Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto? 

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos. 

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

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Un bebé gordito sonríe en el fondo de pantalla del celular de Jeison Murillo Pachón. Es su hijo. Nació hace pocos meses en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en el Departamento de Tolima. Se trata de una de las 24 “aldeas” donde viven una parte de los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la firma de los acuerdo de paz con el gobierno colombiano y la entrega de sus armas.

El bebé de Jeison es uno de los 90 niños que nacieron en el ETCR Antonio Nariño: en los meses siguientes a la firma de los acuerdos se registró un verdadero baby boom entre los ex combatientes. Les dicen “hijos de la paz”. “Estamos construyendo un jardín autogestionado, casi todas las instalaciones que se encuentran aquí lo son. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no nos ha apoyado”, afirma Jeison Murillo.

La postguerra en Colombia se caracteriza por numerosos incumplimientos por parte del Ejecutivo de los Acuerdos de La Habana. Más aún ahora que el Gobierno está dirigido por Iván Duque del ultraderechista Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que intentó poner trabas al acuerdo desde el comienzo de las negociaciones de paz con las FARC. 

Jeison Murillo Pachón tiene 40 años, un par de gafas rectangulares y una barba espesa y bien cuidada. Mientras habla se pasa su celular de una mano a la otra como si fuera una pelota antiestrés. Cuando combatía en el frente urbano Antonio Nariño era conocido como Alirio Arango. La vida de combatiente es para él un recuerdo muy lejano: en 2003, un compañero lo entregó al ejército, que lo capturó en Bogotá acusándolo de haber organizado una serie de atentados contra miembros del gobierno, instalaciones militares y de policía, centros comerciales, hoteles, empresas de transportes público y medios de comunicación.

Murillo Pachón se encontraba en su celda en agosto de 2016, cuando supo que en La Habana la cúpula de las FARC-EP había llegado a un acuerdo con el gobierno. Pensó que difícilmente iba a ser algo solido, le parecía imposible que su organización dejara de luchar con el Estado colombiano. Se equivocaba.

Proceso irreversible.

A diferencia de ocasiones pasadas, el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil parece hoy irreversible, aunque sigue siendo incompleto y está atravesando muchas complicaciones. “Los ETCR son la demostración más palpable de la voluntad de las FARC-EP de cumplir lo pactado”, afirma. De hecho, casi todos los ex combatientes han aceptado lo pactado en La Habana y se han concentrado en las ETCR, donde hace dos años entregaron casi 9 mil armas. 

Con ellas, la artista colombiana Doris Salcedo creó un “contramonumento” que se puede apreciar en el centro de Bogotá. Se llama “Fragmentos” y consiste en una habitación cuyo piso está formado por 1300 placas de metal fundido de estas armas aplastadas a martillazos por mujeres que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado. “Fragmentos” se puede caminar para percibir la dureza y la frialdad de su superficie, y el silencio que la rodea. 

De todos modos, en Colombia la guerra no se ha acabado realmente: el Estado sigue combatiendo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el país está constelado de Grupos Armados Organizados, organizaciones criminales herederas de las narcoparamilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La violencia sigue azotando el país y, en especial, a los movimientos sociales: 59 lideres sociales han sido ejecutados en los primeros 4 meses de 2019, frente a 81 en el mismo periodo del año anterior. Además, se ha matado a 133 ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación. 

“Mataron a muchos compañeros pero ya no es exterminio, como ocurrió en pasado”, afirma Jeison al recordar lo ocurrido con la Unión Patriótica (UP), el partido creado por las FARC-EP tras los llamados “acuerdos de la Uribe” de 1984 que enfrentó una verdadera matanza con el asesinato de miles de militantes.

“Yo no renuncié al socialismo”

Lo que sí terminó con la firma de los acuerdos de paz de La Habana es la guerra entre el gobierno y las FARC-EP, aunque una parte de los combatientes decidieron no entregar sus armas. Les llaman “disidencias de las FARC” y se calcula que son unas mil personas las que no aceptaron lo acordado y siguen combatiendo al Estado, financiándose en buena parte con el dinero proveniente del narcotráfico. Están reclutando militantes y expandiendo su base, y acusan a la ex cúpula guerrillera de haber traicionado los principios socialistas al aceptar los acuerdos de La Habana. “Sabemos que no es cierto que traicionamos al proyecto socialista como ellos dicen”, explica Jeison Murillo Pachón. “Yo no renuncié al socialismo, en ningún momento las FARC-EP dijimos que la única vía para el socialismo es la vía armada”, subraya.

Actualmente, la guerrilla más longeva del mundo eligió la opción electoral como vía para el socialismo. En 2017 formó su partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que en sus primeras elecciones tuvo que enfrentarse a una rotunda derrota: sólo el 1.5% de los votantes lo eligieron. Sin embargo, los acuerdos de paz aseguran al partido FARC diez escaños en el Congreso a pesar del resultado de los comicios.

“No se sale de ser una guerrilla durante 54 años a ser el partido más votado en el país. Y no se sale de hacer la guerra – donde nuestro único contacto con las elecciones era quemar urnas u obligar los elegidos a renunciar a su cargo – a tener todo el respaldo del pueblo en las urnas”, afirma Jeison Murillo Pachón al comentar la derrota electoral.

Lo que sí preocupa a este ex combatiente son los incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados, que empezaron – asegura – desde el día en que unos 6 mil guerrilleros y guerrilleras aceptaron reincorporarse a la vida civil y marcharon desde sus campamentos rumbo a los ETCR, entonces llamados Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). 

A principios de 2017, unas 300 personas marcharon desde el Departamento del Meta, por última vez en armas, a un terreno trepado en la montaña del Departamento de Tolima, en la vereda La Fila, a una hora de carretera sin asfaltar del pueblo de Icononzo. El Ejecutivo debería de haberles entregado casas y servicios. De acuerdo con lo pactado, el día de su llegada, la ETCR Antonio Nariño ya tenía que estar lista. Pero no había nada. La construyeron por su cuenta los ex guerrilleros, con el  material que el gobierno les entregó y que en buena parte está hecho con asbesto, material que en otros países ha sido prohibido por provocar cáncer.

Hoy en día, el ETCR Antonio Nariño tiene un restaurante, una tienda con billar, un hospedaje, un auditorio, baños comunales y casas. Algunas son muy sencillas – una litera, un mosquitero, la comida guardada en una reja – otras están más cuidadas y tienen pequeños lujos: televisores, masetas colgadas, muebles un poco más finos, lavadoras. Hay quienes sembraron hortalizas frente a su casa y quienes han construido un porche o un techado donde estacionar su moto.

Muchos edificios están adornados con murales, que recuerdan a comandantes de las FARC muertos en combate, o el Che Guevara, o Simón Bolívar; otros tienen pintada una hoz y martillo o una rosa, símbolo del nuevo partido nacido de la ex guerrilla.

Alrededor del ETCR Antonio Nariño se extienden las montañas del Tolima con su vegetación tropical. Los habitantes cuentan que cuando las FARC estaban en armas, en la zona había mucha violencia. Pero ahora la región está tranquila, a parte algunos casos de delincuencia común. Quizá también por esto, y a diferencia de otras regiones de Colombia donde los pobladores no ven de buen ojo la presencia de las “aldeas” de ex combatientes, en Icononzo no hay tensiones entre la población y las personas que viven en el ETCR. De ellos piensan que son campesinos, personas comunes y corrientes.

