Esta caravana avanza en un año especial, pues en 2021 los flujos migratorios hacia el norte se han triplicado, con unas 200.000 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos. Del otro lado del límite fronterizo también se registró un récord: ningún Gobierno mexicano ha arrestado a un número tan grande de migrantes en un año como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. La explicación no es solo que el número de personas que viajan hacia el norte ha aumentado, sino también que las políticas migratorias se han endurecido. 

En una ocasión, América fue detenido por las autoridades mexicanas y deportado a Honduras. Otra vez, cuando se encontraba en el sur de México, fue secuestrado por el grupo criminal Jalisco Nueva Generación. «Son buenas personas: me quitaron el dinero que tenía, pero me dieron comida y cigarrillos, y me llevaron al tren para que pudiera seguir mi viaje», dice América cuando nos encontramos a finales de octubre, en el momento en el que la caravana de migrantes cumplía unos pocos días de camino en el sureño estado de Chiapas.

Durante sus veinte viajes, América se ha desplazado por México sin tener un rumbo claro, con la vaga idea de querer llegar a Estados Unidos, buscando trabajitos allí donde la suerte lo llevara. Pero a veces lo vencía la nostalgia y regresaba a Honduras para ver a su mamá. Se quedaba allí una temporada y luego emprendía el camino otra vez. «Puedo dormir donde sea: en el suelo, junto a las vías del tren o bajo un aguacero», asegura el adolescente. Tiene acné en las mejillas, un polo de flores y una gorra para protegerse del sol. A su alrededor, los demás migrantes descansan buscando la sombra, esperando a que la tarde apague el sol para emprender otra vez la ruta.

Veinte kilómetros diarios
La Caravana por la Justicia, la Dignidad y la Libertad del Pueblo Migrante en Camino recorre unos 20 kilómetros al día, sin importar si el calor abrasa o la lluvia no da tregua. Uno de sus objetivos es visibilizar las dificultades que vive la población migrante y protestar contra las políticas migratorias de los dos países norteamericanos.

La caravana salió el 26 de octubre de la ciudad chiapaneca de Tapachula y llegó a Ciudad de México el 12 de diciembre, donde las autoridades ofrecieron a sus integrantes una visa por razones humanitarias. Algunos se quedarán en México, pero la mayoría seguirá su viaje hacia Estados Unidos. Cuando salió del sur de México la integraban unas 2.000 personas adultas y centenares de menores. La mayoría de ellos son centroamericanos, pero hay también personas procedentes Haití y Cuba, y hasta algunos de procedencia africana.

Han dormido en las plazas de los pueblos o en los arcenes, cuando los hay, de las carreteras. A veces ayuntamientos, párrocos o pobladores les apoyan suministrándoles agua y comida. En muchos casos no aparece nadie para ofrecerles víveres o desinfectante para curarse las ampollas producidas por las largas caminatas. América no tiene ampollas en los pies ni una meta clara, pero está seguro de que Honduras es demasiado peligroso para vivir.

Durante las ocho semanas y más de 1.100 kilómetros de camino recorrido, la caravana se ha ido deshilando y reconfigurando. Algunas personas se han separado y han seguido el viaje por su cuenta, al mismo tiempo que otras nuevas se han sumado a esta marcha. La mayoría de quienes salieron de Tapachula en caravana llevaban meses varadas en el lugar a la espera de recibir una respuesta a su solicitud de refugio. Esa tardanza se debe a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está saturada: se calcula que antes de terminar el año habrá recibido unas 130.000 solicitudes de asilo, cifra que representa un 46% más que el año anterior. Para intentar aliviar la situación de esta ciudad que muchos migrantes consideran como una cárcel, el Gobierno prometió trasladarlos en autobús a otras regiones de México y ofrecerles una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Desde hace semanas, miles de solicitantes de asilo están acampando en el estadio de Tapachula, a la espera de ser trasladados a otros lugares del país.

Una política migratoria más dura
Este año los flujos migratorios han sido especialmente intensos debido, sobre todo, a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, a los huracanes que azotaron Centroamérica, al terremoto de Haití y a la crisis social que desató el magnicidio de su presidente, Jovenel Moise. También ha influido la falsa ilusión de que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca conllevaría un viraje en las políticas migratorias estadounidenses.

Todo esto ha ocurrido simultáneamente al endurecimiento de la política migratoria del Ejecutivo mexicano: en mayo de 2019, Donald Trump amenazó a López Obrador con subir los aranceles del 5% si no se comprometía a frenar los flujos migratorios, y éste decidió desplegar más efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México con el objetivo específico de detener a las personas migrantes. Los intentos de la Guardia Nacional de desarticular la caravana han sido varios a lo largo de su trayecto. El último, cuando entraba a Ciudad de México y se topó con un muro de policías.

