La perrita Luna olfatea la tierra húmeda del rancho Las Pitayas,  en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. Da unas vueltas y luego se sienta en el hoyo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) acaba de abrir con un pico. Allí, se halló el retazo de un informe militar quemado.

“Si hubiera algún cadáver o resto óseo, Luna estaría escarbando. Está entrenada para reconocer el olor de descomposición en el suelo” explica un integrante de Protección Civil de Chiapas. 

El pasado 11 de junio se realizó la cuarta búsqueda que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, la Protección Civil y familiares de personas desaparecidas realizan en este rancho. Durante la primera revisión, el 11 de diciembre de 2024, encontraron restos óseos calcinados.

“En el rancho Las Pitayas y en sus alrededores confluyen los datos telefónicos de muchas personas desaparecidas de Chiapas”, afirma la Colectiva Cereza, que acompaña a familiares de personas desaparecidas. “Desde hace dos años estamos pidiendo a la FGE que realice cateos, pero sólo empezó a hacerlos en diciembre pasado cuando hubo el cambio de gobierno”.

A partir de mediados de 2021, cuando escaló el conflicto por el control del territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el número de personas desaparecidas en el estado incrementó exponencialmente: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre 2019 y 2024 la cifra cuadriplicó y actualmente los casos son mil 563. En estos años, las fichas de búsqueda empezaron a llenar las redes sociales y una macabra sospecha se insinuó entre la población: en Chiapas también debe de haber fosas clandestinas. 

De acuerdo con datos que la FGE compartió con Animal Político tras una solicitud de acceso a la información, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en la entidad se encontraron 12 fosas clandestinas: una en Emiliano Zapata, Soyaló, Palenque y Suchiate, dos en Tapachula y seis en La Concordia. En algunos entierros se hallaron cadáveres, 25 en total, y en otros restos óseos u osamentas. En marzo las autoridades chiapanecas detuvieron las búsquedas, que se reanudaron este mes.

Uno de estos ranchos del crimen organizado se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. En marzo, las autoridades y el colectivo de buscadoras chiapanecas Madres en Resistencia peinaron el rancho Aurora Buenavista, que se encuentra a sólo diez kilómetros del aeropuerto de la capital chiapaneca, en el municipio de Chiapa de Corzo. En un refugio subterráneo hallaron chalecos tácticos, cascos, droga, armas, cartuchos y cocaína. A pocos kilómetros de allí, se encuentra el rancho Las Pitayas.

Al lado de esta zona árida del centro del estado, que las abundantes lluvias del último mes están reverdeciendo, pasa uno de los tres corredores que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ubica como ruta de trasiego en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”. El corredor empieza en Ciudad Cuauhtémoc, un poblado en la frontera con Guatemala que recientemente fue escenario de un enfrentamiento armado protagonizado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que pasa por Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, desembocando en Veracruz.

Hasta el momento, las autoridades peinaron poco más de la mitad de las 16 hectáreas del rancho Las Pitayas. De acuerdo con Isabel Torres, integrante y fundadora de Madres en Resistencia, durante una revisión del rancho en la que participó, fue evidente que los peritos de la Fiscalía no están bien capacitados en el levantamiento de las evidencias. “Además, la Fiscalía solo llega y ve lo que está a la vista. Nosotras escarbamos absolutamente cada rincón de la casa, cualquier prenda que se encuentre, revisamos las paredes por si alguna persona estuvo ahí y escribió algo”, dice Isabel Torres.

La activista también critica a la FGE por no avanzar con la investigación de los casos que se van acumulando en los estantes de sus oficinas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no brindar apoyo adecuado a las buscadoras chiapanecas. Al mismo tiempo, señala unas mejoras en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que está auxiliando a su colectivo con personal y herramientas tecnológicas. Señala también un logro importante que Madres en Resistencia alcanzó tras años de lucha: a mediados de mayo, el Congreso de Chiapas creó una comisión para avanzar en la conformación del Consejo Ciudadano, órgano que, de acuerdo a la ley, hubiera tenido que crearse en 2019.

“El Consejo Ciudadano permitirá la participación de las familias en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas”, explica Isabel, cuya hija Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, fue desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Se la llevaron de un salón de fiestas durante la boda de Isabel unos hombres armados que llevaban en el pecho las siglas de la FGE. Sucesivamente, el celular de Cassandra fue geolocalizado en el rancho Aurora Buenavista mientras que el de Isabel, que los secuestradores también se llevaron, fue geolocalizado en el rancho Las Pitayas.

Los restos óseos calcinados, que han sido hallados en diciembre de 2024 en una fosa séptica del rancho Las Pitayas, están en tan mal estado que podría ser difícil sacar su perfil genético e identificarlos. Sin embargo, en un primer momento, las autoridades dijeron que se trataba de tres osamentas, de tres personas distintas y los medios afirmaron que pertenecían a los integrantes del grupo de siete personas que desaparecieron el 23 de noviembre de 2024, mientras viajaban en una Urvan que fue encontrada a pocos kilómetros del rancho. En realidad, la Colectiva Cereza tiene dudas de que los restos óseos les pertenezcan, pues la geolocalización de sus celulares no lleva al rancho Las Pitayas, aunque sí estuvieron en la colonia 20 de noviembre, que está cerca de allí.

“Me la pasé muy mal por la noticia que difundieron los medios amarillistas, era de noche y estuve marque y marque a la Fiscalía, pero no me contestaba”, dice Kenia García Chulín, joven de 19 años que desde aquel día busca a sus papás y a su hermanito de 12 años.

Junto con los familiares de otras personas que viajaban en aquella Urvan, el pasado 11 de junio Kenia acompañó la revisión del rancho Las Pitayas. Presionaba a las autoridades para que buscaran minuciosamente, les señalaba pozos, rincones y un punto en el pasto donde había ceniza: allí, encontraron el uniforme militar quemado.

“¿A qué tanta profundidad se pueden encontrar restos?”, le preguntó a un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, que excavaba en el punto quemado indicado por Kenia. “Sesenta-setenta centímetros, no se toman la molestia de excavar más”, le contestó. 

Poco más allá, a lado de la fosa séptica donde se hallaron los restos óseos y de una pochota cuyo tronco está lleno de impactos de bala, la FGE encontró dos tambos de metal que sospecha pudieron haber sido utilizados para quemar cuerpos, y que serán analizados en un laboratorio. 

“No siento que haya mucha transparencia por parte de la FGE. Hay hilitos sueltos en la reconstrucción de los hechos que no ha podido coser: un día nos da una información y al otro día nos da otra, donde salen detalles que no se mencionaron en las anteriores reuniones”, dice Kenia. “Las familias que llevamos siete meses en esta búsqueda pudimos detectar algunos vacíos. Creo que para nosotros y ante las instituciones es muy importante caminar de la mano como familiares, que más que culpables estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos”.

Artículo publicado en Animal Político el 16 de junio de 2025.

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En Chiapas, 1546 familias no celebraron el día de la madre porque les falta algún ser querido. Así lo señaló el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, conformado por buscadoras y organizaciones acompañantes, durante el acto que se celebró en San Cristóbal de Las Casas este 10 de mayo. En su comunicado, el grupo de trabajo también criticó la ulterior militarización de la vida pública que ha sido impulsada por el nuevo gobierno estatal: “Los operativos policiacos no cambiarán el rumbo de la región si no se atiende a las Madres Buscadoras y no se revisan las causas históricas de la desaparición”, indica.

Durante el mitin en el parque central de la ciudad chiapaneca, las buscadoras pusieron un altar construido con picos y palas en memoria de las madres que murieron antes de encontrar a sus hijos, y de las once buscadoras que han sido asesinadas en México.

“Es importante recordarlas y alzar la voz, pues matar a alguien que busca a su hijo es algo que no podemos entender”, dijo Reina Guadalupe Morales Cruz, de Junax Ko’tantik – Comité de familiares de migrantes chiapanecos desaparecidos, que busca a su hermano Abraham Morales Cruz, desaparecido en Sonora el 19 de agosto del 2015.

Una las demandas principales de Junax Ko’tantik es la conformación del Consejo Ciudadano, uno de los órganos que de acuerdo con la ley tendría que conformar el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. “En el Consejo Ciudadano participan familiares de desaparecidos y organizaciones acompañantes para que nuestra voz sea escuchada y tenga más peso. Es muy necesario para presionar al Estado”, añadió Patricia del Carmen Ton Méndez, de Junax Ko’tantik, que busca a su hijo Hugo Francisco Ton Méndez, su nuera Karina del Carmen Ruiz Guillén y el hermano de ella, Carlos Alfredo Ruiz Guillén, que desaparecieron el 16 de abril del 2019 en un Wal-Mart de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por su parte, Griselda Pineda Herrera, de Voces Mesoamericanas, organización que acompaña a Junax Ko’tantik, explicó que el Consejo Ciudadano, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017, tuvo que ser nombrado por los Congresos de los Estados a los 90 días de la entrada en vigor de las leyes estatales que regulan la materia. En el caso de Chiapas esta ley entró en vigor en octubre de 2019, sin embargo el Consejo Ciudadano todavía no ha sido instalado.

