Lo que comenzó como visitas de funcionarios y ofrecimientos económicos terminó en carpetas de investigación. En Pijijiapan y Arriaga, Chiapas, al menos seis mujeres han sido denunciadas por invasión de bienes nacionales tras negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía para la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A María Rosario Duarte Hernández el gobierno de México no le ofreció ni un peso para desocupar el restaurante que abrió hace diez años al lado de las vías que cruzan el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En él invirtió unos 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos. Tuvo éxito: a su negocio de pollos y carnes asadas siempre llegaba gente y pudo mantener a sus cinco hijos.

María Rosario Duarte Hernández. Foto: Orsetta Bellani

Los problemas empezaron hace un par de años, con la primera visita de una representante de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Acompañada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), le avisó a María Rosario que debía desalojar el inmueble, pues las vías férreas, hasta entonces abandonadas, iban a ser rehabilitadas para la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Los funcionarios del gobierno federal “llegaron varias veces en grupos grandes, de una decena de personas, algunas de ellas uniformadas, y con actitud agresiva me decían que por encontrarme en el derecho de vía me tenía que ir”, dice María Rosario Duarte Hernández.

“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así? Seguí trabajando hasta que empezaron a llegar máquinas y volteos por todos lados, era una polvareda. Incluso llegaron a dejar un montículo de piedras frente a mi puerta y los clientes ya no llegaban. Finalmente me salí”, afirma la mujer. 

La demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR)

María Rosario Duarte Hernández no sólo se quedó sin su principal fuente de ingresos, sino que fue demandada por el FIT y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras dos vecinas que no quisieron desalojar sus casas, entre ellas una mujer de 80 años.

 “Las acusan de invasión de bienes nacionales, o sea del derecho de vía, que corresponde a 15 metros por cada lado. En realidad, aunque no son dueñas y no tienen títulos de propiedad, sí son posesionarias y hasta hace unos años podían ocupar el derecho de vía sin ninguna repercusión jurídica”, dice Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien es representante legal de tres mujeres demandadas.

Foto: Orsetta Bellani

“El decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2021, que declara de seguridad nacional al CIIT y establece que no se debe invadir el derecho de vía, da margen a que se denuncie a las personas que allí viven, legalizando el despojo”, afirma el abogado.  

Además, explica, aunque no hay documentos que acrediten la propiedad, existen papeles que muestran que la posesión es de buena fe y pacífica, y que no se trata de una invasión.

En diciembre de 2025 un juez de Tapachula, Chiapas, le dio la razón a María Rosario Duarte Hernández y a sus dos vecinas. Negó la apertura del proceso penal en su contra. A lo largo del derecho de vía del ferrocarril del CIIT hay otras familias que se encuentran en una situación muy parecida: el CDH Digna Ochoa conoce 12 casos en Chiapas, pero estima que puede haber más. Animal Político contactó al CIIT solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Las mujeres de Arriaga demandadas por la FGR

El Parque Lineal se interrumpe frente a la vivienda de Marta Laguna Sánchez y continúa unos metros más adelante. El CIIT lo construyó en la estrecha franja de tierra que separa la carretera de las vías del tren. Es la única área verde de este poblado chiapaneco, a pocos kilómetros del Océano Pacífico y de la frontera con Oaxaca.

Su construcción, sin embargo, fue sin previo aviso para los habitantes de la zona. “Nunca nos informaron de que lo iban a construir. En abril de 2024 aparecieron todas esas personas y maquinarias y empezaron a demoler las casas de los vecinos. Luego comenzaron las obras”, dice doña Marta, quien por ser viuda de un ferrocarrilero tiene derecho de posesión sobre la casa en la que vive desde hace 30 años. 

Las personas de Arriaga, Chiapas, demandadas ante la FGR. Foto: Orsetta Bellani

En 2023, representantes de varias dependencias federales tocaron las puertas de las 23 familias que vivían al lado de las vías del tren en Arriaga, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Les ofrecieron 36 mil pesos para que abandonaran sus casas y buscaran otras viviendas para rentar, con la promesa de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) las iba a reubicar.

Aunque la mayoría de las familias aceptaron la propuesta del gobierno federal, Marta y otras dos vecinas —-Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo—- tienen claro que no dejarán sus hogares hasta que les proporcionen una alternativa digna.

Afirman que no están en contra de la construcción del Parque Lineal ni de la rehabilitación de las vías férreas, pero exigen garantías para su reubicación.

“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios. Yo tengo un autolavado y una tiendita, de eso vivimos y no podemos movernos a cualquier lado. Además, tengo un niño con discapacidad y a mi mamá con enfermedad, por lo que necesito que me den algo seguro”, afirma Marta.

El 15 de noviembre de 2025, las tres vecinas de Arriaga fueron demandadas ante la FGR con las mismas acusaciones de las mujeres de Pijijiapan: invasión de bienes nacionales. “No aceptaron las primeras condiciones que el gobierno les ofreció ni lograron sacarlas a la buena, por lo que tuvieron que atenerse a las consecuencias, es decir al proceso legal que en este caso todavía no ha empezado. Están usando el sistema de justicia para criminalizarlas”, dice Nataniel Hernández Núñez, que es abogado también de las familias de Arriaga.

