Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde tambiénresultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020

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Doña María llegó a Chilpancingo con la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, un esfuerzo de organizaciones no gubernamentales de varios países del continente que piden el fin de la guerra a las drogas. Esta caravana recorrió más de 5.700 km que separan Tegucigalpa [capital de Honduras] de Nueva York, ciudad a la que llegaron ayer lunes, con el objetivo de pedir a la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) — que se lleva a cabo entre el 19 y el 21 de abril — poner fin a la guerra contra el narcotráfico.

Una treintena de organizaciones entre las que están Global Exchange, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el colectivo ReverdeSer, la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y algunas asociaciones de familiares de desaparecidos, pretenden se abra un debate sobre posibles alternativas y se considere el tema de las drogas como un asunto de salud pública, en lugar de seguridad nacional.

VICE News acompañó a esta caravana, que en su recorrido desde el 29 de marzo hasta el 18 de abril, vio subir y bajar de sus autobuses a unas 800 personas de manera intermitente, aunque hasta Nueva York llegaron unos 35 representantes.

Estamos en Chilpancingo, frente al plantón que el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) levantó tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un espacio construido con palos, lonas y tiendas de campaña. En el ambiente se percibe un silencio cargado de dolor entre las personas que escuchan las palabras de María Herrera, quien como habíamos dicho, tiene a sus hijos desparecidos.

Algunos de los presentes se secan los ojos con un pañuelo, otros suspiran y miran al suelo. Cada uno con su dolor, privado y colectivo. En el templete, otros integrantes de la caravana toman la palabra, la mayoría llorando o con la voz entrecortada.

«El gobierno mexicano gasta millones en el combate a la droga y la militarización, pero lo único que está produciendo es el recrudecimiento de la violencia. Los mismos militares y policías desaparecen a los jóvenes, como pasó con mis hijos», afirma Maricela Orozco Montalvo, otra mujer que integra la caravana.

En marzo de 2014 Gerson, el hijo de Maricela que en ese entonces tenía 19 años, salió de su casa y nunca regresó. El chico, según nos contó Maricela, fue secuestrado cuando se encontraba con dos amigos dentro de una tienda Oxxo, en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz. Los secuestradores pidieron dinero para liberar a su hijo, y a pesar de que se entregó, él nunca apareció.

El mismo día Maricela encontró los cuerpos acribillados de su yerno y de su otro hijo, Alan, en un carro. Ahora ellos forman parte de los más de 27 mil desaparecidos que oficialmente hay en el país.

En su largo recorrido a través de cinco estados, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, ha pasado por todo, desde el calor húmedo de Honduras hasta los fríos bosques de los Altos de Chiapas. De ahí salieron a rumbo a Guerrero, luego Morelos, Ciudad de México, Monterrey y Estados Unidos. Este grupo encontró heridas abiertas en cada región.

«El pueblo garífuna está directamente afectado, vivimos en la costa Atlántica que es un corredor de droga. Los criminales y los militares nos amedrentan, nos matan y violan a las mujeres», dice a VICE News Félix Omar Valentín, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), mientras viajábamos rumbo a un concierto organizado por la caravana en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

En el Triángulo Norte de Centroamérica — región comprendida entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que algunos prefieren llamar «Triángulo de la Muerte» —, en 2015 ha habido 6.650 asesinatos según Insight Crime. La misma fundación advierte que el año pasado en Guatemala y Honduras se registró una leve baja en la tasa de homicidios, mientras que en El Salvador subió de 70%: hoy el pequeño país centroamericano es el más violento del mundo, con 23 homicidios diarios.

La abogada salvadoreña Aleida Almendarez de Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, que también integra la caravana, confiesa traer siempre su documento consigo, para que sea identificable en el caso en que la maten. Almendarez explica que la ‘narcoguerra’ en el Triángulo Norte tiene el nombre de Alianza para la Prosperidad, un programa impulsado por el gobierno de Estados Unidos para supuestamente combatir al crimen organizado, pero que ha llevado a la actual crisis humanitaria.

Alianza para la Prosperidad, Plan Mérida o Plan Colombia: son los diferentes nombres que, según los integrantes de la caravana, tiene la militarización en América Latina. «Hay que reconocer el saldo negativo de esta guerra, de estas guerras, porque son rostros distintos pero estrategias compartidas», afirma Marco Antonio Castillo, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia y miembro de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM).

«Lo que descubrimos durante nuestro recorrido es que el discurso oficial, la mentira, está cayendo. La gente se está organizando», relata Laura Carlsen, analista y directora del Programa de las Américas. «Con esta caravana nos dirigimos a las organizaciones sociales y a la opinión pública, para impulsar la organización de base. Sabemos que no vamos a afectar las decisiones de la UNGASS, para ellos esta guerra fue un éxito en términos de ganancias, concentración de poder y expansión de las fuerzas represivas».

Otro de lo integrantes de la caravana es originario de Nuevo León, estado ubicado en la frontera norte de México, con graves problemas de violencia por narcotráfico. De hecho, a principios de marzo, 500 elementos de Policía Militar llegaron a esta entidad, para reforzar trabajos de seguridad pública, anunció la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) . Jesús González, es activista de Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL) y afirma que el gobierno invirtió millones de pesos para que los medios de comunicación construyeran el discurso de que «la violencia ya pasó». Según el activista, en las calles de Nuevo León ya no hay enfrentamientos, pero se incrementó el número de las ejecuciones.

Las integrantes de FUNDENL, que recibieron a la caravana en Monterrey, utilizan la palabra «guerra» para definir la situación en la que se encuentra la ciudad norteña.

