visita de algunos militantes del Nodo Solidale, un grupo que hace parte de la plataforma internacionalista PIRATA, y que vino para solidalizarse con la organización.

Alguien cuenta que una comisión saldrá el día siguiente para Oaxaca de Juárez, donde se instalará un plantón en el zócalo para exigir justicia. Durante nueve días, CODEDI y los demás integrantes del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA) velarán tres cruces que llevan los nombres de sus compañeros caídos.

“Esta noche aquí en el Centro vamos a seguir con los turnos de vigilancia para cuidarnos, pero no tengan miedo. Aquí no nos van a golpear porque estamos unidos, estamos organizados”, dice Fredy García.

“Por esto a los compañeros los atacaron cuando estaban lejos de acá. Nuestros enemigos -sentencia- saben que aquí no pueden”.

Artículo publicado en Animal Político el 22.02.2018

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En 2009, Villa Saldarriaga le informó a la Fiscalía de Medellín sobre la presencia de unos cincuenta cadáveres enterrados en La Arenera del Agregado San Javier, un sector más conocido como La Escombrera, ubicado en lo alto de la Comuna 13. Allá, presuntamente, fueron a parar los cuerpos de cientos de personas desaparecidas en los años de guerra entre las guerrillas y los paramilitares en Medellín, un enfrentamiento que llegó a su pico el 16 de octubre de 2002 con la Operación Orión.

Ese día, a la Comuna 13 entraron en la madrugada miembros de la Policía, el Ejército, el CTI, el DAS y la Fuerza Aérea, al parecer con el apoyo de grupos paramilitares, con el fin de expulsar del sector a guerrilleros de las Farc, el ELN y los Comandos Armados Populares (CAP).

La operación se extendió por varias semanas y, entre heridos, retenidos arbitrariamente, desplazados y desaparecidos, dejó más de 600 víctimas, según la Corporación Jurídica Libertad. Para 2013, la misma organización registraba a 104 personas desaparecidas forzadamente.

Con base en la información que más tarde dieron varios exparamilitares, se concluyó que muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas y arrojadas a La Escombrera. La insistencia de los familiares de los desaparecidos llevó a la Fiscalía a dar inicio a las excavaciones en el lugar en agosto de 2015. La exhumación duró cinco meses, terminó en diciembre de 2015 y no dio ningún resultado.

Los forenses no encontraron nada. Hoy, 15 años después de Orión, los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 todavía exigen exhumar los dos polígonos de La Escombrera que la Fiscalía aún no ha intervenido. Villa Saldarriaga fue uno de los paramilitares que conoció de cerca lo sucedido en la Operación Orión. Esto nos contó en entrevista exclusiva con ¡Pacifista!.

¡PACIFISTA!: ¿Usted cómo entró en las AUC?

Juan Carlos Villa Saldarriaga: Primero fui soldado, después me retiré del Ejército, y mataron a mi padre, secuestraron a mi madre y a mí me hicieron un atentado y me hirieron con varios impactos de bala. Al mes llegó una carta de un grupo de autodefensa del occidente antioqueño, del corregimiento San Cristóbal en el municipio de Bello, y me dice que yo era una persona estratégica para ingresar a las autodefensas, a una parte de la Comuna 13 de Medellín. Yo les concedí la reunión y fue allí donde me involucré en las autodefensas. Fue más bien por dolido de venganza, rabia e ira contra las milicias y las guerrillas, en especial con los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que mataron a mis familiares.

Explique el papel de las AUC en la Operación Orión.

Éramos los guías de la Operación Orión porque allá no nos dejaron entrar a nosotros. Ese fue el convenio que se hizo entre los comandantes míos con esa gente que entró a la operación.

Al decir “esa gente”, ¿se refiere a agentes del Estado?

Sí. ¿Qué hicieron supuestamente como “guías” de la Fuerza Pública? Se prestaron seis guías que salieron del corregimiento San Cristóbal. Eran exmilicianos [de la guerrilla] que se habían entregado a las autodefensas y que sirvieron para guiar al Ejército y señalar a aquellos líderes de la milicia que vivían allí.

¿Qué relación tenían las AUC con el entonces presidente Álvaro Uribe?

Todo el mundo dice que teníamos un convenio con Uribe. Yo no lo sé. De pronto los mandos altos tendrán más conocimiento de esto. Nosotros como mandos medios nos limitamos a recibir órdenes. ¿Que era claro que la Fuerza Pública no nos atacaba a nosotros? ¿Que ellos pasaban por un lado y nosotros pasábamos por otro? Es lógico que allí había algún vínculo. Varias veces tuvimos que apoyar a la Fuerza Pública en otros puntos fuera de la Comuna 13, cuando la guerrilla los arremetía. Supuestamente fuimos un segundo grupo de la Fuerza Pública para combatir a la guerrilla. Pero más vínculos que yo pueda confirmar, que por ejemplo haya visto al señor Uribe… sobre eso no tengo nada que decir.

Después de sacar a la guerrilla, ¿cuánto tiempo se quedaron en la Comuna 13?

Ya cuando tuvo dominio la Operación Orión, se da la retoma de esta comuna. No habíamos sido capaces de tomarla todavía porque no teníamos la cantidad de hombres para hacerlo. Éramos dieciocho hombres apenas, un grupo especial entre soldados retirados del Ejército y excombatientes del EPL y las Autodefensas de Casa Castaño. Estuvimos allí hasta 2003, cuando se desmovilizó el [Bloque] Cacique Nutibara. Nosotros, paradójicamente, después de que ya se había conciliado un poquito la Operación Orión, pasamos a estorbarles al Gobierno y a la Fuerza Pública y nos mataron al comandante alias El Paisa. Nos vimos obligados a abandonar la zona e ir al oriente antioqueño, donde comenzó una guerra contra el Bloque Metro que manejaba esta zona. Posteriormente se dio la desmovilización de una parte del Cacique Nutibara.

¿Por qué la fuerza pública mató a un comandante de las AUC si colaboraban con ella?