“Mucha gente [ex guerrilleros] se ha sentido obligada a salir de acá para buscar alternativas económicas a causa de la precariedad de la reincorporación”, sostiene Jeison Murillo Pachón, quien critica los fallos del gobierno en su apoyo a las cooperativas impulsadas por los ex guerrilleros, lo que les permitirían tener una entrada económica e insertarse nuevamente en la sociedad de forma colectiva. “Aquí tenemos tres cooperativas con varios proyectos: una agropecuaria, una multiactiva de manufactura, una multiactiva de servicios, una fundación de cultura y una asociación productora de cerveza”, enumera.

Sólo un proyecto aprobado 

De todos estos proyectos, sólo uno ha sido aprobado por el gobierno, los demás han sido impulsados de forma autónoma. En total, de los 52 proyectos productivos colectivos presentados a las mesas técnicas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) por los ex combatientes de los 24 ETCR, únicamente 17 fueron aprobados y financiados por el gobierno. Y de los 13.039 excombatientes en proceso de reincorporación apenas 366 han sido beneficiados. 

El futuro les preocupa un poco a Jeison Murillo y a sus compañeros: a partir del 15 de agosto, el gobierno colombiano ya no estará obligado a apoyar económicamente a los 13 mil integrantes de las FARC que están participando en el proceso de reincorporación – actualmente les entrega unos 200 euros al mes – y se acabará la figura legal de las ETCR. El presidente, Iván Duque, afirma que el Estado comprará el predio donde se encuentra el ETCR Antonio Nariño, que hasta ahora está en arriendo, además de los terrenos donde se encuentran otras 12 “aldeas” de las ex guerrilla, para que puedan consolidar su presencia en estos territorios. Las restantes 11 ETCR deberán de reubicarse en otras regiones, pues no hay condiciones para que se queden. Un anuncio que ha generado malestar entre quienes llevan más de dos años en sus nuevos hogares, intentando acostumbrarse a su nueva vida sin armas. 

Artículo publicado en El Gara el 5 de julio de 2019.

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No habiendo más, con mi marido me acuesto», afirma Chiqui al comentar su nueva casa de paredes de cartón en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, en el departamento colombiano del Cauca. Allí, hoy en día viven unos centenares de exguerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chiqui es una mujer bajita y enérgica de cincuenta años, que ha militado en la guerrilla durante cuarenta: cuando era niña entró en el M19 y, cuando éste se desmovilizó, se incorporó a las FARC. «Nunca he creído en las desmovilizaciones», afirma la excombatiente. «En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan doscientos años en el poder. Y no creo que el Gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió», añade.

Sin embargo, esta vez Chiqui ha aceptado los acuerdos firmados en setiembre de 2016 entre los mandos guerrilleros y el Gobierno colombiano, y ha decidido desmovilizarse. Con su perro Morocho y sus compañeros de la columna móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC, en enero dejó la montaña donde combatía y marchó hasta uno de los veintiséis puntos donde los acuerdos de paz establecían que se concentraran las FARC durante seis meses, para entregar sus armas y desmovilizarse paulatinamente.

Una vez que los combatientes llegaron allí se tuvieron que enfrentar con el primer incumplimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos: en lugar que una estructura para recibirlos, encontraron un terreno lleno de lodo. Con el tiempo llegaron los materiales, y los mismos integrantes de las FARC se encargaron de construir la Carlos Perdomo, que hoy luce como una pequeña aldea equipada con alcantarillado y alumbrado público.

«No diría que el Gobierno no cumplió, sino que no ha cumplido. Hay demoras, retrasos e inconvenientes pero vamos avanzando, porque lo importante es sacar adelante el acuerdo y sentar las bases de la paz. Estamos convencidos de que hay sectores en el Gobierno que están comprometidos con lo que firmaron», afirma Marco León Calarcá, responsable por parte de las FARC de la Comisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. «Otro tema fundamental es el de los presos políticos, todavía no logramos que estén todos libres a pesar de que la Ley de Amnistía se aprobó en diciembre del año pasado».

Inseguridad y falta de trabajo

Chiqui fue presa política «de alta peligrosidad» durante diez años. La Policía la encontró en una casa de Bogotá con un pescado (secuestrado) y se la llevó junto con tres hermanas suyas. Su madre se enteró viendo la televisión. «Me tuvieron por todo el país andando, me sacaban de una cárcel para otra, fue horrible», recuerda la excombatiente.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora que vive en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación se aburre, los días pasan lentos y todos se parecen. Para ocupar el tiempo, prepara ambientadores naturales o toma tinto (café) en la casa de su amigo Rubencho, charlando sobre el tiempo pasado y sobre lo que viene. A la Carlos Perdomo, Chiqui trajo muchos recuerdos. Algunos muy duros –el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses– otros bonitos: «Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad».

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los cuarenta años que pasó en armas siente nostalgia: «Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ya sabemos que no pasará».

Desde que entregó su arma, Chiqui está preocupada por su seguridad y por la de sus compañeros. Sus temores están fundados: entre abril y agosto se han registrado doce homicidios de excombatientes de las FARC y once asesinatos de sus familiares, evidenciando la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el Gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP), a finales de la década de los ochenta: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui quiere irse a vivir a la ciudad, a pesar de que sabe que quedarse en la Carlos Perdomo, rodeada por sus compañeros, sería más seguro. Como todos los 6.900 guerrilleros y 1.541 milicianos desmovilizados, en los próximos dos años la mujer recibirá unos 190 euros mensuales más unos 560 euros de entrada, pero es muy pesimista sobre la posibilidad de tener una ocupación en el futuro: «Después de los treinta años, nadie te da trabajo en este país».

En este momento, en los veintiséis Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se están desarrollando reuniones y talleres para preparar a los excombatientes a su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz. No será fácil garantizar una ocupación estable a las más de 8.400 personas desmovilizadas y el temor es que, al no tener trabajo, acaben integrándose en los grupos delictivos.

Reincorporación a la vida cotidiana.

«Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar clausulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia», explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz, que encontramos pocos días después de la fundación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la agrupación con que la exguerrilla se presentará a las elecciones presidenciales de 2018.

«En el acuerdo se establecen también unos princi- pios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica», añade Eduardo Álvarez. «Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una estrategia que han llamado Economías del Común (ECOMUN), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen ‘nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se sigue yendo».

Sandra Ramírez, exmando de la guerrilla que hoy en día aparece en la lista para el congreso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sabe que es cierto. Mirando desde arriba el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, admite que, una vez amnistiados, los guerrilleros pueden irse adonde quieran y que muchos se están yendo. Sin embargo, según ella, la organización tiene que brindar la posibilidad a los excombatientes de tener una casa y seguir viviendo en comunidad, pues las FARC para muchos representan su única familia.

Por esto, a pesar de que al momento de la firma de los acuerdos de paz los veintiséis puntos donde se concentró la guerrilla fueron concebidos como campamentos transitorios, finalmente se convirtieron en aldeas donde cuando anochece las parejas de los exguerrilleros pasean con sus bebés. «Nunca habíamos tenido una casa antes», afirma Sandra Ramírez.

