El activista mexicano Gustavo Castro fingió estar muerto para que los sicarios no se ensañaran con él. Le sangraba la oreja mientras la imagen del hombre que acababa de dispararle lo atormentaba y, en la otra habitación, resonaban los disparos que mataron a líder indígena lenca Berta Cáceres, de cuya muerte se cumplen diez años.

Castro se encontraba en Honduras para participar en un taller con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres. La noche entre el 1 y el 2 de marzo de 2016 se quedó en casa de su amiga y, antes de retirarse a su habitación y ver la cara del hombre que intentó matarlo, conversó con ella en el porche. De haber vivido dos días más, Berta Cáceres habría cumplido 45 años. Era madre de cuatro hijos.

Cuando se cumplen diez años de su feminicidio, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha revelado las responsabilidades en el crimen de algunas instituciones financieras internacionales y ha afirmado que el Gobierno hondureño conocía el plan para matar a Berta Cáceres dos meses antes de que se ejecutara, pero no hizo nada para evitarlo.

Para Castro, la implicación del Estado hondureño en la muerte de la líder indígena lenca fue evidente desde el comienzo. De inmediato comenzaron el hostigamiento en su contra y los intentos de desviar la investigación. Entonces, el país centroamericano estaba gobernado por el ultraconservador Juan Orlando Hernández, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos y, cinco años después, indultado por su presidente, Donald Trump.

¿Qué pasó justo después de que intentaran matarle?

Yo temía que los autores materiales me quisieran desaparecer para librarse del único testigo ocular del asesinato de Berta. Los compañeros de Copinh siempre me estuvieron cuidando, justo después del crimen me escondieron en una camioneta y, cuando empezó a amanecer, me trasladaron a la casa de una familia que fue muy linda conmigo.

Fue allí adonde llegó un retratista para que usted diera los datos para hacer un retrato. ¿Cómo le fue con él?

Sí, mi abogado no estaba presente. El retratista sacó todos sus colores y su catálogo de narices, ojos y todo eso. Me preguntaba cómo era el sicario que me disparó. Lo había visto porque estaba a metro y medio de mí y no tenía la cara tapada. Yo le decía al retratista: ‘No es así, es asá’. Y él lo borraba, pero volvía a pintar más o menos lo mismo: la cara del ex compañero de Berta, también integrante de Copinh. Mis declaraciones y mi descripción no coincidían en nada con el dibujo.

¿Piensa que las autoridades de Honduras han querido manipularlo para presentar como «pasional» un crimen que ha sido político?

Así es. Los investigadores me preguntaron también si había escuchado un ruido de carro pues ya tenían el coche del excompañero de Berta. Les dije que todo fue silencioso y creo que gracias a mi testimonio lo tuvieron que dejar libre. También me mostraron unas fotos de posibles culpables y me dijeron: ‘A ver, ¿reconoces a alguien?’. Eran puras fotos de integrantes del Copinh. Claro que reconocí a todo el mundo. Pero ninguno de ellos se parecía al sicario que me disparó.

Luego se dirigió al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la intención de tomar un vuelo para regresar a México. ¿Qué pasó en la terminal?

Me detuvieron unos agentes de la Fiscalía de una manera totalmente ilegal, sin mostrar documentos, sin mostrar nada. Estaban escondidos, aparecieron de la nada y me dijeron: ‘Usted no se va’. Iba acompañado por la embajadora mexicana y por el cónsul que, para que no me agarraran, me rodearon con sus brazos y la embajadora dijo: ‘Protección consular’. No pude viajar a México, me llevaron de vuelta a La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y luego de un careo me dijeron que tenía prohibido salir del país durante treinta días.

Considero todo esto como un secuestro de Estado. Otra vez el Copinh estaba ahí afuera cuidándome. ¿Para qué? Para que no me desaparecieran. Observar algunas cosas que viví ayuda a entender la implicación del Estado en el crimen.

¿Siente que el hostigamiento se ha aliviado durante el mes que permanecer obligatoriamente en Honduras?

Seguía con la preocupación de que me quisieran desaparecer. El cónsul mexicano me buscó un hotel en la comunidad de La Esperanza, pero unos policías se quedaron al otro lado de mi puerta para que no me escapara. Y no podía dormir por la preocupación. Al regresar a Tegucigalpa, me acabé instalando en la residencia de la embajadora mexicana. Tenía un cuarto para mí, mas no para mi hermano, que vino a Honduras para apoyarme. Finalmente, él se fue al hotel que la embajadora había reservado para mí, donde fue víctima de un atentado: le envenenaron una botella de agua y tuvieron que llevarlo al hospital para limpiarlo.

