Antonio González Méndez trabajaba en la tienda cooperativa Arroyo Frío del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Fue allí donde conoció a Juan Regino López Leoporto, que de vez en cuando llegaba para comprar. Antonio no prestó mucha atención a lo que decían sus compañeros, que señalaban a Juan Regino —un muchacho de 17 años— como integrante de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar de afiliación priista que operaba en la zona norte de Chiapas y que tenía una cara pública de asociación civil para poder recibir apoyo oficial. Incluso, en 1997, el gobierno chiapaneco le dio 4 millones 6 mil pesos “para impulsar proyectos agroecológicos y productivos”. 

Era la noche del 18 de enero de 1999 cuando Antonio, indígena ch’ol base de apoyo del EZLN y militante del PRD, salió de su casa con Juan Regino y nunca más regresó. Al día siguiente empezó la búsqueda encabezada por su esposa, Sonia López Juárez, que se ha mantenido firme durante los últimos 24 años. 

Inicialmente, la mujer acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, que buscaron a Antonio en el río y en el monte y llegaron a detener a Juan Regino, a quien pronto soltaron. Luego, Sonia viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez, donde tampoco le hicieron mucho caso: el Ministerio Público tardó casi tres años en pedir una fotografía de Antonio para facilitar su búsqueda.

Al no encontrar respuestas en los tribunales nacionales, en el 2000 Sonia, sus hijas y su hijo, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición presuntamente forzada de Antonio y la falta de investigación de los hechos.

“Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen también a los demás desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias también están sufriendo”, dijo Sonia durante la audiencia que se llevó a cabo ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Que encuentren también a Juan Regino, es el único que sabe dónde está Antonio”. 

En Facebook hay un perfil de un hombre que responde al mismo nombre y es originario de Sabanilla. Dice que Juan Regino López Leoporto vivió por lo menos hasta 2014 en Bellavista, Jalisco, donde trabajaba como pintor de casas. 

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La guerra contrainsurgente en Chiapas

Cinco años antes de la desaparición de Antonio González, el EZLN se levantó en armas. Para contener la expansión del proyecto de autonomía que los zapatistas estaban construyendo en muchos municipios de Chiapas, el Estado impulsó una política contrainsurgente moldeada en el manual Plan de Campaña Chiapas 94, donde se afirma la necesidad de organizar “secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”. 

En un principio, en la zona norte de Chiapas, y luego en otras regiones del estado, nació un total de 13 agrupaciones paramilitares: grupos de civiles armados que gozaban del apoyo financiero y logístico del Estado. Su función era hacerle la guerra al EZLN y al mismo tiempo sembrar terror entre la población, de acuerdo con una táctica contrainsurgente llamada “yunque y martillo”, donde el primero es representado por el Ejército, que actúa como contención pasiva a la guerrilla, y el segundo son los grupos paramilitares que operan, de forma clandestina, atacando activamente a sus comunidades.

Por esto, de acuerdo con los peticionarios ante el SIDH, los hechos cometidos por los grupos paramilitares son imputables al Estado y, por lo tanto, desapariciones como la de Antonio se pueden considerar como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Estado ha negado su relación con Desarrollo, Paz y Justicia y con los demás grupos paramilitares que operaban en los años 90. 

En la zona norte de Chiapas, la guerra contrainsurgente fue especialmente dura: tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, 4 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada, 85 fueron asesinadas y 37 siguen desaparecidas, entre ellas Antonio González. 

“Hizo falta acudir a instancias internacionales porque el Estado no se investiga a sí mismo. Vemos necesaria también la conformación de una comisión de la verdad sobre la guerra contrainsurgente en Chiapas y un mecanismo de investigación que sancione a los responsables, tanto intelectuales como directos”, afirma Pedro Faro Navarro, abogado del Frayba. “Se tiene que reconocer que la desaparición de Antonio no fue un hecho aislado, sino parte de una política genocida que se implementó en estos territorios. Hay que abrir estas heridas que nos han hecho como pueblo mexicano, para que no vuelvan a cometerse esos crímenes”.

Hasta el momento, el Estado mexicano no implementó las medidas de no repetición recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia ya no existen como tal pero se atomizaron en varias agrupaciones, donde sus líderes siguen operando. El número de grupos armados en el estado creció en los últimos años, de la mano con el incremento de la violencia. De acuerdo con un comunicado del EZLN de septiembre de 2021, “Chiapas está al borde de una guerra civil”.

Incumplimientos del Estado

En 2019, la CIDH emitió un informe de fondo sobre el caso de Antonio González, donde reconoce la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares en función contrainsurgente. No encontró, sin embargo, la existencia de elementos que prueben la pertenencia de Juan Regino López Leoporto a Desarrollo, Paz y Justicia y, por lo tanto, no considera a la desaparición de Antonio González como forzada. 