En su proceso de reincorporación en la vida civil, los farianos tendrán que enfrentarse también con el estigma que cargan los guerrilleros, ya que el 83% de la población colombiana tiene una imagen negativa de ellos.

Teresa, una niña de doce años que vive en la Carlos Perdomo con su madre, estudia en la cercana escuela de Pueblo Nuevo, donde la discriminan por ser hija de una guerrillera. Teresa se crió con su abuela porque su madre la dejó con ella después de parirla, para regresar a la montaña. «Recién mi abuelita me dijo que mi mamá estaba en la guerrilla, y que tenía un permiso para venirme a conocer», cuenta Teresa. «A mi mamá la cogió la Policía mientras que estábamos en una tienda, habían tenido una llamada anónima. Estuvo casi un año presa y cuando salió de la cárcel, tras los acuerdos de paz, nos vinimos a vivir acá. Es la primera vez en mi vida que vivo con ella».

Plátanos, café y marihuana.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo se encuentra en las montañas que rodean la ciudad de Caldono (Cauca), una tierra verde cultivada con plátanos, café y marihuana, en una de las zonas del país donde ha sido más brutal la guerra que durante más de cincuenta años enfrentó las FARC al Ejército y a los grupos paramilitares (ahora oficialmente llamados Grupos Armados Organizados).

Desde hace tiempo, en esta región hay tensiones muy fuertes también entre la guerrilla marxista y los indígenas, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos quince años, antes las dos organizaciones lograban convivir y, a menudo, las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

«Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra», recuerdan unos mayores ex gobernadores del resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona española arrinconó a los nasas. «La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo».

En Toribío, a unos cien kilómetros de Pioyá, en 2012 los indígenas caucanos se levantaron contra el Ejército y las FARC. Aquel día doscientas familias tuvieron que desplazarse del poblado por temor a caer ante el fuego cruzado, justo en la fecha en que marcaba el aniversario del estallido de una chiva-bomba [chiva es una especie de autobús] activada por las FARC enfrente de la estación de Policía y que dejó unas cien casas destruidas, cuatro muertos y ochenta heridos.

«Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa», declaró la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un comunicado: «Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios».

Según el portal colombiano “Verdad Abierta”, en aquella ocasión unas trescientas personas retiraron las trincheras que la Policía tenía instaladas en Toribío, y la Guardia Indígena arrastró a unos militares de pies y manos, expulsándolos de la base del cerro Berlín. Otro grupo de ACIN marchó rumbo a la montaña para hablar con los jefes guerrilleros y exigirles que salieran de sus territorios y, al no ser recibidos por los mandos, destruyeron su campamento.

Otro tipo de guerra.

«Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda», afirma Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto. Señala con la mano las montañas que nos rodean que, cuando el sol se mete, se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembrados de marihuana, y afirma que, desde que las FARC han empezado el proceso de desmovilización, la situación se ha calmado, que la gente sale más de su casa, mientras que antes los ataques y las balaceras eran diarios. «Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos a otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazaletes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y estamos preparando un plan para enfrentar lo que viene», explica Gilberto Cuetia.

De hecho, los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los grupos armados y las empresas. «La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares», afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. «No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados –según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca–. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara».

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que representa más que nada la «jubilación para los comandantes», llevó algunos guerrilleros a decidir no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el ELN y el EPL.

«Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC habían fricciones muy fuertes, se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana, y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el Frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor», explica Eduardo Álvarez de la fundación Ideas para la Paz. «Creemos que el Gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades».

El caso que tal vez más preocupó a la cúpula guerrillera ha sido el de Rodrigo Cadete, exjefe del Frente 27 que operaba en Guaviare, Caquetá y Meta, las regiones más inhóspitas del país. Cadete ya tenía su certificado de abandono de armas cuando, a mediados de setiembre, fue visitado por unos hombres armados mientras que tomaba un refresco en una tienda del Caquetá. Despojaron a los dos guardaespaldas de sus pistolas, y Cadete se esfumó con ellos.

Artículo publicado en Zazpika en octubre de 2017.

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Allí lo esperan unos jóvenes que cargan unas mantas que dicen “Bienvenidas FARC a la política” y “Construyamos democracia”. Cuesta imaginar que estos mismos muchachos que ahora brincan entusiastas y aplauden, con toda probabilidad hace unos pocos meses combatían en las montañas, o vivían en clandestinidad en las urbes colombianas.

Timochenko, que a partir de la firma de los acuerdos de paz prefiere presentarse con su verdadero nombre, Rodrigo Londoño, ya habla como un político. Ya no llama a la lucha armada, sino a la lucha en contra de la corrupción, ya ha asimilado las reivindicaciones de los movimientos sociales y habla de tolerancia, diálogo y reconciliación.

“Fueron más de 50 años de resistencia armada, llegados a su fin con la firma de los Acuerdos de La Habana. Dejamos las armas para hacer política por vías pacíficas y legales, queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente”, dice Rodrigo Londoño en su discurso. “Un país en el que en primer término la violencia desaparezca definitivamente del escenario de la política, en el que nadie sea perseguido, asesinado o desaparecido por pensar diferente. Impulsaremos una gran convergencia nacional, la conformación futura de un movimiento de movimientos que agrupe las más diversas propuestas de superación de la gran crisis nacional por medios pacíficos y democráticos”.

Los miles de personas presentes en la plaza central de Bogotá lo escuchan con atención. Difícil saber si llegaron para apoyar el acto público de lanzamiento del partido político de las FARC o si fueron más bien atraídos por la rica oferta musical.

El evento público se dio después de casi una semana de debates adentro del Congreso constitutivo de la agrupación política de las FARC. Allí unos 1,200 delegados entre exguerrilleros, exmilicianos e integrantes del Partido Comunista Clandestino (PC3) decidieron que el símbolo de su partido es una rosa roja con una estrella en el centro y que conserva el nombre FARC, convirtiéndolo en acrónimo de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Una decisión que muchos consideran un error estratégico, siendo que 83 por ciento de la población tiene una imagen negativa de la exguerrilla a causa de los centenares de crímenes que cometió.

“Si van a hacer un partido comunista viejo estilo y cerrado van a tener una presencia muy limitada en el país, pero si van a hacer un partido amplio mirando hacia el futuro, como ha dicho Timochenko, pueden tener un espacio para sus propuestas”, ha afirmado la periodista colombiana Marta Ruiz en la revista Semana, al evidenciar cómo la nueva agrupación podría sacar provecho de la gran crisis de credibilidad de la política y de los partidos tradicionales. Una crisis tan grande que, de acuerdo con los resultados de la encuesta Gallup Poll de agosto, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tiene una opinión favorable de 12 por ciento, dos puntos por encima de los demás partidos políticos.

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Hay muchas imágenes que describen la nueva Colombia posacuerdos de paz. Unos policías que escoltan a los delegados de las FARC al Congreso de su partido. Un funcionario de Naciones Unidas que comparte con los periodistas el WhatsApp de un comandante de la exguerrilla. Unos marxistas que durante una rueda de prensa afirman haber solicitado un encuentro con el papa Francisco, e invitan a una reunión a su peor enemigo, el expresidente Álvaro Uribe.

