Lo que comenzó como visitas de funcionarios y ofrecimientos económicos terminó en carpetas de investigación. En Pijijiapan y Arriaga, Chiapas, al menos seis mujeres han sido denunciadas por invasión de bienes nacionales tras negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía para la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A María Rosario Duarte Hernández el gobierno de México no le ofreció ni un peso para desocupar el restaurante que abrió hace diez años al lado de las vías que cruzan el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En él invirtió unos 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos. Tuvo éxito: a su negocio de pollos y carnes asadas siempre llegaba gente y pudo mantener a sus cinco hijos.

María Rosario Duarte Hernández. Foto: Orsetta Bellani

Los problemas empezaron hace un par de años, con la primera visita de una representante de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Acompañada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), le avisó a María Rosario que debía desalojar el inmueble, pues las vías férreas, hasta entonces abandonadas, iban a ser rehabilitadas para la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Los funcionarios del gobierno federal “llegaron varias veces en grupos grandes, de una decena de personas, algunas de ellas uniformadas, y con actitud agresiva me decían que por encontrarme en el derecho de vía me tenía que ir”, dice María Rosario Duarte Hernández.

“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así? Seguí trabajando hasta que empezaron a llegar máquinas y volteos por todos lados, era una polvareda. Incluso llegaron a dejar un montículo de piedras frente a mi puerta y los clientes ya no llegaban. Finalmente me salí”, afirma la mujer. 

La demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR)

María Rosario Duarte Hernández no sólo se quedó sin su principal fuente de ingresos, sino que fue demandada por el FIT y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras dos vecinas que no quisieron desalojar sus casas, entre ellas una mujer de 80 años.

 “Las acusan de invasión de bienes nacionales, o sea del derecho de vía, que corresponde a 15 metros por cada lado. En realidad, aunque no son dueñas y no tienen títulos de propiedad, sí son posesionarias y hasta hace unos años podían ocupar el derecho de vía sin ninguna repercusión jurídica”, dice Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien es representante legal de tres mujeres demandadas.

Foto: Orsetta Bellani

“El decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2021, que declara de seguridad nacional al CIIT y establece que no se debe invadir el derecho de vía, da margen a que se denuncie a las personas que allí viven, legalizando el despojo”, afirma el abogado.  

Además, explica, aunque no hay documentos que acrediten la propiedad, existen papeles que muestran que la posesión es de buena fe y pacífica, y que no se trata de una invasión.

En diciembre de 2025 un juez de Tapachula, Chiapas, le dio la razón a María Rosario Duarte Hernández y a sus dos vecinas. Negó la apertura del proceso penal en su contra. A lo largo del derecho de vía del ferrocarril del CIIT hay otras familias que se encuentran en una situación muy parecida: el CDH Digna Ochoa conoce 12 casos en Chiapas, pero estima que puede haber más. Animal Político contactó al CIIT solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Las mujeres de Arriaga demandadas por la FGR

El Parque Lineal se interrumpe frente a la vivienda de Marta Laguna Sánchez y continúa unos metros más adelante. El CIIT lo construyó en la estrecha franja de tierra que separa la carretera de las vías del tren. Es la única área verde de este poblado chiapaneco, a pocos kilómetros del Océano Pacífico y de la frontera con Oaxaca.

Su construcción, sin embargo, fue sin previo aviso para los habitantes de la zona. “Nunca nos informaron de que lo iban a construir. En abril de 2024 aparecieron todas esas personas y maquinarias y empezaron a demoler las casas de los vecinos. Luego comenzaron las obras”, dice doña Marta, quien por ser viuda de un ferrocarrilero tiene derecho de posesión sobre la casa en la que vive desde hace 30 años. 

Las personas de Arriaga, Chiapas, demandadas ante la FGR. Foto: Orsetta Bellani

En 2023, representantes de varias dependencias federales tocaron las puertas de las 23 familias que vivían al lado de las vías del tren en Arriaga, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Les ofrecieron 36 mil pesos para que abandonaran sus casas y buscaran otras viviendas para rentar, con la promesa de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) las iba a reubicar.

Aunque la mayoría de las familias aceptaron la propuesta del gobierno federal, Marta y otras dos vecinas —-Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo—- tienen claro que no dejarán sus hogares hasta que les proporcionen una alternativa digna.

