Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde tambiénresultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020

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Ahora la situación en el barrio está más tranquila, asegura la anciana, aunque la violencia no ha parado del todo. Durante años, desde sus ventanas los habitantes de la Comuna 13 han visto procesiones de jóvenes empujados rumbo al basurero La Escombrera por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tenían la orden de “matarlos, picarlos, ponerlos en una bolsa, echarles cal, sal, y guardarlos”.

María Rosa Jiménez se dice convencida de que su hijo está enterrado en La Escombrera: “Allí los llevaban a todos”. El muchacho salió a las 7 de la mañana del 18 agosto de 2006 para ir a la escuela junto con dos amigos, y nunca más regresó. Tenía dieciséis años. A los dos meses desapareció también el otro hijo de María Rosa.

Hoy la mujer integra Mujeres Caminando por la Verdad, un grupo de madres de desaparecidos de la Comuna 13. Después de trece años de lucha, el colectivo logró que la Fiscalía General de la Nación ordenara la exhumación de La Escombrera, la fosa común urbana más grande del mundo.

“Ya en 2002 empezamos a denunciar que en el basurero habían cadáveres”, explica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que asesora a las madres de las víctimas. “Nunca nos hicieron caso, incluso hasta 2008 las autoridades negaban que habían desaparecidos. La decisión de excavar no fue un acuerdo tomado en la mesa de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero el contexto nos ayudó. El presidente Juan Manuel Santos quiere mostrar resultados y la excavación de La Escombrera lo es”.

OPERACIÓN ORIÓN

La Comuna 13 se volvió un infierno a partir de la madrugada del 16 de octubre de 2002. Más de mil hombres entre policías, militares, miembros de la Fiscalía y del servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el apoyo del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, entraron en el barrio con artillería pesada y tanquetas. Catearon las casas, ametrallaron las viviendas desde los helicópteros y dispararon contra todo lo que se movía. “Yo vivo en un tercer piso, después de esta tirazón tan horrible de aquella noche el techo tenía como seis hoyos muy grandes, y la pared también tenía hoyos como de fusil. Gracias a Dios que a nosotros no nos cogió. Con mis nietos nos escondimos debajo de la cama, yo me estaba ahogando de estrés”, recuerda Gloria Holguín, de Mujeres Caminando por la Verdad.

La Comuna 13 ya había padecido unas veinte incursiones militares, pero la Operación Orión fue el operativo urbano más grande de la historia del conflicto colombiano. Se trató de una acción ordenada por el expresidente Álvaro Uribe para inaugurar su Política de Seguridad Democrática. Su finalidad era acabar con la presencia de los milicianos de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), que ocupaban la Comuna 13 para poder explotar el viaducto de combustible que la atraviesa y controlar el corredor que une Medellín con los puertos del Atlántico.

Los medios de entonces ignoraron la brutalidad del operativo, que fue padecido sobre todo por los 130 000 habitantes de la comuna. De acuerdo con una investigación de Pablo Emilio Angarita, de la Universidad de Antioquia, en pocos días entre los civiles hubo un muerto, 38 heridos, ocho desaparecidos y 355 detenidos.

El exjefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, desde la cárcel de Estados Unidos donde está detenido afirmó que durante el operativo hubo una coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Esta versión también ha sido confirmada por declaraciones de los mismos pobladores y material fotográfico de aquella época. De esta forma se abrieron investigaciones previas en contra del general Mario Montoya, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, y del general Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana. No obstante, ninguno de los dos ha sido llevado a juicio y hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad política de las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes y después de la Operación Orión.

FUE EL ESTADO

Tras el operativo, un grupo armado fue sustituido por otro. Los milicianos se fueron y los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la ladera de la ciudad. Con ellos llegaron las desapariciones forzadas y el terror. Entre las calles angostas y las escaleras empinadas de la Comuna 13, cualquier persona era considerada sospechosa de colaborar con la guerrilla sólo por haber hablado con los milicianos.

