El 4 de enero, Juan y su familia pasaron todo el día tirados en el piso de su casa, esperando a que la balacera se calmara. Duró unas 7 horas y fue cuando el enfrentamiento terminó que el ejército entró al ejido Nuevo Morelia, en el municipio de Chicomuselo.

Al día siguiente el campesino -cuyo verdadero nombre no diremos para proteger su seguridad- amaneció preocupado de que los enfrentamientos siguieran, convencido de que había que irse de allí. 

Su familia y sus vecinos estuvieron de acuerdo y el 5 de enero casi todos los 700 habitantes de Nuevo Morelia decidieron salir en caravana. 

Temían que algo pudiera pasar en la carretera y pidieron al ejército ser escoltados fuera de Chicomuselo, pero los soldados se negaron. 

Los pobladores tomaron camino, agarrando lo que pudieron -algo de ropa, unos documentos- y dejando lo que no les era posible llevar: su parcela, sus animales y sus muertos.

De acuerdo con los pobladores, fueron dos los vecinos fallecidos durante los tiroteos y unos veinte los muertos en total. 

Por su parte, la Fiscalía de Chiapas afirmó que “no hay reportes de homicidio por algún tipo de enfrentamiento”, y que “gracias a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, prevalece la tranquilidad y se garantiza la seguridad” de los habitantes de Chicomuselo.

Explotación de la mina de barita

La tensión en Nuevo Morelia subió la semana anterior a los enfrentamientos del 4 de enero, cuando el Cártel de Sinaloa rodeó la comunidad y el Cártel Jalisco Nueva Generación interrumpió sus labores de explotación de la mina de barita que se ubica en el ejido. 

“Quisieron proteger el material”, dice Juan.

La mina La Revancha estaba a cargo de la empresa canadiense Blackfire hasta 2009, cuando fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), tras el asesinato del opositor Mariano Abarca. 

De acuerdo con la respuesta que dio la Secretaría de Economía a una solicitud de información, a partir del año 2000 en Chicomuselo se han otorgado 15 concesiones mineras, sin embargo, después de la clausura de La Revancha los pobladores, que están organizados alrededor de la Iglesia católica, lo habían declarado “municipio libre de minería” y rechazaron las propuestas de explotación de las empresas.

En mayo de 2023, un ingeniero que había recibido una negativa del ejido Nuevo Morelia -en una minuta que se firmó en la delegación de gobierno- se presentó frente a la asamblea con unos hombres armados. Se identificaron como pertenecientes al Maíz, una presunta organización social creada por el CJNG, y afirmaron que se iban a llevar la barita que años atrás había sido extraída por Blackfire. 

Sucesivamente, el mismo Maíz empezó la explotación de la mina y comenzó la rehabilitación de la carretera que la empresa canadiense usaba para llegar al colindante ejido Grecia, en cuyo subsuelo se encuentra la mayor cantidad del mineral.

El cártel entró entonces con maquinaria y camiones pesados, resguardados por hombres armados. 

“Fue allí cuando se desarticuló la resistencia, no nos metimos con esta gente que ofrece armas y muerte. Nuestra lucha siempre ha sido pacífica y estamos totalmente ajenos a una lógica de confrontación armada”, afirma un poblador. 

“Hay camiones que suben y bajan todo el tiempo y no sabemos adónde llevan todo este material, ni quién lo compra”.

¿Qué es la barita y para qué se usa?

La barita es un mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros y es un buen negocio: de acuerdo con la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, hasta 2028 su mercado crecerá un 5.75% cada año.

En un documento de 2020 llamado Perfil del Mercado de Barita, la Dirección General Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía señala que la producción del mineral en México se localiza principalmente en Nuevo León, Sonora y Coahuila, y afirma que en el sector operan 4 empresas productoras y prácticamente un sólo consumidor: la industria del petróleo. 

“No existen contratos de venta, los productores deben responsabilizarse de la logística y llevar el mineral hasta los puntos de consumo. El productor de barita vende (a granel) el sulfato de bario directamente a las empresas contratistas de PEMEX (perforadoras de pozos petroleros)”, dice el documento. 