El Estado cumplió con algunas medidas de reparación para la familia de Antonio, como una indemnización económica y el ofrecimiento de disculpas públicas. “Este acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano no debe de entenderse como un acto protocolario, pues no venimos a cumplir solamente una resolución de la CIDH, sino a asumir un compromiso para la dignificación y el respeto de los familiares de Antonio González por su lucha”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, en enero de 2022, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Sabanilla. 

Sin embargo, de acuerdo con la familia de Antonio González y el Frayba, la posición oficial es ambigua: de un lado, el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas públicamente, pero por el otro sigue negando su participación y afirma que su única falla ha sido en las investigaciones.

En su informe de fondo, la CIDH exige al Estado mexicano investigar la desaparición de Antonio y buscarlo. Al no hacerlo, el caso pasó a la Corte IDH que emitirá una sentencia en las próximas semanas, vinculante para el Estado mexicano. Se trata del primer caso relacionado con la guerra contrainsurgente que llega a esta instancia internacional. 

“Tenía seis años cuando desaparecieron a mi padre y no me acuerdo mucho de él”, dice Magdalena González López, hija de Antonio. “No lo conocí pero seguiré luchando, aunque sea cansado, sea como sea, hasta que encuentren a sus restos. Y que cumplan todas las promesas que hicieron”.

La familia de Antonio quedó afectada económicamente por su desaparición, ya que era el principal proveedor. Su esposa ya no tiene fuerza para trabajar, le arden los brazos y no puede cargar el machete, y seguido le duele la cabeza. La mujer exige que se brinde atención psicológica para ella, sus hijos y sus nietos. “Pensamos mucho”, dijo ayer durante la audiencia en la Corte IDH.

Artículo publicado en Animal Político el 22 de junio de 2023.

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“Nuestra peregrinación es para revivir la vida de los 45 en nuestros corazones”, dijo un integrante de la mesa directiva de la organización tzotzil al micrófono desde la redila, antes de empezar la marcha de la tijera de Majomut hasta el Centro Ceremonial de Acteal. Allí, los asistentes visitaron a sus mártires y, “con las montañas sagradas como testigas”, celebraron el 30 aniversario del nacimiento de su organización y conmemoraron el 25 de la masacre. Rezaron, leyeron comunicados y, una vez más, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita un informe de fondo para dar seguimiento al caso que presentaron hace 17 años. 

Justo debajo de los pies de los miembros de Las Abejas, de las personas solidarias y de los sacerdotes y monseñores que participaron en las conmemoraciones están sepultadas las 45 personas —nueve eran menores de edad y dos eran bebés— que el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas en la capilla de la comunidad. En aquel momento estaban orando por la paz en la región, donde en los siete meses anteriores unas 6 mil personas habían sido desplazadas por la guerra de contrainsurgencia que la Sedena y grupos paramilitareslibraron en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

La masacre de Las Abejas, organización que comparte las demandas zapatistas pero es contraria a la lucha armada, se dio a plena luz del día y duró siete horas. La mayoría de sus víctimas fueron asesinadas con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Los elementos de Seguridad Pública que se encontraban a dos kilómetros de distancia no llegaron, ni intervinieron los agentes estatales posicionados a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidentes.

Las instituciones creadas en las décadas pasadas para hacer luz sobre la masacre —la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos cometidos en Chenalhó, la Unidad Especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos armados y la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en Acteal— no han entregado a los culpables a la justicia y siguen existiendo 29 órdenes de aprehensión sin ejecutar. 

Los tribunales mexicanos sí abrieron 11 causas penales donde 88 civiles, 14 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el expresidente municipal de Chenalhó fueron procesados y condenados a penas de entre 25 y 40 años; sin embargo, todos fueron poco a poco liberados y regresaron a sus comunidades, donde conviven con los sobrevivientes y familiares de las víctimas. 

La excarcelación de los sentenciados se concedió por fallas al debido proceso, es decir, no se probó su inocencia sino el hecho de que las investigaciones no se hicieron de forma rigurosa. De hecho, el día de la masacre, las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado, no protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. Además, movieron los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, amontonándolos para que los forenses no pudieran recoger las evidencias.

A causa de la impunidad que tuvieron que enfrentar en los tribunales mexicanos, en 2005 Las Abejas presentaron una petición a la CIDH, que fue admitida cinco años después. En ella se afirma que el Estado es responsable por acción y por omisión: “Por acción, porque alegan que la masacre se habría consumado en el contexto de una política de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Por omisión, por la presunta deliberada falta de intervención de la policía de Seguridad Pública durante la consumación de los hechos denunciados”. 