Las buscadoras chiapanecas y las organizaciones que las acompañan dudan que el nuevo gobierno signifique un cambio real en las políticas públicas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas, y temen que la creación del Consejo Ciudadano aún sea una promesa sin cumplir. “Este órgano tiene que ver con la participación de las víctimas y creo que lo que menos desea el Estado es que participen. Lo que quiere, al contrario, es que se desgasten y dejen de buscar”, concluyó Griselda.

Artículo publicado en Desinformémonos el 12 de mayo de 2025.

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Junax Ko’tantik es tal vez el único colectivo de familiares de ausentes del sureste de México y reúne personas que están buscando a migrantes desaparecidos en los estados del país, durante su cruce por el desierto o una vez ya instalados en Estados Unidos. Su trabajo está acompañado por la asociación civil Voces Mesoamericanas y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes en 2012 crearon un Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados, junto con otras instituciones.

“Les exijo a las instituciones públicas que nos escuchen, que se pongan la mano en el corazón y que digan «sí voy a ayudarte a buscar, voy a poner mi granito de arena como funcionario público»”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, durante el foro Desaparición en Chiapas, que se llevó a cabo el lunes 29 de agosto en San Cristóbal de Las Casas.

Durante el evento, Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que algunas familias de la Costa de Chiapas y de la zona fronteriza con Guatemala –de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde se registran enfrentamientos entre presuntos grupos de la criminalidad organizada– se les acercaron para denunciar la desaparición de sus seres queridos.

El Frayba destacó también el registro de decenas de personas ausentes desde la guerra de contrainsurgencia de los años 90 en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Recordó que en la sola zona norte de Chiapas – en los municipios de Tila, Tumbalá y Salto de Agua – entre 1994 y 2000 el grupo paramilitar Paz y Justicia, con el apoyo del estado y del ejército, desapareció a 37 personas, quienes el 30 de agosto fueron conmemoradas en la comunidad Susuclumil, Municipio de Tila, durante un evento convocado por el colectivo Colembij.

En el foro que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, la directora general de Melel Xojobal AC, Jennifer Haza, presentó datos sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, que contrastan con los del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). De acuerdo con la asociación civil, 476 menores de edad que han desaparecido en los últimos 4 años en el Estado aún no han sido localizados, tratándose en su mayoría de mujeres adolescentes. Haza destacó que la lucha de las familias y de la sociedad civil llevó a la aprobación, hace poco más de un año, de un Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescente (PABNNA).

A pesar de la invitación, al Foro Desaparición en Chiapas no acudió ningún representante de la Fiscalía ni del Congreso del estado, pero participó Alejandra Rovelo Cruz. Sólo la directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Víctimas de Chiapas (CEEAV) se presentó.

“Aunque no se encuentre mi ser querido desaparecido, ya es ganancia que se encuentren a uno, dos, tres al día y si se puede más. Esta es mi exigencia el día de hoy ante las autoridades”, dijo Patricia del Carmen Ton Méndez, del Comité Junax Ko’tantik, madre de un joven chiapaneco desaparecido en el WalMart de Nuevo Laredo, Tamaulipas. “A mis compañeras y compañeros les pido que no nos cansemos y sigamos la búsqueda. Yo sé que es difícil, porque de tanta desesperación una cae en depresión, pero tenemos que secarnos estas lágrimas, llorar hasta donde podamos y seguir adelante”, concluyó.

Artículo publicado en Desinformémonos el 1.09.2022

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La mirada de Erlinda Ramírez no se mueve de la fila de jóvenes de camiseta anaranjada. Caminan arrastrando sus chanclas y observan las fotos que las mujeres de la XV Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos han puesto en la cancha de baloncesto del penal de Coatzacoalcos, en el sureño Estado de Veracruz. Son imágenes de hombres y mujeres jóvenes, de sus hijos desaparecidos.

Ramírez tiembla y llora, sus nervios no aguantan. Una joven psicóloga le recomienda respirar hondo y su compañera Eva Ramírez, que como ella integra a la caravana, le acaricia un brazo y la tranquiliza: “Por allí tu hijo tiene que venir en las filas”. 

Hace más de siete años el joven migró de Honduras a Estados Unidos, pero en el sur de México fue detenido y acusado de asesinato, extorsión y violación. En un primer momento llamaba seguido a su familia desde la cárcel de Coatzacoalcos, pero pronto acabó el dinero que las guardias le arrebataban cada vez que quería hacer o recibir llamadas. Desapareció. A veces Erlinda se pensaba con alas, volando encima de las montañas y de las aguas para alcanzarlo. Otras veces imaginaba hacerse invisible para cruzar la frontera de México y encontrarlo.

Luego una mujer que da clases de yoga adentro de la cárcel de Coatzacoalcos llamó al Movimiento Migrante Mesoamericano – la organización que cada año coordina la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos -, quien se encargó de buscar a Erlinda y la invitó a la caravana.

Hoy es justo el día de su rencuentro. Parada en la cancha de baloncesto bajo el sol veracruzano del mediodía, Erlinda Ramírez no despega sus ojos de aquella extraña procesión de detenidos, que observan las fotos para eventualmente brindar pistas para encontrarlos. Cuando por fin su mirada encuentra la de su hijo, en un instante se envuelven en un abrazo. Las demás integrantes de la caravana lloran; de felicidad por el rencuentro de su compañera Erlinda, de tristeza porque a ellas todavía no les ha tocado. 

Los rostros de sus seres queridos, y de los hijos de otras mujeres que no pudieron emprender el viaje, siguen apareciendo sólo en las fotos plastificadas que ordenaron en la cancha del penal. Son imágenes que cargan todo el tiempo durante la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, formada por unas 40 personas – en su mayoría mujeres – de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que en sus propios países integran organizaciones dedicadas a la búsqueda de los migrantes desaparecidos. Llevan las fotos de sus seres queridos colgadas al cuello y no se las quitan ni para comer.

Hasta hoy, las mujeres de la caravana han viajado por quinceava vez por los mismos paisajes que atravesaron sus hijos en su viaje rumbo al norte. Desde el clima tropical de la frontera meridional de México hasta el desierto del Estado de Nuevo León, a un paso de los Estados Unidos. 

Los buscan en los albergues de migrantes (gestionados por religiosos que les brindan hospedaje y comida), en las cárceles, en las vías del tren de carga llamado La Bestia, en cuyo techo viajan los migrantes. Van de casa en casa enseñando las fotos de sus seres queridos, o las exponen en las plazas públicas, con la esperanza que los transeúntes los puedan reconocer y brindar una pista. A veces un pequeño detalle puede abrir un camino que lleva a su localización. 

La búsqueda con vida de los migrantes desaparecidos comienza antes de la salida de la caravana, cuando el MMM recibe las denuncias de desaparición. El activista Rubén Figueroa sigue sus huellas en México a partir de la última llamada que hicieron a sus familias o del último envío de dinero que recibieron, busca sus nombres en las listas de los detenidos de los penales y en Google, para averiguar si la prensa local los reporta como victimas de algún accidente. Una vez recolectados los indicios, Figueroa viaja por México para buscar a los migrantes centroamericanos desaparecidos. Muchas veces los encuentra: en 15 años el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) encontró con vida a más de 310 personas. Sus familiares han sido invitados a participar en la caravana para que se pudieran rencontrar. 

Este año las madres centroamericanas están acompañadas por activistas internacionalistas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, uno de los organizadores de la Caravana Abriendo Fronteras, iniciativa que nació en 2016 y que en julio pasado se dirigió a Andalucía y Ceuta. El colectivo vasco decidió participar junto con el colectivo italiano Carovane Migranti para aprender de la experiencia de sus integrantes y tejer redes de solidaridad y lucha. “Compartimos la concepción estratégica del Movimiento Migrante Mesoamericano sobre la necesidad de crear un movimiento global por el reconocimiento del derecho a migrar y la defensa de los derechos de las personas migrantes, también durante su tránsito hacia los países de destino”, explica Dida Marin Astobieta, activista de Ongi Etorri Errefuxiatuak. “Esta caravana se enfrenta a la negación extrema de estos derechos, desde el secuestro a la desaparición e incluso el asesinato”.

Para que las denuncias de las mujeres centroamericanas lleguen a Europa, cada año dos integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas están invitadas a participar en la caravana europea, que cada vez se realiza en un país distinto. 