El defensor denuncia que con el paso del tiempo varias de las dependencias de gobierno involucradas en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han ido aumentando las presiones en contra de sus clientes.

Adriana, en audiencia; policías armados, en su negocio

Mientras Adriana Ovando Domínguez estaba, junto con sus vecinas, en su primera audiencia en las oficinas de la FGR de Tuxtla Gutiérrez, policías armados se acercaron a los empleados y a los clientes de su purificadora de agua para advertirles que tenían que irse para que hicieran una diligencia.

“Yo me estoy ganando la vida legalmente y ellos corren y asustan a mis clientes”, dice Wilfrido Torres, esposo de Adriana. Afirma que a cada reunión con representantes del gobierno llegaban personas distintas y de diferentes dependencias: podían ser de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Conavi, del CIIT, del FIT, del Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) o de Semar. 

Las presiones eran cada vez más fuertes, su actitud más agresiva y la vigilancia alrededor de sus casas y negocios más preocupante. Se multiplicaban las llamadas, las reuniones, los oficios. Cada vez les exigían y prometían cosas distintas: primero les aseguraron que no los iban a sacar de sus casas, luego les prometieron que les iban construir una vivienda, finalmente afirmaron que les iban a comprar una en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Un día funcionarios de la Conavi le presentaron a Adriana un convenio que le pareció una trampa. “En un inciso decía que al firmar yo tenía que desocupar inmediatamente mi casa, aunque no estaba lista la nueva. No lo firmé, no voy a firmar yo misma mi desalojo”, afirma.

El uso del sistema de justicia para criminalizar a pobladores 

Germán Torres Pérez tiene 81 años de edad. Trabajó como ferrocarrilero durante toda su vida y se jubiló con cuatro hernias porque entonces hacía todo con su propia fuerza: descargaba durmientes de los furgones, metía vías, movía vagones. A pesar de esto, Germán también fue demandado por vivir en la casa que le dio una empresa de ferrocarriles.

La casa y el comedor de doña Guadalupe a lado de las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“En esta casa vivimos mi papá, mi hija y yo, y abrieron una carpeta de investigación para cada uno de nosotros”, dice María Guadalupe Torres Nuripungo, hija de Germán. “Mi hija es una jovencita que acaba de terminar una carrera y busca abrirse paso en la vida. Nos criminalizaron a pesar de que no somos criminales”, afirma la mujer.

El 19 de febrero, las dependencias federales retiraron las acusaciones en contra de María Guadalupe y de su familia, pero no de sus vecinas. Hasta ahora, ninguna de las tres mujeres de Arriaga tiene garantizado su derecho a la vivienda.

Reportaje publicado por Animal Político el 4 de marzo de 2026.

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Ahora, quien da caza al cura tzotzil es la Fiscalía General de Chiapas, que emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas en Pantelhó, aunque familiares hablan de hasta 21 personas retenidas.

Los pobladores del municipio de los Altos de Chiapas están desaparecidos desde hace un año, cuando los habitantes del municipio se levantaron en contra del crimen organizado, sacaron a los políticos supuestamente coludidos y crearon un grupo de autodefensas llamado El Machete. El 26 de julio de 2021, día en que miles de personas tomaron la cabecera municipal, 21 hombres fueron expuestos en el parque central con las manos esposadas y acusados de tener vínculos con la criminalidad organizada. Desde entonces no se sabe nada de ellos. 

Sus familiares afirman que el responsable del delito es El Machete, que siempre rechazó las acusaciones. “Aquel día llegaron miles de personas de los municipios colindantes, todo el mundo iba encapuchado, no fuimos nosotros en retenerlos”, se defendió el comandante de El Machete en febrero, en ocasión de la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Hasta el cierre de edición, el organismo no respondido a este medio las preguntas sobre el caso.

El padre Marcelo ya demostró ante la fiscalía que se encontraba en Simojovel el 26 de julio de 2021, cuando la población de Pantelhó tomó la presidencia municipal. Llegó el día después, para calmar los ánimos y entablar su trabajo de mediación entre el gobierno y los pobladores.

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El 5 de julio, alrededor de 20 mil integrantes del Pueblo Creyente, un movimiento católico que tiene mucha presencia en Chiapas y enfrenta represión, se movilizaron en unos 10 municipios. Las peregrinaciones se dieron en ocasión del primer aniversario del asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que solía alentar a los feligreses de la parroquia de Santa Catalina de Pantelhó a denunciar la presencia del crimen organizado en la zona. Fue justo a unos días de su asesinato que la población organizada de este municipio, harta de tanta violencia, decidió rebelarse. 

En Nuevo Israelita, la comunidad de Simón Pedro, unos centenares de personas peregrinaron para conmemorar su vida y su legado. Frente a la casa de su familia, donde se encuentra su tumba, dejaron flores y tocaron música, algunos lloraron.