No entendemos, pero teníamos muchas ganas de pelearle al Estado. Pedimos esa autorización de pelea contra ellos y nos dijeron que no podíamos hacerle ni un tiro a la Fuerza Pública.

¿Quiénes eran las personas que ustedes desaparecían?

Guerrilleros. Muchachos seleccionados por sus excompañeros, por milicias que pasaron a trabajar con nosotros. Los sacaban de la Comuna 13 o de otras partes y se daba la orden de matarlos, de desaparecerlos o de sacarles la información.

¿Todas las personas que desaparecían eran guerrilleros?

No, no todas. Había violadores, cuatreros, ladrones de carros o moto. Lo que hacía daño a la sociedad era lo que íbamos desechando en el camino.

El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que integran madres de desaparecidos de la Comuna 13, sostiene que sus hijas y sus hijos no eran guerrilleros ni criminales.

No le puedo decir si eran buenos o no. ¿Hubo hartos desaparecidos de la comuna? Puede haberlos. Nunca me podrán decir las madres que me vieron con un fusil o una pistola allá metido en la Comuna 13 tumbando una puerta y sacando a un muchacho.

¿Por qué ocultaban los cadáveres?

No sé, eran órdenes directas. Por qué y cómo, no sé. Entre 2001 y 2002 comenzó a llegar la orden de no dejar a nadie por allí tirado en la calle. Antes, donde lo cogías se ejecutaba, y normal. Pero después comenzaron con esta doctrina.

¿Cuántas personas enterraron en La Escombrera?

Yo le hice una marcación a la Fiscalía de entre cuarenta y cincuenta personas. Les marqué tres puntos allí, cerca de donde entonces había un lago. El lago era drenado por un consorcio que lo utilizaba para poder lavar el material de playa en las partes bajas.

Mientras que ustedes enterraban cuerpos, ¿había una empresa trabajando allí?

Claro. [¡PACIFISTA! se abstiene de publicar el nombre de la empresa al no haber podido verificar la información dada por el entrevistado.]

¿Tenían relación con ella? 

De lo que sé… de pronto han tenido [relación] los señores ingenieros con los altos mandos. Es lógico que todo lo que había allí tenía que pagar impuestos a la organización. Esta fue una empresa retomada y quitada a sangre y fuego a la guerrilla, y luego pasó a mano de nosotros. Se hizo reunión en el caserío con la corporación […]. Pero no le podría decir cuánta plata saldría de allí para la organización.

¿Por qué cree que la Fiscalía no encontró ningún cadáver en La Escombrera?

¿Por qué se demoraron tanto en hacer la exhumación siendo que yo venía desde 2009 dándole esta información a la Fiscalía y sabiendo que ya había entregado dieciocho, veinte fosas? Mucha gente dice que de pronto Móvil 8 está mintiendo. Yo sé lo que viví allá y lo que tuve bajo mis manos, qué hice y no hice. Estoy jurando, no buscando mi beneficio. ¿Qué hizo la empresa […] que constantemente tiene su maquinaria allí? ¿Para dónde lo removieron?

¿Está afirmando que los cuerpos han sido sacados de allí? ¿No cree que, si alguien hubiera removido cincuenta cadáveres, al realizar la exhumación los forenses se habrían dado cuenta?

Pudieron haber sido removidos, porque allí tenían que estar. Porque yo sabía y no solamente fui yo. Fui con otros compañeros excombatientes e hicimos las mismas marcaciones.

Entrevista publicada en ¡Pacifista! el 16.10.2017

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Amalia Rodríguez cuenta que, al llegar a México, un hombre la vendió. “Aquí está la mercancía”, le dijo a otro. Luego logró huir del que quería esclavizarla y llegó a Veracruz (México), donde conoció al hombre que escogió para ser su pareja desde hace más de 20 años. Con el paso del tiempo, dejó de comunicarse con su familia en Tiquisate, que empezó a pensar que estaba muerta.

Hoy Amalia Rodríguez vive en Puebla, donde tiene una familia cariñosa y estabilidad económica. Al terminar de oir el recuento de su historia, su hija Viviana y su nieto Samuel la abrazan, la acarician. La consienten porque saben que hoy es para ella un día muy especial: encontrará a su hermana Norma y a su sobrina Oneyda.

Hace 37 años que no ve a su hermana. A su sobrina, no la conoce. “En estos años la extrañé mucho, ella era la que me cuidaba cuando era niña”, dice Norma, que tenía 10 años cuando Amalia Rodríguez se fue de Escuintla.

Pero en este encuentro, hay una ausencia: falta su otra hermana Reyna, que emigró también huyendo de la pobreza y por las ganas de buscar a su hermana en 1986, siete años después de Amelia. Reyna Rodríguez, la madre de Oneyda, nunca se comunicó con su familia y hoy sigue desaparecida.

El encuentro entre las dos hermanas y su sobrina sucede durante la XII Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, una iniciativa organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), colectivo mexicano que busca a los migrantes centroamericanos extraviados en su viaje.

El MMM estima que más de 70,000 las personas han perdido contacto con sus familiares durante la migración, secuestradas por grupos criminales o las autoridades. Pero no existen cifras oficiales sobre el número de migrantes desaparecidos en el intento de cruzar México.

Los centroamericanos en tránsito por el país son víctimas de todo; robos, extorsiones, lesiones y secuestros. En 2014, los delitos atribuidos a las autoridades eran poco más del 20%, mientras que en 2015 superaron el 40%, según un informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), que reúne 17 albergues para migrantes en México.

– Muchos salieron cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares en sus pueblos. Los que desaparecieron más recientemente son los que tememos que hayan sido asesinados, dice Marta Sánchez Soler, fundadora del MMM.

Rubén Figueroa, integrante del MMM, recoge las denuncias de desaparición y recorre México siguiendo los rastros de los migrantes centroamericanos extraviados: busca sus nombres en Google o en las listas de los detenidos en los centros penitenciarios mexicanos; encuentra pistas a partir de la última llamada que el migrante hizo a su familia y sigue los rastros del último envío de dinero que recibió. En los últimos diez años, ha logrado encontrar a 265 personas. En promedio, uno cada quince días.