“Temporalmente, algunos pequeños mineros explotan sus yacimientos y venden el mineral a los medianos mineros con planta de beneficio propia, quienes lo agregan a su producción”.

Desplazamiento masivo de Chicomuselo

El ejército ya abandonó Nuevo Morelia y el CJNG tiene vigilancia permanente en su entrada. 

La mayoría de sus habitantes -como los pobladores de las cercanas comunidades de San Francisco Las Palmas, El Limonar y del barrio La Pinta- ya no viven allí pues se desplazaron a los municipios de Comitán, Jaltenango, Ángel Albino Corzo, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez.

Unos diez días después, otras familias tuvieron que dejar las comunidades de Chicomuselo a causa de los enfrentamientos y de la sucesiva confrontación entre el ejército y los mismos pobladores, que habían construido barricadas para impedir la entrada de los cárteles y rechazaron el ingreso de los soldados, al considerar que están coludidos con los criminales.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas afirma que en los albergues hay 701 personas, pero la mayoría de las familias desplazadas encontraron refugio en casa de familiares y amigos. 

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las personas desplazadas de la Sierra de Chiapas durante enero de 2024 son alrededor de 2 mil 300 y proceden de unas 20 comunidades de Chicomuselo, 7 de La Concordia y 3 de Socoltenango.

Quienes se quedaron en Chicomuselo no sólo viven con miedo y en alerta constante, sino con preocupaciones económicas. Debido al control que las organizaciones criminales tienen sobre el territorio, a los campesinos les cuesta llegar a su parcela o comercializar su cosecha, y a los transportistas viajar en carretera. Por eso hay desabasto de bienes de la canasta básica y los precios han subido.

De todos modos, Juan está convencido de que quiere regresar a Nuevo Morelia. 

“Salimos con lágrimas en los ojos y queremos regresar a nuestras tierras porque es nuestro lugar, donde tenemos para vivir y donde estamos adaptados”, dice. “En este momento tenemos poca esperanza, el gobierno nos ha dejado solos”.

Artículo publicado por Animal Político el 24 de enero de 2024.

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No había suficientes bancas para recibir a todas las personas que, en filas ordenadas, entraron ayer a la catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Algunas se sentaron en el piso, otras quedaron paradas frente a la puerta. Eran feligreses de las parroquias de la ciudad y de algunas comunidades indígenas de las afueras. Apoyaron a un lado los estandartes de la Virgen de Guadalupe y las pancartas que cargaron durante la marcha-peregrinación por la verdad, la justicia y la construcción de paz, que acababa de desfilar en el centro. 

En estos días, en otras zonas de Chiapas se llevaron a cabo movilizaciones parecidas, convocadas por las parroquias ante la multiplicación de grupos armados y el incremento de la inseguridad en el estado, algo que la población chiapaneca observa cada día y que alcanzó las portadas de los medios nacionales hace poco más de una semana, con el secuestro por parte de un grupo criminal de 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC).

“Señor, mira a nuestros pueblos que sufren por el narcotráfico, las extorsiones y los abusos. Es triste que cada día son más y más los muertos y no hay una respuesta”, dijo durante la misa en la catedral monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de Las Casas, una ciudad donde los grupos de pandilleros se enfrentan cada vez más frecuentemente a la luz del día: en las calles traficadas, en los tianguis atiborrados de gente o frente a los supermercados, donde los clientes acaban tirados al piso. 

En los municipios que rodean San Cristóbal de Las Casas, la situación no es más alentadora. Hace un mes, en la comunidad de Polhó, en Chenalhó, hubo una masacre que cobró la vida de siete personas, entre ellas, un niño de tres años. 

Más recientemente, en Pantelhó, a unos 60 kilómetros de la ciudad, una serie de eventos causó miedo y confusión. Durante el pasado fin de semana, las autodefensas El Machete, que controlan Pantelhó desde hace un par de años y están acusadas de cometer abusos contra la población, se enfrentaron con un grupo armado que este lunes difundió un video, donde afirmaba haber tomado Pantelhó y sacado a las autodefensas y al Concejo Municipal. Sin embargo, al día siguiente, el Concejo Municipal contestó con otro video que muestra un poblado tranquilo, con su tianguis en funciones y el Ejército patrullando las calles. 

