Teresa miraba el cuerpo de su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez tirado en la carretera cerca de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “De la cabeza salía sangre y más sangre”, afirma en entrevista la normalista, quien por razones de seguridad pidió que su identidad real fuera reservada.

Era el 15 de mayo de 2025 y Jesús Alain se había caído de la góndola de una camioneta de estudiantes que era perseguida por dos vehículos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite de la policía estatal de Chiapas conocido como “pakales”.

“En el lugar de los hechos los policías nada más tomaron fotos y se fueron. Había muchos otros estudiantes desesperados. Algunos lloraban, otros marcaban a los hospitales”, dice Teresa. La ambulancia se demoró horas en llegar.

Tensiones en el gabinete de gobierno chiapaneco

El cuerpo de Jesús Alain todavía estaba tirado en la calle cuando Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, apareció públicamente mostrando unas imágenes del C5 donde se ve al joven caer de la camioneta en fuga y a un vehículo de la FRIP esquivar a su cuerpo en el piso.

“Nunca hubo uso de la fuerza, fue un accidente provocado por estas mismas personas”, aseguró aquel día Aparicio Avendaño, que afirmó que la persecución a los normalistas se dio tras un intento de robo de un autobús.

Sin embargo, a principios de diciembre dos agentes de la FRIP —Refugio “N” y Rubicel “N” — fueron detenidos por el delito de uso indebido de funciones públicas, es decir que incumplieron con los protocolos básicos para el uso de la fuerza. Uno de ellos era el chofer de la camioneta que perseguía a los normalistas, el otro estaba al mando de la operación.

“La persecución llevó a la pérdida de la vida del joven y su familia está devastada: no se logra recuperar emocionalmente y tienen temas de salud”, dice el abogado del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña legalmente a la familia de Jesús Alain. “Seguimos en etapa de integración de la carpeta de investigación y, una vez que se haya robustecido, esperamos reclasificar las acusaciones a homicidio”, advierte el representante legal, quien prefirió no decir su nombre.

La detención de los dos pakales generó tensión en el gabinete de gobierno chiapaneco. El 8 de diciembre de 2025, la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, apareció en un video-comunicado señalando irregularidades en la conducta de Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, dijo Rodríguez Ovando. “El gobierno del estado garantiza la legalidad. Se hará justicia conforme a derecho”, agregó.

Mural de Jesús Alain en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

FGE respalda versión de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

Los normalistas de la Mactumactzá pasaron tres días resguardando la escena del crimen: la porción de asfalto donde murió su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez, frente a la Feria Ganadera de Tuxtla Gutiérrez.

“La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no llegaba para recoger las pruebas, así que pusimos ramas para tapar un carril y piedras para marcar las evidencias: había casquillos de bala y de gas lacrimógeno, incluso restos del cerebro del compañero que el polvo iba contaminando. Los peritos de la FGE se tardaron tres días en llegar”, dice Teresa.

Un par de semanas después, durante una entrevista con Milenio el fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó la presencia de casquillos de bala en el lugar de los hechos. “Hasta ahorita no hemos determinado, de acuerdo con lo que llevamos en los actos de investigación, que haya habido disparos de armas de fuego”, dijo.

Llaven Abarca también respaldó la versión de Aparicio Avendaño, al afirmar que la muerte de Jesús Alain se dio por la caída desde la camioneta, como demostraría la necropsia de ley, la cual concluye que la causa fue traumatismo craneoencefálico. “Está totalmente descartado que presentara alguna lesión provocada por arma de fuego, lo señala el dictamen médico. Estamos trabajando de una manera transparente y objetiva con todos los actos de investigación para lograr el establecimiento de los hechos”, dijo durante la entrevista.

Según CDH Minerva Bello, Jesús Alain se cayó por el impacto de una bala de goma

En realidad, de acuerdo con el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, en el lugar de los hechos sí se hallaron cartuchos de arma de fuego y no corresponden con las armas que están en dotación de la FRIP. Las grabaciones no muestran a nadie sembrándolos, y se teme que el cuerpo de élite maneje armas que no son reglamentarias.

El centro duda que Jesús Alain haya sido asesinado por uno de estos proyectiles. Su reconstrucción de los hechos es que el joven, a la par de otros estudiantes que aquella noche se encontraban en la góndola de la camioneta en fuga, habría sido golpeado por una bala de goma, que aturde, pero no mata, y por el impacto habría caído al suelo y perdido la vida.

La muerte de Jesús Alain causó indignación entre los padres de familia de los estudiantes. “Durante años, los normalistas han sido estigmatizados por exigir condiciones dignas para formarse como maestros al servicio del pueblo. Su lucha, lejos de ser violenta, es una resistencia frente al abandono, la marginación y las políticas que buscan desmantelar la educación pública en favor de los intereses privados”, escribieron en un comunicado.

“En días recientes, esta represión ha llegado a su punto más doloroso: uno de sus compañeros ha sido asesinado por fuerzas policiales. Sí, asesinado. No podemos llamarlo de otra forma cuando un estudiante desarmado pierde la vida a manos del Estado, cuya obligación era protegerlo. Su nombre no puede quedar en el olvido, ni su historia ser borrada por versiones oficiales que intentan justificar lo injustificable”, afirma el Comité de Padres de Familia Mactumactzá.

“El 15 de cada mes seguiremos en las calles”

En la Escuela Normal Rural Mactumactzá hay un mural de los perros Rafa y Frank. “Estos dos camaradas nos apoyaron mordiendo a los policías cuando entraron a la escuela, el 6 de agosto de 2023”, dice un estudiante.

Relata que aquel día los policías destrozaron las instalaciones de la escuela e incluso aventaban gases lacrimógenos desde un helicóptero. La normal quedó cerrada seis meses y fue el cuarto intento del gobierno para clausurar esta escuela de jóvenes socialistas hijos de campesinos.

Los muros de la normal están enteramente pintados con imágenes que recuerdan los momentos más álgidos de su historia: hay uno que representa a Jesús Alain, otro que recuerda la represión que los estudiantes sufrieron el 18 de mayo de 2021, cuando 95 de ellos fueron encerrados en la cárcel durante meses y las mujeres, que eran la mayoría, denunciaron acoso sexual por parte de las fuerzas policiacas.

También hay pintas que recuerdan las otras 16 normales rurales que existen en México, que están agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). “Los de Ayotzinapa siempre son los primeros en llegar a nuestras movilizaciones”, dice el estudiante.

En la parte de atrás del terreno que la Mactumactzá ocupa hay sembradíos y criaderos de cerdos, pollos y ganado que los normalistas trabajan. Venden sus productos a buen precio a los habitantes de la colonia Plan de Ayala y piensan que esto, junto con las actividades recreativas que ofrecen a los niños, genera una buena relación con sus vecinos. Saben que, sin embargo, muchos los consideran como vándalos y delincuentes por enfrentarse con la policía durante sus acciones.

En este momento, el mayor esfuerzo de la normal tiene que ver con le exigencia de justicia por la muerte de Jesús Alain. “El 15 de cada mes seguiremos saliendo a las calles para repudiar los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2025, porque sabemos que el compañero fue asesinado a manos del Estado”, afirma en entrevista el portavoz de la escuela.

Mural en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

Normalistas exigen disculpas públicas

Teresa estaba hablando por teléfono cuando, detrás de un vidrio del Hospital Manzur de Tuxtla Gutiérrez, vio al personal de salud intentar revivir a Jesús Alain presionándole el pecho. El joven no se movía. A la estudiante también le tocó ver a un enfermero subir la sábana a la cara de su compañero.

A Teresa la afectó mucho presenciar la llegada de la madre de Jesús Alain: “fue un llanto que, a pesar de que no eras tú la que estabas llorando, sentías el dolor. En los días siguientes sus familiares quedaron muy afectados por lo que salía en redes sociales, donde se decía que era un vándalo y casi parecía que se murió por su misma culpa. El dolor de la familia nadie se los va a poder quitar”.

Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá todos los policías que participaron en la persecución del 15 de mayo tendrían que recibir un castigo. Además, exigen disculpas públicas de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas.

Artículo publicado en Animal Político el 5 de enero de 2026.

The post Normal Rural Mactumactzá espera justicia tras detención de policías “pakales” por la muerte de su compañero en Chiapas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

A menudo la familia del padre Marcelo Pérez Pérez visita su tumba. Se encuentra a un costado de la iglesia de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas, pueblo natal del sacerdote tzotzil que acompañaba muchas luchas por la defensa del territorio.

“Cuando estoy allí pido a Dios que llegue la justicia en nuestro Estado”, dice Romeo Pérez Pérez, que tiene el mismo brillo en la mirada que tuvo su hermano y un gesto muy parecido al estrechar la mano. Muestra la fotografía que se tomaron en su casa el 15 de octubre de 2024, cinco días antes del asesinato.

