Era el 22 de diciembre de 1997 y la niña indígena, de etnia maya tzotzil, tenía 10 años. Hoy la joven cuenta su historia desde la ermita del poblado, a veinte años de la masacre donde perdieron la vida nueve de sus familiares: su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas, una de ellas de solo 8 meses.

Toma la palabra durante la conmemoración que se organizó en la pequeña comunidad de los Altos de Chiapas, que supo convertir un lugar de exterminio en un espacio de memoria y de lucha.

«Los mártires de Acteal se han convertido en una luz que no solo traspasa Chiapas, ni solo llega a México sino que es una luz que a nivel mundial es conocida», afirma durante el evento Raúl Vera López, obispo de la ciudad de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). «Nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de Acteal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de peregrinación. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida».

En el evento, que se llevó a cabo en un centro ceremonial que se asoma a los valles verdes y fríos de esta zona del sureste mexicano, participó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México.

«Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tzotzil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia», afirmó Guadalupe Vázquez Luna.

Amenaza a todo Chiapas

Centenares de personas llegaron a Acteal pa- ra celebrar la resistencia de la organización Sociedad Civil Las Abejas, y para recordar el asesinato de 45 de sus integrantes que el 22 de diciembre de 1997 se habían reunido para orar por la paz en la región. De los masacrados, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de seis años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos eran bebés.

Aquellos eran los años más duros de la guerra que se libró en Chiapas tras el levantamiento armado, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Miles de personas fueron desplazadas de sus casas y unas trescientas encontraron refugio en Acteal, donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas. Una organización que comparte las demandas del EZLN y que sin embargo es contraria a la lucha armada. Los integrantes de Las Abejas son católicos cercanos a las ideas de la Teología de la Liberación, una corriente de religiosos que adoptan la «opción preferencial por los pobres», y que tienen un fuerte compromiso político y social.

«Tenemos mucho en común con el EZLN, pero la organización las Abejas no lucha con armas, somos pacifistas», explica en entrevista Guadalupe Vázquez Luna, quien ha sido la primera mujer de Las Abejas en recibir el bastón de mando de su comunidad. «Los priistas nos atacaron para golpear a los zapatistas, porque sabían que con ellos hubiera sido un enfrentamiento».

De acuerdo con el obispo Raúl Vera López, la masacre de Acteal ha sido perpetrada también para amenazar todos aquellos que apoyaban a los pueblos en resistencia de Chiapas. «La planeación de esta masacre tenía como finalidad desmoralizar no solo a este pueblo, no solo a Las Abejas, sino a todas estas personas, estas generaciones que venían luchando por el mejoramiento de la vida en esta región de México» afirmó el sacerdote durante su intervención en el evento de conmemoración de la masacre.

Y la planeación de la masacre no habría sido obra solo de los autores materiales. «El Estado es responsable de la masacre de Acteal, que se dio por la implementación de su estrategia contrainsurgente», afirma Rubén Moreno Méndez, abogado del Centro de Derechos Humanos Frayba, que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de demanda en contra del Estado mexicano por la matanza en el poblado chiapaneco.

«Hasta hoy en día, a veinte años de los hechos, el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad, siempre ha argumentado que se dio por conflictos de tierra y por conflictos religiosos».

La estrategia de contrainsurgencia de la que habla Moreno Méndez está plasmada en un documento llamado Plan de Campaña Chiapas 94, que ha sido filtrado en 1998. Allí la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) declara la necesitad de destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil y «organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones».

O sea: crear y entrenar a grupos paramilitares que hagan el «trabajo sucio» en lugar del Ejército o la Policía, de forma que la responsabilidad no recaiga en el Estado.

«El Ejército siempre pasaba a visitarnos en las reuniones en la casa ejidal de Miguel Alemán, hasta él invitaba a refrescos», afirmó un integrante del grupo paramilitar Paz, Desarrollo y Justicia, que operaba en la zona norte de Chiapas.

Entonces no es tal vez un caso si el Estado no actuó durante la masacre de Acteal, a pesar de estar presente. Unos elementos de la Seguridad Pública se encontraban a 2 km de distancia, y habían agentes estatales a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza, en la escuela de Acteal. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.