La violencia contra la población migrante por parte de la Guardia Nacional tiene un largo historial, que va desde los intentos de bloquear las caravanas a los tiroteos contra los vehículos que los transportan, que han provocado muertos. Además, en más de una ocasión sus vehículos han tenido accidentes en la carretera.
En noviembre doce personas murieron calcinadas en el interior de dos camionetas tras un choque en Chiapas. Pero el accidente más grave ocurrió el pasado 9 de diciembre, en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), donde volcó un camión en el que viajaban hacinados 166 migrantes, en su mayoría guatemaltecos.
Murieron 56, muchos de ellos aplastados por sus propios compañeros de viaje. Antes de volcar, el camión había pasado junto a tres retenes policiales, pero nadie lo detuvo para revisarlo, lo que levantó la sospecha de la posibilidad de que las autoridades estuvieran encubriendo el tráfico de personas. Se trata de un negocio muy lucrativo: los migrantes habían pagado casi 10 mil euros para ser trasladados desde Chiapas hasta Texas. «Las causas más profundas de accidentes como estos tienen que ver con el recrudecimiento de la política migratoria: está probado que a mayor fortalecimiento de la política de rechazo de personas migrantes, más se fortalecen las redes de tráfico de personas, pues aumenta el beneficio económico», afirma Rita Robles de la ONG Alianza Américas.

«Quédate en México»
Carmen saca de su bolso unos papeles que le entregó un juzgado de El Salvador. «Un tribunal me avala, no tengo sólo mi palabra», dice mientras muestra los documentos. Se trata de la denuncia contra su expareja y unos amigos suyos pandilleros. «Fueron a mi casa diciendo que me daban quince días para que volviera con él, en caso contrario la iba a pagar mi hija de siete años», relata. El miedo no le hizo perder la lucidez. Al día siguiente, Carmen agarró su hija y una maleta y puso rumbo a Estados Unidos. «Tengo que estar lejos de allá para proteger a mi hija. Hay bastantes personas en la caravana que venimos así, huyendo de algo o de alguien», cuenta Carmen, mientras su hija juega con una amiga en la cancha de fútbol del pueblo de Acacoyagua, en Chiapas.

Faltan más de 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos. Aunque llegue hasta allí, a Carmen le tocará pasar un tiempo en alguna ciudad fronteriza de México porque el 6 de diciembre entró nuevamente en vigor el «Quédate en México» (MPP – Migrant Protection Protocols, por sus siglas en inglés), un programa del Gobierno estadounidense que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución a su petición en México, donde se pueden tener que quedar hasta seis meses.

El programa fue creado por Trump y ha dejado a unos 70.000 migrantes varados en la frontera norte de México a la espera de la respuesta de una corte estadounidense. Su cancelación fue una de las promesas electorales
de Biden, que lo ha calificado de «inhumano», pero un tribunal federal de Texas ha ordenado su reimplantación.«La reinstalación de ‘Quédate en México’ ha sido impuesta de forma arbitraria por un tribunal de Estados Unidos y, por jurisdicción no tendríamos que atenderla, es una cuestión de soberanía. Nos regalaron vacunas y bajo ese compromiso lo aceptamos otra vez», afirma Rita Robles.

Carmen tiene miedo de que las pandillas de El Salvador tengan contactos en México para mandarla buscar, y teme la peligrosidad de las ciudades fronterizas del norte del país. Sabe que sólo una vez en Estados Unidos, cuando llegue a casa de su hermana, ella y su hija se sentirán seguras.

Artículo publicado en El Gara el 27.12.2021.

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Ellas saben lo que se siente vivir lejos de sus hijos. Además temían que, entre los niños “enjaulados” en las centros de detención en Estados Unidos, pudieran estar algunos de los que han apoyado en su paso por Tijuana. Por ello, estas Dreamers’ Moms, madres migrantes que fueron separadas de sus hijos tras su deportación de Estados Unidos, decidieron organizar una acción con sus compañeros de Espacio Migrante. 

El 30 de junio se reunieron en El Chaparral —el cruce fronterizo de Tijuana por donde salen los migrantes deportados— cargando mantas y bocinas. Ese día marcharon gritando: “Las familias tienen que estar juntas”. Esta es la principal consigna que desde hace cinco años, cuando fundaron su colectivo, pregonan.

