Desde el grifo de la cocina de María Estela Alejandro Pérez el agua sale con tan poca presión que, para lavar los platos, tiene que rellenar de poco a poco un recipiente y luego verter el agua directamente encima de los trastes enjabonados. De vez en cuando, de la llave no sale ni una gota y el tubo murmura un ruido hueco.

El acceso al agua es un problema para los habitantes del “pueblo originario” de Santa Úrsula Coapa y María Estela teme que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se encuentra a unas cuadras de su casa, pueda empeorar la situación.

«Tememos que, tras el Mundial, Santa Úrsula Coapa se gentrifique todavía más, que empiece la construcción de nuevos apartamentos, casas y centros comerciales, agravando nuestros problemas relacionados con el acceso al agua. Si ya ahora tenemos poca, ¡imagínese si llegase más gente!», dice María Estela Alejandro Pérez. «También nos preocupa que el desarrollo inmobiliario cause un incremento del impuesto predial (impuesto sobre bienes inmuebles) hasta el punto de no poderlo pagar y que nos veamos obligados a irnos. Es cierto que en ese punto podríamos vender nuestras casas a un precio muy alto, pero no queremos venderlas, no queremos irnos: vivimos aquí y aquí nos queremos quedar», añade.

Las consecuencias del Mundial a largo plazo les preocupan tanto que a María Estela no parece interesarle mucho el flujo de clientes que se podría generar en su negocio de venta de comida durante los cinco partidos programados para el Estadio Azteca. «No estamos en contra del fútbol ni del deporte en general, sino de los empresarios como la familia Azcárraga, principal accionista del network Televisa y constructora del Estadio Azteca. A ellos no les importan los problemas que generan para la población», afirma.

Mural en el bajo puente de la Calzada Tlalpan en Ciudad de México, en el que se denuncia el abuso de Televisa con el agua y su «pozo ilegal». Foto: Orsetta Bellani

EL TEMPLO DEL FÚTBOL

El partido inaugural de esta Copa Mundial será entre México y Sudáfrica y se disputará en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio. Este anfiteatro, que tras su remodelación cuenta con un aforo de 87.400 personas, ha sido rebautizado como Estadio Banorte, pero todo el mundo sigue llamándolo con su nombre original. Es considerado un templo del fútbol: aquí se jugó el llamado “partido del siglo” entre Italia y Alemania en el Mundial de 1970 y, en el mismo año, Pelé llevó a la selección brasileña a la victoria; también aquí, en cuartos de final del Mundial de 1986, Maradona anotó el gol donde fue protagonista la famosa “mano de Dios”. El estadio mexicano ostenta, asimismo, un récord a nivel planetario: con el evento deportivo de este año, se convertirá en el estadio que más Copas Mundiales ha albergado en el mundo, con un total de veinticuatro partidos mundialistas. El Azteca ha sido testigo, además, de conciertos ofrecidos Michael Jackson y Shakira, e incluso de una misa oficiada por el Papa Juan Pablo II.

Pero la historia del Estadio Azteca está también marcada por la violencia: a principios de los 60, para poder llevar a cabo las obras de construcción, la Policía desalojó a las personas que vivían en los terrenos que la familia Azcárraga acababa de adquirir, destruyendo con excavadoras sus humildes viviendas de cartón, tablas y láminas. Familias enteras terminaron viviendo en la calle. Muchos residentes de Santa Úrsula Coapa recuerdan las luchas que emprendieron en aquellos tiempos difíciles, que llevaron a la destitución del jefe de Policía que había ordenado el operativo.

El Estadio Azteca se inauguró en 1966 con un partido entre el equipo mexicano América y el italiano Torino, que terminó con un resultado de 2-2. En aquel entonces, Santa Úrsula Coapa -oficialmente considerada como “pueblo originario” por ser un asentamiento de época prehispánica con una identidad, historia y hasta una conformación urbanística propia- marcaba el límite suroeste de Ciudad de México. Sin embargo, debido al rápido crecimiento de la urbe, hoy en día se ubica en plena metrópoli.