En 2019 viajó al Estado Español Ana Enamorado, una mujer hondureña que lleva 7 años sin noticias de su hijo Oscar. Después de su primer viaje con la caravana, Enamorado decidió quedarse en México para trabajar en el MMM y dedicarse completamente a la búsqueda de Oscar. Para ella, la caravana representa un espacio de formación política y de sanación: “cuando una está sola encerrada en casa le parece que no le está pasando a nadie más y no sabe qué hacer con este dolor, pero cuando estás con otras familias aprende que no estás solas”. 

Se calcula que entre 80 mil y 120 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en México durante su viaje rumbo a Estados Unidos. El MMM asegura que son mucho más y que no aparecen ni siquiera en los informes oficiales: las autoridades suelen mencionar sólo a las 40 mil personas desaparecidas de nacionalidad mexicana. “Qué bueno que me recuerdas!”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos Karla Quintana a Ana Enamorado, cuando ésta le señaló la falla del gobierno mexicano.  

“Lo que más importa es sensibilizar a la población civil, siendo que nunca vamos a sensibilizar a las autoridades”, afirma la activista. “Son indolentes y viven de nuestro dolor: se han creado muchas dependencias gubernamentales que de esto viven, generaron buenos salarios de nuestro dolor. Por esto jamás van a hacer nada porque se detenga el problema de las desapariciones”.

Las familias de los migrantes desaparecidos no saben si han sido asesinados por las organizaciones criminales mexicanas- que muchas veces operan en conjunto con las autoridades -, si han sido obligados a trabajar para ellas, si entraron en alguna red de trata de personas o si están vivos y libres, pero por algún motivo han perdido contacto con su familia. 

A veces los migrantes dejan de comunicarse con sus seres queridos porque durante el viaje les han robado la cartera donde guardaban los números telefónicos, porque el número cambió, o porque la familia se ha mudado a otra casa. “Muchos migrantes se fueron de Centroamérica cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares, sólo había un teléfono publico a la entrada de la aldea y las calles no tenían nombres”, explica Martha Sánchez Soler, fundadora del MMM. 

La violación sexual es otro factor que en muchos casos lleva las migrantes a interrumpir cada contacto con su familia, por la vergüenza que los abusos hicieron nacer en ellas. 

“Hay muchas cosas por las cuales no quieren que una madre sepa adónde están. A veces si han sufrido violaciones, o si han hecho algo ilícito y lo han agarrado; tal vez a ellos les da vergüenza que su madre sepa. O si han cambiado de sexo, quizá se sienten mal porque una se va a incomodar”, afirma Hilda Luz Rivera, de El Salvador, al notar unas mujeres transgenero entre las detenidas que observan la foto de su hijo René Wilmaris Ramírez Rivera. “Tal vez se sienten como que ya no tienen familia. Pero para una madre no importa lo que hayan hecho y no hay feo ni delincuente; aunque cometan sus errores, una mamá siempre perdona”. 

Erlinda Ramírez no tuvo que perdonar a su hijo, pues está convencida de que no cometió los delitos que se le imputan. Al salir de la cárcel de Coatzacoalcos se siente “descansada”. Su rostro está más relajado, su voz es más firme, ya no tiembla ni llora. Encontró a su hijo en buena salud y sabe que en dos años será otra vez libre y regresará a su casa. Frente a la entrada del penal la esperan las cámaras de los periodistas y su mensaje es para los jóvenes que todavía faltan, y las madres que siguen esperándolos: “Estoy segura de que como apareció mi hijo van a seguir apareciendo los hijos de mis compañeras que están perdidas en este flagelo”. 

Artículo publicado en El Gara el 3 de diciembre de 2019.

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En 2009, Villa Saldarriaga le informó a la Fiscalía de Medellín sobre la presencia de unos cincuenta cadáveres enterrados en La Arenera del Agregado San Javier, un sector más conocido como La Escombrera, ubicado en lo alto de la Comuna 13. Allá, presuntamente, fueron a parar los cuerpos de cientos de personas desaparecidas en los años de guerra entre las guerrillas y los paramilitares en Medellín, un enfrentamiento que llegó a su pico el 16 de octubre de 2002 con la Operación Orión.

Ese día, a la Comuna 13 entraron en la madrugada miembros de la Policía, el Ejército, el CTI, el DAS y la Fuerza Aérea, al parecer con el apoyo de grupos paramilitares, con el fin de expulsar del sector a guerrilleros de las Farc, el ELN y los Comandos Armados Populares (CAP).

La operación se extendió por varias semanas y, entre heridos, retenidos arbitrariamente, desplazados y desaparecidos, dejó más de 600 víctimas, según la Corporación Jurídica Libertad. Para 2013, la misma organización registraba a 104 personas desaparecidas forzadamente.

Con base en la información que más tarde dieron varios exparamilitares, se concluyó que muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas y arrojadas a La Escombrera. La insistencia de los familiares de los desaparecidos llevó a la Fiscalía a dar inicio a las excavaciones en el lugar en agosto de 2015. La exhumación duró cinco meses, terminó en diciembre de 2015 y no dio ningún resultado.

Los forenses no encontraron nada. Hoy, 15 años después de Orión, los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 todavía exigen exhumar los dos polígonos de La Escombrera que la Fiscalía aún no ha intervenido. Villa Saldarriaga fue uno de los paramilitares que conoció de cerca lo sucedido en la Operación Orión. Esto nos contó en entrevista exclusiva con ¡Pacifista!.

¡PACIFISTA!: ¿Usted cómo entró en las AUC?

Juan Carlos Villa Saldarriaga: Primero fui soldado, después me retiré del Ejército, y mataron a mi padre, secuestraron a mi madre y a mí me hicieron un atentado y me hirieron con varios impactos de bala. Al mes llegó una carta de un grupo de autodefensa del occidente antioqueño, del corregimiento San Cristóbal en el municipio de Bello, y me dice que yo era una persona estratégica para ingresar a las autodefensas, a una parte de la Comuna 13 de Medellín. Yo les concedí la reunión y fue allí donde me involucré en las autodefensas. Fue más bien por dolido de venganza, rabia e ira contra las milicias y las guerrillas, en especial con los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que mataron a mis familiares.

Explique el papel de las AUC en la Operación Orión.

Éramos los guías de la Operación Orión porque allá no nos dejaron entrar a nosotros. Ese fue el convenio que se hizo entre los comandantes míos con esa gente que entró a la operación.

Al decir “esa gente”, ¿se refiere a agentes del Estado?

Sí. ¿Qué hicieron supuestamente como “guías” de la Fuerza Pública? Se prestaron seis guías que salieron del corregimiento San Cristóbal. Eran exmilicianos [de la guerrilla] que se habían entregado a las autodefensas y que sirvieron para guiar al Ejército y señalar a aquellos líderes de la milicia que vivían allí.

¿Qué relación tenían las AUC con el entonces presidente Álvaro Uribe?

Todo el mundo dice que teníamos un convenio con Uribe. Yo no lo sé. De pronto los mandos altos tendrán más conocimiento de esto. Nosotros como mandos medios nos limitamos a recibir órdenes. ¿Que era claro que la Fuerza Pública no nos atacaba a nosotros? ¿Que ellos pasaban por un lado y nosotros pasábamos por otro? Es lógico que allí había algún vínculo. Varias veces tuvimos que apoyar a la Fuerza Pública en otros puntos fuera de la Comuna 13, cuando la guerrilla los arremetía. Supuestamente fuimos un segundo grupo de la Fuerza Pública para combatir a la guerrilla. Pero más vínculos que yo pueda confirmar, que por ejemplo haya visto al señor Uribe… sobre eso no tengo nada que decir.

Después de sacar a la guerrilla, ¿cuánto tiempo se quedaron en la Comuna 13?

Ya cuando tuvo dominio la Operación Orión, se da la retoma de esta comuna. No habíamos sido capaces de tomarla todavía porque no teníamos la cantidad de hombres para hacerlo. Éramos dieciocho hombres apenas, un grupo especial entre soldados retirados del Ejército y excombatientes del EPL y las Autodefensas de Casa Castaño. Estuvimos allí hasta 2003, cuando se desmovilizó el [Bloque] Cacique Nutibara. Nosotros, paradójicamente, después de que ya se había conciliado un poquito la Operación Orión, pasamos a estorbarles al Gobierno y a la Fuerza Pública y nos mataron al comandante alias El Paisa. Nos vimos obligados a abandonar la zona e ir al oriente antioqueño, donde comenzó una guerra contra el Bloque Metro que manejaba esta zona. Posteriormente se dio la desmovilización de una parte del Cacique Nutibara.

¿Por qué la fuerza pública mató a un comandante de las AUC si colaboraban con ella?

