Desde el 2 de octubre Guatemala está en paro. Las movilizaciones que empezaron hace una semana se transformaron en un paro nacional indefinido, al que cada día más gente se suma. Exigen la salida de la fiscal general, Consuelo Porras, que, según el presidente electo, Bernardo Arévalo, está intentando organizar un golpe de Estado.

En varios departamentos se llevan a cabo bloqueos de carreteras y acciones en contra del acoso del Ministerio Público (MP) al Movimiento Semilla, el partido progresista que ganó las elecciones presidenciales. Los manifestantes que mantienen bloqueados unos 130 puntos y la capital piden la destitución de quienes hostigan a Semilla: Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.

Los consideran responsables de atentar contra la democracia y el resultado electoral. «Hay un grupo de políticos
y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», advirtió Arévalo hace más de un mes. «Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la Justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente», añadió.

Desde hace tiempo, la Fiscalía está poniendo trabas en el camino de Semilla, partido que se formó tras las protestas masivas de 2015 en contra de la corrupción. Su último ataque, el 30 de septiembre, cuando se llevó del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las boletas de la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio. La FECI ha acusado a Semilla de presentar firmas falsas para la constitución del partido y el juez Fredy Orellana ordenó suspender su personalidad jurídica.

Para el pueblo guatemalteco ha sido la gota que ha colmado el vaso. La semana pasada, autoridades indígenas han
bloqueado las carreteras y sus lideres se han instalado frente al MP en Ciudad de Guatemala. «No venimos a representar a ningún partido político, el momento es de defensa a la democracia en representación de los pueblos originarios indígenas», advirtió Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán. «No venimos a pelear, pero si va a ser necesario cerrar el MP, lo vamos a hacer», avisó.

Una semana después, al paro nacional se han sumado más cantones, departamentos y sectores de la sociedad civil. El paro nacional se volvió indefinido: los manifestantes dicen que allí se quedarán hasta que Fredy Orellana, Rafael Curruchiche y Consuelo Porras renuncien. «No renunciarán. Su actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho», respondió la Fiscalía.

La FECI fue establecida en 2006 para investigar más de un centenar de casos de alto impacto, relacionados con organizaciones criminales y redes de corrupción, nacionales e internacionales. Se creó al mismo tiempo que la ONU conformó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicicg), con el propósito de apoyar a la Fiscalía en la desarticulación de esas estructuras criminales.

Se abrieron juicios que llevaron al banquillo de los acusados a expresidentes como Otto Pérez Molina, a miembros de la élite económica y a la (casi) intocable cúpula militar: hubo juicios por crímenes de lesa humanidad relacionados con las atrocidades cometidas durante la guerra civil que se prolongó durante más de treinta años. En 2013, Guatemala llegó a condenar al general y exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio del pueblo maya ocurrido a principios de los años ‘80. Fue una sentencia histórica, pues ha sido el primer tribunal local en emitir un fallo de este tipo, aunque luego fuera anulado.

Pronto los sectores ultraconservadores guatemaltecos empezaron a reorganizarse. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Cicig, que había empezado a investigar la presunta financiación ilícita de su campaña, con el pretexto de que «puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala». El año anterior, Morales había nombrado a Consuelo Porras como fiscal general y, bajo su mandato, la FECI pasó de perseguir la corrupción a ser un órgano que hostiga judicialmente a fiscales, abogados, jueces y periodistas críticos. Desde su nombramiento, 22 periodistas independientes y 42 magistrados guatemaltecos se tuvieron que exiliar. Juan Francisco Sandoval es uno de ellos y asegura que la democracia está en peligro en su país.

¿Cómo pasó Guatemala de tener una estrategia anticorrupción tan innovadora y reconocida internacionalmente a la situación actual?

El trabajo que desarrolló la Fiscalía, con acompañamiento de la Cicig, permitió descubrir los cuerpos ilegales incrustados en el Estado, la manera en que operan y cómo la élite económica del país es usuaria de ese sistema tan corrupto. El hecho de que el sistema de Justicia comenzara una ruta de fortalecimiento constituyó para las
personas con mayor poder en Guatemala un motivo de preocupación. Estas personas tienen el control de todas las instituciones del Estado y se rearticularon, destinando todas sus energías a desmontar el aparato anticorrupción. Comenzaron sacando abruptamente a la Cicig, después desmantelaron la Fiscalía y luego persiguieron a los funcionarios que descubrimos sus graves actos de corrupción.