Con mucha dificultad la FARC obtendrá una reunión con Uribe o con los integrantes de su partido, el ultraconservador Centro Democrático. El Centro Democrático ha sido el impulsor del No en el plebiscito de octubre de 2016, donde se preguntaba al pueblo colombiano si quería aprobar el texto de los acuerdos de paz. Si el Centro Democrático ganara las elecciones presidenciales de 2018, con toda probabilidad intentará tumbar las partes del acuerdo de paz a las que las negociaciones no pusieron candados muy resistentes.

“El gobierno está haciendo todo lo posible por cumplirle a las FARC, lo que es preocupante porque se montó un nivel de gasto exacerbado. Ahora para el gobierno la prioridad es darle dinero a las FARC, cuando tenemos 26 millones de pobres, más 12 millones en pobreza extrema”, afirma María Fernanda Cabal, diputada del Centro Democrático.

En realidad, según cálculos del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), el dinero que el gobierno prometió a los 6,900 guerrilleros y 1,541 milicianos para su desmovilización —220 dólares mensuales durante dos años más unos 660 dólares de entrada— equivale a los gastos de menos de una semana de guerra.

El acuerdo de paz establece que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenga asegurados diez curules y, como muchos colombianos, Cabal está preocupada también de que el Congreso se llene de criminales, acusación que muchos mueven a los miembros de su partido, especialmente a Álvaro Uribe, que tiene relaciones comprobadas con los grupos paramilitares.

“Me parece terrible que las FARC estén en el Congreso sin antes haberle contado algo de verdad al país. Vamos a ver acá en el Congreso al comandante de las FARC Iván Márquez y a todos los grandes asesinos, antes de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dice la congresista.

La JEP es la entidad que tiene el mandato de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por parte de todos los actores armados. De acuerdo con Diego Martínez, asesor jurídico de la delegación de paz en La Habana y miembro de la comisión jurídica que la creó, como en cualquier proceso de transición está previsto que aquellos que puedan ser sujetos de la JEP puedan participar en política. “La otra posibilidad era aplicar amnistías e indultos generales para todo el mundo, que es lo que hace la comunidad internacional en gran parte de los procesos”, explica Martínez.

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Tras la firma de los acuerdos de paz, las FARC están promoviendo un gran lavado de imagen. Activísimos en las redes sociales, los cuadros de la organización hablan de paz, de reconciliación, de cuidado del medioambiente y de su capacitad de hablar con transparencia a diferencia de “algunos políticos”.

Los líderes del exgrupo armado circulan videos que muestran el lado humano y amigable de las FARC: guerrilleras dando pecho a sus bebés o guerrilleros sonrientes preparando árboles de Navidad, jugando al futbol, hablando de la importancia de la igualdad de género. En los últimos meses en Facebook aparecieron los rostros de los guerrilleros desmovilizados que se están incorporando a la vida civil, y que antes no tenían acceso a los celulares.

“Muchos cristianos salieron del clóset”, afirma riendo un exmando de las FARC al enseñarme, en la lista de sus amigos de Facebook, las fotos de sus camaradas recién llegados: cruces, parejas abrazadas, corazones, poses sensuales, perritos.

“Con Facebook la comunicación con la familia y con los amigos es más chévere, más cercana. Pero también es un riesgo poner las fotos porque este país está lleno de paramilitares. Nuestra preocupación es que se venga una arremetida y empiecen a matarnos”, dice una mujer que desde que entró en la guerrilla, hace 40 años, se llama Chiqui.

Las preocupaciones de Chiqui tienen fundamento. Entre abril y agosto se han presentado 12 homicidios de excombatientes de las FARC y 11 asesinatos de sus familiares, lo que evidencia la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP) a finales de la década de 1980: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui tiene 50 años —“¿te lo crees?”—, es chaparrita y muy enérgica. Se crio en una familia humilde de Bogotá, su papá militaba en las FARC y a los diez años decidió entrar en el movimiento armado M19. Allí combatió 20 años y, cuando la organización decidió desmovilizarse, pasó a las FARC. “Nunca he creído en las desmovilizaciones. En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan 200 años en el poder. Y no creo que el gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió”.

A Chiqui la encontramos en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Carlos Perdomo, en el Departamento del Cauca, una de las 26 aldeas que el gobierno tenía que construir para las FARC y que al final los guerrilleros tuvieron que edificar por su cuenta. Allí, a partir de enero, se concentraron tras dejar los territorios que ocupaban unos centenares de integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora se aburre, los días pasan lentos y todos parecen iguales. Para ocupar el tiempo, Chiqui prepara ambientadores naturales, o toma tinto [café] en la casa de su amigo Rubencho, una construcción sencilla que, sin embargo, representa la primera casa que el joven tiene desde hace mucho tiempo. A diferencia de la vivienda de Chiqui, la de Rubencho tiene baño y un cuartito que un día podría convertirse en una cocina. “No habiendo más, con mi marido me acuesto”, afirma Chiqui cuando le preguntamos si le gusta su nueva casa.

A Chiqui la encontramos el 13 de agosto pasado, cuando acababan de salir los tráileres de Naciones Unidas con las armas entregadas por los ya exguerrilleros. Desde aquel día, la ZVTN, como las otras 25 presentes en el país, cambió su nombre en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Allí siguen viviendo los excombatientes, preparándose para su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz.

“Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar cláusulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia”, explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz.

“En el acuerdo se establecen también unos principios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica. Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una que han llamado Economías del Común (Ecomun), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen: ‘Nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea, unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de las zonas veredales. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se siguen yendo”, añade Álvarez.

Chiqui está entre las personas que se quieren ir a vivir en otro lado. No tiene pensado dedicarse a ningún trabajo, pues “después de los 30 años nadie te da trabajo en este país”.

A la Zona Veredal, Chiqui trajo su perro Morocho y muchos recuerdos. Algunos muy duros —el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses—, otros bonitos: “Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad”.

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los 40 años que pasó en armas siente nostalgia: “Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la Plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ahora sabemos que no pasará”.

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Ángel está seguro de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es solo para los comandantes, y que acabará siendo un partido corrupto y clientelar como todos los demás. El joven maneja su nueva moto por las terracerías que rodean el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Carlos Perdomo”. Mientras intenta no perder el control de su moto sobre las piedras lisas de la carretera, cuenta sobre su militancia de diez años en las FARC. Ahora que entregó su arma está decepcionado con los cuadros de la organización porque no lo están apoyando en obtener la amnistía que le permitiría caminar tranquilo por la calle.

“A mí no me interesan los beneficios económicos”, afirma Ángel. “Yo solo quiero los papeles para regresarme a mi casa, quiero criar a mi hijo de dos años, mi mujer me espera. Y quiero seguir estudiando telecomunicaciones”.

La felicidad para Ángel se encuentra cerca de aquí. Tres horas de carreteras de polvo, rodeadas de montañas cultivadas con plátanos, café y marihuana, lo dividen de su familia.