El levantamiento popular contra el crimen organizado que dio espacio al ascenso de las autodefensas se originó tras el asesinato de Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas de Acteal. Era el 5 de julio de 2021 y fue justo ayer, en ocasión del segundo aniversario de su homicidio, que la Iglesia católica de Chiapas se movilizó por la paz en el estado.

“No podemos permitir a la violencia quitarnos espacios de trabajo, hay que mantener la organización y la resistencia de las comunidades y apostarle a la unidad, a pesar de las muchas divisiones existentes, sobre todo en este tiempo preelectoral. Tenemos que seguir impulsando lo que llamamos lekil kuxlejal e ich’el ta muk’, que es el buen vivir con respeto”, dice Estela Barco, de la organización Desarrollo Económico y Social de Los Mexicanos Indígenas (Desmi), fundada por Samuel Ruiz, exobispo de San Cristóbal de Las Casas. 

“Ahora el futuro se ve confuso, no se observan muchas salidas a causa del discurso del Estado de que no hay inseguridad y que son los medios de comunicación los que exageran. Es muy grave no reconocer lo que pasa en un territorio”. 

Según el gobierno, “hay tranquilidad en Chiapas”

En la mañanera del 23 de junio, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los delitos de alto impacto en Chiapas “van a la baja”. 

“En general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas”, añadió en aquella ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazó la existencia de agresiones generalizadas en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a pesar de que desde 2019 a la fecha se han registrado más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los ataques son perpetrados por la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), cuyos integrantes reciben programas sociales como Sembrando Vida y participan en el gobierno municipal de Ocosingo, administrado por el PVEM.

Durante la mañanera del 23 de junio, López Obrador aseguró también que su administración está atendiendo la violencia en Chenalhó —de donde centenares de personas se tuvieron que desplazar— y el conflicto en Frontera Comalapa. Allí, la guerra entre grupos de la criminalidad organizada se recrudeció desde julio de 2021, causando desapariciones, muertes y desplazamientos forzados. Los enfrentamientos más recientes en esta zona fronteriza con Guatemala se dieron entre el 22 y el 25 de mayo, cuando comunidades enteras tuvieron que abandonar sus casas. 

Más de 300 personas se refugiaron en el colindante municipio de Chicomuselo, donde también operan grupos armados que acumulan riqueza a través del extractivismo. En 2006, la empresa Caracol empezó a explotar la barita —mineral que se usa en la extracción del petróleo—, presente en el subsuelo de Chicomuselo, y la parroquia inició un trabajo de concientización de las comunidades sobre los riesgos de la minería. Tres años después, el opositor Mariano Abarca fue asesinado y la resistencia creció, hasta conseguir el cierre de la mina. 

Chicomuselo fue declarado libre de minería, pero a principios de este año hombres armados se presentaron en las asambleas ejidales. Aparecieron en el ejido Morelia, de donde se están llevando la barita ya explotada, y en el ejido Santa María incluso reactivaron los trabajos de la mina sin permiso alguno. “En mayo vino la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a hacer una inspección en Santa María y fueron sacados violentamente”, afirma un activista local. 

Negación de la realidad

Ayer, la Iglesia católica se movilizó también en otras zonas de Chiapas como Simojovel, Teopisca, Oxchuc y Ocosingo; en días pasados, marchó en las calles de Frontera Comalapa y Chicomuselo, y en agosto, se manifestará en la región cho’l. 

Casi todos estos municipios pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que en 1975 abrazó la “opción preferencial por los pobres”, uno de los principios fundamentales de la teología de la liberación. En aquella época, el obispo era Samuel Ruiz, cuyo trabajo pastoral dejó una ruta marcada en la diócesis, que desde entonces adquirió una fuerte capacidad de organización y movilización. La instancia diocesana llamada Pueblo Creyente —promotora de las peregrinaciones a favor de la paz de estos días— nació tras las marchas que se dieron en 1992 por la liberación del padre Joel, párroco de Simojovel que había sido encarcelado con falsas acusaciones.