Afirman que no están en contra de la construcción del Parque Lineal ni de la rehabilitación de las vías férreas, pero exigen garantías para su reubicación.

“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios. Yo tengo un autolavado y una tiendita, de eso vivimos y no podemos movernos a cualquier lado. Además, tengo un niño con discapacidad y a mi mamá con enfermedad, por lo que necesito que me den algo seguro”, afirma Marta.

El 15 de noviembre de 2025, las tres vecinas de Arriaga fueron demandadas ante la FGR con las mismas acusaciones de las mujeres de Pijijiapan: invasión de bienes nacionales. “No aceptaron las primeras condiciones que el gobierno les ofreció ni lograron sacarlas a la buena, por lo que tuvieron que atenerse a las consecuencias, es decir al proceso legal que en este caso todavía no ha empezado. Están usando el sistema de justicia para criminalizarlas”, dice Nataniel Hernández Núñez, que es abogado también de las familias de Arriaga.

El defensor denuncia que con el paso del tiempo varias de las dependencias de gobierno involucradas en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han ido aumentando las presiones en contra de sus clientes.

Adriana, en audiencia; policías armados, en su negocio

Mientras Adriana Ovando Domínguez estaba, junto con sus vecinas, en su primera audiencia en las oficinas de la FGR de Tuxtla Gutiérrez, policías armados se acercaron a los empleados y a los clientes de su purificadora de agua para advertirles que tenían que irse para que hicieran una diligencia.

“Yo me estoy ganando la vida legalmente y ellos corren y asustan a mis clientes”, dice Wilfrido Torres, esposo de Adriana. Afirma que a cada reunión con representantes del gobierno llegaban personas distintas y de diferentes dependencias: podían ser de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Conavi, del CIIT, del FIT, del Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) o de Semar. 

Las presiones eran cada vez más fuertes, su actitud más agresiva y la vigilancia alrededor de sus casas y negocios más preocupante. Se multiplicaban las llamadas, las reuniones, los oficios. Cada vez les exigían y prometían cosas distintas: primero les aseguraron que no los iban a sacar de sus casas, luego les prometieron que les iban construir una vivienda, finalmente afirmaron que les iban a comprar una en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Un día funcionarios de la Conavi le presentaron a Adriana un convenio que le pareció una trampa. “En un inciso decía que al firmar yo tenía que desocupar inmediatamente mi casa, aunque no estaba lista la nueva. No lo firmé, no voy a firmar yo misma mi desalojo”, afirma.

El uso del sistema de justicia para criminalizar a pobladores 

Germán Torres Pérez tiene 81 años de edad. Trabajó como ferrocarrilero durante toda su vida y se jubiló con cuatro hernias porque entonces hacía todo con su propia fuerza: descargaba durmientes de los furgones, metía vías, movía vagones. A pesar de esto, Germán también fue demandado por vivir en la casa que le dio una empresa de ferrocarriles.

La casa y el comedor de doña Guadalupe a lado de las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“En esta casa vivimos mi papá, mi hija y yo, y abrieron una carpeta de investigación para cada uno de nosotros”, dice María Guadalupe Torres Nuripungo, hija de Germán. “Mi hija es una jovencita que acaba de terminar una carrera y busca abrirse paso en la vida. Nos criminalizaron a pesar de que no somos criminales”, afirma la mujer.

El 19 de febrero, las dependencias federales retiraron las acusaciones en contra de María Guadalupe y de su familia, pero no de sus vecinas. Hasta ahora, ninguna de las tres mujeres de Arriaga tiene garantizado su derecho a la vivienda.

Reportaje publicado por Animal Político el 4 de marzo de 2026.

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En la casa de doña Esther, en el barrio San Francisco de Pijijiapan, hay una estatuita de la virgen de Guadalupe y un perro que no para de ladrar.

Una hamaca cuelga en el medio de su cuarto de paredes fuertes: son de blocks con zapatas, para aguantar las vibraciones del tren de carga que, hasta hace unos 20 años, pasaba una vez al día en las vías que corren a lado de su casa.

Es en este hogar que Esther lleva 30 años viviendo y mirando a sus hijos crecer.

“Vamos a llorar todos cuando tiren nuestras casas, que son un patrimonio que hicimos para nuestros hijos. Además, uno de ellos aquí tiene un horno para hacer pan y es su única fuente de trabajo”, dice Esther.