“Por estas montañas antes de los acuerdos de paz había tiroteos a todas las horas del día. Ahora está mucho más calmado, aunque a veces se siguen escuchando disparos por allí”, asegura Ángel.

Ahora que las FARC están quietas y desarmadas la situación está mucho más tranquila en el Cauca, uno de los departamentos donde la guerra ha sido más brutal. Desde hace tiempo en esta región hay tensiones muy fuertes entre la guerrilla marxista y los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos 15 años. Antes las dos organizaciones lograban convivir y a menudo las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

“Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra”, recuerdan unos mayores exgobernadores del Resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona Española arrinconó a los nasas. “La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo”.

Los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los demás grupos armados y las empresas.

“La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares”, afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. “No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados —según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara”.

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de un partido que representa más que nada la “jubilación para los comandantes”, llevó algunos guerrilleros a no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC había fricciones muy fuertes. Se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor”, explica Eduardo Álvarez de la Fundación Ideas para la Paz.

“Creemos —añade— que el gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades”.

Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto, afirma que las comunidades del Cauca están aprovechando este momento de calma aparente, en que la gente sale más de su casa.

Señala con la mano las montañas que nos rodean, que cuando el sol se mete se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembradíos de marihuana, y afirma que allí, antes de la desmovilización de las FARC, los ataques y las balaceras eran diarios. “Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos en otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazalete del ELN y del EPL y nos estamos preparando en un plan para enfrentar lo que viene”, explica Cuetia. “Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 8.09.2017

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“Los jefes de las FARC nos dan posibilidad de estudio, un día el camarada Jorge me propuso estudiar medicina o odontología”, recuerda Marta. “Decidí por el segundo porque en este tiempo habían pocos dentistas en la guerrilla. Ahora llevo 18 años trabajando como odontóloga en las FARC”.

Encontramos a Marta a mediado de septiembre en los Llanos del Yarí, una sábana de atardeceres maravillosos que se encuentra en el Departamento del Meta, en el sur de Colombia. Allí fue enviada como delegada a la X Conferencia Nacional Guerrillera, donde las FARC ratificaron los acuerdos de paz alcanzado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y decidieron convertirse en un partido político.

Sin embargo, el plebiscito popular convocado para el 2 de octubre rechazó los acuerdos firmados el 26 de septiembre. Una noticia que cayó como un balde de agua fría en una buena parte de la población colombiana – las instituciones, los medios, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las mismas FARC – que daba por sentado que el Sí hubiera triunfado en el plebiscito.

El 30 de noviembre, el Congreso colombiano votó a favor de un nuevo acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno colombiano, seis semanas después de que el pueblo rechazara el plebiscito. El nuevo acuerdo incorpora algunos cambios, entre ellos, las FARC acordaron entregar una lista de sus activos que se utilizarán para el fondo de reparación material a las víctimas, y se restringió la reforma agraria a la normatividad vigente para ofrecer mayores protecciones a terratenientes. Estructuralmente, sólo las partes del nuevo acuerdo que implican el derecho internacional serían incorporadas a la Constitución.

Los miembros del congreso que se opusieron al proceso y a la votación alegaron que no hubo tiempo suficiente para revisar los cambios y se abstuvieron. La ultraderecha representada por el partido Centro Democrático (cuyo líder es el ex presidente Álvaro Uribe), sigue criticando los acuerdos de paz, a pesar de que incorporen muchas de las instancias de los promotores del NO en el plebiscito del 2 de octubre.

Tras la firma del nuevo acuerdo, las y los guerrilleros se desplazarán en las 23 zonas de concentración previstas, donde pasarán seis meses, para entregar paulatinamente sus armas y prepararse a la integración en la vida civil.

Una vez salida de la zona de concentración, Marta sueña con abrir una clínica en las áreas rurales de Colombia. Ledis, presa política de la Unidad Gabriel Galbis de las FARC que recibió un permiso especial para participar como delegada en la X Conferencia Nacional Guerrillera, comparte su mismo sueño, aunque sabe que antes de trabajar en la clínica tendría que terminar sus estudios, interrumpidos el día en que el ejército entró en la universidad para detenerla.

“Mis camaradas me mandaron a estudiar odontología en la Universidad. Yo iba de civil para que nadie se enterara de que era guerrillera. Pero un desertor me reconoció y me entregó. En el juicio me acusaron de rebelión, homicidio, secuestro y me condenaron a 60 años. No nos sentencian por haber cometido algún delito, sino por lo que somos, por ser revolucionarios”, cuenta Ledis, cuyos ojos se prendieron cuando le preguntamos que iba a pasar tras la ratificación de los acuerdos de paz en el plebiscito.

“Nos dijeron que todos los prisioneros políticos iremos a la calle”, afirmó casi conmovida. “Una vez libre pienso estudiar odontología, quiero terminar el curso que ya lo tengo arto avanzado y estar a disposición del partido que creeremos, nos va a tocar trabajar mucho, sobre todo en las zonas rurales”.

Artículo publicado en el Programa de las Américas el 8.12.16

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A Franco lo encontramos en el campamento que los insurgentes han instalado en los Llanos del Yarí con motivo de la X Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC-EP. Desde el pasado sábado y hasta mañana, unos 250 delegados de la guerrilla analizan el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que el 26 de setiembre firmarán oficialmente con el Gobierno de Juan Manuel Santos en Cartagena de Indias, y cómo transformarse en un movimiento político.

Se trata de un campamento construido a las orillas de un arroyo que sirve de ducha y lavadero, en una explanada verde rodeada por la selva en el Departamento del Meta, a unas seis horas de carretera sin asfaltar desde San Vicente del Caguán. Una zona ganadera de llanos y atardeceres maravillosos, controlada por la guerrilla.

Mientras los delegados de las FARC debaten por primera vez en 52 años sobre la paz en vez de hacerlo únicamente sobre estrategias y frentes de guerra, Franco escucha música vallenato y descansa en su cambuche, una especie de caseta construida con palos y lonas, cubierta por una mosquitera. A su lado están colgados su fusil y la mochila donde  lleva su hamaca, unas mudas de ropa, útiles para el aseo, comida y navajas.

«Entré a la guerrilla por la misma necesidad que impera en el país, sobre todo en el campo, donde el Estado no brinda garantías al campesino. Si de pronto tienes para desayunar, no tienes para almorzar», explica Franco, que tiene varios familiares en las FARC, tres de ellos muertos en combate.

«Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nos vamos a movilizar, vamos a dar un paso más. Dejamos la situación de las armas para seguir el proceso en política. Dejar el arma es más duro para uno, porque es la fiel compañera
de uno, es la que le defiende la vida.

Tengo como un dolor en el alma», afirma. Franco confía plenamente en los comandantes de las FARC que negociaron los acuerdos de paz en La Habana. El Acuerdo Final, de 297 páginas, deberá ser refrendado
por los colombianos en el plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre.

El capítulo de Víctimas incluye la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo objetivo máximo es satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición a través de penas
alternativas y de carácter restaurativo.

Además, el Gobierno se comprometió a impulsar reformas constitucionales y un amplio programa de desarrollo rural integral que prevé la titulación de siete millones de hectáreas de tierras que ya son cultivadas por campesinos, y la distribución de diez millones de hectáreas de tierra a agricultores que no la tienen.