“Los milicianos eran jóvenes de la misma comuna y una los había visto crecer, la gente tenía relaciones con ellos porque los conocía desde toda la vida”, explica Luz Helena Salas, cuyo hijo de veinte años desapareció después de haber salido a fumar un cigarrillo, el 16 enero de 2007. “Los paramilitares sacaban a los jóvenes, los paseaban por todo el barrio y después los mataban. A veces nos tocaba esquivar los muertos, pasar por encima de ellos. Y lo triste es que pensaba que a mis hijos nunca les iba a pasar una cosa así, y resulta que sí, que luego termina pasándole a una. Aunque una vive en medio de la violencia, no piensa que le vaya a pasar”.

Según Luz Helena Salas, quien integra Mujeres Caminando por la Verdad, los atropellos llegaban también por parte de la Fuerza Pública. “Después de la Operación Orión sufrimos mucha violencia también de la policía. Hasta los perros los mataban, nos sentíamos más atropellados por la policía que por cualquier otro grupo”, afirma.

Gloria Holguín está convencida de que fueron los policías quienes desaparecieron a su hijo, que había entrado a la Comuna 13 para visitar a la novia. “Siempre me preguntan quién es responsable de la desaparición de mi hijo. Pues fue el Estado, si entonces en la Comuna 13 estaban la policía y el ejército, ellos tienen la responsabilidad”, comenta la mujer.

TRESCIENTOS CADÁVERES

La excavación de La Escombrera empezó el pasado 27 de julio. El exparamilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, que operaba en la Comuna 13 durante y después de la Operación Orión, señaló desde la cárcel de Bogotá cuatro puntos donde habrían sepultado unos cincuenta cadáveres. Es en esta área que la Fiscalía empezó a buscar, aunque las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad afirman que los cuerpos de sus familiares son unos trescientos, y que la mayoría no están sepultados allí.

“Donde hoy están excavando se llama La Arenera del agregado San Javier”, explica Luz Helena Galeano, vocera del colectivo de mujeres cuyo marido desapareció en 2008. “La verdadera Escombrera es el sector de terrígenos que está en frente, es allí donde están sepultados los trescientos cuerpos”.

La Alcaldía de Medellín afirma que no existe certeza sobre el número de inhumados, pero estima que sean entre ochenta y noventa personas. La montaña de desechos a excavar es alta como un edificio de veinticinco pisos y se prevé que será necesario llegar a una profundidad entre 8 y 10 metros para extraer unos 35 000 metros cúbicos de escombros, tierra y, presuntamente, cadáveres. En esta montaña, que domina el valle de Aburrá, podrían estar enterrados los muertos de todas las guerras que cruzaron Medellín.

“La excavación significa mucho para la ciudad y para el país. En momentos como los actuales, donde las expectativas por la paz y la reconciliación están al orden del día, no podemos pasar por alto el tratar de desenterrar la verdad oculta durante tantos años alrededor de La Escombrera”, afirma Jorge Mejía, consejero para la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. “En este mes, diciembre, esperamos tener los primeros resultados. El problema es que es un terreno de escombros, una masa de tierra que tal vez hoy no está donde estaba hace quince años”.

La masa de detritos en la loma de La Escombrera puede haber bajado de nivel, y los cuerpos ya podrían no encontrarse en los puntos indicados por el jefe paramilitar. Esta posibilidad resulta aún más probable si se toma en cuenta que el basurero está en funcionamiento desde la década de 1990 y, a pesar de las demandas de los familiares de los desaparecidos, nunca fue cerrado. Mientras por un lado se excava buscando cuerpos, del otro se siguen tirando escombros.

“La exhumación es un acto simbólico y mediático que no va a llegar a nada, no van a encontrar a nadie, porque las tres administraciones de la ciudad no pararon de depositar allí toneladas de tierra. ¿Qué va a decir la alcaldía cuando acabe esto? Yo busqué, pero no encontramos”, afirma Juan Diego Restrepo, profesor de la Universidad de Antioquia y columnista de la revista Semana.