“Yo ya estuviera muerto, pero gracias a Dios estoy vivo”, le dijo el padre Marcelo aquel día, el último que compartieron. Como siempre Romeo se preocupó, pero conocía la temeridad de su hermano. “Tenía claro que su lucha era justa y por esto vivía con una cierta serenidad las amenazas que recibía. Sabía que lo importante era seguir con su trabajo”, dice.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Edgar, el asesino del padre Marcelo

Las grabaciones del 20 de octubre de 2024 de las cámaras ubicadas en la plazuela del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, muestran a una persona que se acerca al carro del padre Marcelo, que recién había salido de oficiar la misa. Es Edgar N, el hombre que dos días después fue detenido y meses más tarde, el 6 de agosto de 2025, fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber disparado al cura.

Edgar es originario de Nuevo León y tiene un pasado como narcomenudista. Llegó a la ciudad chiapaneca, donde fue contratado para asesinar al sacerdote, aproximadamente un mes antes del homicidio.

“No dimensionó la repercusión social y lo vasta que iba a ser la investigación. Lo consideró como un encargo cualquiera y pensaba que, como en muchos otros casos, iba a haber impunidad”, dice el abogado de la familia del padre Marcelo y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que prefiere el anonimato para proteger su seguridad. Explica que por la relevancia del caso —tras el asesinato, hasta el entonces papa Francisco se pronunció en solidaridad con la Iglesia mexicana—, la investigación pronto pasó de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) a la Fiscalía General de la República (FGR).

Caminante del Pueblo Creyente en San Andrés Larrainzar. Foto: Orsetta Bellani

¿Por qué optaron por el juicio abreviado?

La sentencia de 20 años en contra de Edgar N se dio por juicio abreviado, lo cual implica que reconozca los cargos a cambio de una reducción significativa de la pena.

“Aceptamos el juicio abreviado, aunque de esta forma no pudimos solicitar la pena máxima, que era de unos 50 años. Tomamos la decisión para no poner a los familiares en una situación de riesgo ni someterlos al estrés de un juicio, porque algunos son de la tercera edad”, dice el abogado.

El representante legal se dice satisfecho de que, en su sentencia, el juez destacó la importancia que tenía el padre Marcelo no sólo como presbítero, sino también como defensor de derechos humanos y vocero de los pueblos originarios. Además, asegura que la investigación sigue para dar con los autores intelectuales, y comparte que ya existen dos órdenes de aprehensión sin ejecutar: una en contra del hombre que manejaba la motocicleta en la que el asesino huyó, la otra en contra de quien estuvo revisando los movimientos del sacerdote. Los dos hombres son prófugos de la justicia.

Se inconforman ONG por el juicio abreviado 

No toda la sociedad civil chiapaneca aplaudió de lleno la sentencia. El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) la celebró, pero al mismo tiempo manifestó preocupación por el sometimiento a procedimiento abreviado.

“Lo fundamental de este mecanismo es la elusión de un juicio a partir de la autoinculpación del procesado, lo que evita el desahogo de pruebas recabadas”, escribe en un comunicado la organización internacional que acompañó al cura durante casi una década.

“No se conocerán en audiencia pública las pruebas ofrecidas por la FGR, lo que limita la posibilidad de acceder a una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Este aspecto tiene un impacto relevante en el derecho a la verdad en su dimensión colectiva: la sociedad tiene la facultad de conocer qué ocurrió en el asesinato del padre Marcelo”, agregó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) también expresó en un comunicado preocupaciones relacionadas con la estrategia institucional que mantiene la impunidad y la injusticia, “sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz, que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas”.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo.Foto: Orsetta Bellani

El acompañamiento al pueblo de Pantelhó

Personas cercanas al padre Marcelo piensan que su asesinato tiene que ver con el conflicto de Pantelhó, poblado que en el 2021 tras el homicidio del ex presidente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, se levantó en contra de los criminales que controlaban la presidencia municipal.

El sacerdote ya había recibido amenazas en la época en que era párroco de Chenalhó y acompañaba a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, también cuando desde la parroquia de Simojovel denunciaba a la mafia de los caciques locales. Pero fue al acercarse al pueblo de Pantelhó que las acusaciones en su contra se volvieron más agresivas: fue señalado de ser jefe del Machete, el grupo de autodefensas de Pantelhó, y en julio de 2022 la FGE emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas, ocurrida durante el levantamiento de la agrupación armada.

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre entonces. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”.

Padre Marcelo, al fondo, en la catedral de San Cristóbal de Las Casas tras la peregrinación por la Paz en Chiapas del 6 de julio de 2023. Foto: Orsetta Bellani

Jorge Santiago Santiago, defensor de derechos humanos sancristobalenses de larguísima trayectoria, recuerda que por pelear por los derechos de los pueblos, también a don Samuel Ruiz lo acusaron de ser el responsable del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Es cierto que el padre Marcelo asumió las denuncias de los crímenes que se cometían en Pantelhó, pero esto es muy diferente a dirigir o ser parte del Machete. Marcelo tampoco tenía un papel de mediador —que sí tuvo don Samuel Ruiz en el conflicto entre el EZLN y el gobierno—, sino que hacía un trabajo de búsqueda de justicia y de acompañamiento a las demandas de los pueblos frente a las estructuras de poder”, dice Jorge Santiago.

“Para mí no importa tanto quién lo mató, sino por qué lo mataron. Lo podríamos convertir a una cuestión individual, “lo mató tal persona por esto”, pero se trata más bien de intereses profundos, de defensa de la estructura económica y política. Lo asesinaron porque buscaba alternativas a un sistema y este sistema lo asesinó, por su insistencia, por su no parar”.

El problema de la inseguridad en Chiapas no está resuelto

El asesinato del padre Marcelo ocurrió durante un periodo de crisis de violencia e inseguridad en Chiapas, que empezó a mediados de 2021. Hoy en día, en Chiapas los enfrentamientos ya no son tan generalizados, pero tampoco se han detenido, sobre todo en zonas como la Sierra, la Frailesca y en la región fronteriza con Guatemala, país al que los chiapanecos se siguen desplazando. El 13 de octubre, tras un operativo de las fuerzas de seguridad, en los municipios de Jiquipulas, Cintalapa y Arriaga se registraron narcobloqueos, vehículos calcinados y un helicóptero militar fue agredido desde tierra.

“Cuando asesinaron al padre Marcelo estábamos en el contexto de la transición de gobierno y la población tenía la esperanza de que la nueva administración pudiera atender los problemas de inseguridad”, dice el padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“El gobierno anterior negaba el problema, ahora sí hay un discurso distinto que asegura que las zonas en conflicto serán atendidas. Se hizo una especie de tregua, pero el problema no está resuelto e incluso hay reportes de ciudadanos que denuncian que el nuevo cuerpo de seguridad del Estado, los Pakales, violan derechos humanos y fabrican delitos”.

La población en las calles

En marzo de 2025, durante la presentación del informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, Pedro Faro, del CDH Frayba, afirmó que el asesinato creó un clima de miedo en el estado. Muchos sintieron que si le pasó a un cura que gozaba de la “protección” de una institución como la Iglesia católica, le podía tocar a cualquiera.

Peregrinación que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, a dos semanas del asesinato del padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Al mismo tiempo, tras el asesinato del sacerdote los sujetos colectivos tomaron valor en las calles. Fuera carteles de Chiapas, gritaron miles de personas al acompañar el cortejo fúnebre del padre Marcelo. La misma consigna resonó en varias ocasiones en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, frente a transeúntes y turistas, durante las marchas organizadas por las parroquias.

Feligreses y ciudadanos se reunirán nuevamente en San Andrés Larráinzar este 20 de octubre, en ocasión del primer aniversario del asesinato del sacerdote. Acompañarán a Romeo Pérez Pérez y su familia en la marcha-peregrinación que conmemorará la vida del padre Marcelo en el lugar donde está “sembrado”.

Artículo publicado en Animal Político el 20 de octubre de 2025.

The post A un año del asesinato del padre Marcelo en Chiapas, “la pregunta es ¿por qué lo mataron?” first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Los atletas de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, ya no tienen donde entrenar: desde hace meses la Secretaría de Marina (Semar) se ha instalado en la cancha de la unidad deportiva Chan Santa Cruz, mientras cerca de allí, en el predio llamado Expo Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye unidades habitacionales militares y recientemente remodeló el museo histórico de la ciudad en el parque central.

La presencia militar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto no se limita a la cabecera: en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, la Sedena construye el megaproyecto turístico Puerta al Mar y se multiplican los bancos de extracción de material pétreo que la dependencia explota para sus obras.

Militares patrullando la avenida principal del pueblo. Foto: Orsetta Bellani

Sólo este año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Ejército abrir once nuevas grandes “sascaberas” —excavaciones a cielo abierto para extraer sascab, un material proveniente de la piedra caliza del subsuelo—, en el municipio.

En Felipe Carrillo Puerto operan dos estaciones del Tren Maya. Una se ubica dentro del Aeropuerto Internacional de Tulum, administrado por el Ejército. En su recinto se encuentra un hotel gestionado por la misma Sedena y la base aérea militar no. 20. Además, en cada salida del pueblo hay cuarteles de la Guardia Nacional y para la construcción del ferrocarril se instaló un campamento militar, que nunca se levantó.

