Muchos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, conocen a Rosario del Carmen Chulín Hernández y a Luís García Hidalgo, que de noche vendían tacos en la esquina de uno de los bares más populares del centro. Cuando se enteraron de que la nueva presidencia municipal quería “limpiar” la zona de los ambulantes, se movieron a vender carnitas y chicharrones frente a su casa. 

El 23 de noviembre de 2024 dejaron en su negocio a su hija mayor, Kenia García Chulín, de 19 años, mientras que otro hijo se encontraba en la casa. El más pequeño, Emmanuel de 12 años, viajó con ellos a Emiliano Zapata, un municipio que se encuentra a un par de horas de San Cristóbal de Las Casas. 

La salida fue organizada por una amiga de la familia, Ciria Mariselda González Gabriel, que quería acompañar a Magdalena del Carmen Martínez Ballinas, a arreglar una camioneta descompuesta que tenía estacionada en un rancho en Emiliano Zapata. Invitaron a Luís García Hidalgo para que manejara la Urvan en la que iban a viajar y contrataron al mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz para que arreglara la camioneta. 

El grupo decidió aprovechar el viaje para visitar un balneario en la zona, como suelen hacer los sancristobalenses cuando bajan del frío de Los Altos a tierras más calientes. Fue por esto que finalmente se sumaron a la salida el niño Emmanuel, su madre Rosario del Carmen y otra amiga llamada Patricia Rodríguez Santiz. Desde entonces, las siete personas que viajaban en aquella Urvan están desaparecidas. 

“Me cayó un balde de agua hirviendo”, dice familiar al no hallar a sus papás y hermano desaparecidos en carretera de Chiapas

El 23 de noviembre de 2024, Kenia García Chulín estaba trabajando en el puesto de sus papás frente a la casa, cuando les marcó para preguntarles el precio del kilo de migajas de chicharrón. Eran las 10 de la mañana y la llamada entró, pero no contestaron. Tampoco respondierona las demás llamadas que Kenia hizo durante el día y la joven empezó a tener una extraña sensación en el estómago. 

Al día siguiente, los familiares de una de las demás mujeres que viajaban en la Urvan fueron a Emiliano Zapata para buscar a las siete personas incomunicadas. Dieron con el rancho donde todavía estaba la camioneta descompuesta. Además, encontraron a una persona que dijo haber visto la Urvan donde el grupo viajaba, para regresar de Tuxtla Gutiérrez -donde fueron a buscar unas piezas,- acompañada por cinco camionetas blancas. “Allí fue cuando me cayó un balde de agua hirviendo horrible, me quedé en shock”, dice Kenia.

El caparazón de la Urvan, completamente despojada, fue encontrado a una hora y media de Emiliano Zapata, junto a una carretera de terracería. El nombre de este municipio comenzó a resonar en los medios locales después del hallazgo de una fosa clandestina con fragmentos óseos calcinados en diciembre de 2024.

Exigen una nueva búsqueda en zona donde hallaron la camioneta donde viajaban 7 personas desaparecidas en Chiapas

A solicitud y junto con los familiares, las autoridades –la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y Protección Civil -realizaron una jornada de búsqueda en la zona donde fue encontrada la Urvan: un lugar inhóspito cubierto de pedregales en el municipio de Acala. Cerca de allí encontraron un gran hoyo en el piso, de estos que los campesinos cubren con plásticos para recolectar el agua. Estaba tapado con ramas y en las piedras que lo rodeaban había marcas oscurecidas, como si se hubiera quemado algo. Las autoridades excavaron y cuando llegaron a unos 50 centímetros de profundidad dejaron de hacerlo, pues encontraron piedras.