En cada caso, grabó un video de cada migrante, con un mensaje para su familia. Llevó el video a Centroamérica e invitó a sus parientes la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, para que puedan reencontrarse.

En el caso de Amelia, fue su hija Viviana la que buscó a Rubén Figueroa de MMM para que viajara a Guatemala y buscara a la familia guatemalteca. Su mamá, después de tantos años, ya no sabía cómo contactarlos.

La manta de la ausencia

El 15 de noviembre era un día como los demás en La Mesilla, en Huehuetenango. Una mujer asa elotes mientras un grupo de hombres cruza la frontera con sus bultos, sin pasar por el puesto de migración. La ropa se vende barata y el quetzal vale 2 pesos y 70 centavos. Pero había unas madres que interrumpirían la rutina.

– Agarrá la manta, le dice una mujer a otra.

– ¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?, empiezan a gritar juntas.

La XII Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos cruza así la frontera norte de Guatemala, marchando con sus mantas y con las banderas.

Ese día empezó el viaje de unos 3,800 km en el que 36 mujeres y 5 hombres recorrieron México en búsqueda de sus familiares migrantes desaparecidos, desde la frontera con Guatemala hasta el Estado de San Luís Potosí y luego de vuelta al sur, hasta el 3 de diciembre. Paisajes, climas y geografías que sus mismos parientes han cruzado en el intento de llegar a Estados Unidos.

– Qué la ola de xenofobia que golpeó a los Estados Unidos no llegue hasta acá, que esta caravana una México y Centroamérica. Los muros que los Trump quieren construir, ustedes los están rompiendo, dice el sacerdote guatemalteco José Luis al recibir la caravana en Frontera Comalapa (Chiapas).

– [La Caravana] es una escuela de formación; muchas regresan a sus países y se hacen activistas, dice el padre, sobre unas mujeres que regresan de la caravana con esperanza, aunque no hayan encontrado a sus familiares ni pistas sobre ellos.

Catalina López, maya kaqchiquel que trabaja en atención psicosocial de familiares de migrantes desaparecidos, toma palabra delante de sus compañeras, antes de que la caravana deje San Cristóbal de Las Casas (Chiapas). Las anima a gritar las consignas durante las marchas, las invita a perder la pena. Les asegura que cada vez que tengan ganas de llorar, encontrarán el abrazo de las demás, que todas allí conocen su dolor.

– Durante la caravana, las mujeres sienten que hay otras mamás que demandan atención y que denuncian, esto les da ánimo y voz para poder exigir sus derechos, dice Catalina López, que integra el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), un espacio de empoderamiento donde familias de varias regiones de Guatemala aprenden a hablar de su coraje, dolor e incertidumbre frente a la desaparición de su ser querido.

En el viaje, seis mujeres y dos hombres guatemaltecos se integran a la caravana:

Rosalba, de Huehuetenango, busca a su marido Santos Rodrigo Paiz.

David, también de Huehuetenango, busca a su hermano Domingo Marcelino Ramos.

Samuel, de Chichicastenango, busca a su hermana María Mejía.

Martha Julia, de Zacapa, busca a su hermano Juan Luis Zacarías.

La posibilidad de las puertas

– ¿Acaso vio a mi hijo?, pregunta la guatemalteca Manuela de Jesús de Canalito. Enseña la foto de su muchacho, Juan Neftalí, a una mujer que vive a lado de las vías de Villa Estación Chontalpa (Tabasco).

Las madres centroamericanas van tocando puertas, caminan de casa en casa recorriendo las vías del tren de carga llamado La Bestia. Los migrantes lo siguen utilizando a pesar de que el Plan Frontera Sur, al incrementar los controles en las vías, empujó al 75% de ellos a tener que confiar sus vidas a un traficante de personas.

En algunos casos, el trabajo de campo de las mujeres y el aporte de los pobladores locales regalan pistas que permiten emprender búsquedas exitosas.

– No está fácil recordar caras, hay muchas personas que pasan por acá, dice una mujer de la caravana a otra. Pero su esperanza algunos vecinos reconocen en las fotos los rasgos de alguien que transitó por allí, que les pidió un vaso de agua, o que tal vez se quedó un rato en la zona trabajando.

En su recorrido por México, la caravana está visitando penales y albergues para migrantes. Durante la estadía en el comedor y albergue de Las Patronas –un grupo de mujeres de Amatlán (Veracruz) que pasan comida a los migrantes que viajan en La Bestia–, las madres de la caravana corren afuera cuando escuchan el silbido del tren. Quieren verlo para acercarse a la imagen de sus hijos viajando en el lomo de La Bestia.

En Bojay (Hidalgo), el maquinista invita a las mujeres a un breve recorrido.

– Acepté (subirme) para sentir qué pueden sentir los migrantes al viajar allí, y sí me emocioné, dice Reyna Elisabeth, una joven de Ixcán (Quiché) que busca a su mamá, Irma Vicente García, desde hace 10 años.

Busca a su mamá desde hace 10 años.

La caravana está encontrando estudiantes y escuchando con escepticismo las promesas de los representantes de las instituciones. Las madres se están reuniendo con organizaciones de familiares de desaparecidos mexicanos: personas que traen su mismo dolor, víctimas de la misma ‘guerra al narcotráfico’ que golpea a los migrantes.

A menudo las mujeres de la caravana hablan entre ellas de sus hijos extraviados, intentan imaginar qué estarán haciendo en aquel momento.

– Estaba muy enferma de depresión por no saber qué dolor está pasando mi hijo, tal vez tiene hambre o frío, dice Irma Yolanda, de Boca del Monte, quien busca a su hijo Gerber Estuardo García Pérez.

– Desde que estoy en la caravana estoy un poco mejor.

A veces las madres cantan, otras rezan, a veces lloran o se ríen.

– Las mujeres con hijos desaparecidos tenemos una laguna en la cabeza. Perdimos cosas, nos ponemos las camisetas al contrario, se nos olvida todo, afirma una mujer de El Salvador, entre las risas de sus compañeras.

– Pero por lo menos nos reímos, y reír cura el alma.