María Estela Alejandro Pérez, en la cocina de su casa, llenando una palangana para poder lavar los platos. Foto: Orsetta Bellani

EL POZO DE TELEVISA

Lo que más indigna a María Estela y a sus vecinos es que, mientras la población sufre a diario la escasez de agua, una gran empresa como Televisa sea dueña de un pozo que se encuentra junto al Estadio Azteca, del cual tiene permiso para extraer 450 millones de litros de agua al año.

«Es un pozo ilegal, porque la ley prohíbe autorizar el alumbramiento de un pozo si existen otros a menos de 500 metros y el pozo de Televisa tiene otros dos a poca distancia», explica Guadalupe Castillo Martínez, profesora de Filosofía que reside en Santa Úrsula Coapa desde hace más de treinta años. Afirma también que Televisa utiliza una parte del agua para regar el césped del campo de fútbol y el resto lo «dona» al barrio.

«Televisa incluso colocó una placa cerca del pozo que dice que la empresa dona su agua a Santa Úrsula Coapa, como si fuera un gesto humanitario. Me parece un sinsentido e inmoral que primero le quiten agua ilegalmente a la población y luego se jacten de regalársela», afirma Castillo Martínez.

Santa Úrsula Coapa ha presentado una clara solicitud a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum: que la concesión de agua a Televisa sea revocada y que su pozo sea expropiado e incorporado a la red pública de agua potable.

«MUNDIAL DEL DESPOJO»

En su lucha, María Estela Alejandro Pérez y Castillo Martínez no están solas: cada domingo, en el bajo puente de la Calzada Tlalpan, a lado del Estadio Azteca, se reúne la Asamblea Antimundialista. Se trata de un espacio conformado por colectivos que luchan en contra de la gentrificación de Ciudad de México y hacen intervenciones gráficas para manifestar su descontento hacia el “Mundial del despojo”. Las autoridades borran sus pintadas inmediatamente, pero pronto vuelven a reaparecer.

Justo allí, como parte de las obras de remodelación del Estadio Azteca, la empresa Coca Cola construyó unos “jardines de lluvias”. La rehabilitación del anfiteatro para el Mundial empezó en 2024 y todavía no ha terminado por completo. En un primer momento, Televisa presentó el proyecto llamado Conjunto Estadio Azteca, que contemplaba también la construcción de un centro comercial de cuatro niveles, un hotel de siete pisos y un aparcamiento, pero en 2022, debido a la oposición vecinal, fue cancelado. Las obras se enfocaron entonces en el interior del estadio y en la construcción o remodelación de algunas infraestructuras externas, como los “jardines de lluvias” y los puentes peatonales.

La Asamblea Antimundialista tiene una postura crítica hacia las obras de rehabilitación por haber provocado el desalojo de decenas de puestos ambulantes que, desde hace décadas, vendían comida a los transeúntes. Además, afirman sus integrantes, son obras «hechas para el turismo en lugar de para los habitantes».

El 28 de marzo, mientras en el Azteca se disputaba el partido de inauguración del nuevo estadio, la Asamblea Antimundialista realizó una “cascarita” -partido amistoso y espontáneo- en las calles de Ciudad de México: los activistas pintaron canchas de fútbol en los carriles de una avenida, bloqueando su tránsito, y jugaron un torneo con consignas como “El fútbol no es de la FIFA”. La Asamblea Antimundialista ha anunciado que habrá movilizaciones también en junio, en el marco de la inauguración del evento deportivo.

Dos mujeres pasan junto a un mural en un callejón de Santa Úrsula Coapa. Foto: Orsetta Bellani

PANDEMIA, MUNDIAL Y GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La lucha en contra de la gentrificación de la metrópoli ha crecido en los últimos años, conforme iban subiendo los alquileres de los apartamentos y sus inquilinos se veían obligados a abandonarlos. La pandemia de 2020 fue un punto de inflexión importante en este proceso, pues miles de “nómadas digitales” estadounidenses y europeos llegaron a la capital mexicana atraídos por alquileres más bajos y restricciones sanitarias menos estrictas que en sus países. Con un poder adquisitivo mucho más alto que el de las personas locales, se instalaron sobre todo en barrios como la Roma y la Condesa, donde los alquileres, así como los precios de la comida y de los servicios, empezaron a inflarse. Poco a poco los habitantes originarios de estos barrios, donde hoy en día en las calles se escucha hablar inglés, han sido silenciosamente desalojados de sus casas.