Al fin pudo regresar a México. ¿Una vez en su país se sintió más seguro?

El acoso no cesaba y tuve que esconderme en Ciudad de México. Otras fuentes me informaron de que el Ejército fue a buscarme a mi oficina. La policía mexicana pretendía entregarme una citación de las autoridades hondureñas para que me presentara allá y me buscaban en la escuela de mis hijos preguntándoles a los papás: ‘¿Usted es Gustavo Castro?’, a pesar de que conocen bien mi cara. Llegaban en camionetas sin placas y estacionaban frente a la escuela.

Finalmente decidió exiliarse en el Estado español.

Allí me quedé dos años y encontré mucha solidaridad internacional. Me la pasé en universidades y en foros hablando de la lucha de Copinh y de Berta Cáceres. Incluso estando allá me buscaron para intimidarme. Se me acercaron dos mujeres después de una charla en la Universidad de Zaragoza con el pretexto de que las ayudara a hacer un currículum, pero eran del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cómo era Berta Cáceres? ¿Nos puede compartir algún recuerdo significativo con ella?

Berta era como una hermanita para mí y tengo muchos recuerdos con ella. Por ejemplo, cuando protestamos en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante una cumbre de mandatarios en Canadá. Berta se quiso acercar a los policías para gritarles, se nos cayó un chorro de agua encima y hacía muchísimo frío, pero ella quiso acercarse otra vez. Nos gasearon, íbamos con los ojos hinchadísimos.

Así era Berta: tenaz, valiente y coherente, muy internacionalista también. Tenía mucha claridad política y una gran capacidad de análisis sobre el capitalismo, las empresas, la deuda externa; poco a poco incorporó a su discurso también el tema antipatriarcal. Siempre caminaba con su gente, con el pueblo lenca, y creo que no hay que separar Berta del Copinh: ella no es sin su colectivo. En general, prefiero hacer más énfasis en los procesos que en las personas.

La investigación del GIEI no solo reafirma la implicación en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y del Gobierno de Honduras -en parte ya establecidas por las sentencias de los tribunales locales-, sino también revela que el 67% del crédito obtenido del banco holandés FMO, del banco finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca habría sido desviado para generar un clima de violencia en contra del Copinh, que se oponía al megaproyecto, y para pagar a quienes mataron a Berta Cáceres. ¿Cuál considera que ha sido el principal hallazgo del GIEI?

Creo que el mayor aporte a la verdad del informe de los expertos independientes, que se publicó en enero de este año, es justo la investigación minuciosa de todo el entramado financiero que llevó al asesinato de Berta, de todas las transacciones bancarias y llamadas telefónicas que se realizaron.

De acuerdo con el informe del GIEI, usted ha sido «objeto de hostigamiento, criminalización y detención arbitraria por parte de las autoridades hondureñas, que le impidieron salir del país pese a su condición de víctima y testigo protegido», una situación que ha conllevado «secuelas físicas, psicológicas y profesionales». Frente a todo esto, ¿hay alguna reparación que el Estado del país centroamericano le podría ofrecer?

Demandé al Gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la exigencia de que reconozca públicamente los errores, violaciones procesales y la tortura psicológica en mi contra. Si lo hiciera, me daría por reparado.

A finales del pasado mes de enero de 2026 tomó posesión del cargo el nuevo presidente ultraconservador de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por Donald Trump. ¿Cree que dará seguimiento a las recomendaciones hechas por el GIEI en su informe?

Con el cambio de Gobierno temo que estas recomendaciones [entre ellas que el Estado profundice en la investigación de las responsabilidades penales de la élite económica hondureña y de algunos funcionarios públicos] no vayan a tener mucho eco.

Sin embargo, queda un documento que puede dar sustento a la lucha de Copinh por la justicia para Berta Cáceres, puede contribuir a la presión política y mediática, y a que la ola de lucha e indignación se mantenga.

Entrevista publicada en El Gara el 1 de marzo de 2026.