Artículo publicado por Nómada el 15.12.2016

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Lo busca aquí, debajo de la tierra húmeda de un cafetal en el Estado de Veracruz, donde hay restos humanos sepultados. Lo aseguran los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos, pues el dueño de la parcela confesó haberlos encontrados y luego, invadido por el miedo, enterrados nuevamente debajo de unas piedras.

Ya es la segunda vez que esta brigada viene a Veracruz para desarrollar sus tareas de búsqueda, pues la inacción gubernamental motivó a los familiares de las personas desaparecidas a organizarse y pasar a la acción para encontrarlas.

Los grupos criminales de México, en complicidad con agentes del Estado, están librando una guerra que de acuerdo a datos oficiales ha causado más de 130.000 muertos y 28.000 desaparecidos en menos de diez años, con un aumento de los casos de 17% en los últimos 18 meses.

Según afirman las organizaciones no gubernamentales, los desaparecidos en México son muchos más, pues hay personas que no denuncian por miedo a las amenazas que reciben. Amenazas que a veces se cumplen como en el caso de Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, ejecutado en Poza Rica el 22 de junio mientras buscaba a su hija Jenny Isabel, desaparecida en 2011.

Más de 28.000 familias mexicanas no saben si sus hijos están vivos o muertos, y viven en la angustia de una espera continua. Desconocen si sus seres queridos han sido secuestrados para ser obligados a trabajar con la criminalidad organizada, si los están explotando sexualmente, o si los mataron y luego los enterraron en una fosa común.

Si los agarraron porque se equivocaron de persona, o solo por ser jóvenes o mujeres. De acuerdo al intelectual uruguayo Raúl Zibechi, el narco y los feminicidios tienen carácter sistémico y son modos de dominación de «los de abajo».

La hija de Araceli Salcedo tenía 21 años cuando fue desaparecida en la ciudad de Orizaba, en setiembre de 2012. Un comando armado entró en un bar y se la llevó; las autoridades dijeron que fue por guapa, que tal vez le gustaba a algún narco.

Tres años después, Araceli Salcedo encaró a Javier Duarte, gobernador de Veracruz. «Sus fiscalías no sirven de nada, no ayudan en nada señor. El fiscal es el mismo que ustedes, pura corrupción señor», le gritó. «Que no le toque a su familia, porque el día en que le toque sabrá lo que se siente con ese sufrimiento».

Los familiares de los desaparecidos afirman que el Gobierno mexicano no busca a sus seres queridos y que en las oficinas públicas, donde los empleados están sepultados debajo de miles de denuncias de desapariciones, no son atendidos.

Y en vista de que el Estado no los busca lo hacen ellos, organizándose en colectivos para reclamar su derecho a encontrarlos con vida, o a tener por lo menos la posibilidad de sepultarlos y dejar así de vivir en un «duelo suspendido».

Con la Brigada Nacional de Búsqueda. Según los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2007 y 2016 en México se han encontrado 224 fosas con 681 cuerpos. En sus primeros quince días de trabajo, la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos encontró quince fosas comunes con más de 7.000 fragmentos óseos. Los encontraron armados de picos, palas y varillas, recorriendo el campo violado del Estado de Veracruz.

De todas las ceibas –árbol sagrado de los mayas– que existían en las afueras de la ciudad de Córdoba, solo una ha sido salvada. Es un árbol grande y frondoso, de raíces firmes, que a nadie se le ocurrió talar básicamente por respeto. Cuentan los pobladores locales que durante la Revolución Mexicana se utilizaba para colgar cadáveres, y que en tiempos más recientes han aparecido cuerpos a sus pies.

A pocos centenares de metros de la ceiba, la Brigada Nacional de Búsqueda encontró unos indicios. «Por acá había sábanas ensangrentadas», dice Simón Carranza, que participa en la brigada a pesar de no tener familiares desaparecidos. Carranza, un hombre pequeño y delgado de unos 50 años, es considerado un sabueso en hallar pistas para encontrar restos humanos, hasta el punto que fue contratado por la PGR.

«Bajé por aquí y sentí algo raro en el fondo. Podían ser unas bolsas, pero no tenía equipo para sacarlas», explica el hombre mirando dentro de un pozo de doce metros de profundidad. Llegan las autoridades y empiezan a acordonar la finca, con sus uniformes de policías federales, sus trajes blancos y sus mascarillas de peritos; tras el hallazgo, la ley prevé que ellos sean los encargados de levantar los restos.

Mientras la Policía acordona, algunos brigadistas se apuntan para formar un grupo de vigilancia del trabajo de las autoridades, pues no confían en su profesionalidad y honestidad. «Los peritos del Gobierno no están bien preparados para hacer su trabajo. No solo no están bien capacitados, sino que no tienen las herramientas ni el tiempo necesario para llevar a cabo un proceso de hallazgo como debe de ser, y mucho menos de identificación», afirma Carolina Robledo Silvestre, antropóloga social que integra al Equipo Nacional Antropología Forense Independiente (ENAFI).

Se trata de un grupo recién formado de investigadoras que acompañan a los familiares de personas desaparecidas, compartiendo con ellas conocimientos técnicos sobre los protocolos y requisitos que debe tener una búsqueda en campo que se ajuste al debido proceso.

«En nuestros talleres los familiares aprenden a conocer todo el contexto de un hallazgo, a reconocer que no solo vamos a buscar esqueletos, huesos y restos humanos, sino toda la evidencia, de todos los objetos asociados que acompañan este hallazgo, porque todo esto nos permite identificar un cuerpo sin necesidad de recurrir a exámenes de ADN, que son bastantes costosos», explica Robledo Silvestre.

«En los talleres los familiares aprenden competencias para actuar en campo de una forma responsable y coordinada con las instituciones, exigiendo a los peritos del Gobierno y del Ministerio Público que hagan bien su trabajo, porque tienen a una víctima bien informada que le está exigiendo que así lo haga»

Gracias al acompañamiento de las académicas del ENAFI, los brigadistas aprenden a reconocer huesos calcinados y huellas, a valorar las fuentes que indican pistas y lugares donde buscar, a moverse en los sitios sin contaminar las pruebas, a intervenir en fosas clandestinas, a distinguir los fragmentos óseos de pequeños trozos de madera o piedras.