Consecuencias del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto

La estación del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto luce vacía y en las calles del pueblo no hay turistas. Hasta ahora, a este poblado maya del centro de Quintana Roo el ferrocarril no ha traído visitantes ni desarrollo, sino soldados.

En marzo de 2022, unos meses después de que el Batallón de Seguridad Turística empezó a patrullar las playas del Caribe mexicano, la Sedena llegó a Felipe Carrillo Puerto para construir el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, y ya no se fue.

Foto: Orsetta Bellani

En los años siguientes las obras de la Sedena se multiplicaron y una vez que entraron en funciones, los militares se quedaron: empezaron a patrullar las avenidas principales, a sobrevolar el pueblo en helicóptero y se volvió cotidiano encontrarlos armados en las tiendas, en las gasolineras o en el parque central. Las cámaras llenaron las esquinas y los altos mandos se volvieron vecinos. La vigilancia hacia la población empezó a ser constante, con implicaciones en su vida cotidiana y en los derechos humanos.

“Hay casos de chavas acosadas y chavos golpeados por elementos de la Guardia Nacional. Las niñeces y las juventudes ya no crecen de la misma forma”, dice la carrilloportense Wilma Esquivel Pat, quien forma parte del Congreso Nacional Indígena.

La irrupción militar se expande

La organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (CCIS) alerta que en Felipe Carrillo Puerto —como en los municipios de Calakmul y Othon P. Blanco— se está desarrollando un proceso que llama “irrupción militar”, que puede darse también en otros territorios donde la Sedena construye sus obras civiles.

En su investigación ¿A qué vinieron?, Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos, CCIS define la “irrupción militar” como algo que va más allá de la militarización (que supone la delegación de funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas) y consiste en la vigilancia de las personas y de la naturaleza, no por interés de seguridad nacional, sino como parte de una estrategia comercial de corporativización e integración militar.

“Con corporativización militar entendemos la estrategia de holding que consistió primero en conformar, por separado, empresas de participación estatal mayoritaria adscritas a la Sedena y que luego se fusionaron en GAFSACOMM, ahora llamado Grupo Mundo Maya”, explica Suhayla Bazbaz Kuri, directora de CCIS.

“Cuando hablamos de integración militar nos referimos a la concentración y acaparamiento de los eslabones de una cadena de suministro: ahora puedes comprar tu boleto con Grupo Mundo Maya, volar con ellos, aterrizar en su aeropuerto, dormir en su hotel e ir a su parque turístico”. Es en el marco de esta estrategia comercial, señala Bazbaz Kuri, que se da la irrupción militar.

Felipe Carrillo Puerto tiene una posición estratégica

Buena parte de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto normalizaron la irrupción militar en su territorio, pero también hay voces críticas. Doscientas cincuenta familias de ejidatarios, por ejemplo, rechazan la presencia de los uniformados, sobre todo a partir del conflicto que se generó con la Sedena tras la ocupación de la Expo Maya, en noviembre de 2024, donde la dependencia construye departamentos para militares.

Departamentos para militares en la Expo Maya de Carrillo Puerto. Foto: Orsetta Bellani

Los ejidatarios consultados no tienen claro cuál es el interés del Ejército en este municipio, que ya había sido militarizado durante la Guerra de Castas, cuando fue cuna de la resistencia maya.

De acuerdo con Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, Felipe Carrillo Puerto tiene una posición estratégica para el control militar y económico de la Península de Yucatán. “Siempre decimos que aquí estamos cerca de todo, de Cancún, Chetumal, Mérida, de Valladolid, y ahora cerca de la Puerta del Mar y del aeropuerto de Tulum, que es una base militar”, dice Sulub Santos.

Turismo masivo e inseguridad

El gobierno suele justificar la presencia militar con el combate a la inseguridad, que en Felipe Carrillo Puerto ha crecido exponencialmente, aunque es baja en comparación con el promedio nacional. Por ejemplo, las denuncias de desaparición, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pasaron de 1 en 2015 a 7 en 2024.

“Las justificaciones dadas por el Poder Ejecutivo federal para el despliegue de las fuerzas armadas en México no corresponden con la realidad en los territorios irrumpidos”, afirma el CCIS en la investigación ya citada.

Por otro lado, el Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on afirma que la inseguridad es impulsada justo por el turismo masivo que el Tren Maya pretende potenciar. Como ejemplo, la evolución de la incidencia delictiva en municipios caribeños que en la última década incrementaron significativamente el flujo de visitantes, aun antes de la obra. En Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen, los homicidios dolosos pasaron de 20 en 2015 a 76 en 2024; en el mismo periodo, en Tulum aumentaron de 9 a 62.

La Fiscalía General del Estado en Carrillo Puerto. Foto: Orsetta Bellani

En su artículo ¿Por qué los destinos turísticos son atractivos para la delincuencia transnacional? El caso de la Riviera Maya, Elisa Norio, de la George Mason University, afirma que los altos flujos económicos existentes en Quintana Roo agilizan el blanqueamiento de dinero. Norio escribe que, además, los prófugos de la justicia pueden considerar el Caribe mexicano como un lugar atractivo porque existe una gran rotación de turistas, trabajadores y empresarios que garantiza un alto nivel de anonimato. De acuerdo con las autoridades mexicanas, en 2019 en Quintana Roo existían células criminales que tenían vínculos con 10 organizaciones criminales transnacionales.

Resistencia cultural

Marcelo Jiménez, artista y ex director del museo histórico de Felipe Carrillo Puerto, prefiere no asistir al espacio tras la remodelación que hizo el Ejército, porque alguien le dijo que lloraría si viera cómo quedó.

Jiménez se enteró de que la Sedena iba a realizar las obras alrededor del 20 de septiembre de 2023, cuando en una reunión los militares le informaron sobre el proyecto de rehabilitación, previsto por el megaproyecto turístico Puerta al Mar. Le dijeron que tenía poco más de un mes para retirar las piezas expuestas, que en parte le pertenecían.

Con ellas, el artista decidió instalar una galería en el patio de su casa, inspirándose en la iniciativa de una conocida que inauguró un museo autónomo en su comunidad. “Estos espacios representan una forma de resistencia cultural para nosotros como mayas, de la misma forma que preparar nuestra comida tradicional, organizar nuestras fiestas y ceremonias o hablar nuestro idioma”, dice Marcelo Jiménez.

“Como mayas no tenemos concepto de museo, pero sí de cómo deberíamos transmitir nuestra memoria histórica. Es con base en este criterio que en su momento construimos el museo en el parque central de Felipe Carrillo Puerto, y tuvimos un reconocimiento justo por eso”, dice el artista.

Tras la remodelación de la Sedena, el espacio se volvió ajeno: un museo con el que ya no se sienten representados en la comunidad.

Artículo publicado en Animal Político el 17.09.2025.

The post El Tren Maya atrae a soldados, no turistas, a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

No regresarán a Tila. Las familias que desde el 7 de junio tuvieron que abandonar sus casas en este municipio de Chiapas aseguran que no hay condiciones de seguridad mínimas para su retorno.

Lo decidieron el martes pasado, en una asamblea masiva y encendida que se celebró en la cancha de futbol rápido de Yajalón, donde comen y duermen, acompañados por el Ejército y autoridades de Protección Civil del gobierno estatal.

“¡Levanten la mano quienes se van a quedar!”, gritó al micrófono una mujer, recibiendo en respuesta centenares de manos levantadas. Los desplazados piden tener representantes en la mesa interinstitucional que, el lunes, acordó su regreso a Tila, y que les aseguró que las fuerzas de seguridad ya tenían control sobre el municipio.

“Exigimos una mesa de dialogo con participación de los pobladores”, decía una de las pancartas que mostraron durante la asamblea las personas desplazadas, algunas de ellas mestizas, que son dueñas de negocios de la cabecera de Tila, municipio ch’ol donde casi el 99 por ciento de la población vive en pobreza.

Piden a las autoridades garantías jurídicas sobre sus propiedades y que se detengan a los integrantes del grupo que llaman “los autónomos”, y que firma sus comunicados como “ejidatarios”, al que consideran responsable de los actos de violencia que se generaron entre el 4 y el 6 de junio y que, según cifras oficiales, causaron 3 muertos, 4 heridos, 2 mujeres violadas y alrededor de 4 mil personas desplazadas; además de 17 casas y 21 vehículos vandalizados. 

Tila: un conflicto de hace 60 años

Desde los años 60, los ejidatarios ch’oles de Tila mantienen una disputa sobre 130 hectáreas con el municipio, controlado por familias mestizas que están apoyadas por el gobierno del Estado. Sobre esta tierra los ejidatarios ganaron dos amparos, que nunca se han respetado y que quedan sin resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde que este conflicto empezó, las violencias no han parado en este territorio fronterizo con Tabasco, utilizado por grupos criminales como corredor para el tráfico de droga y personas. En Tila existen también intereses ganaderos y relacionados con la siembra de palma aceitera, además, según un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), existen apetitos extractivistas por la supuesta presencia de uranio.

