Una vez más, el Pueblo Creyente marchó en las calles de San Cristóbal de Las Casas para denunciar la inseguridad que se vive en la entidad. “Fuera los cárteles de Chiapas!”, gritaron a gran voz durante su peregrinación que se llevó a cabo el sábado, un día después de que en el municipio de Huehuetán se encontraron cuatro cadáveres en medio de plantaciones de caña, atados de pies y manos y en estado de descomposición.

Los aproximadamente 10 mil integrantes de este movimiento católico cercano a la teología de la liberación llegaron de todo el Estado, también de los municipios que fueron más golpeados por la violencia que se disparó en la entidad a partir de la campaña electoral de 2021. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, las violencias de estos años llevaron al desplazamiento forzado de unas 20 mil personas.

“Que [las autoridades de los tres niveles de gobierno] caminen en las comunidades, como lo hicieron durante las campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas al término de la peregrinación, organizada en ocasión del cierre del Año Jubilar jTatic Samuel Ruiz.

Foto: Orsetta Bellani

Las pancartas y las consignas del Pueblo Creyente también pedían el esclarecimiento del homicidio de Padre Marcelo Pérez, que fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas el 20 de octubre, dejando todavía más evidente el protagonismo y la impunidad con que las organizaciones criminales actúan en la ciudad. “Gobierno, define tu postura, ¿estás con el pueblo o estás con el crimen?”, gritaban los feligreses.

El Pueblo Creyente quiso, además, denunciar las consecuencias económicas de la inseguridad, en especial para los campesinos que no logran entrar a sus parcelas, o que no pueden comercializar sus cosechas a causa de los continuos bloqueos instalados por las organizaciones criminales. Además, se denunció el encarecimiento de los precios que conllevan los problemas de transporte de los alimentos.

“Algunas carreteras han sido liberadas de los bloqueos [de la criminalidad organizada] y muchas familias que habían sido desplazadas están regresando a sus comunidades: están palpando un sentimiento de seguridad y quieren entender si es real. Pero siguen con mucho miedo y no se quieren poner en peligro”, afirmó Padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la marcha-peregrinación. “Hay una gran cantidad de armamento en las comunidades y muchos niños siguen sin tomar clases pues por la inseguridad los profesores no llegan. En este contexto tan fuerte de violencia, nuestros hermanos pastorales están allí trabajando, siguen su misión”, destacó el cura, que también subrayó que Estado e Iglesia están en sintonías distintas, siendo que ésta construye desde la no violencia.

Al contrario, la estrategia del nuevo gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (Morena) ha sido militarizar el territorio y llevar a cabo operativos, que llevaron a la detención de centenares de personas -entre ellos políticos y policías- a la incautación de vehículos y equipos de los grupos criminales y a la destrucción de las cámaras de vigilancias que instalaron en siete municipios.

Foto: Orsetta Bellani

“Se pasó de la actitud de negar los problemas a reconocerlos y enfrentarlos”, dijo el sábado en rueda de prensa monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. “Sin embargo, hay pueblos que tienen mucho temor y ven lo que se hizo como algo aparente, como algo que no es de fondo”.

Durante la rueda de prensa el licenciado Adrián del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que coadyuva en las investigaciones del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, aclaró que, por la secrecía de la investigación complementaria, no es posible ventilar si hubo detenciones después del 22 de octubre, cuando un hombre fue arrestado por el homicidio del cura. “Es por respeto al proceso de investigación y por un tema de seguridad: para las personas que pueden ser detenidas, para quienes dan acompañamiento al caso y para los familiares”, afirmó el representante del CDH Minerva Bello. Añadió que el 23 de enero se tenía que vencerá el término de la investigación complementaria, pero el tiempo se extendió hasta 23 de abril, cuando se harán públicos algunos hallazgos muy importantes.