«Los huesos hablan», dice Bárbara G. García, arqueóloga forense del ENAFI, durante el taller con los familiares
de la Brigada Nacional de Búsqueda que se lleva a cabo en la Ciudad de México antes de la salida a Veracruz. Explica que los huesos pueden revelar la edad de una persona, qué tipo de trabajo hacía, qué enfermedades tuvo en su vida. Luego enseña una foto.

– ¿Qué hueso es este?
– Un fémur, contesta una mujer.
– Muy bien, es un fémur.

Trabajo de forense. Tras estos talleres, los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda hablan como experimentados forenses y abogados; no solo conocen la ley, sino saben cómo hacer la búsqueda de restos
humanos.

En los días anteriores a la salida al campo, los brigadistas intervienen durante las misas hablando a la población,
explicando en qué consiste su trabajo, animando a los pobladores a denunciar la desaparición de sus seres queridos y a unirse a la brigada o a compartir pistas que permitan hallar restos humanos.

Luego, a partir de las indicaciones anónimas de los habitantes locales –que dejan en el buzón de la parroquia
mapas artesanales de la zona– eligen el lugar donde hacer la búsqueda.

Los brigadistas saben que una cosa es buscar restos debajo de la tierra seca de los estados áridos del norte de México, y otra es buscarlos entre la maleza que cubre la tierra húmeda de otras regiones. Que es distinto
trabajar en el estado de Guerrero, donde hay osamentas enteras sepultadas en las fosas comunes, que buscar
en Veracruz, donde los cuerpos son disueltos en ácido y los fragmentos óseos que quedan son tirados al suelo.

Los brigadistas conocen que un tambo y unas botellas de gasolina pueden señalar la presencia de una «cocina», donde los criminales disuelven los cadáveres; saben interpretar los cambios de color de la tierra y su textura, pues si la varilla se hunde más que en otros lados quiere decir que la tierra ha sido removida, y si la punta de la varilla apesta a cadáver allí puede haber una fosa común.

Y mientras la brigada peina los bosques de niebla del estado de Veracruz, sus cafetales y sus cañaverales, Rosa Neris, una mujer que tiene a dos hermanos y a un cuñado desaparecidos, canta una canción para dar ánimo a sus compañeras:

«Salen, locos de contentos
con sus cargamentos
para ir a buscar, para ir a buscar.
Llevan en su cargamento
palas y varillas para escarbar, para escarbar.
Piensan un huesito encontrar
para que una familia entera pueda descansar.
Y alegres los brigadistas van
buscando aquí, buscando allá, por los caminos»

Con un palo de madera, María Herrera mueve una bota que se encuentra en el suelo. «Esta no lleva mucho
tiempo aquí y es de campesino, pero las chanclas que están allá no pertenecen a alguien de la zona», dice.

La historia de María Herrera. Al lado de la piedra donde la mujer está sentada, unos restos de prendas
amontonadas dejan espacio a una macabra suposición: que poco más allá estén enterrados los cuerpos que las vestían. Un grupo de brigadistas se hunde en la vegetación, a buscar indicios que señalen la presencia de una fosa.

Cuatro hijos de María Herrera han sido desaparecidos. A Jesús Salvador y Raúl se los tragó la tierra del estado
de Guerrero en 2008. Después de más de dos años de inútiles reuniones con funcionarios y de tocar puertas
que se quedaban cerradas, el corazón de María Herrera se derrumbó otra vez.

El «crimen institucionalizado» –como ella define al narcoestado– se llevó a otros dos hijos suyos: Luis Armando y Gustavo, que fueron secuestrados por la Policía Intermunicipal de Poza Rica y entregados a un grupo criminal. Un caso ejemplar de desaparición forzada, o sea cometida por agentes del Estado, los casos que más difícilmente encuentran solución pues el sistema no suele perseguir a sus propios servidores.

«Nuestro Gobierno le dio mucha chamba –trabajo, en argot– a Dios, le mandó gente que aún no había llamado », declara Herrera al reflexionar sobre cómo la guerra al narcotráfico librada por el Gobierno mexicano en 2006 se ha convertido en una guerra contra la población.

En 2011, a unos meses de la segunda tragedia que María Herrera y su familia tuvieron que afrontar, mataron
al hijo del poeta y periodista mexicano Javier Sicilia. El poeta llamó al pueblo mexicano a manifestarse en contra de la violencia e impulsó la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que organizó marchas y caravanas que llevaron a las víctimas a compartir sus experiencias en todo el país y también en Estados Unidos.

Un espacio donde por primera vez los familiares de los desaparecidos se conocieron y compartieron sus dolores. «Mi mamá pensaba que a nadie en México le duele el dolor del otro, pero aún así se fue con la Caravana por la Paz. Y pasó una cosa curiosa, que cuando regresó tenía brillo en sus ojos», recuerda Juan Carlos Trujillo, hijo de María Herrera.

En el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Herrera descubrió que no estaba sola, que muchas mujeres compartían su misma pena y se solidarizaban con ella. Aprendió a transformar aquel dolor en lucha y, poco a poco, a pelear no solo por sus hijos, sino por todos los desaparecidos del país.

La experiencia compartida. «Cuando empecé a salir en las caravanas y en las marchas, vi que la situación que yo estaba viviendo era la misma de muchas familias. Desde allí cambié mi forma de pensar y de sentir », explica esta madre coraje. «Antes en las marchas gritaba ¿dónde están mis hijos?; luego empecé a gritar «¿dónde están nuestros hijos y nuestras hijas? Esto te genera un aliciente, es como si tu solita te untaras un ungüento en tu hígado. Empiezas a librar una lucha dentro de ti misma queriendo sanar, pero la verdad es que hasta la fecha no lo he logrado».

Al ver la transformación que su madre estaba viviendo, Juan Carlos y su hermano Miguel decidieron incorporarse al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De allí surgió la necesidad de crear una organización civil enfocada en la búsqueda de sus familiares, para apoyar en los trámites y agilizar las investigaciones y, luego, formar una red de enlaces con organizaciones afines de todo el país.