En diciembre de 2015, ejidatarios que se declararon parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) tomaron la cabecera municipal y establecieron un gobierno autónomo. Expulsaron a Limber Gregorio Gutiérrez Gómez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa, que desde 2008 se turnaban en la presidencia. El matrimonio está acusado de tener relación e incluso haber hecho resurgir a Desarrollo, Paz y Justicia, el grupo paramilitar que nació en los años ’90 durante la guerra contrainsurgente hacia el EZLN.

Como ha ocurrido también en otros municipios de Chiapas donde el ayuntamiento ha sido controlado durante décadas por la misma familia, los pobladores de Tila sacaron a los caciques con la fuerza. Sin embargo, a pesar de su expulsión Limber Gregorio Gutiérrez Gómez sigue despachando desde El Limar y en las pasadas elecciones el PVEM arrasó una vez más. El Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo instalar 12 casillas en Tila, pero en las demás la participación rebasó el 72% y el candidato a alcalde del PVEM obtuvo más de 23 mil preferencias, superando de unos 18 mil votos al Movimiento Ciudadano (MC), que es el segundo partido.

Versiones distintas del conflicto en Tila, Chiapas

Dos días después de las elecciones del 2 de junio Tila estalló, y hay tantas versiones de los hechos cuantos grupos en disputa. De acuerdo con un comunicado de “los autónomos”, un grupo llamado Karma habría atacado a tres ejidatarios que prestaban guardia, hiriéndolos. El conflicto, según ellos, se habría desatado después del ataque del Karma, con la finalidad de desalojarlo del pueblo.

“Hemos venido denunciando el grupo delincuencial Karma, que es apoyado por el Ayuntamiento Municipal y ha venido actuando impunemente porque han estado matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo el 12 de enero y Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, a quienes primero los señalaron y luego los ejecutaron con toda impunidad”, escriben los ejidatarios en un comunicado del 11 de junio.

Por otro lado, los desplazados que se encuentran en Yajalón aseguran no saber de la existencia del grupo Karma. Afirman que en Tila únicamente existen “los autónomos” y que las múltiples violaciones de la semana pasada no se originan a partir de enfrentamientos entre grupos rivales, sino son agresiones directas de “los autónomos” a los pobladores. Al mismo tiempo, reconocen que muchas familias de este grupo también tuvieron que abandonar Tila.

Una señora propietaria de una tienda de abarrotes relata que el 4 de junio se encontraba con su hija en la calle cuando empezaron los balazos. Tuvo que encerrarse en su casa, de donde salió hasta la madrugada del 7 de junio para abandonar Tila montada en un vehículo militar, tras la entrada a la cabecera de más de 500 elementos de las fuerzas de seguridad. La mujer finca toda responsabilidad de las violencias a “los autónomos” y asegura que las personas refugiadas en la cancha de Yajalón no pertenecen a ninguna organización ni grupo político, y que son puros pobladores.

Según la investigación de Emilio Pérez Pérez y Daniel Villafuerte Solís, en Tila existe un grupo disidente autodenominado “pobladores” que simpatiza con el PVEM y que, tras la expulsión de las autoridades municipales en 2015, ha buscado invalidar el amparo ganado por los ejidatarios.

La crisis humanitaria de Tila sigue. No hay un número exacto para describirla, pues muchos habitantes que tuvieron que abandonar sus hogares se resguardaron en casa de familiares o amigos, y no son contabilizados en las cifras oficiales. De acuerdo con el presidente municipal de Yajalón, Jorge Luis Hernández Vázquez, unas mil 800 personas se refugiaron en los dos albergues que acondicionó el ayuntamiento, y unas 4 mil más se establecieron a una media hora de allí, en el ejido Petalcingo, municipio de Tila. “No nos dijeron su fecha de salida de Yajalón, pero estamos dispuestos a dar todo el apoyo hasta cuando sea necesario”, asegura el presidente municipal. 

The post “No hay condiciones de seguridad para regresar”, afirman pobladores desplazados de Tila, Chiapas, por la violencia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Los habitantes de Paraíso Nuevo, en Campeche, consideran las vías del tren como un elemento de la comunidad, a la par del domo o de los juegos infantiles. Están allí desde mediados del siglo pasado y desde entonces unos vagones de carga las recorren despacio, unas pocas veces al mes. Los pobladores siempre vieron a los rieles nada más como dos piezas de hierro oxidadas y tapadas por la maleza, que les toca cruzar para ir de una parte del poblado a la otra. Las atraviesan continuamente, varias veces al día, pues de un lado de las vías hay unas viviendas, el jardín de niños y la casa de salud; del otro hay más viviendas, el parque y las escuelas primaria y secundaria.

Por eso los vecinos se alertaron cuando supieron que el trazado del Tren Maya, que pronto pasará por allí, estará rodeado por una valla y ya no será posible cruzar las vías una vez que esté en funciones.

Tampoco les agradó la solución encontrada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur): construir un puente, para peatones y vehículos, que los obligará a caminar medio kilómetro más cada vez que quieran pasar de un lado a otro de la comunidad, y que los ancianos y las personas con discapacidad motriz no van a poder subir y bajar. 

El malcontento entre los habitantes explotó cuando los 35 ejidatarios de Paraíso Nuevo recibieron una indemnización del gobierno federal de casi 7 millones de pesos, a pesar de que la mayoría de ellos no vive en Paraíso Nuevo, mientras que no estaba previsto ningún desembolso para los 300 pobladores que serán afectados por la obra en su vida cotidiana.

Fue entonces, en julio de 2021, que decidieron levantar su primer plantón y retener a algunas unidades de transporte y maquinarias necesarias para la construcción del tramo 1 del Tren Maya, una obra que partirá el tejido social de una comunidad que quiere ser una.  

Comunidad de Campeche, el “corazón del Tren Maya”

Paraíso Nuevo se encuentra en el municipio de Candelaria, una región verde y ganadera tan plana que el horizonte siempre está a la vista. El tramo 1 del Tren Maya tiene una longitud de 227 kilómetros y está a cargo del consorcio Lamat, creado por Mota-Engil México y China Construction CC.

De acuerdo con el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, el tramo estará listo en octubre y entonces empezarán las pruebas de los primeros vagones que cruzarán esta llanura que divide la ciudad chiapaneca de Palenque de Escárcega, en Campeche, pasando también por Candelaria.

“En la cabecera municipal de Candelaria el Tren Maya pasará por un puente elevado. Para construirlo están rellenando humedales y contaminando el aire: por el polvo y la cal hubo muchas enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, sobre todo en niños y en adultos mayores”, afirma Sara López González, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIP).

“Además, unas 300 familias que vivían en el derecho de vía fueron obligadas a dejar sus casas, muchas fueron amenazadas, para nosotros son desalojos forzados”, señala.

Según el CRIP, la obra es promocionada sobre todo como un proyecto que va a detonar el turismo, pero se trata también un tren de carga, un “tren neoliberal” funcional al despojo de los territorios y al desarrollo de la agroindustria.

De hecho, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) afirma que la estación que se está construyendo en Escárcega ―que también se usará para dar mantenimiento a los trenes― es a servicio de la agrologistica.

Esta ciudad bochornosa, donde los camiones de volteo del consorcio Lamat se mezclan con el tráfico intenso del centro, es considerada por el gobierno como “el corazón del Tren Maya”, pues en ella confluyen tres tramos de la obra: el 7 que lleva a Bacalar, en Quintana Roo, el 2 que llega al poblado de Calkiní, Campeche, y el 1 que conecta con Palenque. 

El primer ramal del tramo 1 es un terraplén alto que corre casi paralelo a la carretera estatal Candelaria-Escárcega, un camino en muy mal estado por tanto ir y venir de vehículos pesados dedicados a la construcción de la obra.  Seguido a lado de la carretera aparecen, en el medio de la vegetación, grandes hoyos pelones que han sido abiertos para sacar material de construcción, y que así quedarán una vez que las obras terminen.

En esta región hay consenso hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya, pero existen muchas críticas sobre la forma en que se está construyendo y, de vez en cuando, brotan protestas con demandas específicas.

Por ejemplo, a mediados de julio los pobladores del ejido Don Samuel bloquearon el trazado de la obra a la altura de su comunidad impidiendo al consorcio Lamat continuar los trabajos.

Se molestaron cuando se dieron cuenta de que los dos pasos que se habían construido se inundaban cada vez que llovía, además de ser tan bajos como para impedir el tránsito de los carros de redila o de los trailers que diario cruzan la comunidad para llevar víveres y mercancías.

El bloqueo se levantó cuando se alcanzó un acuerdo con Javier May Rodríguez, que prometió la construcción de pasos a ras del piso y más elevados.

Protestas contra el Tren Maya en Pueblo Nuevo

El primer plantón en Paraíso Nuevo fue en julio de 2021 y participaron 130 pobladores. Tenían seis demandas muy claras, eran tan determinados que enviaron una comisión a la Ciudad de México y obtuvieron una visita de Javier May Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Bienestar.