Las historias de las Dreamers’ Moms son muy diversas. Algunas de ellas, tras su deportación, trajeron a sus hijos a México, pero no encontraron condiciones para que los niños se quedaran. Otras optaron por dejarlos en Estados Unidos, pues ahí tenían hecha toda su vida. Otras más no tuvieron siquiera la opción de escoger.

Newsweek en Español presenta los casos de tres madres migrantes que siguen a la espera de volver a reunirse con sus hijas e hijos.

“Tengo cinco años sin ver a mis hijas y más de un año que no sé nada de ellas, absolutamente nada”: Montserrat Galván Godoy

Carolina y Catalina conocen el castellano, pero no perfectamente. Lo pueden hablar, pero no logran escribirlo. En la escuela primaria de Villagrán, en Guanajuato, no se la pasaban bien: por las dificultades que tenían con el idioma participaban en las clases solo como oyentes, y sus compañeros les hacían bullying por su acento, por su historia. Por ser hijas de mexicanos que migraron a Estados Unidos, por ser gringas. Los niños les decían “huérfanas”, pues su papá no vivía con ellas; hasta las maestras las maltrataban. 

La mamá de Carolina y Catalina, Montserrat Galván Godoy, tampoco era feliz en Villagrán, su pueblo natal. A los 14 años migró a Estados Unidos, y en ese país nacieron sus hijas. Sentía que, de alguna forma, Carolina del Norte era su hogar pese a las dificultades que había pasado —dos años atrás había regresado a México para huir de su marido, un hombre violento que le causó un aborto por los golpes y que llegó a ponerle una pistola en la cabeza amenazando con matarla. 

Montserrat decidió entonces regresar a Estados Unidos. Agarró a sus niñas y se fue a Nogales para cruzar la línea, pero la agarraron con una visa que no era suya. Lo intentó también por Mexicali y tampoco lo logró. Después de dos meses esperando el momento oportuno para pasar, Montserrat decidió dejar a las niñas —que tienen nacionalidad estadounidense— con un primo hermano, para que las acompañara a Los Ángeles a encontrarse con su papá, y así evitar el peligro de cruzar la frontera irregularmente. 

“No me dejes, mamá”, le suplicó su hija más chiquita agarrándose de sus piernas. 

Montserrat tenía muy claro que no las quería dejar, sino alcanzarlas lo más pronto posible. Lo intentó por Piedras Negras, pero la Border Patrol la agarró al cruzar el río. La llevaron a un centro de detención en Eagle Pass, Texas. Ahí estuvo detenida durante un mes antes de ser deportada. Llegó a Guanajuato con su familia, traumatizada, enferma y deprimida.

“Como al mes mi marido me habla desde Estados Unidos y me dice: ‘¿Sabes qué? No quiero saber nada de ti, hazle como quieras, no te voy a regresar a tus hijas y hasta aquí se acabó todo’”. 

Montserrat cuenta su historia tomándose su tiempo, perdiéndose en los detalles. Sentada en el comedor de su casa de Tijuana, relata el porqué decidió mudarse a la ciudad norteña, hace cuatro años, a pesar de no conocer a nadie y no tener trabajo. Su única intención es estar cerca de la frontera para poder cruzar otra vez. 

Llevaba dos meses sin tener noticias de sus niñas cuando su marido la obligó a enfrentar un proceso legal vía Skype. El objetivo: quitarle la custodia de sus hijas quienes, en el juicio, declararon en contra de ella, afirmando que tomaba y las golpeaba. “Yo la tengo de ganar porque tengo a tus hijas —le había advertido previamente su marido por teléfono—, yo las puedo manipular a mi manera porque están viviendo conmigo, así que ya te chingaste”.

La rabia y la depresión ganaron una vez más. “No soy feliz; sí sonrío, pero siempre pensando en cómo estarán mis hijas, si comerán, si me extrañarán, si pensarán en mí”. 

En aquella época se sentía un poco más fuerte y menos sola, pues ya participaba en el colectivo The Dreamers’ Moms.

“Yo siempre estaba con la idea de quererme ir, de cruzar la frontera, hasta que mi compañera Yolanda Varona me dijo que no tenía que desesperarme, que tenía que tomar las cosas con más calma. En Estados Unidos sufrí de violencia doméstica y puedo aplicar para la visa tipo U e irme legalmente”, dice Montserrat. 

La visa tipo U es un permiso que puede ser solicitado por víctimas de actos de violencia de cualquier tipo en Estados Unidos, que hayan cooperado con la autoridad para capturar el agresor y que puedan presentar un reporte policiaco. Hay otra figura parecida que se llama VAWA, también creada para combatir agresores en la sociedad. Obtener este permiso es más rápido, pero se puede solicitar solo en caso de haber sufrido violencia doméstica por parte de un esposo que es ciudadano estadounidense o tiene residencia permanente.