Con su coche, Juan Carlos recorrió parte de México para buscar a familias de desaparecidos con la intención de organizarlas, no solo para que visibilizaran su dolor, sino para que lo atendieran. Y de estas nuevas hermandades que se crearon germinó la idea de crear una Brigada Nacional de Búsqueda.

«Quien busca encuentra, se lo digo siempre a mis hijos», afirma María Herrera. «Antes me aterrorizaba la idea de poder salir al campo y encontrar. Pero ahora veo que a las personas a las que les han llegado sus restos les cambia la vida: se ve en sus rostros esta paz de saber, de que ya no deber de buscar a su familiar y de tener un lugar donde pueden decir ‘aquí está’. Les dieron una muerte indigna, hay que darles por lo menos una sepultura digna».

Jorge Aguiluz ya sepultó los restos de su hijo Jorge Antonio, a quien encontró en enero de 2015, después de once meses de búsqueda. A pesar de esto, viajó más de 1.500 kilómetros para llegar a Veracruz desde el estado
de Sinaloa y participar en la Brigada Nacional de Búsqueda.

«Me siento atrapado, comprometido con este dolor que conozco desde raíz», dice Aguiluz, mientras una lágrima se le asoma bajo los parpados. «Estoy aquí porque siento que mi hijo me ordena que así sea. Me lo ordena su mirada tierna cada vez que miro a su foto», manifiesta.

También Rosa Neris viajó desde el estado de Sinaloa. «No estoy aquí solo por mis familiares, sino por todos los demás. Los desaparecidos son de todos y si yo encuentro a uno encontré al de todos», señala la mujer.

«La búsqueda me hace encontrarme a mí misma; me produce alegría ver la paz reflejada en las familias a las que entregamos aunque sea un huesito, y aún más darles este ánimo para que denuncien, para que se unan a la brigada», anima.

Artículo publicado en Zazpika el 10.10.2016.

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Ahora la situación en el barrio está más tranquila, asegura la anciana, aunque la violencia no ha parado del todo. Durante años, desde sus ventanas los habitantes de la Comuna 13 han visto procesiones de jóvenes empujados rumbo al basurero La Escombrera por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tenían la orden de “matarlos, picarlos, ponerlos en una bolsa, echarles cal, sal, y guardarlos”.

María Rosa Jiménez se dice convencida de que su hijo está enterrado en La Escombrera: “Allí los llevaban a todos”. El muchacho salió a las 7 de la mañana del 18 agosto de 2006 para ir a la escuela junto con dos amigos, y nunca más regresó. Tenía dieciséis años. A los dos meses desapareció también el otro hijo de María Rosa.

Hoy la mujer integra Mujeres Caminando por la Verdad, un grupo de madres de desaparecidos de la Comuna 13. Después de trece años de lucha, el colectivo logró que la Fiscalía General de la Nación ordenara la exhumación de La Escombrera, la fosa común urbana más grande del mundo.

“Ya en 2002 empezamos a denunciar que en el basurero habían cadáveres”, explica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que asesora a las madres de las víctimas. “Nunca nos hicieron caso, incluso hasta 2008 las autoridades negaban que habían desaparecidos. La decisión de excavar no fue un acuerdo tomado en la mesa de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero el contexto nos ayudó. El presidente Juan Manuel Santos quiere mostrar resultados y la excavación de La Escombrera lo es”.

OPERACIÓN ORIÓN

La Comuna 13 se volvió un infierno a partir de la madrugada del 16 de octubre de 2002. Más de mil hombres entre policías, militares, miembros de la Fiscalía y del servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el apoyo del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, entraron en el barrio con artillería pesada y tanquetas. Catearon las casas, ametrallaron las viviendas desde los helicópteros y dispararon contra todo lo que se movía. “Yo vivo en un tercer piso, después de esta tirazón tan horrible de aquella noche el techo tenía como seis hoyos muy grandes, y la pared también tenía hoyos como de fusil. Gracias a Dios que a nosotros no nos cogió. Con mis nietos nos escondimos debajo de la cama, yo me estaba ahogando de estrés”, recuerda Gloria Holguín, de Mujeres Caminando por la Verdad.

La Comuna 13 ya había padecido unas veinte incursiones militares, pero la Operación Orión fue el operativo urbano más grande de la historia del conflicto colombiano. Se trató de una acción ordenada por el expresidente Álvaro Uribe para inaugurar su Política de Seguridad Democrática. Su finalidad era acabar con la presencia de los milicianos de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), que ocupaban la Comuna 13 para poder explotar el viaducto de combustible que la atraviesa y controlar el corredor que une Medellín con los puertos del Atlántico.

Los medios de entonces ignoraron la brutalidad del operativo, que fue padecido sobre todo por los 130 000 habitantes de la comuna. De acuerdo con una investigación de Pablo Emilio Angarita, de la Universidad de Antioquia, en pocos días entre los civiles hubo un muerto, 38 heridos, ocho desaparecidos y 355 detenidos.

El exjefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, desde la cárcel de Estados Unidos donde está detenido afirmó que durante el operativo hubo una coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Esta versión también ha sido confirmada por declaraciones de los mismos pobladores y material fotográfico de aquella época. De esta forma se abrieron investigaciones previas en contra del general Mario Montoya, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, y del general Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana. No obstante, ninguno de los dos ha sido llevado a juicio y hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad política de las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes y después de la Operación Orión.

FUE EL ESTADO

Tras el operativo, un grupo armado fue sustituido por otro. Los milicianos se fueron y los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la ladera de la ciudad. Con ellos llegaron las desapariciones forzadas y el terror. Entre las calles angostas y las escaleras empinadas de la Comuna 13, cualquier persona era considerada sospechosa de colaborar con la guerrilla sólo por haber hablado con los milicianos.

