José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, dos indígenas tzeltales de Chilón, Chiapas, fueron condenados a dos años de prisión por el delito de motín. De acuerdo con el juez de Ocosingo, el 15 de octubre de 2020 se encontraban al frente de un grupo de personas que estaban bloqueando una carretera para manifestarse en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio y gritaban consignas, llevaban palos y machetes y lanzaban piedras en contra de los policías, causando heridas a dos agentes estatales. 

Tras dar a conocer la sentencia, el juez informó que aceptaría parcialmente los argumentos de la defensa y determinó que los hombres pudieran salir libres después de pagar una multa de poco más de 2 mil pesos. La defensa, en tanto, reclamó que no se reconociera la inocencia de los acusados.

“No hay que confundir el motín con el derecho a protestar y a exigir de manera pacífica, que está reconocido por la Constitución y por tratados internacionales. José Luis y César son víctimas de un sistema de justicia que fabrica culpables y que usa el delito de motín para criminalizar personas inocentes”, dijo en su alegato de clausura Jorge Luis López López, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante legal de César Hernández. 

De acuerdo con el abogado, los dos campesinos se estaban manifestando pacíficamente y la investigación del fiscal ha sido deficiente, pues no hay pruebas como fotografías o grabaciones que comprueben su responsabilidad, sino solo testimonios de los policías involucrados, y no se demostró la calidad de los peritos y los legistas que aportaron los elementos que llevaron a la condena.

Megaproyectos y militarización de la región tzeltal

César y José Luis son campesinos y defensores. Su lucha es en contra de los megaproyectos que afectan al territorio tzeltal, en especial de la Carreteras de las Culturas. Se trata de una obra que conectaría la ciudad costeña de Pijijiapan con Palenque, en la selva Lacandona, pasando por Tuxtla Gutiérrez y la región montañosa de Los Altos, y que funcionaría como infraestructura de enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

El sueño de construir una autopista para impulsar el turismo y el tráfico de mercancías entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque —actualmente enlazados por una carretera llena de curvas y topes, que toma cinco horas cruzar— se remonta a la época del gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012). Fue truncado en 2008 a causa de la oposición de las comunidades de la región, muchas de las cuales son zapatistas o están articuladas alrededor de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El proyecto fue retomado por la actual administración y ampliado en unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca. 

Fue entonces cuando las resistencias se reavivaron y la represión se volvió a activar: en noviembre de 2020 fueron detenidos César y José Luis, y en junio de 2022 le tocó a cinco pobladores de San Juan Cancuc, otra comunidad tzeltal que ha denunciado la militarización de su territorio y se ha declarado en resistencia en contra del paso de la Carretera de las Culturas. Justo en estas semanas, los cinco están enfrentando un juicio por el supuesto homicidio de un policía. 

“Pusieron un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón para intimidarnos”, dice uno de los jóvenes tzeltales que han viajado hasta Ocosingo para apoyar a José Luis y César con rezos y oraciones afuera del juzgado. Está convencido de que las detenciones de sus compañeros buscan inmovilizarlos, mantenerlos con miedo a ser arrestados.

Siete de los 21 cuarteles que hasta el momento se planea construir en Chiapas están ubicados a lo largo de lo que podría ser el trazado de la Carretera de las Culturas: en los municipios de Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya.

“La presencia militar en regiones mayoritariamente indígenas nos preocupa, sobre todo en contextos de conflictos comunitarios que para su resolución ameritan estrategias en una lógica muy distinta a la militarización, y más a resolver las demandas de justicia social de las comunidades”, dice César Contreras León, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que promovió un amparo en contra de la presencia de la Guardia Nacional en Chilón, al argumentar que no existe un diagnóstico que muestre la presencia en este municipio de un índice delictivo tan alto como para erigir un cuartel. 

De acuerdo con los ejidatarios, este amparo que todavía no se resuelve logró parar la inauguración del cuartel pero no su construcción: ya está listo, aunque no está en sus plenas funciones. 