LA CIUDAD MÁS INNOVADORA DEL MUNDO

En los últimos veinte años la violencia en Medellín ha bajado sensiblemente. De acuerdo con la organización Seguridad, Justicia y Paz, la ciudad pasó de tener 390 asesinatos por cada 100 000 habitantes en la década de 1990, a los actuales 26.91.

Con una pomposa ceremonia pública, al final de noviembre de 2003, El Bloque Cacique Nutibara de las AUC se desmovilizó; fue el primer grupo paramilitar en dejar las armas en el marco del proceso impulsado por el expresidente Álvaro Uribe. El entonces jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, declaró que el evento fue un montaje. “La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó”, afirmó. Según el diario colombiano El Tiempo, varios supuestos desmovilizados admitieron haber sido recogidos poco antes en barrios populares, donde les habían ofrecido dinero para participar en el espectáculo y hasta prometido borrarles sus antecedentes criminales.

Poco después, de los restos de las AUC surgieron los Urabeños —o Gaitanistas, el grupo narcoparamilitar más grande del país—, y de las cenizas del Cártel de Medellín de Pablo Escobar nació la Oficina del Envigado. De acuerdo con datos de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), estas agrupaciones controlan actualmente el 70 por ciento del territorio de la ciudad.

La misma organización no gubernamental señala que en agosto pasado estos grupos suspendieron el acuerdo de no agresión llamado Pacto del Fusil, firmado en 2013, y que la finalidad de esta decisión sería obstaculizar la búsqueda de los desaparecidos en La Escombrera. De hecho, hoy en día es peligroso acercarse al basurero: “No vayan solas, por allá están disparando”, dicen los pobladores.

En el mismo año en que se firmó el Pacto del Fusil, Medellín fue galardonada con el premio de ciudad más innovadora del mundo, a pesar de que desde 2006 hasta 2014 desaparecieron 4251 personas. Al final, sin cadáveres no hay muertos que llenen las estadísticas sobre homicidios.

Vista de Medellín desde el funicular. Foto: O.B.

El diario The Wall Street Journal y City Group decidieron otorgar el prestigioso reconocimiento no sólo por la repentina baja en la tasa de homicidios, sino también por la visible inversión en infraestructura. En las zonas más afectadas por la violencia, la ciudad paisa edificó el Centro Cultural Moravia y la Biblioteca España, que unen su función social con una arquitectura moderna. La metrópoli es el único centro urbano de Colombia que tiene metro, hiperflamante y eficiente, y además cuenta con unos funiculares que brindan la posibilidad de viajar rápidamente desde los barrios más alejados y populares al centro de la ciudad, cómodamente sentados y gozando de una hermosa vista. También la Comuna 13 se benefició de esta ola innovadora con la construcción de unas escaleras eléctricas que permiten a sus pobladores ahorrarse centenares de peldaños.

“El mismo día en que Medellín fue proclamada ‘la ciudad más innovadora del mundo’, los fusiles traqueteaban en varias comunas. Le dicen innovadora por la reducción de homicidios que se dio después de la desmovilización parcial de los paramilitares, y del comienzo de la época que nosotros llamamos ‘paratranquilidad’”, explica Luis Fernando Quijano, director de Corpades. “¿Pero dónde está el tema de las desapariciones? No se puede hablar de una ciudad en paz si siguen habiendo desapariciones y desplazamientos forzados, si sigue existiendo la vacuna [cuota]. ¿Innovadora es una ciudad que tiene hombres armados que controlan la vida ciudadana, fosas comunes y casas de tortura donde pican a la gente? Usted encuentra una casa de tortura, ¿será la única o podrán haber muchas más? Cuando uno ve hechos como los de La Escombrera, la pregunta es: ¿sólo una?”.

Artículo publicado en Newsweek el 13.12.2015

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