Para la Asamblea Antimundialista otro punto de inflexión en el proceso de gentrificación de Ciudad de México ha sido el anuncio del Mundial de Fútbol de 2026. En Santa Úrsula Coapa, por ejemplo, los alquileres ya se han duplicado y muchos residentes se tuvieron que desplazar. Agrupaciones como el Frente Antigentrificación califican este proceso como una «limpieza social».

«Hemos presenciado de primera mano que las personas de la tercera edad son las principales víctimas de los diversos eventos de despojo cobijados por proyectos urbanos que potencialmente benefician intereses inmobiliarios privados. No aceptamos que un evento deportivo se convierta en excusa para desplazar comunidades, vulnerar derechos o transformar la ciudad únicamente en función de intereses privados», afirma el Frente Antigentrificación en un comunicado del 5 de diciembre de 2025.

Obras de remodelación del exterior del Estadio Azteca, en octubre de 2025. Foto: Orsetta Bellani

CUARENTA Y SIETE AIRBNB POR MES

El turismo y el crecimiento exponencial de plataformas como Airbnb preocupan enormemente a quienes luchan en contra de la gentrificación de una metrópolis donde, cada cuarenta y ocho horas, tres viviendas salen del mercado de alquiler residencial y entran al mercado turístico: una cifra equivalente a 47 viviendas al mes. De acuerdo con la consultora Deloitte, a raíz del Mundial de la FIFA el número de anfitriones en Airbnb subirá un 61%.

«En México no existe ninguna regulación, se puede tener un edificio completo en Airbnb. Queremos que, a partir de cierta cantidad de departamentos que una persona tiene en las plataformas, se considere como un alquiler mercantil y pague impuestos como si fuera un empresario», dice Natalia Lara Trejo, integrante de la Asamblea Antimundialista. «Queremos también una declaración antituristificación. En julio de 2025, tras unas protestas muy encendidas en contra de la gentrificación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, declaró que la gentrificación no era un beneficio para la ciudad. Queremos que diga lo mismo del turismo», añade.

La joven explica que, después de las protestas del año pasado, el Gobierno de la ciudad se comprometió a estabilizar el precio de los alquileres y establecer un tope en el número de Airbnb en las zonas tensionadas de la ciudad, es decir, las áreas que más sufren el problema de la gentrificación. Estas promesas nunca se han cumplido.

«La gentrificación tiene su raíz en la colaboración de las autoridades: transformar la ciudad para el turismo es una decisión política. Se abandonó la idea de una ‘ciudad equitativa’ por una ‘ciudad mercancía’ que no está planeada con una visión de habitabilidad, sino con el objetivo de generar activos financieros para las empresas», dice Natalia Lara Trejo. «Existe un marco normativo y administrativo que permite a los desarrolladores inmobiliarios seguir construyendo de forma rapaz sobre suelos comunitarios y propiedades colectivas, en la parte todavía un poco más rural de la Ciudad de México. También hay muchísimas nuevas construcciones sin permisos en predios que tienen problemas jurídicos», denuncia Natalia Lara Trejo, que participa también en la Cooperativa de Acción Comunitaria Pedregales de Coyoacán, un barrio ubicado a aproximadamente un kilómetro del Estadio Azteca.

La Cooperativa de Acción Comunitaria Pedregales de Coyoacán fue fundada en 2017 por su madre y otras mujeres del barrio que estaban cansadas de tener que racionar la poca agua que salía de sus grifos y de cargar pesados baldes desde la fuente pública. Comenzaron a protestar y a bloquear las calles, pero las autoridades no les hicieron caso. Decidieron entonces investigar las causas de la escasez de agua en sus hogares y descubrieron que en realidad había agua en los pozos y que, sin embargo, la Alcaldía, manipulando las válvulas, la estaba “desviando” hacia los nuevos edificios residenciales de clase media-alta y los centros comerciales.

Obras de rehabilitación del aeropuerto internacional de Ciudad de México con vistas al Mundial de la FIFA. Foto: Orsetta Bellani

UNA FIESTA MUNDIALISTA

En febrero pasado, la detención y ejecución por parte del Ejército mexicano del capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, desató la reacción de la organización criminal en varias regiones del país, donde se registraron centenares de enfrentamientos armados, narcobloqueos en carreteras e incendios y ataques a comercios, gasolineras y bancos.