«Los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos. Para disfrutar cada uno de los muertos. Cortarlos y rematarlos», de- nuncia Guadalupe Vázquez Luna.

Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados en un camión sin respeto alguno. No se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares estaban en estado de descomposición. Hay fotos donde se ve a la gente tapándose la nariz.

Los culpables regresan

Los sobrevivientes no tardaron mucho en denunciar a los culpables. Era gente de la zona, en algunos casos sus mismos amigos o familiares, y no fue difícil reconocerlos. «De las 87 personas que el Estado mexicano detuvo como probables responsables, algunas fueron liberadas y la mayoría de ellas fueron procesadas.

La gran mayoría de las que fueron halladas culpables han sido liberadas por faltas al debido proceso, o sea por erro- res cometidos por parte del mismo Estado», explica el abogado del Frayba Rubén Moreno Méndez. De acuerdo con un peritaje psicosocial conducido por Carlos Marín Beristain, los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor.

Una vez excarcelados, los priistas firmaron un convenio con el Estado donde se comprometieron a no regresar a Chenalhó, y recibieron del gobierno tierras y casas en otra región. Pero mucho de ellos sí regresaron y a los sobrevivientes les toca convivir con ellos y encontrarlos en la calle.

En una ocasión, Guadalupe Vázquez Luna encontró en el trasporte colectivo a un tío que había sido encarcelado por saquear las casas, mientras que sus compañeros masacraban a su hermana y a buena parte de su familia. «Yo lo reconocí y él como si nada. Empezó hablándome, me preguntó a dónde iba. ‘Voy a Acteal’, le dije. Esa es la única respuesta que le di», recuerda Guadalupe.

El regreso de los ex paramilitares causó enojo y miedo entre los sobrevivientes. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados se han reactivado en la zona: en el Ejido Puebla, a unos pocos kilómetros de Acteal, en 2013 fueron desplazadas diecisiete familias, algunas zapatistas y otras de Las Abejas. Esto ocurrió poco después de que saliera de la cárcel Jacinto Arias, originario del Ejido Puebla y que en la época de la masacre de Acteal era Presidente Municipal de Chenalhó.

Y más recientemente, en noviembre de este año, un conflicto de tierra entre grupos armados de los poblados de Chenalhó y Chalchihuitán causó el desplazamiento forzado de unas 5.000 personas en unas pocas semanas. Al vivir en el monte, once de ellas han muerto por el frío y el hambre, algunos eran niños.

De acuerdo con el Frayba, que desde hace casi 30 años acompaña a los pueblos indígenas de esta región, la destrucción comunitaria y la violencia son favorecidas por la impunidad de la que gozan los grupos armados chiapanecos. «El gobierno federal está empeñado en que no ocurran hechos como la masacre de Acteal», ha afirmado en entrevista con el diario “La Jornada” Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Artículo publicado en El Gara el 24.12.2017

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El 17 de enero, tras cinco meses de destierro, 14 de las 17 familias católicas desplazadas de la comunidad decidieron regresar al Ejido Puebla acompañadas por observadores internacionales.

“En abril del 2013 los presbiterianos derrumbaron la ermita que estábamos construyendo y en julio del 2013, sin tener pruebas, el comisariado ejidal del PRI [el gobernante Partido Revolucionario Institucional] Agustín Cruz Gómez acusó a los dos zapatistas del pueblo de haber envenenado el agua del tanque comunal. Desde entonces los priístas empezaron a acosarnos”, explica a Noticias Aliadas Nicolás Cruz Pérez, vocero de los desplazados. “Hoy regresamos a nuestra comunidad, y encontramos a nuestras parcelas y casas saqueadas”.

Las familias desplazadas del Ejido Pueblo —bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), e integrantes del Pueblo Creyente y de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, organizaciones católicas filozapatistas— se refugiaron en la comunidad de Acteal donde en diciembre de 1997 unos 300 indígenas tzotziles de Las Abejas, como popularmente se le conoce, fueron atacados por unos 100 milicianos del grupo Máscara Roja, afiliado al PRI. Asesinaron a 45 personas: 9 hombres, 15 niños y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas.