La eucaristía fue celebrada por el nuncio apostólico monseñor Joseph Spiteri, representante del Vaticano en México, que durante la homilía recordó las palabras del Papa Francisco durante su visita a la ciudad, en febrero de 2016, sobre las injusticias en contra de los pueblos originarios. Aquel día, el Papa rezó frente a la tumba de Samuel Ruíz y hoy es su representante en marchar con el Pueblo Creyente, pidiendo que se haga justicia para otro sacerdote que marcó la historia de Chiapas: Padre Marcelo Pérez.

Foto: Orsetta Bellani

Artículo publicado en Desinformémonos el 29 de enero de 2025.

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“Chiapas al borde de una guerra civil” es el título de un comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sacó en septiembre de 2021. Más de dos años después, los analistas de la entidad se dividen entre quienes piensan que fue una premonición y quienes la consideran una definición inadecuada. En lo que están de acuerdo todos los chiapanecos, menos el gobernador Rutilio Escandón, es que después de la pandemia de Covid-19 y en el marco de las elecciones estatales de 2021, la entidad cayó en una grave crisis de seguridad que sigue empeorando.

El EZLN se acerca a su 30 aniversario en este contexto. Al invitar a la sociedad civil nacional e internacional a participar en sus festejos, que se llevarán a cabo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, el subcomandante Moisés escribió: “Es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”.

Chiapas destaca por la rapidez con la que incrementó la percepción de inseguridad entre sus habitantes, en 10 años creció en 34%, de acuerdo con el Inegi.

Violencia generalizada en Chiapas

Dos meses antes del comunicado zapatista “Chiapas al borde de una guerra civil”, en julio de 2021, explotó lo que llevaba años gestándose. Tras el asesinato del luchador social y catequista Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, la población de Pantelhó se rebeló y nacieron unas autodefensas. Se volvió visible que en la región los Altos de Chiapas no sólo hay presencia histórica de agrupaciones armadas, que los caciques usan para desplazar gente y acaparrar tierras, sino que operan grupos de la criminalidad organizada procedentes de otros estados de la República.

Los dos fenómenos se fueron hibridando. “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”, explica Mario Ortega del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Esto pasó también con muchas organizaciones que acabaron disolviéndose en supuestas organizaciones sociales creadas e impuestas por la criminalidad organizada.

En julio de 2021, mientras la violencia en Pantelhó estallaba y miles de personas fueron obligadas a desplazarse, en Frontera Comalapa, a unas seis horas de allí, ocurrió algo que no solía pasar en Chiapas: enfrentamientos entre cárteles. La disputa por el territorio se esparció de Comalapa a los demás municipios de la zona fronteriza con Guatemala y de la Sierra Mariscal, llegó hasta la Zona Norte y a la Selva Lacandona.

La prensa local documenta, mes tras mes, cómo nuevos municipios se vuelven parte de la región en disputa. Es común leer notas sobre personas desaparecidas, cuerpos desmembrados y poblados enteros desplazados. La violencia no trajo sólo miedo sino problemas económicos: los campesinos no logran llegar a sus parcelas o comercializar sus productos, en los mercados se volvieron frecuentes los desabastos y a causa de la inseguridad cerraron algunos centros ecoturísticos que daban de comer a comunidades enteras.

El contexto no es fácil de leer y hay muchas zonas grises: es cada vez más difícil entender si los ejidatarios que bloquean una carretera tienen un interés genuino o están obligados por la criminalidad organizada, y se volvió complicado discernir una marcha por la paz espontánea de una impulsada por un cartel para dañar al otro.

La preocupación de los chiapanecos es que los niveles de violencia puedan incrementar al acercarse las próximas elecciones a la gubernatura en 2024. “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde allí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública”, dice Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos. “Sus tráficos implican el control del territorio y su objetivo es dominar cada presidencia municipal”. Ya en 2021, se cancelaron los comicios en seis municipios de Chiapas debido a la inseguridad.