“Los milicianos eran jóvenes de la misma comuna y una los había visto crecer, la gente tenía relaciones con ellos porque los conocía desde toda la vida”, explica Luz Helena Salas, cuyo hijo de veinte años desapareció después de haber salido a fumar un cigarrillo, el 16 enero de 2007. “Los paramilitares sacaban a los jóvenes, los paseaban por todo el barrio y después los mataban. A veces nos tocaba esquivar los muertos, pasar por encima de ellos. Y lo triste es que pensaba que a mis hijos nunca les iba a pasar una cosa así, y resulta que sí, que luego termina pasándole a una. Aunque una vive en medio de la violencia, no piensa que le vaya a pasar”.

Según Luz Helena Salas, quien integra Mujeres Caminando por la Verdad, los atropellos llegaban también por parte de la Fuerza Pública. “Después de la Operación Orión sufrimos mucha violencia también de la policía. Hasta los perros los mataban, nos sentíamos más atropellados por la policía que por cualquier otro grupo”, afirma.

Gloria Holguín está convencida de que fueron los policías quienes desaparecieron a su hijo, que había entrado a la Comuna 13 para visitar a la novia. “Siempre me preguntan quién es responsable de la desaparición de mi hijo. Pues fue el Estado, si entonces en la Comuna 13 estaban la policía y el ejército, ellos tienen la responsabilidad”, comenta la mujer.

TRESCIENTOS CADÁVERES

La excavación de La Escombrera empezó el pasado 27 de julio. El exparamilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, que operaba en la Comuna 13 durante y después de la Operación Orión, señaló desde la cárcel de Bogotá cuatro puntos donde habrían sepultado unos cincuenta cadáveres. Es en esta área que la Fiscalía empezó a buscar, aunque las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad afirman que los cuerpos de sus familiares son unos trescientos, y que la mayoría no están sepultados allí.

“Donde hoy están excavando se llama La Arenera del agregado San Javier”, explica Luz Helena Galeano, vocera del colectivo de mujeres cuyo marido desapareció en 2008. “La verdadera Escombrera es el sector de terrígenos que está en frente, es allí donde están sepultados los trescientos cuerpos”.

La Alcaldía de Medellín afirma que no existe certeza sobre el número de inhumados, pero estima que sean entre ochenta y noventa personas. La montaña de desechos a excavar es alta como un edificio de veinticinco pisos y se prevé que será necesario llegar a una profundidad entre 8 y 10 metros para extraer unos 35 000 metros cúbicos de escombros, tierra y, presuntamente, cadáveres. En esta montaña, que domina el valle de Aburrá, podrían estar enterrados los muertos de todas las guerras que cruzaron Medellín.

“La excavación significa mucho para la ciudad y para el país. En momentos como los actuales, donde las expectativas por la paz y la reconciliación están al orden del día, no podemos pasar por alto el tratar de desenterrar la verdad oculta durante tantos años alrededor de La Escombrera”, afirma Jorge Mejía, consejero para la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. “En este mes, diciembre, esperamos tener los primeros resultados. El problema es que es un terreno de escombros, una masa de tierra que tal vez hoy no está donde estaba hace quince años”.

La masa de detritos en la loma de La Escombrera puede haber bajado de nivel, y los cuerpos ya podrían no encontrarse en los puntos indicados por el jefe paramilitar. Esta posibilidad resulta aún más probable si se toma en cuenta que el basurero está en funcionamiento desde la década de 1990 y, a pesar de las demandas de los familiares de los desaparecidos, nunca fue cerrado. Mientras por un lado se excava buscando cuerpos, del otro se siguen tirando escombros.

“La exhumación es un acto simbólico y mediático que no va a llegar a nada, no van a encontrar a nadie, porque las tres administraciones de la ciudad no pararon de depositar allí toneladas de tierra. ¿Qué va a decir la alcaldía cuando acabe esto? Yo busqué, pero no encontramos”, afirma Juan Diego Restrepo, profesor de la Universidad de Antioquia y columnista de la revista Semana.

LA CIUDAD MÁS INNOVADORA DEL MUNDO

En los últimos veinte años la violencia en Medellín ha bajado sensiblemente. De acuerdo con la organización Seguridad, Justicia y Paz, la ciudad pasó de tener 390 asesinatos por cada 100 000 habitantes en la década de 1990, a los actuales 26.91.

Con una pomposa ceremonia pública, al final de noviembre de 2003, El Bloque Cacique Nutibara de las AUC se desmovilizó; fue el primer grupo paramilitar en dejar las armas en el marco del proceso impulsado por el expresidente Álvaro Uribe. El entonces jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, declaró que el evento fue un montaje. “La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó”, afirmó. Según el diario colombiano El Tiempo, varios supuestos desmovilizados admitieron haber sido recogidos poco antes en barrios populares, donde les habían ofrecido dinero para participar en el espectáculo y hasta prometido borrarles sus antecedentes criminales.

Poco después, de los restos de las AUC surgieron los Urabeños —o Gaitanistas, el grupo narcoparamilitar más grande del país—, y de las cenizas del Cártel de Medellín de Pablo Escobar nació la Oficina del Envigado. De acuerdo con datos de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), estas agrupaciones controlan actualmente el 70 por ciento del territorio de la ciudad.

La misma organización no gubernamental señala que en agosto pasado estos grupos suspendieron el acuerdo de no agresión llamado Pacto del Fusil, firmado en 2013, y que la finalidad de esta decisión sería obstaculizar la búsqueda de los desaparecidos en La Escombrera. De hecho, hoy en día es peligroso acercarse al basurero: “No vayan solas, por allá están disparando”, dicen los pobladores.

En el mismo año en que se firmó el Pacto del Fusil, Medellín fue galardonada con el premio de ciudad más innovadora del mundo, a pesar de que desde 2006 hasta 2014 desaparecieron 4251 personas. Al final, sin cadáveres no hay muertos que llenen las estadísticas sobre homicidios.

Vista de Medellín desde el funicular. Foto: O.B.