Las autoridades tardaron días en calmar la ola de violencia y se volvió todavía más urgente la pregunta que desde hace tiempo muchas personas se hacían: ¿sabrá el Estado mexicano garantizar la seguridad de turistas y equipos de fútbol durante el Mundial? ¿Sabrá “proteger” su imagen internacional?

La presidenta, Claudia Sheinbaum, asegura que no habrá ningún problema durante el Mundial y que su Gobierno trabaja desde hace tres años con la oficina de la FIFA en el reforzamiento de protocolos y medidas preventivas. «Queremos que sea una fiesta mundialista. Mostrará al mundo lo que somos: una nación de una enorme grandeza cultural, un pueblo empoderado, orgulloso de sus raíces, de su presente y futuro», ha afirmado la mandataria recientemente.

El epicentro del caos que se desató en febrero tras la detención de El Mencho fue Jalisco, uno de los estados mexicanos con mayor incidencia delictiva y que lidera el número de desapariciones, con más de 14.000 casos. Aquí se originó el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización designada como «terrorista» por la Administración de Donald Trump y que cuenta con unos 19.000 miembros y presencia en 21 de los 32 estados del país.

Su capital es Guadalajara y las preocupaciones alrededor de los cuatro partidos que se llevarán a cabo en el Estadio Akrón de esta ciudad son especialmente fuertes. Sin embargo, algunos expertos, como el consultor en políticas públicas y seguridad David Saucedo, afirman que durante el evento «autoridades y criminales podrían llegar a un acuerdo de no agresión». Un periodo de paz le podría convenir también a los delincuentes, puesto que les permitiría impulsar negocios como la venta de drogas, la explotación del trabajo sexual y las apuestas ilegales. También la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expresó la preocupación de que el crimen organizado aproveche el Mundial de fútbol para incrementar estos delitos y lanzó unos protocolos para intentar contenerlos.

DESAPARICIONES EN MÉXICO, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

En febrero de 2025 los trabajadores de una constructora encontraron 169 bolsas con restos humanos en las cercanías del Estadio Akrón. Pronto un colectivo de familiares de desaparecidos acudió al lugar con la preocupación de que pudiera haber más y encontró otras 121 bolsas.

En México se contabilizan más de 132.000 personas desaparecidas y, de acuerdo con un reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, se trata del Estado con el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial. A principios de abril, el CED afirmó que las desapariciones en México han alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad y remitió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una resolución sobre la situación del país para someterla a la Asamblea General, con la invitación a que «esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen». Por su parte, el Gobierno mexicano rechazó el informe y lo calificó de «tendencioso y falto de rigor jurídico».

Foto: Orsetta Bellani

En México existen decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas que, con consignas como “No jueguen con nuestro dolor” o “México, campeón en desaparición”, están convocando movilizaciones en el marco del Mundial de fútbol. Su intención no es boicotear el evento deportivo, sino aprovechar la visibilidad internacional que tendrá México durante esos días para denunciar la crisis humanitaria que el país está viviendo.

«Las familias tomaremos las calles para recordarles que México no puede ser una sede deportiva mientras siga siendo una fosa clandestina», avisaron los colectivos de familiares de personas desaparecidas en un comunicado que leyeron tras un partido de fútbol en las calles de Ciudad de México. Allí, a dos meses del comienzo del Mundial, lanzaron su campaña: «Esta campaña es además una medida de prevención y advertencia para quienes visitan el país. Un país donde la impunidad es la norma. Reiteramos nuestro respaldo total al CED de la ONU ante un sistema de justicia mexicano que llega tarde o, simplemente, no llega. La vigilancia internacional es nuestra única garantía de verdad», decía el comunicado leído por Jorge Verástegui, quien desde 2009 busca a su hermano y a su sobrino desaparecidos.

UN «PULMONCITO» EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Estadio Azteca se alza imponente sobre Santa Úrsula Coapa, dominando las casas y el entramado de cables que conectan los postes de luz. Sin embargo, desde los callejones bordeadas por altos muros de piedra volcánica no se ve que María Estela Alejandro Pérez camina con la seguridad de quien siempre lo ha hecho.