No entendemos, pero teníamos muchas ganas de pelearle al Estado. Pedimos esa autorización de pelea contra ellos y nos dijeron que no podíamos hacerle ni un tiro a la Fuerza Pública.

¿Quiénes eran las personas que ustedes desaparecían?

Guerrilleros. Muchachos seleccionados por sus excompañeros, por milicias que pasaron a trabajar con nosotros. Los sacaban de la Comuna 13 o de otras partes y se daba la orden de matarlos, de desaparecerlos o de sacarles la información.

¿Todas las personas que desaparecían eran guerrilleros?

No, no todas. Había violadores, cuatreros, ladrones de carros o moto. Lo que hacía daño a la sociedad era lo que íbamos desechando en el camino.

El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que integran madres de desaparecidos de la Comuna 13, sostiene que sus hijas y sus hijos no eran guerrilleros ni criminales.

No le puedo decir si eran buenos o no. ¿Hubo hartos desaparecidos de la comuna? Puede haberlos. Nunca me podrán decir las madres que me vieron con un fusil o una pistola allá metido en la Comuna 13 tumbando una puerta y sacando a un muchacho.

¿Por qué ocultaban los cadáveres?

No sé, eran órdenes directas. Por qué y cómo, no sé. Entre 2001 y 2002 comenzó a llegar la orden de no dejar a nadie por allí tirado en la calle. Antes, donde lo cogías se ejecutaba, y normal. Pero después comenzaron con esta doctrina.

¿Cuántas personas enterraron en La Escombrera?

Yo le hice una marcación a la Fiscalía de entre cuarenta y cincuenta personas. Les marqué tres puntos allí, cerca de donde entonces había un lago. El lago era drenado por un consorcio que lo utilizaba para poder lavar el material de playa en las partes bajas.

Mientras que ustedes enterraban cuerpos, ¿había una empresa trabajando allí?

Claro. [¡PACIFISTA! se abstiene de publicar el nombre de la empresa al no haber podido verificar la información dada por el entrevistado.]

¿Tenían relación con ella? 

De lo que sé… de pronto han tenido [relación] los señores ingenieros con los altos mandos. Es lógico que todo lo que había allí tenía que pagar impuestos a la organización. Esta fue una empresa retomada y quitada a sangre y fuego a la guerrilla, y luego pasó a mano de nosotros. Se hizo reunión en el caserío con la corporación […]. Pero no le podría decir cuánta plata saldría de allí para la organización.

¿Por qué cree que la Fiscalía no encontró ningún cadáver en La Escombrera?

¿Por qué se demoraron tanto en hacer la exhumación siendo que yo venía desde 2009 dándole esta información a la Fiscalía y sabiendo que ya había entregado dieciocho, veinte fosas? Mucha gente dice que de pronto Móvil 8 está mintiendo. Yo sé lo que viví allá y lo que tuve bajo mis manos, qué hice y no hice. Estoy jurando, no buscando mi beneficio. ¿Qué hizo la empresa […] que constantemente tiene su maquinaria allí? ¿Para dónde lo removieron?

¿Está afirmando que los cuerpos han sido sacados de allí? ¿No cree que, si alguien hubiera removido cincuenta cadáveres, al realizar la exhumación los forenses se habrían dado cuenta?

Pudieron haber sido removidos, porque allí tenían que estar. Porque yo sabía y no solamente fui yo. Fui con otros compañeros excombatientes e hicimos las mismas marcaciones.

Entrevista publicada en ¡Pacifista! el 16.10.2017

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Amalia Rodríguez cuenta que, al llegar a México, un hombre la vendió. “Aquí está la mercancía”, le dijo a otro. Luego logró huir del que quería esclavizarla y llegó a Veracruz (México), donde conoció al hombre que escogió para ser su pareja desde hace más de 20 años. Con el paso del tiempo, dejó de comunicarse con su familia en Tiquisate, que empezó a pensar que estaba muerta.

Hoy Amalia Rodríguez vive en Puebla, donde tiene una familia cariñosa y estabilidad económica. Al terminar de oir el recuento de su historia, su hija Viviana y su nieto Samuel la abrazan, la acarician. La consienten porque saben que hoy es para ella un día muy especial: encontrará a su hermana Norma y a su sobrina Oneyda.

Hace 37 años que no ve a su hermana. A su sobrina, no la conoce. “En estos años la extrañé mucho, ella era la que me cuidaba cuando era niña”, dice Norma, que tenía 10 años cuando Amalia Rodríguez se fue de Escuintla.

Pero en este encuentro, hay una ausencia: falta su otra hermana Reyna, que emigró también huyendo de la pobreza y por las ganas de buscar a su hermana en 1986, siete años después de Amelia. Reyna Rodríguez, la madre de Oneyda, nunca se comunicó con su familia y hoy sigue desaparecida.

El encuentro entre las dos hermanas y su sobrina sucede durante la XII Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, una iniciativa organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), colectivo mexicano que busca a los migrantes centroamericanos extraviados en su viaje.

El MMM estima que más de 70,000 las personas han perdido contacto con sus familiares durante la migración, secuestradas por grupos criminales o las autoridades. Pero no existen cifras oficiales sobre el número de migrantes desaparecidos en el intento de cruzar México.

Los centroamericanos en tránsito por el país son víctimas de todo; robos, extorsiones, lesiones y secuestros. En 2014, los delitos atribuidos a las autoridades eran poco más del 20%, mientras que en 2015 superaron el 40%, según un informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), que reúne 17 albergues para migrantes en México.

– Muchos salieron cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares en sus pueblos. Los que desaparecieron más recientemente son los que tememos que hayan sido asesinados, dice Marta Sánchez Soler, fundadora del MMM.

Rubén Figueroa, integrante del MMM, recoge las denuncias de desaparición y recorre México siguiendo los rastros de los migrantes centroamericanos extraviados: busca sus nombres en Google o en las listas de los detenidos en los centros penitenciarios mexicanos; encuentra pistas a partir de la última llamada que el migrante hizo a su familia y sigue los rastros del último envío de dinero que recibió. En los últimos diez años, ha logrado encontrar a 265 personas. En promedio, uno cada quince días.

En cada caso, grabó un video de cada migrante, con un mensaje para su familia. Llevó el video a Centroamérica e invitó a sus parientes la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, para que puedan reencontrarse.

En el caso de Amelia, fue su hija Viviana la que buscó a Rubén Figueroa de MMM para que viajara a Guatemala y buscara a la familia guatemalteca. Su mamá, después de tantos años, ya no sabía cómo contactarlos.

La manta de la ausencia

El 15 de noviembre era un día como los demás en La Mesilla, en Huehuetenango. Una mujer asa elotes mientras un grupo de hombres cruza la frontera con sus bultos, sin pasar por el puesto de migración. La ropa se vende barata y el quetzal vale 2 pesos y 70 centavos. Pero había unas madres que interrumpirían la rutina.

– Agarrá la manta, le dice una mujer a otra.

– ¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?, empiezan a gritar juntas.

La XII Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos cruza así la frontera norte de Guatemala, marchando con sus mantas y con las banderas.

Ese día empezó el viaje de unos 3,800 km en el que 36 mujeres y 5 hombres recorrieron México en búsqueda de sus familiares migrantes desaparecidos, desde la frontera con Guatemala hasta el Estado de San Luís Potosí y luego de vuelta al sur, hasta el 3 de diciembre. Paisajes, climas y geografías que sus mismos parientes han cruzado en el intento de llegar a Estados Unidos.

– Qué la ola de xenofobia que golpeó a los Estados Unidos no llegue hasta acá, que esta caravana una México y Centroamérica. Los muros que los Trump quieren construir, ustedes los están rompiendo, dice el sacerdote guatemalteco José Luis al recibir la caravana en Frontera Comalapa (Chiapas).

– [La Caravana] es una escuela de formación; muchas regresan a sus países y se hacen activistas, dice el padre, sobre unas mujeres que regresan de la caravana con esperanza, aunque no hayan encontrado a sus familiares ni pistas sobre ellos.

Catalina López, maya kaqchiquel que trabaja en atención psicosocial de familiares de migrantes desaparecidos, toma palabra delante de sus compañeras, antes de que la caravana deje San Cristóbal de Las Casas (Chiapas). Las anima a gritar las consignas durante las marchas, las invita a perder la pena. Les asegura que cada vez que tengan ganas de llorar, encontrarán el abrazo de las demás, que todas allí conocen su dolor.

– Durante la caravana, las mujeres sienten que hay otras mamás que demandan atención y que denuncian, esto les da ánimo y voz para poder exigir sus derechos, dice Catalina López, que integra el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), un espacio de empoderamiento donde familias de varias regiones de Guatemala aprenden a hablar de su coraje, dolor e incertidumbre frente a la desaparición de su ser querido.