“Escuchamos un discurso de negación de la realidad de la violencia por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero el Estado tiene la responsabilidad de esta violencia que existe a nivel estatal y nacional”, escribe el Pueblo Creyente en un comunicado que se leyó ayer al cierre de la misa en la catedral de San Cristóbal de Las Casas. “Continuaremos realizando nuestros ayunos, oraciones y peregrinaciones, y a denunciar las injusticias y la impunidad que vivimos como sociedad”. 

Artículo publicado en Animal Político el 6 de julio de 2023.

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“Necesitamos revisar porque a veces hay sicarios entre ellos, los ubicamos porque son de acá”, explica el comandante de El Machete, grupo integrado por unos 500 elementos que tiene el apoyo de 86 comunidades del municipio de Pantelhó. Las autodefensas aparecieron públicamente el 7 de julio de 2021 para expulsar a los Herrera, familia que desde hace dos décadas tenía el control sobre la Presidencia Municipal. La acusaban de estar coludida con el crimen organizado y ser responsables del asesinato de unos 200 pobladores.

En Pantelhó hay muchos rastros de las batallas de julio. En el puesto de control que las autodefensas pusieron la semana pasada en la entrada del pueblo ante la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), hay un edificio vandalizado que tiene todavía sus vidrios rotos. En su fachada, cuelgan dos mantas que recuerdan a los muertos,  a los desaparecidos y los nombres de los responsables de los crímenes: políticos e integrantes del crimen organizado.

El vehículo de la Sedena pasa el puesto de control y le toca al que sigue. El Machete revisará los documentos de todos los militares que se encuentran en las siete camionetas de ejército y Guardia Nacional, además de los carros que trasportan a los representantes de la CNB, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía General y del Gobierno de Chiapas, de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Una vez terminadas las verificaciones, la columna de vehículos arrancará su camino en la carretera que conduce al cerro de La Pelona, donde se llevarán acabo labores de búsqueda en una posible fosa clandestina.

Un par de horas antes, el 10 de febrero pasado, hubo una inédita junta en la Presidencia Municipal de Pantelhó, edificio que el 26 de julio fue tomado por la población y donde ahora opera un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres.

Los representantes de la Comisión de Búsqueda y de las demás dependencias gubernamentales se reunieron con El Machete, con un teniente del Ejército y con un mayor de la Guardia Nacional, para platicar sobre las operaciones de búsqueda de desaparecidos que empezaron a llevarse a cabo en Pantelhó la semana pasada, y cuyos resultados todavía no son públicos.

“Para no poner en riesgo las operaciones, pedimos al Machete y a la prensa que no entren a los puntos que vamos a revisar, o nos retiraremos”, advirtió Misael Rojas Mejía de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las autodefensas avisaron que, de todos modos, la carretera que conduce al cerro de La Pelona será resguardada por sus elementos. “No están allí para atacar a la Guardia Nacional o al Ejército, sino para seguridad. Queremos que su trabajo salga”, afirmó el comandante del Machete.

El funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos recordó también que, a pesar de que por protocolo los familiares de los desaparecidos suelen acompañar las actividades de búsqueda, en este caso “no participarán para no aumentar la conflictividad”.

De hecho, hay tensión entre las familias de las 21 personas que la comisión está buscando y El Machete. El 26 de julio de 2021, más de 2 mil pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó. A partir de entonces, ya no se supo nada de 21 ellos y sus parientes aseguran que fueron secuestrados y desaparecidos por El Machete.

Durante seis meses, estas familias estuvieron tocando puertas de dependencias estatales y federales, exigiendo la aparición con vida de sus seres queridos. Se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, a la Fiscalía, organizaron bloqueos y plantones, y fue hasta mediados de enero que las autoridades anunciaron su entrada a Pantelhó para buscar a sus parientes desaparecidos.