¿Cuándo empezó su persecución? ¿Fue por algún caso que estaba investigando?

La persecución en mi contra inició desde el momento en que Consuelo Porras fue designada fiscal general, en mayo de 2018. La atribuyo no a un caso en específico, yo era el encargado de la FECI y mi responsabilidad estaba cimentada sobre la base de todos los casos que gestionaba, incluyendo los que se relacionan con grandes redes político-económicas ilícitas, como el caso Cooptación del Estado, que involucraba el expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que finalmente fueron condenados. Mi trabajo abarcó fenómenos de corrupción en los tres poderes del Estado, también hubo casos que se relacionaban con la manipulación de la elección de las altas cortes de Justicia, con la financiación ilícita de campañas políticas, con lavado del producto del narcotráfico y con organizaciones que tienen alto poder de fuego.

¿De qué forma se está dando esa persecución?

Hay más de cien denuncias en mi contra, son tantas que nilas recuerdo todas, ninguna tiene sustento. Además, tengo seis órdenes de captura en expedientes a los que ni siquiera he podido tener acceso. La primera fue por haber iniciado una pesquisa que se relacionaba con la posible recepción de sobornos por parte del presi-
dente de Guatemala, Alejandro Giammattei; la segunda fue por la investigación del ‘caso Odebrecht’: descubrimos
que unos veinte millones de dólares fueron dados en sobornos a por lo menos ciento ocho integrantes del Congreso de la República para beneficiar a la constructora brasileña. Lejos de continuar con estas investigaciones, la Fiscalía emitió una orden de captura en mi contra. También, recibí múltiples amenazas de atentados, uno de ellos dirigido por el excandidato presidencial Mario Estrada, que actualmente se encuentra cumpliendo prisión en Estados Unidos.

¿Qué ha pasado con los casos que estaba usted investigando en la FECI?

Han sido desmantelados. Lo que está haciendo el Ministerio Público es utilizar esos casos para fundamentar la persecución ilegítima en mi contra y en contra de mis colegas. ¿En qué forma? Pretendiendo, mediante la implantación probatoria o una mala fe, indicar que en los casos que nosotros desarrollamos se cometieron abusos o que hubo errores. Consuelo Porras fue nombrada fiscal general con el propósito de socavar la democracia y proteger a los actores corruptos. Yo ya conocía su manera de operar, pues estuve tres años y cuatro meses tra-
bajando con ella en la Fiscalía.

Este año ganó las elecciones el Movimiento Semilla, un nuevo partido que no representa a la élite política-económica tradicional, pero la oligarquía guatemalteca está intentando ponerle trabas. ¿Qué piensa de la situación actual?

Las fuerzas oscuras que realizaron la persecución en nuestra contra han desarrollado la misma dinámica en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala. En este momento está en riesgo la democracia, no se quiere respetar la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto pasados.

¿Piensa que en un futuro próximo, tras el cambio de Gobierno, tendrá posibilidad de regresar a Guatemala?

Es esperanzador de que haya un nuevo Gobierno electo en Guatemala, pero creo que mi regreso va a ser muy difícil, no hay garantías.

Artículo publicado en El Gara el 12 de octubre de 2013.

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No salió ninguna “caravana migrante” de San Pedro Sula, en Honduras, el 30 de octubre. Sólo unas 30 personas acudieron a la cita que se convocó en redes sociales en la terminal de autobuses y no sorprende, pues en los grupos de Facebook donde los migrantes centroamericanos se coordinan para organizar su viaje rumbo a los Estados Unidos muchos compartieron sus dudas. No conviene salir pocos días antes de las elecciones norteamericanas – escribieron algunos migrantes – y a causa de las medidas de prevención al Covid19 ahora es aún más difícil que los dejen transitar en Guatemala y México. “Mejor pasar las navidades con la familia y salir a mediados de enero”, concluyeron varios.

Las “caravanas migrantes” son una formula que se inauguró en octubre de 2018, cuando más de 7 mil centroamericanos tocaron a las puertas de México. Se convocaron en redes sociales y no migraron a escondidas, metiéndose a los cerros para hacerse invisibles, pagando a un pollero (traficante) entre 8 y 13 mil dólares según de la comodidad del viaje, con la constante amenaza de ser interceptados por la policía y las organizaciones criminales, que suelen robar, violar, secuestrar y matar a los migrantes.  