En el viaje, seis mujeres y dos hombres guatemaltecos se integran a la caravana:

Rosalba, de Huehuetenango, busca a su marido Santos Rodrigo Paiz.

David, también de Huehuetenango, busca a su hermano Domingo Marcelino Ramos.

Samuel, de Chichicastenango, busca a su hermana María Mejía.

Martha Julia, de Zacapa, busca a su hermano Juan Luis Zacarías.

La posibilidad de las puertas

– ¿Acaso vio a mi hijo?, pregunta la guatemalteca Manuela de Jesús de Canalito. Enseña la foto de su muchacho, Juan Neftalí, a una mujer que vive a lado de las vías de Villa Estación Chontalpa (Tabasco).

Las madres centroamericanas van tocando puertas, caminan de casa en casa recorriendo las vías del tren de carga llamado La Bestia. Los migrantes lo siguen utilizando a pesar de que el Plan Frontera Sur, al incrementar los controles en las vías, empujó al 75% de ellos a tener que confiar sus vidas a un traficante de personas.

En algunos casos, el trabajo de campo de las mujeres y el aporte de los pobladores locales regalan pistas que permiten emprender búsquedas exitosas.

– No está fácil recordar caras, hay muchas personas que pasan por acá, dice una mujer de la caravana a otra. Pero su esperanza algunos vecinos reconocen en las fotos los rasgos de alguien que transitó por allí, que les pidió un vaso de agua, o que tal vez se quedó un rato en la zona trabajando.

En su recorrido por México, la caravana está visitando penales y albergues para migrantes. Durante la estadía en el comedor y albergue de Las Patronas –un grupo de mujeres de Amatlán (Veracruz) que pasan comida a los migrantes que viajan en La Bestia–, las madres de la caravana corren afuera cuando escuchan el silbido del tren. Quieren verlo para acercarse a la imagen de sus hijos viajando en el lomo de La Bestia.

En Bojay (Hidalgo), el maquinista invita a las mujeres a un breve recorrido.

– Acepté (subirme) para sentir qué pueden sentir los migrantes al viajar allí, y sí me emocioné, dice Reyna Elisabeth, una joven de Ixcán (Quiché) que busca a su mamá, Irma Vicente García, desde hace 10 años.

Busca a su mamá desde hace 10 años.

La caravana está encontrando estudiantes y escuchando con escepticismo las promesas de los representantes de las instituciones. Las madres se están reuniendo con organizaciones de familiares de desaparecidos mexicanos: personas que traen su mismo dolor, víctimas de la misma ‘guerra al narcotráfico’ que golpea a los migrantes.

A menudo las mujeres de la caravana hablan entre ellas de sus hijos extraviados, intentan imaginar qué estarán haciendo en aquel momento.

– Estaba muy enferma de depresión por no saber qué dolor está pasando mi hijo, tal vez tiene hambre o frío, dice Irma Yolanda, de Boca del Monte, quien busca a su hijo Gerber Estuardo García Pérez.

– Desde que estoy en la caravana estoy un poco mejor.

A veces las madres cantan, otras rezan, a veces lloran o se ríen.

– Las mujeres con hijos desaparecidos tenemos una laguna en la cabeza. Perdimos cosas, nos ponemos las camisetas al contrario, se nos olvida todo, afirma una mujer de El Salvador, entre las risas de sus compañeras.

– Pero por lo menos nos reímos, y reír cura el alma.

Artículo publicado por Nómada el 15.12.2016

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Lo busca aquí, debajo de la tierra húmeda de un cafetal en el Estado de Veracruz, donde hay restos humanos sepultados. Lo aseguran los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos, pues el dueño de la parcela confesó haberlos encontrados y luego, invadido por el miedo, enterrados nuevamente debajo de unas piedras.

Ya es la segunda vez que esta brigada viene a Veracruz para desarrollar sus tareas de búsqueda, pues la inacción gubernamental motivó a los familiares de las personas desaparecidas a organizarse y pasar a la acción para encontrarlas.

Los grupos criminales de México, en complicidad con agentes del Estado, están librando una guerra que de acuerdo a datos oficiales ha causado más de 130.000 muertos y 28.000 desaparecidos en menos de diez años, con un aumento de los casos de 17% en los últimos 18 meses.

Según afirman las organizaciones no gubernamentales, los desaparecidos en México son muchos más, pues hay personas que no denuncian por miedo a las amenazas que reciben. Amenazas que a veces se cumplen como en el caso de Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, ejecutado en Poza Rica el 22 de junio mientras buscaba a su hija Jenny Isabel, desaparecida en 2011.

Más de 28.000 familias mexicanas no saben si sus hijos están vivos o muertos, y viven en la angustia de una espera continua. Desconocen si sus seres queridos han sido secuestrados para ser obligados a trabajar con la criminalidad organizada, si los están explotando sexualmente, o si los mataron y luego los enterraron en una fosa común.

Si los agarraron porque se equivocaron de persona, o solo por ser jóvenes o mujeres. De acuerdo al intelectual uruguayo Raúl Zibechi, el narco y los feminicidios tienen carácter sistémico y son modos de dominación de «los de abajo».

La hija de Araceli Salcedo tenía 21 años cuando fue desaparecida en la ciudad de Orizaba, en setiembre de 2012. Un comando armado entró en un bar y se la llevó; las autoridades dijeron que fue por guapa, que tal vez le gustaba a algún narco.

Tres años después, Araceli Salcedo encaró a Javier Duarte, gobernador de Veracruz. «Sus fiscalías no sirven de nada, no ayudan en nada señor. El fiscal es el mismo que ustedes, pura corrupción señor», le gritó. «Que no le toque a su familia, porque el día en que le toque sabrá lo que se siente con ese sufrimiento».

Los familiares de los desaparecidos afirman que el Gobierno mexicano no busca a sus seres queridos y que en las oficinas públicas, donde los empleados están sepultados debajo de miles de denuncias de desapariciones, no son atendidos.

Y en vista de que el Estado no los busca lo hacen ellos, organizándose en colectivos para reclamar su derecho a encontrarlos con vida, o a tener por lo menos la posibilidad de sepultarlos y dejar así de vivir en un «duelo suspendido».

Con la Brigada Nacional de Búsqueda. Según los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2007 y 2016 en México se han encontrado 224 fosas con 681 cuerpos. En sus primeros quince días de trabajo, la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos encontró quince fosas comunes con más de 7.000 fragmentos óseos. Los encontraron armados de picos, palas y varillas, recorriendo el campo violado del Estado de Veracruz.

De todas las ceibas –árbol sagrado de los mayas– que existían en las afueras de la ciudad de Córdoba, solo una ha sido salvada. Es un árbol grande y frondoso, de raíces firmes, que a nadie se le ocurrió talar básicamente por respeto. Cuentan los pobladores locales que durante la Revolución Mexicana se utilizaba para colgar cadáveres, y que en tiempos más recientes han aparecido cuerpos a sus pies.

A pocos centenares de metros de la ceiba, la Brigada Nacional de Búsqueda encontró unos indicios. «Por acá había sábanas ensangrentadas», dice Simón Carranza, que participa en la brigada a pesar de no tener familiares desaparecidos. Carranza, un hombre pequeño y delgado de unos 50 años, es considerado un sabueso en hallar pistas para encontrar restos humanos, hasta el punto que fue contratado por la PGR.

«Bajé por aquí y sentí algo raro en el fondo. Podían ser unas bolsas, pero no tenía equipo para sacarlas», explica el hombre mirando dentro de un pozo de doce metros de profundidad. Llegan las autoridades y empiezan a acordonar la finca, con sus uniformes de policías federales, sus trajes blancos y sus mascarillas de peritos; tras el hallazgo, la ley prevé que ellos sean los encargados de levantar los restos.

Mientras la Policía acordona, algunos brigadistas se apuntan para formar un grupo de vigilancia del trabajo de las autoridades, pues no confían en su profesionalidad y honestidad. «Los peritos del Gobierno no están bien preparados para hacer su trabajo. No solo no están bien capacitados, sino que no tienen las herramientas ni el tiempo necesario para llevar a cabo un proceso de hallazgo como debe de ser, y mucho menos de identificación», afirma Carolina Robledo Silvestre, antropóloga social que integra al Equipo Nacional Antropología Forense Independiente (ENAFI).

Se trata de un grupo recién formado de investigadoras que acompañan a los familiares de personas desaparecidas, compartiendo con ellas conocimientos técnicos sobre los protocolos y requisitos que debe tener una búsqueda en campo que se ajuste al debido proceso.

