La discriminación que padeció Pedro Blas no es un caso aislado. Al final del 2013 fue clamoroso el caso de Irma López Aurelio, una indígena mazateca que parió en las afueras de un hospital en el sureño estado de Oaxaca luego que una enfermera le negara atención médica. La imagen de la joven en cuclillas y de su bebé en el pasto, aún ligado a ella por el cordón umbilical, circuló en las redes sociales, despertando indignación y destapando varias denuncias de casos parecidos. Según la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), en Oaxaca un 80% de las mujeres indígenas y rurales son sometidas por el personal médico a tratos discriminatorios durante el parto y el control del embarazo.

Si bien en los últimos años en México la planificación familiar ha logrado avances, organizaciones sociales han denunciado la persistente discriminación en el acceso a los servicios de salud reproductiva para las mujeres indígenas y de bajos ingresos económicos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 53.1% de las mujeres indígenas entrevistadas reportó haber usado algún anticonceptivo en la última relación sexual, en contraste con el 63.9% de las mujeres que residen en áreas urbanas.

Esterilizaciones


En el estado de Chiapas, también al sur, donde alrededor del 30% de la población es indígena, el estudio “Experiencia de Fiscalización del Acceso, Abasto y Uso de Métodos Anticonceptivos (2007-2010)”, publicado en el 2011 por DDESER y la organización no gubernamental Equidad de Género, revela que el método más utilizado entre las mujeres (49% de las mujeres entrevistadas por el estudio) es la salpingoclasia o ligadura de las trompas de falopio, mientras que sólo el 5% usa pastilla anticonceptiva y el 19% utiliza el condón.

“En Chiapas la salpingoclasia es practicada también bajo presión o con engaños, sobre todo entre mujeres indígenas o de zonas rurales, sin explicarles en detalle en que consiste la operación, y sin brindarles luego ningún seguimiento médico”, denuncia a Noticias Aliadas Nancy Zárate Castillo, profesora de psicología de género en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y ex coordinadora estatal de la DDESER.

Según Zárate Castillo, el Estado mexicano no tiene una política integral en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, pues no existe una estrategia de acción que involucre las instituciones en varios niveles.



“En los años 70 hubo la última campaña sistemática y efectiva a nivel nacional en cuanto al cuidado de la reproducción. Era una exigencia del Banco Mundial y sí se disminuyó la tasa de natalidad”, explica Zárate Castillo. “Durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León [1994-2000] del Partido Revolucionario Institucional [PRI] se logró que en los libros de textos entrara el tema del VIH/SIDA y de los anticonceptivos. Pero llegando el gobierno de Vicente Fox Quesada [2000-2006] del Partido de Acción Nacional [PAN], en el 2000, todas estas informaciones fueron borradas de los libros de texto”.

El estudio de DDESER y Equidad de Género sostiene que en los hospitales públicos de siete estados del país que tendrían que proporcionar los anticonceptivos gratuitamente, la consulta médica debía de pagarse, el número de pastillas anticonceptivas no era suficiente, la burocratización para conseguirlas es excesiva, el personal es poco capacitado y las adolescentes deben de estar acompañadas aunque no exista ninguna ley que lo obligue.

Embarazos adolescentes


La falta de una estrategia institucional integral en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos es uno de los factores que en el 2008 llevó a México a ocupar el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 64.2 por cada 1,000 nacimientos. Según el informe “Estado de la Población Mundial 2013. Maternidad en la Niñez”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los embarazos adolescentes “son más probables entre niñas de hogares con ingresos más bajos, con menor nivel educativo y que viven en zonas rurales”. De hecho, en México los estados que presentan niveles más altos de embarazo adolescente son los más pobres, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Otro elemento que determina la elevada tasa de natalidad entre las adolescentes mexicanas es la imposibilidad de practicar legalmente un aborto seguro, opción posible sólo en el Distrito Federal.

“Aquí una ley del 2007 despenaliza el aborto hasta la semana número 12, cuando la mujer lo hace de manera voluntaria, o sea sin ninguna causal. Lo practican hospitales públicos, clínicas privadas y organizaciones civiles sin fin de lucro como Marie Stopes”, explica a Noticias Aliadas Carmen González Rodríguez, gerente de mercadotecnia de Marie Stopes, red de clínicas que brindan tratamientos anticonceptivos y acceso a abortos seguros.

“Tenemos sedes en otros estados, como Chiapas, donde el aborto está permitido sólo si la mujer ha sido violada, si está en peligro su vida o la del producto, y por malformaciones congénitas”, agrega. “Allí trabajamos en la prevención del embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual, y se les da a las mujeres embarazadas la consejería para que tome la decisión que más le convenga. Si decide interrumpir el embarazo, tenemos acuerdos con otras organizaciones como el Fondo María, que apoya su viaje hasta el Distrito Federal, donde le brindamos la posibilidad de interrumpir su embarazo gratuitamente”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 20.06.2014

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Trabaja en su casa casi todo el día, todos los días, cargando al niño más chiquito. Sin embargo, el marido la ayuda en algunas tareas tradicionalmente consideradas “de mujeres”, como desgranar el maíz o desplumar las aves, y a veces se encarga de los hijos mientras ella cocina.