Durante sus reuniones les prometió pavimentar las calles, componer el sistema de agua potable y la casa de salud, se comprometió a entregar antenas de Internet, paneles solares y apoyos de entre 35 mil y 90 mil pesos para las familias que quisieran ampliar o mejorar sus viviendas. 

“Y quienes no tenemos terreno ni casa, ¿cómo le vamos a hacer?”, preguntó una señora a May Rodríguez. 

“Consígase un terreno y les vamos a dar dinero para comprarlo y construir su hogar”, contestó él. “Soy un hombre de palabra y vengo de parte del presidente. Si yo quedo mal, dejo mal al presidente”.

Sin embargo, las 25 familias de Paraíso Nuevo que no tienen vivienda ni terreno jamás recibieron el apoyo económico y por esto el 16 de noviembre de 2022 decidieron levantar otro plantón.

Fue justo tres días antes del supuesto inicio del dialogo con Fonatur, el 9 de enero de 2023, que se llevó a cabo un operativo de desalojo por parte de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Campeche. 

“Se vinieron como si fueran a agarrar al narcotraficante más peligroso del mundo”, dice Perla Rubí Garduza Pablo, que participó en las protestas. “Eran unos 60 policías y empezaron con violencia a quitar mallas”.

Los uniformados se acercaron a Joel Jiménez Morales, pastor de la comunidad, que las autoridades ubicaban como líder de la protesta y a quien, en algún momento, ofrecieron dinero para que parara las movilizaciones. 

“Fonatur ha sido irrespetuosa en los pueblos donde pasa porque simplemente llega, marca y dice “por aquí vamos a pasar”, acusó el pastor durante una entrevista con el medio Versión Informativa Candelaria, en julio de 2022, poco antes de empezar la movilización.

Unos meses atrás, ante un medio local, aclaró: “No estamos en contra del proyecto Tren Maya, estamos en contra del mal manejo de los recursos públicos”.

Varios pobladores se rebelaron cuando se dieron cuenta de que la Guardia Nacional había agarrado el pastor.

“Muchas mujeres corrimos a defenderlo, a mí me aventaron dos veces los judiciales y me lastimaron, se me salió el huesito de la rodilla. Además, agarraron a un niño y lo empujaron, luego lo soltaron porque su mamá les gritó que era menor de edad. A ella también la empujaron“, recuerda Perla Rubí Garduza Pablo. 

Naín Camacho López, un hombre que también llegó para apoyar a Joel Jiménez Morales, fue arrastrado e igualmente detenido. Ambos fueron acusados de obstrucción a las vías federales de comunicación, de oposición a la ejecución de una obra pública y de robo en pandilla, pero la fiscalía nunca pudo presentar pruebas y el 12 de junio se cerraron las investigaciones. Hasta el momento, Fonatur no ha cumplido con las promesas que hizo a las 25 familias sin casa ni terreno.

El parque de los niños militarizado

Durante ocho meses los niños de Paraíso Nuevo dejaron de ir al parque. Fue después del desalojo del segundo plantón, en enero de 2023, pues los militares lo ocuparon con sus camionetas, asustaban a los niños con las armas y a veces se emborrachaban.

Los soldados se posicionaron también en la comisaría y, cuando que terminaban las clases, ocupaban la escuela primaria, dejando los baños de los niños sucios. 

“Nosotros mandamos en la escuela y los militares son cochinos”, dijeron los padres de familia al presidente municipal, que fue enviado a hablar con los soldados. Desde entonces empezaron a dejar más en paz a los niños, pero las tensiones con la población siguieron hasta cuando se retiraron del parque, a principios de agosto, mientras que la Guardia Nacional sigue estacionada a lado de las vías del tren, cerca de una caoba majestuosa. 

“La presencia militar ha llenado de miedo a todos los habitantes”, escribían en enero de 2023 los pobladores de Paraíso Nuevo en un comunicado.

“Un compañero de la comunidad fue interceptado por los militares cuando caminaba al amanecer cerca del parque, le fue arrebatado el teléfono celular y fue amenazado con un arma apuntándole en la ingle. La presencia de los militares y de la Guardia Nacional pretende intimidarnos y evitar cualquier tipo de protesta y organización legitima para la defensa de nuestros derechos”.

El Tren Maya ya causó cambios profundos en Paraíso Nuevo. Los espacios públicos han sido ocupados por hombres armados y uniformados, las excavadoras trabajan a pleno ritmo haciendo polvo y ruido, los pasos peatonales pronto serán cerrados y el puente elevado va tomando cada vez más forma.

No hay zonas arqueológicas ni ojos de agua en la comunidad, así que no habrá un paradero para que los turistas desciendan. Como en otros poblados de la Península, el Tren Maya pasará rápido y ensordecedor como un balazo a un lado de las casas y del parque donde, por lo menos, los niños ya regresaron a jugar.

Artículo publicado en Animal Político el 1 de septiembre de 2023.

The post Con miedo a protestar y sin indemnización: Tren Maya divide a comunidad de Paraíso Nuevo, Campeche first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

No había suficientes bancas para recibir a todas las personas que, en filas ordenadas, entraron ayer a la catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Algunas se sentaron en el piso, otras quedaron paradas frente a la puerta. Eran feligreses de las parroquias de la ciudad y de algunas comunidades indígenas de las afueras. Apoyaron a un lado los estandartes de la Virgen de Guadalupe y las pancartas que cargaron durante la marcha-peregrinación por la verdad, la justicia y la construcción de paz, que acababa de desfilar en el centro. 

En estos días, en otras zonas de Chiapas se llevaron a cabo movilizaciones parecidas, convocadas por las parroquias ante la multiplicación de grupos armados y el incremento de la inseguridad en el estado, algo que la población chiapaneca observa cada día y que alcanzó las portadas de los medios nacionales hace poco más de una semana, con el secuestro por parte de un grupo criminal de 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC).

“Señor, mira a nuestros pueblos que sufren por el narcotráfico, las extorsiones y los abusos. Es triste que cada día son más y más los muertos y no hay una respuesta”, dijo durante la misa en la catedral monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los grupos de pandilleros se enfrentan cada vez más frecuentemente a la luz del día: en las calles traficadas, en los tianguis atiborrados de gente o frente a los supermercados, donde los clientes acaban tirados al piso. 

En los municipios que rodean San Cristóbal de Las Casas, la situación no es más alentadora. Hace un mes, en la comunidad de Polhó, en Chenalhó, hubo una masacre que cobró la vida de siete personas, entre ellas, un niño de tres años. 

Más recientemente, en Pantelhó, a unos 60 kilómetros de la ciudad, una serie de eventos causó miedo y confusión. Durante el pasado fin de semana, las autodefensas El Machete, que controlan Pantelhó desde hace un par de años y están acusadas de cometer abusos contra la población, se enfrentaron con un grupo armado que este lunes difundió un video, donde afirmaba haber tomado Pantelhó y sacado a las autodefensas y al Concejo Municipal. Sin embargo, al día siguiente, el Concejo Municipal contestó con otro video que muestra un poblado tranquilo, con su tianguis en funciones y el Ejército patrullando las calles. 

El levantamiento popular contra el crimen organizado que dio espacio al ascenso de las autodefensas se originó tras el asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas de Acteal. Era el 5 de julio de 2021 y fue justo ayer, en ocasión del segundo aniversario de su homicidio, que la Iglesia católica de Chiapas se movilizó por la paz en el estado.

“No podemos permitir a la violencia quitarnos espacios de trabajo, hay que mantener la organización y la resistencia de las comunidades y apostarle a la unidad, a pesar de las muchas divisiones existentes, sobre todo en este tiempo preelectoral. Tenemos que seguir impulsando lo que llamamos lekil kuxlejal e ich’el ta muk’, que es el buen vivir con respeto”, dice Estela Barco, de la organización Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas (Desmi), fundada por Samuel Ruiz, exobispo de San Cristóbal de Las Casas. 

“Ahora el futuro se ve confuso, no se observan muchas salidas a causa del discurso del Estado de que no hay inseguridad y que son los medios de comunicación los que exageran. Es muy grave no reconocer lo que pasa en un territorio”. 

Según el gobierno, “hay tranquilidad en Chiapas”

En la mañanera del 23 de junio, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los delitos de alto impacto en Chiapas “van a la baja”. 

“En general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas”, añadió en aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazó la existencia de agresiones generalizadas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de que desde 2019 a la fecha se han registrado más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los ataques son perpetrados por la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), cuyos integrantes reciben programas sociales como Sembrando Vida y participan en el gobierno municipal de Ocosingo, administrado por el PVEM.

Durante la mañanera del 23 de junio, López Obrador aseguró también que su administración está atendiendo la violencia en Chenalhó —de donde centenares de personas se tuvieron que desplazar— y el conflicto en Frontera Comalapa. Allí, la guerra entre grupos de la criminalidad organizada se recrudeció desde julio de 2021, causando desapariciones, muertes y desplazamientos forzados. Los enfrentamientos más recientes en esta zona fronteriza con Guatemala se dieron entre el 22 y el 25 de mayo, cuando comunidades enteras tuvieron que abandonar sus casas. 