Esta vez migraron en masa y a la luz del día. Se fuerza radicó justo en aparecer descaradamente frente a los carros que transitaban en las carreteras y ante las cámaras de los periodistas de todo el mundo; con sus chanclas, sus mochilas, sus cochecitos llenas de bebés y paquetes. Con la dignidad de quien cruza a una frontera porque tiene derecho de irse de su país.

Aquella vez de hace dos años, los migrantes centroamericanos se congregaron en el puente internacional que divide el poblado guatemalteco de Tecún Umán de la ciudad mexicana de Tapachula, y entre empujones y gases lacrimógenos lograron romper la resistencia de las autoridades mexicanas. Una vez en el país la policía los “escoltó” en su camino, y muchos de ellos llegaron hasta la frontera norte. Algunos cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, otros siguen varados en México a la espera de que se resuelvan los trámites de su asilo en el país norteamericano. 

Desde entonces, se sucedieron una decena de caravanas migrantes y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una política de “puertas abiertas” que fue más que nada una declaración de intentos, siendo que en la práctica consistió sólo en la entrega de unas 15 mil tarjetas de residente por motivos humanitarios.

Sin embargo, en mayo de 2019 las declaraciones de López Obrador cambiaron de tono: Donald Trump amenazó México con subir del 5% los aranceles a sus importaciones si no detenía «el flujo de inmigrantes indocumentados». En respuesta, el presidente mexicano envió unos 6 mil elementos de la Guardia Nacional a su frontera meridional e incrementó del 63% las deportaciones de centroamericanos, que sólo en el primer año llegaron a 124 mil.

Elmer Antonio Rodríguez decidió sumarse a su primera caravana migrante en enero de 2020, pues no vio otra opción que irse de la ciudad hondureña El Progreso: trabajaba en una ferretería en por unos siete euros la semana y no tenía casa. Tras cruzar la frontera mexicana y caminar once kilómetros, la caravana fue interceptada por la Guardia Nacional. Unas 3 mil personas fueron detenidas y encerradas en las estaciones migratorias, tras ser “agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance”, escribe la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado del 29 de octubre de 2020, que destaca la presencia de niños y adolescentes entre las personas agredidas.

Algunos migrantes lograron escapar a la persecución policial. Entre ellos Elmer Antonio Rodríguez, que en unos diez días recorrió todo México para luego lanzarse al desierto que conduce a Estados Unidos. “Caminé una semana entre nopales y rocas, tenía los pies llenos de ampollas. Me agarraron y me regresaron a Honduras”, dice el joven, que intentó la suerte otra vez a principio de octubre pasado, en la que fue la primera caravana desde el comienzo de la pandemia.

Sólo un par de semanas antes Guatemala, país que divide Honduras de México, había abierto sus fronteras después de un cierre de seis meses debido a la pandemia. “En estos meses hubo una baja en los flujos migratorios por el cierre de las fronteras y también por el miedo al contagio de los mismos migrantes”, afirma Marta Sánchez Soler, coordinadora general del Movimiento Migrante Mesoamericano, ong que registró una baja en los flujos migratorios de un 90%. El miedo al contagio sigue entre los migrantes centroamericanos, pero la crisis económica causada por la pandemia es aún más fuerte y los empuja a salir, solos o en caravana, chocando una vez más con las leyes migratorias endurecidas por la pandemia.

“En medio de la emergencia sanitaria actual nuestro deber es garantizar la vida de nuestros ciudadanos ante grupos que pueden vulnerar la seguridad y la vida, por lo que se tomarán las medidas junto con Honduras para contener la violación de las fronteras”, dijo el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei el primero de octubre, al enterarse de que miles de hondureños estaban a punto de tocar las puertas de su país.

Cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala en realidad fue sencillo para Elmer Antonio Rodríguez y los demás integrantes de la caravana migrante, pero las carreteras guatemaltecas estaban llenas de retenes de policía y militares, donde han sido detenidos y deportados.