La caravana de vehículos del gobierno y de las fuerzas de seguridad atraviesan la carretera, en buena parte de terracería, que conecta Pantelhó con el municipio de Simojovel. Aquí es territorio del Machete. Las autodefensas colocaron a sus elementos en tres puntos a lo largo del camino para vigilar el paso del convoy. Están armados y encapuchados, algunos son apenas adolescentes, muchos traen una playera y una gorra azul con estrella roja que dice “el pueblo manda y el gobierno obedece”. La gente sale de sus casas para observar el desfile, los niños saludan.

La caravana pasa en frente al Rancho El Progreso, lugar revisado por la CNB en días anteriores. Se trata de una expropiedad de los Herrera, la familia que de acuerdo con los pobladores controlaba los tráficos ilícitos en la zona y tenía cocodrilos en su laguna para desaparecer cadáveres. El rancho fue expropiado en julio de 2021 por la población insurrecta de Pantelhó, y al mes siguiente allí se celebraron las elecciones por usos y costumbres de su Concejo Municipal, que luego ha sido reconocido por el Congreso local.

Esta vez, la larga caravana de militares y funcionarios federales pasa de largo al Rancho El Progreso y se dirige al cerro de La Pelona, un banco de arena y grava donde se podrían haber dado entierros clandestinos. Desde allí se puede observar, en la orilla del río que corre más abajo, la comunidad de Guadalupe Victoria, otro punto que fue visitado por la CNB la semana pasada.

Por otros rumbos, hacia el municipio de San Juan Cancuc, se encuentra otro lugar revisado por la comisión: la comunidad de Oniltik y la cueva donde al principio de diciembre fueron halladas las osamentas de dos personas. El día después, lo que más destacaron los titulares de los periódicos fue que los restos encontrados no eran de los 21 desaparecidos.

“También nosotros tenemos familiares desaparecidos hace años”, dice el comandante de El Machete, y pide a las autoridades que no busquen solo a los 21 sino a todos los desaparecidos.

“Dicen que El Machete asesinó a los 21. Nosotros no los tenemos, no los vimos. Puede venir la Comisión de Búsqueda, que los busque debajo de las piedras”, dice el líder indígena rodeado por sus elementos, en un retén que las autodefensas tienen frente a la entrada de San José Buenavista Tercero, una comunidad que en las dos décadas de dominio de los Herrera puso muertos, desaparecidos y decenas de desplazados.

Artículo publicado en Animal Político el 15.02.2022

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Juana y su esposo, Pedro Jiménez Méndez, junto con otras 5 familias de Las Abejas, se refugiaron en la comunidad de Acteal el 10 de agosto de 2019. Durante los primeros meses que transcurrieron en esta comunidad fría de los Altos de Chiapas fueron otras familias de Las Abejas quienes les entregaron su maíz y su frijol. Luego tuvieron apoyo de la parroquia de Chenalhó y del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM).

En Acteal, la pareja de poco más de 20 años perdió dos bebés. La diarrea y los vómitos empezaron para su hija María Angélica a pocos meses del desplazamiento. “Ella siente lo que ustedes sufren, su angustia hace que su hija se enferme”, dijo un curandero al matrimonio. La niña murió antes de cumplir el año. En aquel momento Juana ya estaba embarazada de María del Carmen, que falleció a los seis meses por las condiciones del desplazamiento.

“Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones hizo que ella se enfermara”, escriben en su blog Las Abejas de Acteal.

El pasado 20 de mayo, las seis familias desplazadas de Los Chorros llenaron cajas y costales con sus pocas pertenencias y las subieron a unas redilas. Viajaron en caravana hacia Los Chorros, acompañadas por otros integrantes de Las Abejas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Una vez llegadas a la entrada del ejido, siguieron el trayecto hacia su comunidad caminando y cantando, dándose ánimo.

Acoso paramilitar desde 1997

La violencia en Los Chorros no es cosa nueva. El ejido ha sido uno de los laboratorios donde la Sedena implementó su manual Plan de Campaña Chiapas 94, que contemplaba el adiestramiento de civiles armados para la guerra contrainsurgente.