Esperanzas y dudas
«Los acuerdos no resuelven los problemas estructurales que causaron la guerra pero en algunos temas, por ejemplo el relacionado con la desigualdad en la tenencia de la tierra, va mucho más allá que acuerdos pasados», asegura en entrevista Arlene Tickner, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Bogotá.

«No se trata de una reforma agraria, que es un término que espanta a las élites rurales colombianas, pero sí contempla una redistribución que si se puede implementar atenderá algunos de los problemas del campo que originaron el conflicto. Pero hay que tener en consideración que el 75% de la pocolombiana es urbana, y atender únicamente el problema de la tierra no va a resolver los problemas de desigualdad que están a la base del conflicto armado en un país que está entre los diez más desiguales del mundo», advierte.

Colombia se encamina rumbo a la paz con esperanzas y dudas. Con una fuerte incertidumbre causada por un plebiscito que podría invalidar cuatro años de negociaciones, con las inquietudes sobre la capacidad de las
partes de respetar los acuerdos firmados, y con problemas de presupuesto para implementarlos.

Con la presencia de otros grupos armados en su territorio –como el ELN y las Bandas Criminales (BaCrim)–. Y con generaciones a las que les cuesta imaginar la paz, porque solamente han conocido la guerra.

«¿Cómo te imaginas la paz?», preguntamos a Franco. «(…) No sé cómo describirla», contesta después de un largo silencio.

La historia de Maritza

A Maritza la secuestraron cuando tenía diez años, en los años 90. Estaba en el coche con su padre cerca de la ciudad de Medellín, cuando un vehículo los obligó a detenerse. Bajaron unos hombres
armados y se los llevaron al monte.

Maritza no sabe quiénes eran, pero está convencida de que eran guerrilleros de las FARC, pues era la organización que entonces controlaba la zona. La niña pasó dos meses viviendo en un corral, durmiendo en el suelo. A veces la amarraban, otras veces la dejaban salir de su jaula. Cada tres días el campamento cambiaba de lugar, «sobre todo si había sobrevuelos de avionetas» y les tocaba caminar en los senderos que recorren el Departamento de Antioquia desde que el sol nacía hasta que se metía.

Maritza recuerda las ampollas en los pies, el arroz blanco que le tocaba como única comida, la preocupación en los ojos de su padre. Hoy en día la joven no odia a sus carceleros, pues «no era culpa de ellos, solo cumplían órdenes; nunca me hicieron daño y cuando una habla con ellos se da cuenta de que son personas normales, con sus problemas como todos». Pero no ha perdonado a quienes ordenaron el secuestro. Responsabiliza
de ello a la dirección de las FARC. En su opinión, el proceso de diálogo «ha sido muy permisivo» con la guerrilla.

«No estamos de acuerdo con que haya tantos recursos para reincorporarlos a la vida civil. El Gobierno les dará millones de pesos para desmovilizarse y para los proyectos productivos que presenten. Entonces los campesinos, que están enfrentando una fuerte crisis, dicen: ¿Cómo es que a ellos les dan todo esto y a nosotros nada?», sostiene Ernesto Masillas Tobar, senador del Centro Democrático, partido de ultraderecha que está promoviendo el «no» en el plebiscito del 2 de octubre.

Sin embargo, de acuerdo a muchos analistas, el Gobierno no les está prometiendo a las FARC más que a otros
grupos con quienes anteriores ejecutivos alcanzaron acuerdos parecidos en el pasado. El partido liderado por el ahora senador y expresidente Álvaro Uribe defiende que, al implementarse los acuerdos de paz, el movimiento o partido que surja del tránsito de las FARC a la política podría ganar las elecciones convirtiendo a Colombia en un país «castro-chavista» gobernado por «terroristas» y critica que el Gobierno de Santos no ha previsto
cómo financiar el posconflicto.

Otro de los recurrentes argumentos de Uribe y del Centro Democrático contra el Acuerdo Final es el de la
supuesta impunidad. «Es cierto que no va a haber cárcel, pues una de las condiciones de las FARC para sentarse en la mesa fue ‘nada de cárcel’. Pero esto no significa impunidad, ni que no vaya a haber reclusión u otro tipo de penas, como la restricción de la libertad de movimiento o acciones de reparación. Esto es lo que se denomina justicia restaurativa, que no equivale a impunidad», resalta Arlene Tickner, de la Universidad del Rosario.

De acuerdo a las encuestas, en el plebiscito del 2 de octubre la mayoría de la población colombiana votará para
que se implementen los acuerdos de paz pactados por el Gobierno y las FARC en La Habana. Sin embargo, parece unánime el reconocimiento de las dificultades del posconflicto.

«Yo creo que un acuerdo de paz aceptable –todos tienen problemas, pues todos implican concesiones por ambas partes– es mil veces preferible a continuar con la guerra, pese a que no necesariamente vaya a garantizar una paz genuina», concluye Tickner. «Entre tener gente matándose y no tenerla, evidentemente una prefiere lo segundo», subraya.

Artículo publicado en El Gara el 22.09.2016.

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Los pueblos indígenas no están representados en la mesa de negociación de La Habana. Existe la idea de que las FARC podrían representar sus intereses, además de los de los campesinos. ¿Qué opinas al respecto?
Algunos analistas de izquierda opinan que los intereses de los pueblos indígenas, de los campesinos y de los afrocolombianos estarían bien representados por las FARC. Esto es genuina especulación. Como diría la filósofa germano-estadounidense Hannah Arendt, es una “verdad de opinión” y no una “verdad de hecho”, pues una cosa es que las FARC y sus partidarios presuman que representan los intereses de los pueblos indígenas y otra cosa que estos pueblos se sientan representados por ellas. Los indígenas no creen que las partes que dialogan vayan a tener en cuenta sus intereses.

Percibo cierto pesimismo en sus palabras…
Puede ser. Pero fíjese usted, a pesar de todo lo que les ha sucedido, los pueblos indígenas son optimistas. Esperan que las negociaciones conduzcan a un cierre del conflicto armado, para que se entre en un periodo de transición para la reconstrucción del Estado. El escenario de La Habana no tiene que ser un espacio exclusivo del Estado y las FARC, que no admite terceros; esto es de una importancia capital para los pueblos indígenas, pues por primera vez desde la Constitución de 1991 estarían haciendo uso de lo que constitucionalmente significa ser parte orgánica de la Nación colombiana para participar en la construcción colectiva y democrática del Estado y la sociedad colombiana. Es por esto que se espera que el postconflicto sea sí un espacio abierto a todos los sectores de la sociedad para construir un nuevo país.

Los pueblos indígenas padecieron atropellos por parte de ambas partes involucradas en las negociaciones. Entre enero y agosto de este año, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 29 indígenas han sido asesinados. ¿Creen los pueblos indígenas que con la firma de un acuerdo se pueda alcanzar la paz?
Los pueblos indígenas tienen claro que la firma de un acuerdo de paz no convertirá de la noche a la mañana a todos los desmovilizados en ángeles. Con ese realismo decidieron conformar una Comisión Humanitaria Indígena Nacional para adelantar diálogos humanitarios con los actores armados implicados en infracciones al Derecho Internacional Humanitario y llegar a compromisos públicos de respeto a la vida de los pueblos indígenas. Esta comisión busca el reconocimiento del gobierno nacional y el acompañamiento de facilitadores internacionales, garantes nacionales y observadores de países amigos.

