“La mal llamada Carretera de las Culturas es un proyecto extractivista construido desde los intereses de los más poderosos. Los pobres se volverán más pobres y los ricos más ricos”, afirmó Pascuala Vázquez Aguilar, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), durante el conversatorio “¡Sí a la vida, no al despojo del territorio! El caso de la supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque”, que se llevó a cabo el 28 de febrero en San Cristóbal de Las Casas.

“Sabemos que detrás de la pantalla del turismo hay despojo de nuestro territorio, que no es sólo nuestra parcela, sino también la forma en que vivimos”, añadió la militante tzeltal en respuesta a las afirmaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien asegura que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas, además de que serán beneficiadas con la llegada de turistas.

El proyecto de construir una autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque se lanzó por primera vez en 2009 pero, a pesar de la insistencia de los gobernantes, nunca se realizó a causa de la oposición de las comunidades. Lo que los “gobiernos neoliberales” no pudieron lo logró Morena: en diciembre de 2019 el Congreso de Chiapas aprobó el proyecto con una extensión todavía mayor, es decir de Palenque hasta Pijijiapan, en la costa de Chiapas, y con un ramal de dieciocho kilómetros que conecta con la ciudad de Ocosingo.

Las obras del primer tramo, que de Palenque lleva al municipio de Chilón, arrancaron de forma ilegal, pues el banderazo de comienzo se dio en junio de 2025, pero la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada hasta el mes de octubre.

Modevite denuncia que el gobierno está imponiendo esta infraestructura a través del hostigamiento, del condicionamiento de la entrega de programas sociales como Sembrando Vida, de las amenazas de envío del cuerpo de élite de la Policía Estatal llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de manipulaciones de varios tipos. La organización, que tiene presencia en trece municipios de Chiapas, pone como ejemplos el caso de un ejido donde el comisariado pidió la firma de hojas en blanco, que sucesivamente resultaron ser documentos que autorizaban el paso de la carretera.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), también presente en el conversatorio, estas mismas estrategias de imposición se están usando también con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) ha señalado también otras similitudes con estos megaproyectos: la especulación sobre la tierra que la obra traerá en el largo plazo, las afectaciones ambientales y una MIA hecha “por cachitos”, que no permite entender los impactos cumulativos de la nueva carretera.

“Hay fallas en la MIA que hacen dudar de su validez”, afirmó durante el conversatorio un investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), que denuncia que la autopista funcionará como una barrera para las especies, causando una fragmentación de su hábitat. Además, su trazo pasa cerca o hasta encima de algunos ojos de agua y modifica el drenaje del agua, causando posibles inundaciones o sequías.

Los ponentes, quienes participaron en una caravana de documentación en los territorios afectados por la obra en el norte de Chiapas, denunciaron también que la información que el gobierno compartió a las comunidades ha sido parcial, que la consulta no las involucró, que los ingenieros trabajan en sus parcelas sin permiso y que el megaproyecto está causando división comunitaria y un aumento de la presencia militar en la región.

Artículo publicado en Desinformémonos el 2 de marzo de 2026.

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Cinco pobladores tzeltales de San Juan Cancuc, entre ellos, el defensor del territorio Manuel Santiz Cruz, fueron declarados culpables del homicidio de un policía municipal y condenados a 25 años de prisión.

De acuerdo con la jueza, en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los cinco retuvieron al agente Antonio Aguilar Pérez en el barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. Luego, concluyó, frente a sus colegas que llegaron para rescatarlo, lo patearon hasta romperle siete costillas, que perforaron el pulmón derecho y causaron su muerte.