“Los Chorros es la cuna del paramilitarismo de los años ’90. Aquí se ha formado un grupo armado priista cuyos vínculos con el Estado se han comprobado y que participó en la masacre de Acteal”, afirma Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba). “El grupo que opera hoy en día no está formado por las mismas personas que operaban en los años ‘90. Tampoco tiene las mismas armas o la misma estrategia, pero se trata del mismo ambiente, de la misma escuela que usa el miedo y el terror para controlar a la población”.

Hay varios grupos armados que operan en Chenalhó, atacando a la población del mismo municipio y de los territorios colindantes. De acuerdo con varias fuentes que consultamos, son financiados por la presidencia municipal. “El gobierno federal da mucho más dinero a los municipios indígenas de los Altos de Chiapas que a otros más grandes, como el de San Cristóbal de Las Casas. Con este dinero se arman estos grupos, que son manejados por las “dinastías” que se han formado en las presidencias municipales”, afirma el antropólogo experto en paramilitarismo Arturo Lomelí, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Sin duda Abraham Cruz Gómez, que ha sido presidente municipal de Chenalhó hasta que tuvo que dejar su cargo para dedicarse a la campaña electoral de 2021, pertenece a esta dinastía. Cruz Gómez es originario de Puebla, otro ejido donde se han formado los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal. Es hijo de Agustín Cruz, pastor presbiteriano que bendijo las armas utilizadas en la matanza, y es yerno de Jacinto Arias Cruz, quien en 1997 era presidente municipal de Chenalhó y ha sido señalado por la entonces PGR como el principal responsable de la masacre de Acteal.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) excarceló a Jacinto Arias Cruz por faltas al debido proceso – o sea por errores cometidos por parte del mismo Estado – junto con la mayoría de las personas sentenciadas por su participación en la masacre de Acteal. Poco después de que el ex presidente municipal de Chenalhó regresara al ejido Puebla, empezaron los ataques en contra de las bases de apoyo zapatista y de Las Abejas, hasta que 17 familias tuvieron que desplazarse.

Las elecciones de 2015 mostraron una vez más la cantidad de armas que existen en Chenalhó. Grupos priistas se enfrentaron con partidarios de Rosa Pérez Pérez del PVEM, cuyos hombres armados desplazaron unas 250 personas del ejido Puebla. En 2018, la presidencia municipal de Chenalhó pasó al tesorero de Rosa Pérez Pérez, el ya citado Abraham Cruz Gómez, cuyo rostro enmarcado por un sombrero tradicional tsotsil está en los afiches del PVEM para la campaña electoral de 2021.

De rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos

El 20 de mayo de 2021, mientras las familias desplazadas de Los Chorros regresaban a sus hogares, a menos de 20 kilómetros de distancia un campesino era herido en la mano por otro grupo armado de Chenalhó. Ocurrió en la comunidad de Ch’ivit, Aldama, municipio que mantiene una disputa sobre 60 hectáreas de tierra con Chenalhó. La víctima se llama Marcelino Santiz y se encontraba en su parcela cuando lo alcanzó una bala disparada desde Santa Martha, comunidad de Chenalhó donde opera un grupo armado que los presidentes municipales se han ido heredando. 

Se sabe muy poco de esta agrupación de corte paramilitar. De acuerdo con el CDH Frayba, está formada por cinco grupos que actúan de forma conjunta en contra de las comunidades. Los pobladores los ubican como rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos, según la forma en que visten.

A partir de febrero de 2018, cotidianamente y constantemente, este grupo dispara en contra de los pobladores de Aldama mientras se encuentran en sus casas, en sus parcelas o viajan en carro. En estos tres años asesinaron a 7 personas y 24 resultaron heridas. A causa de las balaceras, más de 2 mil pobladores de Aldama están obligados a desplazarse de forma intermitente: abandonan sus hogares y regresan cuando la intensidad de los disparos baja.

Unos meses antes de que el conflicto en Aldama recrudeciera, este grupo armado incursionó también en Chalchihuitán, que mantiene otra disputa de tierra con Chenalhó. Entre octubre y noviembre de 2017, desplazó a 5023 personas de este municipio tsotsil, que como Aldama es de los más míseros del país: de acuerdo con Coneval, más del 99% de su población vive en situación de pobreza.