Durante el paseo, la mujer comparte sus preocupaciones relacionadas con la gentrificación y cuenta que, cuando hay partidos, es decir, un par de veces por semana, el tráfico y el olor a orina en estos callejones se vuelven insoportables. De repente, María Estela Alejandro Pérez se detiene y asoma la cabeza entre los barrotes de metal de un gran portón. Cuenta que en esas cinco hectáreas de terreno, en ese “pulmoncito” que los vecinos conservan como reserva natural, hace unos años una empresa quería construir cientos de departamentos. La oposición de los pobladores de Santa Úrsula Coapa fue fuerte y el proyecto se canceló, pero, recientemente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de un parque temático dedicado a la exhibición de dinosaurios.

«No lo vamos a permitir, queremos que siga siendo una reserva natural», afirma . Se siente orgullosa de este recinto, que alberga alrededor de 15 mil árboles, dos ojos de agua y unos nidos de águilas: casi un milagro en una ciudad que, incluyendo el área metropolitana, tiene aproximadamente veintitrés millones de habitantes.

Reportaje publicado en Zazpika el 3 de mayo de 2026: https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/2026-05-03/hemeroteca_articles/el-mundial-del-despojo-agua-negocio-y-gentrificacion-en-ciudad-de-mexico

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Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública sobre el megaproyecto turístico Puerta al Mar piden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que niegue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la autorización para construir en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Este martes 7 de octubre terminó la consulta pública del megaproyecto que la Sedena construye en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo, a lo largo de la ruta del Tren Maya.

Foto: Orsetta Bellani

Durante un mes cualquier persona tuvo la posibilidad de enviar, a través del portal de la Semarnat, observaciones, sugerencias o propuestas alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que tiene un costo estimado en 175 mil millones de pesos y que está en construcción desde agosto de 2023, a pesar de no contar con los permisos ambientales.

Las obras consisten en la ampliación y pavimentación de una brecha de terracería de 54.6 kilómetros conocida como “camino antiguo a Vigía Chico”, que une el poblado de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe, cruzando los humedales de Sian Ka’an. El megaproyecto contempla también otras infraestructuras, como un restaurante, un estacionamiento con locales comerciales, senderos peatonales y un muelle con mirador. Además, donde hay manglares el Ejército creará una playa artificial de 6 mil metros cuadrados con camastros, palapas y un restaurante.

Qué es un proceso de consulta pública

La Semarnat tendrá que leer y analizar las observaciones que recibió durante el proceso de consulta pública del proyecto que oficialmente se llama “Camino artesanal Puerta al Mar”, y tomarlas en cuenta al decidir si otorga o niega el permiso para construir la obra.

La dependencia tiene también la facultad de convocar una reunión pública informativa, donde la Sedena tendría que exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra y sus posibles impactos, además de las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas.

Foto: Orsetta Bellani

Piden que se niegue el permiso a Sedena

“Nosotras estamos solicitando a Semarnat que niegue a Sedena la autorización por incumplimiento de la ley ambiental, siendo que el proyecto se empezó a construir antes de conseguir los permisos ambientales y ya se han destruido manglares”, dice una abogada integrante de Territorios Diversos para la Vida (Terravida), una de las organizaciones que participaron en la consulta pública de la Puerta al Mar.

También, agrega, solicitamos que se clausuren las obras en caso de que estén en operación y se impongan las sanciones correspondientes. Terravida señaló a Semarnat que la MIA reconoce que el Ejército desarrolla actividades que el Plan de Manejo de Sian Ka’an prohíbe, como impulsar el turismo y construir obras dentro del área natural protegida. “La MIA reconoce la fragmentación del hábitat que el proyecto conlleva, que tiene un impacto en la conectividad de las especies”, dice la abogada.

La organización observó que no se toman en cuenta los impactos cumulativos de esta obra con otras construidas en el área, como el Tren Maya, y destacó que no se contemplan las afectaciones que pueden padecer comunidades que no se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como Punta Allen, localizada frente a la Puerta al Mar, del otro lado de la Bahía de la Ascensión.