Los sentenciados son Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguezy Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia San Juan Evangelista de Cancuc e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), una organización de inspiración católica. En más de una asamblea, Santiz Cruz ha criticado abiertamente al presidente municipal priista José López López, y se ha opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en San Juan Cancuc y a un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

Rechazo a megaproyectos

La Carretera de las Culturas es una infraestructura que debería enlazar las ciudades de Palenque y Pijijiapan, en la costa de Chiapas. Su primera elaboración se remonta a hace más de 20 años y tenía que entrar en funciones en 2009 con un trazado más corto, que conectaba San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Formaba parte de un plan todavía más ambicioso: el Centro Integralmente Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua Azul, un “proyecto eco-arqueológico” con una extensión de mil 400 hectáreas que para 2020 proyectaba atraer a 14 millones de turistas y alcanzar una oferta hotelera de 8 mil 350 cuartos. Las comunidades indígenas del norte de la entidad se organizaron y la autopista escénica y demás proyectos contemplados por el CIP nunca vieron la luz, a pesar de que el gobierno hizo varios intentos para convencerlas.

El CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul era una de las infraestructuras contempladas por el Plan Puebla Panamá —en 2008, rebautizado como Proyecto Mesoamérica—, que impulsaba la interconexión entre México, Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos. De acuerdo con sus promotores, su finalidad era favorecer el desarrollo económico y el bienestar en la región, mientras que sus detractores lo señalaban como un proyecto al servicio de las empresas transnacionales y encaminado al despojo de los territorios.

La actual administración retomó este sueño que fue de Fox y Calderón, a través de la construcción del Tren Maya en la península yucateca y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Ambas obras están conectadas por una serie de infraestructuras que, de la misma forma que el Plan Puebla Panamá, las enlazan también con Centroamérica. La Carretera de las Culturas es una de estas. 

En diciembre de 2019, el Congreso de Chiapas revivió en parte el finado CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul y aprobó la construcción de la súper carretera. La “estiró” unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca, donde el Corredor Interoceánico prevé el paso de un gasoducto y de una línea de ferrocarril que llegan hasta Guatemala. De esta forma, la autopista permitirá transportar a personas y mercancías desde Centroamérica hasta Palenque, donde habrá una estación del Tren Maya y un aeropuerto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está modernizando. La ciudad de Palenque estará a su vez conectada con la Península de Yucatán a través del Tramo 1 del Tren Maya y al Istmo de Tehuantepec gracias a otra línea de ferrocarril, que lleva al puerto de Coatzacoalcos.

En octubre de 2019, representantes del gobierno de Chiapas llegaron a San Juan Cancuc para promover la construcción de la Carretera de las Culturas y condicionaron la entrega de los programas sociales a la cesión del derecho de vía. Los pobladores se opusieron y tras una segunda visita del gobierno, en diciembre de 2020, en la plaza central del pueblo 45 comunidades ratificaron a mano alzada su rechazo a la autopista.

Manuel Santiz Cruz es uno de los opositores a la Carretera de las Culturas, que no es solo una autopista, sino una infraestructura funcional al plan de interconexión mesoamericana que López Obrador heredó de las administraciones anteriores. Al mismo proyecto se oponen también César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores del territorio tzeltales que la semana pasada fueron encontrados culpables del delito de motín por haber participado en una acción contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, municipio colindante con San Juan Cancuc.

La historia

El caso de los cinco pobladores de San Juan Cancuc es ejemplar de las anomalías del sistema de justicia mexicano. El proceso ha sido lento y con continuas suspensiones —en una ocasión, se aplazó la audiencia porque el juzgado envió a una traductora de lengua tzotzil en lugar que de lengua tzeltal—, y una vez se prohibió de forma arbitraria la entrada a Animal Político, a un representante de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a una observadora del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor). 

La investigación también tuvo irregularidades: el Registro Civil modificó con corrector el acta de defunción de Antonio Aguilar Pérez, el juez de control emitió la orden de aprehensión antes de que la Fiscalía de Justicia Indígena la solicitara y la carpeta de investigación afirma que tres de los cinco detenidos fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, cuando una foto tomada por una cámara de seguridad muestra que la detención se realizó el día anterior en San Juan Cancuc. 

Con esta foto impresa en una lona, los familiares y compañeros de los cinco se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión de cada audiencia del juicio. Allí contaron la historia: en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los habitantes del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc —entre ellos, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez DomínguezyJuan Velasco Aguilar— encontraron al policía Antonio Aguilar Pérez borracho y avisaron a sus colegas, que llegaron por él. Lo entregaron vivo. Unas horas después, los tres pobladores fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sin que se les explicara el motivo, y fue hasta el día siguiente que sus defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se enteraron de que estaban acusados de posesión de mariguana. Los abogados decidieron entonces llevar a otros pobladores a la fiscalía para declarar a favor de los detenidos. 