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Jairo tiene los pies cansados y unas zapatillas sin cordones. Es de etnia garífuna, un grupo afrodescendiente asentado en la costa caribeña de Honduras. El joven salió de su aldea de pescadores, San Juan Dugurubuti, pa- ra buscar suerte en EEUU y para no arriesgarse a estar en la mis- ma situación que muchos jóvenes en su país: amenazado de muerte por las maras u obligado a trabajar para ellas. Cuando lo encontramos, Jairo era optimista y confiaba en poder cumplir su sueño americano.El Gobierno estadounidense acaba de abrir un concurso público para recoger propuestas para la construcción del muro, que tendrá una altura de 9,1 metros. Además, deberá cumplir ciertos requisitos de estética y antiescalamiento, y ser resistentes a alteraciones y daños. Las 470 compañías que participan tendrán hasta el 20 de marzo para presentar sus ideas, que se- rán seleccionadas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

No frenará la migración

Entre las cementeras interesadas en suministrar el material para detener el paso a los centroamericanos está, paradójicamente, la mexicana Cemex, y el gigante franco-suizo Lafarge-Holcim, la empresa más grande en este sector.

Jairo no cree que el muro vaya a detener las migraciones desde los países de Latinoamérica, porque la situación de violencia y pobreza de la región seguirá siendo un motivo para migrar.

Marco Castillo, coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), está de acuerdo con él. «Es probable que el muro intimide y frene los flujos migratorios, pero no los parará», asegura. «Quienes decidan migrar, lo harán con un riesgo aún mayor», advierte.

Los polleros –traficantes de personas que, tras el pago de una cifra comprendida entre los 2.000 y 4.000 dólares (dependiendo del lugar de salida), «ayudan» a los latinos a pasar la frontera– no ven en la construcción del muro un problema, sino una oportunidad para aumentar las tarifas.

«Si Trump aumenta la seguridad, lo único que ocurrirá es que cobraremos más; el precio por cruzar la frontera será ma- yor por el riesgo que acarreará; aparte de que serán más caros los sobornos a las autoridades, tendremos que pagarles más a la Policía y a la migra», estima un pollero entrevistado por el diario mexicano “La Jornada”.

Cruzar México es la parte más peligrosa del viaje para los migrantes centroamericanos. Pueden ser robados, violados y, en algunos casos, asesinados por organizaciones criminales o por la Policía mexicana. De acuerdo con la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), en 2015 las autoridades mexicanas fueron responsables del 40% de los crímenes cometidos en contra de los migrantes.

Desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, un programa apoyado por Obama en 2014 para que México militarizara su territorio con el objetivo de parar los flujos migratorios, ha habido un incremento considerable de las deportaciones.

«Antes del Plan Frontera Sur, los derechos de los migrantes centroamericanos eran violados enormemente; ahora ya no padecen tanto», alegó hace unas semanas el secretario de Gober- nación mexicano Miguel Ángel Osorio Chong. Según datos oficiales, en 2016 los delitos en contra de los migrantes aumentaron con respeto a años pasados, con picos en el Estado de Tabasco del 900%.

Otro reto en el viaje

Una vez atravesado el territorio mexicano, los migrantes cen- troamericanos se enfrentan a otro gran obstáculo, la frontera entre México y EEUU, que representa una barrera también para los mexicanos que quieren migrar al norte. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los 40 primeros días de este año 37 personas fallecieron en esta frontera; casi una por día. Murieron de deshidratación o de

hipotermia al cruzar el desierto que divide a los dos países, o ahogadas en el Río Bravo. Con toda seguridad, el muro fronterizo que Trump planea construir empeorará esta crisis humanitaria, a pesar de que, en palabras del presidente, permitirá de salvar vidas y mejorar las relaciones bilaterales a niveles «nunca alcanzados».

La construcción de la barrera es una cuestión de «seguridad nacional» para el inquilino de la Casa Blanca que –en el intento por detener el tránsito de la droga y de los migrantes latinoamericanos a quienes tilda de «narcotraficantes y violadores»– está dispuesto a gastar del presupuesto público una cifra comprendida entre los 12.000 millones de dólares (según Trump) y los 21.000 millones de dólares (según el Departamento de Seguridad Nacional) para edificar una obra que necesitaría unos 40.000 trabajadores anuales para ser completada en cuatro años. El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, dijo que la construcción se podría iniciar en unos meses y debería de estar terminada en dos años.