De acuerdo con la Colectiva Cereza, agrupación que brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a mujeres en situación de cárcel y a familiares de desaparecidos, habría que realizar una nueva búsqueda y averiguar qué hay debajo de las piedras. Las activistas, que estuvieron presentes en la jornada, no creen a las autoridades cuando afirman que las marcas en las piedras se deben a la quema de rastrojos de las milpas, pues afirman que los campesinos los suelen guardar para usarlos como abono. Además no les cuadra que el hoyo fuese tapado, siendo que su finalidad es recolectar lluvia.

“La búsqueda no dio resultados, sólo fui a llorar. No sé si encontrarlos hubiera sido bueno o malo”, dijo Kenia tras el día de búsqueda. Pero de algo está segura: “Si yo no los busco nadie lo va a hacer. Si no me levanto por ellos nadie me va a levantar y esto es lo que me da fuerza, es lo que me mantiene aquí”.

Investigación para buscar a 7 personas desaparecidas en Chiapas ha estado “muy abandonada”: Colectiva

Dos personas están detenidas por los hechos y en mayo tendría que empezar la audiencia intermedia. “En estos cuatro meses la investigación ha estado muy abandonada, hace poco empezamos a acompañar el proceso y la estamos reactivando”, dice Patricia Aracil Santos, coordinadora de la Colectiva Cereza, que está estudiando los seis tomos de la carpeta de investigación.

Afirma que la colectiva está considerando la posibilidad de que el grupo de siete personas haya sido dividido, pues los papás de Kenia quedaron incomunicados a partir de la mañana, mientras que dos de sus compañeros siguieron usando sus teléfonos hasta la tarde. Además, está intentando establecer si acaso uno de los seis adultos tuviera una orden de aprehensión y se tratara en realidad un operativo. “En otras causas nos hemos encontrado en esta situación, hay que considerar que también la autoridad utiliza camionetas blancas”, dice.   

Aracil Santos afirma que, contrario a lo que establece el Protocolo Homologado de Búsqueda, la FGE y la CEBP no trabajan de la mano. “En la práctica no colaboran: la FGE suele ser muy reticente en compartir la carpeta de investigación con la CEBP, para que haga su análisis de contexto. Hace no mucho cambió el titular de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y es una oportunidad para hacer las cosas de forma distinta”, dice la coordinadora de la Colectiva Cereza. Para este viernes 4 de abril está programada una reunión donde por primera vez las dos dependencias trabajarán juntas, con las familias y sus representantes en un plan de búsqueda, para establecer cuál es el punto más importante donde ir a buscar.

“El gobierno no nos ayuda lo suficiente para buscar”, dicen familias ante aumento de desapariciones en Chiapas

El salón de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) de San Cristóbal de Las Casas se llena poco a poco de estudiantes y profesores. De la cátedra cuelga un cartel que dice “los desaparecidos no se juzgan, se buscan”. 

Está a punto de iniciar un foro donde familiares de desaparecidos dialogan con la ciudadanía, algo que no es nada común en Chiapas, estado donde las fichas de búsqueda empezaron a inundar las redes sociales años después que en muchas otras entidades: a partir de mediados de 2021, cuando recrudeció la guerra entre organizaciones criminales por el control del territorio.

Dolores Gonzalo, hermana del mecánico Urbano Gaspar Aguilar Díaz, agarra el micrófono: “Es un tiempo difícil, mucha gente está desapareciendo y el gobierno no nos ayuda suficientemente para buscar”, dice. Pasa la palabra a Kenia: “En la primera semana no levanté la ficha de búsqueda porque no sabía qué puerta tocar ni a quién acudir. Estaba en estado de shock y pensaba que mis familiares iban a regresar. Un día estaba bien y otro día me sentía mal y pensaba: “Los han de tener cortando café”, pero viendo lo que pasó en Jalisco me pregunté a qué se estarán enfrentando para poder sobrevivir”.   