Tras el desplazamiento forzado masivo, durante un mes el grupo armado de Chenalhó cerró las carreteras para que no entrara la ayuda humanitaria para los desplazados de Chalchihuitán. Once personas, entre ellos dos bebés, murieron de hambre y frío en el monte. Por falta de condiciones de seguridad, 1237 personas siguen desplazadas.

Las Abejas negociaron durante meses con las autoridades locales las condiciones de seguridad para el regreso de las seis familias desplazadas de Los Chorros. “Creo que se respetarán los acuerdos y podremos convivir con los partidistas de la comunidad, aunque tengo un poco de preocupación”, afirma Pedro Jiménez Méndez, esposo de Juana.

El joven estaba en una reunión para ultimar los detalles del acuerdo para el regreso, cuando su esposa Juana Ramírez Pérez caminaba con las demás familias desplazadas rumbo a su comunidad. Los pobladores de Los Chorros observaban la peregrinación de de Las Abejas, mientras unos músicos los acompañaban con guitarras y trompetas, cantando de la masacre de Acteal y de otras: Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tlatlaya. 

Fue justo el revuelo internacional que despertó la masacre de Acteal – donde la responsabilidad del Estado fue comprobada – que obligó a un replanteamiento en la estrategia contrainsurgente. Se dio prioridad a los programas asistencialistas y se sustituyeron las acciones llamativas con operaciones menos visibles pero continuas, que desgastan y quiebran psicológicamente a la población: unos balazos en Chalchihuitán, un herido en Aldama, unas niñas de Los Chorros muertas durante su desplazamiento. Cada día, día tras día. Acciones que no llaman mucho la atención y se vuelven nota para pocos medios. Por esto la fase actual del conflicto chiapaneco es llamada “guerra integral de desgaste”.

Juana, Pedro y su hijita se quedarán en la casa de los padres de él durante sus primeras semanas en Los Chorros, pues la suya está sin techo ni paredes. Las láminas han sido destruidas y las tablas de madera despegadas por los miembros del PVEM que los atacaron. La pareja regresa a su comunidad con esperanzas, pero sabiendo que como vecinos tendrán a las mismas personas que los desplazaron.

Artículo publicado en Pie de Página el 30.05.2021

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La historia de Myrna es la historia de un dolor que se convirtió en una lucha tenaz y exitosa. Separada por sus hijas a causa de las leyes migratorias de Estados Unidos, logró reunirse con ellas y tal vez crear un antecedente jurídico que permita a otros padres que se encuentran en la misma situación –unos 200mil hasta 2012- logren juntarse otra vez con sus hijos. Y lo hizo entregándose voluntariamente a la Policía Migratoria de Estados Unidos.

Conocí a Myrna al principio de abril, cuando me subí a la Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad, que viajó desde Honduras hasta Nueva York para pedir a la ONU el fin de la guerra a las drogas. Sentada a mi lado durante un largo viaje en autobús en territorio mexicano, Myrna me contó que migró a Nueva York desde Puebla en 1998. Allá encontró a un hombre y nacieron sus dos hijas, Heidi y Michelle.

Después de 15 años de vivir en Nueva York, Myrna viajó a Puebla para visitar a su mamá. Allí se topó con una situación de violencia y la falta de oportunidades económicas. Sin papeles, tomó la difícil decisión de volverse a Estados Unidos “de mojada”.

“Michelle [su hija menor] iba a cumplir seis años y le había prometido que íbamos a cortar su pastel juntos. Tenía la necesidad de llegar a Nueva York”, recuerda la mujer.

Durante su camino por el desierto de Arizona, Myrna fue interceptada por una patrulla fronteriza, llevada a un centro de detención de migrantes y al fin deportada a su patria con las manos y los pies esposados y con la orden de no regresar a Estados Unidos durante 10 años. Mientras, su esposo y sus hijas, de nacionalidad estadounidenses, seguían en Nueva York.

Al contarme su historia, a pesar de la tristeza y de las lagrimas que escurrían en su rostro, Myrna retomó fuerza cuando habló de su trabajo de defensora de derechos humanos en la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM).