«En nuestros talleres los familiares aprenden a conocer todo el contexto de un hallazgo, a reconocer que no solo vamos a buscar esqueletos, huesos y restos humanos, sino toda la evidencia, de todos los objetos asociados que acompañan este hallazgo, porque todo esto nos permite identificar un cuerpo sin necesidad de recurrir a exámenes de ADN, que son bastantes costosos», explica Robledo Silvestre.

«En los talleres los familiares aprenden competencias para actuar en campo de una forma responsable y coordinada con las instituciones, exigiendo a los peritos del Gobierno y del Ministerio Público que hagan bien su trabajo, porque tienen a una víctima bien informada que le está exigiendo que así lo haga»

Gracias al acompañamiento de las académicas del ENAFI, los brigadistas aprenden a reconocer huesos calcinados y huellas, a valorar las fuentes que indican pistas y lugares donde buscar, a moverse en los sitios sin contaminar las pruebas, a intervenir en fosas clandestinas, a distinguir los fragmentos óseos de pequeños trozos de madera o piedras.

«Los huesos hablan», dice Bárbara G. García, arqueóloga forense del ENAFI, durante el taller con los familiares
de la Brigada Nacional de Búsqueda que se lleva a cabo en la Ciudad de México antes de la salida a Veracruz. Explica que los huesos pueden revelar la edad de una persona, qué tipo de trabajo hacía, qué enfermedades tuvo en su vida. Luego enseña una foto.

– ¿Qué hueso es este?
– Un fémur, contesta una mujer.
– Muy bien, es un fémur.

Trabajo de forense. Tras estos talleres, los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda hablan como experimentados forenses y abogados; no solo conocen la ley, sino saben cómo hacer la búsqueda de restos
humanos.

En los días anteriores a la salida al campo, los brigadistas intervienen durante las misas hablando a la población,
explicando en qué consiste su trabajo, animando a los pobladores a denunciar la desaparición de sus seres queridos y a unirse a la brigada o a compartir pistas que permitan hallar restos humanos.

Luego, a partir de las indicaciones anónimas de los habitantes locales –que dejan en el buzón de la parroquia
mapas artesanales de la zona– eligen el lugar donde hacer la búsqueda.

Los brigadistas saben que una cosa es buscar restos debajo de la tierra seca de los estados áridos del norte de México, y otra es buscarlos entre la maleza que cubre la tierra húmeda de otras regiones. Que es distinto
trabajar en el estado de Guerrero, donde hay osamentas enteras sepultadas en las fosas comunes, que buscar
en Veracruz, donde los cuerpos son disueltos en ácido y los fragmentos óseos que quedan son tirados al suelo.

Los brigadistas conocen que un tambo y unas botellas de gasolina pueden señalar la presencia de una «cocina», donde los criminales disuelven los cadáveres; saben interpretar los cambios de color de la tierra y su textura, pues si la varilla se hunde más que en otros lados quiere decir que la tierra ha sido removida, y si la punta de la varilla apesta a cadáver allí puede haber una fosa común.

Y mientras la brigada peina los bosques de niebla del estado de Veracruz, sus cafetales y sus cañaverales, Rosa Neris, una mujer que tiene a dos hermanos y a un cuñado desaparecidos, canta una canción para dar ánimo a sus compañeras:

«Salen, locos de contentos
con sus cargamentos
para ir a buscar, para ir a buscar.
Llevan en su cargamento
palas y varillas para escarbar, para escarbar.
Piensan un huesito encontrar
para que una familia entera pueda descansar.
Y alegres los brigadistas van
buscando aquí, buscando allá, por los caminos»

Con un palo de madera, María Herrera mueve una bota que se encuentra en el suelo. «Esta no lleva mucho
tiempo aquí y es de campesino, pero las chanclas que están allá no pertenecen a alguien de la zona», dice.

La historia de María Herrera. Al lado de la piedra donde la mujer está sentada, unos restos de prendas
amontonadas dejan espacio a una macabra suposición: que poco más allá estén enterrados los cuerpos que las vestían. Un grupo de brigadistas se hunde en la vegetación, a buscar indicios que señalen la presencia de una fosa.

Cuatro hijos de María Herrera han sido desaparecidos. A Jesús Salvador y Raúl se los tragó la tierra del estado
de Guerrero en 2008. Después de más de dos años de inútiles reuniones con funcionarios y de tocar puertas
que se quedaban cerradas, el corazón de María Herrera se derrumbó otra vez.

El «crimen institucionalizado» –como ella define al narcoestado– se llevó a otros dos hijos suyos: Luis Armando y Gustavo, que fueron secuestrados por la Policía Intermunicipal de Poza Rica y entregados a un grupo criminal. Un caso ejemplar de desaparición forzada, o sea cometida por agentes del Estado, los casos que más difícilmente encuentran solución pues el sistema no suele perseguir a sus propios servidores.

«Nuestro Gobierno le dio mucha chamba –trabajo, en argot– a Dios, le mandó gente que aún no había llamado », declara Herrera al reflexionar sobre cómo la guerra al narcotráfico librada por el Gobierno mexicano en 2006 se ha convertido en una guerra contra la población.

En 2011, a unos meses de la segunda tragedia que María Herrera y su familia tuvieron que afrontar, mataron
al hijo del poeta y periodista mexicano Javier Sicilia. El poeta llamó al pueblo mexicano a manifestarse en contra de la violencia e impulsó la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que organizó marchas y caravanas que llevaron a las víctimas a compartir sus experiencias en todo el país y también en Estados Unidos.

Un espacio donde por primera vez los familiares de los desaparecidos se conocieron y compartieron sus dolores. «Mi mamá pensaba que a nadie en México le duele el dolor del otro, pero aún así se fue con la Caravana por la Paz. Y pasó una cosa curiosa, que cuando regresó tenía brillo en sus ojos», recuerda Juan Carlos Trujillo, hijo de María Herrera.

En el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Herrera descubrió que no estaba sola, que muchas mujeres compartían su misma pena y se solidarizaban con ella. Aprendió a transformar aquel dolor en lucha y, poco a poco, a pelear no solo por sus hijos, sino por todos los desaparecidos del país.

La experiencia compartida. «Cuando empecé a salir en las caravanas y en las marchas, vi que la situación que yo estaba viviendo era la misma de muchas familias. Desde allí cambié mi forma de pensar y de sentir », explica esta madre coraje. «Antes en las marchas gritaba ¿dónde están mis hijos?; luego empecé a gritar «¿dónde están nuestros hijos y nuestras hijas? Esto te genera un aliciente, es como si tu solita te untaras un ungüento en tu hígado. Empiezas a librar una lucha dentro de ti misma queriendo sanar, pero la verdad es que hasta la fecha no lo he logrado».

Al ver la transformación que su madre estaba viviendo, Juan Carlos y su hermano Miguel decidieron incorporarse al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De allí surgió la necesidad de crear una organización civil enfocada en la búsqueda de sus familiares, para apoyar en los trámites y agilizar las investigaciones y, luego, formar una red de enlaces con organizaciones afines de todo el país.

Con su coche, Juan Carlos recorrió parte de México para buscar a familias de desaparecidos con la intención de organizarlas, no solo para que visibilizaran su dolor, sino para que lo atendieran. Y de estas nuevas hermandades que se crearon germinó la idea de crear una Brigada Nacional de Búsqueda.

«Quien busca encuentra, se lo digo siempre a mis hijos», afirma María Herrera. «Antes me aterrorizaba la idea de poder salir al campo y encontrar. Pero ahora veo que a las personas a las que les han llegado sus restos les cambia la vida: se ve en sus rostros esta paz de saber, de que ya no deber de buscar a su familiar y de tener un lugar donde pueden decir ‘aquí está’. Les dieron una muerte indigna, hay que darles por lo menos una sepultura digna».

Jorge Aguiluz ya sepultó los restos de su hijo Jorge Antonio, a quien encontró en enero de 2015, después de once meses de búsqueda. A pesar de esto, viajó más de 1.500 kilómetros para llegar a Veracruz desde el estado
de Sinaloa y participar en la Brigada Nacional de Búsqueda.

«Me siento atrapado, comprometido con este dolor que conozco desde raíz», dice Aguiluz, mientras una lágrima se le asoma bajo los parpados. «Estoy aquí porque siento que mi hijo me ordena que así sea. Me lo ordena su mirada tierna cada vez que miro a su foto», manifiesta.

También Rosa Neris viajó desde el estado de Sinaloa. «No estoy aquí solo por mis familiares, sino por todos los demás. Los desaparecidos son de todos y si yo encuentro a uno encontré al de todos», señala la mujer.

«La búsqueda me hace encontrarme a mí misma; me produce alegría ver la paz reflejada en las familias a las que entregamos aunque sea un huesito, y aún más darles este ánimo para que denuncien, para que se unan a la brigada», anima.

Artículo publicado en Zazpika el 10.10.2016.