Kenia estudia economía en esta Universidad y es la primera vez que cuenta su historia frente a sus compañeros y profesores. “¿Qué podemos hacer?”, pregunta una estudiante. “Acuerpar, escuchar, estar”, se le contesta. Una profesora recuerda que Kenia tiene a su cargo a su hermano de 14 años, que ya no tiene el apoyo económico de sus papás, que la búsqueda implica gastos. Se propone exigir a la UNACH otorgarle una beca y que la institución haga un pronunciamiento, se decide que los estudiantes se pronuncien también. “Kenia esta es tu casa, no estás sola”, le dice un profesor.

Artículo publicado en Animal Político el 3 de abril de 2025.

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Antes de vivir la violencia en carne propia, las Madres en Resistencia de Chiapas pensaban que las desapariciones forzadas y los feminicidios ocurrían solo en otros estados, que eran asuntos de los noticieros de televisión. Pero cuando les tocó a sus hijas, las cuatro mujeres chiapanecas tuvieron que tomar el camino que emprendieron muchas otras madres en México: se capacitaron sobre leyes y protocolos, perdieron la pena para tocar puertas, se organizaron entre ellas. 

Fundaron así Madres en Resistencia, el primer colectivo de madres de víctimas de la violencia en Chiapas que es autónomo de los partidos políticos y, a mediados de mayo, organizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. La gente se les acercaba, los periodistas las entrevistaban. Obtuvieron una reunión con el gobernador Rutilio Escandón y una serie de juntas en la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque todo esto les pareció “una simulación”. 

Por esta razón, decidieron viajar a la Ciudad de México, donde el martes fueron atendidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y dieron una rueda de prensa en el Senado, y este miércoles fueron atendidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Sus reuniones seguirán en los próximos días.

Las Madres en Resistencia exigen justicia para sus hijas y quieren visibilizar la corrupción en el sistema de justicia de Chiapas, un estado que —afirman— no es seguro como el gobierno lo promociona. 

Cassandra

A Cassandra Isabel Arias Torres se la llevaron porque no paraba de gritar “¿Dónde está mi hijo?”. Era el día de la boda de su madre, el 17 de diciembre de 2022, y unos hombres armados irrumpieron en el salón de fiestas de Berriozábal. Traían en el pecho las siglas de la FGE y se presentaron como integrantes de este órgano. 

“Todos abajo, celulares y carteras en la mesa”, gritaron al entrar, pero la joven de 18 años no les prestó atención y no paraba de preguntar por su hijito, que se encontraba en otra mesa. Se la llevaron junto con su novio, su tío y un músico. 

“Creo que todo esto se debe al novio, lo conocíamos poco y es como si fuera un fantasma: nadie lo está buscando, no hay fotos de él y en la fiscalía me dijeron que hasta su nombre es falso”, dice Isabel Torres, madre de Cassandra. Según ella, se llevaron a su hermano y al músico porque tenían la misma conformación física del novio de Cassandra y es por lo que el día después, tras confirmar su identidad, los soltaron. Al hacerlo, les dijeron que en la noche iban a dejar también a Cassandra, pero nunca la liberaron.

“Estoy convencida de que sí fue la fiscalía y que sigue teniendo a mi hija. Se trata de un caso de desaparición forzada, pues hay servidores públicos involucrados”, dice Isabel. Una prueba más es, para ella, el hecho de que las camionetas con los cuatro secuestrados pasaron “como si nada” un retén, a pesar de que había hombres armados y encapuchados en la parte de atrás. Además, la Dirección Estatal de C5 no entregó el video de una de las cámaras que permitiría apreciar las placas de las camionetas.

Hace como un mes, Isabel vio en redes sociales una acción que las Madres en Resistencia y el Comité Junax Ko’tantic —que busca a migrantes chiapanecos desaparecidos— llevaron a cabo en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión del 10 de mayo. Decidió buscar a las Madres en Resistencia, colectivo que en ese momento estaba conformado por tres madres de víctimas de feminicidio, para unirse a ellas y buscar a Cassandra.