“Hay vecinos de la tercera edad, siento que les va a dar un paro al ver que están demoliendo sus casas. La gente ya se está enfermando”.

Dónde cruzará el tren del Corredor Interoceánico

Fue en marzo de 2023 cuando la gente de Pijijiapan se enteró de que este poblado de la región Costa de Chiapas iba a ser cruzado por una de las tres líneas férreas previstas por el megaproyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: el Ferrocarril K, que en agosto pasado la Secretaría de Marina (SEMAR) empezó a construir entre Ixtepec (Oaxaca) y la frontera con Guatemala, y que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador estará listo para finales de agosto de 2024.

Se trata de una línea de 450 kilómetros que se conecta con el ferrocarril centroamericano e implica la rehabilitación de las vías que existen desde principios del siglo pasado.

Advierten a vecinos del Corredor Interoceánico que “tienen que desalojar quieran o no”

No fue esta la forma en que, durante su primera reunión, las autoridades presentaron el proyecto a los centenares de familias afectadas de Pijijiapan.

“Va a llegar el Tren Maya”, les dijeron y advirtieron que las obras de rehabilitación implicaban la demolición de todo lo que se encontraba a quince metros de las vías, en ambos sentidos.

Esto, a pesar de que la mayoría de los vecinos tienen títulos de propiedad y llevan décadas pagando predial.

Fue durante la segunda reunión, meses después, que el presidente municipal Carlos Alberto Albores Lima subió el tono.

“Dijo que ya es un hecho, que tenemos que desalojar, que el tren va a pasar, queramos o no”, recuerda Esther. La presencia en la reunión de hombres uniformados de la SEMAR y de la Guardia Nacional volvían las palabras del alcalde especialmente aterradoras.

Gobierno promete reubicar a familias desplazadas por paso del Corredor Interoceánico

A las familias que viven a lo largo del derecho de vía del Ferrocarril K, que en la última reunión ha sido restringido a diez metros, el gobierno ofrece 6 mil pesos con el compromiso de desocupar sus casas y, una vez desalojadas, pueden cobrar otros 30 mil pesos que usarán para rentar una nueva casa, en espera de que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) los reubique.

Esto ocurre no sólo en Pijijiapan, sino a lo largo de toda la región Costa y Soconusco de Chiapas, donde en algunos tramos ya se realizó el desmonte y la demolición de viviendas. En poblados como Huixtla, las familias afectadas se movilizaron y están determinadas a luchar para no ser desplazadas de sus casas. 

“El presidente municipal de Pijijiapan nos dijo que nos iban a reubicar en un terreno que se llama Santa Rosa, que es donde desemboca el drenaje y apesta mucho”, dice Esther.

“Fue allí cuando nos organizamos y un grupo fue a CDMX, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca los recibió”.

Vecinos del tren acusan que indemnizaciones son insuficientes

Asomada a la puerta de la casa de doña Esther, una vecina dice que con los 36 mil pesos que el gobierno ofrece no se alcanza a cubrir ni un año de renta, y que no cree en las promesas de reubicación.

Otra llora al recordar cuando, hace más  de cincuenta años, compró su terreno a un lado de las vías e iba con su cubeta a vender agua de coco a los pasajeros de los dos trenes que pasaban por aquí: el Pollero y el Panamericano.

“Entonces era puro monte, nada más había iguanas”, recuerda la mujer. “Me costó mucho esfuerzo comprar este terreno y pagar el predial cada año, ¿qué voy a hacer cuando me digan de desocupar mi casa? ¿Y si luego no me reubican?”. 

Ferrocarril K y conexión mesoamericana

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec contempla también la más conocida línea férrea Z, que se inaugurará el 22 de diciembre y va de Salina Cruz a Medias Aguas, a 100 km de Coatzacoalcos.

Se trata de un ferrocarril que permite el transporte de mercancías entre los dos puertos istmeños y una conexión seca entre océanos, que algunas empresas podrían preferir al Canal de Panamá.

El megaproyecto prevé además la construcción del Ferrocarril FA, que tendrá un ramal hacia la refinaría Dos Bocas y enlazará Coatzacoalcos con Palenque, en Chiapas, donde llegará también el Tren Maya.

De acuerdo con el general Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, allí se instalará un patio de cambio para conectar el ferrocarril peninsular con el Transístmico.