Afectaciones al territorio simbólico

Las observaciones que llegaron a Semarnat no tienen que ver sólo con los impactos ambientales de la Puerta al Mar. “Participamos en el proceso de consulta pública señalando un elemento más cultural y tiene que ver con las afectaciones al territorio simbólico. Para nosotros los pueblos mayas, el camino antiguo a Vigía Chico tiene espíritu: están los yumtsilo’ob, que son los guardianes de la selva y tienen memoria”, dice Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto. Recuerda que este camino tiene mucha importancia en la memoria de la población local, que lo recuperó de los soldados mandados a reprimir la población maya durante la Guerra de Castas.

Foto: Orsetta Bellani

“Mandamos a Semarnat una observación también sobre la justificación que tiene el proyecto, siendo que la MIA afirma que es una exigencia histórica de la gente local, de los mayas, pero en realidad una parte de la población no lo quiere”, dice Sulub Santos.

De acuerdo con él, los puestos de trabajo que el gobierno promete son un espejismo que no compensa los daños generados por el megaproyecto: “son empleos con una fragilidad alta. Lo estamos viendo ahora en Tulum, donde la falta de turistas impacta fuertemente a la economía de los trabajadores locales”, afirma.

Piden reunión para establecer medidas de protección para la Selva Maya

Desde que el camino viejo a Vigía Chico ha sido ampliado y pavimentado, los carros pasan a toda velocidad y ya se reportan atropellamientos de animales.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva” de Greenpeace México, recuerda que una carretera que irrumpe en un ecosistema trae varios impactos y no sólo ambientales, pues existen otros relacionados con la especulación inmobiliaria que puede traer en el futuro.

“Ya hicimos una alerta a las autoridades federales y estamos en espera de un diálogo con la Semarnat y otras dependencias para hablar de las medidas de protección para la selva, que está en riesgo a causa de proyectos como el Tren Maya o la Puerta al Mar”, dice Carlos Samayoa. “La complejidad en torno de la selva es altísima y hay que abordar el tema desde una perspectiva compleja. Por eso estamos buscando que sea una mesa de trabajo multisectorial e intersecretarial, para blindar a la selva de cualquier amenaza. Se nos prometió este diálogo y esperamos tener pronto fechas concretas”.

Artículo publicado en Animal Político el 8 de octubre de 2025.

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Hace días que Fray Colli Colli no tiene luz en su casa. El comisariado ejidal de X-Yatil, una comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, conformada por viviendas de construcción tradicional maya, con techos de palma y paredes de bajareque, cuenta lo curioso que es vivir sin electricidad a pesar de estar cerca de unos postes de luz de alta tensión.

Estas torres han causado un conflicto entre el ejido de X-Yatil y las autoridades mexicanas, que llevaron a los pobladores a interponer dos demandas: una en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT), la otra en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

Los ejidatarios acusan a las dependencias federales de haber ocupado ilegalmente su tierra para construir la línea eléctrica que va de la subestación de Polyuc a la estación del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto. La primera audiencia del juicio en contra de Fonatur se celebrará este 5 de agosto.

Electricidad para el Tren Maya

Los postes de esta línea eléctrica, con una altura aproximada al doble de los de baja tensión, no están destinados a atender los problemas de acceso al servicio eléctrico que enfrentan con frecuencia los habitantes de la península de Yucatán, sino para alimentar el Tren Maya.

Foto: Orsetta Bellani

De la ruta total, 690 kilómetros —el 44 %— operan con electricidad, mientras que el 56 % restante utiliza diésel. Para electrificar el Tren Maya se construyó una red que cruza 40 municipios del sureste mexicano, 43 subestaciones y 10 líneas de transmisión. 

“Este proyecto nos dio la oportunidad de construir subestaciones importantes que no solo van a beneficiar al Tren Maya y las zonas aledañas a su recorrido, sino que ya están mejorando la calidad del servicio eléctrico en una gran área tanto de Yucatán como de Quintana Roo”, afirmó Rafael Antonio Ramírez Ríos, coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

Sin embargo, hasta ahora, el sistema eléctrico no ha logrado cubrir la demanda de toda la población. En la región, caracterizada por un crecimiento demográfico y turístico acelerado, los apagones son frecuentes. El 24 de marzo pasado, 1.3 millones de personas, alrededor de la tercera parte de los habitantes de la Península de Yucatán, fueron afectadas por un apagón.