A Elmer Antonio le tocó en Tecún Umán, poblado que se encuentra en la frontera con México, justo cuando estaba a punto de cruzar la línea. Lo encontré mientras estaba encapsulado por la policía y el ejército guatemalteco con otros cien migrantes que se habían acercado a una estructura gestionada por religiosos para recibir comida. En ningún momento las autoridades que los cercaban los obligaron a regresarse a Honduras, a subirse a unos autobuses de los que colgaba una manta que decía “retorno voluntario”. Sin embargo, la presión los ganó: tras un día entero encapsulados, sin poderse mover y empapados de lluvia, con la certidumbre de que muchos migrantes que iban atrás ya habían sido deportados y no hubieran podido compactarse en la frontera mexicana para cruzarla en caravana, con las amenazas del gobierno mexicano de encarcelarlos por no respetar las medidas de prevención al Covid19 y con muchos albergues de migrantes – estructuras de apoyo gestionados por religiosos – cerrados a causa de la pandemia, Elmer Antonio y buena parte de sus compañeros aceptaron subirse al autobús que los regresó a su país.

“Compadres, ¿son humanos ustedes? ¿Comen o no comen?”, gritó Elmer Antonio a los militares, asomado por la ventanilla. “Lo mismo estamos nosotros, pero tenemos que buscarnos la vida porque no tenemos dinero”.

En el pasado las autoridades guatemaltecas nunca habían bloqueado el camino de la caravana de hondureños, también a causa de un acuerdo de libre tránsito llamado Centroamérica-4, firmado por Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el caso de la caravana del principio de octubre de 2020, el pretexto utilizado para ignorar los convenios internacionales e impedir el paso de los migrantes ha sido la falta de la prueba PCR. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, de los aproximadamente 4 mil migrantes que ingresaron al país por la frontera con Honduras, 3.953 han “retornado voluntariamente”.

Los demás se colaron por las mallas no tan estrechas de la frontera meridional de México, que desde Tecún Umán puede ser atravesada cruzando el río Suchiate en balsa, pagando poco más de un euro. Algunos integrantes de la caravana migrante lo lograron, a pesar de los 300 elementos de la Guardia Nacional mexicana desplegados en la orilla del Suchiate. Otros más patrullaban las carreteras internas, que estaban vigiladas también con drones, según declaró el Instituto Mexicano de Migración.

“No es momento de migrar. Quédense en casa, la pandemia no ha terminado”, ha afirmado Mario Adolfo Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México, quien apareció brevemente en la frontera al momento de la llegada de la Guardia Nacional.

De acuerdo con muchos analistas, el muro de Trump se está corriendo siempre más al sur debido a las presiones del ejecutivo norteamericano sobre México y sobre los países centroamericanos. “La administración de Guatemala ha cambiado política porque no es un gobierno que se mande, es un gobierno que le mandan”, afirma Olga Sánchez Martínez, fundadora del Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante de Tapachula, en México. “Siempre hemos sido presionados por Estados Unidos, es político lo que está pasando aquí”, incide.

Artículo publicado en El Gara el 19.11.2020.

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Cinco ancianos arrastran los pies y se quejan del dolor que les provocan las esposas en las manos mientras entran a una sala de la Torre de Tribunales en la que se les acusará de crímenes de lesa humanidad. Hace cuatro décadas pertenecieron a un ejército que infundía terror y ahora están en el ojo de la justicia en el Tribunal C de Mayor Riesgo.

Benedicto Lucas García, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, y Manuel Antonio Callejas, exjefe de Inteligencia Militar, junto a los altos cargos de la zona militar de Quezaltenango, Francisco Luis Gordillo, excomandante; Edeliberto Letona Linares, exsubcomandante, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar, son los acusados de la desaparición forzada en 1981 del niño Marco Antonio, de 14 años, y del secuestro, violación y tortura de Emma, su hermana, de 21 años.

En el primer día del juicio, a los acusados los acompañaron sus familiares y amigos, quienes creen que el proceso penal es en una persecución con tintes ideológicos. María Elena Winter, la esposa de Lucas García, dice que se trata de un juicio injusto porque gracias a los militares que combatieron el comunismo ‘Guatemala no es hoy una Venezuela’ y confía en que ‘Dios hará justicia de la buena’.

A unos cinco metros, en la misma sala, está Emma Molina Theissen. A sus 58 años se considera una sobreviviente de uno de los regímenes militares más represivos y crueles de América Latina y una buscadora de justicia por su caso y por el de su hermano, quien ahora tendría 50 años. A su alrededor hay familiares y activistas que aplauden su coraje por exigir justicia y no venganza.

Marcela Martino, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dice que el juicio es importante para Emma y su familia, pero también es histórico en Guatemala porque implica ‘la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos que durante décadas permanecieron impunes’ y no deben repetirse.