Desde 2010, el caso de Acteal no avanza en la CIDH, que todavía no ha emitido un informe de fondo. “Una justicia tardía puede ya no ser justicia y la dilación procesal en el marco internacional es una violación a los derechos humanos”, afirma Mario Alberto Ortega Gutiérrez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), representante legal de Las Abejas. 

“Las recomendaciones del informe de fondo solicitan al Estado una serie de medidas amplias, por ejemplo, reabrir carpetas de investigación y establecer medidas de reparación integral para víctimas y sobrevivientes. Es una herramienta que te permite tener una gran fortaleza política para reabrir el proceso a nivel local, pues detrás tienes a la CIDH que está supervisando su cumplimiento. Y en caso de que no se haga, el Estado tiene que presentarse frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sentencia es vinculante”.

“A nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos contra la comunidad de Acteal. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, durante un evento que se celebró el 3 de septiembre de 2020 en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Frente a Encinas se encontraba un grupo de víctimas de la masacre de Acteal, ninguna de ellas pertenecientes a Las Abejas, que firmaron un acuerdo de solución amistosa con el Estado mexicano. En total, son 43 las personas que suscribieron el documento, del que se obtuvo una copia a través de una solicitud de información, donde se establecen medidas de reparación simbólicas —como las disculpas públicas por parte del Estado y la instalación de una placa de metal en San Cristóbal de Las Casas— y económicas: se promete la entrega de 20 mil dólares para cada víctima sobreviviente y de 35 mil dólares para la familia de cada víctima fallecida, además de una vivienda para cada una de ellas. 

El acuerdo de solución amistosa ofrece también becas educativas, atención médica y psicológica y obras: electrificación de comunidades, ampliación de su red hidráulica, rehabilitación de planteles educativos, pavimentación de caminos y el mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó.

El día de la firma del convenio, los integrantes de Las Abejas se reunieron en su sede para ver el evento a través de una pantalla. Su decisión fue de no firmar, pero entienden a quienes lo hicieron. “En un principio sentimos como si los demás sobrevivientes estuvieran pactando con el mismo asesino y nos afectó emocionalmente. Luego hemos entendido que su decisión se debe al cansancio que implica esta lucha, la exigencia de una justicia que no llega”, dice Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre. 

“Para nosotros, la masacre es como si hubiera sido ayer, porque no hay justicia”. Con una marcha, habitantes de Chiapas conmemoran el 25 aniversario de la matanza de Acteal.

Video: @orsettabellani pic.twitter.com/t7k4BPxxJB— Animal Político (@Pajaropolitico) December 22, 2022

La militante de Las Abejas afirma que su determinación de no adherirse al convenio se debe a que ven las disculpas públicas como “palabras al aire”, que no señalan responsabilidades claras y no traen verdad ni justicia. 

“Pedimos castigo para el expresidente Zedillo, los demás autores intelectuales y los responsables materiales. Si no hay castigo, los crímenes se pueden repetir, los paramilitares viven en nuestras comunidades y presumen que el gobierno los protege”, dice Vázquez Luna. “Hay mucha inseguridad aquí en Chenalhó y pensamos que en parte sea a causa de toda esta impunidad. Lo que exigimos sobre todo son garantías de no repetición: que haya seguridad, que vivamos tranquilos en nuestro territorio”.

De acuerdo con Ortega Gutiérrez, del Frayba, en muchos casos con las soluciones amistosas el Estado pone el enfoque en las reparaciones económicas, metiendo a un lado las exigencias de verdad y justicia de las víctimas. Según el abogado, este tipo de convenio no “fija la verdad”, ni marca una postura clara por parte del Estado. 

“Por ejemplo, Encinas pidió disculpas públicas por el caso Antonio González Méndez (un zapatista desaparecido por los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia en 1999), que en enero de 2022 la CIDH presentó ante la Corte IDH. Una vez que el caso llegó a la Corte, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que Antonio había sido desaparecido por este grupo paramilitar y la relación que este tenía con el Estado. A casi tres décadas del comienzo de la guerra de contrainsurgencia, como sociedad necesitamos saber la verdad”, afirma Ortega Gutiérrez.

En numerosas intervenciones que se dieron durante la conmemoración del 25 aniversario de la masacre —que se desarrolló alrededor de un altar maya rodeado por las fotos de monseñor Romero, Samuel Ruiz y Simón Pedro Pérez, expresidente de Las Abejas asesinado en julio de 2021—, se habló del lekil chapanel. En tzotzil significa “justicia verdadera”: una justicia capaz de construir memoria del pasado y una vida en paz para el presente, y que dignifique a las víctimas de Acteal.

Artículo publicado en Animal Político el 22.12.202

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