CFE coloca postes sin pedir permiso a la asamblea ejidal

A mediados de octubre de 2023, los pobladores de X-Yatil se dieron cuenta de que la CFE estaba plantando unos postes gigantes en sus terrenos en la orilla de la carretera federal 184. La ley prevé que antes de construir una obra en tierras ejidales, la asamblea tiene que autorizar la ocupación previa, que es el trámite que da inicio al proceso de expropiación y al consiguiente pago de indemnización. Sin embargo, esto no ocurrió.

Al ver a los trabajadores de la CFE realizar las obras, el excomisariado ejidal acudió al sitio con algunos vecinos para detenerlas. “¿A ustedes quién les dio permiso para entrar acá? Nadie nos lo pidió”, dijo a los trabajadores. Ante ello, la comisión les aseguró que pronto se iba a reunir con la comunidad para aclarar la situación, pero la asamblea nunca se realizó y las obras siguieron. 

Los pobladores de X-Yatil tomaron entonces la decisión de cerrar la carretera. Se sumaron también los ejidatarios de las comunidades colindantes: Dzula, X-Pichil, Betania y Chunhuas, también afectadas por el tendido eléctrico que en este tramo corre por unos 53 kilómetros. 

“Es un despojo descarado”

Tras la movilización, los pobladores lograron realizar una asamblea con dependencias gubernamentales, donde se les advirtió que, de continuar con los bloqueos, podrían enfrentar consecuencias legales. Luego, la CFE demandó al excomisariado ejidal por haber impedido las obras y fueron enviados unos convoyes del Ejército a X-Yatil: entraron, dieron unas vueltas y se estacionaron en la esquina del parque central. 

“Fue un acoso, un acto intimidatorio”, dice Fray Colli Colli. “Es una falta de respeto que el gobierno entre como un bandido en nuestras tierras y agarre lo que quiere, como si fuera dueño de todo. Somos un ejido desde 1942, son nuestras tierras y las están invadiendo. Tenían que expropiar legalmente, no entrar así. Eso es un despojo descarado”. 

Sin embargo, en su libro “Vías de luz: historia de la electrificación del Tren Maya”, la CFE afirma tener un “respeto profundo” hacia la población maya local y presume su participación en una Ceremonia Primicia, para pedir a las deidades que cuidan los montes la protección y el permiso de adentrarse a su territorio y construir el proyecto. El ritual, conocido como Wahil Kóol o Hanli Kóol, se llevó a cabo el 14 de enero de 2023 cerca de la subestación eléctrica de Polyuc.

Una acción planeada para ahorrar tiempo

Durante la asamblea, las autoridades no entablaron una negociación con los ejidatarios, sino que resolvieron el asunto de otra forma. “Si no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, demándenos”, dijeron a los pobladores. 

“El gobierno primero ocupó la tierra, taló, construyó y ya luego intenta resolver el tema de los pagos. Que yo sepa ocurrió lo mismo en por lo menos 12 ejidos de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, puede haber más”, dice Flavio Ayuso, abogado del ejido X-Yatil. 

“La parte demandada podría contraargumentar y negar las acusaciones, pero no lo hizo y creemos que está aceptando que va a perder el juicio. Pareciera una acción planeada para ahorrar tiempo y adelantarse en las construcciones, en lugar de hacer el proceso de expropiación correspondiente”. 

Desgastar a las comunidades

Fray Colli Colli teme que se pueda suspender la audiencia de este 5 de agosto. “Ya se suspendió cinco veces. El Juzgado de Chetumal está lejos y para nosotros que somos gente de campo es mucha inversión”, dice el comisariado ejidal de X-Yatil.

De acuerdo con el abogado Flavio Ayuso, las comunidades en muchos casos no tienen presupuesto para pagar a un abogado particular y por ello deciden no demandar, perdiendo así el acceso a la indemnización que, según la ley, les corresponde.

Foto: Orsetta Bellani

“Algunos ejidos acaban buscando a la Procuraduría Agraria, que a veces ha perdido casos a todas luces ganables”, dice Pedro Ayuso.

“Además, el pago de la indemnización se hace tras el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que en algunos casos establece precios que los beneficiarios no consideran justos y tienen que emprender otro proceso extralegal, que puede llevar hasta un par de años de negociación”.

Artículo publicado en Animal Político el 5 de agosto de 2025.

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