El pasado 14 de abril, la caravana cruzó el Río Bravo caminando por el puente que une Nuevo Laredo a los Estados Unidos. Se dejó atrás Tamaulipas, la entidad que simboliza la violencia y la descomposición social que está dejando esta «guerra» en México.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, en Tamaulipas la tasa de averiguaciones previas por secuestro es casi 694% mayor que la nacional. Los integrantes de Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, que se reunieron con la caravana, denuncian que en el estado hay pueblos enteros desplazados por la violencia del crimen organizado.

Guillermo Gutiérrez Riestra, padre de la joven Raquel, desaparecida en Ciudad Victoria en 2011, relata que en Tamaulipas desaparecen hasta los payasos que trabajan en los semáforos, por ir con la cara pintada y no ser reconocibles.

En un acto público que se llevó a cabo ayer lunes en Nueva York, a un día de la apertura de la UNGASS, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia conoció historias que revelan cómo la guerra al narcotráfico, está afectando también a los estadounidenses.

De acuerdo con Ted Lewis de Global Exchange, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, Estados Unidos es el país que encarcela más personas en el mundo y alrededor de 80% de los presos están recluidos por posesión de droga. En el país, afirma el activista, existe una crisis humanitaria relacionada con el encarcelamiento masivo, que afecta sobre todo a la comunidad negra, al punto que el asunto se volvió un tema en la actual campaña electoral estadounidense.

Esta caravana, según los organizadores, pretende propiciar espacios para un diálogo franco y amplio sobre las políticas globales de drogas, «buscando profundizar en enfoques alternativos y respetuosos de los derechos humanos; así como ampliar el debate, facilitando la presencia de nuevos actores y voces, en especial de quienes han padecido de manera directa las violencias de las guerras contra las drogas».

Durante su gira buscaron «aunar conciencias de pueblos que han sufrido diversas violencias derivadas del narcotráfico y la lucha contra las drogas, para evitar seguir caminando en la soledad, rechazar las violencias y tejer solidaridades que rebasen las fronteras y continúen mas allá de la Caravana y la UNGASS 2016».

Artículo publicado en Vice News el 19.04.2016

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Fue entre los edificios de esta escuela normal rural, fundada en 1926 en un terreno expropiado a un terrateniente, que los padres de los alumnos desaparecidos decidieron hacer un llamado a boicotear las elecciones del 7 de junio próximo. Y fue aquí que el pasado 14 de marzo se llevó a cabo la Asamblea Nacional Popular, que decidió tomar las sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) de todo el país, en repudio a las elecciones y en el marco de la decima Acción Global para Ayotzinapa del 26 de marzo. La decisión fue reafirmada en la Segunda Convención Nacional Popular el 11 de abril en que decidieron boicotrear las elecciones “que cuenten con las condiciones apropiadas para dicha acción”.

“Estamos convocando a la sociedad a que no acuda a estas elecciones. Los candidatos están respaldados por delincuentes, votarlos sería votar por la misma delincuencia organizada”, explicó Felipe de La Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En junio el pueblo guerrerense será llamado a elegir alcaldes, diputados y el gobernador. En una entrevista con el periódico español El País, el actual gobernador interino del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega, admitió la existencia de infiltraciones de la criminalidad organizada en el mundo político y judicial. Según Ortega, los criminales financiaban las campañas de los partidos hasta que se dieron cuenta que ellos mismos podían convertirse en políticos.

“Si les da miedo a los de fuera, imagínese a los que vivimos ahí todos los días”, afirmó el gobernador.

La crisis de credibilidad de las instituciones ha sido públicamente reconocida también por Flavio Galván River, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y por al menos dos de los nueve consejos distritales del INE de Guerrero. El 16 de diciembre pasado, el consejo distrital 07 publicó en el diario El Sur de Acapulco un desplegado donde admitió que no existen las condiciones para llevar a buen fin el proceso electoral. De todos modos, según el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, las elecciones en Guerrero se realizarán.

El llamado al boicot electoral que surgió de la escuela normal rural de Ayotzinapa no propone sólo la abstención, sino la creación de las condiciones que lleven a un paro general y a la caída del gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde el octubre pasado, en Guerrero se está también impulsando una alternativa al actual sistema partidista.

“En el estado se conformaron Consejos Populares Municipales con la idea de generar un proceso de construcción política desde abajo, que establezca espacios donde se tomen decisiones colectivamente”, relata Román Hernández Rivas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que trabaja con los alumnos de Ayotzinapa y las familias de los normalistas desaparecidos.

“Los estudiantes están buscando otros espectros de posibilidad organizativa asociados con la auto tutela de los derechos. Se trata de garantizarlos a sí mismos sin pasar por las estructuras del estado”.

Hasta ahora, más de 20 de los 81 ayuntamientos de Guerrero han sido tomados por la población. En seis de ellos -Ayutla de los Libres, Tlapa, Olinalá, San Luis Acatlán, Teconapa y Tixtla- ya están conformados los Consejos Populares Municipales y los alcaldes siguen operando en edificios alternos.

“Estos consejos se están impulsando en territorios con población indígena y tienen una base jurídica en el Convenio 169 del OIL, en el artículo 2 la Constitución y en la ley 701 del Estado de Guerrero”, explica Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. “El objetivo es construir autonomía y la respuesta la ofrecen los pueblos indígenas a través de su sistema organizativo, de allí se está retomando la idea de los consejos. Se está debatiendo sobre que tipo de estructura darles, es una alternativa que todavía está en discusión en las comunidades. Es un proceso que necesita de tiempo; los caracoles zapatistas no se formaron en 3 meses”.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 20.04.2015

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