Montserrat anhela obtener el permiso que le permita estar en el mismo territorio para acercarse a sus hijas.

“No pude decirle adiós a mi hija, no pude darle un último abrazo ni pedirle una disculpa por lo que fue una irresponsabilidad de mi parte”: Yolanda Varona

A Yolanda le encantaba su vida en El Cajón, en California. Ahí había llegado, procedente de Guerrero, casi dos décadas atrás con sus dos hijos pequeños. Tenía una visa de turista y no tenía planeado quedarse mucho tiempo. Pero la suerte le abrió puertas inesperadas: empezó trabajando de cocinera, luego de cajera y con el tiempo se volvió gerente. Finalmente consiguió ser la encargada de dos tiendas, con un sueldo muy bueno. Se sentía orgullosa de poder darle a sus hijos la vida que les había prometido.

Todos estaban felices. Los domingos los pasaban en la playa de Coronado: llevaban café y sillas, y se sentaban con los pies hundidos en la arena a ver caer el sol detrás del horizonte. Yolanda tenía también un novio, ciudadano estadounidense, y quería casarse con él. 

El 31 de diciembre de 2010, Yolanda salió en carro a México por la garita de Tecate, para acompañar a la abuela de su prometido. Era una cuestión que le tomaría diez minutos: cruzar la frontera, dejar la abuela, y regresar. Pero la revisión de migración fue más atenta de lo que imaginaba y, al descubrir que Yolanda era indocumentada, decidieron deportarla a Tijuana y castigarla de por vida. 

Yolanda nunca regresó a la casa donde sus hijos la esperaban para celebrar juntos el Año Nuevo. “Cuando llegué a Tijuana estuve meses en depresión, solo dormía y lloraba”, recuerda la mujer.

Una noche le rogó a Dios que le indicara lo que podía hacer para salir adelante. Cuando se despertó, se sentó frente a la computadora y buscó si en Tijuana había algún grupo de madres deportadas. No encontró ninguno, pero se contactó con una organización de Los Ángeles que se llama The Dreamers’ Moms, un grupo de madres migrantes indocumentadas que luchan para que no las deporten. 

“¿Por qué no haces un grupo en Tijuana? Así no estás sola y empiezas a luchar desde afuera”, le propusieron. Fue así como Yolanda fundó el grupo Las Madres Soñadoras, en Tijuana. 

Al principio se reunían solo para festejar cumpleaños, navidades, para platicar de cómo se sentían. Luego empezaron a acompañar a mujeres deportadas, con el apoyo de algunos abogados solidarios —como Jesús Grijalva— y también a canalizarlas en los albergues de migrantes, a organizar acciones al lado de la valla fronteriza a la orilla de Tijuana.

El grupo creció rápidamente: “Hubo un momento en que ya no cabíamos en la sala donde nos reuníamos”, recuerda Yolanda. 

De acuerdo con el informe anual “Migración y movilidad internacional de mujeres en México”, de la Secretaría de Gobernación, en 2017, 468 madres mexicanas deportadas dejaron en Estados Unidos a sus hijos y algún familiar. El año previo fueron 1,019 y, en 2015, fueron 1,064.

“Somos miles las mujeres migrantes separadas de nuestros hijos, y no es solo un problema mexicano: hay en muchas partes del mundo”, asegura Yolanda. De acuerdo con la activista, muchas madres hubieran querido traer sus hijos a su país, pero la deportación es súbita, “no te mandan a avisar”. Si al momento de la deportación los niños no se encuentran con la madre, la separación es inmediata. 

“En el caso de las madres solteras, a los niños menores de edad los recoge el servicio social y se los lleva a una casa de cuidado para luego darlos en adopción. La mamá no sabe dónde quedaron sus hijos y pierden inmediatamente comunicación”, explica. 

“Otras veces los niños se quedan con el papá, que en algunos casos al casarse con otra mujer decide cortar la comunicación con su exesposa, y no parece que a la mamá la deportaron, parece que murió. Empiezan a cambiar de números de teléfono, cambian de escuela a los niños, se cambian de domicilio y para la mamá se vuelve muy difícil volver a contactar a sus niños”.

Yolanda Varona es una de las dos Dreamers’ Moms que ya solicitaron una visa tipo U, y que espera tener respuesta dentro de un año. En su tiempo libre le gusta ir a pasear en Playas de Tijuana. 