Trump pretende que los costes corran a cargo de México, una idea que, no hace mucho tiempo, muchos en México consideraban tan absurda que sonreían al escucharla. Sin embargo, según una reciente encuesta del “Universal”, el 54% de la población mexicana cree que, al final, México pagará el muro.

En realidad, ya existe una barrera metálica entre ambos países. Fue construida en la década de los 90, durante la Administración de Bill Clinton. Actualmente cubre alrededor de la tercera parte de los más de 3.000 kilómetros de frontera entre los dos países.

«No hay ningún indicio de que el muro haya funcionado. No responde al supuesto objetivo de detener a los terroristas. Además, no existe evidencia alguna de amenaza de terrorismo internacional en la frontera sur. Y si hablamos de poner fin a los negocios del crimen organizado, todos los indicios que tenemos apuntan a que el muro y la militarización de la frontera no han hecho absolutamente nada en contra de esto», subraya Laura Carlsen, analista política del Center Of International Policy.

Una barrera muy cara

«Cualquier persona se arriesgaría a ser tiroteada por agentes de migración antes de ver morir de hambre a sus hijos. Si no se solucionan las causas que generan los flujos migratorios -todo apunta a que las propuestas de Trump las van a agravar–, seguirá habiendo migraciones».

Según cifras oficiales, la barrera tuvo un coste de 2.300 millones de dólares y requiere de 49 millones anuales para su mantenimiento. Tiene un sistema de circuito cerrado con visión nocturna, térmica, sensores de movimiento y también drones. La línea está vigilada las 24 horas del día por agentes de la Border Patrol, que durante el Gobierno de Barack Obama fueron duplicados, alcanzando las 42.000 unidades, y que Trump ya aumentó en 5.000 efectivos.

Los altos costes y las dificultades orográficas del territorio fronterizo hicieron desistir a otros presidentes de su idea de construir un muro de hormigón a lo largo de toda la frontera meridional del país.

El presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, sostiene que no hay que pedir al Congreso autorización para la construcción del muro, pues ya la obtuvieron hace diez años. En cualquier ca- so, los republicanos, para aprobar el financiamiento de la obra en el Senado, requieren del apoyo demócrata, y hasta ahora no lo tienen.

Críticas a Peña Nieto

Entre la población mexicana, las medidas racistas de Trump están despertando una indignación par a las críticas a la gestión que el Gobierno latinoamericano está haciendo de la crisis. Es difícil imaginar que la Administración mexicana, que tiene una aprobación popular de 12%, tenga la fuerza para enfrentar el descaro de Trump.

El presidente Enrique Peña Nieto, que durante la campaña electoral invitó Trump a México, causando una indignación general, aboga por gestionar las relaciones bilaterales a través del diálogo, sin mostrar confrontación ni sumisión.

La voluntad de Peña de privilegiar el diálogo ha sido tan manifiesta que ni siquiera ha aprovechado las invitaciones hechas por algunos presidentes latinoamericanos, en el marco de la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para consensuar una postura en común a nivel regional en defensa de los migrantes.

Entrevistado por la revista mexicana “Proceso”, el ex secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, ha calificado de «excesivamente cautelosa» la posición mexicana, advirtiendo de que «si uno adopta una posición débil en la mesa de negociaciones, Estados Unidos se lo come vivo, porque en eso son expertos».

Artículo publicado en El Gara el 12.03.2017.

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¿Cuáles son las acusaciones en su contra y cómo se está desarrollando el proceso judicial?
La persecución judicial es sólo una expresión de toda la persecución política en contra de COPINH y es una estrategia definida a nivel presidencial. Estamos conscientes de que con nuestra lucha, que es pacífica pero enérgica, nos enfrentamos a poderes grandes e influyentes. En uno de los dos casos de que se me acusa —portación ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras—, la Procuraduría y el Ministerio Público me han planteado una audiencia conciliatoria. Primero me propusieron terminar la persecución en mi contra a cambio de que indemnizara al Estado y le pidiera perdón, asumiendo que el arma era de mi propiedad, cosa que por supuesto no voy a hacer; no cometí ningún delito y no tengo porqué conciliar a estas cosas. [Por este caso fue detenida el 24 de mayo y por no hallar suficientes pruebas para comprobar el delito fue liberada 21 días después con medidas sustitutivas a la prisión].