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– ¿Por aquí pasan muchos migrantes?

– Sí, a veces.

Luis mira con curiosidad a las mujeres de la XI Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos.

– ¿Es verdad que todas ellas perdieron a sus hijos?

– Están desaparecidos, pero algunas ya los encontraron.

Tal vez Luis encontró a Mauricio Francisco Sauzo Mejía cuando en 2012 atravesó el Suchiate en balsa. Su camino desde Honduras a Estados Unidos se interrumpió en Cadereyta (Nuevo León, México). “Lo decapitaron y mutilaron junto con otras 48 personas, dicen que han sido Los Zetas”, asegura su hermana Lourdes. Era imposible brindar una identidad a los pedazos de cadáveres que se encontraron amontonados en Cadereyta, hasta que la prueba del ADN dio un nombre a aquellos restos. El único consuelo, dice la mujer, ha sido recibir el cadáver de su hermano para enterrarlo.

Lourdes Sauzo Mejía integra al Comité de Familiares de Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), organización que estuvo luchando para la creación de un Mecanismo Transnacional de Justicia, que permita a las familias de migrantes desaparecidos poner denuncias desde las embajadas mexicanas de sus países de origen. Hasta ahora, para hacerlo los ciudadanos centroamericanos deben viajar hasta México, enfrentando un largo y costoso viaje. Muchas veces ni siquiera obtienen visa para entrar al país. Las demandas de Cofamicenh y de otras organizaciones han sido en parte recibidas por el gobierno mexicano, que el pasado 18 de diciembre creó un mecanismo que permite a las victimas presentar una denuncia penal -por desaparición, secuestro, homicidio u otros delitos cometidos contra los migrantes en  tránsito- ante el agregado de la Procuraduría General de la República (PGR), en las instalaciones de la embajada mexicana de su país.

Encontré a Lourdes en Tapachula, última etapa del recorrido de tres semanas de la XI Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, un grupo de treinta seis mujeres y cinco hombres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala que atravesó más de 2.500 quilómetros de territorio mexicano para buscar a sus familiares que migraron y desaparecieron en el camino. No existen datos oficiales sobre el número de migrantes desaparecidos, pero se calcula que desde 2006 sean entre 70mil y 120mil. Lo que se sabe con certidumbre es que desde que se impulsó el Programa Frontera Sur -cuya finalidad declarada por el gobierno mexicano es proteger los migrantes en transito- se han incrementado las violaciones a los derechos humanos y las deportaciones han aumentado sensiblemente. En los primeros diez meses de 2015 han sido expulsados 130.826 migrantes centroamericanos, más que desde Estados Unidos, con un incremento del 41% con respecto a 2014.

“El Plan Frontera Sur es una acción policiaca, es el desplazamiento de cientos de fuerzas federales que implementan operativos y retenes en la ruta migratoria para cazar, detener y deportar al mayor numero de migrantes posible”, explica Rubén Figueroa, coordinador Sur-Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, que desde 2006 organiza a la Caravana de Madres.

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Clementina Murcia González se sienta a un escritorio y enseña las fotos que lleva colgadas al cuello. Retraen a sus dos hijos desaparecidos, Jorge y Mauro Orlando Funes. La empleada de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes de Tapachula (Chiapas) escucha su historia y de vez en cuando tecla algo en la computadora.

Clementina viene de San Pedro Sula (Honduras), la ciudad más peligrosa del planeta. Decidió denunciar la desaparición de sus hijos para que la Fiscalía de Tapachula la ayude en su búsqueda, aunque se dice convencida de que hayan sido las mismas autoridades mexicanas los responsables de la desaparición de Mauro.

En 2002 el joven salió de San Pedro Sula porque no encontraba empleo. Además, según Clementina, allá la violencia no permite vivir una vida normal. “Las pandillas ni a los adultos los dejan en paz. Si usted no quiere abrir la puerta, la rompen. Y si no quiere dar lo que tiene, la matan con toda su familia, hasta niños de pechos matan”.

Durante un año Mauro llamó a su madre a menudo, diciendo que estaba en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) donde había encontrado un trabajo. Un día dijo a su patrón que se iba y cuando regresó para cobrar encontró a unos guardias que lo esperaban. Le dijeron que su patrón lo acusaba por desfalco y se lo llevaron. “Aquí en México mucha gente encarcelada está pagando algo que no ha hecho”, asegura Clementina.

Con las demás mujeres de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, Clementina visitó varios penales, pero en ningún lugar encontró el rastro de Mauro. Ni del otro hijo, Jorge, que salió de San Pedro Sula en 1987.

“Cuando estábamos en Tuxtla Gutiérrez enseñando las fotos de nuestros hijos en la calle, unas personas me dieron una pista”, afirma Clementina esperanzada. “Me dijeron que vieron a Mauro en el parque de la ciudad y que andaba con una guitarra, aunque yo lo veo raro porque él es mecánico y no es músico”.

“Normalmente los migrantes dejan de comunicarse con sus familias en Centroamérica porque tienen muchas limitaciones de recursos intelectuales y económicos”, explica Marta Sánchez Soler del Movimiento Migrantes Mesoamericano. “Las personas que encontramos normalmente tiene mucho tiempo de haber migrado. Cuando salieron era otro mundo, en sus pueblos no había electricidad, calles señaladas o teléfonos celulares, tal vez había una caseta de teléfono a la entrada de la aldes. No es fácil para ellos poderse comunicar. Los que salieron más recientemente son los que nosotros tememos que hayan sido asesinados”.

A través de indicios como este el Movimiento Migrante Centroamericano, que desde 2006 coordina la caravana, encontró a 250 personas, catorce en el último año. Muchas veces se localiza la persona durante un trabajo previo a la salida de la caravana, y luego se invita a la madre u otro familiar a participar en ella para que la pueda encontrar en México.

Artículo publicado por el Programa de Las Américas el 1.01.2016

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Ahora la situación en el barrio está más tranquila, asegura la anciana, aunque la violencia no ha parado del todo. Durante años, desde sus ventanas los habitantes de la Comuna 13 han visto procesiones de jóvenes empujados rumbo al basurero La Escombrera por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tenían la orden de “matarlos, picarlos, ponerlos en una bolsa, echarles cal, sal, y guardarlos”.

María Rosa Jiménez se dice convencida de que su hijo está enterrado en La Escombrera: “Allí los llevaban a todos”. El muchacho salió a las 7 de la mañana del 18 agosto de 2006 para ir a la escuela junto con dos amigos, y nunca más regresó. Tenía dieciséis años. A los dos meses desapareció también el otro hijo de María Rosa.

Hoy la mujer integra Mujeres Caminando por la Verdad, un grupo de madres de desaparecidos de la Comuna 13. Después de trece años de lucha, el colectivo logró que la Fiscalía General de la Nación ordenara la exhumación de La Escombrera, la fosa común urbana más grande del mundo.

“Ya en 2002 empezamos a denunciar que en el basurero habían cadáveres”, explica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que asesora a las madres de las víctimas. “Nunca nos hicieron caso, incluso hasta 2008 las autoridades negaban que habían desaparecidos. La decisión de excavar no fue un acuerdo tomado en la mesa de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero el contexto nos ayudó. El presidente Juan Manuel Santos quiere mostrar resultados y la excavación de La Escombrera lo es”.

OPERACIÓN ORIÓN

La Comuna 13 se volvió un infierno a partir de la madrugada del 16 de octubre de 2002. Más de mil hombres entre policías, militares, miembros de la Fiscalía y del servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el apoyo del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, entraron en el barrio con artillería pesada y tanquetas. Catearon las casas, ametrallaron las viviendas desde los helicópteros y dispararon contra todo lo que se movía. “Yo vivo en un tercer piso, después de esta tirazón tan horrible de aquella noche el techo tenía como seis hoyos muy grandes, y la pared también tenía hoyos como de fusil. Gracias a Dios que a nosotros no nos cogió. Con mis nietos nos escondimos debajo de la cama, yo me estaba ahogando de estrés”, recuerda Gloria Holguín, de Mujeres Caminando por la Verdad.

La Comuna 13 ya había padecido unas veinte incursiones militares, pero la Operación Orión fue el operativo urbano más grande de la historia del conflicto colombiano. Se trató de una acción ordenada por el expresidente Álvaro Uribe para inaugurar su Política de Seguridad Democrática. Su finalidad era acabar con la presencia de los milicianos de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los Comandos Armados del Pueblo (CAP), que ocupaban la Comuna 13 para poder explotar el viaducto de combustible que la atraviesa y controlar el corredor que une Medellín con los puertos del Atlántico.