Guerra de desgaste

De acuerdo con Gustavo Castro, a partir de 2000 se empezaron a sentir las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): las medidas impulsadas por el gobierno, entre ellas el programa PROCEDE, causaron una crisis en el campo que debilitó el control territorial del EZLN como de los ejidos y bienes comunales, que fungían como una barrera al ingreso de las organizaciones criminales.

La presencia del EZLN, que en sus comunidades tiene prohibida la siembra de estupefacientes, sigue representando un problema para los planes de expansión territorial de las organizaciones criminales. Sin embargo, no se conoce ningún ataque directo de la criminalidad organizada en contra de las aldeas zapatistas.

Esto no quiere decir que las comunidades rebeldes nos sean victima de agresiones. Según el Frayba ya no se trata del paramilitarismo de los años ’90, cuando la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) entrenaba “secretamente a ciertos sectores de la población civil” para destruir el EZLN, haciéndole el trabajo sucio: sembraban el terror en la población civil, desplazaban miles de personas, cometían masacres. Tras la masacre de Acteal de 1997, el revuelo nacional e internacional fue tan grande que la guerra contrainsurgente cambió de cara y se volvió una “guerra integral de desgaste”. Las acciones llamativas fueron sustituidas por operaciones menos visibles, pero continuas, que desgastan a la población, día tras día: unos balazos en una comunidad, unas familias desplazadas de otra, unos jóvenes encarcelados sin pruebas.

José Díaz Gómez, campesino y base de apoyo del EZLN, fue detenido el 25 de noviembre de 2022 y torturado por la policía, que lo acusó de robo con violencia. Otro zapatista, Manuel Gómez Vázquez, fue acusado del homicidio de un hombre, mientras Manuel se encontraba en su casa con su familia. El 16 de noviembre de 2023, el zapatista de 22 años fue absuelto porque la Fiscalía no pudo presentar pruebas; ya había pasado casi 3 años en prisión preventiva.

“En 2000, con el cambio de gobierno, se reestructuran las relaciones de poder y hay un cambio en la estrategia de contrainsurgencia. Se prioriza la cooptación: muchas organizaciones de lucha terminan siendo aliadas del Estado, se corporativizan y reciben beneficios, entre ellos cargos políticos para sus líderes, a nivel municipal o incluso estatal como diputados. Estas organizaciones disputan a otras, como el EZLN, su base social”, dice Mario Ortega del Frayba. “Al mismo tiempo, la violencia armada en contra del EZLN sigue. No existe un impulso directo a nivel federal, pero sí una permisividad, como en el caso de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que es una de las organizaciones corporativistas que fueron cooptadas”.

Desde 2019 a la fecha la ORCAO, que hasta finales de los años 90 y antes de recibir programas sociales estuvo ligada al zapatismo, realizó más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café. Secuestró y torturó a bases de apoyo del EZLN y en mayo de 2023 uno de ellos, Jorge López Santiz, recibió un impacto de bala a la altura del pecho. Estuvo diez días en terapia intensiva y el funcionamiento de su intestino quedó afectado.

En una situación de violencia generalizada como la que existe en Chiapas, los zapatistas son víctimas también de agresiones que no son dirigidas específicamente en contra de ellos. Es el caso de Aldama, víctima durante unos 4 años de ataques constantes de un grupo armado de Chenalhó, que causó 8 muertos, 27 heridos y más de 2 mil desplazados, algunos de ellos zapatistas.

En las últimas semanas, el EZLN emitió una serie de comunicados en los que anunció una reestructuración interna que no estaría completa hasta volver más eficaz y horizontal el gobierno autónomo en sus territorios e incrementar su seguridad.

Explica el subcomandante Moisés: “Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares.  Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida”.

Artículo publicado en Animal Político el 26.12.2013.

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Más tarde se cancelaron los comicios también en Honduras de la Sierra, otro de los seis municipios de la entidad donde para hoy estaban programadas las elecciones extraordinarias de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, en la que participarán 14 partidos políticos y dos coaliciones: una entre Morena y el PVEM y otra entre el PAN y el PRD.