En el primer día del juicio, los fiscales del Ministerio Público y los abogados de las víctimas acusaron a los militares de cometer el delito de deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violación. Están listos para presentar pruebas, testimonios y peritajes que comprueban la responsabilidad de los militares por los delitos cometidos contra los Molina Theissen.

Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entidad querellante en el caso, expone así el caso: ‘Marco Antonio es uno de los 5 mil niños y niñas víctimas de desaparición forzada. En general, se estima que se sabe dónde están sus restos de 45 mil personas. No hay un registro de todas las agresiones sexuales, pero sabemos que era un método común de agresión durante el conflicto’.

La defensa de los militares pidió que el juicio se realizara a puerta cerrada o por medio de videoconferencias para garantizar la seguridad de los acusados o para que no tuvieran que ser trasladados todos los días del juicio desde la prisión de Mariscal Zavala hasta la torre de tribunales. Alejandro Arriaza, defensor de Francisco Luis Gordillo, también expuso que por la edad de los acusados no era conveniente que se les trasladara a diario en los picops del Sistema Penitenciario. Al final, los jueces denegaron las solicitudes.

La tarde de este jueves, el excomandante Francisco Luis Gordillo se declaró ‘inocente’ frente al tribunal del juez Pablo Xitumul y de los jueces vocales Eva Marina Recinos y Elvis David Hernández.

Ayudado por audífonos, debido a deficiencias en el oído, Gordillo aseguró que nunca tuvo conocimiento de los hechos que le imputa y que tampoco dio o recibió órdenes para detener a Emma o desaparecer a Marco Antonio. El exoficial de inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña Rojas se abstuvo de declarar y los otros tres acusados tendrán la oportunidad de hacerlo el próximo lunes.

Cuerpos como campos de batalla

Guatemala fue el escenario de enfrentamientos durante 36 años de conflicto armado interno. Ejército y los grupos guerrilleros libraron un combate sangriento en las montañas y las ciudades de Guatemala, pero también usaron los cuerpos de las mujeres y los niños como ‘campos de batalla’.

Esa fue la explicación de Alejandro Rodríguez, el abogado de Emma, sobre por qué militares de alto rango se ensañaron contra una joven de 21 años y un niño de 14 y cometieron en un crimen atroz que será juzgado después de tres décadas y media de impunidad.

El 27 de septiembre de 1981, Emma cayó en las manos de una patrulla militar cuando viajaba de la capital a Quetzaltenango. Los soldados detuvieron el bus en el que viajaba y le encontraron documentos de la Juventud Patriótica del Trabajo, una facción de la organización guerrillera Partido Guatemalteco de Trabajo.

Según su abogado, a Emma se le consideró ‘enemiga interna del Estado’ por su militancia política, al igual que a muchos otros activistas quel, sin ser comunistas, luchaban por reivindicar los derechos humanos atropellados por los regímenes militares.

Lo que pasó después de la detención de la joven fue un infierno. La llevaron a la base militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango y la encerraron en un calabozo. Según su testimonio, fue víctima de torturas, violaciones e interrogatorios en los que le exigían datos sobre guerrilleros.

Después de nueve días, la joven había bajado tanto de peso que consiguió deshacerse de los grilletes, escapar y pedir auxilio. Un día después, el 6 de octubre, un comando militar allanó su casa en la colonia La Florida, en la zona 19 capitalina, y se llevó a su hermano Marco Antonio Delante de la madre, los militares engrilletaron al niño y lo subieron a un vehículo. Fue la última que ella lo vio con vida.

La familia se exilió en diferentes países. Durante décadas y desde fuera, los Molina Thiessen buscaron a Marco Antonio, sin resultados. En 1998 empezaron en Guatemala las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes, a partir de una acción interpuesta por la familia, pero las averiguaciones no avanzaban.

En 2000, el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2004, después de una investigación, esa instancia responsabilizó al Estado guatemalteco por el crimen y ordenó dar con los responsables. Sin embargo, fue hasta 20016 que los presuntos responsables fueron detenidos y un año después se ordenó la apertura del juicio.

Un golpe para los militares

El caso Molina Theissen tiene implicaciones con el Ejército más allá de los cinco acusados. Manuel Antonio Callejas aún figura como vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), según el portal electrónico de la organización.