“Ahora solicité que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga mi caso y estoy en espera de respuesta”, dice Isabel. “Vamos a seguir presionando para que haga su trabajo, estaremos ahí como cuchillitos, hasta que se desesperen de nosotras. No quiero que a mi hija me la entreguen en un cajón como se la han entregado a mis demás compañeras”.

Paola

Mientras hablaba en la plaza principal de San Cristóbal de Las Casas, Flor Emilia Alcázar Coutiño tenía el abrazo de las demás Madres en Resistencia. “No nos hacen caso, pero vamos a ir luchando hasta las últimas consecuencias, porque a nuestras hijas les quitaron sus proyectos de vida”, dijo al micrófono durante el acto público al que participaron este año en ocasión del 10 de mayo.

Flor se sumó a las Madres en Resistencia cuando encontró a Maricruz Velasco Nájera y Adriana Gómez Martínez en la presentación de un libro en Tuxtla Gutiérrez. Rápidamente, las tres mujeres se conectaron en su determinación de encontrar justicia por sus hijas asesinadas.

Paola Yazmín Ocampo Alcázar, hija de Flor y de 37 años, desapareció el 7 de diciembre de 2022. Como todas las mañanas, fue a la escuela primaria David Gómez de Tuxtla Gutiérrez, donde trabajaba como intendente. En la tarde no regresó a la casa y su familia empezó a buscarla. Antes que todo, en las instalaciones de la escuela: en los cuartos, en el jardín, en la cisterna. Paola no estaba. Sus familiares regresaron al día siguiente y se percataron de que alguien había puesto candado a una de las cisternas que ya habían revisado. Fue allí donde encontraron a Paola, flotando. 

“La escuela de mi hija es federal, así que el caso irá a la FGR, de esto estoy contenta”, dijo Flor a principios de junio, saliendo de una de las reuniones con la FGE que las Madres en Resistencia lograron obtener tras su plantón en Tuxtla Gutiérrez. “Somos una. De mis compañeras aprendí la importancia de estar juntas y apoyarnos. Gracias a la unidad logramos visibilizar nuestros casos y la situación que vivimos aquí en Chiapas”. De hecho, cada vez que una de ellas tiene una junta con las autoridades o acude a una oficina de gobierno, las demás la acompañan. 

Doña Flor Emilia Alcázar Coutiño. Foto: O.B.

Karla

Maricruz Velasco Nájera se acostó al lado de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco. Le habló, la besó, la abrazó y revisó su cuerpo frío, tendido en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxtla Gutiérrez. Tenía golpes y moretones, había perdido dos uñas y su cabello estaba alborotado, a pesar de que cuando salió de la casa lo tenía bien recogido. Maricruz no tuvo dudas: a Karla la habían asesinado y la FGE intentó venderle “una novela barata” para encubrir a personas que trabajan en política.

“Mi esposo y yo no somos peritos, no somos médicos, pero somos personas y analizamos también. O sea: no somos tontos”, dice Maricruz. “En el momento en que vi a mi hija entendí que fue violada y asesinada, y que luego le pasaron el carro encima para hacernos creer que se trató de un accidente”.

Era julio de 2018. Casi tres años después del feminicidio de la joven de 19 años, un hombre que trabajó con ella en la campaña electoral de Carlos Penagos —entonces candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez— fue condenado a ocho años por haberla atropellado. 

Tras la muerte de su hija, Maricruz y su esposo Manuel crearon la Fundación Karla Velasco, en la que siguen caminando. La mujer impulsó dos caravanas que la llevaron a viajar por el país exigiendo justicia para Karla y, con Adriana Gómez Martínez, fundó Madres en Resistencia. Lo que pidió ayer a la SCJN es que se brinde perspectiva de género al asesinato de su hija y que su caso sea reclasificado como feminicidio.

Jade

Adriana Gómez Martínez conoció a Maricruz Velasco Nájera en marzo de 2020, cuando esta acudió a la rueda de prensa que había organizado frente al Instituto del Deporte (Indeporte) de Tuxtla Gutiérrez. Dos meses antes, su hija Jade Guadalupe Yuing Gómez, de 13 años, había sido encontrada ahorcada en las instalaciones del instituto, donde entrenaba judo. 