Luego,  por la presión de la defensa, de los movimientos sociales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de las de miles de expresiones de solidaridad que han denunciado esta injusticia en todo el mundo, me propusieron pagar al Estado todo lo que había gastado en este proceso, siendo éste victima mía. También rechacé esto. En este momento lo más probable es que en la próxima audiencia el juicio siga sin consideración de conciliación.

En el otro caso de que la empresa nos acusa, o sea de daños continuados, coacción y usurpación, en setiembre dictaron prisión preventiva en mi contra, y han fijado la próxima audiencia preliminar para el 11 de febrero del 2014. [Por este caso pesa sobre Cáceres orden de detención y ella se ha declarado perseguida política]. Además, este año aprobaron una reforma que prevé que una persona beneficiada por medidas sustitutivas a la prisión —como ha sido en el primer caso en el que me impusieron la prohibición  de salir del país y la obligación de presentarme al juzgado cada 15 días— no puede ser beneficiada una segunda vez en otro caso. Cuando me acusaron de posesión del arma, en mayo del 2013, esta ley no estaba en vigor, pero la hicieron retroactiva y esto es ilegal, no hay ninguna ley retroactiva en Honduras.

Estas acusaciones se dan en el marco de la oposición de COPINH al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá. ¿Por qué la lucha de esta comunidad es tan importante para el Estado hondureño?
Hace años las comunidades de COPINH de Río Blanco emprendieron una lucha por la defensa del territorio y del río Gualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca. En abril del 2013 logramos sacar a Sinohydro/Desa, que es la mayor constructora de represas del mundo, lo nuestro es un ejercicio de autonomía y control territorial. La empresa obtuvo la concesión de manera ilegal en el 2010 y por sus vínculos con el Ejército ha presionado mucho a las comunidades, no sólo hostigando sino también ofreciendo sobornos y tratando de manipular a la población. Esto indica que las transnacionales no necesitan de intermediarios políticos, sino van directamente a reprimir a las comunidades. Donde hay intención de construir proyectos mineros o hidroeléctricos hay planes de militarización.

La lucha de Río Blanco es un mal ejemplo para el gran capital, porque ha demostrado que es posible echar para atrás un proyecto de dominación y de privatización, demuestra que sí es posible sacar a una transnacional invasora y esto es parte de la lucha legítima del pueblo lenca.

La persecución en su contra parece insertarse en un clima de criminalización de la protesta social que abarca todo el país.
El Estado ha construido estructuras represivas que tienen financiamiento incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el Plan de Seguridad Regional para Centroamérica. Esto es muy preocupante para las y los luchadores sociales, ya que se va a profundizar la represión. Hoy es un crimen defender los derechos humanos. El Congreso y los sectores oligárquicos han impulsado la creación de la Policía Militar, que está trabajando como una estructura paramilitar dirigida en contra de los movimientos sociales. No funcionan sólo los aparatos policiales y de inteligencia, también están operando cuerpos encubiertos y agencias privadas de seguridad, que son nada más que otro ejército que cuida los intereses de los grandes empresarios. Ellas funcionan de manera conjunta con la Policía y el Ejército, y duplican su número. Durante la semana electoral se ha incrementado la presencia militar y policial, incluso con reservistas. No es un clima que ayuda el desarrollo de elecciones democráticas.

En las elecciones presidenciales de mañana la candidata por el partido Libre (Libertad y Refundación) es Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. Ella se movilizó en contra del golpe de 2009, promete una vía hondureña al socialismo del siglo XXI y quiere romper un bipartidismo de hace cien años. ¿Cuál es tu opinión sobre Castro? 
El pueblo hondureño está sediento de cambios profundos, hemos tenido un proceso de concientización y de formación, sobre todo en las calles, donde hemos aprendido más que en cualquier lado. Creo que sería importante que ganara Libre, en Honduras hay necesitad de que otra fuerza política partidaria se instale en el gobierno, no haría cambios profundos pero representaría un gobierno distinto a los que hemos tenido con la ultraderecha fascista.

Entrevista publicada el 19.12.2013 en Noticias Aliadas

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El cielo de Tegucigalpa se llenó de humo en la tarde del 26 de noviembre del 2013, frente a la sede de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH). Las y los estudiantes indignados por la fraudulenta elección a presidente de Juan Orlando Hernández se juntaron al medio día en una asamblea adentro de la universidad y, una vez que salieron a la calle, hubo una confrontación con la policía. 