Avemilgua está estrechamente vinculada con el Frente de Convergencia Nacional (FCN), el partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia. Según una investigación de Plaza Pública, hasta junio de 2015, el 37 por ciento de los Q430 mil de financiamiento que FCN-Nación reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), provenía de militares, entre afiliados y candidatos.

Édgar Justino Ovalle, uno de los fundadores de Avemilgua y de FCN, es prófugo de la justicia por el caso Creompaz de desapariciones forzadas ocurridas en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, en los años ochenta.

Los militares han rodeado a Jimmy Morales antes y después de asumir el cargo y sus allegados ocupan puestos clave en las fuerzas armadas (lee esta investigación de Nómadasobre los militares que cogobiernan con Morales). Uno de ellos, el exministro de la Defensa Williams Mancilla, tiene arresto domiciliario y enfrentará juicio por haber concedido un bono de “seguridad” al presidente y a la cúpula militar, él incluido.

Con el juicio que comenzó este jueves, la familia Molina Theissen pretende alcanzar la justicia y castigar a los militares responsables de los crímenes en su contra. Pero también quieren encontrar los restos de Marco Antonio y darles una sepultura digna, aunque eso signifique buscar, una vez más, en las entrañas de las bases militares.

Artículo publicado en Nómada el 2.03.2018

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“Mi familia y yo podemos perder la esperanza de encontrar a nuestro familiar vivo, pero no que algún día se haga justicia. Ha habido personas e instituciones que han sido responsables”, afirma Juan Humberto. Tras el hallazgo de las fosas comunes en la base militar de Cobán, el 6 de enero pasado, fueron detenidos 14 ex altos mandos del ejército guatemalteco por desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, supuestamente ocurridos durante el conflicto armado interno de la década de 1980. El 3 de mayo empezará el juicio en contra de 11 de ellos.

Juan Humberto Botzoc Che aún era un niño en febrero de 1982, cuando el ejército desapareció a su tío. Él y su familia habían sido despojados y desplazados por un finquero apoyado por las autoridades, y durante un año vivieron en la montaña a la intemperie. Su tío Marcos decidió regresar un rato a su aldea de origen, para poder cosechar café y cardamomo. Fue en esa ocasión que el ejército se lo llevó, frente a su hija de siete años.

Hoy Juan Humberto, que es maya q’eqchi’, lucha por los derechos de los pueblos indígenas guatemaltecos y es director de la Asociación Maya para el Desarrollo Integral Comunitario (Asomadic). En 2012, el activista presenció la primera fase de la exhumación de las fosas comunes en la ex Zona Militar 21 que hoy, casi sarcásticamente, alberga el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz) de las Naciones Unidas. Entre aquellas osamentas amontonadas, con la cara vendada, las manos y los pies amarrados, Juan Humberto buscaba el recuerdo de su tío Marcos.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS

Viajando por las carreteras de Alta Verapaz, entre los carteles publicitarios de tiendas y fast food, llama la atención el de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG): “¿Tienes un familiar desaparecido? Llama al 1598, con una muestra de tu saliva podemos identificarlo”.

Los pasillos de la FAFG están repletos de cajas de osamentas que no caben en sus almacenes. En sus 25 años de actividad, los forenses independientes encontraron fosas comunes en 41 destacamentos militares, con un total de 1460 personas. En Creompaz han sido exhumadas 565 osamentas, y aunque ya se concluyeron las excavaciones y se identificaron más de 100 individuos, aún no se terminó el análisis genético.

Cada osamenta que llega al laboratorio de la FAFG pasa por los rayos X, luego se limpia, se analiza y su ADN entra en una base de datos, para que se pueda comparar con las muestras de salivas dejadas por las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. El análisis del ADN permite acercarse al grupo familiar de la persona, pero para entender quién era hace falta la memoria de sus seres queridos. En entrevista con antropólogos sociales revelan el sexo del fallecido, edad, estatura, su ocupación, sus enfermedades y si ha tenido accidentes. Todo lo que pueda haber dejado alguna huella en sus huesos.

Una vez identificada la osamenta, la FAFG la devuelve a los familiares. La mayoría son indígenas mayas, que tienen que despedirse de sus muertos de acuerdo a su cosmovisión para permitirles la entrada al xibalbá, el mundo subterráneo.