El 23 de marzo, los partidos firmaron un Pacto de Civilidad comprometiéndose a una contienda electoral ordenada, pacifica y apegada a la ley, sin embargo hay inquietud entre los pobladores y las instituciones electorales.

“Las problemáticas sociales y las condiciones de ingobernabilidad en muchas de las regiones de este estado no están permitiendo el desarrollo de la democracia”, afirma en entrevista Oswaldo Chacón, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.

El viernes, el consejero presidente del IEPC recibió una carta de Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno del Estado, que expresa preocupación por la seguridad también de los habitantes de Venustiano Carranza,municipio donde finalmente este domingo sí habrá elecciones extraordinarias.

“Me permito hacerle llegar la carpeta anexa con reportes, evidencias y documentales del municipio de Venustiano Carranza, que dan cuenta de la conflictividad sociopolítica vigente, dado el reciente historial violento para que cuente con los elementos necesarios que le permita tomar decisiones certeras y oportunas que privilegien la vida y la integridad de los habitantes”, escribe la secretaria.

La convocatoria a la jornada electoral extraordinaria de hoy, que se celebrará en Venustiano Carranza, Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral, se debe a la anulación de las elecciones del 6 de junio de 2021. Aquel día, en Frontera Comalapa hombres armados quemaron 67 de las 90 casillas instaladas. Entonces los medios todavía no cubrían lo que pasaba en esta región colindante con Guatemala, pero en las semanas y meses siguientes empezaron a circular imágenes que parecían grabadas en la otra frontera mexicana: carros quemados, balaceras, convoyes de personas armadas. Las muertes y desapariciones causadas por la presunta lucha entre grupos de la criminalidad organizada por el control de esta plaza empezaron a ser visibles.

El 6 de junio de 2021, se registraron quema de boletas y casillas también en los municipios chiapanecos de El Parral y Emiliano Zapata, con la consiguiente anulación de los comicios, pues fue imposible reconstruir el resultado del computo. En otros tres casos, las elecciones ni siquiera se llevaron a cabo. Es el caso de Siltepec, donde antes de los comicios unos hombres armados y encapuchados entraron en la sede local del IEPC, amedrentaron los presentes y se robaron las boletas.

En Venustiano Carranza, las elecciones se suprimieron debido a la violencia causada por un conflicto agrario y en Honduras de la Sierra se cancelaron por la oposición de una parte de la población, que no aceptaba la creación de este nuevo municipio, el más joven de Chiapas. En Honduras de la Sierra y en Frontera Comalapa, los problemas siguen sin atenderse y hoy por segunda vez impidieron el desarrollo de la jornada electoral.

“Metimos oficios pidiendo medidas cautelares y precautorias en los seis municipios para llevar a cabo esta elección. A pesar de todo eso estamos enfrentando este tipo de adversidades y problemáticas, lo cual tengo que decirlo, es frustrante”, afirma Oswaldo Chacón Rojas, presidente del IEPC.

Para llenar el vacío de poder que se creó tras las abortadas elecciones del 6 de junio de 2021, el 30 de septiembre pasado el Congreso del Estado nombró Concejos Municipales en cada uno de los seis municipios. Se estableció que iban a finalizar el 30 de septiembre de 2024; sin embargo algunos ciudadanos interpusieron recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), siendo que la ley contempla que los concejos municipales sólo deben de funcionar por tres meses y hay que convocar a elecciones extraordinarias. En los dos municipios donde hoy no se celebrarán las elecciones, el Congreso del Estado tendrá que nombrar nuevos concejos.

“En estos casos la decisión de quiénes van a gobernar ya no lo toma la ciudadanía, sino un grupo de políticos en un escritorio”, advierte Oswaldo Chacón del IEPC.

“Eso es muy peligroso porque pudiera convertirse en una tendencia, en una moda. Por eso estamos éticamente obligados a indignarnos por esta situación, a manifestar nuestro rechazo de que no se convierta en algo normal”.

Artículo publicado en Animal Político el 3.04.2022

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