“En ningún momento el presidente municipal Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo (de Morena) consultó la construcción del cuartel ante los ejidatarios de los dos ejidos que conforman el municipio de Chilón: San Jerónimo y San Sebastián Bachajón. Lo consultó solo con unas pocas personas”, afirma Alejandro Gómez López, agente municipal de San Jerónimo Bachajón. 

Denuncia que el proyecto fue impuesto y generó divisiones entre los pobladores, que ya conocen las consecuencias de la militarización: en los 90, tras el alzamiento zapatista, en Chilón se construyó un cuartel. Los militares se la pasaban borrachos e intimidaban a la gente, violaban a las jóvenes y las embarazaban. En 2007, a través de la movilización, la población de Chilón logró que el cuartel cerrara.

Una sentencia agridulce

El 15 de octubre de 2020, César y José Luis se encontraban frente a la tienda San Jacinto en el crucero de Temó, a lo largo de la carretera que conecta Ocosingo con Palenque, cuando la policía rompió una manta de los ejidatarios y empezaron a volar piedras y palos. En el caos, los dos campesinos fueron golpeados, arrastrados y metidos a la góndola de una patrulla, como muestra un video que circuló entonces en redes sociales y que no fue admitido como prueba durante el juicio. Fue en la góndola donde se conocieron. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los torturaron nuevamente. 

César y José Luis estuvieron dos días incomunicados y sin comida. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a un vehículo donde pasaron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, y las manos cruzadas en la nuca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, dijeron los policías a los dos campesinos, que durante un rato que pareció infinito pensaron que iban a ser desaparecidos. Su destino era, en realidad, el CERSS El Amate, donde permanecieron 16 días, hasta que les fue otorgada la libertad condicional. 

Durante la audiencia intermedia, el juez no admitió a juicio las pruebas de las torturas y afirmó que las lesiones que los dos campesinos presentaban se las habían causado ellos mismos.

La sentencia fue agridulce para José Luis y César: ahora tienen antecedentes penales, pero pudieron regresar a sus comunidades en lugar de ser trasladados a la cárcel. “Me siento tranquilo, aunque esta sentencia no es justa”, dijo José Luis al salir del Juzgado de Control de Ocosingo, luego se conmovió. 

Sabe que regresará con su familia, pero ya nada es como antes: las torturas afectaron tanto a su espalda que no puede trabajar y su milpa está abandonada. También César tiene secuelas: le duele el abdomen cada vez que carga leña y le preocupa todavía más no poder dejar de pensar en lo que le tocó vivir. Al mismo tiempo, sabe que la vida sigue: en un mes tendrá a su bebé y le da fuerza la certeza de poder acompañarlo.

Artículo publicado en Animal Político el de mayo de 2023.

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“Estamos en contra del cuartel de la Guardia Nacional porque trae problemas: ejecuciones y todo tipo de violencias en contra de la población local, alcoholismo, drogadicción y prostitución”, afirma José Luis Gutiérrez Hernández, que como Cesar es militante de la organización católica Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). “Lo sabemos porque en nuestro territorio ya tuvimos un cuartel militar. Lo construyeron en los 90 tras el levantamiento del EZLN y con la lucha logramos que se cerrara, pues nos trajo muchos problemas”.

José Luis contaba su historia, sentado en una banca de la iglesia de la comunidad de Pamal Nahbil, municipio de Chilón, un templo nuevo y monumental en el medio de la Selva Lacandona. José Luis, Cesar y el Pueblo Creyente de Chilón estaban esperando a que parara la lluvia que azotaba el techo de lamina de la iglesia, y así poder emprender el Via Crucis que organizaron para el 8 de abril: 4 kilómetros de procesión, hasta la comunidad de San Miguel C’anxanil, en contra de los megaproyectos y la militarización, y para pedir libertad absoluta para los dos defensores comunitarios.

Cuando los dos militantes de Modevite se conocieron en la sede de la Policía Estatal Preventiva de Ocosingo, no podían imaginar que durante 17 días compartirían una celda en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) El Amate, ni que a un año y medio de su tortura y detención arbitraria hubieran seguido en libertad condicional: ahora viven en sus comunidades, pero tienen la obligación de firmar cada dos semanas en el Juzgado de Control de Ocosingo, que se encuentra a horas de viaje de sus hogares.

A pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas tseltales, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí construyó el cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón. Fue autorizado únicamente por el comisariado municipal y el presidente municipal de Chilón, pero a pesar de que está terminado es el único de los diez cuarteles chiapanecos que todavía no ha sido inaugurado. Esto se debe con toda probabilidad a la demanda de amparo en contra del cuartel interpuesta por el CDH Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y al CDH Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que tomaron la defensa legal del pueblo indígena tseltal.

“Cancelación del cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián”, se lee en una de las pancartas que acompañaban el Via Crucis del viernes, que finalmente se realizó adentro de la iglesia de Pamal Nahbil, pues el frente frío que cayó como un balde de agua en la Lacandona no permitió llevar a cabo la procesión al aire libre. Las demás pancartas pedían la exoneración de los cargos en contra de José Luis y Cesar, el fin de la militarización del territorio tseltal y la prohibición a la entrada de empresas transnacionales intencionadas a construir hidroeléctricas o a explotar los manantiales, como la Coca Cola.

El próximo sábado, Cesar y José Luis se encontrarán una vez más en el Juzgado de Control de Ocosingo para firmar. “El pasaje para Ocosingo es caro y difícil de sostener para nuestras familias”, dice Cesar Hernández Feliciano. Cada vez que viajan a Ocosingo, a los dos defensores comunitarios les toca revivir la violencia y las humillaciones que sufrieron durante los días de su arresto y detención.

Artículo publicado en Desinformémonos el 11.04.2022

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Cesar guardó el pozol en su morral mientras observaba la lluvia de piedras que los policías lanzaban en contra de los manifestantes, e intentó resguardarse en la tiendita. No lo hizo a tiempo: una macana lo golpeó y un grupo de policías lo arrastró, pateó y subió a la góndola de una patrulla. Luego lo trasladaron a otra, donde el campesino y catequista, militante de la organización Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), conoció a José Luis Gutiérrez Hernández, otro ejidatario que había sido detenido. Tenía una herida profunda en la cabeza. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los acusaron de motín. Pronto las torturas empezaron otra vez.

“¡Eres el líder de Modevite!”, gritaban los policías mientras lo golpeaban con una macana, detrás de la reja de su celda.

“No hay líderes en Modevite”, respondía él ante los golpes.

“Estás mintiendo, cabrón”, y llegaba otra golpiza.

César y José Luis estuvieron dos días sin comer ni tener contacto alguno con el externo. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a una urvan blanca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, los amenazaron los policías.

“Está bueno, después de nosotros van ustedes”, contestó César.

Estuvieron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, las manos cruzadas en la nuca. “Parecía una desaparición forzosa, pero no tenía miedo pues tenía fe en Dios”, dice César Hernández. 

Fue llegando al CERSS “El Amate” que la tristeza empezó a asomarse. Las pesadillas espantaban sus noches y las marcas en su cuerpo no paraban de recordarle los golpes. Le costaba caminar y para pararse de pie tenía que escalar la pared con las manos. Hasta hoy en día, César no puede cargar mucha leña porque el abdomen le arde. 

Consecuencias de militarización

Los habitantes de Chilón conocen las consecuencias de la militarización. En 1995, tras el levantamiento del EZLN, Sedena construyó un cuartel en esta zona de la Selva Lacandona poblada por indígenas tseltales, que fue cerrado en 2007 justo a causa de la oposición de la población.

“La presencia de los militares nos afectó mucho, sobre todo a las muchachas. En vez de ir a la escuela iban con los soldados, muchas se quedaron embarazadas y los militares no se hicieron cargo de sus hijos. Por esto no queremos el cuartel de la Guardia Nacional”, dice Pascuala Vázquez Aguilar, integrante de Modevite y concejala del Gobierno Comunitario de Chilón.

Se trata de un órgano de autogobierno tseltal impulsado por Modevite, que justo este 20 de noviembre celebró su cuarto aniversario. Fue elegido por usos y costumbres, trabaja de forma paralela al gobierno municipal partidista y pide una consulta para que se le reconozca su derecho a gobernar sobre su territorio de forma exclusiva.