En San Cristóbal de Las Casas, la peregrinación del Pueblo Creyente del 5 de julio fue sobre todo un acto de solidaridad con el padre Marcelo Pérez. Unas mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, desfilaron por las calles de la ciudad hasta su zócalo, llevando flores e imágenes religiosas. El cura chiapaneco encabezó la movilización; como siempre, llevaba una boina negra y cargaba una bandera blanca con la palabra “paz”.

 “Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre al cierre de la peregrinación. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”. 

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Desde hace meses existían versiones que señalaban una relación entre el padre Marcelo y la desaparición de los pobladores de Pantelhó. “El cura dice que están vivos”, dijo un funcionario público a los familiares de los ausentes que se manifestaban frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, el 30 de septiembre de 2021. 

“Quien dijo esto es un irresponsable, yo no tengo ninguna información sobre las personas desaparecidas”, replicó el sacerdote en entrevista, el día después. 

El funcionario habló detrás de las rejas de un Palacio de Justicia cerrado, al que los manifestantes no tuvieron acceso. Desde hace un año, los familiares de los desaparecidos de Pantelhó, que no paran de tocar puertas de fiscalías y dependencias estatales y federales, acusan a El Machete de la desaparición de sus seres queridos y denuncian el involucramiento del sacerdote tzotzil. 

El 21 de junio, Pedro Cortés López, expresidente del Concejo Municipal de Pantelhó —elegido por usos y costumbres en agosto de 2021 tras el levantamiento popular—, ofreció una rueda de prensa frente al Congreso de Chiapas. Tras su ruptura con las autodefensas, que lo destituyeron por no haber supuestamente cumplido con la Cuenta Pública, Cortés aseguró que El Machete tiene a los secuestrados con vida y que durante la visita de la CNB los mantuvo escondidos. Justo después de la rueda de prensa, el presidente del Concejo Municipal fue detenido con el exregidor concejal Diego Mendoza Cruz por el delito de desaparición cometida por particulares, y se encuentra ahora en prisión preventiva en el penal El Amate de Cintalapa, Chiapas. 

“Empezamos a tener un poco de esperanza y fe en recibir una respuesta alentadora sobre el paradero de nuestros familiares”, escribieron entonces los familiares de los desaparecidos en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Exigimos la detención de los comandantes del grupo paramilitar El Machete por los delitos de secuestro y desaparición forzada de nuestros 21 familiares”.

Fue unos 10 días después que las versiones sobre el supuesto involucramiento del padre Marcelo Pérez se volvieron acusaciones formales.

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Cuando en octubre de 2021 el padre Marcelo Pérez llegó como párroco a la iglesia de la Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, muchos coletos no estuvieron contentos. En varias ocasiones, esta ciudad recibió a sacerdotes que caminaban “al lado de los pobres” (empezando con Fray Bartolomé de Las Casas en el siglo XVI y pasando por Samuel Ruiz en los años 90, cuya predicación puso involuntariamente las bases al nacimiento del EZLN) y algunos feligreses temían la cercanía del padre Marcelo con los movimientos sociales.

El cura tzotzil, originario de San Andrés Larráinzar, fue acompañante de varias peregrinaciones del Pueblo Creyente en contra de la violencia y en defensa del territorio. En marzo de 2015, unas 15 mil personas encabezadas por el padre Marcelo cruzaron las montañas de medio Chiapas para manifestarse en favor de la paz y en contra de las actividades ilícitas en Simojovel. Salieron de la cabecera municipal y caminaron durante cuatro días, cargando cruces y pancartas, hasta llegar exhaustos a la abrasadora capital chiapaneca. 

El sacerdote regresó allí dos años después, cuando la movilización del pueblo zoque acabó en una peregrinación masiva y en la suspensión de la ronda petrolera 2.2. “No tengamos miedo de luchar, está sustentado en la Biblia, no puede quedarse callada nuestra iglesia. Dios es el primero que levanta la voz diciendo: ‘no matarás’. Y destruir la madre tierra es matar la humanidad”, afirmó el cura durante la misa que celebró frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, al cierre de la caminata.  

El padre Marcelo Pérez también acompañó a los sobrevivientes de las masacre de Acteal y a los tzeltales de San Juan Cancuc y Chilón que defienden su territorio y luchan en contra de la militarización. En navidad de 2017, el cura chiapaneco celebró la misa en las montañas de Chalchihuitán, donde más de 5 mil personas llevaban casi dos meses desplazadas tras el ataque de un grupo armado de Chenalhó.

Así que nadie se sorprendió cuando, al llegar a San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los episodios de violencia están creciendo de forma exponencial, el padre Marcelo empezó a hablar de un “movimiento de la vida por la paz de San Cristóbal”. El 16 de junio pasado, en ocasión del Corpus Christi y a dos días de que un grupo de hombres armados tomó durante cinco horas la zona norte de la ciudad, el padre Marcelo y un puñado de feligreses peregrinaron por primera vez por el cese de la violencia en la ciudad chiapaneca.

Artículo publicado en Animal Político el 8.07.2022

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