Dos días después, los acusados fueron liberados e inmediatamente les fue ejecutada una orden de aprehensión por el homicidio del policía municipal. Luego tocó a dos de los testigos que habían declarado a su favor: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se encontraban frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas cuando llegaron unos vehículos de la Policía Estatal y de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena, de donde bajaron unos 30 hombres armados que se los llevaron presos, acusándolos del asesinato de Antonio Aguilar Pérez.

“El policía municipal se murió cuando estaba bajo custodia de sus colegas”, aseguró el padre José Luis Vargas, párroco de San Juan Cancuc, durante una de las ruedas de prensa que se llevaron a cabo frente al Palacio de Justicia de Los Altos antes del comienzo de las audiencias. “Exigimos el enjuiciamiento de estos policías por omisión de auxilio, omisión de custodia, falsedad de declaración y detención ilegal, porque detuvieron a nuestros compañeros sin orden de aprehensión, y nunca han sido investigados”.

El sacerdote señala además que la Fiscalía de Justicia Indígena presentó al juzgado pruebas contradictorias: los policías municipales aseguraron que a las 5:00 AM los pobladores les entregaron su colega, y después de averiguar su deceso decidieron llevarlo a la casa de su esposa. Sin embargo, un criminalista y un policía de investigación declararon que el cadáver fue hallado a las 10:00 AM en una banqueta de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Durante el juicio, tras escuchar los alegatos de clausura, los cinco imputados tomaron la palabra ante la jueza. “Quiero mi libertad inmediata, soy inocente y ya llevo 11 meses detenido. Sufro y también sufren mi esposa y mis hijos”, dijo Agustín Pérez Domínguez. 

Su mujer se llama Petrona Hernández Pérez. “Agustín se enfermó en la cárcel y me cuesta encontrar dinero para su medicamento. Ni siquiera tenemos para comprar su colchón, en la cárcel no lo entregan y le toca dormir en el piso”, afirmó mientras mostraba una pancarta. “Desde que no está en la casa, mis seis hijos y yo no tenemos comida”. También las demás esposas están preocupadas por sus hijos, pues en sus casas falta quien proveía a la familia. Una de ellas incluso ya tuvo que migrar a Cancún.

Artículo publicado en Animal Político el 18 de mayo de 2023.

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“Estamos en contra del cuartel de la Guardia Nacional porque trae problemas: ejecuciones y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo, drogadicción y prostitución”, afirma José Luis Gutiérrez Hernández, que como Cesar es militante de la organización católica Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). “Lo sabemos porque en nuestro territorio ya tuvimos un cuartel militar. Lo construyeron en los 90 tras el levantamiento del EZLN y con la lucha logramos que se cerrara, pues nos trajo muchos problemas”.

José Luis contaba su historia, sentado en una banca de la iglesia de la comunidad de Pamal Nahbil, municipio de Chilón, un templo nuevo y monumental en el medio de la Selva Lacandona. José Luis, Cesar y el Pueblo Creyente de Chilón estaban esperando a que parara la lluvia que azotaba el techo de lamina de la iglesia, y así poder emprender el Via Crucis que organizaron para el 8 de abril: 4 kilómetros de procesión, hasta la comunidad de San Miguel C’anxanil, en contra de los megaproyectos y la militarización, y para pedir libertad absoluta para los dos defensores comunitarios.

Cuando los dos militantes de Modevite se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, no podían imaginar que durante 17 días compartirían una celda en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) El Amate, ni que a un año y medio de su tortura y detención arbitraria hubieran seguido en libertad condicional: ahora viven en sus comunidades, pero tienen la obligación de firmar cada dos semanas en el Juzgado de Control de Ocosingo, que se encuentra a horas de viaje de sus hogares.

A pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas tseltales, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí construyó el cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón. Fue autorizado únicamente por el comisariado municipal y el presidente municipal de Chilón, pero a pesar de que está terminado es el único de los diez cuarteles chiapanecos que todavía no ha sido inaugurado. Esto se debe con toda probabilidad a la demanda de amparo en contra del cuartel interpuesta por el CDH Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y al CDH Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que tomaron la defensa legal del pueblo indígena tseltal.

“Cancelación del cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián”, se lee en una de las pancartas que acompañaban el Via Crucis del viernes, que finalmente se realizó adentro de la iglesia de Pamal Nahbil, pues el frente frío que cayó como un balde de agua en la Lacandona no permitió llevar a cabo la procesión al aire libre. Las demás pancartas pedían la exoneración de los cargos en contra de José Luis y Cesar, el fin de la militarización del territorio tseltal y la prohibición a la entrada de empresas transnacionales intencionadas a construir hidroeléctricas o a explotar los manantiales, como la Coca Cola.

El próximo sábado, Cesar y José Luis se encontrarán una vez más en el Juzgado de Control de Ocosingo para firmar. “El pasaje para Ocosingo es caro y difícil de sostener para nuestras familias”, dice Cesar Hernández Feliciano. Cada vez que viajan a Ocosingo, a los dos defensores comunitarios les toca revivir la violencia y las humillaciones que sufrieron durante los días de su arresto y detención.

Artículo publicado en Desinformémonos el 11.04.2022

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Cesar guardó el pozol en su morral mientras observaba la lluvia de piedras que los policías lanzaban en contra de los manifestantes, e intentó resguardarse en la tiendita. No lo hizo a tiempo: una macana lo golpeó y un grupo de policías lo arrastró, pateó y subió a la góndola de una patrulla. Luego lo trasladaron a otra, donde el campesino y catequista, militante de la organización Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), conoció a José Luis Gutiérrez Hernández, otro ejidatario que había sido detenido. Tenía una herida profunda en la cabeza. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los acusaron de motín. Pronto las torturas empezaron otra vez.

“¡Eres el líder de Modevite!”, gritaban los policías mientras lo golpeaban con una macana, detrás de la reja de su celda.

“No hay líderes en Modevite”, respondía él ante los golpes.

“Estás mintiendo, cabrón”, y llegaba otra golpiza.

César y José Luis estuvieron dos días sin comer ni tener contacto alguno con el externo. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a una urvan blanca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, los amenazaron los policías.

“Está bueno, después de nosotros van ustedes”, contestó César.

Estuvieron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, las manos cruzadas en la nuca. “Parecía una desaparición forzosa, pero no tenía miedo pues tenía fe en Dios”, dice César Hernández. 

Fue llegando al CERSS “El Amate” que la tristeza empezó a asomarse. Las pesadillas espantaban sus noches y las marcas en su cuerpo no paraban de recordarle los golpes. Le costaba caminar y para pararse de pie tenía que escalar la pared con las manos. Hasta hoy en día, César no puede cargar mucha leña porque el abdomen le arde. 

Consecuencias de militarización

Los habitantes de Chilón conocen las consecuencias de la militarización. En 1995, tras el levantamiento del EZLN, Sedena construyó un cuartel en esta zona de la Selva Lacandona poblada por indígenas tseltales, que fue cerrado en 2007 justo a causa de la oposición de la población.

“La presencia de los militares nos afectó mucho, sobre todo a las muchachas. En vez de ir a la escuela iban con los soldados, muchas se quedaron embarazadas y los militares no se hicieron cargo de sus hijos. Por esto no queremos el cuartel de la Guardia Nacional”, dice Pascuala Vázquez Aguilar, integrante de Modevite y concejala del Gobierno Comunitario de Chilón.

Se trata de un órgano de autogobierno tseltal impulsado por Modevite, que justo este 20 de noviembre celebró su cuarto aniversario. Fue elegido por usos y costumbres, trabaja de forma paralela al gobierno municipal partidista y pide una consulta para que se le reconozca su derecho a gobernar sobre su territorio de forma exclusiva.