¿En los acuerdos de paz se prevé alguna reparación de los daños causados a los pueblos indígenas?
Los indígenas esperan que de las negociaciones salga algún tipo de acuerdo sobre los derechos de las víctimas. Al respecto se respira pesimismo y crece la desesperanza por la lentitud de algunos programas del gobierno para sus pueblos. A pesar de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto Ley 4633 del 2011 —que dictan medidas de reparación integral y restitución de derechos territoriales a las comunidades indígenas— en tres años sólo ha sido restituido el territorio de un resguardo indígena en el Chocó [noroeste]. Además, los indígenas temen que la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Defensa no cumplan las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo del Tolima para proteger ese territorio de los daños de las actividades mineras de la empresa aurífera sudafricana Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, departamento centro-occidental de Tolima.

Para el postconflicto, las FARC están tratando de asegurarse una serie de reservas campesinas que se encuentran en territorio indígena. ¿Los pueblos indígenas tienen alguna preocupación asociada con la desmovilización de los grupos armados?
A esta altura del desarrollo de las negociaciones, estimamos que los movimientos que las cobijan hayan entendido que en el postconflicto todos los sectores sociales deban converger políticamente para crear un escenario amplio y participativo. En La Habana se viene discutiendo la posibilidad de constituir territorios para los desmovilizados, y analizando si la figura de “Zona de Reserva Campesina” (ZRC) sería la más adecuada.

Teóricamente es una propuesta  interesante, puesto que con la figura de ZRC no se trataría de continuar demandando una “distribución de tierras”, en el marco de una reforma agraria, sino de buscar el “reconocimiento de territorios campesinos”, que como propiedad colectiva —similar a los resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras— quedarían al margen del mercado de tierras y sería un obstáculo para la concentración de la tierra. No obstante, en la práctica, no se sabe como funcionarían.

Para nadie es un secreto que la mayoría de milicianos no se imaginan viviendo en ese mundo bucólico que tanto han predicado las FARC, de familias cultivando la tierra y comiendo del fruto de su trabajo. Para hombres curtidos en la guerra aquello de trabajar la tierra no es su vida, como lo han señalado tres desmovilizados que tuve la  oportunidad  de entrevistar.

Nos referimos también al grado de aceptación que tendrían estas reservas campesinas en el caso que se constituyesen sobre territorios de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes; tendrán que inventarse fórmulas muy creativas para que estas reservas campesinas puedan funcionar.

Pero no hay por qué alarmarse al mencionar estas preocupaciones, que más que problemas son desafíos que tiene un país multicultural. Hay que afrontarlos si se quiere construir una sociedad más democrática y más acorde con los principios de una nación multiétnica y pluricultural como es Colombia.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 31.08.2015

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El movimiento indígena nació en el Cauca al principio de los años 70, como continuación de las rebeliones organizadas por Manuel Quintín Lame. La primera organización fue el CRIC, que surgió en un contexto de luchas campesinas por la recuperación de tierras. Éstas se “agotaron” en 1971, debido a que algunos sectores de izquierda que las apoyaban cometieron el error de convertir una agremiación social en un partido político, la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). Con la ORP la recuperación de la tierra se volvió un medio para adquirir poder y así se destruyó el movimiento campesino. Los indígenas fueron los únicos que siguieron con su lucha, que tenía una base legal, porque se concentraba en la recuperación de tierras de resguardo, que son territorios indígenas de propiedad colectiva ocupados por terratenientes. Sin embargo hubo una represión muy fuerte: cerca de 800 lideres asesinados en el Cauca en esta época. Luego indígenas de otras regiones se organizaron para recuperar sus resguardos y surgieron nuevas organizaciones. En 1982, para coordinar las luchas indígenas de todo el país, se fundó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Los indígenas del Cauca adoptaron desde su fundación, en 1971, formas de organización de los sindicatos y de los partidos, creando cuadros y promoviendo alianzas con agrupaciones izquierdistas. Éstas nunca fueron fuertes y cuando se dieron, por ejemplo con el Partido Comunista, siempre se crearon problemas, porque este partido no les reconocía la posibilidad de tener una perspectiva política propia, así que al final los indígenas optaron por seguir su propio camino.

La relación entre el movimiento indígena y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) depende de la época y de la zona. Por ejemplo, en el Departamento del Guaviare fueron las FARC las que promovieron la fundación de la organización indígena local, mientras que en el Departamento de Chocó el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias Indígenas (FARI), que se levantó en armas a finales de los años 80, era un brazo de las FARC. En algunas regiones hubo convivencia y respecto mutuo entre la guerrilla y las organizaciones indígenas, pero hubo un tiempo muy difícil. A mediado de los años 80, en el Cauca, los indígenas conformaron el grupo armado de autodefensa Manuel Quintín Lame. Al principio las FARC amenazaron con no dejar actuar a los indígenas y llegaron a fusilar a algunos integrantes del grupo de autodefensas en el resguardo de Munchique. En otras regiones las FARC brindaban apoyo a los indígenas, pero en muchos casos la convivencia se perdió cuando la guerrilla se metió en el negocio de la coca y empezó a presionar a las organizaciones indígenas para que entraran en este negocio.

Otra causa del choque entre nativos e izquierda fue que en algunas regiones, por ejemplo en el Norte del Cauca y en Toribio, el Partido Comunista se había aliado electoralmente con algunos terratenientes que ocupaban las tierras de los resguardos indígenas. De esta forma los latifundistas podían gozar de la protección de las FARC, que no permitía a los indígenas recuperarlas.

–Desde noviembre de 2012, el gobierno colombiano y las FARC están negociando para poner fin al conflicto armado interno colombiano. ¿Qué rol tiene el movimiento indígena en las conversaciones de paz?  

Las organizaciones indígenas querían participar en las conversaciones de paz, pero no les permitieron ir. Según ellas lo que se decide en la mesa de conversaciones debería de ser refrendado por medio de una consulta popular, porque un eventual acuerdo afectará a todo el mundo. Los indígenas, al igual que las FARC, piden una reforma profunda en el agro colombiano y quieren participar en su diseño. Además, los indígenas saben que con la firma de los acuerdos de paz los combatientes desmovilizados irán a vivir en Zonas de Reserva Campesina, y tienen el temor que éstas se creen en zonas indígenas o aledañas a sus resguardos, y que ése pueda ser un ingrediente a nuevos conflictos. Pues como dicen los indígenas, estos combatientes guerrilleros no se transformaran en ángeles al día siguiente de su desmovilización.

–Durante ocho años Colombia fue gobernada por la ultraderecha de Álvaro Uribe, y desde 2010 está Juan Manuel Santos, un derechista más moderado. ¿Hay una diferencia de actitud hacia los pueblos indígenas?