Inmediatamente, Adriana entendió que no se trataba de suicidio, como demostró la pericia de una médica, que comprobó que la fractura en el cuello de Jade era debida a estrangulamiento. De acuerdo con Adriana, el ahorcamiento fue simulado y en un primer momento hasta se encontró una carta al lado del cuerpo sin vida de la niña, que luego se perdió.

“He descubierto tantas cosas que le estoy haciendo el trabajo a la FGE”, afirma Adriana, quien está convencida de que Indeporte —una institución donde entrenan deportistas de élite— está encubriendo el feminicidio para no manchar su reputación, y que la FGE está colaborando en manipular y esconder pruebas. 

Junto con Maricruz y otras madres, Adriana viajó a lo largo del país para contar su historia. Habló en las universidades, encontró activistas, dio entrevistas a la prensa. En varias ocasiones viajó a la Ciudad de México, donde repartió su carpeta de investigación, se plantó afuera de la mañanera y fue recibida por Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación. “En la reunión de ayer, pedí a la SCJN que envíen a Chiapas alguien que haga un peritaje de criminalística de campo, pues no confío en las autoridades chiapanecas”, dice Adriana.

Artículo publicado en Animal Político el 15 de junio de 2023.

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Junax Ko’tantik es tal vez el único colectivo de familiares de ausentes del sureste de México y reúne personas que están buscando a migrantes desaparecidos en los estados del país, durante su cruce por el desierto o una vez ya instalados en Estados Unidos. Su trabajo está acompañado por la asociación civil Voces Mesoamericanas y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes en 2012 crearon un Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados, junto con otras instituciones.

“Les exijo a las instituciones públicas que nos escuchen, que se pongan la mano en el corazón y que digan «sí voy a ayudarte a buscar, voy a poner mi granito de arena como funcionario público»”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, durante el foro Desaparición en Chiapas, que se llevó a cabo el lunes 29 de agosto en San Cristóbal de Las Casas.

Durante el evento, Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que algunas familias de la Costa de Chiapas y de la zona fronteriza con Guatemala –de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde se registran enfrentamientos entre presuntos grupos de la criminalidad organizada– se les acercaron para denunciar la desaparición de sus seres queridos.

El Frayba destacó también el registro de decenas de personas ausentes desde la guerra de contrainsurgencia de los años 90 en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Recordó que en la sola zona norte de Chiapas – en los municipios de Tila, Tumbalá y Salto de Agua – entre 1994 y 2000 el grupo paramilitar Paz y Justicia, con el apoyo del estado y del ejército, desapareció a 37 personas, quienes el 30 de agosto fueron conmemoradas en la comunidad Susuclumil, Municipio de Tila, durante un evento convocado por el colectivo Colembij.

En el foro que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, la directora general de Melel Xojobal AC, Jennifer Haza, presentó datos sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, que contrastan con los del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). De acuerdo con la asociación civil, 476 menores de edad que han desaparecido en los últimos 4 años en el Estado aún no han sido localizados, tratándose en su mayoría de mujeres adolescentes. Haza destacó que la lucha de las familias y de la sociedad civil llevó a la aprobación, hace poco más de un año, de un Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescente (PABNNA).

A pesar de la invitación, al Foro Desaparición en Chiapas no acudió ningún representante de la Fiscalía ni del Congreso del estado, pero participó Alejandra Rovelo Cruz. Sólo la directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Víctimas de Chiapas (CEEAV) se presentó.

“Aunque no se encuentre mi ser querido desaparecido, ya es ganancia que se encuentren a uno, dos, tres al día y si se puede más. Esta es mi exigencia el día de hoy ante las autoridades”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, madre de un joven chiapaneco desaparecido en el WalMart de Nuevo Laredo, Tamaulipas. “A mis compañeras y compañeros les pido que no nos cansemos y sigamos la búsqueda. Yo sé que es difícil, porque de tanta desesperación una cae en depresión, pero tenemos que secarnos estas lágrimas, llorar hasta donde podamos y seguir adelante”, concluyó.