“Estábamos manifestandonos pacíficamente cuando nos dispararon en contra con el hidrante para provocarnos”, aseguró un joven cuyo ojos cafés se vislumbraban debajo de una camiseta que le tapaba todo el rostro. Con la boca cubierta para protegerse de los gases lacrimogenos, los estudiantes hondureños lanzaban piedras en contra de la policía que bloqueaba la carretera con una camioneta, respondiendo a las piedras con gases e hidrantes. Al final del día, se reportaron algunos jóvenes heridos y detenidos.

“Nos manifestamos porque Juan Orlando Hernández se ha instalado de forma factica en la presidencia: mientras que presidía el Congreso Nacional, se ha apoderado de la Corte Constitucional y del Ministerio Publico. Además, ha creado una Policía Militar de Orden Público que es un retroceso a la década de los ’80, cuando desaparecían a los jóvenes sólo por tener ideas diferentes y estar en contra del sistema. No hemos de permitir que la policía militar nos siga reprimiendo, tenemos que salir a las calles”, me estaba diciendo Héctor Amador de la Universidad Autónoma de Honduras, cuando unos disparos anunciaron una lluvia de gases lacrimógenos lanzados en nuestra dirección. Interrumpimos la conversación y escapamos, mientras que el aire se llenaba de humo que quemaba los ojos y la garganta.

La rabia de las y los jóvenes hondureños en contra del fraude electoral no pudo esperar las declaraciones oficiales. De otro lado, algunas bases del partido Libre (Libertad y Refundación) que el día después de las elecciones se juntaron para una manifestación espontánea contra el fraude electoral, aún están esperando a que el partido trace su linea de conducta.

Libre significa una fuerza política importante en el país y hoy estamos en primer lugar”, declaró Castro. Libre es un partido con varias y distintas almas, que reúne políticos tradicionales y activistas de los movimientos sociales. La mayoría de sus líderes son ex afiliados al Partido Liberal que se deslindaron del golpe de estado de junio 2009 y apoyaron al ex presidente “Mel” Zelaya en la formación de un nuevo partido. Esto quiere decir que muchos cuadros de Libre, que propone “una vía hondureña” al Socialismo del Siglo XXI, no son nada más que ex líderes del Partido Liberal, agrupación política expresión de la oligarquía hondureña que durante unos cien años se alternó en el poder con el Partido Nacional.

Libre nació después del regreso del exilio del ex presidente Zelaya, en mayo de 2011. Al principio no todas las organizaciones del FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular, entidad nacida para luchar en contra del golpe de estado de junio) aceptaron la transformación del movimiento en partido. De hecho, la creación de Libre dividió al FNRP entre una corriente “electoral” y una “refundacional”, que creía necesario seguir con las movilizaciones en las calles en lugar que apostar a la vía electoral.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, muchos integrantes de la corriente antipartidaria del FNRP empezaron a ver en “doña Xiomara” una oportunidad para romper el bipartidismo que oprime al país desde hace cien años, además de un desafío al machismo hondureño y al poder de la oligarquía del país, un puñado de familias que controlan el sistema político y económico del país centroamericano.

“Creo que es importante que gane Libre, en Honduras hay necesitad de que otra fuerza política partidaria se instale en el gobierno”, explica la coordinadora general de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) Bertha Cáceres, que encontré en la vigilia de las elecciones. “Creemos que Libre no hará cambios profundos, el poder real lo va a tener la oligarquía aunque Libre triunfe. De todos modos, representaría un gobierno distinto a lo que hemos tenido con la ultraderecha fascista, y sería también algo histórico tener a una mujer presidenta, aunque sabemos que no necesariamente con ella las mujeres alcanzaremos una vida digna”.

Artículo publicado el 29.11.2013 en Upside Down World

En una Ya en agosto de 2013, a la movilización campesina se sumaron mineros, camioneros, trabajadores de la salud, maestros y estudiantes, que “tomaron” hasta la capital.