“Los familiares visten la osamenta como en un velorio, como si fuera un cadáver recién fallecido. Muchas veces organizan funerales de grupo donde los sobrevivientes cargan el ataúd por las calles del pueblo”, explica José Samuel Suasnavar, subdirector de la FAFG. Luego señala un fragmento óseo que una colega está limpiando con una brochita. “Este es todavía un niño”, observa, e indica a otro: “Esto es una cosa aún más pequeña, no sé si llegó a nacer”.

Una vez limpiadas, las osamentas se disponen en la mesa del laboratorio de osteología para analizarlas y sacar una muestra de ADN.

“Creompaz, diciembre de 2015”, dice el cartel al lado de una osamenta, señalando la fecha y el lugar de su hallazgo. Después de más de tres años y medio excavando, en Creompaz se seguían encontrando muertos.

“NO HUBO GENOCIDIO”

La Asociación de Viudas y Huérfanos del Ejército de Guatemala (Asovigua), agrupación cercana al actual presidente, Jimmy Morales, se reúne frente al Palacio de Justicia de la capital cada vez que se celebran procesos en contra de militares. Expresan su solidaridad a los enjuiciados con pancartas que dicen “Exigimos libertad para los que nos liberaron del comunismo”, y se indignan de que el Ministerio Público esté persiguiendo a personas que debería premiar por haber hecho de Guatemala “un país libre e independiente”.

Nora Rosales es hija del coronel Gustavo Alonzo Rosales García, que se encuentra en prisión preventiva tras su detención en el marco del caso Creompaz. La mujer recuerda el asombro que la colmó en la mañana del 6 de enero pasado, cuando la policía vino por su anciano padre. “El señor de la policía ofreció disculpas por llevarse a mi papá con grilletes, dijo que sabía quién es”, afirma.

Nora Rosales recuerda haberse mudado con su familia a Cobán cuando era niña, en 1979, y haber vivido allí ocho años mientras que su familiar prestaba servicio en la antigua Zona Militar 21. Asegura que su papá es inocente, que no tiene nada que ver con las fosas comunes y que siempre ayudó a los indígenas.

“Pedimos que las autoridades de justicia dictaminen de acuerdo al derecho, que coloquen jueces imparciales. La jueza Jazmín Barrios ya demostró su parcialidad por el socialismo”, denuncia Nora Rosales. La mujer revela la existencia de un complot de “la izquierda” —grupo supuestamente conformado por exguerrilleros, jueces, ONG, testigos y demandantes—, cuyo objetivo es descalificar al ejército guatemalteco.

—¿Usted afirma que es una mentira que existan fosas comunes en Creompaz? —pregunto.

—Mi teoría es que las osamentas fueron trasladadas desde un cementerio. Las pruebas están manipuladas, han sido sembradas.

Juan Carlos Garavito está de acuerdo con ella. El hijo del coronel Carlos Augusto Garavito Morán, también detenido en el marco del juicio Creompaz, afirma que las ONG y los demandantes llevan 20 años viviendo como parásitos, y que con sus mentiras sólo quieren obtener una indemnización millonaria del Estado. Está convencido de que no tiene sentido celebrar juicios sobre hechos supuestamente ocurridos hace tanto tiempo, que hay que voltear página y dejar en paz a los militares por ser hombres ancianos, además de inocentes. “No hubo genocidio. En Guatemala tuvimos un conflicto armado interno donde seguramente en los dos bandos se dieron violaciones, pero no fue algo que el ejército planificó, como afirma el Ministerio Público. Además, los juicios son sólo en contra de militares, no hay nada en contra de la izquierda”, afirma el hombre.

RECONOCER LA VERDAD Y SANAR LAS HERIDAS DEL PASADO

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada en 1994 tras un acuerdo entre el gobierno, los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y las Naciones Unidas, el 93 por ciento de las más de 200 000 víctimas del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) fueron causadas por el ejército. Con su trabajo, la CEH quiso dar luz sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto guatemalteco y concluyó que, a través de sus agentes, el Estado guatemalteco cometió actos genocidas en contra de población civil.

El periodo más duro del conflicto fue entre 1982 y 1983, cuando el general golpista Efraín Ríos Montt impulsó su política “de tierra arrasada”, para acabar con las guerrillas “quitándole el agua al pez”. Las páginas escritas por la CEH cuentan de aldeas quemadas, cuerpos empalados y bebés estrellados contra las piedras para matarlos. En mayo de 2013, la jueza Jazmín Barrios condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio, pero pronto la Corte Constitucional ordenó la repetición del juicio.