Más de 300 personas se refugiaron en el colindante municipio de Chicomuselo, donde también operan grupos armados que acumulan riqueza a través del extractivismo. En 2006, la empresa Caracol empezó a explotar la barita —mineral que se usa en la extracción del petróleo—, presente en el subsuelo de Chicomuselo, y la parroquia inició un trabajo de concientización de las comunidades sobre los riesgos de la minería. Tres años después, el opositor Mariano Abarca fue asesinado y la resistencia creció, hasta conseguir el cierre de la mina. 

Chicomuselo fue declarado libre de minería, pero a principios de este año hombres armados se presentaron en las asambleas ejidales. Aparecieron en el ejido Morelia, de donde se están llevando la barita ya explotada, y en el ejido Santa María incluso reactivaron los trabajos de la mina sin permiso alguno. “En mayo vino la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer una inspección en Santa María y fueron sacados violentamente”, afirma un activista local. 

Negación de la realidad

Ayer, la Iglesia católica se movilizó también en otras zonas de Chiapas como Simojovel, Teopisca, Oxchuc y Ocosingo; en días pasados, marchó en las calles de Frontera Comalapa y Chicomuselo, y en agosto, se manifestará en la región cho’l. 

Casi todos estos municipios pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que en 1975 abrazó la “opción preferencial por los pobres”, uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación. En aquella época, el obispo era Samuel Ruiz, cuyo trabajo pastoral dejó una ruta marcada en la diócesis, que desde entonces adquirió una fuerte capacidad de organización y movilización. La instancia diocesana llamada Pueblo Creyente —promotora de las peregrinaciones a favor de la paz de estos días— nació tras las marchas que se dieron en 1992 por la liberación del padre Joel, párroco de Simojovel que había sido encarcelado con falsas acusaciones.

“Escuchamos un discurso de negación de la realidad de la violencia por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero el Estado tiene la responsabilidad de esta violencia que existe a nivel estatal y nacional”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó ayer al cierre de la misa en la catedral de San Cristóbal de Las Casas. “Continuaremos realizando nuestros ayunos, oraciones y peregrinaciones, y a denunciar las injusticias y la impunidad que vivimos como sociedad”. 

Artículo publicado en Animal Político el 6 de julio de 2023.

The post La Iglesia católica se moviliza en Chiapas ante el aumento de la violencia: “Son más y más los muertos y no hay una respuesta” first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Antonio González Méndez trabajaba en la tienda cooperativa Arroyo Frío del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Fue allí donde conoció a Juan Regino López Leoporto, que de vez en cuando llegaba para comprar. Antonio no prestó mucha atención a lo que decían sus compañeros, que señalaban a Juan Regino —un muchacho de 17 años— como integrante de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar de afiliación priista que operaba en la zona norte de Chiapas y que tenía una cara pública de asociación civil para poder recibir apoyo oficial. Incluso, en 1997, el gobierno chiapaneco le dio 4 millones 6 mil pesos “para impulsar proyectos agroecológicos y productivos”. 

Era la noche del 18 de enero de 1999 cuando Antonio, indígena ch’ol base de apoyo del EZLN y militante del PRD, salió de su casa con Juan Regino y nunca más regresó. Al día siguiente empezó la búsqueda encabezada por su esposa, Sonia López Juárez, que se ha mantenido firme durante los últimos 24 años. 

Inicialmente, la mujer acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, que buscaron a Antonio en el río y en el monte y llegaron a detener a Juan Regino, a quien pronto soltaron. Luego, Sonia viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez, donde tampoco le hicieron mucho caso: el Ministerio Público tardó casi tres años en pedir una fotografía de Antonio para facilitar su búsqueda.

Al no encontrar respuestas en los tribunales nacionales, en el 2000 Sonia, sus hijas y su hijo, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición presuntamente forzada de Antonio y la falta de investigación de los hechos.

“Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen también a los demás desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias también están sufriendo”, dijo Sonia durante la audiencia que se llevó a cabo ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Que encuentren también a Juan Regino, es el único que sabe dónde está Antonio”. 

En Facebook hay un perfil de un hombre que responde al mismo nombre y es originario de Sabanilla. Dice que Juan Regino López Leoporto vivió por lo menos hasta 2014 en Bellavista, Jalisco, donde trabajaba como pintor de casas. 

Lee: Miles de mujeres de todo el mundo llegan a Chiapas para luchar junto a las zapatistas por sus derechos

La guerra contrainsurgente en Chiapas

Cinco años antes de la desaparición de Antonio González, el EZLN se levantó en armas. Para contener la expansión del proyecto de autonomía que los zapatistas estaban construyendo en muchos municipios de Chiapas, el Estado impulsó una política contrainsurgente moldeada en el manual Plan de Campaña Chiapas 94, donde se afirma la necesidad de organizar “secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”. 

En un principio, en la zona norte de Chiapas, y luego en otras regiones del estado, nació un total de 13 agrupaciones paramilitares: grupos de civiles armados que gozaban del apoyo financiero y logístico del Estado. Su función era hacerle la guerra al EZLN y al mismo tiempo sembrar terror entre la población, de acuerdo con una táctica contrainsurgente llamada “yunque y martillo”, donde el primero es representado por el Ejército, que actúa como contención pasiva a la guerrilla, y el segundo son los grupos paramilitares que operan, de forma clandestina, atacando activamente a sus comunidades.

Por esto, de acuerdo con los peticionarios ante el SIDH, los hechos cometidos por los grupos paramilitares son imputables al Estado y, por lo tanto, desapariciones como la de Antonio se pueden considerar como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Estado ha negado su relación con Desarrollo, Paz y Justicia y con los demás grupos paramilitares que operaban en los años 90. 

En la zona norte de Chiapas, la guerra contrainsurgente fue especialmente dura: tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, 4 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada, 85 fueron asesinadas y 37 siguen desaparecidas, entre ellas Antonio González. 

“Hizo falta acudir a instancias internacionales porque el Estado no se investiga a sí mismo. Vemos necesaria también la conformación de una comisión de la verdad sobre la guerra contrainsurgente en Chiapas y un mecanismo de investigación que sancione a los responsables, tanto intelectuales como directos”, afirma Pedro Faro Navarro, abogado del Frayba. “Se tiene que reconocer que la desaparición de Antonio no fue un hecho aislado, sino parte de una política genocida que se implementó en estos territorios. Hay que abrir estas heridas que nos han hecho como pueblo mexicano, para que no vuelvan a cometerse esos crímenes”.

Hasta el momento, el Estado mexicano no implementó las medidas de no repetición recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia ya no existen como tal pero se atomizaron en varias agrupaciones, donde sus líderes siguen operando. El número de grupos armados en el estado creció en los últimos años, de la mano con el incremento de la violencia. De acuerdo con un comunicado del EZLN de septiembre de 2021, “Chiapas está al borde de una guerra civil”.

Incumplimientos del Estado

En 2019, la CIDH emitió un informe de fondo sobre el caso de Antonio González, donde reconoce la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares en función contrainsurgente. No encontró, sin embargo, la existencia de elementos que prueben la pertenencia de Juan Regino López Leoporto a Desarrollo, Paz y Justicia y, por lo tanto, no considera a la desaparición de Antonio González como forzada. 

El Estado cumplió con algunas medidas de reparación para la familia de Antonio, como una indemnización económica y el ofrecimiento de disculpas públicas. “Este acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano no debe de entenderse como un acto protocolario, pues no venimos a cumplir solamente una resolución de la CIDH, sino a asumir un compromiso para la dignificación y el respeto de los familiares de Antonio González por su lucha”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, en enero de 2022, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Sabanilla. 

Sin embargo, de acuerdo con la familia de Antonio González y el Frayba, la posición oficial es ambigua: de un lado, el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas públicamente, pero por el otro sigue negando su participación y afirma que su única falla ha sido en las investigaciones.

En su informe de fondo, la CIDH exige al Estado mexicano investigar la desaparición de Antonio y buscarlo. Al no hacerlo, el caso pasó a la Corte IDH que emitirá una sentencia en las próximas semanas, vinculante para el Estado mexicano. Se trata del primer caso relacionado con la guerra contrainsurgente que llega a esta instancia internacional. 

“Tenía seis años cuando desaparecieron a mi padre y no me acuerdo mucho de él”, dice Magdalena González López, hija de Antonio. “No lo conocí pero seguiré luchando, aunque sea cansado, sea como sea, hasta que encuentren a sus restos. Y que cumplan todas las promesas que hicieron”.

La familia de Antonio quedó afectada económicamente por su desaparición, ya que era el principal proveedor. Su esposa ya no tiene fuerza para trabajar, le arden los brazos y no puede cargar el machete, y seguido le duele la cabeza. La mujer exige que se brinde atención psicológica para ella, sus hijos y sus nietos. “Pensamos mucho”, dijo ayer durante la audiencia en la Corte IDH.