La región era entonces sacudida por la violencia paramilitar que se desató tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994 en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y los hacendados organizaron grupos de choque para enfrentarlo.

Convivir con asesinos
Según la petición presentada en el 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), admitida recién en noviembre del 2010, efectivos de la Policía de Seguridad Pública se encontraban a 200 m de la ermita y no hicieron nada por impedir la masacre. Además, denunciaron la existencia de una política de Estado —que siempre ha negado su responsabilidad en la masacre, justificando los hechos como el resultado de conflictos religiosos entre grupos indígenas— “encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, ejecutados por grupos paramilitares financiados, adiestrados y protegidos por las mismas autoridades nacionales, para debilitar las bases del EZLN y las comunidades que le habrían manifestado su simpatía”.

De los 75 paramilitares de Máscara Roja encarcelados por la masacre de Acteal, 69 fueron liberados a partir de agosto del 2009 por irregularidades en el debido proceso, como haber detenido a los presuntos culpables sin orden de aprehensión. Muchos de ellos han regresado a la zona y, según denuncian Las Abejas, podrían nuevamente atacar.

“Algunos paramilitares que participaron en la masacre de Acteal son originarios del Ejido Puebla. Uno de ellos es Jacinto Arias, que en esa época fue presidente del Municipio de Chenalhó; estuvo en la cárcel 14 años, hoy está libre y regresó a la comunidad”, denuncia a Noticias Aliadas Víctor Hugo López Rodriguez, director del Frayba, quien considera que existe un vínculo entre el regreso de Arias y el desplazamiento de las familias de esa localidad.

También los pobladores de la zona Selva Norte de Chiapas, a unos 200 km al norte de Acteal, deben convivir con los asesinos de sus propios familiares: los paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia que operan en la zona desde la década de 1990. Según el testimonio que Armando Díaz, ex paramilitar de esa agrupación, brindó al Frayba en el 2004, esta milicia irregular se presenta públicamente como una organización de trabajadores agrícolas y por eso recibe subsidios oficiales, que en realidad utiliza para la compra de armas.

Guerra de baja intensidad
Entre el 6 y 7 diciembre del 2013 en la comunidad chiapaneca de Susuclumil se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) —tribunal no gubernamental internacional, cuyo fin es denunciar a los autores de violaciones a los derechos humanos aunque sus decisiones no son vinculantes— en su capítulo dedicado a la guerra de baja intensidad en Chiapas.

En su intervención frente al TPP, el abogado del Frayba Pedro Faro aseguró que entre 1995 y 1999 —periodo en que estas milicias fueron más activas—, Desarrollo, Paz y Justicia y otras agrupaciones paramilitares fueron responsables de 81 ejecuciones extrajudiciales, además de causar la desaparición de 36 personas y el desplazamientos de más de 3,500 pobladores de las comunidades de los alrededores de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, en la parte norte de Chiapas.

Según Faro, el plan contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional llamado “Campaña Chiapas 94” se incubó primero en esta zona y se desarrolló luego en Los Altos de Chiapas, privilegiando “la acción paramilitar con el fin de evitar la influencia expansiva del EZLN, cometiendo ataques sistemáticos contra la población civil.

Los grupos paramilitares, constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al PRI cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, robos, quemas de casas y desplazamientos forzados”.

A partir del 2000, continúa Faro, con la llegada al poder del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la estrategia contrainsurgente cambió y se concentró sobre todo en la implementación de  proyectos asistencialistas gubernamentales que tenían como objetivo dividir las comunidades y comprar a sus dirigentes.

El TPP, cuya próxima audiencia se llevará a cabo en mayo del 2014 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, concluyó que el Estado y las Fuerzas Armadas mexicanas son responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chiapas a partir de 1994, tras el levantamiento del EZLN, por brindar cobertura y apoyo económico a los paramilitares.

Artículo publicado el 21.02.2014 en Noticias Aliadas

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