“Fue un hecho lamentable para la justicia nacional, una decisión más política que jurídica”, afirma Iduvina Hernández, de la organización no gubernamental guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem). “La identificación del delito de genocidio quedó plenamente probada en el tribunal, el sistema de justicia, hasta el Tribunal de Mayor Riesgo, estaba convencido de que se trató de genocidio. No es cierto que la sentencia se anuló, se planteó que el caso retrocediera a etapas que ya habían sido superadas, yendo contra toda doctrina de derecho”.

En Guatemala han sido cometidas 626 masacres y una de la más brutales ocurrió el 14 de mayo de 1982 en la aldea de Río Negro, donde la población se oponía a la construcción de una represa. El ejército se llevó a un grupo de mujeres y niños con los helicópteros a un lugar que se desconocía, hasta que en 2012 la FAFG encontró osamentas de la población de Río Negro en las fosas comunes de la antigua Zona Militar 21 de Cobán.

“Los juzgadores expresamos que creemos firmemente que el reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado”, ha declarado la jueza Jazmín Barrios. “La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de derecho en nuestro país, haciendo conciencia de que este tipo de hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas”.

LA MANO DERECHA, EXONERADA

Ríos Montt y Creompaz no son los únicos juicios con que Guatemala está procesando su pasado. El 6 de enero, el mismo día en que fueron detenidos los 18 militares que operaban en la ex Zona Militar 21, otros cuatro mandos del ejército fueron apresados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años, ocurrida en octubre de 1981.

Además, el 1 de febrero, en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia de la Ciudad de Guatemala empezó otro juicio a uniformados, llamado Sepur Zarco. Quince mujeres maya q’eqchi’, ya ancianas, acusaron a dos militares de delitos contra la humanidad en su forma de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica. Estaban sentadas en silencio, con los rostros cubiertos por chalinas, mirando a sus verdugos: el exjefe de los comisionados militares Heriberto Valdez Asij y el exteniente Steelmer Reyes Girón.

El 26 de febrero, entre los aplausos del público, desde su estrado la jueza Jazmín Barrios cerró el juicio Sepur Zarco condenando a los dos militares a un total de 360 años de prisión.

Sorprende que en un país como Guatemala, donde la impunidad prevalece y los gobiernos van de la mano con los militares, se celebren procesos de este tipo. Sin embargo, a inicios de 2016, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alfredo Sosa Díaz, planteó un amparo en la Corte Constitucional en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. La norma prevé que los delitos de lesa humanidad, como genocidio y desaparición forzada, sean imprescriptibles. La Corte decidió no suspender la ley y seguir procesando a los uniformados, pero el gesto del general revela la preocupación de la cúpula militar frente a la ola de juicios que está golpeando al ejército.

Una ola que estalla también en contra de personalidades cercanas a Jimmy Morales, político conservador que gobierna Guatemala desde el 14 de enero pasado. Una semana antes de la toma de posesión de Morales, el Ministerio Público presentó un antejuicio en contra de Édgar Ovalle Maldonado, mano derecha del presidente y diputado electo de su partido. El pedido fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia y Ovalle Maldonado no será juzgado.

“Se pidió antejuicio en contra de Ovalle Maldonado en el marco del caso Creompaz, por haber sido oficial de inteligencia durante la época en que se enterraron cadáveres de forma clandestina en el recinto militar de la ex Zona Militar 21 de Cobán. El oficial de inteligencia es el que se encarga del interrogatorio de los prisioneros, es el que dispone sobre su destino, así que Ovalle Maldonado tiene una responsabilidad directa”, explica Hilda Pineda, joven agente fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.

En 2010, con el nombramiento de fiscal general de Claudia Paz y Paz —que hoy integra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que está investigando el caso Ayotzinapa— en Guatemala se creó un clima que favoreció la independencia de los órganos judiciales, aprovechado sobre todo por mujeres, a pesar de que las condiciones políticas no sean favorables.

“En este momento tal vez las condiciones políticas no son las más idóneas, pero hay organismos independientes dentro de la administración de justicia que están dispuestos a que los casos se conozcan”, afirma la fiscal Hilda Pineda. “El Ministerio Público tiene pruebas de que hubo violaciones a los derechos humanos, y los tribunales, con su independencia judicial, están aceptando los casos”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 10.04.2016.

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