Palenque funcionará entonces como gozne (bisagra) entre los dos megaproyectos que, como se puede apreciar mirando a un mapa de sus trazados, en la práctica son una única línea férrea que corresponde a lo que anteriormente era el Ferrocarril del Istmo (FIT).

Es decir, un tren de carga podría viajar de la península de Yucatán a Coatzacoalcos, cruzar el istmo hasta Salina Cruz y de allí seguir hasta Centroamérica.

Importancia de Palenque en las obras de trenes del Gobierno de AMLO

Palenque recibe también otra obra de infraestructura que es colateral al megaproyecto: la Carretera de las Culturas, que lleva hasta Pijijiapan y ha costado la cárcel a un grupo de opositores, sentenciados por haber asesinado a un policía en un proceso con muchas anomalías.

“No se trata sólo del tren, se trata de un plan de ordenamiento territorial funcional al despojo de la tierra que hemos sembrado y cuidado, de nuestras casas, de nuestro territorio y memoria ancestral”, afirma Paulette Hernández Núñez del Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas.

“Aquí tenemos todo lo que nos hace falta: los productos del campo, el pescado. No necesitamos este tren de comercialización que nos trae plazas y grandes empresas como Walmart. Hace unos veinte años se hablaba del Plan Puebla Panamá (PPP) y es justamente ese mismo modelo capitalista”.

Corredor Interoceánico de AMLO, similar a proyectos de Fox, Calderón y Peña

La creación de una red de infraestructura mesoamericana es un sueño que López Obrador heredó de las pasadas administraciones.

Proyectos como el Plan Puebla Panamá de Vicente Fox o el Proyecto Mesoamérica del sexenio de Felipe Calderón también contemplaban inversiones en red eléctrica, gasoductos, carreteras y líneas ferroviarias para conectar México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

La misma propuesta viene también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en 2020 presentó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI) , donde considera prioritarias las mismas obras contempladas por el Corredor Interoceánico, como la conectividad ferroviaria mesoamericana y la construcción de un gasoducto de 600 km para transportar gas natural de Estados Unidos a Centroamérica.

Este gasoducto ya está contemplado por el plan de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) 2020-2024 y correrá de Ixtepec a Tapachula a lado del Ferrocarril K.

Está a cargo de la empresa Rassini, se llama gasoducto Prosperidad y, de la misma forma que la línea de ferrocarril, en Oaxaca se conectará con otro ducto que va de una costa a la otra del Istmo de Tehuantepec.

El Ferrocarril K tendrá también una bifurcación llamada Línea KA, que de Tapachula irá a Puerto Chiapas, muelle que está siendo renovado y ampliado. Su vocación al servicio del extractivismo minero queda explicita en el Plan Maestro del API Puerto Chiapas: “Puerto Chiapas tiene como deseo estar a la altura del crecimiento que la industria minera de la región tiene por los próximos veinte años, para el abastecimiento de minerales en el sureste asiático”.

Militarización y demoliciones

Con el pretexto de contener la entrada de migrantes a este territorio fronterizo, las regiones Costa y Soconusco de Chiapas están militarizadas: en los diez municipios que cruzará la línea férrea K hay tres cuarteles de la Guardia Nacional y uno más está en marcha.

Además, en la carretera federal brotan los retenes: durante nuestro recorrido encontramos cuatro a lo largo de los ochenta kilómetros que dividen Pijijiapan de Tonalá, donde recién se demolió la estación de ferrocarril para construir una nueva.

La SEMAR ya tiene unos 1500 elementos desplegados en Chiapas y la Línea Férrea K está trayendo todavía más militares.

En la comunidad de Joaquín Amaro, una camioneta de marinos está estacionada a lado del lugar donde surgirá la estación del ferrocarril.

Allí, hace un par de semanas empezaron las obras: las plantas y árboles que ocupaban el derecho de vía han sido talados, los antiguos rieles fueron removidos.

Las excavadoras y los camiones de volteo de la SEMAR trabajan a pleno ritmo a un paso de la casa de doña Beatriz.

“No me prometieron dinero, nada más me dijeron que me iban a reubicar mi casita aquí a un lado”, dice la mujer al mostrar la vivienda que el mismo gobierno construyó hace más de dos décadas a pocos metros de las vías.

Casas demolidas por paso del tren en Chiapas

Algunas casas de Joaquín Amaro ya han sido demolidas.