Los medios de entonces ignoraron la brutalidad del operativo, que fue padecido sobre todo por los 130 000 habitantes de la comuna. De acuerdo con una investigación de Pablo Emilio Angarita, de la Universidad de Antioquia, en pocos días entre los civiles hubo un muerto, 38 heridos, ocho desaparecidos y 355 detenidos.

El exjefe del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, desde la cárcel de Estados Unidos donde está detenido afirmó que durante el operativo hubo una coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Esta versión también ha sido confirmada por declaraciones de los mismos pobladores y material fotográfico de aquella época. De esta forma se abrieron investigaciones previas en contra del general Mario Montoya, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, y del general Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana. No obstante, ninguno de los dos ha sido llevado a juicio y hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad política de las violaciones a los derechos humanos ocurridas antes y después de la Operación Orión.

FUE EL ESTADO

Tras el operativo, un grupo armado fue sustituido por otro. Los milicianos se fueron y los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la ladera de la ciudad. Con ellos llegaron las desapariciones forzadas y el terror. Entre las calles angostas y las escaleras empinadas de la Comuna 13, cualquier persona era considerada sospechosa de colaborar con la guerrilla sólo por haber hablado con los milicianos.

“Los milicianos eran jóvenes de la misma comuna y una los había visto crecer, la gente tenía relaciones con ellos porque los conocía desde toda la vida”, explica Luz Helena Salas, cuyo hijo de veinte años desapareció después de haber salido a fumar un cigarrillo, el 16 enero de 2007. “Los paramilitares sacaban a los jóvenes, los paseaban por todo el barrio y después los mataban. A veces nos tocaba esquivar los muertos, pasar por encima de ellos. Y lo triste es que pensaba que a mis hijos nunca les iba a pasar una cosa así, y resulta que sí, que luego termina pasándole a una. Aunque una vive en medio de la violencia, no piensa que le vaya a pasar”.

Según Luz Helena Salas, quien integra Mujeres Caminando por la Verdad, los atropellos llegaban también por parte de la Fuerza Pública. “Después de la Operación Orión sufrimos mucha violencia también de la policía. Hasta los perros los mataban, nos sentíamos más atropellados por la policía que por cualquier otro grupo”, afirma.

Gloria Holguín está convencida de que fueron los policías quienes desaparecieron a su hijo, que había entrado a la Comuna 13 para visitar a la novia. “Siempre me preguntan quién es responsable de la desaparición de mi hijo. Pues fue el Estado, si entonces en la Comuna 13 estaban la policía y el ejército, ellos tienen la responsabilidad”, comenta la mujer.

TRESCIENTOS CADÁVERES

La excavación de La Escombrera empezó el pasado 27 de julio. El exparamilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, que operaba en la Comuna 13 durante y después de la Operación Orión, señaló desde la cárcel de Bogotá cuatro puntos donde habrían sepultado unos cincuenta cadáveres. Es en esta área que la Fiscalía empezó a buscar, aunque las integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad afirman que los cuerpos de sus familiares son unos trescientos, y que la mayoría no están sepultados allí.

“Donde hoy están excavando se llama La Arenera del agregado San Javier”, explica Luz Helena Galeano, vocera del colectivo de mujeres cuyo marido desapareció en 2008. “La verdadera Escombrera es el sector de terrígenos que está en frente, es allí donde están sepultados los trescientos cuerpos”.

La Alcaldía de Medellín afirma que no existe certeza sobre el número de inhumados, pero estima que sean entre ochenta y noventa personas. La montaña de desechos a excavar es alta como un edificio de veinticinco pisos y se prevé que será necesario llegar a una profundidad entre 8 y 10 metros para extraer unos 35 000 metros cúbicos de escombros, tierra y, presuntamente, cadáveres. En esta montaña, que domina el valle de Aburrá, podrían estar enterrados los muertos de todas las guerras que cruzaron Medellín.

“La excavación significa mucho para la ciudad y para el país. En momentos como los actuales, donde las expectativas por la paz y la reconciliación están al orden del día, no podemos pasar por alto el tratar de desenterrar la verdad oculta durante tantos años alrededor de La Escombrera”, afirma Jorge Mejía, consejero para la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín. “En este mes, diciembre, esperamos tener los primeros resultados. El problema es que es un terreno de escombros, una masa de tierra que tal vez hoy no está donde estaba hace quince años”.

La masa de detritos en la loma de La Escombrera puede haber bajado de nivel, y los cuerpos ya podrían no encontrarse en los puntos indicados por el jefe paramilitar. Esta posibilidad resulta aún más probable si se toma en cuenta que el basurero está en funcionamiento desde la década de 1990 y, a pesar de las demandas de los familiares de los desaparecidos, nunca fue cerrado. Mientras por un lado se excava buscando cuerpos, del otro se siguen tirando escombros.

“La exhumación es un acto simbólico y mediático que no va a llegar a nada, no van a encontrar a nadie, porque las tres administraciones de la ciudad no pararon de depositar allí toneladas de tierra. ¿Qué va a decir la alcaldía cuando acabe esto? Yo busqué, pero no encontramos”, afirma Juan Diego Restrepo, profesor de la Universidad de Antioquia y columnista de la revista Semana.

LA CIUDAD MÁS INNOVADORA DEL MUNDO

En los últimos veinte años la violencia en Medellín ha bajado sensiblemente. De acuerdo con la organización Seguridad, Justicia y Paz, la ciudad pasó de tener 390 asesinatos por cada 100 000 habitantes en la década de 1990, a los actuales 26.91.

Con una pomposa ceremonia pública, al final de noviembre de 2003, El Bloque Cacique Nutibara de las AUC se desmovilizó; fue el primer grupo paramilitar en dejar las armas en el marco del proceso impulsado por el expresidente Álvaro Uribe. El entonces jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, declaró que el evento fue un montaje. “La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó”, afirmó. Según el diario colombiano El Tiempo, varios supuestos desmovilizados admitieron haber sido recogidos poco antes en barrios populares, donde les habían ofrecido dinero para participar en el espectáculo y hasta prometido borrarles sus antecedentes criminales.

Poco después, de los restos de las AUC surgieron los Urabeños —o Gaitanistas, el grupo narcoparamilitar más grande del país—, y de las cenizas del Cártel de Medellín de Pablo Escobar nació la Oficina del Envigado. De acuerdo con datos de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), estas agrupaciones controlan actualmente el 70 por ciento del territorio de la ciudad.

La misma organización no gubernamental señala que en agosto pasado estos grupos suspendieron el acuerdo de no agresión llamado Pacto del Fusil, firmado en 2013, y que la finalidad de esta decisión sería obstaculizar la búsqueda de los desaparecidos en La Escombrera. De hecho, hoy en día es peligroso acercarse al basurero: “No vayan solas, por allá están disparando”, dicen los pobladores.

En el mismo año en que se firmó el Pacto del Fusil, Medellín fue galardonada con el premio de ciudad más innovadora del mundo, a pesar de que desde 2006 hasta 2014 desaparecieron 4251 personas. Al final, sin cadáveres no hay muertos que llenen las estadísticas sobre homicidios.

Vista de Medellín desde el funicular. Foto: O.B.

El diario The Wall Street Journal y City Group decidieron otorgar el prestigioso reconocimiento no sólo por la repentina baja en la tasa de homicidios, sino también por la visible inversión en infraestructura. En las zonas más afectadas por la violencia, la ciudad paisa edificó el Centro Cultural Moravia y la Biblioteca España, que unen su función social con una arquitectura moderna. La metrópoli es el único centro urbano de Colombia que tiene metro, hiperflamante y eficiente, y además cuenta con unos funiculares que brindan la posibilidad de viajar rápidamente desde los barrios más alejados y populares al centro de la ciudad, cómodamente sentados y gozando de una hermosa vista. También la Comuna 13 se benefició de esta ola innovadora con la construcción de unas escaleras eléctricas que permiten a sus pobladores ahorrarse centenares de peldaños.

“El mismo día en que Medellín fue proclamada ‘la ciudad más innovadora del mundo’, los fusiles traqueteaban en varias comunas. Le dicen innovadora por la reducción de homicidios que se dio después de la desmovilización parcial de los paramilitares, y del comienzo de la época que nosotros llamamos ‘paratranquilidad’”, explica Luis Fernando Quijano, director de Corpades. “¿Pero dónde está el tema de las desapariciones? No se puede hablar de una ciudad en paz si siguen habiendo desapariciones y desplazamientos forzados, si sigue existiendo la vacuna [cuota]. ¿Innovadora es una ciudad que tiene hombres armados que controlan la vida ciudadana, fosas comunes y casas de tortura donde pican a la gente? Usted encuentra una casa de tortura, ¿será la única o podrán haber muchas más? Cuando uno ve hechos como los de La Escombrera, la pregunta es: ¿sólo una?”.

Artículo publicado en Newsweek el 13.12.2015

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