Hubo un cambio formal. Santos en su discurso inaugural se comprometió a apoyar las demandas de los indígenas. Según el presidente esto se realiza acabando con la pobreza y atrayendo capitales de afuera. De esa manera invita al capital transnacional para que venga a explotar los recursos naturales y allí entran en contradicción con las organizaciones indígenas, que rechazan la explotación petrolera en sus territorios por los graves daños ambientales que se generan. Pero también porque el Estado viene declarando baldíos algunos territorios tradicionales indígenas para entregárselos a empresas agroindustriales, que en nada contribuyen a su bienestar, sino sustraen tierras de uso productivo a los territorios indígenas. Santos quiere que los pueblos indígenas sean dependientes del Estado, abandonen su vida tradicional y entreguen sus tierras para la explotación de recursos naturales o para la agroindustria. Esto significaría una integración que huele a etnocidio.

En 2009, con el Auto 004, la Corte Constitucional ordenó al Estado resarcir a los 34 pueblos indígenas en vía de extinción a causa del conflicto armado. La Corte impuso que estos planes de salvaguarda surgieran de un proceso de consulta de las bases indígenas. Es un proceso que podría durar años, de hecho todavía no hay resultados. El Estado ni siquiera tiene dinero suficiente para este resarcimiento. Aquí creo que se está fraguando una estafa, que traerá nuevas frustraciones a los pueblos indígenas.

El perjuicio más grande es que las organizaciones indígenas están creyendo en el cuento de que el Estado les va a suministrar a manos llenas el dinero para sus “maravillosos” planes de vida. Cada vez que se acaba el dinero para continuar con las consultas a sus bases, Santos les entrega más, pues al Estado le conviene seguir dándoles dinero para que sigan discutiendo y no presenten planes concretos de vida, que le costaría más. Los que se han beneficiado son los asesores que hacen talleres y talleres y escriben documentos a granel para los planes. Mientras tanto, la minería y las empresas se están metiendo cada vez más en los territorios indígenas. Por ejemplo, en los Llanos Orientales las petroleras entran en los territorios tradicionales y resguardos indígenas. Se prevén millares de desplazados ambientales. Si a los indígenas les destruyen el territorio, eso sí los va a volver pobres.

Artículo publicado por Ojarasca en octubre de 2014.

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En junio del 2013 unos 20,000 cocaleros bloquearon las carreteras durante 53 días, y los choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) causaron la muerte de cuatro campesinos. Los agricultores demandaban al gobierno que financiara soluciones alternativas a la siembra de la coca, una sustitución concertada de las matas y la creación de una Zona de Reserva Campesina, figura jurídica que garantiza importantes derechos a los agricultores, como la formalización de la propiedad de la tierra.

Para los campesinos del Catatumbo cultivar coca es una elección obligatoria. Hasta fines de la década de 1980 muchos sembraban alimentos, pero luego la distancia de las ciudades hizo imposible comercializar sus productos. El pésimo estado de las carreteras hacía que el transporte hasta los mercados costara más que la ganancia esperada de su venta.

El Estado nunca les ofreció otra opción que cultivar coca, cuyos compradores —los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— llegaban hasta la puerta de las fincas.

La situación de los campesinos catatumbenses empeoró con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con Canadá (2011) y EEUU (2012), países que subsidian su sector agrícola permitiendo vender sus productos en el mercado colombiano a un precio inferior que los locales. De hecho, la caída del precio de las hortalizas coincide con el aumento de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Acuerdos incumplidos

Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dado a conocer el pasado 26 de junio, Colombia tiene 48,000 Ha sembradas con coca, la misma cantidad que en el 2012. En algunas regiones su cultivo ha bajado y en algunas otras hubo un incremento, como es el caso del Catatumbo, donde el aumento fue de 41.6%. De acuerdo con la UNODC, el área productiva estimada en la región es de 5,604 Ha y la producción promedio de hoja de coca fresca, que en el 2009 era de 13.8 TM, en el 2013 subió a 30.8 TM.

A causa del incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos tomados con la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) después de la movilización de junio del 2013, los cocaleros de la región decidieron sumarse al paro agrario que en mayo pasado fue convocado en todo el territorio nacional.

“El 9 de mayo se realizó una nueva movilización masiva para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno”, relata a Noticias Aliadas Leonardo Rojas Díaz, representante de ASCAMCAT en la mesa de interlocución con el gobierno. “Logramos presionarlo para que se abriera un espacio nacional que permita avanzar en la discusión de la problemática campesina”.

Los campesinos cocaleros no sólo son los que perciben la menor ganancia en la cadena desde la producción hasta la venta al menudeo de la cocaína, sino pueden también ser encarcelados por la ley 30 de 1986 —que tipifica como delito la siembra de los cultivos de uso ilícito—, y están expuestos a las consecuencias de las aspersiones aéreas con el glifosato Roundup Ultra, un herbicida producido por Monsanto que se utiliza para acabar con las matas de coca. La fumigación está prevista por el Plan Colombia, el acuerdo bilateral con EEUU para la lucha contra el narcotráfico vigente desde el 2000.

Colombia es el único país en el mundo que fumiga los cultivos de usos ilícitos en una superficie que anualmente comprende más de 100,000 Ha. La práctica persiste a pesar de que una sentencia del Consejo de Estado del 11 de diciembre del 2013 establece que las aspersiones violan el principio de precaución que prevé la suspensión de las actividades humanas cuyos riesgos están probados.

“Hace 14 años fumigaron mi terreno con los aviones, después de la tercera vez que pasaron dejé de sembrar coca”, cuenta a Noticias Aliadas Romaira G., campesina cocalera del Catatumbo. “Una se siente mal después de la fumigación, me picaba todo el cuerpo”.

Atacar la oferta pero no la demanda

Los problemas dermatológicos causados por las aspersiones han sido demostrados en una investigación realizada en el 2012 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, en Bogotá, estudio que estuvo a cargo de los catedráticos Daniel Mejía Londoño, director del CESED, y Adriana Camacho. El estudio revela también que en las zonas de aspersión hay una mayor tasa de abortos, mientras que otros trabajos encontraron efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la confianza en las instituciones de las personas que tienen fumigaciones en sus municipios.

Otra estrategia utilizada para acabar con los cultivos de coca es su erradicación manual, que en el 2012 se realizó en más de 30,000 Ha.

“La erradicación manual tiene un alto costo, muchos erradicadores murieron por las minas antipersona sembradas por las FARC o por los paramilitares”, denuncia Mejía Londoño a Noticias Aliadas. “Incluso si fuera una estrategia eficiente, no veo por qué deban de morir tantos colombianos para que llegue menos cocaína a los EEUU y a Europa. Están transfiriendo todo el costo a los países productores”.

El 16 de mayo pasado, el presidente Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron la firma, en el marco de las conversaciones de paz, de un acuerdo sobre los cultivos de uso ilícito, que será efectivo sólo si se llega a un consenso sobre los demás puntos en agenda.

“En las elecciones presidenciales del 25 de mayo Santos fue elegido porque está en un proceso de paz, por ello los sectores demócratas lo apoyaron”, explica Rojas Díaz. “Santos es el representante de la derecha tradicional colombiana, lo trágico de este momento es que era preferible él al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga. Mi única esperanza es que el pueblo colombiano tenga la capacidad de presionar para que concluya de forma coherente este proceso de paz”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 10.07.2014

In italiano

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