Un día de octubre, Dulce Karen amaneció con el sonido de las excavadoras tirando su barda y sus árboles de coco.

Le dijeron que iban a regresar para demoler también su casa, sin informarle de quién era la orden, que fue ejecutada unas semanas después.

La joven, madre soltera de cinco hijos, firmó un documento del que no tiene copia ni mucha claridad sobre su contenido. Ya recibió su tarjeta con 36 mil pesos y la promesa de ser reubicada.

“El día en que vinieron yo no estaba, pero a una vecina le dijeron que en junio o julio estarán nuestras casas, sin dar más detalles. ¿Cómo voy a estar contenta con este arreglo? Yo no quería dinero sino mi casita, me costó dinero y esfuerzos y me dio mucha tristeza cuando la tiraron”, dice Dulce Karen, que ahora vive con sus hijos en un cuarto en casa de su madre.

Artículo publicado en Animal Político el 6 de diciembre de 2023.

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Cinco pobladores tzeltales de San Juan Cancuc, entre ellos, el defensor del territorio Manuel Santiz Cruz, fueron declarados culpables del homicidio de un policía municipal y condenados a 25 años de prisión.

De acuerdo con la jueza, en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los cinco retuvieron al agente Antonio Aguilar Pérez en el barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. Luego, concluyó, frente a sus colegas que llegaron para rescatarlo, lo patearon hasta romperle siete costillas, que perforaron el pulmón derecho y causaron su muerte.

Los sentenciados son Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguezy Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia San Juan Evangelista de Cancuc e integrante del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), una organización de inspiración católica. En más de una asamblea, Santiz Cruz ha criticado abiertamente al presidente municipal priista José López López, y se ha opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en San Juan Cancuc y a un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.

Rechazo a megaproyectos

La Carretera de las Culturas es una infraestructura que debería enlazar las ciudades de Palenque y Pijijiapan, en la costa de Chiapas. Su primera elaboración se remonta a hace más de 20 años y tenía que entrar en funciones en 2009 con un trazado más corto, que conectaba San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Formaba parte de un plan todavía más ambicioso: el Centro Integralmente Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua Azul, un “proyecto eco-arqueológico” con una extensión de mil 400 hectáreas que para 2020 proyectaba atraer a 14 millones de turistas y alcanzar una oferta hotelera de 8 mil 350 cuartos. Las comunidades indígenas del norte de la entidad se organizaron y la autopista escénica y demás proyectos contemplados por el CIP nunca vieron la luz, a pesar de que el gobierno hizo varios intentos para convencerlas.

El CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul era una de las infraestructuras contempladas por el Plan Puebla Panamá —en 2008, rebautizado como Proyecto Mesoamérica—, que impulsaba la interconexión entre México, Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos. De acuerdo con sus promotores, su finalidad era favorecer el desarrollo económico y el bienestar en la región, mientras que sus detractores lo señalaban como un proyecto al servicio de las empresas transnacionales y encaminado al despojo de los territorios.

La actual administración retomó este sueño que fue de Fox y Calderón, a través de la construcción del Tren Maya en la península yucateca y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Ambas obras están conectadas por una serie de infraestructuras que, de la misma forma que el Plan Puebla Panamá, las enlazan también con Centroamérica. La Carretera de las Culturas es una de estas. 

En diciembre de 2019, el Congreso de Chiapas revivió en parte el finado CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul y aprobó la construcción de la súper carretera. La “estiró” unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca, donde el Corredor Interoceánico prevé el paso de un gasoducto y de una línea de ferrocarril que llegan hasta Guatemala. De esta forma, la autopista permitirá transportar a personas y mercancías desde Centroamérica hasta Palenque, donde habrá una estación del Tren Maya y un aeropuerto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está modernizando. La ciudad de Palenque estará a su vez conectada con la Península de Yucatán a través del Tramo 1 del Tren Maya y al Istmo de Tehuantepec gracias a otra línea de ferrocarril, que lleva al puerto de Coatzacoalcos.

En octubre de 2019, representantes del gobierno de Chiapas llegaron a San Juan Cancuc para promover la construcción de la Carretera de las Culturas y condicionaron la entrega de los programas sociales a la cesión del derecho de vía. Los pobladores se opusieron y tras una segunda visita del gobierno, en diciembre de 2020, en la plaza central del pueblo 45 comunidades ratificaron a mano alzada su rechazo a la autopista.