“Nací en el pueblo de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas. Cuando tenía 10 años mi familia se hizo zapatista y la Junta de Buen Gobierno nos entregó una parcela de tierra en esta comunidad”, relata Fabiana a Noticias Aliadas. “Aquí conocí a mi marido. Estamos muy contentos con nuestros dos hijos y decidimos que no queremos más”.

Triplemente oprimidas
La posibilidad de planificar la maternidad es uno de los derechos establecidos por la Ley Revolucionaria de las Mujeres, que las zapatistas redactaron en 1994. La ley está en vigor en los territorios bajo el influencia del EZLN y prevé, además, el derecho de las mujeres a tener cargos políticos y militares, a poder disfrutar de un salario digno, de educación, salud, a no ser maltratadas y a poder elegir una pareja.

“Históricamente la condición de la población indígena en Chiapas ha sido de exclusión, y las mujeres han vivido una triple opresión: por ser mujeres, pobres e indígenas”, explica a Noticias Aliadas Guadalupe Cárdenas, del Colectivo Feminista Mercedes Oliveira (COFEMO) de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. “Su participación política siempre ha sido invisibilizada, pero con la Ley Revolucionaria de las Mujeres esto cambió: empezaron a ir a las marchas, a tomar micrófonos y hablar, a tener cargos políticos. Hubo un gran cambio de sensibilidad en Chiapas, también afuera del movimiento zapatista, y los hombres empezaron a valorarlas por lo menos en su discurso; ya no es políticamente correcto excluir la participación de las mujeres”.

En la misma comunidad de Fabiana vive Teresa, que tiene 15 años y dice estar muy orgullosa de pertenecer al EZLN. En horas de la tarde, Teresa y su prima se sientan frente a la tienda comunitaria y miran a los chicos pasar. Cuentan que la novia de uno lo dejó, y que ahora tiene a otra novia que no es zapatista.

Explican que ella dijo que quería hacerse zapatista, y que en caso contrario él tendría que salir de la organización. Agregan que en las comunidades en resistencia las parejas se eligen entre ellas y luego conocen a las respectivas familias, mientras que la costumbre anterior al surgimiento del EZLN era que el chico elegía la esposa, y luego establecía con la familia de ella un pago por dote. Al preguntarle a Teresa si se quiere casar y tener hijos, se ríe y contesta que cree que sí, pero ahora es demasiado joven.

A unos kilómetros de la comunidad de Teresa, en el pueblo maya tzotzil —no zapatista— de San Juan Chamula, las mujeres se casan aún niñas. El 12 marzo pasado, una adolescente de 14 años dejó a su marido después de tres años de maltratos. Un juez ordenó su captura por abandonar el hogar y la condenó a pagar una multa de 27,400 pesos mexicanos (casi US$2,100). La niña, que había sido comprada por 15,000 pesos (unos $1,150), denunció haber pasado 29 horas en la cárcel municipal sin comer, sin cobija, entre la basura y heces humanas.

La ley zapatista ya no permite decisiones de este tipo, tan abiertamente lesivas a la dignidad humana, aunque no se puede pensar que haya podido cambiar, por decreto, un conjunto de prácticas tan radicadas en la cultura y en las conciencias.

Resistir dentro de la resistencia
Las mismas zapatistas, en los cuadernos sobre la participación de las mujeres en el gobierno autónomo que publicaron en agosto de 2013 para el curso “La libertad según l@s zapatistas” que se desarrolló en el marco de la llamada Escuelita Zapatista (un curso de una semana donde cada participante pudo convivir una semana en una comunidad en resistencia, como huésped de una familia), notan que en los últimos 20 años hubo un gran avance en sus comunidades, aunque todavía no se pueda hablar de paridad entre géneros. Según escriben, la dificultad en aceptar que las zapatistas puedan tener cargos políticos es tanto de los hombres como de las mujeres, por una formación que no las hace concebirse como sujetas de derechos.

“Una vez pasó que varias mujeres milicianas quedaron embarazadas y la orden de la comandancia zapatista fue que abortaran, con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales. Si las compañeras quisieran continuar el embarazo tenían que dejar de ser milicianas y vivir su vida como amas de casa, mientras que los hombres que las embarazaron no tuvieron ninguna consecuencia”, relata Cárdenas, quien trabajó en zona zapatista hasta el 2000. “De todos modos, yo creo que las zapatistas están aprendiendo a resistir adentro de la resistencia, son clandestinas entre los clandestinos. Aprendieron el camino de la resistencia al neoliberalismo, así que pueden emprender el camino de la resistencia al patriarcado. De hecho, ya lo están haciendo, no están de acuerdo con muchas cosas de su organización y de su cultura y las están cambiando. Es lento pero se están haciendo cargo de los cambios que necesitan”.

Artículo publicado el 10.04.2014 en Noticias Aliadas

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