El Gobierno Comunitario de Chilón se opone a los megaproyectos y a la presencia del cuartel de la Guardia Nacional, que ya ha sido construido por orden de Sedena –en lugar que de una instancia civil, como lo prevé la Constitución- a pesar de que no hubo consulta previa, libre e informada. Quienes aprobaron su instalación fueron únicamente el comisariado municipal y el presidente municipal, que entregaron el territorio a la Guardia Nacional con un contrato de comodato -o sea sin realizar ningún cobro- de 30 años prorrogable por otros 30 años.

“Las cifras de violencia e inseguridad en Chilón no justifican la imposición de un cuartel y la presencia castrense en este territorio”, afirma en rueda de prensa César Contreras del Centro Prodh, que junto con el Centro de Derechos Humanos Frayba asumió la defensa legal de César Hernández y José Luis Gutiérrez, y el acompañamiento jurídico de las comunidades tseltales. “La pregunta es: ¿cuáles son entonces los objetivos de la instalación de este cuartel? ¿A quiénes o a qué proyectos está cuidando?”.

De acuerdo con el gobierno comunitario de Chilón, los megaproyectos en juego son varios. “El comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anda diciendo en las asambleas que la empresa Coca Cola llegará para explotar un ojo de agua para producir refrescos”, afirma la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

Chilón sería además atravesado por la Carreteras de las Culturas, infraestructura que es parte de un megaproyecto que retoma la ambición que Fonatur tiene desde 2000 de construir una autopista entre las ciudades turísticas de San Cristóbal de Las Casas y Palenque, para transformar Chiapas en una “nueva Cancún”. 

El proyecto carretero se congeló en 2008 por la oposición de las comunidades, pero la actual administración decidió ampliarlo de unos 300 km, hasta la ciudad costeña de Pijijiapan. La autopista permitiría a los turistas viajar ágilmente de las playas chiapanecas a los sitios arqueológicos y balnearios de la Selva Lacandona, y funcionaría como enlace entre el Corredor Transístmico y el Tren Maya. A lo largo de esta carretera habría siete cuarteles de la Guardia Nacional: en Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya. 

Los autores y autoras del documento “Militarización del Sureste Mexicano” del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica expresan una fuerte preocupación por el crecimiento del poder de los militares – y de la Guardia Nacional, que por el 76% está compuesta por elementos de las fuerzas armadas- durante este sexenio. “Cuando dentro de tres años este Gobierno terminará, los militares ya habrán ocupado regiones enteras del país”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM y coautora del documento. “No sé quién va a poder desmontar ese poder, o a regresarlo a sus niveles anteriores, que tampoco era poco”.

De acuerdo con el Centro Prodh, en Chiapas ya fueron erigidos –sin consulta– 10 cuarteles de la Guardia Nacional y se planea construir 21 de los 300 cuarteles que en unos años tendremos en todo el territorio nacional.

“El cuartel de Chilón es el único que todavía no se inauguró en Chiapas, pensamos que nuestro amparo está frenando su entrada en funciones”, dice Victorico Gálvez Pérez del CDH Frayba. Junto con el Centro Prodh, en noviembre de 2020 el Frayba interpuso un amparo, que todavía no se resolvió, en contra de la presencia del cuartel en territorio tzeltal y en contra del despliegue de actividades militares en general. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron en la investigación de las torturas que César y José Luis sufrieron, y el Ministerio Público llegó a afirmar que las lesiones fueron producidas por ellos mismos.

Los dos indígenas tseltales están firmes en su lucha y en su exigencia de que el proceso judicial en su contra cese inmediatamente. César Hernández celebra el cambio de medidas cautelares que obtuvo hace un año, pero viajar cada dos semanas hasta Ocosingo para firmar en el Juzgado de Control le resulta muy caro y la prohibición de salir de su municipio lo hace sentir enjaulado. Los días pasan lentos entre el trabajo en la milpa y su casa. 

“Cuando estoy aquí sentado me viene a la mente todo lo que me pasó y me pongo a llorar”, dice César. Ni siquiera aquí, en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, donde con su esposa sembró flores violetas y naranjas, halla paz.

Artículo publicado en Pie de Página el 25.11.2021

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