Artículo publicado en Desinformémonos el 1.09.2022

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Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde tambiénresultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020

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O quizá no tan insólita, pues a menudo los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ocupan la autopista para botear; quienes quieren cruzarla, hoy pagarán una cooperación de 50 pesos. 

“Siempre acompañamos a los padres en sus movilizaciones”, dice un joven robusto que estudia en la normal rural de Ayotzinapa y que nunca conoció a los muchachos desaparecidos. Trae una sudadera negra con una tortuga, el logo de la escuela – Ayotzinapa significa “lugar de tortugas” en lengua náhuatl – y explica a los choferes de los carros el motivo del boteo: mañana se marchará para conmemorar el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, atacados en la ciudad de Iguala (Estado de Guerrero) el 26 de septiembre de 2014 por miembros de la fuerza pública y de la organización criminal Guerreros Unidos. Los padres organizan movilizaciones cada mes para que nadie se olvide de sus hijos, y para pedir al Estado “presentación con vida y castigo a los culpables”. 

“Mañana se cumple otro mes más, se cumplen 55 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos. No hemos tenido descanso, a casi 5 años todavía nos encontramos aquí”, nos dice Cristina Bautista Aguilar, una mujer joven de sombrero de paja que llevaba la fotografía de su hijo Benjamín Ascencio Bautista impresa en una manta de plástico. “Desde entonces empezó nuestro sufrimiento y no hemos tenido descanso, seguimos en las calles manifestando. Es el Estado quien desapareció a nuestros hijos y el Estado nos tiene que dar las respuestas”.

La única respuesta que hasta ahora el Estado dio a los padres de Ayoztinapa fue una mentira que llamó “verdad histórica”. La fabricó en enero de 2015, presionado por la demanda de justicia que llegaba de la población que inesperadamente cada día, durante meses, marchó por las calles de todo el país. 

El entonces Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam presentó una reconstrucción que pronto se cayó como un castillo de naipes: los estudiantes habrían sido atacados en los autobuses donde viajaban y secuestrados por la Policía Municipal. Ésta los habría entregado al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habrían asesinados e incinerados en el basurero del pueblo de Cocula. Murillo Karam no presentó ninguna prueba científica que suportara su tesis.

Investigaciones periodísticas revelaron sus primeras incongruencias, que fueron luego confirmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éste concluyó que en el lugar del ataque estaban presentes también la Policía Federal, Estatal, Municipal, Ministerial y los militares del 27 Batallón de Infantería. Los expertos añadieron que es científicamente imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cadáveres y que toda la reconstrucción de la PGR está plagada de irregularidades, contradicciones y graves omisiones.

Quizás las irregularidades más graves se registraron durante los interrogatorios. Ya en mayo de 2016, el GIEI proporcionó una lista de personas que habían sido torturadas para imponer una mentira como “verdad histórica”. Sesenta y uno funcionarios públicos habrían abusado de alrededor de la mitad de los detenidos – por lo menos 56 – para que firmaran declaraciones que confirmaran la versión que la PGR había presentado a la prensa y a la opinión pública. Ninguno de ellos hasta ahora ha sido sancionado. Hay más: a causa de las presuntas torturas este mes han sido excarcelados Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” – identificado como líder de Guerreros Unidos en Iguala y responsable de la desaparición de los estudiantes – y 24 miembros de la fuerza pública que habían sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Estas excarcelaciones se suman a las 53 otorgadas por el mismo juez. 

“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, afirma el Subsecretario a los Derechos Humanos Alejandro Encinas.