Artículo publicado en Animal Político el 22 de junio de 2023.

The post Antonio González, el caso del zapatista desaparecido que llevó a México a la Corte IDH; el Estado espera sentencia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Antes de vivir la violencia en carne propia, las Madres en Resistencia de Chiapas pensaban que las desapariciones forzadas y los feminicidios ocurrían solo en otros estados, que eran asuntos de los noticieros de televisión. Pero cuando les tocó a sus hijas, las cuatro mujeres chiapanecas tuvieron que tomar el camino que emprendieron muchas otras madres en México: se capacitaron sobre leyes y protocolos, perdieron la pena para tocar puertas, se organizaron entre ellas. 

Fundaron así Madres en Resistencia, el primer colectivo de madres de víctimas de la violencia en Chiapas que es autónomo de los partidos políticos y, a mediados de mayo, organizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. La gente se les acercaba, los periodistas las entrevistaban. Obtuvieron una reunión con el gobernador Rutilio Escandón y una serie de juntas en la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque todo esto les pareció “una simulación”. 

Por esta razón, decidieron viajar a la Ciudad de México, donde el martes fueron atendidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y dieron una rueda de prensa en el Senado, y este miércoles fueron atendidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Sus reuniones seguirán en los próximos días.

Las Madres en Resistencia exigen justicia para sus hijas y quieren visibilizar la corrupción en el sistema de justicia de Chiapas, un estado que —afirman— no es seguro como el gobierno lo promociona. 

Cassandra

A Cassandra Isabel Arias Torres se la llevaron porque no paraba de gritar “¿Dónde está mi hijo?”. Era el día de la boda de su madre, el 17 de diciembre de 2022, y unos hombres armados irrumpieron en el salón de fiestas de Berriozábal. Traían en el pecho las siglas de la FGE y se presentaron como integrantes de este órgano. 

“Todos abajo, celulares y carteras en la mesa”, gritaron al entrar, pero la joven de 18 años no les prestó atención y no paraba de preguntar por su hijito, que se encontraba en otra mesa. Se la llevaron junto con su novio, su tío y un músico. 

“Creo que todo esto se debe al novio, lo conocíamos poco y es como si fuera un fantasma: nadie lo está buscando, no hay fotos de él y en la fiscalía me dijeron que hasta su nombre es falso”, dice Isabel Torres, madre de Cassandra. Según ella, se llevaron a su hermano y al músico porque tenían la misma conformación física del novio de Cassandra y es por lo que el día después, tras confirmar su identidad, los soltaron. Al hacerlo, les dijeron que en la noche iban a dejar también a Cassandra, pero nunca la liberaron.

“Estoy convencida de que sí fue la fiscalía y que sigue teniendo a mi hija. Se trata de un caso de desaparición forzada, pues hay servidores públicos involucrados”, dice Isabel. Una prueba más es, para ella, el hecho de que las camionetas con los cuatro secuestrados pasaron “como si nada” un retén, a pesar de que había hombres armados y encapuchados en la parte de atrás. Además, la Dirección Estatal de C5 no entregó el video de una de las cámaras que permitiría apreciar las placas de las camionetas.

Hace como un mes, Isabel vio en redes sociales una acción que las Madres en Resistencia y el Comité Junax Ko’tantic —que busca a migrantes chiapanecos desaparecidos— llevaron a cabo en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión del 10 de mayo. Decidió buscar a las Madres en Resistencia, colectivo que en ese momento estaba conformado por tres madres de víctimas de feminicidio, para unirse a ellas y buscar a Cassandra.

“Ahora solicité que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga mi caso y estoy en espera de respuesta”, dice Isabel. “Vamos a seguir presionando para que haga su trabajo, estaremos ahí como cuchillitos, hasta que se desesperen de nosotras. No quiero que a mi hija me la entreguen en un cajón como se la han entregado a mis demás compañeras”.

Paola

Mientras hablaba en la plaza principal de San Cristóbal de Las Casas, Flor Emilia Alcázar Coutiño tenía el abrazo de las demás Madres en Resistencia. “No nos hacen caso, pero vamos a ir luchando hasta las últimas consecuencias, porque a nuestras hijas les quitaron sus proyectos de vida”, dijo al micrófono durante el acto público al que participaron este año en ocasión del 10 de mayo.

Flor se sumó a las Madres en Resistencia cuando encontró a Maricruz Velasco Nájera y Adriana Gómez Martínez en la presentación de un libro en Tuxtla Gutiérrez. Rápidamente, las tres mujeres se conectaron en su determinación de encontrar justicia por sus hijas asesinadas.

Paola Yazmín Ocampo Alcázar, hija de Flor y de 37 años, desapareció el 7 de diciembre de 2022. Como todas las mañanas, fue a la escuela primaria David Gómez de Tuxtla Gutiérrez, donde trabajaba como intendente. En la tarde no regresó a la casa y su familia empezó a buscarla. Antes que todo, en las instalaciones de la escuela: en los cuartos, en el jardín, en la cisterna. Paola no estaba. Sus familiares regresaron al día siguiente y se percataron de que alguien había puesto candado a una de las cisternas que ya habían revisado. Fue allí donde encontraron a Paola, flotando. 

“La escuela de mi hija es federal, así que el caso irá a la FGR, de esto estoy contenta”, dijo Flor a principios de junio, saliendo de una de las reuniones con la FGE que las Madres en Resistencia lograron obtener tras su plantón en Tuxtla Gutiérrez. “Somos una. De mis compañeras aprendí la importancia de estar juntas y apoyarnos. Gracias a la unidad logramos visibilizar nuestros casos y la situación que vivimos aquí en Chiapas”. De hecho, cada vez que una de ellas tiene una junta con las autoridades o acude a una oficina de gobierno, las demás la acompañan. 

Doña Flor Emilia Alcázar Coutiño. Foto: O.B.

Karla

Maricruz Velasco Nájera se acostó al lado de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco. Le habló, la besó, la abrazó y revisó su cuerpo frío, tendido en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxtla Gutiérrez. Tenía golpes y moretones, había perdido dos uñas y su cabello estaba alborotado, a pesar de que cuando salió de la casa lo tenía bien recogido. Maricruz no tuvo dudas: a Karla la habían asesinado y la FGE intentó venderle “una novela barata” para encubrir a personas que trabajan en política.

“Mi esposo y yo no somos peritos, no somos médicos, pero somos personas y analizamos también. O sea: no somos tontos”, dice Maricruz. “En el momento en que vi a mi hija entendí que fue violada y asesinada, y que luego le pasaron el carro encima para hacernos creer que se trató de un accidente”.

Era julio de 2018. Casi tres años después del feminicidio de la joven de 19 años, un hombre que trabajó con ella en la campaña electoral de Carlos Penagos —entonces candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez— fue condenado a ocho años por haberla atropellado. 

Tras la muerte de su hija, Maricruz y su esposo Manuel crearon la Fundación Karla Velasco, en la que siguen caminando. La mujer impulsó dos caravanas que la llevaron a viajar por el país exigiendo justicia para Karla y, con Adriana Gómez Martínez, fundó Madres en Resistencia. Lo que pidió ayer a la SCJN es que se brinde perspectiva de género al asesinato de su hija y que su caso sea reclasificado como feminicidio.

Jade

Adriana Gómez Martínez conoció a Maricruz Velasco Nájera en marzo de 2020, cuando esta acudió a la rueda de prensa que había organizado frente al Instituto del Deporte (Indeporte) de Tuxtla Gutiérrez. Dos meses antes, su hija Jade Guadalupe Yuing Gómez, de 13 años, había sido encontrada ahorcada en las instalaciones del instituto, donde entrenaba judo. 

Inmediatamente, Adriana entendió que no se trataba de suicidio, como demostró la pericia de una médica, que comprobó que la fractura en el cuello de Jade era debida a estrangulamiento. De acuerdo con Adriana, el ahorcamiento fue simulado y en un primer momento hasta se encontró una carta al lado del cuerpo sin vida de la niña, que luego se perdió.

“He descubierto tantas cosas que le estoy haciendo el trabajo a la FGE”, afirma Adriana, quien está convencida de que Indeporte —una institución donde entrenan deportistas de élite— está encubriendo el feminicidio para no manchar su reputación, y que la FGE está colaborando en manipular y esconder pruebas. 

Junto con Maricruz y otras madres, Adriana viajó a lo largo del país para contar su historia. Habló en las universidades, encontró activistas, dio entrevistas a la prensa. En varias ocasiones viajó a la Ciudad de México, donde repartió su carpeta de investigación, se plantó afuera de la mañanera y fue recibida por Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación. “En la reunión de ayer, pedí a la SCJN que envíen a Chiapas alguien que haga un peritaje de criminalística de campo, pues no confío en las autoridades chiapanecas”, dice Adriana.

Artículo publicado en Animal Político el 15 de junio de 2023.