El diario The Wall Street Journal y City Group decidieron otorgar el prestigioso reconocimiento no sólo por la repentina baja en la tasa de homicidios, sino también por la visible inversión en infraestructura. En las zonas más afectadas por la violencia, la ciudad paisa edificó el Centro Cultural Moravia y la Biblioteca España, que unen su función social con una arquitectura moderna. La metrópoli es el único centro urbano de Colombia que tiene metro, hiperflamante y eficiente, y además cuenta con unos funiculares que brindan la posibilidad de viajar rápidamente desde los barrios más alejados y populares al centro de la ciudad, cómodamente sentados y gozando de una hermosa vista. También la Comuna 13 se benefició de esta ola innovadora con la construcción de unas escaleras eléctricas que permiten a sus pobladores ahorrarse centenares de peldaños.

“El mismo día en que Medellín fue proclamada ‘la ciudad más innovadora del mundo’, los fusiles traqueteaban en varias comunas. Le dicen innovadora por la reducción de homicidios que se dio después de la desmovilización parcial de los paramilitares, y del comienzo de la época que nosotros llamamos ‘paratranquilidad’”, explica Luis Fernando Quijano, director de Corpades. “¿Pero dónde está el tema de las desapariciones? No se puede hablar de una ciudad en paz si siguen habiendo desapariciones y desplazamientos forzados, si sigue existiendo la vacuna [cuota]. ¿Innovadora es una ciudad que tiene hombres armados que controlan la vida ciudadana, fosas comunes y casas de tortura donde pican a la gente? Usted encuentra una casa de tortura, ¿será la única o podrán haber muchas más? Cuando uno ve hechos como los de La Escombrera, la pregunta es: ¿sólo una?”.

Artículo publicado en Newsweek el 13.12.2015

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Los expertos independientes presentaron también algunas evidencias que la autoridad conocía y que fueron ocultadas, como las pruebas del involucramiento de la Policía Federal y del ejército en los hechos y la presencia de un quinto autobús. Se trata de uno de los carros que los normalistas ocuparon en Iguala y que probablemente se utilizaba para transportar droga, aunque los muchachos lo desconocían. Según los expertos de la CIDH, este autobús podría representar el móvil del ataque.

A pocos días del aniversario del ataque de Iguala, el Programa de las Américas entrevistó a Carlos Beristain, uno de los expertos independientes que participaron en la investigación.

¿Cómo pueden afirmar que los 43 estudiantes no han sido quemados en el basurero de Cocula?

Nuestro perito, que tiene una enorme experiencia internacional, visitó el lugar. Hizo un análisis in situ de las condiciones que se dieron en el basurero y de si había habido quema en la flora alrededor, causada por la supuesta pira de los 43 cuerpos. Evaluó también los testimonios de los inculpados sobre el modo en que se habría llevado a cabo la acción.

Sin embargo, algunos de los 111 imputados afirmaron que los 43 cadáveres han sido incinerados en el basurero.

Las declaraciones de los diferentes imputados tienen inconsistencias. Presentan cuatro versiones diferentes sobre lo que habría pasado con los normalistas: una señala que los normalistas habrían sido llevados a una casa de seguridad; otra dice que los normalistas habrían ido a atacar armados a los hermanos Benítez Palacio; otra que hubieran sido llevados a Pueblo Viejo y allí enterrados en una fosa; y otra más señala que los muchachos han sido llevados al basurero de Cocula. Estas declaraciones presentan cuatro escenarios diferentes, con inconsistencias entre si, y también adentro de la versión del escenario del basurero de Cocula hay inconsistencias fuertes sobre cómo fueron transportados, dónde y cómo habrían sido supuestamente ejecutados, además de incongruencias sobre otros elementos.

Ustedes averiguaron que es imposible que en el basurero de Cocula haya habido una pira tan grande como para incinerar 43 cuerpos. ¿No será posible que hayan sido quemados un numero inferior de cadáveres?

No hay ninguna versión que diga que hayan sido quemados menos cuerpos, no hay ninguna declaración de ninguno de los inculpados que lo diga. Esto ya sería para nosotros una quinta versión.

¿Se puede afirmar que hubo, por parte del estado mexicano, un intento de ocultar lo qué pasó aquella noche en Iguala?

Nosotros no hemos hecho una evaluación de la intención, lo que dijimos es que hay una omisión total de algunos hechos, a pesar de que estaban en las declaraciones de los normalistas, y lo hicimos saber a la PGR. Nuestro informe contiene descripciones de los hechos y no tiene valoraciones de comportamiento del estado, de la PGR o de los funcionarios. De todos modos, hay personas que tienen responsabilidad sobre estas omisiones, a nosotros no nos corresponde investigar, pero alguien tendría que hacerlo.

¿Qué reacción tuvo la autoridad frente a sus recomendaciones?

Durante los primeros días hubo una respuesta un poco contradictoria. Por una parte el presidente Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes de apoyo al informe, señalando que el estado lo acogía y que sería incorporado a la investigación. También la PGR hizo declaraciones en el mismo sentido, aunque algunos sectores señalaron que era cierta la versión de la autoridad.

Para nosotros la respuesta es la oficial, o sea que el informe será incorporado a la investigación y que nuestras recomendaciones serán tenidas en cuenta para reorientar la investigación, la búsqueda y la atención a los familiares, que son los tres puntos clave de nuestro mandato.

Nuestro trabajo es una oportunidad para el estado de México y consideramos que es un aporte para la lucha en contra de la impunidad en el país. Es una herramienta importante no sólo por este caso concreto, sino tiene también recomendaciones generales para los otros casos de desaparición forzada en el país, y esperamos que sea acogido en la practica.

Su mandato fue ampliado para otros seis meses. ¿En qué consistirá su trabajo?

Vamos a tener 6 meses más de trabajo para poder seguir empujando en esta dirección. Ahora sabemos algunas cosas claramente: que los normalistas no fueron confundidos con narcotraficantes, que no estaban infiltrados por nadie, que a través del C4-una estancia de coordinación en la que están la Policía Federal, la Municipal, la Estatal y el Ejército-los jóvenes fueron monitoreados antes y después de que llegaran a Iguala.

De esta parte de la historia sabemos lo que pasó, hay otra parte de la que todavía no tenemos claridad y es en esta zona gris que tenemos que encentrarnos en los próximos meses.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 23.09.2015

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