“Desde el faro puedo ver perfectamente la playa de Coronado, donde caminaba con mis hijos”, cuenta. A veces se imagina que podrían estar justo ahí, en ese mismo momento, que también la estén buscando y que, de pronto, sus miradas se crucen.

“Fue muy difícil para mis hijos vivir en México porque a cada paso que daba me encontraba con una barrera”: Emma Sánchez

Emma Sánchez hojea unas fotografías donde se repiten los rostros de dos niños parecidos, uno pelirrojo y otro de cabello oscuro. Imagen tras imagen, los rasgos de los pequeños se vuelven más delineados hasta que, en otras fotos, aparece un bebé regordete. 

“Aquí es cuando me deportaron”, prosigue Emma, mostrando una imagen de su familia en la que todos se ven sonrientes. “Íbamos felices en el carro de California a Ciudad Juárez, íbamos cantando. A veces nos parábamos para sacar fotos”, cuenta.

Era el 6 de junio de 2006. Emma llevaba seis años viviendo en Estados Unidos, el país donde conoció a su marido Michael Paulsen, un veterano de la Marina, y con quien crió a sus tres hijos. Emma aún no tenía sus papeles en regla y para regularizar su situación tenía que acudir a una cita migratoria en el consulado de Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Decidieron ir todos juntos. En el auto iban haciendo planes para el futuro: con los papeles en regla, por fin podrían viajar por el país —querían llevar a los niños a Disneylandia e ir a Ohio para que Emma conociera a los padres de Michael—. Pero en Ciudad Juárez el oficial de migración estadounidense le dijo a Emma que ya no podía ingresar en el país. “Haz lo que quieras, tu esposa no va a regresar en diez años”, le dijeron a su marido.

“Fue el día más terrible de mi vida, sientes que se te acaba el mundo —recuerda Emma—. Tu mundo queda hecho pedazos en un instante, en un minuto”. 

Su marido decidió regresar a California para no perder su trabajo y Emma viajó hasta Guadalajara con sus tres hijos y una cesárea reciente. De allí se mudó a Los Cabos con su hermano, pero no encontró las condiciones para que sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se pudieran quedar. Entonces, solo los niños mexicanos podían ser inscritos a la escuela pública y ser vacunados; a Emma le  resultaba muy caro pagarles la colegiatura en una escuela particular y los trámites para obtener la doble ciudadanía para los tres pequeños.

Fue así como tomó la decisión más difícil de su vida: mandó a sus hijos a vivir con su marido, quien en el día con día se encontró criando a los tres niños solo. Ella se mudó a Tijuana para estar lo más cerca de su familia: desde hace diez años cruzan la frontera, cada fin de semana, para ir a visitarla.

Nos encontramos con Emma y sus hijos en Friendship Park, en el punto donde la valla pintada con murales, que separa Tijuana de Estados Unidos, acaba en el océano. Es un lugar simbólico: allí cada fin de semana las autoridades de San Diego permiten a los migrantes acercarse a la barrera para, a través de las escisiones, charlar con sus familiares en Tijuana. Alrededor de ellos la gente disfruta del sol, pasea por la playa, come helados y churros —hay una atmósfera alegre que contrasta con todo lo que el muro fronterizo supone.

Cada tercer domingo del mes, en Friendship Park, las Dreamers’ Moms y sus abogados solidarios brindan asesoría legal migratoria gratuita. Fue justo en Friendship Park donde, el 19 de julio de 2015, Emma y Michael celebraron su boda religiosa. “Me pareció una manera excelente de cumplir mi sueño de casarme por lo religioso y, al mismo tiempo, llevar un mensaje a las autoridades migratorias”, dice Emma. “Sentía que nuestra historia era una manera perfecta de demostrar que el amor no tiene fronteras, y sentía también el poder de representar a todas las madres deportadas”.

En la ceremonia participaron amigos y familiares de la pareja, y dos sacerdotes: uno del lado mexicano y otro del lado estadounidense, oficiaron la misa en dos idiomas. 

“El muro separa familias, pero jamás los sentimientos”, afirmó Emma ese simbólico día.

Los diez años de su castigo migratorio ya pasaron. Emma pensó que podría regresar a Estados Unidos de inmediato. No es así: aún falta más tiempo, más dinero, más trámites. 

El 23 de agosto Emma retornará al consulado estadounidense de Ciudad Juárez a que le hagan su última entrevista. Tiene esperanza de que finalmente le otorguen su permiso de residencia permanente. De conseguirlo, se volverá la tercer mujer de las Dreamers’ Moms que logre regresar a Estados Unidos legalmente. 

Artículo publicado en Newsweek en Español el 22.07.2018

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