The post De Chiapas a la CDMX, Madres en Resistencia exigen a instituciones federales justicia en casos de violencia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

“Le dieron la pena mínima, pues en caso de homicidio calificado son de 25 a 50 años de prisión. Espero por lo menos que no pase como con la masacre de Acteal, que años después los autores materiales fueron liberados”, afirma en entrevista Juan Pérez Gómez, padre de Simón Pedro. “Exijo reparaciones integrales y que se sigan investigando con los autores intelectuales: quién dio la orden y por qué motivo. Quiero una justicia que sea verdadera”.

La mañana del 5 de julio de 2021, Simón Pedro salió temprano de la comunidad de Nuevo Israelita, con su padre y su hijo. Estacionaron su carro en el centro de Simojovel y dieron unas vueltas buscando cotizaciones para abrir una carpintería.

“Miren, aquí está Hugo”, dijo Simón Pedro al encontrar a Arévalo Abarca en la calle. Lo reconoció porque era de su misma comunidad y lo conocía desde hacía mucho tiempo. Se sorprendió al verlo allí. 

Cuando se dio cuenta de que Simón Pedro y su familia lo estaban mirando, Hugo siguió hablando por teléfono y aceleró el paso, con su andar característico. El mismo andar que lo acompañaba cuando se acercaba, esposado, al Juzgado Civil de Pichucalco para ser enjuiciado, y que muestra en el video grabado por una cámara de vigilancia puesta frente a la tortillería El Globo de Simojovel el día del asesinato, donde se nota que le cuesta correr tras apretar el gatillo.

Hugo Rolando Arévalo Abarca sacó la pistola de su cintura. Disparó por lo menos tres tiros en contra del defensor de derechos humanos; dos de ellos hirieron a dos personas que se encontraban frente a la tortillería. Simón Pedro cayó inmediatamente al suelo, su padre y su hijo estaban a unos 15 metros de distancia. Un policía municipal que estaba haciendo su rondín en la zona fue el primero en llegar y sacó una foto del expresidente de Las Abejas de Acteal, que yacía en el piso. “¡Todavía está vivo!”, dijo. Lo subieron a una patrulla y murió poco después en el hospital. Hoy, Simón Pedro Pérez López está enterrado detrás de su casa.

Simón Pedro era un hombre de fe que predicaba la no violencia e incitaba a los feligreses de la parroquia Santa Catalina del municipio de Pantelhó a denunciar las violaciones que se vivían en la región: una zona de los Altos de Chiapas donde el poder de la criminalidad organizada era ejercido por mano de una familia, los Herrera, que la controlaba políticamente. El hartazgo de la población era fuerte y el asesinato de Simón Pedro fue la gota que derramó el vaso: a unos días de su homicidio, el 7 de julio de 2021, la población de Pantelhó se levantó y sacó a los Herrera del pueblo.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas de Acteal siempre afirmaron que su compañero fue asesinato por su labor en defensa de los derechos humanos y su esperanza era que el juez lo reconociera en su sentencia, así como pasó en 2021 con los homicidios de Juan Carrillo Martínez y su hijo Víctor Carrillo Carrillo en Chihuahua. En su caso, se reconoce que el Estado falló en brindar protección a las personas defensoras y determinó una reparación integral del daño a las familias directas de los fallecidos, así como a su comunidad.

En el caso de Simón Pedro Pérez López, la sentencia omite su trabajo en defensa de los derechos humanos y contempla solo medidas de reparación económica. 

“No se dictó una sentencia con perspectiva de derechos humanos, no se reconoce su labor como persona defensora y queda como si fuera un asesinato aislado”, afirma Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que asumió la representación legal de la familia de Simón Pedro. “Exigimos que se investigue a los autores intelectuales del asesinato, que se otorguen medidas de reparación integral y que se ponga atención a la continuidad de la violencia en la región de los Altos de Chiapas. Vemos la necesidad de medidas de no repetición que puedan proteger a la familia de Simón Pedro y a Las Abejas de Acteal”. 

Artículo publicado por Animal Político el 1 de abril de 2023.

The post El asesino del activista Simón Pedro Pérez López, sentenciado a 25 años de cárcel en Chiapas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

“No llegó el imputado. Ya se le habló al penal del Amate —en Cintalapa de Figueroa, donde está recluido— y no respondieron a la llamada», afirmó el auxiliar del juzgado en un aula del tribunal donde se encontraban nada más la abogada del imputado, el fiscal, el representante legal de la familia del activista muerto, acompañantes internacionales del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SWEFOR) y Animal Político.

“Sería violatorio a los derechos humanos del imputado celebrar el juicio sin que esté presente, atentaría contra sus garantías individuales», aclaró el juez, que fijó como nueva fecha para el juicio oral el 3 de marzo próximo.

“Nos parece una falta grave, el juicio oral ya se había suspendido en noviembre. Los testigos presenciales son de escasos recursos y vienen de una comunidad que está a seis horas de Pichucalco. Esto representa un gran desgaste para la familia de Simón Pedro», contestó Jorge Alberto Gómez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), abogado de la familia de Simón Pedro.

No solo la familia de la víctima padece un desgaste económico. El Estado no garantizó los viáticos a las personas citadas para dar su testimonio en el juicio, que tuvieron que organizarse por su cuenta para poder acudir.  

Este martes, se suspendió nuevamente la audiencia del presunto asesino del activista Simón Pedro Pérez, quien era integrante de Las Abejas de Acteal, en #Chiapas. El abogado José Alberto Gómez reclamó por los retrasos en la atención del caso.

📹@orsettabellani pic.twitter.com/sGM2RxPZDd— Animal Político (@Pajaropolitico) February 8, 2023

“El Estado tenía la obligación de traerlo”

Los dos testigos oculares presenciales, familiares de Simón Pedro, no llegaron solos. Afuera del juzgado, una treintena de integrantes de Las Abejas de Acteal estaba a punto de empezar una acción para acompañar la audiencia y hacer presión frente a las autoridades. Consistía en una lectura de comunicados, oraciones y música, y se convirtió en un acto de dolor por la suspensión de la audiencia y de acusación en contra del sistema de justicia mexicano.

“Como en el caso de la masacre de Acteal, hay pruebas suficientes para condenar; sin embargo, una vez más el Estado se ha burlado de nosotros, es una estrategia de desgaste. Aquí está su familia llorando, están tristes y enojados pero no vamos a parar, esto nos impulsa a seguir luchando», dijo Guadalupe Vázquez Luna, de Las Abejas, en una rueda de prensa que se improvisó frente al juzgado, tras recibir la decisión del juez. 

“El 3 de marzo esperamos que sí se presente el asesino. Está detenido y nuestra pregunta es: ¿por qué no pudo venir? El Estado tenía la obligación de traerlo aquí; entonces, ¿por qué no está en su juicio? ¿Qué explicación nos van a dar?», reclamó.

Homicidio político

Simón Pedro Pérez López fue asesinado el 5 de julio de 2021 en el mercado de la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas. Un hombre le disparó a la cabeza desde una motocicleta, como muestra un video que representa una de las pruebas más importantes del juicio.

Lee: Detienen al presunto asesino del defensor Simón Pedro Pérez López en Chiapas

El indígena tzotzil era originario de la comunidad de Nuevo Israelita, en Simojovel, y su trabajo de catequista se desarrollaba en el municipio de Pantelhó. El expresidente de Las Abejas invitaba a los pobladores a denunciar la violencia que afectaba la región y detrás de su asesinato, de acuerdo con sus compañeros, están los Herrera, la familia presuntamente coludida con el crimen organizado que controlaba Pantelhó. 

Fue por esto que, justo un par de días después de su homicidio, este municipio de Los Altos de Chiapas estalló: la población formó un grupo de autodefensa llamado El Machete y sacó a los Herrera.

El homicidio de Simón Pedro fue desde el principio considerado como homicidio calificado, o sea, como un asesinato premeditado y cometido con saña, que suele tener una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión. Sin embargo, en la audiencia intermedia del 28 de marzo de 2022, la defensa del acusado propuso un procedimiento abreviado, que consiste en la admisión de responsabilidad a cambio de reducir el delito a homicidio simple, con una penalidad de entre ocho y 20 años de prisión.

“Decidimos que no estamos de acuerdo con este tipo de juicio. No es porque la condena del asesino de nuestro hermano se acortaría, sino porque se quedaría sin saber la verdad de lo que pasó, es decir, no se investigarían y quedarían libres los autores intelectuales de dicho crimen y esto sería traicionar la dignidad, el compromiso de nuestro compañero”, escribió en un comunicado del año pasado la organización tzotzil.

Lo que exigen Las Abejas no es solo que el presunto asesino de Simón Pedro sea condenado, sino que se reconozca que el móvil fue su trabajo en defensa de los derechos humanos y que la reparación del daño sea justa e integral. 

Artículo publicado en Animal Político el 8.02.2023

The post “El Estado se burla de nosotros”: Las Abejas reclaman por suspensión de juicio contra presunto asesino de Simón Pedro Pérez first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.