El Gobierno Comunitario de Chilón se opone a los megaproyectos y a la presencia del cuartel de la Guardia Nacional, que ya ha sido construido por orden de Sedena –en lugar que de una instancia civil, como lo prevé la Constitución- a pesar de que no hubo consulta previa, libre e informada. Quienes aprobaron su instalación fueron únicamente el comisariado municipal y el presidente municipal, que entregaron el territorio a la Guardia Nacional con un contrato de comodato -o sea sin realizar ningún cobro- de 30 años prorrogable por otros 30 años.

“Las cifras de violencia e inseguridad en Chilón no justifican la imposición de un cuartel y la presencia castrense en este territorio”, afirma en rueda de prensa César Contreras del Centro Prodh, que junto con el Centro de Derechos Humanos Frayba asumió la defensa legal de César Hernández y José Luis Gutiérrez, y el acompañamiento jurídico de las comunidades tseltales. “La pregunta es: ¿cuáles son entonces los objetivos de la instalación de este cuartel? ¿A quiénes o a qué proyectos está cuidando?”.

De acuerdo con el gobierno comunitario de Chilón, los megaproyectos en juego son varios. “El comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anda diciendo en las asambleas que la empresa Coca Cola llegará para explotar un ojo de agua para producir refrescos”, afirma la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

Chilón sería además atravesado por la Carreteras de las Culturas, infraestructura que es parte de un megaproyecto que retoma la ambición que Fonatur tiene desde 2000 de construir una autopista entre las ciudades turísticas de San Cristóbal de Las Casas y Palenque, para transformar Chiapas en una “nueva Cancún”. 

El proyecto carretero se congeló en 2008 por la oposición de las comunidades, pero la actual administración decidió ampliarlo de unos 300 km, hasta la ciudad costeña de Pijijiapan. La autopista permitiría a los turistas viajar ágilmente de las playas chiapanecas a los sitios arqueológicos y balnearios de la Selva Lacandona, y funcionaría como enlace entre el Corredor Transístmico y el Tren Maya. A lo largo de esta carretera habría siete cuarteles de la Guardia Nacional: en Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya. 

Los autores y autoras del documento “Militarización del Sureste Mexicano” del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica expresan una fuerte preocupación por el crecimiento del poder de los militares – y de la Guardia Nacional, que por el 76% está compuesta por elementos de las fuerzas armadas- durante este sexenio. “Cuando dentro de tres años este Gobierno terminará, los militares ya habrán ocupado regiones enteras del país”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM y coautora del documento. “No sé quién va a poder desmontar ese poder, o a regresarlo a sus niveles anteriores, que tampoco era poco”.

De acuerdo con el Centro Prodh, en Chiapas ya fueron erigidos –sin consulta– 10 cuarteles de la Guardia Nacional y se planea construir 21 de los 300 cuarteles que en unos años tendremos en todo el territorio nacional.

“El cuartel de Chilón es el único que todavía no se inauguró en Chiapas, pensamos que nuestro amparo está frenando su entrada en funciones”, dice Victorico Gálvez Pérez del CDH Frayba. Junto con el Centro Prodh, en noviembre de 2020 el Frayba interpuso un amparo, que todavía no se resolvió, en contra de la presencia del cuartel en territorio tzeltal y en contra del despliegue de actividades militares en general. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron en la investigación de las torturas que César y José Luis sufrieron, y el Ministerio Público llegó a afirmar que las lesiones fueron producidas por ellos mismos.

Los dos indígenas tseltales están firmes en su lucha y en su exigencia de que el proceso judicial en su contra cese inmediatamente. César Hernández celebra el cambio de medidas cautelares que obtuvo hace un año, pero viajar cada dos semanas hasta Ocosingo para firmar en el Juzgado de Control le resulta muy caro y la prohibición de salir de su municipio lo hace sentir enjaulado. Los días pasan lentos entre el trabajo en la milpa y su casa. 

“Cuando estoy aquí sentado me viene a la mente todo lo que me pasó y me pongo a llorar”, dice César. Ni siquiera aquí, en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, donde con su esposa sembró flores violetas y naranjas, halla paz.

Artículo publicado en Pie de Página el 25.11.2021

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