Uno de los elementos que la PGR quiso desaparecer de la investigación fue el que los medios mexicanos llaman “el quinto autobús”. Aquella noche, en Iguala, los estudiantes ocuparon cinco autobuses que fueron luego atacados, pero el expediente analiza sólo cuatro. ¿Por qué las autoridades omitieron la presencia del autobús 3278 de la empresa Estrella Roja?

“Los vamos a matar a todos. Hasta a tí también, hijo de la chingada”, le dijo al chofer de este autobús 3278 un policía encapuchado, que le puso la pistola en el pecho por la ventanilla mientras los muchachos huían hacia un cerro. Nadie interrogó el chofer hasta que lo hicieron los expertos del GIEI; el ataque al “quinto autobús” nunca fue investigado por la PGR, a pesar de que un elemento de la inteligencia militar vio a los policías someter a los estudiantes y presentó varias fotografías, que no se encuentran en el expediente. 

“La única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y su trayecto en la ciudad esa noche (…) es que dicho autobús sea un elemento central del caso”, escribe el GIEI en su informe final. “Según las informaciones recogidas, Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y, según la información pública, una parte de ese tráfico se haría mediante el uso de algunos autobuses que esconden dicha droga de forma camuflada”.

De acuerdo con esta teoría, dos de los cinco autobuses donde viajaban los estudiantes ocultaban, sin que ellos lo supieran, un cargamento de heroína con un valor estimado de dos millones de dólares, y la policía y el ejército hubieran operado en apoyo a la criminalidad organizada para recuperarlo.

Esta hipótesis explicaría la masividad y la violencia del ataque en contra de los estudiantes. Se basa en las declaraciones del lugarteniente de Guerreros Unidos, Pablo Vega Cuevas, que durante un juicio en Estados Unidos afirmó que su organización traficaba droga desde Iguala a la ciudad de Chicago. Sin embargo, los autobuses que se utilizaban no salían de la misma terminal de la que salieron los estudiantes, y son de otras empresas de transporte. De todos modos, el GIEI recomendó a las autoridades mexicanas abrir esta y otras 16 nuevas líneas de investigación, hasta ahora ignoradas por la PGR.

“La anterior administración intentó encubrir lo realmente ocurrido, para responder prontamente a un reclamo nacional y mundial. Estamos ante un crimen de Estado”, afirma Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDh). 

¿De dónde vinieron las ordenes para no seguir determinadas líneas de investigación? ¿Quiénes obstaculizaron y manipularon la investigación? ¿Quiénes estaban protegiendo y por qué? 

Quien debería dar con el paradero de los estudiantes es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de diciembre de 2018, pocos días después de su toma de protesta. Está conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, algunos familiares de los estudiantes desaparecidos y abogados que siguieron el caso. Este órgano trasladará información a la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa, que está encargada de la investigación penal y afirmó que la investigación de la PGR está tan mal hecha, que la va a restructurar. 

“La Comisión trabaja de manera rápida y efectiva, pero no tiene facultad de investigación penal. Siempre se hace necesario el acompañamiento de la Fiscalía General, que sin embargo ha demorado”, explica Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, abogado de las familias de las víctimas y miembro de la Comisión. A partir de nuevos elementos encontrados, está buscando a los estudiantes afuera del área de Cocula, en la zona de Mezcala, Huitzuco y Carrizalillo. 

“Hasta ahora el gobierno ha mostrado voluntad política y ha dado un trato diferente a los padres de familia con respeto a la administración anterior», reconoce. «Pero no podemos decir que los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa confíen en el gobierno, claramente han dicho la confianza se va a construir en el camino”.

¿La nueva Fiscalía sabrá marcar una ruptura con respecto a la anterior Procuraduría? ¿Acabará con la impunidad? ¿Sabrá incomodar al ejército? Con estas preguntas, a los cinco años de la desaparición forzada de sus hijos, hoy los padres de los estudiantes de Ayotzinapa marcharán una vez más, como cada mes. 

Artículo publicado en El Gara el 26.09.2019.

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