“Toda esta frustración ahora se convierte en lucha. Sé que puedo aportar algo a mi comunidad y por el resto de los niños que se han quedado sin sus padres por causa de las deportaciones. Una madre nunca se cansa de luchar para estar con sus hijas”, dijo.

Leyes injustas, familias rotas

Las leyes migratoria de Estados Unidos son una barrera que impide a las mujeres deportadas reunirse con sus familias, mientras que la inseguridad que se vive en México es lo que las obstaculiza en traerlas al país.

Angélica María Díaz, otra integrante de APOFAM que participó en la Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad, tuvo su primera hija en Estados Unidos. Después de seis meses de vivir allá, en 1995 se mudó con su marido y su bebé a Tacupa, en Michoacán, donde nació otra niña.

“Todo estaba bien, hasta que empezó a llegar mucha gente armada”, relata Angélica. “A los 14 años mi hija mayor era muy perseguida y amenazada por personas que la querían obligar a llevar droga a unas casas solas, donde habían personas armadas. Tenía mucho miedo y yo no sabía qué hacer”.

Siendo que la muchacha tiene nacionalidad estadounidense, Angélica decidió mandarla a vivir en Estados Unidos con su hermana, donde hoy trabaja y estudia medicina. También la otra hija migró y Angélica, a pesar del dolor de vivir lejos de ellas, prefiere que se queden allá para protegerlas de la violencia, y para darles mejores posibilidades de estudios.

La fuerza de la solidaridad

Cuando la Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad llegó al puerto fronterizo de Nuevo Laredo (Tamaulipas) para cruzar la frontera con Texas, Myrna se veía nerviosa y preocupada. Con gran alegría ya se había reencontrado con sus hijas en Monterrey, después de tres años de no verlas. Ahora estaba a punto de enfrentar el día más difícil.

Myrna se encaminó por el puente internacional enseñando un cartel que decía “Mis hijas me extrañan y no son culpable de que yo sea migrante”. Sus hijas caminaban a su lado y los integrantes de la caravana detrás de ella, mientras que los medios de comunicación le seguían cado paso. Una vez alcanzada la línea que señalaba el comienzo del territorio estadounidense, se entregó a las autoridades y entregó su petición de asilo político.

Los activistas que acompañaban el caso de Myrna se esperaban que hubiera sido detenida en la frontera durante un par de semanas, y de allí trasladada a un centro de detención.

“Por lo regular es ese el proceso, aunque típicamente más cruel, ya que se aísla la persona completamente de la comunidad y muchas veces ni siquiera se sabe su paradero por días o semanas”, explica Juan Carlos Ruiz, sacerdote de la Iglesia de Sion de Nueva York, y defensor de derechos de los migrantes que acompañó el caso de Myrna.

Sin embargo, cuando los integrantes de la Caravana terminaron los tramites migratorios y lograron reunirse en Laredo (Texas), llegó la noticia inesperada–en pocas horas, Myrna habría sido liberada. Sus hijas se abrazaron y lloraron, esta vez de felicidad.

“A Myrna le otorgaron un estatus condicional por un año, dándole el tiempo para que pueda presentar los documentos necesarios para su estadía en los Estados Unidos de Norteamérica”, explica Juan Carlos Ruiz. “El escenario es esperanzador ya que creemos que hay amplía evidencia de que las condiciones violentas y la política de impunidad que se está viviendo en México no son apropiadas”.

Ahora, sentada en su casa de Nueva York, rodeada por su familia y sus cosas, Myrna relata lo que pasó en la estación fronteriza entre Tamaulipas y Texas donde un hombre le advirtió, “A los mexicanos no le damos asilo. Si cruzas la puerta te vamos a arrestar”.

Entonces, mientras más de cien personas de la Caravana gritaban “¡No estás sola!”, de repente, le preguntó: “¿Usted piensa ir hasta Nueva York?”

“Sí, pensaba llegar allá con la caravana”, le dijo Myrna, y se sorprendió cuando le contestó, “Sí,–le dijo—“usted se va a ir hasta Nueva York”.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 16.06.2016

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