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El domingo 24 de noviembre del 2013 la escuela República de Chile, en el barrio popular El Reparto por Bajo de Tegucigalpa, parecía un hormiguero. Las calles que la rodean estaban llenas de gente que acababa de votar, o que estaba esperando su turno. El sol bajaba sobre la larga fila de personas que serpenteaba hasta la escuela y, según cuenta la gente del barrio, el desfile de votantes había empezado temprano en la mañana. Algunos dicen no recordar una afluencia tan alta en las elecciones.Adentro de la escuela las personas empujaban para entrar, para salir o para depositar su boleta electoral en la urna. La confusión era tanta que algunos colocaron su boleta en la urna equivocada, o sin sellarla. Los militares presidiaban la entrada de la escuela, de la misma forma que otros 28 mil miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que el gobierno hondureño desplegó para vigilar sobre las elecciones.
“Hoy monitoreamos varias sedes electorales y no registramos problemas, aunque esto no significa que no hubo ninguno”, relata Ron Nearing, ex presidente del Partido Republicano de California. “Todas las sedes electorales están resguardadas por los militares y creo que es un elemento positivo hasta que su rol sea limitado en cuidar la seguridad de la urnas”.
Alrededor de 20mil observadores, entre ellos unos 800 internacionales, han sido acreditados para vigilar sobre la transparencia del proceso electoral hondureño. Sin embargo, la Mesa de Análisis sobre Violación a Derechos Humanos recogió más de 60 denuncias de irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas hostigamiento a observadores internacionales, militarización de medios, acoso militar contra integrantes de mesas electorales y compra de votos por parte del oficialista Partido Nacional, a cambio de comida o dinero.
Además, la noche de la vigilia de las elecciones ha sido manchada de sangre: en el Municipio de Cantarranas (Departamento de Francisco Morazán) dos dirigentes campesinos del partido Libre han sido asesinados por hombres encapuchados con armas de alto calibre, mientras que se dirigían a su casa en la comunidad El Carbón. Los lideres locales ya habían recibido amenazas de muerte a causa de su lucha por la tierra por parte del terrateniente local, afiliado al oficialista Partido Nacional. Estas muertes se suman a las de los 35 candidatos (18 de ellos del partido Libre) que según un informe de la ONG canadiense Rights Action han sido asesinados entre mayo del 2012 y octubre de este año.
“Durante la semana pre electoral se ha incrementado la presencia militar y policial, incluso con reservistas, no es un clima que ayuda el desarrollo de elecciones democráticas”, denuncia Bertha Cáceres, coordinadora general de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Según nos relató Cáceres, además de policía, ejercito y aparatos de inteligencia, en Honduras operan también cuerpos encubiertos y agencias privadas de seguridad, cuyos efectivos duplican el número de militares y policías. Azadeh Shahshahani, presidenta de Nacional Lawyers Guild, añadió haber viajado en avión desde Georgia con algunos militares hondureños alumnos de la Escuela de las Américas, que regresaban al país centroamericano en ocasión de las elecciones.
“Creo que Juan Orlando Hernández (Partido Nacional) es el candidato que ayudaría al pueblo. Voté por Orlando para que nuestro país tenga un buen futuro y podamos acabar con la delincuencia”, relata Lesly Yamileth Avilez de 18 años, que encontré en el barrio El Reparto por Bajo de Tegucigalpa.
De hecho, la campaña de Juan Orlando Hernández estaba centrada en el control de la inseguridad a través del despliegue de la fuerza policial, en un país que tiene un promedio de veinte asesinatos al día y una impunidad que abarca el 80% de los delitos. Juan Orlando – rebautizado Juan “Robando” por sus detractores – es el promotor de la Policía Militar de Orden Público, cuerpo de élite creado para frenar el crimen organizado y la delincuencia común. Su propuesta de militarización de la sociedad y expansión de la industria maquiladora, como de los monocultivos de caña de azúcar y de palma africana, según el Tribunal Supremo Electoral le garantizó la presidencia recogiendo el 34.08% de los votos.
En la mañana del lunes pasado, en una rueda de prensa animada por sus bases, el Partido Libre (Libertad y Refundación) desconoció los resultados electorales que atribuyeron sólo el 28.92% de los votos a su candidata Xiomara Castro. Manuel “Mel” Zelaya – ex presidente de Honduras, esposo de Xiomara Castro y coordinador general de Libre – denunció que más del 20% de las actas no han sido registradas, aseguró no buscar ningún acuerdo con el Partido Nacional y afirmó que al termino de los escrutinios, si necesario, Libre hubiera salido a la calle para defender su derecho. Según las ultimas declaraciones, el viernes 29 de noviembre el partido presentará las pruebas del fraude.

Artículo publicado en Upside Down World el 29.11.2013

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