Manuel Santiz Cruz es uno de los opositores a la Carretera de las Culturas, que no es solo una autopista, sino una infraestructura funcional al plan de interconexión mesoamericana que López Obrador heredó de las administraciones anteriores. Al mismo proyecto se oponen también César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores del territorio tzeltales que la semana pasada fueron encontrados culpables del delito de motín por haber participado en una acción contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, municipio colindante con San Juan Cancuc.

La historia

El caso de los cinco pobladores de San Juan Cancuc es ejemplar de las anomalías del sistema de justicia mexicano. El proceso ha sido lento y con continuas suspensiones —en una ocasión, se aplazó la audiencia porque el juzgado envió a una traductora de lengua tzotzil en lugar que de lengua tzeltal—, y una vez se prohibió de forma arbitraria la entrada a Animal Político, a un representante de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a una observadora del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor). 

La investigación también tuvo irregularidades: el Registro Civil modificó con corrector el acta de defunción de Antonio Aguilar Pérez, el juez de control emitió la orden de aprehensión antes de que la Fiscalía de Justicia Indígena la solicitara y la carpeta de investigación afirma que tres de los cinco detenidos fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, cuando una foto tomada por una cámara de seguridad muestra que la detención se realizó el día anterior en San Juan Cancuc. 

Con esta foto impresa en una lona, los familiares y compañeros de los cinco se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión de cada audiencia del juicio. Allí contaron la historia: en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los habitantes del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc —entre ellos, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez DomínguezyJuan Velasco Aguilar— encontraron al policía Antonio Aguilar Pérez borracho y avisaron a sus colegas, que llegaron por él. Lo entregaron vivo. Unas horas después, los tres pobladores fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sin que se les explicara el motivo, y fue hasta el día siguiente que sus defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se enteraron de que estaban acusados de posesión de mariguana. Los abogados decidieron entonces llevar a otros pobladores a la fiscalía para declarar a favor de los detenidos. 

Dos días después, los acusados fueron liberados e inmediatamente les fue ejecutada una orden de aprehensión por el homicidio del policía municipal. Luego tocó a dos de los testigos que habían declarado a su favor: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se encontraban frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas cuando llegaron unos vehículos de la Policía Estatal y de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena, de donde bajaron unos 30 hombres armados que se los llevaron presos, acusándolos del asesinato de Antonio Aguilar Pérez.

“El policía municipal se murió cuando estaba bajo custodia de sus colegas”, aseguró el padre José Luis Vargas, párroco de San Juan Cancuc, durante una de las ruedas de prensa que se llevaron a cabo frente al Palacio de Justicia de Los Altos antes del comienzo de las audiencias. “Exigimos el enjuiciamiento de estos policías por omisión de auxilio, omisión de custodia, falsedad de declaración y detención ilegal, porque detuvieron a nuestros compañeros sin orden de aprehensión, y nunca han sido investigados”.

El sacerdote señala además que la Fiscalía de Justicia Indígena presentó al juzgado pruebas contradictorias: los policías municipales aseguraron que a las 5:00 AM los pobladores les entregaron su colega, y después de averiguar su deceso decidieron llevarlo a la casa de su esposa. Sin embargo, un criminalista y un policía de investigación declararon que el cadáver fue hallado a las 10:00 AM en una banqueta de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Durante el juicio, tras escuchar los alegatos de clausura, los cinco imputados tomaron la palabra ante la jueza. “Quiero mi libertad inmediata, soy inocente y ya llevo 11 meses detenido. Sufro y también sufren mi esposa y mis hijos”, dijo Agustín Pérez Domínguez. 

Su mujer se llama Petrona Hernández Pérez. “Agustín se enfermó en la cárcel y me cuesta encontrar dinero para su medicamento. Ni siquiera tenemos para comprar su colchón, en la cárcel no lo entregan y le toca dormir en el piso”, afirmó mientras mostraba una pancarta. “Desde que no está en la casa, mis seis hijos y yo no tenemos comida”. También las demás esposas están preocupadas por sus hijos, pues en sus casas falta quien proveía a la familia. Una de ellas incluso ya tuvo que migrar a Cancún.

Artículo publicado en Animal Político el 18 de mayo de 2023.

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